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- rdf:value = " El señor ALLENDE.-
Comparto el criterio general del Senado en cuanto a despachar este proyecto en la sesión de hoy, pero no concuerdo con ¡a opinión de no profundizar sobre algunos aspectos que deben ser esclarecidos.
Debo recordar que se pretendió despachar este proyecto el 15 de septiembre, casi sin discusión y entre gallos y medianoche. Me opuse terminantemente a ello, porque, a mi juicio -así lo sostuve-, los obreros habían sido tramitados y engañados.
Los Honorables señores Foncea y Prado han pretendido colocarme en una posición contradictoria.
El Honorable señor Prado, que tiene una memoria de Pico de la Mirandola exagerada, ha citado frases textuales mías, creyendo que mi posición es un poco difícil. Pero no lo es. Dije -y lo reitero- que la actitud del Gobierno fue incalificables; que nunca en la historia de Chile se buscó para un conflicto gremial una solución q ue significaba la salida de 500 trabajadores.
No pude decir que los beneficios eran excesivos, porque este Gobierno, que es revolucionario en libertad pero se asocia con el imperialismo -éste es un problema doctrinario que algún día vamos a profundizar-, no concede a los trabajadores portuarios, con esta solución, garantías extraordinarias. En efecto, el reaccionario Gobierno del señor Alessandri ya las había otorgado parecidas a otros trabajadores. Y esto es conveniente que lo sepa el Honorable señor Foncea: en el artículo 203 de la ley 13.305, sobre facultades extraordinarias al Presidente de la República, se establece una indemnización de un año para los funcionarios que jubilen, y la ley 13.306 concede indemnización extraordinaria a los obreros de los talleres de mueblería, sastrería y zapatería de la Casa Nacional del Niño, dependiente del Servicio Nacional de Salud. Es decir, esos cuerpos legales consagran una indemnización que este proyecto no contenia.
Los Honorables señores Víctor Contreras y Jaramillo y el Senador que habla patrocinamos un artículo que fue aprobado por la Comisión y que seguramente lo será también por los Senadores democratacristianos -saben por qué lo aprueban: porque políticamente deben hacerlo-, por el cual se establece una indemnización de un año de sueldo íntegro. Así, pues, este Gobierno, de la tan cacareada Democracia Cristiana y la revolución en libertad, no ha sido más pródigo. Ha sido, sí, bastante injusto en sus métodos y procedimientos, muy vejatorios para los trabajadores portuarios. El Gobierno del señor Alessandri jamás intentó quebrar las organizaciones sindicales; tampoco lo hizo el del señor Carlos Ibáñez, ni aun el de GabrialGonzález. A este último le bastó con la dictación de la Ley de Defensa de la Democracia, lo que ya era demasiado. Esas Administraciones no se dedicaron a quebrar la organización gremial. Este Gobierno lo ha hecho. Lo prueba la presencia del ciudadano Presidente de la República en una reunión del 1^ de mayo último en la cual participaban parciales de la Democracia Cristiana. Sin embargo, no dirigió ni siquiera un mensaje a los trabajadores que se reúnen tradicionalmente en esa fecha con sus organizaciones gremiales y la Central Unica de Trabajadores. ¡Claro, una vez que han comprobado la imposibilidad de quebrar la Central Unica de Trabajadores, aceptan la posibilidad de introducirse en ella!
Declaro y sostengo que el procedimiento es incalificable. La solución no beneficia a los trabajadores. He demostrado que mediante esas dos leyes dictadas bajo un régimen tan reaccionario como el del señor Alessandri, se dio más beneficios a quienes debieron abandonar la Administración Pública. Me refiero a la ley de facultades extraordinarias y a le ley especial para los servidores de distintas reparticiones del Servicio Nacional de Salud. Estos son hechos irrefutables.
He dicho que los obreros portuarios fueron presionados de dos maneras; la primera, creando el espejismo de beneficios extraordinarios y, posteriormente, mediante la actitud del Director de la Empresa Portuaria de Chile. Espero que dicho funcionario vaya a la cárcel, porque, a mi juicio, ha malversado fondos públicos y ha permitido la usurpación de funciones públicas. No se trata de un odio personal. Como médico, me doy cuenta de las características sicológicas del Director de la Empresa y, por lo tanto, soy benevolente al hablar de él.
Basta recordar un solo hecho para demostrar que los trabajadores fueron engañados. No lo han olvidado ni el Honorable señor Foncea ni el Honorable señor Prado. Este último, en el momento de las gestiones, estuvo presente; el Director de la Empresa Portuaria de Chile tuvo la ingenuidad o la osadía de decir que esos abonos por años de servicios también se aplicaban al fondo de desahucio. Es éste un hecho muy grave, y esa aseveración carece en absoluto de seriedad. En ese momento, no estaban los obreros en la Comisión. Solicitamos su presencia y, por cierto, no escogimos a los que debían entrar. A la reunión asistieron dos trabajadores de ellos, designados por ellos mismos, y lo hicieron en representación del comité de obreros que estaban por jubilar. Cosa curiosa; al preguntarles su filiación política, resultaron ser radicales. En la tarde acudió un tercero, que era comunista. No fue ningún socialista, pero todos los trabajadores estuvieron de acuerdo con la indicación que nosotros formulamos. El día anterior me había reunido con 14 representantes de los obreros que jubilarían.
