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    • rdf:value = " NORMAS SOBRE RECONSTRUCCION.  VETO.El señor REYES (Presidente).- Solicito el acuerdo de los Comités para tratar de inmediato las observaciones del Ejecutivo al proyecto que establece normas sobre reconstrucción. Se tomaría conocimiento de las observaciones y se procedería a votar. Acordado. En la sesión de ayer, se acordó discutir hoy el conflicto de los obreros portuarios, en presencia del señor Ministro del Interior. Como dicho Secretario de Estado y varios Senadores que tienen interés en el debate se encuentran en la sala, propongo suprimir la hora de Incidentes y destinar el resto de la sesión a tratar esa materia.. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).- De conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala, corresponde tratar las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que establece normas permanentes para los casos de catástrofes o calamidades públicas y disposiciones especiales para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo del del 28 de marzo último. -El oficio con los acuerdos de la Cámara de Diputados figura en los Anexos de esta sesión, documento 1, 1623. El señor REYES (Presidente).- En discusión la primera observación. Ofrezco la palabra. El señor FIGUEROA (Secretario).- La primera observación incide en el artículo 10 del proyecto. El Ejecutivo propone eliminar la coma (,) que sigue a la palabra "construcción" y reemplazarla por la conjunción "y", como asimismo, eliminar las palabras "y previsionales". El señor CURTI.- Cualquiera que sea la resolución del Senado, no surtirá efecto. El señor MUSALEM.- La resolución del Senado no tiene importancia, porque la observación ya fue aprobada por la Cámara. El señor ALLENDE.- Tiene importancia, señor Senador. Si el Senado insiste, no hay ley sobre la materia. El señor FIGUEROA (Secretario).- El Ejecutivo propone una eliminación. En consecuencia, para haber mantenido el acuerdo del Congreso, habría sido necesario que ambas Cámaras hubieran rechazado la observación por mayoría de dos tercios, y la Cámara de Diputados, no sólo no reunió ese quórum, sino que aceptó el veto. Por lo tanto, cualquiera que sea la resolución del Senado, no surtirá efecto. El señor MUSALEM.- Ambas Cámaras habrían necesitado mayoría de dos tercios para insistir. La de Diputados no la tuvo. En consecuencia, aunque el Senado insistiera con ese quórum, su acuerdo no surtiría efecto. El señor REYES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la observación. El señor GOMEZ.- ¿Por qué no votamos sólo aquellas observaciones en que el acuerdo del Senado pueda tener algún efecto? El señor REYES (Presidente).- La Mesa no tiene inconvenientes en adoptar ese criterio. En tal caso, las observaciones respecto de las cuales el acuerdo del Senado no surte efecto, se darían por aprobadas. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Para los efectos de que el Senado cumpla su papel constitucional, convendría que alguien aclarara si la supresión de las palabras "y previsionales" tiene importancia. Es cierto que la resolución del Senado no surtirá efecto, porque la Cámara ya aprobó la observación, pero para que el Senado juegue su papel -repito-, es necesario votar la insistencia. El señor BOSSAY.- Ya no surte efecto la resolución del Senado. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Lo correcto es aprobar la observación o votar por la insistencia. El señor REYES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazará la observación y se insistirá. El señor CURTI.- No, señor Presidente. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Que se vote. El señor REYES (Presidente).- En votación. -(Durante la votación). El señor CHADWICK.- Insistiremos en todas las disposiciones aprobadas por el Senado, a menos de dársenos alguna razón que nos haga cambiar de criterio. Deseamos mantenernos leales con nuestro pensamiento anterior. Por estas razones votamos por la insistencia. El señor PALMA.- Voto que no, porque, como dice el informe correspondiente, esta materia ya está reglamentada en una disposición permanente del proyecto. En consecuencia, este precepto es innecesario. -Se acuerda no insistir (11 votos por la insistencia, 11 por la no insistencia y 3 pareos). El señor REYES (Presidente).- Me permito sugerir adoptar idéntica resolución en todos aquellos artículos en que el acuerdo del Senado no surta efecto. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- No, señor Presidente. Votemos cada observación separadamente. El señor JARAMILLO LYON.- En otras observaciones podemos tener criterio diferente. El señor FIGUEROA (Secretario).- La siguiente observación consiste en suprimir el inciso tercero del artículo 16. La Cámara aceptó la supresión. El señor REYES (Presidente).- En votación. -(Durante la votación). El señor CHADWICK.- Nosotros insistiremos, por las razones dadas anteriormente. -Se acuerda no insistir (15 votos por la insistencia, 9 por la no insistencia y 3 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- La tercera observación consiste en suprimir el inciso final del artículo 20. La Cámara de Diputados aprobó el veto. El señor GOMEZ.- No insistamos, con la misma votación. El señor CONTRERAS (don Víctor).- ¿Me permite la palabra, señor Presidente? El señor REYES (Presidente).- ¿Su Señoría desea fundar el voto? El señor CONTRERAS (don Víctor).- Tengo entendido que no hemos limitado el derecho de los oradores al tiempo autorizado para fundar el voto. Hemos dado facilidades para despachar el proyecto, pero no nos hemos sometido a un régimen tan restrictivo. Por eso, estimo que podemos dar nuestra opinión en cada artículo. Por cierto, no usaré demasiado tiempo en mis intervenciones: sólo dos, tres o cinco minutos. Ahora, si los Honorables colegas desean racionarme el tiempo, que así lo manifiesten. El señor GORMAZ.- Cedo mi tiempo al señor Senador. El señor FUENTEALBA.- Hable tranquilo y con calma. El señor CONTRERAS (don Víctor).- En mi opinión, lo menos que puede pedirse al Ministro del Interior es que dé cuenta global de los gastos efectuados con cargo a las erogaciones públicas recibidas con motivo del sismo. El inciso fina!, que el Ejecutivo suprime, dice lo siguiente: "El Ministerio del Interior rendirá cuenta global y por partidas a la Contraloría General de la República de todas las erogaciones distintas de dinero que haya recibido para ayudar a los damnificados o a la zona". Si bien las personas que hacen una erogación tienen confianza en el Ejecutivo, han entregado dichos valores por alguna razón. Por eso, en mi concepto, lo menos que podemos decir a la opinión pública y, en forma particular, a la gente que entrega donaciones, es que la Contraloría General de la República ha analizado la distribución de los dineros y tomado nota de ella. En cambio, el veto del Ejecutivo suprime lisa y llanamente esta última disposición, y se pone en la situación de quien dice: "A mí me entregan los valores, y el Ministro del Interior es dueño de distribuirlos en la forma que crea conveniente". El señor FERRANDO.- ¿Me permite, señor Senador? No se trata de dinero, sino de cosas distintas, como ropas, especies, etcétera. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Aun cuando no sea dinero, me parece lógico que el Ministerio del Interior deba dar cuenta de la forma cómo se hizo la distribución, sin que ello signifique que no tengamos confianza en el Ministro. Las personas que entregan donaciones tienen derecho a que alguien les dé cuenta de la manera en que fueron repartidas. El señor AYLWIN.- Si Su Señoría lee el veto, encontrará la siguiente afirmación: "Dicha labor" -la de repartir las especies- "se cumplió conjuntamente con la entrega de especies adquiridas por el Ministerio o proporcionadas en cualquier otra forma. De esta entrega no se llevó contabilidad que permita rendir una cuenta". Es indudable que de la recepción de zapatos, ropas, frazadas y una serie de especies que se reciben y entregan en circunstancias como ésta, no se puede llevar contabilidad en la forma exigida por la Contraloría General de la República. En ello reside la dificultad práctica para rendir cuenta documentada. Esta es la justificación que da el Gobierno para vetar la disposición. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Estaba con el uso de la palabra, señor Presidente. Las explicaciones del Honorable colega no me convencen. Entiendo que alguien distribuyó las especies. Si no me equivoco, fueron oficiales del Ejército, quienes contaron con personal suficiente como para anotar el nombre de los beneficiados. No me parece que haya sido tarea muy difícil. En 1940, tuve oportunidad de asistir a la población de Tocopilla, que fue afectada por un aluvión. Cada persona a quien entregábamos la ayuda enviada por el Gobierno debía firmar un recibo, y éste también era firmado por el funcionario que repartía las especies. En mi concepto, para dar mayor seriedad a la distribución de la ayuda, en esta oportunidad debió haberse tomado nota de todo lo entregado y del nombre de quienes recibían la ayuda. El señor BOSSAY.- Deseo fundar mi voto, señor Presidente. También lamento que el Ejecutivo haya vetado este inciso. No es una disposición transitoria, sino permanente. Considero un error haber vetado un precepto según el cual se deberá rendir cuenta global y por partidas -no detallada- de las especies donadas. Sin lugar a dudas, las erogaciones distintas de dinero, con motivo de una catástrofe o sismo, como el ocurrido el 28 de marzo, pueden ser extraordinariamente importantes. Pueden ser diez mil planchas de calamina o de cualquier otro material para techo; cañerías, sanitarios, alambres o elementos sumamente valiosos. Si se tratara de una disposición estrictamente transitoria, no habría nada que objetar, pues la ley sería aprobada después de ocurrido el terremoto, y evidente es que el Ejecutivo no podría haber tomado las precauciones del caso. A mi juicio, el Senado debe rechazar el veto del Ejecutivo, aunque sea por el aspecto moral o para establecer su pensamiento. Estoy seguro de que el Gobierno, así como acogió muchas de las indicaciones presentadas en la Sala, en el próximo proyecto incluirá una disposición permanente con relación a este tipo de catástrofes, que obligue a rendir cuenta a la Contraloría, no sólo del dinero, sino también de las especies. No me cabe la menor duda de que ése es el buen principio. