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- rdf:value = " REBAJA A 60 AÑOS DE LA EDAD DE JUBILACION DE OBREROS VARONES.El señor FIGUEROA (Secretario).-
Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en un proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Jaramillo, que concede el derecho a jubilar a los imponentes varones del Servicio de Seguro Social que cumplan 60 años de edad y tengan 1.040 semanas de imposiciones.
La Comisión, en informe suscrito por los Honorables señores Jaramillo (Presidente accidental), Contreras Tapia, Rodríguez y Palma, recomiendan, con la abstención de este último, aprobar el proyecto.
-El proyecto figura en el volumen de la legislatura 288® (mayo a septiembre de 1961), y el informe en los Anexos de la sesión 24ª, en martes 20 de julio de 1965, documento Nº 8, página 1552.
El señor REYES (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor JARAMILLO.-
Pocas veces he intervenido con mayor satisfacción en la discusión de un proyecto de ley.
Esta iniciativa tuvo origen en una moción presentada, en agosto de 1961, por el Senador que habla, a la consideración de esta Corporación.
Estimo de la más absoluta justicia la modificación que este proyecto propone introducir a la ley 10.383. En efecto, saben los Honorables colegas que, en la actualidad, los obreros pueden jubilar a los 65 años de edad y con 860 semanas de imposiciones. Pues bien, en mi concepto, tal régimen es del todo injusto, discriminatorio e incluso inhumano.
La Organización Internacional del Trabajo, así como todos los expertos en materias laborales, coinciden en estimar excesiva la edad de 65 años como requisito para jubilar.
Al comparar con otros el régimen previsional chileno, necesariamente llegamos a la conclusión de que es absolutamente discriminatorio. Los empleados, cualquiera que sea su calidad jurídica, pueden jubilar con 25 años, 30 ó 35 años de servicios.
Una persona que empieza a trabajar a los 20 de edad, en tareas no siempre extraordinariamente pesadas, al cumplir 55, queda en situación de acogerse a jubilación. En cambio, los obreros, que empiezan a trabajar en Chile a los 13, 14 ó 15 años de edad, deben esperar 65 para gozar de ese beneficio; vale decir, lo obtienen después de 50 años de dura labor.
Este hecho ha golpeado fuertemente mi espíritu y ha constituido una de las razones fundamentales que me movieron a impulsar esta iniciativa, que he patrocinado desde hace mucho tiempo. La experiencia que recogí durante los cuatro años que actué como Consejero del Servicio de Seguro Social, ha reafirmado mi decisión de promover enmiendas a la legislación vigente. De ahí este proyecto, con el cual procuro, en la medida de mis posibilidades, normalizar una situación que siempre he considerado de abierta injusticia social.
Hace una semana, con los votos favorables de mis distinguidos colegas los Honorables señores Víctor Contreras y Aniceto Rodríguez, logramos despachar esta iniciativa en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Lógicamente, nuestro deseo hubiera sido aprobar una disposición más amplia; o sea, otorgar a los obreros el derecho a jubilar a los 60 años de edad y con 800 semanas de imposiciones. Sin embargo, ello habría elevado extraordinariamente el costo del proyecto. Tal circunstancia me llevó a establecer este arbitrio consistente en la doble exigencia de los 60 años de edad y las 1.040 semanas de imposiciones nes.
Este último requisito me parece sumamente beneficioso, pues representa un estímulo para que el obrero no interrumpa sus labores. Asimismo, tiene el mérito de obligar a los patrones a cumplir desde el primer momento sus compromisos previsionales. Esto significará, por otra parte, una fuente adicional de financiamiento para el Servicio de Seguro Social.
El costo de la iniciativa, con las limitaciones a que he hecho referencia, es del orden de 25 millones de escudos. Se financia con un aumento de las tasas de imposiciones: 1 % en la correspondiente al patrón y 0,5% en la del obrero. En esta forma se cubre el mayor desembolso que esta iniciativa significará para tal Servicio.
Es cuanto puedo informar al Senado respecto de esta materia.
Anuncio que los Senadores liberales votaremos favorablemente el proyecto.
El señor AHUMADA.-
El proyecto cuyo autor es el Honorable señor Jaramillo resulta desde todo punto de vista plausible.
El promedio de vida del obrero chileno es, a veces, inferior a la edad exigida como requisito para jubilar. Todavía más, este beneficio se otorga, prácticamente, "pre mortem", ya que el trabajador suele fallecer al poco tiempo de obtener su pensión. Considero que debe irse a una revisión total de la previsión en Chile, en especial en este aspecto.
En el cuadro que se inserta en el informe de la Comisión puede apreciarse que la edad promedia para impetrar este beneficio fluctúa entre 65 y 60 años. Por ejemplo, los fotograbadores jubilan a los 55 años de edad y también lo hacen los funcionarios de bancos y los dependientes de la Defensa Nacional y de Carabineros.
El establecimiento del "etage" de 1.040 semanas de imposiciones no constituye, a mi modo de ver, estímulo alguno para el obrero, ni mucho menos para aumentar su capacidad de trabajo. Tampoco será un medio que sirva para incrementar los promedios de sus pensiones, pues éstas se calculan de manera uniforme sobre la base del salario vital o sueldo base. Por lo contrario, estimo que aumentar el período de afiliación, de 800 a 1.040 semanas, más bien restringirá el otorgamiento del beneficio de que se trata. En tal sentido, no estoy de acuerdo con el informe de la Comisión de Trabajo.
A mi modo de ver, debió haberse mantenido el promedio de imposiciones establecido por la ley 10.383. Por ello he formulado indicación para modificar el artículo 1º del proyecto, en el sentido de que podrán gozar de estos beneficios los asegurados con sesenta años de edad, siempre que tengan 800 semanas de imposiciones, de conformidad con lo prescrito por la ley.
Ignoro si los cálculos actuariales aconsejan aumentar el promedio de imposiciones; pero hemos comprobado que ello restringe siempre el otorgamiento de los beneficios, ...
El señor JARAMILLO LYON.-
Evidentemente, señor Senador.
El señor AHUMADA.-
. . . al extremo de que hemos debido legislar en forma especial para conceder la jubilación a aquellos sectores de asegurados cuyo promedio de imposiciones ha sido inferior al exigido por la ley 10.383.
Dejo, pues, formulada la indicación ya referida y anuncio el voto favorable de los Senadores de estas bancas a la moción del Honorable señor Jaramillo.
El señor CURTI.-
Los Senadores conservadores apoyaremos la iniciativa en debate, que concede el derecho a jubilar a los imponentes varones del Servicio de Seguro Social que cumplan sesenta años de edad y tengan 1.040 semanas de imposiciones.
Hemos estimado dificilísimo cumplir la exigencia determinada por la legislación vigente en cuanto a que los obreros deban tener sesenta y cinco años de edad para poder acogerse a jubilación. Ello no se aviene con las condiciones en que el obrero debe desarrollar su trabajo. Consideramos que él llega a esa edad en situación muy precaria, debido al desgaste físico originado por el trabajo violento, por lo cual se ve obligado a ocuparse en labores de vigilancia u otras que requieren menor esfuerzo.