Pues bien, en presencia de los obreros, repetí la pregunta al Director de la Empresa y, en seguida, al Superintendente de Seguridad Social. Este último dijo que lo afirmado por dicho Director, respecto de los abonos por años de servicios con relación al desahucio, era una monstruosidad, y que no podría caber en cabeza humana la idea de que pudiera aplicarse al fondo de desahucio, el abono de un año por cada cinco trabajados. Quedó claramente establecido, entonces, que el propio Director de la Empresa -que es ingeniero- deducía de ese compromiso un beneficio ilusorio, una gran mentira.
Pero todavía hay más; sostengo que este debate es útil, porque se trata de un problema de moral, de procedimiento, de moral social si se quiere. El director de la Empresa lanzó un cebo. Empleo este término intencionadamente, porque hay que darse cuenta de lo que significa para obreros en huelga encontrarse con un "lock out"; al día siguiente, con un aviso en que se dice que habrá nuevas condiciones de contrato; al subsiguiente, contratos en las comisarías, y, después, con ofrecimientos como éstos, que no están consignados en el acta y que fueron parte de ese cebo; "Indemnización legal especial para los obreros que no estén en condiciones de obtener el beneficio de la jubilación, al margen de su desahucio, y que en forma voluntaria no se reincorporen al servicio. Esta indemnización será de 12 sueldos vitales del departamento de Santiago." "Indemnización de 10 sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago al personal que, por razones de buen servicio, acuerde desahuciar una Comisión formada por la Dirección y el Consejo Local Portuario".
Yo no me escandalizo cuando se promete el envío de proyectos de ley. Anoto el procedimiento anormal y reclamo por el hecho de que ese ofrecimiento debió haber sido formulado por el Gobierno o por el partido de Gobierno, no por un funcionario público, a menos de tener éste la representación de la Democracia Cristiana y ser ejecutor de la voluntad del Ejecutivo.
En nuestra actitud, fuimos tan honestos, tan seriamente honestos, que golpeamos las puertas del Ministerio del Interior, primero; después solicitamos audiencia al Vicepresidente de la República. Por primera vez en los años que llevo en el Senado, fui a La Moneda a plantear un problema sindical, juntamente con los Honorables señores Bossay y Víctor Contreras. Nos encontramos con un Vicepresidente de la República impermeable a todo, que nos dijo; "Nosotros respaldamos al funcionario responsable"; o sea, al Director de la Empresa, al irresponsable.
Di a conocer la proposición de arreglo que formulé a las 48 horas de producido el conflicto, en presencia del Subsecretario del Trabajo, del Intendente de Valparaíso y del Subsecretario de Transporte.
Es efectivo lo dicho por el Honorable señor Prado. Jamás me he prestado ni me prestaré para amparar vicios en el trabajo. Pero, señor Presidente, culpar a los obreros y decir que ellos son responsables del déficit de la Empresa y sostener que los trabajadores fueron quienes impidieron que se cambiara el sistema de trabajo, es una arbitrariedad, una injusticia y una torpeza. Escojan el calificativo que quieran los Senadores que deseen ponerse el sayo. Ya di antes a conocer las leyes que obligaban a designar una comisión con representantes de los obreros y la Dirección de la Empresa. Leí un acta firmada nada menos que por el actual Presidente de la Cámara de Diputados. Con un año y medio de anticipación a la llegada dei funesto personaje que hoy día es Director de la Empresa, existía una ley de la República que determinaba cambiar el sistsma de trabajo. ¿Por qué no se cumplió el precepto legal? Porque el anterior Director de la Empresa no se preocupó de nombrar la comisión y el actual, el señor De la Fuente, tampoco. Había vencido el plazo; se pidió prorrogarlo; se dictó otra ley, pero ésta tampoco se cumplió. Sin embargo, de la noche a la mañana se produjo el "lock out".
El señor Ministro de Defensa, que actuaba en la cartera del Interior como subrogante, sostuvo en el Senado que existía una razón fundamental: disminuir personal, y dijo que se eliminarían numerosos obreros. Pero, ¡ cómo se iban a eliminar 500 "patriotas" si hubo parlamentarios democratacristianos que declararon que renunciarían a su cargo si quedaba '..m solo "patriota" fuera de la empresa! En la jerga tradicional de los trabajadores, este tipo de "patriotas" se denomina "krumiios".
No pongo pasión personal en mis palabras, pero tengo la obligación de advertir al país que, de quedar en la impunidad, estos métodos también podrían aplicarse en la Empresa de Transportes, en los Ferrocarriles del Estado, en la CAP con cualquier otro organismo. ¡Y eso es funesto, y jamás lo permitiremos! Por eso hemos recurrido a la Contraloría General de la República.
En muchos aspectos, el país se ha maleado bastante. Tengo la esperanza, sin embargo, de que el Contralor General de la República y los funcionarios de esa institución tengan la honestidad administrativa suficiente para sancionar los delitos cometidos por la Dirección de la Empresa Portuaria de Chile. De la propia acta que tengo a la mano, se deduce que en la Comisión de Trabajo, el Director de la Empresa tuvo que reconocer que malversó fondos públicos y usurpó funciones públicas, lo cual está penado por la ley. Aquí demostré hasta la saciedad que el señor Kúsulas, fotografiado como Subdirector de la Empresa en cinco o seis oportunidades, no tenía tal cargo. Y esto se llama usurpación de cargos públicos.
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