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    • rdf:value = " CONVENIOS DEL COBRE.El señor REYES (Presidente).- Continúa la discusión en particular del proyecto de ley que establece normas relativas a la producción, manufactura y comercio del cobre. Está en debate el artículo 15-C que el Senado propone agregar a la ley N 11.828, del cual la Cámara de Diputados sólo aprobó el inciso cuarto y rechazó el resto. Ofrezco la palabra. -Las insistencias de la Cámara de Diputados figuran en los Anexos de la sesión 16, en 26 de octubre de 1965, documento 2, página 874. El señor ALLENDE.- Pido la palabra. En la discusión en general, hicimos presente que, más allá del justo interés que representaba la posibilidad de mayores ingresos para Chile y de las perspectivas que implican los convenios, existe también un problema de cuantía muy superior, por cierto, a los económicos y financieros. Es el que dice relación a nuestra soberanía, a nuestro sentido nacional, al contenido que, indiscutiblemente, debe tener nuestro pensamiento en torno de lo que debe ser una gran política al servicio del pueblo. De allí que insistiéramos -lo hice en nombre del Partido Socialista- en que debemos mirar las implicaciones que algunas de estas disposiciones tienen para nuestra independencia y soberanía. Este artículo es uno de aquellos que más deben hacernos meditar. Como hice presente al final de la sesión anterior, nuestra preocupación está vinculada al hecho de existir, aceptado por el Embajador de Chile en Estados Unidos, un compromiso al cual dio lectura el Honorable señor Carlos Contreras Labarca. En esencia, ese compromiso puede significar, una vez ratificado por el Congreso Nacional, que las compañías transfieran, por así decirlo, sus derechos al Estado norteamericano, y éste pueda ampararlos con todo su poderío, influencia, prepotencia e insolencia. Por eso, no entendemos qué razones puede haber, qué argumentos se pueden tener para no reafirmar la necesidad imperiosa de hacer presente que en Chile sólo pueden regir las leyes chilenas. Ya algunos compañeros del Frente de Acción Popular han destacado la hora que vive América Latina, la acción insolente, prepotente y avasalladora del imperialismo norteamericano. Abrir las puertas para que incluso, sobre la base de compromisos legales o ratificados por el Congreso, se dé la posibilidad de que todo el poder del Estado norteamericano respalde a las compañías, nos parece absolutamente perjudicial para el país. ¡ Para qué recordar lo que implica el pretexto de salvar vidas americanas y el desembarco injustificado en Santo Domingo! Los diarios de esta tarde, por ejemplo, señalan que en Brasil hubo un nuevo golpe, mejor dicho, un autogolpe para afianzar el poderío del señor Castello Branco, arrasando ya con las mínimas y últimas posibilidades de una expresión ciudadana. En Brasil se va a realizar la Conferencia de Cancilleres; y en esa "democracia excelsa y selecta" se reunirán todos los cancilleres de América latina, entre ellos, el nuestro. Y allí se hablará de los derechos humanos, de la autodeterminación, del respeto a la soberanía...; es decir, la farsa en la escala internacional y mundial. Por eso, para nosotros, la aprobación de este artículo está mucho más allá de los intereses circunstanciales y pequeños que se valorizan en utilidad, en ingresos y en dólares. Aquí hay un problema nacional de dignidad, de soberanía, de derecho; de principios que, lo reafirmamos, deben ser mantenidos. No se trata sólo de este hecho, sino del futuro del país. Por eso, no hemos oído ninguna razón valedera que justifique que el Senado no insista, excepto que habría un acuerdo que hace posible la convertibilidad para pagar en escudos, cosa que a nosotros no nos consta; pero está presente lo denunciado por el Honorable señor Contreras Labarca, que es mucho más significativo y peligroso. Por lo expuesto, una vez más golpeamos la conciencia de los señores Senadores para que esta Corporación, en una actitud animada de profundo sentido nacional, reafirme nuestro destino histórico, para hacer que, en el hecho, Chile sea un país independiente y soberano. El señor REYES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor ALLENDE.- Pido votación nominal. - (Durante la votación). El señor ALTAMIRANO.- Deseo fundar mi voto. Resulta realmente inexplicable para los parlamentarios de estas bancas, que la Democracia Cristiana se haya opuesto a un artículo esencial y fundamental que, por lo demás, establece una situación obvia, como es que las empresas de la gran minería del cobre estarán sometidas exclusivamente a las leyes chilenas, aun en lo relativo a los contratos que ellas celebren con personas o entidades extranjeras respecto de sus bienes o derechos existentes en Chile. Por tal razón, para nosotros, honradamente, es difícil emitir los calificativos que merece una actitud de esta naturaleza ; pero espero que los Senadores de la Democracia Cristiana, al fundar su voto, expliquen al país, siquiera en los pocos minutos de que uno dispone para hacerlo, por qué se abre la compuerta para que los problemas que se susciten con las empresas norteamericanas no puedan ventilarse en Chile, sino en Estados Unidos. Para nosotros, esto es demostrativo de los extremos a que se ha llegado en los convenios y, una vez más, justifican lo que tanto hemos afirmado: ni un Gobierno tan reaccionario como el del señor Alessandri, se habría atrevido jamás a proponer indicaciones y a defender ar tículos como los que la Democracia Cristiana ha propuesto y defendido durante la discusión de este proyecto de ley. Nosotros insistiremos en el mantenimiento de este artículo. El señor CURTI.- ¿De dónde viene el calificativo de reaccionario al señor Alessandri? El señor ALTAMIRANO.- No, señor Senador; ahora está de izquierdista y de rojo. Retiro lo dicho. El señor GUMUCIO.- Pido la palabra. El señor CURTI.- Ahora viene la explicación. El señor GUMUCIO.- Antes de suspender la sesión, alcancé a dar una razón sobre nuestro rechazo a estos artículos: que teníamos conocimiento de que había un convenio de convertibilidad que estaba ratificado. No he podido comprobarlo personalmente, pero me han dicho que lo está. El señor CORBALAN (don Salomón).