Por otro lado, también es injusta la discriminación existente respecto de la jubilación de los obreros frente a la de los empleados. Estos últimos, según el régimen previsional a que estén acogidos, jubilan con treinta o treinta y cinco años de servicios, aun cuando cumplen sus labores en cómodas oficinas, con toda clase de cuidados, calefacción y abrigo. En cambio, los obreros laboran expuestos a las inclemencias del tiempo, al aire libre, en faenas pesadas como las de las minas y de ciertas industrias, todo lo cual termina por agotar prematuramente sus energías.
Consideramos que el proyecto corrige, aunque en forma parcial, una grave injusticia, al disminuir en cinco años la edad para jubilar. Ello no constituye una ventaja excepcional, pero significa algún progreso.
Respecto del financiamiento, nuestra opinión es también favorable, por cuanto aquél se obtendrá mediante el aumento de 1% de la tasa correspondiente a las imposiciones patronales y al elevar a 1.040 el mínimo de semanas de imposiciones para impetrar el beneficio de la jubilación. Estas 1.040 semanas de imposiciones representan sólo veinte años de los sesenta de edad que el obrero necesita para obtener pensión de vejez.
El nuevo sistema significará, asimismo, el debido cumplimiento de la obligación patronal de hacer las imposiciones en forma oportuna y continuada, y permitirá a los obreros tener sus libretas al día.
Por estas razones, los Senadores de estas bancas participamos en forma entusiasta en la aprobación de este proyecto. Pese a no constituir una solución completa del problema previsional, al menos es un paso hacia el perfeccionamiento del sistema vigente, pues se rebaja en cinco años la exigencia de edad para jubilar respecto de un sector de trabajadores que llegan al término de una vida de labor.
El señor TEITELBOIM.-
Señor Presidente:
El proyecto que discutimos en esta oportunidad, a nuestro juicio, tiene gran importancia y hondo contenido de justicia. Por él se amplía el ámbito de aplicación del artículo 37 de la ley 10.383, que concede jubilación por vejez a los imponentes del Servicio de Seguro Social y está destinado a favorecer de inmediato acerca de 40 mil trabajadores, cifra que aumentará considerablemente de año en año.
La jubilación a los sesenta años de edad es una antigua y sentida aspiración de los trabajadores, quienes, en este aspecto como en tantos otros de la vida nacional, son objeto de odiosa discriminación. Mientras los empleados particulares y los trabajadores del sector público pueden jubilar por vejez y por antigüedad o tiempo servido, los obreros, los imponentes del Servicio de Seguro Social, sólo pueden hacerlo por vejez, siempre que tengan sesenta y cinco años de edad, más de 800 semana de imposiciones y determinada densidad de las mismas.
Esa evidente discriminación no se remedia con el presente proyecto; pero, sin embargo, significa un paso adelante, ya que reconoce la posibilidad de jubilar con sesenta años de edad y elimina el requisito de la densidad en este aspecto, aun cuando mantiene la exigencia copulativa de contar con 1.040 semanas de imposiciones a lo menos.
Nadie puede negar la justicia de la iniciativa en debate, presentada por el Honorable colega señor Jaramillo.
La situación de decenas de miles de trabajadores ancianos -que con sus familias deben bordear las 300 mil personas- es desesperada. La inflación y la miseria crecientes que ahogan a la gran mayoría de los chilenos, hieren con más intensidad a quienes por su edad y estado físico precario, en la generalidad de los casos, deben continuar trabajando para sobrevivir. La cesantía y la imposibilidad de encontrar nuevas ocupaciones hacen que miles de obreros y campesinos que han trabajado toda su vida para enriquecer a otros, vivan en la indigencia encubierta, en la miseria más o menos disfrazada o deban depender por completo de la ayuda que les puedan proporcionar sus familiares e incluso, a veces, los vecinos.
La protección adecuada contra el riesgo de vejez se encuentra reconocida en innumerables declaraciones de la Oficina Internacional del Trabajo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y debe alcanzar vigencia plena en nuestras leyes. La responsabilidad del Estado también consiste en asegurar una vejez digna a todos nuestros conciudadanos. Por lo demás, éste es el concepto moderno de seguridad social, entendida como la protección dada a los miembros de una sociedad, asegurándoles condiciones de vida, salud y trabajo suficientes frente a los diversos riesgos que amenazan la existencia normal de los individuos.
No ha faltado quien afirme que la aprobación de este proyecto significaría aumentar la posibilidad de las jubilaciones prematuras e importaría la acentuación de un grave vicio de nuestro sistema previsional. Tal afirmación es, a nuestro juicio, injusta.
La terrible realidad de nuestra salud pública, la estadística abismante de nuestra mortalidad, bastan para refutar tal afirmación.
La vida media de la población chilena alcanza sólo a unos cincuenta años: 48 los hombres y 54 las mujeres. En los países escandinavos, el promedio de vida es superior a los 70 años.
Por otra parte -y cito textualmente un estudio sobre la salud en Chile-, "cada año fallecen en Chile cerca de 40.000 chilenos que no debieran morir, porque sus enfermedades eran evitables y tratables. Al año 4.000 vidas de hombres y mujeres en plena actividad son segadas por la tuberculosis y cerca de 10.000 personas enferman de tifoidea, enfermedad extirpada en muchos otros países. Este intolerable sacrificio de vidas humanas es soportado en su mayor parte por la clase obrera de Chile. Se calcula que el 77% de la mortalidad infantil ocurre entre los hijos de obreros y campesinos..
Durante el debate del proyecto en la Comisión de Trabajo, tanto el señor Ministro del ramo como el Honorable señor Palma señalaron que, aunque la iniciativa les parece justa, no es conveniente introducir reformas parciales a la seguridad social, sino que es preferible esperar la presentación por el Gobierno de un conjunto orgánico de disposiciones previsionales que reformen profundamente el sistema de seguridad social en nuestro país.
No es posible, a nuestro juicio, esperar más tiempo que el Ejecutivo materialice sus promesas en este terreno. Han transcurrido más de ocho meses del Gobierno del señor Frei y hasta la fecha no se ha producido ninguno de los anunciados cambios revolucionarios, profundos y decisivos sobre esta materia.
Es necesario impulsar todas las iniciativas que tengan por objeto mejorar la situación de los trabajadores; y si el Gobierno, efectivamente, más adelante encara el problema de la reforma previsional, y lo hace con criterio progresista, en buena hora. Entre tanto, debemos cumplir nuestro deber de parlamentarios populares y legislar en favor del pueblo. Después que el Gobierno presente ese proyecto, si lo presenta, habrá incluso camino adelantado y no tendrá que preocuparse ya sobre esta materia.
Acerca del financiamiento del proyecto, queremos decir que, a nuestro modo de ver, no es el mejor. En la Comisión de Trabajo lo aprobamos en el entendido de que si se encontraba uno más adecuado, aceptaríamos este último.
Es una de las características de la seguridad social en Chile, la de no desempeñar papel alguno como factor de redistribución de ingresos. Los empresarios transfieren a los consumidores -integrados, en su mayor parte, por trabajadores-, en forma de alzas de precios, el mayor costo de las imposiciones que deben pagar. En último término, pues, el sistema previsional viene a ser financiado por los propios asalariados. Debe tenderse, en la perspectiva de una reforma substancial y progresista del sistema da seguridad social, a un financiamiento que recaiga efectivamente sobre los ingresos de los empresarios, que no pueda ser transferido a sus costos, y que tenga realmente un carácter redistributivo.