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Concuerdo con la afirmación de que en esto hay un aspecto de orden moral. La misma disposición del artículo es bastante liberal, pues entiendo que el proyecto en debate legisla para los casos de sismos o catástrofes que puedan ocurrir en lo futuro; es decir, no se trata sólo de resolver situaciones pretéritas. El artículo 20 establece que el Ministerio del Interior rendirá cuenta de los dineros que distribuya y que hayan sido recibidos, con cargo a erogaciones particulares o al dos por ciento constitucional. A su vez, las personas que reciban dinero de parte de dicho Ministerio, también deberán rendir cuenta a la Contraloría General de la República. El mismo precepto agrega que este último organismo conocerá a conciencia de dichas cuentas; de modo que no exigirá cuenta detallada de las inversiones. En consecuencia, hay una liberalidad muy grande. En seguida, viene lo relativo a las especies. Creo que cualquier funcionario -no se trata del Ministro actual solamente, sino que de él y de los que pueden venir más adelante- deben rendir cuenta de los dineros o especies que reciba para socorrer a los damnificados. Es un principio de moral administrativa. A mi entender, no ha sido muy feliz el veto en esta parte. Rechazaré las observaciones del Ejecutivo, por las razones señaladas. El señor REYES (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor MUSALEM.- Estamos de acuerdo en que una disposición permanente que legisla para lo futuro debe servir para que los Gobiernos estén preparados frente a otras eventualidades e inventaríen todas las especies que se reciban para acudir en ayuda de los damnificados. Sin embargo, debo dejar bien en claro en el Senado que las circunstancias en que debió proceder este Gobierno, así como la rapidez y eficacia con que actuó, de lo cual es testigo todo el país, no permitieron tomar inventario de las especies. Si se hubiera hecho un inventario de todo lo recibido, tanto de dentro del país como de fuera de él, se habría retardado la entrega de las especies, que los damnificados por el terremoto necesitaban en forma urgente. Debimos elegir entre acudir rápidamente en su ayuda o, sencillamente, caer en un procedimiento burocrático y hacer un recuento de las especies para rendir cuenta ante la Contraloría General de la República. Nada más, señor Presidente. -El Senado acuerda insistir (15 votos contra 7 y 3 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, el Ejecutivo propone cambiar la ubicación del artículo 22 y agregarlo a continuación del artículo 3º transitorio, en el párrafo tercero de "Disposiciones transitorias", y sustituir la palabra "deberá" por "podrá". En realidad, son dos observaciones, y ambas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. El señor BOSSAY.- Deploro el cambio de la palabra "deberá" por "podrá". Pero la verdad es que, frente al problema reglamentario creado, más vale que exista ley comprensible antes de no existir nada. En caso de no figurar el término "podrá", el artículo 22 sería prácticamente incomprensible; y si rechazamos el veto, no quedarían las palabras "deberá" ni "podrá", y la disposición para nada serviría. Beneficia mucho más a la zona que la Corporación de la Vivienda pueda reparar, reconstruir o rehabilitar los edificios construidos por ella, que la ley no tenga significación. Por eso, a pesar de estar en desacuerdo con la idea contenida en el veto, la situación reglamentaria no nos permite otra solución que aprobarlo en la misma forma que la Cámara de Diputados. El señor AYLWIN.- Deseo agregar una razón de fondo a lo ya dicho. En verdad, la redacción del artículo 22, que aparece entre las disposiciones de carácter permanente, establece un verdadero seguro, a cargo de la Corporación de la Vivienda, contra toda clase de daños que sufran las propiedades construidas por ella. Piensen los señores Senadores que se trata de una disposición de carácter permanente, no sólo aplicable al último terremoto. ¿ Y qué establece el artículo 22, en la forma aprobada por el Congreso Nacional? "Con cargo a sus fondos propios y a los de la presente ley la Corporación de la Vivienda deberá reparar, reconstruir y rehabilitar todas aquellas construcciones ejecutadas por ella, sea por cuenta propia, por cuenta de otras instituciones o por mandato de terceros, sin perjuicio de repetir en contra del respectivo contratatista". ¿Cuándo deberá reparar, reconstruir o rehabilitar dichas construcciones? Como la disposición es de carácter permanente, deberá hacerlo en cualquier caso, sea con ocasión de un terremoto, sea a causa de incendio o porque los dueños las deterioren. El señor BOSSAY.- Eso es exageración. Este proyecto contiene disposiciones permanentes para los casos de sismos o catástrofes. El señor AYLWIN.- Admitido que el proyecto legisla sólo para los casos de sismos o catástrofes, ello significa que la Corporación de la Vivienda asegura a los adquirentes de viviendas construidas por ella la reparación de las que sean destruidas o deterioradas por cualquier tipo de sismo. Esto implicaría de parte de la CORVI, un seguro de un costo inmenso, cuyo financiamiento, indudablemente, no está considerado dentro del mecanismo de esa institución. Por esto, me parece obvio que este precepto excede la intención del legislador. En consecuencia, debe sustituirse la expresión "deberá" por "podrá" y pasar este artículo a ser una disposición transitoria. El señor CHADWICK.- Las observaciones del Honorable señor Aylwin obligan a meditar acerca del alcance del veto. Es posible comprender y aceptar que ha habido razón para trasladar el artículo 22 del conjunto de disposiciones permanentes al de las transitorias. Pero es incomprensible que el Ejecutivo, después de haber solicitado recursos para reparar, reconstruir o rehabilitar las casas dañadas por el terremoto, nos diga ahora que con ese dinero podrá o no podrá hacer lo que había ofrecido como justificación de estos nuevos impuestos. Es decir, se alteran sustancial- mente las razones o las causas que se tuvieron en cuenta al otorgar al Ejecutivo los recursos financieros que solicitó. Considero falta de seriedad tramitar un proyecto de ley en esta forma, y burlar, por medio de la sustitución de una palabra, el propósito expresado por el Ejecutivo para justificar la petición de nuevos tributos. Estamos de acuerdo en incorporar este artículo a las disposiciones transitorias. pero somos contrarios a la idea de dejar en libertad al Ejecutivo para emplear los dineros que hemos otorgado con un fin específico y claro: reparar, reconstruir o rehabilitar. El señor CURTI.- Quedaríamos sin ley en esa parte, pues el artículo estaría privado de verbo, de acción. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Deseo que el señor Presidente de la Comisión de Hacienda, que tuvo a su cargo el despacho de este proyecto, nos aclare el sentido del artículo 22, que dice: "Con cargo a sus fondos propios y a los de la presente ley, la Corporación de la Vivienda deberá reparar, reconstruir y rehabilitar todas aquellas construcciones ejecutadas por ella . . En fin, no quiero cansar la atención de los Honorables colegas con el resto de la lectura del artículo, pues cada uno tiene su texto a la mano. Me referiré a un caso concreto. En San Felipe, una población entregada dos o tres meses antes del sismo, se derrumbó en casi su totalidad. El señor CURTI.- ¡No había fraguado... ! El señor CONTRERAS (don Víctor).- Los ocupantes de esas viviendas han quedado prácticamente en la calle. Los constructores que recibieron el valor de esas obras han quedado sin castigo y los únicos dañados por el sismo son los ocupantes de la población. El señor CURTI.- ¿Cómo se llama esa población? El señor CONTRERAS (don Víctor).- El Honorable señor Bossay puede informar a Su Señoría a ese respecto. El señor BOSSAY.- Se trata de las poblaciones "Prat" y "Pedro Aguirre Cerda". El señor CONTRERAS (don Víctor).- Los ocupantes de esas poblaciones quedaron prácticamente en la calle. Ahora la CORVI "podrá" reconstruir esas habitaciones. Considero que esto no es justo. Quienes construyeron esas poblaciones incurrieron en grave delito, en estafa, al utilizar materiales de mala calidad, no asísmicos. En consecuencia, esos pobladores se encuentran ahora inermes y tendrán que continuar pagando, a largo plazo, por cierto, las viviendas que ocupan. ¿Quién se las va a reconstruir? Considero que esto merece una explicación del Honorable señor Bossay, quien presidió las Comisiones unidas. El señor BOSSAY.- No tengo ningún inconveniente en complacer a Su Señoría, en la forma más breve posible. Al referirme a este aspecto no he tocado el problema de fondo, respecto del cual participo de las opiniones expresadas por el Honorable señor Víctor Contreras. Incluso, podría argumentar mucho más todavía, ya que son numerosas las poblaciones de las provincias de Valparaíso y Aconcagua y, en especial, la construida por la CORVI en Quillota, en las que, evidentemente los contratistas emplearon materiales de mala calidad. Esto puede apreciarse en las vigas y en las bases de hormigón, las cuales pueden casi deshacerse con la mano. Es indudable que en esas condiciones, tales viviendas no podrían resistir un terremoto, ni siquiera un temblor. Participo de la idea de que la CORVI, con cargo a los recursos que le otorga este proyecto y a sus propios fondos, sin perjuicio de repetir en contra de los respectivos contratistas, repare, reconstruya y rehabilite esas viviendas. Esto es de toda justicia, porque esos modestos pobladores las adquirieron sobre la base de cuotas re- ajustables; de modo que una propiedad de valor de nueve mil escudos, costará, al cabo de 15 ó 20 años, 70 mil escudos. A los adquirentes no les cabe, por cierto, ninguna responsabilidad por la mala calidad de esas viviendas. Espito, en consecuencia, que participo plenamente del espíritu del artículo vetado. La explicación que di denantes fue de carácter reglamentario. De no aprobar lo resuelto por la Cámara, la disposición quedaría en la siguiente forma: "Artículo 22.