- No está ratificado por el Senado. El señor ALTAMIRANO.- No está ratificado por el Congreso Nacional. El señor GUMUCIO.- Ese convenio, en sí mismo,... El señor JARAMILLO LYON.- No está ratificado. El señor GUMUCIO.- ...representaba, desde luego, un beneficio indiscutible para el país, desde el momento que permite la convertibilidad en moneda nacional y no en dólares, en especial ante la mala situación de nuestra balanza de pagos. El señor CONTRERAS LABARCA.- No tiene nada que ver con el asunto en debate. El señor GUMUCIO.- Junto a este argumento, se ha mencionado la política internacional, que se ha dado en llamar "política Johnson", y de intervención, especialmente en lo relativo a la fuerza interamericana, que podría aprobarse en la reunión de la Organización de los Estados Americanos. A mi juicio, la posición del actual Gobierno, como la de ningún otro, ha sido extraordinariamente independiente. Su actitud frente a lo ocurrido en Santo Domingo no fue una comedia, como expresó el Honorable señor Chadwick. La política chilena ha sido apreciada en toda América latina, por su expresión de independencia frente a los sucesos de Santo Domingo. Aún podría decir que recibió el aplauso de sectores políticos que hoy están en la oposición al Gobierno. Por eso, me extrañó mucho la afirmación del Honorable señor Chadwick, en el sentido de que eso habría sido una comedia de alta categoría. El señor CHADWICK.- Así lo creo muy sinceramente, después de observar la conducta de este Gobierno en estas materias. El señor GUMUCIO.- En mi concepto, ningún Gobierno en Chile ha tenido más independencia que el actual. Pero lo peor que podríamos hacer en el continente sería, precisamente, socavar y acusar a los pocos Gobiernos democráticos que hay en América latina, como el nuestro, llevados por una miopía política, fanatismo o pasión, para debilitar a los pocos Gobiernos que pueden hacer frente a esa actitud, que nosotros somos los primeros en condenar. Por eso, no aprecio como algo positivo las expresiones para debilitar la posición de nuestra Cancillería en un momento de crisis como el actual, dado que el país está viviendo momentos difíciles por su aislamiento. Por eso, también, a veces aparecen extrañas las posiciones de ciertos partidos en Chile, que no ven estos objetivos de tipo internacional claramente, con sentido constructivo de solidaridad nacional y alcance más amplio, y no con la miopía de intereses de orden político demasiado cercanos. Me acaban de informar que en el Diario Oficial de 14 de febrero de 1961 aparece publicado el convenio, que, contrariamente a lo expresado aquí, está ratificado. El señor CHADWICK.- Ese es otro convenio. El señor MUSALEM.- Es el convenio de inconvertibilidad. Es el mismo. El señor GUMUCIO.- Fue ratificado en 1961. El señor CORBALAN (don Salomón).- El otro es el convenio sobre garantías de inversiones, que no está aprobado. A ése se refiere el artículo. El señor CORBALAN (don Salomón).- No está aprobado. El señor GUMUCIO.- Ese es el motivo por el cual consideramos que este artículo debe ser rechazado. Los incisos primero y segundo no constituyen ninguna novedad. Todos los bienes que están en Chile se hallan sujeto a la jurisdicción de la justicia chilena; de modo que no hay razón alguna para haber consignado esos incisos. Lo único nuevo sería el inciso cuarto que estamos discutiendo y que, como dije, no podríamos aprobar por existir un convenio ya ratificado. El señor CHADWICK.- En eso Su Señoría se aparta de la opinión del Honorable señor Musalem. El señor LUENGO.- A propósito de este artículo se han mencionado dos convenios ; uno, relativo a inconvertibilidad, que estaría ratificado, y otro, referente a las garantías de inversión, que no lo ha sido. A mi juicio, el precepto en debate no sólo tiene relación con dichos convenios, sino con cualquiera materia que mañana pudiera resultar litigiosa entre el Estado de Chile y las compañías con las que celebra los convenios. Considero que se ha dado una interpretación restrictiva de este artículo y no una amplia como pensamos que debe dársele, a fin de que abarque una serie de materias que, en realidad, no se refieren a este punto específico a que dicen relación esos convenios de los cuales, repito, sólo uno ha sido ratificado. En consecuencia, aquella no constituye una razón suficiente para eliminar este precepto aprobado por el Senado. Por tal motivo, voto por la insistencia. El señor CHADWICK.- Era mi propósito, al fundar el voto sobre esta materia, haber leído a los Senadores democratacristianos la información de prensa a que me referí en mi intervención anterior. Por desgracia, la falta de tiempo no me ha permitido encontrar la edición de "El Mercurio" que registra esa información, pues no tengo certeza de la fecha. Creo que corresponde a la última semana de enero o a la primera quincena de febrero. En todo caso, me asiste absoluta seguridad de lo que afirmo, pues durante la campaña electoral leí esa noticia cable- gráfica en un acto público efectuado en La Serena y, por cierto, nadie pudo desmentirme. En cuanto a lo expresado por el Honorable señor Gumucio, me parece que no hay tal miopía. Tenemos absoluta certeza acerca de lo que persigue el Gobierno norteamericano. Su política en nuestro continente es muy clara y sencilla. Apoya a todos los Gobiernos que dan facilidades a sus inversionistas. A veces tiene que jugar con grupos militaristas, como en el caso del Brasil, y otras debe basarse en .fuerzas civiles que demagógicamente movilizan a la opinión para alcanzar el poder. Pero lo que define la política de los gobiernos norteamericanos es la conducta de los grupos que están en el poder en los países latinoamericanos, respecto de la inversión de los capitales financieros que ellos patrocinan y con los cuales se identifican. Nadie que haya meditado sobre el proceso político de los últimos cincuenta años, puede tener la menor duda sobre esa materia. Todo cuanto ocurre en el mundo gira precisamente alrededor de este problema. Las fuerzas están polarizadas al extremo de que países independientes como Francia, tratan de liberarse de la