La disminución de los costos de administración de la seguridad es otro de los factores fundamentales que deben manejarse para una reforma auténtica que beneficie efectivamente a los grandes sectores de asalariados y sus familias.
Claro está que, ante situación tan agobiante como la de los trabajadores ancianos, no es posible retardar más una solución, aunque sea parcial. Por eso, aunque consideramos que el financiamiento no es el más adecuado, los Senadores comunistas, en atención a que este problema debe resolverse de inmediato, votaremos en favor del proyecto.
El señor JARAMILLO LYON.-
Nada me agradaría más en este instante que compartir las expresiones formuladas por el Honorable señor Ahumada. Ojalá el beneficio de la jubilación a los sesenta años pudiera darse a los obreros que contaran con 800 semanas de imposiciones, como es la regla general; pero creo en un adagio popular -por el hecho de serlo no deja de ser efectivo- según el cual lo mejor es enemigo de lo bueno. Este es el caso.
Nos encontramos ante el hecho de un pavoroso desfinanciamiento del Servicio de Seguro Social. Según cálculos actuaria- les proporcionados en la Comisión, dicho servicio, al 31 de diciembre último, tenía un déficit de 30 millones de escudos, y se piensa, como es lógico, que a fines de este año aquél ascenderá a 70 millones de escudos.
El proyecto en discusión, en los términos planteados por mi Honorable colega, representaría un desembolso de 42 millones de escudos. De allí, a mi juicio, que sea preferible consignar una disposición de tipo restrictivo, pero permitir que el proyecto tenga aplicación práctica y no se convierta en un mero volador de luces.
Por otra parte, se nos hacía presente que al término de la Administración pasada el déficit del aporte fiscal al Servicio de Seguro Social ascendía a la suma de 20 millones de escudos. Ya en este instante, después de ocho meses del actual Gobierno, dicho déficit asciende a la monstruosa suma de 31 millones de escudos .
Por eso, entonces, pediría al Honorable señor Ahumada que, en homenaje al pronto despacho de esta iniciativa -al parecer ella cuenta con la buena voluntad de todos los sectores aquí representados-, obviáramos el trámite del segundo informe, para despacharlo ahora y enviarlo de inmediato a la Cámara de Diputados .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Entiendo que 1.040 semanas representan veinte años de imposiciones.
El señor JARAMILLO LYON.-
Efectivamente, señor Senador.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Como los obreros jubilan a los sesenta años y se supone que empezaron a trabajar a los 15 de edad, tienen 45 años de actividad.
El señor JARAMILLO LYON.-
Este proyecto, como decía, en los términos despachados por la Comisión, está perfectamente financiado. Quiero hacer presente al Senado que la tasa por concepto del seguro social en Chile es, quizás, la más alta en el mundo, según datos comparativos que tuvimos a la vista en la Comisión. Es así como la tasa de seguridad social en países de desarrollo económico análogo al nuestro, o, tal vez, un poco más elevado, como Argentina, es de 20% ; sin embargo, en Chile es del orden del 50% . Si seguimos discurriendo sobre la base de continuar alzando en forma indefinida este porcentaje para financiar la seguridad social, se producirá en el país un encarecimiento tan monstruoso en los costos, que ello nos dejará fuera del Mercado Común Latinoamericano, hecho éste que debemos tener en vista con relación al propósito de competir en él.
El señor AHUMADA.-
No es mi ánimo obstruir el proyecto presentado por el Honorable señor Jaramillo, ya que concuerdo con esta iniciativa en todas sus partes y también desde el punto de vista doctrinario . No basta tener el propósito de ampliar el beneficio; es necesario, al mismo tiempo, lograr que su monto constituya, por lo menos, un promedio vital. Así, respecto de la ley 10.383, se da el caso de que los pensionados por vejez, orfandad y viudez reciben pensiones tan pequeñas que han debido ser sucesivamente reajustadas por le- yes especiales.
En el proyecto en debate, no advierto disposición alguna tendiente a aumentar el monto de esas pensiones. Precisamente por eso, mi indicación no era tan restrictiva. Por experiencia, sabemos que casi nunca se logra cumplir la exigencia de la ley 10.383 en lo referente al mínimum de 800 semanas de imposiciones y, por ello, gran número de trabajadores no puede acogerse al beneficio de la pensión de vejez, pues sus patrones, en forma fraudulenta, no colocan las imposiciones respectivas. No ha de extrañarnos, entonces, que después de 40 años de trabajo, muchos obreros, especialmente campesinos y domésticos, aparezcan con menos de 500 semanas de imposiciones. Si el proyecto aumenta la exigencia de 800 a 1.040 semanas de imposiciones, yo, sin ser adivino, puedo predecir que, en vez de ampliar los beneficios que se pretende otorgar, se los restringirá.
El señor JARAMILLO LYON.-
Deseo aclarar el pensamiento del señor Senador.
Me permito informar al Senado que el régimen de jubilación a los 65 años de edad se mantiene también incólume con la exigencia de las 800 semanas de imposiciones. Es decir, se trata de otorgar un beneficio para quien quiera jubilar a los 60 años de edad, siempre que tenga 1.040 semanas de imposiciones; pero, si no las tiene, conservará su derecho a jubilar con las 800 semanas.
El señor AHUMADA.-
Mi intención era, precisamente, establecer ese beneficio no con carácter facultativo, a fin de que el patrón esté obligado a cumplir su deber. Si no se logra en forma efectiva el cumplimiento de las obligaciones patronales, dada la insuficiente inspección que sobre estos aspectos hace el Servicio de Seguro Social, no resultarán incrementados los beneficios.
Como no es mi ánimo obstruir el proyecto -repito-, retiraré mi indicación, a fin de que la iniciativa en debate se convierta pronto en realidad.
El señor CURTI.-
Deseo aclarar lo denunciado por el Honorable señor Ahumada en el sentido de que existen muchísimos obreros de edad avanzada que, en la actualidad, no logran reunir 800 semanas de imposiciones. En verdad, esta situación se debe a que inicialmente se deba cabal cumplimiento a la ley que estableció ese mínimo de imposiciones previsionales para jubilar, sea por falta de publicidad, sea por carencia de inspección o por otras circunstancias especiales.
Pero en la actualidad todos los obreros tienen sus libretas de seguro con las correspondientes imposiciones. Quienes aducen no contar con el número mínimo de semanas establecido, pese a tener 65 años de edad, están en esa situación porque no se dio cumplimiento a la disposición legal en un comienzo. Hoy día, gracias a los beneficios de la asignación familiar y la gran cantidad de nuevas disposiciones, la situación es completamente distinta. Ya no existe obrero cuyo patrón no le haga las imposiciones del Servicio de Seguro Social. Por eso -repito- me parece que la situación actual es por completo diferente de la de aquellos obreros que han llegado a 65 años sin tener las 800 semanas de imposiciones exigidas por la ley. Si elevamos ese mínimo a 1.040 -es decir, 20 años de imposiciones en 45 de trabajo-, el problema no se presentará nuevamente.
El señor MUSALEM.-
El Honorable señor Palma me ha solicitado una interrupción.