- Con cargo a sus fondos propios y a los de la presente ley, la Corporación de la Vivienda reparar, reconstruir, rehabilitar...", etcétera. O sea, el precepto resultaría trunco y sin ningún sentido. Fui partidario, en todo instante, de dar carácter imperativo a esta norma; pero ante la alternativa de dejar una disposición sin sentido alguno, prefiero aceptar la sustitución propuesta por el veto. Abrigo la esperanza de que los arquitectos e ingenieros y demás integrantes del Consejo de la CORVI tengan la mínima ética de asilarse en este artículo para repetir en contra de los terceros a que haya lugar y proceder a reconstruir o reparar las viviendas dañadas. El señor CONTRERAS (don Víctor).- El veto es una burla. El señor BOSSAY.- Esta es mi opinión desde el punto de vista reglamentario. En el aspecto de fondo, participo plenamente de lo expresado por Su Señoría. El señor CHADWICK.- Los Senadores socialistas estimamos que en esta materia tanto el Ejecutivo como el Congreso deben asumir sus respectivas responsabilidades. Si el Gobierno, mediante el arbitrio de sustituir una palabra, deja una disposición básica sin ninguna aplicación posible, corresponderá a él, y no al Congreso, reparar el mal que con ello causa. No hay duda de que si no se permite a las instituciones mencionadas en el artículo 22, reparar, reconstruir y rehabilitar con cargo a los recursos que otorga este proyecto, las viviendas que han entregado a los sectores populares, se frustraría uno de los principales fines de la legislación en debate. Los Senadores socialistas somos partidarios de que cada uno asuma la responsabilidad que le incumbe: el Ejecutivo, lo es, por de pronto, del daño que causa mediante recursos verbalistas carentes de seriedad. El señor PALMA.- En mi concepto, el Ejecutivo, mediante el veto, se ha querido colocar en el terreno real en que se plantean los problemas. Es evidente que los daños sufridos por cada una de las viviendas afectadas por el sismo, no son del mismo volumen ni de la misma importancia. Habrá, sin duda, reparaciones que "deberá" hacer la CORVI y otras que "podrá" ejecutar. Ello dependerá de la mayor o menor cuantía de los daños, de su mayor o menor importancia, etcétera. Imponer a esa institución la obligación de efectuar tales reparaciones, implicaría crearle un problema extraordinariamente serio en lo que toca a resolver las múltiples peticiones que le formularía todo aquel que se sintiera con derecho para declamar la aplicación de un precepto de esa naturaleza. Por eso, estimamos mucho más lógico, como lo propusimos en oportunidad anterior, dar carácter facultativo a esta disposición. Aquí se han expuesto razones hasta de carácter moral, e incluso se quiere dar lecciones en este orden de cosas. Pero la verdad es que ya el Ejecutivo, con los medios de que dispone, está haciendo lo que le corresponde. En efecto, la CORVI designó una comisión, presidida por el señor Rodrigo Flores, la cual, desde la fecha del terremoto hasta ahora, ha estudiado todas las situaciones producidas y emitido un detallado y extenso informe sobre ellas, el cual consigna conclusiones sobre las respectivas responsabilidades. Esto, porque, como en el caso de Illapel, las hay que afectan directamente a los contratistas; otras, a los arquitectos proyectistas y otras a la propia institución. Por lo tanto, dada la extraordinaria complejidad del problema, lo más lógico es dejar entregado el discernimiento sobre esta materia a un Consejo que se sabe responsable ante el país y las personas beneficiadas. En consecuencia, nosotros aprobaremos el veto en la convicción de que ello no significa rehuir ninguna responsabilidad, sino buscar un camino realista y práctico para que ella pueda ser efectivamente establecida por las autoridades a quienes corresponda hacerlo. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Considero que cabe responsabilidad al Ejecutivo, pues, como autor del veto, pudo haber hecho alguna ampliación o aclaración en consonancia con el pensamiento sustentado por el Congreso. Pudo, por ejemplo, haber establecido que las edificaciones que hubieran acusado deficiencias, como consecuencia del sismo, deberían ser reparadas por cuenta de la CORVI, sin perjuicio de hacer responsables a quienes las construyeron. Eso no se consideró en el veto. De manera que en la forma en que ha quedado redactado el proyecto después de la resolución adoptada por la Cámara, hace efímero todo lo obrado por el Senado para convertir en obligatoria la reparación de las viviendas dañadas por el terremoto. Votaré por mantener el criterio del Senado. El señor REYES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece al Senado, se acordaría pasar este artículo al conjunto de disposiciones transitorias. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente pone en votación si se mantiene o no la palabra "deberá". -Durante la votación. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Muy importantes han sido las aclaraciones formuladas respecto del artículo 22, pero queda en pie el problema planteado por nosotros. Se anunció la realización de un censo para determinar el número de personas damnificadas y adoptar las medidas pertinentes. No obstante, se ha eludido establecer una disposición imperativa que obligue a la Corporación de la Vivienda a reconstruir las casas entregadas a la población cuando tales viviendas sufrieron daños debido al empleo de materiales inadecuados o de mala calidad por parte de la firmas contratistas. De esa manera, se obligará a muchas personas a emprender las labores de reconstrucción por sus propios medios. Por estas consideraciones, insistiremos en la disposición aprobada por el Congreso, como una manera de demostrar que las enmiendas propuestas por el Gobierno no favorecen a los damnificados: por lo contrario, su aplicación les resultará perjudicial. El señor TEITELBOIM.- Señor Presidente, estimo que el arbitrio empleado por el Gobierno, consistente en cambiar el vocablo "deberá" por "podrá", barrena un concepto esencial de la reconstrucción. El precepto en debate persiguió precisamente encomendar a la Corporación de la Vivienda la reparación, reconstrucción o rehabilitación de aquellas obras ejecutadas directamente por ella o por cuenta de otras entidades. El veto, en cambio, modifica la finalidad del artículo enmendado y entrega a la voluntad o al capricho de esa institución el cumplimiento de un deber. Vale decir, transforma un precepto obligatorio en una simple recomendación, en una posibilidad. Comparto enteramente la opinión expresada por el Honorable señor Chadwick; se ha proporcionado al Gobierno una fuente de recuros para aliviar, en especial a los sectores sociales más modestos, la situación derivada del terremoto de marzo último. Ahora, una vez obtenido el financiamiento, el Ejecutivo, por la vía del veto, reduce al mínimo las obligaciones contenidas en el proyecto aprobado por el Congreso, con lo cual deja -valga la expresión- prácticamente en el aire a los sectores más necesitados. Ello me parece una burla a los damnificados y constituye un procedimiento que no reviste seriedad. Por tal motivo, sumándome a los votos de mis Honorables colegas del Frente de Acción Popular, voto por la insistencia. El señor PRADO.- Señor Presidente, considero que se puede usar y abusar de la palabras. Hemos despachado un proyecto de ley patrocinado por el Ejecutivo muy poco tiempo después de ocurrido el sismo. Con anterioridad a esta iniciativa, envió otra para que las cajas de previsión pudieran otorgar préstamos extraordinarios a sus imponentes. Todo el país conoce el sentido de responsabilidad con que el Gobierno enfrentó el sismo. El propio Ejecutivo formuló una base de financiamiento para este proyecto; y yo diría que no fueron precisamente los Senadores de Oposición que me han precedido en el uso de la palabra, quienes contribuyeron al otorgamiento de mayores recursos. El señor CHADWICK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor PRADO.- El Gobierno está reconstruyendo por intermedio de la CORVI las tres provincias devastadas. Sin embargo, se pretende poner en tela de juicio la intención del Ejecutivo, en cuanto a que no empleará los recursos otorgados por esta ley precisamente en las labores de reconstrucción que emprenderá la CORVI, a muchos ítem de cuyo presupuesto ingresarán estos dineros. No acierto a comprender los racionamientos de mis Honorables colegas que quieren presentarlo todo negro o todo gris. Votaré a favor del veto por estar seguro de que esos dineros se invertirán en los fines previstos. Y a nadie asiste el derecho de suponer que los recursos de esta ley tendrán otro destino. En este aspecto, se abusa de las palabras al hablar en forma insistente de falta de seriedad, cuando no hay fundamento para hacer tales aseveraciones . Lo único que se ha perseguido mediante el veto es hacer menos rígida e inflexible la ley. No obstante, si en algún momento la institución pública denominada Corporación de la Vivienda -cuyos Vicepresidente Ejecutivo y consejeros son personalmente responsables ante la ley -se aparta de la línea que le corresponde, ello se sabrá, pues sus actos son públicos y podrán traerse al debate en el Senado. Mientras tanto, no podemos negarle los instrumentos legales indispensables. No dictemos disposiciones que equivalen a crear para ella una verdadera cárcel. En determinado momento, la CORVI, por causas plenamente justificadas podría desear no recurrir a tales disposiciones; y de nada valdrían sus razones, porque habríamos aprobado un precepto imperativo. Voto en favor del veto. El señor ALLENDE.- No deja de extrañarme el apasionamiento del Honorable Senador por Valparaíso para refutar las justas afirmaciones de mis colegas Chadwick y Teitelboim. Quiero señalar que los representantes populares, no sólo no han tenido una actitud de incomprensión, sino que han estado bregando por ayudar al Gobierno a que encare la reconstrucción. Debo recordar que con tres meses de antelación al proyecto del Ejecutivo, nosotros propusimos una iniciativa de ley para otorgar amplísimas atribuciones, en materia de expropiación, al ciudadano Presidente de la República. Además, en una amplia intervención, el Honorable señor Chadwick expuso nuestro criterio frente al financiamiento. Dicho señor Senador proporcionó cifras y cálculos -desde luego, con un pensamiento distinto al del Gobierno- concernientes a la obtención de mayores recursos sobre la base de que el más alto esfuerzo tributario recayera en las poderosas compañías cupreras. En el proyecto que menciono, se autorizaba al Jefe del Estado para contratar un empréstito hasta por cien millones de dólares -con sentido diferente del sustentado por el Gobierno- para importar bienes de capital; se señalaba un régimen de intereses y amortizaciones, y se hacía presente que podría emplearse una modalidad que en el fondo equivale al trueque con los países socialistas. Nada más injusto, pues, que colocarnos a nosotros en actitud renuente frente al Ejecutivo con relación a esta catástrofe que, a nuestro modo de ver, es de carácter nacional. Nuestra experiencia ha sido muy dura : fuimos atacados como partido en la forma más violenta, injusta, artera y cobarde por unas frazadas que supuestamente se perdieron durante el terremoto de 1939 ocurrido en Chillán. ¡Sabemos perfectamente cómo la pasión política ciega a muchos! Por eso, no la hemos usado contra este Gobierno. La emplearemos para defender nuestros puntos de vista o cuando el Ejecutivo vulnere derechos de la mayoría de! país. Voto por la insistencia. El señor AYLWIN.