extraordinaria presión que ejercen sobre su economía los grupos financieros norteamericanos. Sabemos, por ejemplo, que en el Japón el capital financiero colocado por los bancos norteamericanos, por medio de créditos que controlan la gran industria de ese país, alcanza a seis mil millones de dólares, suma que es similar a la que obtendrán las compañías extranjeras del cobre en los próximos veinte años. Para patrocinar esta política de predominio del capital financiero, Estados Unidos utiliza cartas de la más variada índole. En efecto, ¿cómo nos puede extrañar que en un momento determinado el Gobierno de Estados Unidos haya tolerado que el Gobierno del señor Freí aparezca disintiendo con su política oficial aplicada en el caso de Santo Domingo, cuando precisamente estaba de por medio obtener, por vías aparentemente democráticas, la sanción de los convenios del cobre? Para Estados Unidos, Chile es una extensa costa y un depósito de yacimientos de cobre. La primera la controlan por intermedio de los pactos militares, y los segundos, con los convenios que serán ratificados por el Congreso mediante este proyecto de ley. El cobre, material estratégico de primera clase -metal escaso-, puede poner en peligro la estabilidad económica del Reino Unido de Gran Bretaña, si acaso Rodesia no entrega al mercado mundial, en términos globales, la misma cantidad de cobre que entregamos nosotros. Junto con Zambia, ocupamos los dos primeros lugares en la exportación de este metal, porque si bien es cierto que Estados Unidos tiene una producción superior, no lo es menos que este país la consume íntegramente e incluso debe importar. En consecuencia, a nosotros no puede merecernos dudas el hecho de que el Gobierno del señor Frei aparezca en la escena latinoamericana realizando cualquiera de estas comedias, como la que efectúan esos entorchados generales que concurren a la OEA a hablar de defensa de la democracia y de la civilización occidental. Quien se permita patrocinar esa clase de parodias, bien puede tolerar que lo contradiga un Gobierno que, por último, está sometido. El señor MUSALEM.- ¡Qué falta de respeto! No tiene derecho. El señor CHADWICK.- Por esas consideraciones, voto por la insistencia. -Se acuerda no insistir (15 votos por lo. insistencia y 10 por la no insistencia). -Votaron por la insistencia los señores Aguirre Doolan, Altamirano, Allende, Ampuero, Contreras Labarca, Contreras (don Víctor), Corbalán (don Salomón), Curti, Chadivick, Enríquez, Gómez, Jaramillo Lyon, Juliet, Luengo y Von Mühlen- hrock. Votaron por la no insistencia, los señores FerranÓM, Foncea, García, Gumu- cio, Musalem, Noemi, Pablo, Palma, Prado y Reyes. El señor WALKER (Prosecretario).- En cuanto al artículo 17, que el Senado propuso en sustitución del que lleva el mismo número en la ley 11,828, la Cámara lo aprobó, con excepción de la frase "previo acuerdo del Senado", consignada en el inciso tercero, que dice: "El Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, designará al Vicepresidente Ejecutivo . . .", etcétera. El señor REYES (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor CHADWICK.- Hemos oído con bastante insistencia que una de las características de este Gobierno es el respeto a las instituciones, a nuestras prácticas democráticas y al espíritu de la Constitución. No hay duda de que nuestra Carta Fundamental dispone la intervención del Senado para la designación de aquellos cargos de importancia extraordinaria. Es evidente que estas ideas fundamentales tomaron cuerpo en la referencia inmediata de lo que existía al momento de su aprobación. Se pensó, entonces, que ningún cargo de alta jerarquía en las Fuerzas Armadas -desde Coronel en el Ejército y desde Capitán de Navio en la. Marina-, podía conferirse sin el acuerdo del Senado. Es así como cotidianamente estamos prestando o negando nuestro acuerdo para los ascensos que nos propone el Ejecutivo. Con el mismo criterio, leyes posteriores han reconocido que esta Corporación debe ser consultada antes de proveer un cargo de categoría superior. Así, por ejemplo, TIOS correspondió intervenir en la designación del Director General de Salud. Este proyecto crea la Corporación del Cobre, entidad de la mayor importancia, pues tendrá a su cargo el manejo del comercio de nuestra industria fundamental. Por ministerio de la ley, corresponderá a su Vicepresidente tomar decisiones personales y responder de la administración de esa entidad ante el Gobierno y el país en general. En consecuencia, negar a los Senadores, elegidos por el pueblo, la facultad de intervenir y calificar a la persona en quien el Estado confiará tan grande responsabilidad, significa desconocer la calidad de esta Corporación, la más alta de la República. Quisiera saber qué razón ha tenido el partido de Gobierno para disentir de esta apreciación. ¿Cómo conciliar sus reiteradas declaraciones acerca del respeto que le merecen las tradiciones del Senado? ¿Cómo compagina este sistema republicano que proclama con el desprecio que en el hecho hace de las facultades que nos corresponden? La designación de un embajador ante un lejano país, que apenas tiene alguna relación con nosotros, requiere el asentimiento del Senado. Resulta por lo tanto caricaturesco que el Senado acepte eliminar su intervención en la designación del Vicepresidente de la Corporación del Cobre. Ciertamente, en el ejercicio de esta facultad seríamos celosos; no aceptaríamos que por consideraciones políticas subalternas se pudiera nombrar a determinados personajes. A mi juicio, tendríamos bastantes razones para buscar una persona idónea, que diera las garantías que la República necesita en tan alta misión. El Gobierno, que se proclama a sí mismo -repito- campeón del respeto que deben guardarse los Poderes Públicos, mediante su partido, nos niega la facultad de intervenir en esta materia. Ello guarda perfecta concordancia con la idea que prevalecía en este proyecto antes de llegar a la dura prueba del Senado. Se pensaba arrancar al Poder Legislativo un cheque en blanco; un conjunto de facultades al Presidente de la República, por la vía de la delegación, que lo dejaban como árbitro, amo y señor del destino