El señor PALMA.-
Los Senadores de estas bancas contribuiremos con nuestros votos a la aprobación general del proyecto, del mismo modo que lo hicimos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Cuando se discutió esta materia, hicimos salvedad respecto del financiamiento y del número de semanas que se continúan exigiendo para acogerse a jubilación al cumplir 60 años de edad.
En verdad, según las informaciones proporcionadas por el Superintendente de Seguridad Social en la Comisión, el financiamiento sobre la base del recargo de las imposiciones propuesto en la iniciativa en debate sería insuficiente. En efecto, no bastaría para atender el problema de las personas que ya en las circunstancias actuales, con un mínimo de 1.040 semanas, podrían acogerse a jubilación. Están en condiciones de jubilar -tal vez el Honorable señor Jaramillo pueda rectificarme, si estuviera equivocado- más de 32 mil personas, pues tienen más de 60 años de edad y un mínimo de 1.040 semanas de imposiciones. Esto, de acuerdo con antecedentes allegados en ese momento, crearía una difícil situación para el Servicio de Seguro Social, que no podría financiarse sólo con recargar en 1% las imposiciones.
Por estos motivos, y en la espera de un mejor estudio, nosotros nos abstuvimos en lo tocante al financiamiento y al mínimo de imposiciones para jubilar.
Es indudable que, como decía el Honorable señor Curti, una vez desaparecida la situación de personas que aun con 65 años de edad no cuentan con los requisitos para jubilar, o sea, al aplicar la disposición en condiciones distintas, la realidad será completamente diferente. En efecto, como hoy día todos los acogidos a los beneficios del Servicio de Seguro Social cumplen con regularidad sus obligaciones, al llegar éstos a los 60 años de edad no tendrán 1.040 semanas de imposiciones, sino 1.500 o más, y sobrepasarán así el límite establecido en el momento de estudiar el financiamiento del proyecto.
De tal manera que, guardando reserva respecto del financiamiento, nosotros concordamos con la idea general del proyecto, pues ella forma parte de uno de nuestros objetivos sociales. Por tal motivo, contribuiremos con nuestros votos a su aprobación, pero en la esperanza de que pueda financiarse de modo que no afecte la situación del Servicio de Seguro Social.
El señor MUSALEM.-
Tal como expresó el Honorable señor Palma, nosotros votaremos favorablemente la iniciativa, pues ella concuerda con el criterio del Ejecutivo en cuanto a una reforma general de la previsión, en la cual está comprendida precisamente esta idea de dar jubilación a más temprana edad a los obreros varones.
Ya en años anteriores presentamos una iniciativa para que la mujer obrera jubilara a los 55 años de edad. Ha sido permanentemente criterio nuestro tratar de subsanar la injusticia en que se encuentran los trabajadores obreros, varones y mujeres, frente a los empleados, que obtienen jubilación a una edad menos avanzada que aquéllos.
A propósito de la discusión de este proyecto, el Ejecutivo ha anunciado que tiene redactados otros cuatro sobre los cuales se constituirán las bases de un sistema de seguridad social en el país. Es criterio del Ejecutivo que el régimen de seguridad social constituya, también, un instrumento de distribución de la renta nacional, para que, junto con el sistema tributario y otros mecanismos, permita ir otorgando mejores condiciones de vida a los trabajadores.
Resulta, en verdad, una aberración fijar en 65 años la edad para jubilar por vejez, si se tiene presente que en Chile la edad promedio de vida a que alcanzan los obreros es 50 años y que, como aquí se ha dicho, empiezan a trabajar a la edad promedio de 20 años. Tal situación resulta mayormente inadmisible en el caso de las mujeres obreras.
En esta iniciativa, como se destacó, no se resuelve el dramático problema de los trabajadores que, no obstante alcanzar en la actualidad más de 65 años de edad, no tienen derecho a una pensión de jubilación, por no cumplir el requisito del mínimo de semanas de trabajo, que en la legislación vigente es inferior al fijado en este proyecto.
Los Senadores democratacristianos daremos nuestros votos favorables, sin perjuicio de considerar esta reforma como parte de la reforma general de la seguridad social, porque creemos que el régimen de jubilación es bastante anárquico. Así, por ejemplo, la ley que rebajó a 55 años la jubilación por vejez de la mujer obrera, mantuvo otros requisitos, como el de menor número de semanas de trabajo y estableció una evidente disparidad con los requisitos exigidos para la jubilación de los varones obreros.
El señor CHADWICK.-
Los Senadores socialistas, señor Presidente, se congratulan de las palabras que acaban de expresar ¡os señores Senadores del partido de Gobierno, porque, en verdad, el proyecto en debate significa la renovación de una iniciativa adoptada por Diputados del Frente de Acción Popular a propósito de la discusión del proyecto sobre reajuste de sueldos, promulgado no hace mucho. En efecto, en esa oportunidad se formalizó la idea de rebajar la edad mínima para gozar de jubilación en el sector de los varones imponentes del Servicio de Seguro Social. La iniciativa a que me estoy refiriendo fue aprobada por el Congreso Nacional, y le tocó en suerte, por así decirlo, al Gobierno de la Democracia Cristiana, impedir por medio del veto que se transformara en ley. De esta manera, las palabras de los Honorables Senadores del partido de Gobierno vienen, ahora, a corregir lo que ha dado motivo, entre los sectores populares, a una de las críticas más acerbas por la conducta social de este Gobierno.
Nadie, en efecto, ha podido explicarse cómo, después de reconocer hechos tan decisivos como los recordados en la Sala -por ejemplo, que los obreros alcanzan una vida promedio no superior a 50 años-, se puede mantener esta ficción que tiene mucho de fraude, pues se obliga a los trabajadores a formar un fondo que les financiaría una jubilación ilusoria, toda vez que son muy pocos los que, por las condiciones de vida a que están sometidos, pueden alcanzar esa meta cada vez más remota y dolorosa de los 65 años de edad.
Nosotros, los Senadores socialistas, podríamos abundar en la repetición de las consideraciones que espontáneamente han surgido del examen de este proyecto, que obedece sin duda a una justicia que no se puede detener.
El señor JARAMILLO LYON.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor CHADWICK.-
Quisiera agregar solamente algunas consideraciones puramente complementarias.
En primer término, es indispensable esclarecer que este proyecto cabe dentro de las grandes líneas de lo que debe ser una reforma de la previsión social en el país, que habrá de inspirarse necesariamente en la supresión de las diferencias que separan a los obreros -que constituyen mayoría y son los más sacrificados-, de otros grupos que han obtenido leyes especiales de previsión, que les permiten obtener jubilación muchas veces en forma prematura, y aun de otros cuyos privilegios en esta materia escapan a toda explicación razonable.
Como el propósito de este proyecto es corregir uno de los vicios más notorios de nuestro régimen de previsión, creemos que cualquiera premura que pongamos en hacerlo regir cuanto antes está justificada de antemano y tiene sobrado fundamento. Quisiera, no obstante, agregar otros razonamientos, como he dicho, de orden complementario.
En su oportunidad, a lo largo de todo el país, supieron los obreros -me refiero no sólo a los que laboran en la industria, sino también a los modestos y sufridos campesinos- que el Congreso se había acordado de ellos y les iba a dar un peda- cito siquiera de justicia, atendida la situación en que se encontraban. Hubo, por ello, verdadera emoción en la espera de la promulgación de la ley. Los socialistas alcanzamos a llegar a las reuniones sindicales con la buena nueva; pero, desgraciadamente, ella quedó frustrada, porque el Gobierno vetó la ley.