- Pido la palabra para fundar mi voto. La afirmación de que el texto que propone el Ejecutivo constituye una burla a la destinación de fondos consignados por esta ley es, sin duda, aventurada y prematura. La experiencia está demostrando que el Gobierno ha estado preocupado, antes de la dictación del texto legal, de reconstruir y reparar en la zona devastada. Cuando haya pasado el tiempo, si se comprueba que el Gobierno no ha reconstruido ni reparado, sólo entonces podrá hablarse de burla. Si, por lo contrario, repara y reconstruye, querrá decir que los intereses del pueblo han sido bien servidos -como están siéndolo- y, entonces, las palabras que hemos oído a nuestros Honorables colegas no pasarán de ser una afirmación aventurada. Voto por la no insistencia. El señor TEILELBOIM.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor REYES (Presidente).- Estamos en votación. Terminada la votación. -Se acuerda no insistir (13 votos contra 1 y 2 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- El Ejecutivo propone suprimir el segundo inciso del artículo 24. En el boletín comparado hay un error, por cuanto se dice que la supresión propuesta se refiere al primer inciso. En realidad, el Ejecutivo propone suprimir el inciso segundo, que figura en la página 25 del impreso, que dice: "Sin embargo, los Ferrocarriles del Estado cederán a título gratuito al personal de obreros de San Felipe, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, los terrenos fiscales que ocupaba la línea del ramal de San Felipe a Putaendo, para que construya en ellos un grupo habitacional." La Cámara de Diputados aceptó la supresión de este inciso. El señor REYES (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor CHADWICK.- ¿Podríamos ser informados sobre las razones que tuvo en vista el Ejecutivo para suprimir este inciso? El señor MUSALEM.- Su Señoría puede imponerse de los fundamentos del veto en la página 5 del impreso correspondiente. El señor PALMA.- Consisten, en el fondo, en que el inciso que se propone suprimir es contrario a la ley 14.999. El señor CHADWICK.- Al parecer, la dirección del debate se está haciendo en forma colectiva, modalidad que no consigna el Reglamento y que vulnera. . , El señor MUSALEM.- No necesitamos lecciones de Su Señoría. El señor CHADWICK.- ... el derecho de los Senadores. En cuanto a lecciones, parece que a veces las necesitan Sus Señorías, aunque no pretendemos darlas. El señor MUSALEM.- Pero el señor Senador las da a cada rato. El señor PALMA.- De ser así, cambiaríamos el profesor. E31 señor CHADWICK.- Estoy en el uso de la palabra y ruego a la Mesa hacer respetar mi derecho. El señor REYES (Presidente).- La Mesa lo está haciendo, señor Senador. El señor GOMEZ.- Ruego a mis Honorables colegas facilitar la labor de la Mesa. .. El señor CHADWICK.- Estamos pronunciándonos sobre un veto en circunstancias excepcionales, sin que haya mediado el trámite de Comisión y sin que se nos haya informado sobre los antecedentes de las observaciones del Ejecutivo. Formulo indicación para que cada vez que se dé cuenta de una disposición observada, se informe sobre las razones tenidas en cuenta para vetarla. El señor REYES (Presidente).- ¿Su Señoría formula indicación para que se de lectura al fundamento del veto? El señor CHADWICK.- Sí, señor Presidente, para ahorrarnos la intervención de algunos profesores graciosos. El señor PALMA.- ¡Su Señoría, como profesor, tiene harto poca gracia! El señor ALLENDE.- ¡Se están sublevando los alumnos! El señor REYES (Presidente).- Se dará lectura al oficio, pero advierto que es muy extenso. El señor FIGUEROA (Secretario).- Dice el fundamento del veto consistente en suprimir el segundo, inciso del artículo 24: "En la Ley Administración de la Empresa, existe actualmente una disposición que autoriza la donación de inmuebles a favor del Fisco, para ser destinados, de preferencia a establecimientos escolares, siempre que ellos, por supresión del ramal de su ubicación, no sean necesarios para los servicios de la Empresa. "Por otra parte, el artículo 23 de la Ley Nº 14.999 autoriza también a la Empresa para transferir al valor del avalúo fiscal terrenos que no sean necesarios para sus servicios, para la construcción de poblaciones por intermedio de la Corporación de Vivienda, o la edificación de escuelas y cuarteles de Carabineros, debiendo la Corporación dar preferencia en la venta de las casas o departamentos que construya en dichos terrenos, al personal de la Empresa. "Esta misma disposición autoriza también a la Empresa para transferir al valor del avalúo fiscal terrenos a su personal o a organizaciones del personal que acrediten contar con los recursos necesarios para la edificación en ellos de viviendas en forma directa o por intermedio de Asociaciones de Ahorro y Préstamo. "Existiendo una legislación expresa sobre el destino que debe dar la Empresa a los inmuebles de su dominio que no necesite para sus servicios, por supresión del ramal u otras razones, no aparece justificado, ni conveniente, dictar nuevas normas legales sobre la misma materia, más aún si se tiene presente que el legislador ha considerado especialmente como destino de dichos inmuebles, la construcción de escuelas, cuarteles de Carabineros, o habitaciones para el propio personal ferroviario, destino inobjetable, dado el fin social que se persigue. "En consecuencia, no se justificaría ceder a título gratuito un inmueble a los obreros del Ministerio de Obras Públicas si se considera que con motivo de la dictación de la Ley 14.999, se han presentado a la Empresa un sinnúmero de peticiones de compra de inmuebles para el personal ferroviario, la mayor parte de las cuales no será posible atender, pues los terrenos que la Empresa no necesita para sus servicios son limitados, ya que debe considerar al respecto, no sólo su aprovechamiento actual sino las posibilidades futuras de modernización y extensión de los servicios que lógicamente traerán una ampliación de las estaciones y recintos ferroviarios que debe proveerse desde luego. "Toda otra disposición sobre la misma materia perjudicará las legítimas aspiraciones dé los oponentes a inmuebles, beneficiados con la Ley Nº 14.999, y creará a la Empresa inconvenientes de todo orden al tramitar y resolver peticiones que no podrá en definitiva atender". El señor REYES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente pone en votación el veto. - (Durante la votación). El señor CHADWICK.- Los Senadores de los partidos populares votaremos a favor de la insistencia, por la razón especial que aconseja dictar una norma de excepción. Se trata de ayudar a obreros damnificados por el terremoto, que no tienen casa y, en consecuencia, merecen ser distinguidos de los demás obreros regidos por las disposiciones generales. Por lo expuesto, vamos a insistir. El señor TEITELBOIM.- Nosotros insistiremos, porque fue éste nuestro pensamiento en la discusión del proyecto y lo fundamentamos en el momento en que se debatió el articulo. Nos parece que no se peca por el hecho de insistir en cuanto a la necesidad de entregar, a la población a que se refiere el precepto, los terrenos fiscales que ocupaba el ramal de San Felipe a Putaendo, a fin de construir allí un grupo habitacional. Respecto de la observación formulada por un Honorable colega en cuanto a esperar los resultados de la aplicación de la política de reconstrucción del Gobierno, tengo antecedentes para estimar preferible que la ley imperativamente establezca una obligación y no un acto de mera voluntad. He recibido diversos reclamos de damnificados en el sentido de que se ha discriminado en la distribución de la ayuda y de las casas de emergencia. Por eso, creo más en el imperio de la ley que en la voluntad de organismos públicos determinados. Voto por la insistencia. El señor NOEMI.- Yo había votado favorablemente esta indicación tomando en cuenta la necesidad de proporcionar esos terrenos a los trabajadores; sin embargo, por las razones dadas por el Ejecutivo, que me parecen de bastante peso, y por mi calidad de miembro disciplinado del Partido Demócrata Cristiano, voto por la no insistencia. El señor PRADO.- Deploro que se haya afirmado que hubo discriminación en la forma de distribuir las casas de emergencia. Igual que todos los parlamentarios de la zona, recorrí el territorio damnificado y pude comprobar que si algo funcionó bien en esas provincias -y diría, en forma neutral-, fue precisamente la distribución de las casas por parte de los organismos de la vivienda. Me atrevería a decir que se ha cargado la mano en otro sentido, esto es, con el fin de evitar que la situación fuera presentada en forma que no concuerda con la realidad. Quisiera que, cuando se hicieran imputaciones de esta naturaleza, se las formulara de manera suficientemente precisa, para que no aparecieran lanzadas al azar. El señor TEITELBOIM.- ¿Me permite? El señor PRADO.- Estoy fundando mi voto. El señor TEITELBOIM.- He recibido reclamos concretos sobre el particular, de los que he dado cuenta a la Sala y constan en oficios enviados por el Senado a petición del que habla. De modo que mis imputaciones son absolutamente precisas y determinadas. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Quiero advertir que se está votando en forma equivocada. El señor Secretario puso en votación si se aprobaba o no el veto. En consecuencia, los que lo aceptan debieron votar afirmativamente. Pero hay Senadores que, no obstante querer votar en esa forma, votaron negativamente. El señor FIGUEROA (Secretario).- Yo he interpretado como negativo los votos de los señores Senadores que votaron afirmativamente al pronunciarse en favor de la insistencia. El señor ALLENDE.