de nuestras principales riquezas. Se nos trajo aquí un proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados que, en el fondo, llegaba hasta el extremo francamente incalificable de proponer que diéramos al Jefe del Estado -según rezaba uno de sus artículos- la facultad de dictar disposiciones legales. Son palabras textuales que recuerdo. Observe el Senado hasta dónde se había llegado en este aspecto. Se quería que nosotros, que constituimos una mayoría adversa a la política que encarna el Presidente de la República, le diéramos facultades para dictar disposiciones legales en esta materia. Ahora, después de haberse hecho valer la mayoría que tiene el Gobierno en la Cámara de Diputados, este precepto no consigna lo esencial: el control del Senado en la designación del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación del Cobre. Naturalmente, sabemos lo que ello significa : absoluta desconfianza en la mayoría del Senado. Comprendemos, pues, qué valor debemos atribuir a las palabras que se pronuncian en los actos oficiales y a las que se leen en los Mensajes el 21 de mayo. No podemos disimular nuestra duda respecto de la sinceridad con que se expresa que tienen gran respeto por la práctica parlamentaria, que es tradición de nuestra República. Comprobamos el hecho y sabemos cuál será el resultado de este pequeño debate; pero no podemos guardar silencio. Lo decimos para que cada uno vaya tomando el lugar que le corresponde y para que no se ponga cara de extrañeza cuando hacemos nuestras críticas, usamos el lenguaje directo y, a veces, abandonamos aquella cortesía que ha de existir entre las personas que se deben respeto mutuo. Era cuanto quería decir. El señor NOEMI.- Señor Presidente, de las palabras del Honorable señor Chadwick puede desprenderse que, con la eliminación de la frase "previo acuerdo del Senado", ya aprobada por los Diputados, se estaría negando a la Cámara Alta una facultad que actualmente tiene. Pero no es así. El Senado carece de tal facultad. El artículo 17 de la ley 11.828 autorizaba al Presidente de la República para designar, sin previo acuerdo del Senado, al vicepresidente del Departamento del Cobre. Aún más, lo facultaba para elegirlo por tres años. Pues bien, la actual disposición disminuye ese plazo a sólo dos años. De manera que no hay menoscabo de facultades que el Senado haya tenido anteriormente. En esta materia, se reitera la necesidad imperiosa de que un funcionario esencialmente técnico, como el vicepresidente del Departamento del Cobre, sea elegido de acuerdo con las normas generales aplicadas a todas las instituciones u organismos de características similares, en el sentido de que su nombramiento lo efectúe el Presidente de la República. Es necesario tener presente que la circunstancia de que tal designación sea por dos años impide continuidad en la dirección técnica de tan importante institución. Finalmente, debo recordar que, de acuerdo con la legislación vigente, quedan sujetos a la aprobación previa del Senado sólo aquellos nombramiento de plazo indefinido, como los de Director del Servicio Nacional de Salud, Contralor General de la República, Superintendente de Seguridad Social; no los de plazo limitado, como el caso actual, cuya duración ha sido reducida a dos años. Por lo tanto, no se vulnera ninguna atribución actual del Honorable Senado. Si durante el imperio de la actual ley, todos los Jefes de Estado pudieron designar libremente al vicepresidente del Departamento del Cobre, no veo por qué no puede hacerlo el actual Mandatario, que, sin exagerar, tiene tantos o iguales derechos que los Presidentes anteriores. El señor CHADWICK.- Para que el debate tenga alguna utilidad, en primer lugar, pregunto al Honorable señor Noemi, ¿qué requisitos técnicos debe reunir quien desempeñe el cargo de vicepresidente del Departamento del Cobre? El señor MUSALEM.- No nos pregunte a nosotros. Dígalo usted mismo. El señor CHADWICK.- No hay ningún requisito técnico, de manera que el primer argumento del señor Senador es malo. Este es un cargo de carácter político y el Presidente de la República tiene libertad para buscar la persona que lo ocupe y confiarle la más alta misión que, en el plano económico, hay en el país. En seguida, nunca se ha pretendido afirmar que el Senado ha tenido esta facultad. Lo que sostenemos es otra cosa. Se está creando una Corporación cuya naturaleza se encuentra suficientemente destacada, que manejará fondos públicos, fijará la política del Estado respecto de nuestra principal riqueza y deberá resolver problemas sumamente complejos. Nosotros destacamos el espíritu de la Constitución Política; señalamos cuál ha sido el criterio que obligó al Constituyente a reconocer la necesidad de que el Senado interviniera en algunas designaciones. Pues bien, buscando ese espíritu, tratando de encontrar en la ley algo más que su tenor literal, es decir, su fin -lo que en técnica jurídica se llama la teleología del derecho-, la circunstancia de que el partido de Gobierno, en la Cámara de Diputados, haya privado al Senado de una facultad que, como es natural, debe corresponderá, sirve para medir el grado de sinceridad con que el Ejecutivo hace sus declaraciones de respeto por este Poder Público. -El Senado no insiste (16 votos por lo, insistencia y 10 por la no insistencia). El señor WALKER (Prosecretario).- Respecto del texto que se propone en reemplazo del artículo 21 de la ley 11.828, la Cámara de Diputados ha tenido a bien adoptar los siguientes acuerdos; Ha aprobado el inciso primero, con excepción de las frases "en forma permanente" y "del 5% de las utilidades; ha rechazado los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto; ha aprobado el inciso sexto, con excepción de la frase que dice: "a que se refiere la letra a) y las que se realicen por efecto de la letra c)", y ha desechado los incisos séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, finales de este artículo. El señor REYES (Presidente).