Ahora esperamos, ante las declaraciones tan explícitas y concordantes de los Senadores de la Democracia Cristiana con quienes representamos otros sectores, sobre la necesidad de aprobar este proyecto, que no tendremos la lamentable noticia de que una vez más el Gobierno de la revolución en libertad desmiente los propósitos que invocó como antecedente para llegar al poder.
El señor JARAMILLO LYON.-
Pido la palabra.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Jaramillo, y, en seguida, el Honorable señor Alessandri.
El señor JARAMILLO LYON.-
Quiero aprovechar esta oportunidad para sumarme a las congratulaciones expresadas por el Honorable señor Chadwick ante las declaraciones, concordantes con el proyecto en debate, manifestadas por los señores Senadores del partido de Gobierno. No podría dejar de hacerlo, porque, en realidad, se trata de un acontecimiento nuevo que enriquece la información del Senado.
En efecto, hablando en nombre del Gobierno, hace una semana, en la Comisión de Trabajo, el señor Superintendente de Seguridad Social nos hizo presente que el Ejecutivo, en esta materia, tiene un orden de prioridad, y nos habló de que los estudios se estaban orientando, en materia de seguridad social, sobre los siguientes problemas: primero, fondo nacional para asignaciones familiares, con el objeto de igualarlas paulatinamente; segundo, seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales -sobre este particular, quiero recordar al Honorable Senado que tanto mi Honorable colega señor Allende como el que habla, hemos dedicado, desde hace mucho tiempo, nuestros más caros esfuerzos para hacer realidad esta iniciativa, actualmente paralizada en su trámite en la Cámara de Diputados-; tercero, medicina curativa para los empleados de bajos ingresos; cuarto, mejoramiento del sistema de cobro de imposiciones, para perfeccionar el funcionamiento de los organismos de previsión, y quinto, aplicación de la rebaja de la edad para la jubilación de la mujer en el sector público.
Aparece de manifiesto, pues, que dentro de estos planes que estudia actualmente el Gobierno, no se considera en parte alguna rebajar la edad de los obreros para jubilar, en circunstancias de que -quiero recordarlo con absoluta hidalguía- cuando acompañaba al candidato a la Presidencia de la República en su campaña electoral, hoy Excelentísimo señor Frei, no en una, sino en muchas tribunas, me hizo el honor de decir que compartía este proyecto, hoy, desgraciadamente, un tanto abandonado de las principales preocupaciones del Gobierno.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Señor Presidente, haré muy pocas observaciones. Parece muy difícil o imposible que alguien pueda oponerse a un proyecto tan justo como éste. Comprendo perfectamente todas las afirmaciones hechas por los señores Senadores. Creo, no obstante, mi deber hacer las observaciones que estoy formulando, en especial después de algunas palabras que oí al Honorable señor Teitelboim.
Señaló el señor Senador que el financiamiento es inconveniente. Estimo, en efecto, que lo es, y yo pregunto, señores Senadores: ¿podemos despachar un proyecto cuyo financiamiento estimamos altamente inconveniente, sin meditarlo ni estudiarlo?
Para hacer estas observaciones, me baso en un párrafo del informe que dice: "El señor Superintendente de Seguridad Social expresó que financiar el proyecto por medio de aumento de imposiciones no era lo más conveniente, ..." y agregó -tome nota el Honorable Senado- "debido a que la carga por la seguridad social está por sobre los límites que puede tolerar la economía del país."
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Ese caballero es de mentalidad reaccionaria.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Esto lo dice un funcionario distinguido, a quien conozco desde hace mucho y que no pertenece a las filas de los partidos que normalmente se denomina como reaccionario. Pues bien, ¿puede el Honorable Senado, después de esta afirmación, con ánimo ligero, despachar el proyecto en la esperanza de que se mejore en otro trámite?
El señor CHADWICK.-
¿Me permite una interrupción?
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Voy a terminar.
Yo no lo creo así. A mi juicio si el Senado encuentra justo el proyecto, tiene la obligación de financiarlo en debida forma, mucho más en estos momentos en que, de todos los sectores del Senado y de la Cámara de Diputados, se han levantado voces para decir que al país se lo está recargando con contribuciones excesivas. El mismo Presidente de la República, en su
Mensaje, dijo que las contribuciones eran exageradas.
¿Cómo es posible que la Corporación, ligeramente, despache esta iniciativa, cuando un hombre que tiene sensibilidad social, como el Superintendente, ha declarado que en este aspecto se está colmando lo que la economía nacional permite?
No sé si se han formulado indicaciones. Entiendo que no.
El señor PALMA.-
Sí, señor Senador; por lo menos, una.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Dos tienen que hacerse para que el proyecto vuelva a Comisión: no basta una.
Si se presentan indicaciones, podremos estudiarlo de nuevo en la Comisión. Si no se presentan, yo, en vista de la gravedad que esto envuelve, y por el propio prestigio del Senado, me abstendría de votar.
He dicho.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Señor Presidente, los Honorables señores Jaramillo y Rodríguez y el Senador que habla, y con posterioridad el Honorable señor Palma, tuvimos la misión de estudiar el proyecto.
Solicitamos un financiamiento tanto al señor Ministro del Trabajo como a la Superintendencia de Seguridad Social, y para ello enviamos oportunamente los antecedentes a este organismo. Se celebraron dos reuniones en la Comisión, con el propósito de no aprobar esta iniciativa en forma ligera; pero no se propuso financiamiento alguno. Después de formular indicación el Honorable señor Jaramillo para financiar el gasto con un aumento en las imposiciones de 1% para los patrones y de 0,5% para los trabajadores, deje constancia, como lo dice la parte final del informe, de que no me gustaba el financiamiento porque significaba gravamen para los asalariados. También dijimos que si se presentaba otro más adecuado, no tendríamos inconveniente en aprobarlo. Pero eso no quiere decir que el proyecto no esté financiado.
Se dieron algunas explicaciones en la Comisión. Se dijo, por ejemplo, que el Ejecutivo estudia un proyecto sobre el particular; pero hace mucho tiempo que estamos hablando sobre previsión. Desde hace doce años se encuentra pendiente un proyecto relativo a enfermedades profesionales. Hasta hoy duerme en la Cámara de Diputados. Ahora se nos dice que no debemos despachar éste en forma precipitada y que debemos esperar.
Pero desde el año 1925, cuando se dictó la primera ley sobre seguro obrero, hay mucha gente que espera una pensión para poder satisfacer sus necesidades. Según información proporcionada por dicha Superintendencia, hay 37 mil personas mayores de sesenta años. Como seguramente lo ignoran muchos Senadores que no tienen contacto con el pueblo, esta gente, después de los 45 años, y luego de haber sido despedida de su trabajo por cualquier causa, debe esperar veinte años una jubilación. He sido majadero para hacer notar este hecho y he repetido en múltiples ocasiones que nos hemos visto en la obligación de recurrir a las pensiones de gracia para ayudar a muchos trabajadores. Y es deplorable ver a diario, especialmente en el norte, convertidos en lustrabotas a obreros que han entregado toda una vida al servicio de las empresas. En esta condición dramática encontré, en Iquique, a Humberto Planet, que dio gloria al deporte nacional y fue campeón sudamericano. Pedí antecedentes sobre su densidad de imposiciones; pero tiene apenas 800 semanas y, a los 64 años de edad, no puede jubilar. ¿Qué podemos hacer en favor de ese hombre? Simplemente, morirá un día cualquiera, por falta de medios económicos.