- Mucho más confundido estoy ahora. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- El señor Secretario ha interpretado. El señor FIGUEROA (Secretario).- He interpretado: a quienes insistieron, les computé su voto como negativo. El señor SEPULVEDA.- i Interpretó a la perfección...! El señor CURTI.- Estamos como en el cacho. .. ! El señor ALLENDE.- Así parece. El señor REYES (Presidente).- ¿Hay algún señor Senador que, por la forma en que se tomó la votación, ha sido inducido a error? El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Quisiera saber cómo se computó mi voto. El señor FIGUEROA (Secretario).- Su Señoría votó aprobando la observación. Los Honorables señores Chadwick, Víctor Contreras, Teitelboim, Allende y Altamirano votaron en contra de la observación. El señor GOMEZ.- Yo voté igual que el Honorable señor Alessandri, pese a que me estaba pronunciando en contra de la observación. El señor FIGUEROA (Secretario).- ¡Ahí sí que me equivoqué! El señor REYES (Presidente).- Se repite la votación. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente pone en votación si se aprueba o no el veto. -Se aprueba la observación (10 votos en favor, 9 en contra y 4 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- En el artículo 28, el Ejecutivo propone agregar una letra, fundado en lo siguiente; "Esta medida es absolutamente indispensable para desarrollar el Mercado Secundario de créditos y, en esa forma, financiar con medios internos el Sistema de Ahorros y Préstamos. Por el contrario, si tal facultad no se confiere a la Caja, se mantendrá inmóvil la riqueza que representan los créditos hipotecarios otorgados por las Asociaciones y se evitará la expansión rápida del Sistema, lo que puede significar un incalculable impacto para el Plan Habitacional del Supremo Gobierno". La Cámara de Diputados aprobó esta letra agregada por el Ejecutivo, que dice asi: "c) Agrégase el siguiente artículo: "Artículo...- La Caja Central de Ahorros y Préstamos podrá emitir, cuando ello sea necesario, a juicio de su Junta Directiva, pagarés y bonos, hasta por el 60% del monto total de los créditos hipotecarios que haya adquirido de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo conforme a este Decreto con Fuerza de Ley. Estos valores se considerarán siempre de primera clase y de fácil realización para todos los efectos legales". El señor REYES (Presidente).- En discusión el veto. Ofrezco la palabra. El señor BOSSAY.- Este artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo, con otra redacción, fue rechazado en dos oportunidades por el Senado. Nuestra inquietud respecto de que la Caja Central de Ahorro y Préstamo pudiera emitir "cuando ello sea necesario, a juicio de su Junta Directiva, pagarés y bonos, hasta por el 60% del monto total de los créditos hipotecarios", se refiere a la posibilidad de que esos documentos de crédito sean reajustables. La razón de nuestra inquietud es la eventual competencia en el mercado entre el sector público, expresado por las obligaciones reajustables del Banco del Estado, del Banco Central y de la CORVI, y el sector privado, expresado por estos pagarés que pueda emitir la Caja Central por una suma muy importante, los que, en un mercado restringido de crédito, serían solicitados por este organismo, el cual, pese a cumplir una función muy conveniente, actúa como entidad privada con tuición fiscal. Se trata de un organismo privado que cuenta con créditos norteamericanos para llevar a la práctica sus fines. La duda que ahora nos asalta deriva de lo siguiente: se ha modificado la redacción; se ha dicho, simplemente, "estos valores se considerarán siempre de primera clase y de fácil realización para todos los efectos legales", pero el decreto con fuerza de ley a que se refiere esta disposición hace reajustables todos los tipos de crédito de estos organismos. Por lo tanto, agregada esta disposición en la letra c) del artículo que, a su vez, se agregaría en aquel decreto con fuerza de ley, pasaría a formar parte de un cuerpo legal en que todo es reajustable. No me siento en estos instantes con los antecedentes necesarios para afirmar hasta dónde es conveniente o inconveniente este veto, pero sí puedo afirmar que es perjudicial legislar a la carrera sobre materias de esta naturaleza. Este asunto, con la redacción propuesta, debió ser estudiado por la Comisión. No sabemos hasta dónde deberíamos haber estudiado el decreto con fuerza de ley, cuál es el efecto que producirá, en cuál mercado actuará esta reajustabilidad. En este momento nos encontramos abocados a decir sí o no, sin poder apreciar debidamente cuáles serán las consecuencias y si éstas serán contrarias al interés general. En unos meses m��s se nos acusará en la prensa en el sentido de que legislamos en forma apresurada y no estudiamos profundamente los diversos proyectos de ley. En verdad, es el sistema de introducir disposiciones complejas y de extraordinarias consecuencias por la vía del veto aditivo lo que nos ha llevado a esa situación. Por esto, a pesar de la redacción con que se ha presentado el precepto en debate, me inclino más a rechazar el veto y a insistir en lo aprobado por el Congreso. El señor CHADWICK.- Se halla pendiente de la Comisión de Obras Públicas del Senado un proyecto que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en el cual se legisla sobre la Caja Central de Ahorro y Préstamo como organismo autónomo y se consignan preceptos que reglamentan su sistema crediticio. Me parece abiertamente irregular, por la vía del veto aditivo y en forma tan sorpresiva, traer al Senado una materia que necesariamente debe ser examinada en el conjunto de la política que rige todo el sistema de crédito del sector público. Más aún; debo recordar que el señor Ministro de Obras Públicas nos ha anticipado algunos criterios que, más tarde, podrán utilizarse para establecer un sistema de reajuste que considere el ingreso de los deudores por grupos familiares, así como otros aspectos que permitan hacer desaparecer, aunque sea en parte, las fundadas críticas que hoy se mantienen al rígido sistema del reajuste que toma en cuenta un solo factor. Me parece que si este proyecto ya pende de la consideración del Senado; sí se está estudiando sistemáticamente la materia, y si, finalmente, habrá de enviarse a la Comisión de Hacienda para que finalice sus observaciones con acopio de antecedentes, es sin duda prematuro e in- aconsejable elegir este camino de irrumpir en un sistema y provocando contradicciones evidentes con las medidas que se anticipan respecto del crédito por medio del Banco del Estado y del Banco Central. Los Senadores socialistas no hemos tenido oportunidad de estudiar el alcance de esta disposición, relacionada de modo indirecto con el proyecto de reconstrucción. Por ahora, nos parece que debe ser rechazada la indicación que, por la vía del veto aditivo, se nos presenta. El señor PALMA.- Señor Presidente, sin duda alguna todo el problema habitacional y todos los planes del Gobierno se componen, en ¡a práctica, de des procedimientos. Uno de ellos es el que dice relación al funcionamiento del Ministerio de la Vivienda, organismo que trabajará en el sentido de coordinar todas las medidas, disposiciones y entidades que sobre esta materia actúan en el país, para lograr de este ordenamiento mayor efectividad que la permitida por la situación vigente. Creemos, no obstante, que, en espera de una legislación futura, no podemos detener la solución de problemas inmediatos y en extremo urgentes. Por lo tanto, todas las decisiones que podamos adoptar para mejorar la situación vigente en esta materia tienen ese carácter y es conveniente tomarlas, por cuanto son de gran sentido y alcance social. Nos parece, por eso, necesario robustecer la gestión de la Caja Central de Ahorro y Préstamo y de todas las instituciones ligadas a las leyes que dicen relación a ella, dada la importancia del papel que deberá desempeñar en la reconstrucción de la zona devastada. Debo declarar, para satisfacer la curiosidad del Honorable señor Bossay, que, sin duda alguna, las proposiciones aquí formuladas, para facilitar a la Caja Central de Ahorros y Préstamos la posibilidad de otorgar pagarés y bonos, deben entenderse dentro de las mismas disposiciones legales y reglamentarias a que están afectas las instituciones que actualmente gozan de esas franquicias. Por lo tanto, en este caso tendrán también el carácter de reajustables. Por lo demás, los créditos de esta institución sobre los cuales se emitirán los pagarés, son a su vez reajusta- bles; de manera que el juego económico funciona en forma relativamente normal. ¿Por qué el Ejecutivo ha estimado necesario agregar como veto aditivo este artículo? Porque las disposiciones aprobadas no ayudaban a resolver el problema urgente e inmediato de la Caja Central de Ahorro y Préstamo en los momentos actuales. En efecto, dentro de los convenios que esta institución tiene con los organismos internacionales que la ayudan a financiarse, existe la obligación de colocar en el mercado el mayor número de créditos hipotecarios, con el objeto de recuperar de éste fondos que, en otra forma, la Caja tendría que mantener empozados durante largo tiempo. Actualmente, la Caja Central de Ahorro y Préstamo puede legalmente hacer transferencia completa del crédito hipotecario que tenga sobre una propiedad, que a su vez puede tener deudas con alguna de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. De tal manera que un crédito por 100.000, 50.000 ó 20.000 escudos sobre determinada propiedad puede ser transferido íntegramente a un interesado en comprarlo, por un monto determinado en la ley que es, me parece, del orden del 60 por ciento del valor de ese crédito. Pero -repito- debe ser una transferencia total. La disposición ahora en estudio tiene por objeto facilitar la transferencia de estos créditos sin ligarlos a una operación determinada. Se trata de reemplazarlos por pagarés y bonos, que tendrían el respaldo hipotecario del respectivo crédito, del cual serían una fracción. De esta manera se facilita la colocación del crédito en el mercado secundario, que, según los estudios realizados en nuestro país, parece ser sumamente importante. Si nos atenemos a las cifras proporcionadas por la Caja Central de Ahorro y Préstamo en una minuta que seguramente tienen a mano los señores Senadores, esta institución, cumpliendo con los convenios internacionales, puede utilizar un saldo pendiente de crédito que se le ha otorgado por más de seis millones de dólares. Para ello le es absolutamente necesario vender créditos hipotecarios por una cantidad cercana a doce millones de escudos y, de acuerdo con la legislación actual, para conseguirlo no tendría otra manera que buscar la transferencia completa de los créditos, lo cual, por ser muy difícil en la realidad, hace inoperante la posibilidad de usar el crédito externo. El fraccionamiento del crédito por medio de los bonos y pagarés tiene además la ventaja de que pueden ser adquiridos por modestos ahorrantes, quienes, a su turno, podrían utilizarlos en sus operaciones de crédito. Así resulta también estimulado el espíritu de ahorro de los sectores modestos de la población, pues se les abren posibilidades de llegar a ser propietarios. Por las razones expuestas, nos parece oportuno y razonable agregar esta disposición, que agiliza el funcionamiento de la Caja Central de Ahorro y Préstamo, y le resuelve un problema económico importante. He concedido una interrupción al Honorable señor Aylwin. El señor AYLWIN.