- Sin perjuicio de que el debate alcance a la totalidad de las disposiciones, propongo a la Sala la siguiente fórmula para esta votación: votar, en primer lugar, las dos observaciones al inciso primero y, en seguida, desde donde dice "las referidas empresas deberán dar cumplimiento", etcétera, hasta "DEL Nº 2, de 1959". Si esta observación se aprobara o rechazara, se entenderían acogidas o desechadas las siguientes. En discusión. Ofrezco la palabra sobre el criterio de la Cámara respecto del artículo 21. El señor GOMEZ.- Es muy sensible que la Cámara no haya acogido los planteamientos del Senado. Evidentemente, queda la ley común, pero aquí se daba un salto y se corregía todo el problema habitacional, en forma permanente; se redimía un 5% de inversión para el país, sin afectar el patrimonio de las empresas, y ello habría significado un retorno de igual porcentaje. Es muy sensible que el Ejecutivo, que está empeñado en el plan habitacional, haya rechazado los argumentos del Senado tendientes a establecer el 5% en forma permanente. Para que la ley común se aplique en ese sentido, habría sido muy fácil haber establecido un precepto tendiente a que ese 5% rija para todas las empresas, sean éstas nacionales o extranjeras. En dicha forma se habría ganado ese 5% sin alterar el régimen común. Deploro que la Cámara de Diputados no haya acogido favorablemente el temperamento del Senado. Sin embargo, la ley común CORVI se aplicará a esas empresas, y esto es un avance, no como el que hubiéramos deseado, pero sí algo positivo. Por estas consideraciones, insistiremos en el criterio del Senado. El señor CONTRERAS (don Víctor). - En repetidas oportunidades, hemos escuchado que el Gobierno está empeñado en resolver el problema habitacional en todo el país. Pero la Cámara de Diputados' ha rechazado varias iniciativas sobre el particular. Seguramente los señores Diputados han pensado que los obreros que trabajan en las empresas del cobre poseerán eternamente una habitación insalubre y maloliente, como las proporcionadas a los trabajadores en los minerales de Chuquicamata... El señor CHADWICK.- El Salvador. El señor CONTRERAS (don Víctor). - ...y Potrerillos, en la provincia de Atacama. El día en que las empresas hayan agotado las fuerzas de esos trabajadores o cuando el rendimiento de éstos no sea ya suficiente, los despedirán. Seguramente algunos lograrán jubilar a los sesenta y cinco años de edad con una modesta pensión; pero, después de toda una vida de trabajo, se encontrarán con que ni siquiera tienen un techo bajo el cual vivir ni albergar a sus mujeres e hijos. No quiero creer que de parte de los señores Diputados haya habido desconocimiento de las condiciones en que viven los trabajadores de las empresas cupreras. ¿No saben los señores Parlamentarios que en el mineral de Chuquicamata muchos obreros ocupan casas edificadas el año 1913? ¿Ignoran que las habitaciones carecen de los más elementales servicios? ¿No tienen conocimiento de que los servicios higiénicos de esas viviendas están separados, a veces, a más de una cuadra de éstas? ¿No saben que los obreros que trabajan en Chuquicamata viven en Calama porque la empresa no les proporciona una habitación en el mineral? Lo saben perfectamente. Las empresas, al no entregar casas a sus trabajadores, dan solución a algunos problemas de orden económico, pues aquéllos, al vivir en Calama o en Pueblo Hundido, no ocasionan a las empresas gastos de alumbrado eléctrico, agua potable ni extracción de basuras. De manera que, al proceder así, las empresas hacen negocio. Las Comisiones unidas, primero, y el Senado, más tarde, aprobaron una disposición por la cual se otorgaban préstamos a los trabajadores para solucionar el problema habitacional del momento y aquél que surgiera después que hubieran cesado en sus funciones. Dichos préstamos no se harían con cargo a recursos de las empresas : se financiarían con los fondos acumulados por los mismos trabajadores para atender al pago de indemnizaciones por años de servicios. Esta última conquista social fue obtenida por los obreros en 1945, después de treinta y siete días de huelga. Mediante esta disposición se pretendía que se otorgaran los préstamos necesarios, con el objeto de edificar habitaciones obreras y proporcionar, así, techo para los trabajadores, una vivienda como la que deben tener todos cuantos forman un hogar. No se quiso así, pese a que se manifiesta que las cosas deben cambiar y que las cosas tienen que cambiar. Algunos Honorables colegas sostienen que no todo se puede realizar de la noche a la mañana. Al respecto, debo destacar que aquí no se trataba de obtención de recursos, porque los trabajadores los tienen : están empozados en arcas de las empresas o en las cuentas corrientes de ellas. Sin embargo, cuando aquéllos jubilen o sean despedidos, sólo les entregarán un puñado de papeles desvalorizados, con los cuales no podrán siquiera arrendar una habitación. Pienso que ha llegado la hora de la meditación. No sólo los parlamentarios tenemos derecho a contar con una casa donde vivir. Mucho se ha hablado de que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, somos iguales ante la ley; pero ello no es así: hay algunos que tienen palacios y otros que viven a la imtemperie. Si al entregar nuestros nombres a la opinión pública para postular a un cargo en el Senado de la República hemos prometido responsablemente preocuparnos de los problemas de los trabajadores, es necesario que, de una vez por todas, demostremos con los hechos que testamos pendientes de resolver el problema de aquella gente que no tiene un techo donde cobijarse, porque con las palabras y las promesas no se convence a nadie. Se puede engañar a la gente una o dos veces; pero las personas saben distinguir a quienes han cumplido sus promesas y a quienes no lo han hecho. Yo, como representante de la zona norte y trabajador de la provincia de Antofagasta, estimo que esta es una de las disposiciones justas. A mi juicio, mis Honorables colegas del Partido Demócrata Cristiano deberán meditar mucho antes de negar sus votos a esta iniciativa cuya finalidad es de la de coadyuvar a la solución de un problema social que afecta a millares de trabajadores del cobre. El señor REYES (Presidente).- El señor Prosecretario dará cuenta de una información. El señor WALKER (Prosecretario).