Hay verdadera discriminación en cuanto a los requisitos exigidos para la jubilación de los obreros. En la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, se puede jubilar a los sesenta años de edad; en la de Empleados Particulares, a los 55 añosde edad las mujeres y a los 65 los hombres, y unas y otros con 35 años de imposiciones, aunque no tengan la edad mínima; los obreros de la Sección Tripulantes de la Caja de la Marina Mercante jubilan a los 60 años de edad; los imponentes de la Caja Bancaria, a los 55. Pero los obreros, que empiezan a trabajar a los 13, 14 6 15 años, no pueden hacerlo. Yo me pregunto: ¿cómo pueden, entonces, seguir trabajando hasta la edad requerida?
¡Si este problema no admite dilación! ¡No puede discutirse a años plazo! Se nos dice que hay en estudio una reforma de la previsión social; pero aun cuando se presentara hoy mismo, no podría tramitarse por la gran cantidad de proyectos pendientes en el Congreso. ¿No está en discusión el proyecto que crea el Ministerio de la Vivienda? ¿No se encuentra en el Senado el que legisla sobre las compañías del cobre? ¿No hay otras iniciativas con urgencia? Eso es ofrecer a los trabajadores algo que no podrá cumplirse en corto término.
Recalcamos que la fuente de ingresos no es la más conveniente. Que se proponga entonces, otro financiamiento.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Sería muy fácil hacerlo rápidamente, porque todo el Senado estima justo el proyecto, que debe ir, de acuerdo con el Reglamento, a la Comisión de Hacienda, ya que la de Trabajo no es la autorizada para financiarlo. Con el espíritu que existe, sería, pues, muy fácil buscarle financiamiento adecuado.
El señor JARAMILLO LYON.-
Creo que no, porque la Comisión de Hacienda tendría que darle financiamiento fiscal y aquí estamos razonando sobre la base del aumento de las imposiciones, que es cosa distinta.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
Cualquiera que sea el financiamiento, debe pasar a la Comisión de Hacienda.
El señor CURTI.-
Sólo cuando se trata de imponer tributos. Ahora no existe esa situación.
El señor ALESSANDRI (don Fernando).-
No lo dice así el Reglamento.
El señor REYES (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Contreras.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Creo que el Senado tiene la obligación de financiar el proyecto. Si el Gobierno no considera acertado el financiamiento, puede proponer otro.
En todo caso, ésta me parece una manera de retrasar el despacho de la iniciativa, porque mañana deberá volver a la Comisión de Trabajo y pasado mañana a la de Hacienda, pese a las otras tareas que ésta ya tiene por realizar.
El señor JARAMILLO LYON.-
Es una manera de hundir el proyecto.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Sí, definitivamente, porque no puede esa Comisión reunirse para discutir este asunto, debido a las materias con urgencia enviadas por el Ejecutivo.
En consecuencia, todo esto no significa otra cosa que retardo y que los viejos sigan esperando hasta su muerte por hambre e inanición, dado el régimen de vida que deben soportar.
De todas maneras, si vuelve a Comisión, fijémosle un plazo prudente, para demostrar nuestro deseo de despacharlo a la brevedad posible.
El señor REYES (Presidente).-
Debo informar a Su Señoría que el proyecto que mencionó no tiene urgencia, sino que está sometido a un tratamiento convenido por los Comités.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
En todo caso, tiene un trato preferente.
El señor JARAMILLO LYON
-Prácticamente, la Comisión de Hacienda está bloqueada hasta el 15 de septiembre.
El señor REYES (Presidente).-
Doy esta información para disipar cualquier error.
El señor JARAMILLO LYON.-
Bastará luego que este proyecto no sea incluido en la Convocatoria, para que sigamos esperando hasta mayo del próximo año.
El señor GORMAZ.-
Pero si no hay oposición.
El señor JARAMILLO LYON.-
¡Ya la habrá...!
El señor PALMA.-
Como ya lo hemos manifestado, contribuiremos con nuestros votos a la aprobación de este proyecto.
Los trámites posteriores que él tenga, debido a las indicaciones que aquí se presenten y a las eventuales disposiciones que tome el Ejecutivo, constituyen un problema derivado del financiamiento. Deseamos que éste sea lo menos inflacionista posible y que no recargue excesivamente los costos de producción, de por sí ya bastante altos.
En el curso del debate suscitado en la Comisión de Trabajo, nosotros preguntamos al Superintendente de Seguridad Social acerca de los costos de la seguridad social en Chile, en comparación con los de otros países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Nos preocupa específicamente este aspecto, por cuanto se relaciona con la competencia dentro de esa Asociación. Dicho funcionario nos informó que el costo de la seguridad social chilena llega al 15% del ingreso nacional, mientras que en los demás países de la ALALC fluctúa entre 5% y 10%. Además el señor Superintendente, experto en la materia, hizo notar que, a causa de la difícil organización administrativa y jurídica de nuestro país, dentro de este costo se incluyen rubros que en otros Estados no se consideran incluidos en el seguro social, sino que constituyen beneficios regidos por otras leyes. De manera que no era posible hacer una comparación definitiva, si bien los técnicos tenían la impresión de que nuestros costos en esta materia eran más elevados.
Es preciso meditar en este hecho para convencerse de la urgencia de buscar un financiamiento adecuado para resolver la necesidad social de primera importancia y de gran justicia que tiende a satisfacer este proyecto y que fue considerada, por lo demás, con especial preocupación dentro del programa social de todos los partidos que aspiraban llegar al poder hace pocos meses.
Como lo manifestó el Honorable señor Jaramillo, hubiésemos querido que este proyecto formara parte de un conjunto de medidas más coherentes, con el propósito de dar a la seguridad social una estructura más orgánica, facilitar sus servicios y, como sugieren los especialistas en la materia, abaratar sus costos.
Por eso, en espera de una legislación definitiva sobre el particular, se han elaborado disposiciones relacionadas con la asignación familiar, que, como se sabe, este año aumentó apreciablemente. Asimismo, existe un programa completo para nivelarla en los próximos tres años, lo cual favorecerá a sus actuales beneficiarios, que tienen iguales necesidades en todos los sectores sociales en que se divide la población.
En segundo lugar, el Ejecutivo tiene en elaboración en estos momentos un proyecto referente a la seguridad, para modificar el seguro de accidentes del trabajo e incluir en él las enfermedades profesionales, situación que, en particular en las zonas mineras del país, como es sabido, es extraordinariamente delicada y urge resolver.
Existe también un estudio, ya puesto en marcha, por medio del cual será cambiado el sistema de cobro de imposiciones, no sólo con el objeto de mejorar el financia- miento en sí, sino con el fin de lograr que, dentro de las condiciones culturales de nuestro pueblo, no sólo quede constancia del pago de las imposiciones en la libreta que posee el propio beneficiado, sino en documentos mucho más estables y permanentes, a fin de que la pérdida de ella, en un momento determinado, no involucre también la de los beneficios o derechos que esas personas han acumulado, a veces, durante años.