- Con relación a la sugerencia del Honorable señor Chadwick, en el sentido de que esta proposición debería quedar pendiente para considerarla en el debate sobre el Ministerio de la Vivienda que oportunamente se promoverá, quiero agregar algunas observaciones. La Caja Central de Ahorro y Préstamo tiene un plazo, qué vence el 31 de diciembre próximo, para girar el saldo de seis millones de dólares del crédito que se le ha ofrecido. Para ello, como se sabe, debe tener previamente colocados los créditos hipotecarios por las cantidades a que está obligada según los convenios internacionales. En el último tiempo, se ha logrado colocar crédito por nueve millones de escudos, más o menos, y en lo que resta del año deberán colocarse once millones, para poder girar sobre el saldo de seis millones de dólares. De aquí la importancia que para la ejecución del plan habitacional tiene la aprobación de este artículo propuesto en el veto aditivo. El señor REYES (Presidente).- Ofrezco la palabra. . El señor CHADWICK.- Pido la palabra, señor Presidente. Resulta inevitable señalar lo contradictorio de los dos criterios manifestados en la discusión final de este proyecto sobre reconstrucción. Cuando se trató de ir en auxilio de los campesinos del valle del Choapa, en situación extraordinariamente aflictiva, porque han perdido la asignación familiar que les servía de ayuda principalísima para el sustento de sus vidas, el Ejecutivo estimó que debía esperarse una legislación todavía no concebida, ni mucho menos presentada a ninguna de las ramas del Congreso. Ahora, señor Presidente, cuando hay un proyecto de ley en segundo trámite constitucional -vale decir, ya aprobado por la Cámara de Diputados- que trata precisamente de estas materias y que ha tenido aun urgencia para su despacho; "que está examinado ya por la Comisión de Obras Públicas de preferencia, por habernos dado nosotros tiempo para sesionar en horas especiales, ¿qué justificación tiene que se nos venga a arrancar, por el medio sorpresivo del veto aditivo, una disposición que puede tener las explicaciones que se han dado en la Sala, pero que en todo caso requiere un examen más profundo? Estamos por legislar de manera responsable, con acopio de todos los antecedentes relativos a la materia; y no podemos renunciar a este principio so pretexto de que las razones que se nos dan sumaria- mente, sin que tengamos siquiera la posibilidad de meditarlas, harían procedente este veto. Si en el Senado está pendiente un proyecto de ley relativo a este mismo asunto y que aborda el problema en su aspecto global, me parece inaceptable que se nos venga a introducir esta idea, cuyo alcance, en las actuales circunstancias, ni siquiera podemos analizar. El señor FERRANDO.- No es tan sorpresiva la medida, puesto que estaba en el proyecto primitivo. El señor BOSSAY.- No, señor Senador. Fue una indicación del Ejecutivo, en el segundo trámite constitucional. Para la historia de la ley, quiero dejar establecido que ésta es una típica modificación de la línea sustentada por el Gobierno frente a una materia determinada. El Ejecutivo ha planteado, por lo menos en discursos -todavía no llega el proyecto respectivo-, su intención de poner término a las excepciones tributarias. Sin embargo, lo que propone es como echar bencina del más alto octanaje al régimen de franquicias. Estos bonos y pagarés reajustables, dentro de la hipoteca misma, gozan de 7 % de interés, son reajustables cada seis meses y están al margen de todo tributo, a menos que los afecte la norma de que la liberación no se extiende al pago del impuesto global complementario. El señor MUSALEM.- No quedan exentos de ese impuesto. El señor BOSSAY.- Si no lo pagaran, significaría eximir la "pequeña" suma de 12 mil millones de pesos. ¿Qué se está buscando? La cantidad de 12 mil millones de pesos, para poder obtener los 6 millones de dólares que constituyen el saldo de un crédito por 9 millones de dólares. En otras palabras, de esta disposición se deriva una serie de problemas. Posiblemente no pueden conseguir el resto de ese préstamo, por no haber colocado la cantidad de hipotecas que los norteamericanos exigen para entregarlo antes de fin de año, en atención a que, dentro del acuerdo, es necesario efectuar cierta colocación. Si las hipotecas no se han colocado, no es por este problema. En realidad, éste es un subterfugio. La colocación de las hipotecas en pedacitos, para captar el ahorro del sector privado y llevarlo a este otro terreno, no ha sido posible porque el sistema mismo es gravoso y no corresponde a la propaganda que las organizaciones interesadas realizan. ¡Si nosotros leemos los enormes avisos que ellas hacen publicar en la prensa! Sin embargo, los parlamentarios sabemos, por las consultas que nos hace la gente respecto del plan habitacional, que hay miles y miles de chilenos ilusionados de que, por el hecho de abrir una cuenta de ahorro en alguna de las asociaciones creadas para estos efectos, podrán tener fácilmente la posibilidad de comprar una casa. La verdad es totalmente distinta. Ahora último, se ha inventado que, para poder usufructuar de los beneficios del artículo 47 del estatuto de la Caja de Empleados Públicos, es necesario depositar el ahorro previo antes de una fecha determinada en alguna de estas organizaciones. Además, para atraer la confianza en el sistema, se ha ideado una combinación entre ellas y los bancos particulares, con préstamos a quince meses para enterar el ahorro previo. Luego, los interesados quedan debiendo a 15 ó 20 años -depende del monto del préstamo- una cantidad inicial de 19 millones de pesos, que va convirtiéndose año tras año en 25, 30, 40, 60 ó 70 millones. Se puede dar toda clase de explicaciones respecto del poder de compra y respecto de que, en una época posterior, con la suma reajustada se compraría exactamente lo mismo que se puede comprar ahora. Pero nadie explica que, al término de la deuda, la casa es vieja, está destruida y vale mucho menos. La deuda es lo único que se reajusta; la casa se reajusta al revés y al final no tiene el mismo valor. Con un criterio de empresa constructora, se podría sostener que no es así, que la casa, mientras más vieja, es más firme, mejor y cuesta más. En la realidad, no ocurre eso. Quizás sucedería con las antiguas casas de concreto o de alta resistencia; pero no en las casas CORVI y en las de este otro tipo. Se podrían citar muchísimos ejemplos. Por otra parte, se advierte inquietud en la industria, en el productor y en el agricultor, porque no hay crédito suficiente, porque no es rápido el descuento de los documentos de crédito, porque no hay seguridad para sembrar 20 ó 30 hectáreas más, o comprar animales, o emprender programas de aumento de la producción industrial. Sin embargo, el Banco Central y este nuevo organismo buscan toda clase de medios de congelación, el modo de llevar los recursos que podrían ir a la producción, hacia el sistema congelatorio de colocar el dinero a un interés seguro y con reajustes semestrales, pero con las consecuencias que estoy indicando. Aun en el caso de que los defensores de esta proposición tuvieran la razón, creo que ésta es una norma que, para bien del país, debe ser estudiada minuciosamente durante muchas horas y días y con audiencia de los organismos técnicos, como el Banco de! Estado, el Banco Central y otros, para saber en qué puede afectar al desarrollo de nuestra economía. El problema ha surgido porque el Consejo de la Caja Central de Ahorro y Préstamo se demoró en prestar y no dio celeridad a sus operaciones, no sólo en este Gobierno, sino desde hace dos o tres años. Ahora, cuando faltan cinco meses para el término del año, se ve afligido porque va a perder 6 millones de dólares. Y la única salvación consiste en aprobar esta disposición, en romper la estructura que tenía el decreto con fuerza de ley y en posibilitar que, violentamente, se tomen 12 mil millones de pesos, en estos cinco meses, para llevarlos a este sector, en circunstancias de que no hay dinero en el país. Nuestra responsabilidad es sólo indirecta; son otros los gobernantes. Si asumen con mucho agrado y alegría esta responsabilidad, que lo hagan. La historia de Chile no termina ahora. Nos encontraremos de nuevo en seis meses o en un año más. Entonces comprobaremos quiénes tenían razón. Me parece perjudicial la restricción del dinero y que él no se use en un medio productivo que no sea tan lento como el ha- bitacional, que no se exprese en forma tan escasa, tan pequeña, en el índice de nuestro desarrollo económico. No es éste el sistema adecuado. Debió el Consejo haber actuado de otra manera, con oportunidad, en los últimos años de! Gobierno anterior y este mismo año, y haber dado facilidades para colocar este dinero. Si lo hubiera hecho así, no se encontraría en el apuro en que se encuentra ahora y no nos habría traído esta indicación para salir de él. La única posición nuestra debe ser de rechazo de este artículo o, en el peor de los casos, de estudiarlo calmadamente con posterioridad y oyendo a los expertos, para que nos den respuesta a gran cantidad de interrogantes que nos asaltan en este momento. El señor PALMA.