- En el boletín N 21.895, figura una referencia al decreto con fuerza de ley 285, de 1960. Por un error del impreso, se consigna que dicho cuerpo legal es de 1960, cuando en realidad lo es de 1953. El señor REYES (Presidente).- Ruego a los señores Senadores tomar nota de la aclaración. El señor NOEMI.- El actual artículo 21, en la forma como fue despachado por la Cámara de Diputados, constituye un avance sustancial en materia de inversiones destinadas a la construcción de viviendas y obras de equipamiento comunitario en las poblaciones para los trabajadores. Primitivamente, el artículo 18 bis destinaba sólo 1% de las utilidades para tal objeto. Sin embargo, en la actualidad, a ese 1% se agrega -como lo ha dicho el Honorable señor Gómez- el 5% permanente de la ley común, o sea, la relativa a la CORVI. Al suprimirse el tributo de Ifo en forma permanente, significa que las empresas quedan gravadas con la ley común CORVI y que, una vez terminadas las construcciones necesarias para los trabajadores, el impuesto de 5% se rebajará a 2% y volverá a regir, también, el primitivo 1%. De manera que se ha obtenido un avance sustancial. Estoy en completo acuerdo respecto de lo dicho por el Honorable señor Víctor Contreras con respecto del problema habitacional en Chuquicamata. Sobre esa materia existe un estudio muy completo que confirma las apreciaciones del señor Senador. Según dicho informe, el total de viviendas existentes en Chuquicamata, al 1° de julio de 1965. era de 3.946. Las necesidades fundamentales de los obreros, a esa misma fecha, son del orden de 5.528 viviendas... El señor CONTRERAS (don Víctor).- Si es que pudieran calificarse de viviendas. El señor NOEMI.- Exactamente. El informe expresa que hay viviendas en malas condiciones. Estamos hablando las cosas como son. Hay 718 casas habitaciones que no reúnen las condiciones adecuadas y que deben remodelarse; 745 viviendas susceptibles de ser remodeladas; 874 viviendas ya remodeladas y 1.009 viviendas en buenas condiciones. O sea, hay 3.346 habitaciones y los trabajadores necesitan 5.528, lo cual indica un déficit de 1.719 viviendas. Al respecto ya hay planes, porque las cosas no sólo deben cambiar, sino que van a cambiar; se ha proyectado la remodelación de 1.237 viviendas, con un costo de 16.699.500 escudos; la construcción de otras 2.257, con valor de 61.774.090 escudos; es decir, una inversión total de 78.473.590 escudos. Además, se considera la ejecución de obras complementarias, como plazas, escuelas -me refiero solamente al caso de Chuquicamata- por un valor ascendente a 3.923.680 escudos, vale decir, una inversión total de 82.397.270 escudos. La ejecución de estas obras será obligatoria para las compañías, en el período en que realicen inversiones y aumenten su producción, estarán obligadas a efectuar dichas inversiones. En este sentido, la obligatoriedad se encuentra establecida en forma absoluta. De esta manera, los trabajadores de Chuquicamata, y en gran porcentaje de Calama, tendrán la oportunidad de satisfacer su aspiración de tener casa propia en una ciudad o en un pueblo de su elección. Es evidente que esto representa un avance sustancial. Lo mismo ocurrirá en Braden, si se mantiene el 1%, ya que con los recursos provenientes de su aplicación, no sólo se modernizará el departamento de Rancagua, sino que también los trabajadores tendrán su propia casa en una ciudad de la importancia de Rancagua. En ella se van a construir hospitales e, incluso, locales donde funcionen los sindicatos de los obreros. Estos son hechos concretos. Pero, además del 1% establecido en el artículo 18-1, también es necesario tener presente el 5% proveniente del impuesto CORVI sobre las utilidades que las compañías deben invertir en dichos fines. Creemos que esta disposición representa un avance gigantesco en relación con otras que existen sobre la materia. Nada más, señor Presidente. El señor CONTRERAS (don Víctor).- No dudo en absoluto de los planes que nos ha dado a conocer Su Señoría. Pero cuando nosotros, y especialmente la gente que ha vivido en las provincias cercanas a los minerales, escuchamos promesas de esta índole recordamos anteriores experiencias. Cuando se discutía el referéndum salitrero, se dijo que se aumentarían los campamentos, que se aumentarían las habitaciones. Pero una vez aprobado, los trabajadores, para poder obtener ocupación en las oficinas salitreras, debían recurrir a una serie de argucias. Sacar cédulas de identidad como solteros, abandonando, de esta manera, a sus mujeres y sus hijos para luego, una vez transcurrido algún tiempo, uno o dos años, traerlos a su lado. En esa oportunidad, también se dijo que se aumentarían las escuelas con el objeto de educar a los hijos de los trabajadores. ¡Promesas incumplidas! Ahora, las empresas del cobre prometen construir una enorme cantidad de habitaciones. El señor CHADWICK.- No tan enorme. El señor NOEMI.- ¿Me permite, señor Senador? Estas no serán promesas. Todo lo referente al plan habitacional y social en favor de los trabajadores del cobre se estipulará en el decreto de inversión respectivo. Es decir, las compañías estarán obligadas a cumplir. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Señor Presidente, respeto mucho la opinión de mi Honorable colega, pero la experiencia me obliga a dudar de estas promesas. El mineral de Chuquicamata se instaló en 1913. Allí se encuentra el campamento "Latas" del cual circula una fotografía. Alrededor de Santiago no hay ninguna población "callampa" o marginal tan insalubre y miserable como ese. ¿Qué ha hecho la Chile Exploración? Ha construido unas cuantas casas cerca del camino para tapar la mugre de los servicios higiénicos de dicha población. De esta manera, la gente que va a conocer este gran mineral, o los turistas, no pueden percatarse de las condiciones de vida en que viven los trabajadores. Allí está el campamento "Hundido". La empresa no ha sido capaz, en 52 años, de colocar servicios higiénicos. Entonces, ¿vamos a seguir creyendo en las promesas de las compañías? Yo no las creo. Excúsenme, Honorables colegas, pero la experiencia nos ha aconsejado a dudar de ellas. Las empresas se han dedicado exclusivamente a acumular fortuna en