Por último, dentro de las consideraciones inmediatas, nosotros hemos venido patrocinando idea de rebajar la edad con que puede jubilar la mujer que labora en el sector público.
En cuanto al problema ahora planteado, estimo de elemental justicia dar a los trabajadores las condiciones mínimas a que tienen derecho, y que esta iniciativa legal, de alguna manera, les reconoce. En el sector del trabajo, los obreros, son, probablemente, quienes realizan el esfuerzo productivo más importante del país. La mayor parte de los empleados integran los servicios, todos aquellos que la economía califica hoy como tales, mientras que la producción está, básicamente, encomendada a técnicos y obreros. Y éstos realizan un esfuerzo muy grande, sobre todo en un país como el nuestro, donde los servicios, como se ha dicho tantas veces, están muy recargados.
Concuerdo con la idea de introducir algunas enmiendas, como lo propuso también el Superintendente de Seguridad Social, a fin de que en lo futuro y en determinada fecha -podría ser el de enero de 1967, como lo señalamos en la indicación que patrocinamos- sean exigibles 1.500 semanas para los efectos de jubilar a los sesenta años, y dejar el plazo que media entre esta fecha y el 1º de enero de 1967 para que todas aquellas personas que hoy tienen sesenta años y no han podido acreditar las 1.560 semanas, que equivalen a 30 años de trabajo, puedan acogerse a los beneficios de la jubilación en las circunstancias actuales, ya que las leyes han regido en las condiciones de todos conocidas.
Por lo demás, estas medidas me parecen parte inevitable del programa de progreso social que el Gobierno está desarrollando frente al sector del trabajo, traducido en iniciativas concretas y no en declaraciones. En general, esas medidas son parte de toda la política que la Democracia Cristiana está impulsando.
Más de alguno de los señores Senadores habrá tenido en sus manos, en estos últimos días, una publicación hecha por el
Instituto de Economía de la Universidad de Chile, en junio de 1965, sobre ocupación y desocupación en el gran Santiago. Conviene leer y meditar uno de sus párrafos precisamente ahora, cuando estamos analizando la situación de los trabajadores y preocupándonos, como tantas veces sucede, por el proceso económico del país.
El señor JARAMILLO LYON.-
¿Me permite una breve interrupción, Honorable Senador?
Quiero advertir a Su Señoría que faltan sólo cinco minutos para el término del Orden del Día. Por eso, deseo pedir que se prorrogue la hora hasta despachar el proyecto y aprobarlo en general, a fin de que no quede pendiente.
Me parece que nada ganaremos con discursos largos, si al final no ha de resolverse sobre la iniciativa.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Por nuestra parte, no tenemos inconveniente en prorrogar el Orden del Día, siempre que no sea más allá de las 18.
El señor PALMA.-
En el estudio en referencia aparece una declaración según la cual dicho Instituto ha elaborado, en este momento, una información regular sobre el mercado del trabajo y los ingresos familiares de los habitantes del gran Santiago, y una comparación deflactada con la situación de los años anteriores. Y los resultados -leo al pie de la letra- "indican un aumento de 17% del ingreso familiar real promedio en los meses transcurridos entre mayo de 1964 y mayo de 1965".
Lo anterior significa que la política económica en materia de salarios, asignación familiar y reajustes de sueldos, y, al mismo tiempo, en cuanto a control de la inflación, mediante medidas financieras y de otro orden, ha conducido a un resultado práctico que se traduce en un aumento del ingreso familiar real promedio en una cifra que nunca se había alcanzado en el país en los últimos veinte años.
He dado a conocer el dato a que me referí, al analizar el proyecto de ley que en estos momentos nos ocupa, en vista de que algunos señores Senadores se inquietan porque la Democracia Cristiana no ha traído a la consideración del Congreso todas las iniciativas legales que ella está preparando como parte del plan de progreso económico y social que, evidentemente, ya empieza a tener repercusiones concretas en beneficio de los trabajadores del país.
El señor REYES (Presidente).-
Deseo advertir a los señores Senadores que sólo restan cuatro minutos para el término del Orden del Día.
Si le parece a la Sala, se prorrogará la hora a fin de poner término a la discusión y votar en general el proyecto.
Hago presente, además, que se han presentado dos indicaciones. Por lo tanto, el proyecto deberá volver a Comisión.
El señor FUENTEALBA.-
¿Por qué no votamos de inmediato, señor Presidente?
El señor GOMEZ.-
Hay acuerdo unánime.
El señor LUENGO.-
Conozcamos las indicaciones.
El señor ALLENDE.-
Vetémoslo en general ahora, pero con derecho a fundar el voto.
El señor REYES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordaría.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
¿Me permite la palabra, señor Presidente?
Tal como lo anunció mi Honorable colega señor Teiltelboim, daré mi voto favorable a la aprobación del proyecto; pero formularé indicación para que vuelva a Comisión y sea discutido en particular en la Sala a más tardar el miércoles próximo.
Debo advertir que no comparto ciertas afirmaciones hechas en el sentido de que algunos Senadores se limitan a hacer declaraciones, Precisamente, eso es lo que no queremos: declaraciones. Queremos hechos.
Por eso, si en verdad existe consenso en dar jubilación a los obreros a los sesenta años, despachemos el proyecto el miércoles próximo.
El señor LUENGO.-
¿Podríamos saber cuáles son las indicaciones formuladas?
El señor ALLENDE.-
Votémoslo en general primero.
El señor JARAMILLO LYON.-
Votémoslo en general.
El señor REYES (Presidente).-
Reglamentariamente, procede hacerlo.
Si le parece a la Sala, se votaría en general el proyecto y se recomendaría a la Comisión que lo informe para poderlo votar el miércoles próximo.
El señor CHADWICK.-
Que se le fije plazo.
El señor GOMEZ.-
Formulo indicación para tratarlo el martes, señor Presidente.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
¿Por qué no celebramos una sesión especial el lunes?
El señor LUENGO.-
Entiendo que si ahora se aprueba en general, deberá volver a Comisión.
El señor REYES (Presidente).-
Exactamente.
El señor LUENGO.-
Por eso pregunté cuáles son las indicaciones. Porque si una de ellas es la que formuló el Honorable señor Ahumada y retiró posteriormente...
El señor REYES (Presidente).-
Está claro que no es la mencionada por el señor Senador. Hay solamente dos indicaciones formuladas por el Honorable señor Palma.
Repito que ahora se aprobaría en general el proyecto y se pediría a la Comisión informarlo para el miércoles próximo, a fin de votarlo en particular en la Sala en esa oportunidad.
Si le parece a la Sala, se daría por aprobado en general el proyecto.
El señor ALLENDE.-
Deseo fundar mi voto, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor ALLENDE.-
En el ánimo de que el Senado se pronuncie de inmediato, aceptamos entrar a votar, pero con derecho a fundar el voto.
En los breves minutos que el Reglamento fija para hacerlo, quiero decir, ante todo, que me congratulo de la iniciativa patrocinada en esta oportunidad por nuestro Honorable colega el señor Jaramillo.