- En el debate ha habido bastantes aclaraciones en orden a que esta indicación obedece a una serie de ideas ya largamente discutidas antes y que ahora sólo se concretan en una medida que el Ejecutivo ha estudiado en detalle, con la asesoría de sus técnicos, para facilitar parte del programa de desarrollo habitacional del país. En segundo lugar, también ha quedado en claro que, a pesar de sus defectos, el sistema de reajuste deberá mantenerse en forma estable en el futuro. No obstante, como ha dicho aquí uno de los señores Senadores, nosotros somos los primeros en iniciar la búsqueda de las correcciones que es preciso introducir en él, para adecuarlo más a la realidad económica y social del país. Para este efecto, ya en el proyecto relativo a la Corporación de la Vivienda, hay disposiciones que seguramente se generalizarán y servirán para rectificar todas las normas legales que inciden sobre esta misma materia. Por último, creo que esta disposición ha sido introducida por el Gobierno con claro conocimiento de las posibilidades del mercado, ya que será él quien deberá aplicarla. Por consiguiente, pondrá en circulación los valores pertinentes en la cantidad adecuada y en la oportunidad debida, de modo que no compitan con inversiones que, evidentemente, dirigidas hacia sectores más productivos, pueden en este instante ser más útiles para el país. Pero no hay duda alguna -lo sabemos por experiencia- que uno de los grandes factores de estímulo de la producción nacional, en todo el mundo, es la construcción. Por ejemplo, el año pasado Francia construyó cerca de 800 mil habitaciones. Basta pensar en lo que esto significa en un país ya en pleno desarrollo, para comprender la importancia que tiene la construcción como estímulo para el resto de los factores productivos. Me parece, pues, que son muchas las razones que justifican la aprobación de esta norma. El señor ALTAMIRANO.- Nosotros concordamos con lo expresado aquí por el Honorable señor Bossay y consideramos que esta indicación, propuesta en un veto aditivo, es una demostración más de las graves contradicciones en que a cada momento incurre la Democracia ' Cristiana con relación a lo que dijo hace pocos días y a lo que defendió y atacó en el pasado. Hace pocos días, el señor Ministro de Hacienda, en la Comisión del ramo, estuvo de acuerdo con nosotros en que no es posible continuar fomentando la proliferación de los múltiples sistemas de reajuste ya existentes y en que es menester buscar un sistema único, ceñido a un patrón debidamente estudiado, para proceder a la reajustabilidad. Pues bien, luego de esta declaración del Ministro de Hacienda, se propone, por vía incidental y valiéndose -utilizaré el mismo término del Honorable señor Bossay- de un subterfugio, una indicación de enorme trascendencia. Y no sólo hay contradicción con lo ya afirmado por el Ministro de Hacienda, sino también con una actitud asumida en el pasado por la Democracia Cristiana. El sistema de reajustabilidad fue creado con la oposición nuestra en la pasada Administración, del señor Alessandri. Lo atacó junto con nosotros la Democracia Cristiana, y más de una indicación propuso para derogarlo. Pues bien, desde que ella llegó al Gobierno, se ha lanzado con furia sin igual a establecer sistemas reajustables. En este proyecto de reconstrucción, nos ha propuesto que el Fisco y la Tesorería emitan obligaciones reajustables; que el Banco Central ponga en circulación bonos y pagarés reajustables; que el Banco del Estado también pueda hacerlo, y en este momento acaba de aprobar la Cámara de Diputados un sistema de reajustabilidad para los depósitos de ahorro. En este instante, por vía incidental -vuelvo a decirlo-, se nos propone que la Caja Central de Ahorro y Préstamo emita obligaciones reajustables. De tal manera que el Fisco, la CORVI, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la Corporación de Fomento, el Banco Central, la Caja Central de Ahorro y Préstamo y el Banco del Estado podrán emitir obligaciones reajustables. La capacidad de ahorro del país es una; de manera que si vamos a permitir a algunos organismos emitir este tipo de obligaciones, simplemente restaremos al país la posibilidad de encauzar este ahorro mediante otros mecanismos, otras instituciones o para otras actividades. Nosotros hemos sostenido, desde hace tiempo, que debe irse a la instauración de un sistema único; y el Gobierno debe plantear cuál es su criterio sobre la materia. A ello se comprometió el Ministro de Hacienda. No obstante, ahora se propone esta disposición que, como expresó el Honorable señor Bossay, involucra muchos problemas que es necesario analizar. A nuestro modo de ver, como también del propio Ministro de Obras Públicas, la conducción y comportamiento que la Caja Central de Ahorro y Préstamo tuvo en el Gobierno anterior fue francamente deplorable. En todo caso, no es éste el momento de entrar a hacer la crítica de todo este sistema, y nos limitamos a este enunciado, para ampliarlo cuando corresponda hacer el estudio completo. Como ha dicho el Honorable señor Chadwick, se está estudiando precisamente ese problema en la Comisión de Obras Públicas, a raíz de haber propuesto el Ejecutivo la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Pues bien, el asunto en debate se nos ha presentado sin ningún estudio previo, porque bien sabe le Mesa del Senado que, por aquiescencia nuestra, se están debatiendo, en forma rápida, los vetos del Gobierno. Nosotros no estamos en condiciones de hacer un análisis exhaustivo de ellos. El problema es serio, es grave y debe ser examinado cuando se discuta el proyecto del Ejecutivo, y que tiene concordancia con sus tan "cacareados" planes. Por desgracia, cada vez que se hace el estudio, resulta que no existe un plan, sino sólo medidas aisladas e improvisadas. El Honorable señor Palma argumentó en el sentido de no dejar para mañana lo que podemos despachar ahora; y mencionó que el Ejecutivo ha estudiado este proyecto. Debo recordar al señor Senador que no se trata de que sólo el Gobierno estudie los proyectos de ley, porque en ese caso deberíamos suprimir o cerrar el Congreso. Se trata de que lo estudien el Ejecutivo y el Parlamento. Nosotros no lo hemos estudiado. Ya en la Comisión, prácticamente, manifestamos nuestra oposición a una idea similar propuesta por el Gobierno. Además, a cada momento escuchamos a la Democracia Cristiana proponer la postergación de indicaciones extraordinariamente fundadas, que favorecen en especial a la clase trabajadora, en consideración a que el Ejecutivo estaría estudiando esas indicaciones. Pues bien, ahora los Senadores de Gobierno no quieren que nos valgamos de los argumentos que ellos repiten a cada instante. Por eso, deseamos que este asunto se analice en la Comisión de Obras Públicas, donde se está estudiando el proyecto a que me referí. Por las razones expuestas, nos opondremos al veto aditivo. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. - (Durante la votación). El señor PRADO.- Pido la palabra, señor Presidente. Votaré por la aprobación de este veto aditivo del Gobierno, pues, en realidad, y por más que he reflexionado sobre algunas de las consideraciones formuladas en la Sala, opino que al final subsisten ciertas fundamentaciones que lo justifican plenamente. Guando, si no me equivoco, en el según-do informe de las Comisiones unidas, se propuso consignar un precepto parecido, me interesé en esta materia. Pregunté de qué se trataba y llegué a la conclusión de que siguen siendo ciertas algunas verdades relacionadas con lo que todo el país espera que se haga en el plazo de seis años y respecto de lo cual muchos colegas Senadores, seguramente, tendrán buen cuidado de cobrarnos la palabra cuando transcurra el período del Gobierno actual. En síntesis, se trata de que deben construirse 360 mil casas. En seguida, parece no caber la menor duda, a juzgar por las explicaciones dadas por el Ministro de Obras Públicas, de que no existe sistema posible para financiar un plan rea! y práctico capaz de prescindir, como lo demuestra la experiencia universal de países en estado de desarrollo similar al nuestro, de cierto ahorro, de cierta sustracción del empleo del dinero en la satisfacción de otra clase de necesidades, a fin de canalizarlo hacia la construcción. No recuerdo la suma exacta requerida para levantar 360 mil casas -la escuchamos al señor Ministro hace algunos días-, Pero, en todo caso, el ahorro previo es fundamental. Y se da otra razón: los organismos públicos que, de una u otra manera, colaboran con el país, principalmente con la Caja Central de Ahorro y Préstamo, quieren que esto se haga, y una de las maneras de lograrlo consiste en la colocación de las obligaciones en la forma como viene propuesto en el precepto en debate. Yo no quiero afirmar -hago la salvedad- que esté absolutamente satisfecho con la forma como han funcionado hasta la fecha los sistemas de ahorro y préstamo por intermedio de las asociaciones respectivas. Lo estoy mucho más con las explicaciones que he escuchado en dichas asociaciones, pues me he dado cuenta de que uno de los males fundamentales, uno de los defectos graves que está ocurriendo con el problema de la construcción de viviendas en Chile, es el encarecimiento enorme y absurdo; el hecho de que, entre productor y consumidor, existe una empresa constructora que, en el momento actual, carece de justificación, sobre todo si se piensa en qué medida la participación de ella repercute en el valor de una casa. Por eso, he recibido con satisfacción esas explicaciones, pues ellas me han permitido comprobar que la Caja Central de Ahorro y Préstamo, junto con pretender dar mayor auge al sistema de ahorro y préstamo, impondrá, en el régimen de construcciones, determinados cánones, determinadas exigencias que obligarán, por así decirlo, a las empresas particulares constructoras que deseen utilizar este sistema, a construir las casas que al país interesa que se construyan. Esto es fundamental. Por eso, me parece que el precepto en debate tiene justificación si la idea propuesta permite encontrar una base de financiamiento para ese sistema de ahorro y préstamo o una base de perfeccionamiento, como la que se me explicaba el otro día, que evite que ocurra lo que pasa, por ejemplo, con el sistema de reajuste de los depósitos que se entregan a las asociaciones respectivas, que operan a través de dos períodos anuales, que no se están haciendo ni al día ni al mes, ni siguen la regla de los intereses que se calculan día a día. Suele así ocurrir algo que yo lo estimo injusto. Algunas personas mantienen depositada cierta cantidad de dinero por determinado tiempo. Si retiran sus ahorros antes de la fecha en que se hacen las liquidaciones; si, por alguna razón, aunque sea pocos días antes de esa fecha, retiran, su dinero para destinarlo a otras necesidades, obtienen reajustes mínimos o muy inferiores a los que les habrían correspondido al haber esperado algunos días más. Se me dijo, por ejemplo, que falta disponibilidad monetaria para eso y que es posible lograr un perfeccionamiento del sistema. Por las razones expuestas, votaré favorablemente la observación, pues ella permitirá que estos organismos, que serán modificados en lo que interesa, dispongan del financiamiento necesario para concurrir al plan extraordinario y acelerado para construir 360 mil casas, plan que este Gobierno se ha propuesto realizar en el plazo de seis años. El señor ALTAMIRANO.