nuestro país. Se han aprovechado de nuestras riquezas y de nuestros trabajadores. Si miramos el campamento americano, encontramos casas realmente majestuosas. Allí viven los señores que tienen derecho a vacaciones pagadas a los Estados Unidos. Pero los que laboran diariamente para aumentar sus riquezas, los trabajadores chilenos, viven en la mugre. Estas son las razones que me mueven a ser desconfiado y a insistir en que esta disposición sea repuesta en el proyecto. Es la única manera que los obreros, por su cuenta y con sus propios medios, puedan tener habitaciones, cercanas a los minerales o donde ellos lo estimen conveniente. Al comienzo de mi intervención dije que los trabajadores no van a vivir eternamente en los campamentos de la Chile Exploration. Saben los señores Senadores que hoy se puso término a un contrato de trabajo y que mañana los obreros tienen que salir del campamento. De esta manera, ellos no sólo deben pensar en la casa insalubre que le dan hoy las empresas, sino en una habitación que les permita, cuando dejen de trabajar en las empresas o cuando jubilen, vivir con tranquilidad con sus mujeres e hijos. El señor CORBALAN (don Salomón). Nosotros, los socialistas, vamos a insistir en el criterio del Senado respecto de este artículo. Nos parece un progreso, en una ley que representa privilegios y canonjías para las compañías extranjeras del cobre, establecer la obligación, en forma permanente, de que el 5% de las utilidades esté destinado a resolver el problema habitacional o contribuya a resolverlo. Todos los Gobiernos, y particularmente el actual, han puesto mucho énfasis en el problema habitacional de Chile. A pesar de ello, en la práctica, se han obtenido resultados adversos. Por ejemplo, en este momento, la construcción particular se encuentra, en el hecho, paralizada. En este sector se construyen menos habitaciones que antes. Y la propia Corporación de la Vivienda, debido a su situación de falencia económica, tiene paralizada la construcción de muchas poblaciones. Tampoco se inicia la construcción de nuevas. En estos instantes no se está construyendo ni siquiera para satisfacer el crecimiento demográfico del país. Por eso, aparecía perfectamente cuerdo que frente a las utilidades exageradas de las compañías del cobre, y que van aumentar con este proyecto de ley, se estableciera la obligación que existe en la ley de la COR- VI, pero con modalidades distintas, pues le permiten a las empresas o compañías, que han cumplido con el plan habitacional, reducir el 5% al 2%. La diferencia se encuentra en que en el proyecto dicho impuesto se establece en forma permanente, además, de consignar y esta es una gran ventaja, la forma en que las empresas pueden cumplir con esta obligación. El artículo que la Cámara de Diputados rechaza, establece en las letras a) y b) que las compañías pueden dar cumplimiento a la obligación mencionada "mediante la construcción, con fondos propios, de viviendas para sus personales de empleados y obreros, sin perjuicio de la inversión del 1% establecido en el número 4 del artículo 18 bis; y mediante el otorgamiento de préstamos a sus personales de empleados y obreros, destinados a la construcción o adquisición en la primera transferencia, de viviendas económicas, en el lugar de su elección. Esto, para el sector de los trabajadores, es de extraordinaria trascendencia, pues para ellos y sus descendientes las habitaciones de los campamentos de las compañías, aparte ser habitaciones muy restringidas, pequeñas, incómodas y muchas veces insalubres, no son de su propiedad, ni son viviendas que satisfacen las necesidades de sus familias. Por ello, necesitan que se les construyan habitaciones estables, donde se radicarán definitivamente, mientras trabajan y después que se retiren a descansar, cuando han jubilado, tras toda una vida de labor en las faenas del cobre. Esta era una disposición extraordinariamente positiva y así lo han comprendido y defendido desde un punto de vista .que nos parece correcto. En la letra c) se estableció que las empresas podían cumplir, también, con esta obligación adquiriendo cuotas de ahorro para la vivienda. Es decir, suponiendo que las empresas hubieran cumplido, primero, con construir las habitaciones de sus campamentos, de acuerdo con las condiciones elementales para el bienestar del trabajador, y, segundo, que hubieran contribuido a la construcción de las habitaciones definitivas de los obreros en los lugares por ellos elegidos, si aún les quedara un saldo, podrían invertirlo comprando cuotas de ahorro, capitalizando, en consecuencia, a la CORVI y permitiendo a este organismo la disponibilidad de mayores recursos para resolver el problema habitacional del país. En consecuencia, aparecía cuerda, necesaria y conveniente esta disposición y, naturalmente, ella concordaba perfectamente con el criterio y la filosofía que siguió la Cámara de Diputados. No obstante tratarse de una indicación cuerda, necesaria y conveniente, la Cámara de Diputados siguió el criterio y la filosofía que le fuera trasmitida por la directiva de la democracia cristiana de rechazar todo aquello que signifique algún gravamen, por ínfimo que sea, para los intereses de las compañías. Esto, evidentemente, significaba un gravamen si alguna vez las empresas daban cumplimiento a sus obligaciones y podían rebajar el impuesto del cinco al dos por ciento. Por eso somos contrarios a la supresión de estos incisos y creemos que el Senado debe insistir, porque estas disposiciones significan un beneficio para el país y contribuyen a la realización de los planes que tanto ha anunciado el Gobierno, para resolver el problema habitacional de Chile. El señor REYES (Presidente).- Tal como lo propuse, se votará, primero, el criterio de la Cámara de Diputados respecto del primer inciso del artículo 21, esto es, la supresión de las frases: "en forma permanente" y "del 5% de las utilidades". En seguida, pondré en votación el párrafo que dice: "Las referidas empresas deberán dar cumplimiento a la obligación del inciso anterior en cualquiera de las siguientes formas...". El señor CHADWICK.- Es la misma votación. El señor AGUIRRE DGQLAN.