En realidad, como aquí se ha dicho, hace muchos años que hemos venido planteando la situación desmedrada en que se encuentran los trabajadores frente a las leyes de previsión social. Y digo enfáticamente "de previsión social", porque sostengo que en el país no hay seguridad social. Esta es algo más amplio; dice relación a aspectos de contenido fundamentalmente económico, condiciones de vida, sueldo, habitación y trabajo.
He oído también, por parte de los Senadores democratacristianos, que el Gobierno tiene ciertas iniciativas referentes a algunos de los aspectos más urgentes de la legislación sobre previsión social. Yo me congratulo de ello. Pero quiero decir que, a mi juicio, sería fundamental considerar integralmente los problemas de la previsión social y de la seguridad social, materias que interesan al país por su repercusión económica y por la posibilidad de suprimir las brutales desigualdades existentes desde hace muchos años.
Desde la época en que se entró a modificar la antigua ley 4.054 y se intentó enmendar la 4.055, en este recinto, los Senadores del movimiento popular hemos planteado veinte, treinta o cuarenta veces lo relativo a los distintos estratos sociales en que artificialmente está dividido el país. Basta señalar que esta democracia nuestra, tan exaltada y tan colocada en niveles superiores, aún mantiene un Código del Trabajo arcaico, en el cual se consagra la desigualdad de derechos entre obreros y empleados.
Digo lo anterior porque he oído, con cierta inquietud, una frase del Honorable señor Palma que me ha impresionado vivamente. Su Señoría ha sostenido que estas modificaciones satisfarían las condiciones mínimas a que tienen derecho los trabajadores. Yo pienso que ahí está la gran diferencia; no son mínimas. Para nosotros, los asalariados no tienen derecho a condiciones mínimas. Simplemente, tienen derechos, y éstos deben ser iguales para todos. Y esta es la necesidad real: adoptar una concepción respecto de todo el problema de la seguridad social, que comience con la previsión social y se proyecte a la atención médica.
Lo sostengo así porque, lamentablemente -no lo digo con ánimo de crítica, pues no se trata de juzgar ahora, cuando fundo mi voto apremiado por el tiempo, las repercusiones económicas del Gobierno del señor Freí ni los avances por él alcanzados-, hemos visto que, en lo referente a salubridad, los planes son relativamente imprecisos. Por eso, en la Comisión respectiva solicitamos al señor Ministro de Salud que nos diera a conocer las grandes líneas de su política sobre esta materia; porque, indiscutiblemente, la previsión social involucra dos aspectos que son esenciales; por una parte, el derecho a la defensa, la protección y el fomento de la salud, y, por la otra, los beneficios de tipo económico.
Desconocemos el plan, el pensamiento del Gobierno en torno de la salubridad. De ahí que pensamos estudiar, muy detenida y seriamente, la idea de dar medicina curativa a los empleados, pues creemos que en este aspecto, como en otros de carácter previsional, debe existir un criterio unitario que entregue a los chilenos la posibilidad cierta de atención médica preventiva y curativa.
Por otra parte, me ha llamado la atención también que el Honorable colega señor Palma haya dicho que el Gobierno tiene estudiado un proyecto sobre accidentes del trabajo, en el cual se han incorporado las enfermedades profesionales.
¡Ya es majadería! Desde que existe en el Senado esta nueva bancada, abigarrada, numerosa, combatiente y capacitada de la Democracia Cristiana, he hablado diez veces sobre la necesidad imperiosa de que siquiera se apresure el despacho del proyecto que está actualmente en la Cámara de Diputados; que lleva veinticinco años en el Congreso; que ha sido remozado en ese lapso y que, estoy seguro, no puede merecer muchas observaciones. He conversado con el Director de Seguridad Social, mi estimado amigo Carlos Briones, hombre, por lo demás -lo decimos con satisfacción-, vinculado ideológicamente con nuestros puntos de vista, excelente funcionario que ha llegado al cargo que tiene en razón de su especialización. El me ha dicho que las modificaciones que se han insinuado son de muy poca importancia.
En la sesión anterior, sostuve que ese proyecto contiene conceptos básicos destinados a incorporar las enfermedades profesionales a los accidentes del trabajo; a hacer del riesgo de accidente del trabajo un riesgo social de cargo del patrón; a entregar a la Caja de Accidentes- del Trabajo la contratación de las primas, por ser un riesgo social, y a incorporar a esa institución como departamento del Servicio de Seguro Social, pues para nosotros el riesgo de accidente es uno de los riesgos de la vida, como son las enfermedades, la invalidez la incapacitación y la muerte. Es decir, constituyen un todo.
Por eso, somos contrarios a la discusión parcial, a las iniciativas restringidas.
Nos congratulamos de que haya inquietud en todos los sectores y apoyamos la iniciativa anteriormente rechazada en el Congreso Nacional, lamentablemente, con el criterio de postergar hasta las necesidades más esenciales de un país en donde se dice que no hay clases privilegiadas.
No creo necesario comentar qué representa para el obrero tener que jubilar a los 65 años. Durante la Administración anterior, hemos debido dictar una ley destinada a rebajar la densidad y el número de semanas de imposiciones para jubilar, porque cientos de obreros no habían podido acogerse a ese beneficio, a pesar de haber trabajado durante muchos años. El control de las imposiciones en los primeros años no ha sido efectivo. De ahí el vacío brutal, que gravita pesadamente sobre miles de asalariados chilenos. Como estimamos de gran interés resolver el problema de la previsión social, esperamos que se abra debate en el Senado sobre esta materia. Recuerdo que durante el Gobierno del señor Alessandri se nombró una comisión presidida por el señor Jorge Prat, la cual entregó un voluminoso estudio sobre esta materia.
Ha llegado el momento de que el Congreso Nacional y el Gobierno planteen ante la faz del país, ante la ciudadanía, que exige conocer su situación, cuáles derechos la asistirán en lo futuro en lo relativo a previsión. No podemos aceptar que los estudios sobre previsión social se hagan a espaldas de los interesados. Deseamos un debate público, con responsabilidad, para que nadie en Chile deje de saber lo que representa el aporte social y pueda hacerse una efectiva preservación de la salud y entregar definitivos beneficios económicos.
Voto que sí.
-Se aprueba en general el proyecto y se envía a la Comisión de Trabajo, en segundo informe.
El señor REYES (Presidente).-
En cuanto a la observación formulada por el Honorable señor Alessandri, la Mesa estima que el término "contribuciones" es más restrictivo. Por eso, no es necesario el informe de la Comisión de Hacienda.
El señor JARAMILLO LYON.-
Entonces, no se enviará el proyecto a la Comisión de Hacienda. Esa fue la tesis que yo sostuve, en contra de la opinión del Honorable señor Alessandri.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
¿Se fijará plazo a la Comisión?
El señor REYES (Presidente).-
La Comisión deberá informar en el plazo de una semana, a fin de votar, a más tardar, el miércoles próximo.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
¿Se trataría el miércoles de la próxima semana?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Siempre que haya informe.
El señor LUENGO.-
Con informe de Comisión o sin él.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Podemos recomendar a la Comisión que despache el informe antes del miércoles. Tres o cuatro miembros de ella se encuentran en la sala y seguramente tendrán interés en la aprobación del proyecto.
El señor JARAMILLO LYON.-
¡No le quepa duda, Honorable colega!
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