- Señor Presidente, a propósito de algunas de las palabras expresadas por el Honorable señor Prado, queremos insistir en que nuestra oposición fundamental a esta iniciativa se debe a que el Gobierno no ha exhibido una política coherente respecto de los sistemas reajustables. Con razón, el señor Senador ha dicho que ésta es una forma de dar mayor auge a los ahorros y préstamos. Pero ya lo hemos afirmado; la capacidad de ahorro de un país es una y determinada. De acuerdo con el Plan Decenal, nosotros no hemos cumplido las metas y niveles allí fijados. De manera que si se pretende fomentar el ahorro por intermedio de la Caja Central de Ahorro y Préstamo, esa medida resulta incompatible con el deber del Estado de emitir obligaciones también reajustables. Porque, como el ahorro es uno, o se orienta al problema habitacional o se dirige a financiar al fisco. Igualmente, si el Gobierno se propone estimular especialmente los depósitos del Banco del Estado -iniciativa con la cual en principio estaríamos de acuerdo-, no puede desconocer que el fomento de dichos depósitos acarrearía una serie de repercusiones en el plano económico y financiero. Para entonces, el Gobierno deberá proponer un plan concreto general. ¿Qué ahorro desea fomentar? ¿Hacia dónde quiere encauzar este ahorro? ¿Qué tipo de iniciativas quiere estimular? Pero lo que no puede hacer es proponer una serie de indicaciones que no guardan relación ni organicidad entre ellas. Pero eso -volvemos a insistir-, votaremos en contra. No porque en sí nos parezca mal la medida, pues no la hemos estudiado a fondo, sino porque ella no obedece a ningún plan coherente y se contradice con la conducta adoptada por la Democracia Cristiana cuando en el pasado criticó el sistema de reajustabilidad impuesto por el señor Alessandri y con lo que nos afirmaba el Ministro de Hacienda, en el sentido de que propondría un plan coherente destinado a instaurar un sistema único de reajustabilidad, que pueda ser perfectamente explicado. Nada más. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 11 votos por la afirmativa, 11 por la negativa y 2 pareos. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Corresponde repetir la votación. -Se aprueba la observación (11 votos contra 9 y 2 pareos). El señor CHADWICK.- ¿Me permite la palabra, señor Presidente? Ruego a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala a fin de suspender esta sesión para continuarla mañana, de 16 a 21 horas. El señor FUENTEALBA.- ¿De qué se trata, señor Senador? ¿De levantar la sesión o de suspender la discusión del proyecto ? El señor CHADWICK.- De continuar la discusión del proyecto en una sesión que se celebraría mañana, y escuchar, en seguida, al señor Ministro del Interior, quien se referirá al conflicto portuario de Valparaíso. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Reglamentariamente, no se podría suspender esta sesión en la forma como lo propone Su Señoría. En cambio, se podría citar para mañana, de 16 a 21 horas para terminar la discusión del veto y escuchar, en seguida, al señor Ministro del Interior, El señor CHADWICK.- Formulo indicación en ese sentido, señor Presidente. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se acordaría. El señor CASTRO.- No hay acuerdo. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Corresponde votar. El señor GOMEZ.- Que no haya debate. Limitémonos a votar. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Se votará la indicación. El señor ALESSANDRI (don Fernando)--¿Qué objeto tiene la indicación? El señor FIGUEROA.- Es para celebrar una sesión especial en el día de mañana, a fin de continuar debatiendo el proyecto. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Se citará a una sesión especial. No se suspendería ésta. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Tengo mis dudas, desde el punto de vista reglamentario. Entiendo que el Presidente del Senado tiene facultades para convocar a una sesión especial, pero no se puede votar una indicación destinada a suspender esta sesión. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Efectivamente, señor Senador. La Mesa no tiene facultades para suspender esta sesión. Por otra parte, se había propuesto prorrogar la hora, pero el Honorable señor Castro se opuso. El señor GOMEZ.- Hay acuerdo para levantar la sesión, señor Presidente. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Por lo demás, son las 19.50, y la sesión termina a las ocho. El señor CASTRO.- ¿Por qué no la prorrogamos hasta las nueve? El señor GOMEZ.- No hay acuerdo. El señor ALTAMIRANO.- Nosotros llegamos a las cuatro, señor Senador. El señor GARCIA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. Como quedan diez minutos, podemos continuar votando. El señor ALLENDE.- Continuemos hasta las ocho, pero aclaremos qué haremos mañana. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Es facultad del Presidente citar a sesión para mañana, señor Senador. El señor ALLENDE.- Si el señor Presidente ejercerá su facultad de acuerdo con la opinión de la mayoría de los Comités, quedaremos convencidos de que mañana habrá sesión de cuatro a nueve. El señor GARCIA (Vicepresidente).- El Presidente manifestó hace algunos momentos que así lo haría; de modo que no pueden caber dudas a Su Señoría. El señor ALLENDE.- Muchas gracias. El señor FIGUEROA (Secretario).- La siguiente observación incide en el artículo 31 del proyecto. El Ejecutivo propone suprimir, en el inciso 4º, la siguiente frase: "con voto dirimente." El señor GARCIA (Vicepresidente).- En discusión la observación. Ofrezco la palabra. El señor CHADWICK.- Se acordó que se darían a conocer los fundamentos del veto. El señor FIGUEROA (Secretario).- Dice, al respecto, el Ejecutivo: "Las modificaciones contempladas en las letras a) y c) se efectúan en atención a que el Tribunal Especial de Alzada debe conocer en forma exclusivamente técnica y legal los reclamos de avalúos, por lo que debe necesariamente estar formado por personas que posean conocimientos de ese carácter sobre las materias que se someterán a su conocimiento. En lo que respecta a la letra a) al quedar integrado dicho Tribunal por un número impar de miembros, no será necesario dar el carácter de decisorio al voto de ninguno de sus miembros, por lo que se ha eliminado la expresión respectiva." El señor CHADWICK.- La disposición aprobada por el Honorable Senado tiene por objeto prever el caso de la integración por un miembro menos de lo que está dispuesto, es decir, cuando pueda producirse empate. Puede darse esa eventualidad; por eso, se ha previsto también el voto dirimente. Es una norma de buen orden y no se ve por qué va a desaparecer. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -(Durante la votación). El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Me abstengo, por no entender la materia. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 8 votos por la afirmativa, 9 por la negativa, 3 abstenciones y un pareo. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Corresponde repetir la votación. En votación. -(Durante la votación). El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Voto que sí. Entiendo que quedará un tribunal con tres miembros. Entonces sería innecesario que hubiere un dirimente. El señor CHADWICK.- Es al revés, señor Senador. -Se aprueba la observación (11 votos por la afirmativa, 10 por la negativa y un pareo). El señor FIGUEROA (Secretario).- La segunda observación del Ejecutivo en el artículo 31 consiste en suprimir la frase "por un representante de la Central Unica de Trabajadores". El señor GARCIA (Vicepresidente).- En discusión la observación. Ofrezco la palabra. El señor CHADWICK.- Los Senadores socialistas propusieron al Senado, por intermedio de la Comisión, incorporar un representante de la Central Unica de Trabajadores al Tribunal Especial de Alzada, con el objeto de que fuera oído el sector popular, propósito de vital importancia para su propio desenvolvimiento. Hemos tenido ocasión de denunciar en el Senado las graves irregularidades cometidas en el reavalúo o retasación de los bienes raíces, relativas no sólo a casos de exageración del avalúo, sino también a otros en que ostensiblemente se ha dado una estimación para fines de contribución de haberes, que no resisten ningún examen, pues están por debajo, en algunos casos -repito-, de la renta percibida por los propietarios por concepto de arrendamiento. Es indispensable que los sectores populares estén presentes cuando se revisen esas tasaciones, cuando opinen los técnicos y los magistrados, porque se debe reconocer que el pueblo tiene un lugar, ya que su destino depende, en buena medida, de los recursos financieros que el Estado pueda reunir y de la justicia con que se proceda. Eliminar al representante de los trabajadores es mantener una política de puertas cerradas, de trámites ocultos, de cosa misteriosa, que no trascienda a los sectores más afectados por las decisiones que se adopten. Por las consideraciones expuestas, los Senadores socialistas votaremos por el rechazo del veto del Ejecutivo. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Ha llegado la hora. En consecuencia, queda pendiente la discusión del proyecto. El señor PALMA.- Pero estamos en votación. El señor GARCIA (Vicepresidente).- No estamos en votación, señor Senador. Queda pendiente la discusión. El señor CASTRO.- Votemos este artículo. El señor GOMEZ.- No hay acuerdo. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Se levanta la sesión. "
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