- Una sola votación, señor Presidente. El señor JARAMILLO LYON.- Hagamos una sola votación. El señor LUENGO.- Si se rechaza el primero, no tiene objeto votar lo otro. El señor REYES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederá a realizar una sola votación. Acordado. El señor CORBALAN (don Salomón).- Que se rechace por unanimidad el acuerdo de la Cámara. El señor CHADWICK.- Pido votación nominal, señor Presidente. El señor REYES (Presidente).- En votación nominal el artículo 21. - (Durante la votación). El señor PALMA.- Pido la palabra, señor Presidente. Como ya se ha explicado en forma detallada, este artículo, en la forma como quedó redactado en definitiva, coloca a las empresas dentro de la ley común. Esto significa, naturalmente, un adelanto sustancial sobre la situación que existe en la actualidad. El Honorable señor Corbalán, al analizar este problema, dijo que la política habitacional seguida por el Gobierno todavía no alcanzaba ni la importancia ni el ritmo que ella debe tener para cumplir este plan destinado a la construcción de 360 mil viviendas, que nosotros aspiramos a realizar en el curso de la actual Administración. La verdad es que poner en marcha un plan de este volumen implica una cantidad de problemas, tanto más cuanto que nos encontramos con una CORVI que no tenía, sobre esta materia, plan alguno de verdadero valor. El señor ALTAMIRANO.- ¡Pero cómo, si los planes los traían Sus Señorías . . . ! El señor PALMA.- No obstante, dúlzante este año, de acuerdo con las estadísticas oficiales y siguiendo la norma habitual que ha existido en la materia, de sumar el sector público con el privado, una proyectada y otra iniciada -ésta es la característica de todas las estadísticas anteriores-, está en marcha un plan de construcciones de diversos tipos que abarca 2.164.929 metros cuadrados. Lo que no deja de tener significación importante, si lo comparamos con lo que, dentro de las mismas estadísticas, existía en el año anterior, en 1964, que es una superficie de 1.588.256 metros cuadrados. Si bien es cierto que hasta el momento casi hemos doblado lo que en materia de construcción se alcanzó el año pasado, no lo es menos que todavía no hemos logrado superar el máximo a que se llegó en 1962, cuando se construyeron 2.670.293 metros cuadrados. No nos cabe duda de que el ritmo tomado por el programa de construcciones habitacionales que está en marcha está de acuerdo con lo previsto y, seguramente, el próximo año podrán superarse las dificultades con que nos hemos encontrado al iniciarlo, como también superar el programa que para el año próximo. . . El señor CORBALAN (don Salomón).- ¿Cuánto van a construir este año, señor Senador? El señor PALMA.- Este año, de acuerdo con las estadísticas, entre los sectores público y privado, están contratados más de 2 millones de metros cuadrados de contrucción. El señor CORBALAN (don Salomón).- ¿Cómo explica la cesantía en la construcción ? Lo que ocurre es que no se está construyendo, sino sólo contratando. El señor CURTI.- Casas de madera, prefabricadas, durante el terremoto. El señor CORBALAN (don Salomón).- Contratos para las calendas griegas. -Se acuerda no insistir (18 votos contra 10). -Votaron por la insistencia los señores Aguirre Doolan, Ahumada, Altamirano, Allende, Ampuero, Bossay, Contreras Labarca, Contreras (don Víctor), Corbalán (don Salomón), Curti, Chadvsrick, Enríquez, Gómez, Jaramillo, Juliet, Luengo, Mauras y Von Mühlenbrock. -Votaron vor la no insistencia los señores Ferrando, Foncea, García, Gumucio, Musalem, Noemi, Pablo, Palma, Prado y Reyes. El señor WALKER (Prosecretario).- A continuación, la Cámara ha rechazado el artículo 22-A agregado por el Senado. El señor REYES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. - {Durante la votación). El señor CHADWICK.- Para qué perdemos tiempo, señor Presidente. Con la misma votación. El señor REYES v(Presidente).- Si le parece a la Sala, se acordaría no insistir, con la misma votación. El señor GOMEZ.- Que se vote, señor Presidente. Es materia importante. ¿Cómo no va a haber algún señor Senador de Gobierno que tenga sensibilidad social? El señor ALLENDE.- ¡No pida milagros, señor Senador...! El señor CORBALAN (don Salomón).- Pido la palabra, señor Presidente. El señor REYES (Presidente).- Está cerrado el debate, señor Senador. El señor CORBALAN (don Salomón).- ¿Me permite fundar el voto, señor Presidente? El señor REYES (Presidente).- Desde las bancas de Su Señoría se solicitó la misma votación. El señor ALLENDE.- Pido votación nominal, señor Presidente. El señor REYES (Presidente).- En votación nominal. - {Durante la votación). El señor CORBALAN (don Salomón).- Señor Presidente, el artículo 22-A es de extraordinaria importancia, porque pretende establecer justicia respecto de una situación que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo en el sector de los trabajadores del cobre. Hace algunos años -si no me equivoco, dos-, fue incluida en otra ley esta misma disposición, con un texto exactamente igual al que ahora se debate. Se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados, con el voto favorable, en aquel entonces, de la Democracia Cristiana. Por supuesto, en la discusión de este proyecto de ley, hemos visto todas las "volteretas" de este partido. El señor JARAMILLO LYON.- ¡Los cambios en libertad. . . ! El señor CORBALAN (don Salomón).- En consecuencia, no me extraña que ahora haya nuevamente un cambio al respecto. Aquella vez, se aprobó; pero el Gobierno de la época vetó la disposición. Este artículo trata de corregir un sistema que hace ilusoria la gratificación y la participación de utilidades de los trabajadores del cobre. La hace ilusoria porque, con el sistema de las amortizaciones aceleradas o semiaceleradas, se reduce en forma extraordinaria la utilidad; al extremo de que, durante más de cinco años, en el mineral de El Salvador, no hubo utilidad y el fisco no percibió un solo centavo. Por lo tanto, tampoco recibieron participación de utilidades ni gratificación los obreros y empleados del cobre. El precepto en debate pretende que sólo para los efectos de la participación de utilidades y de la gratificación -sólo para estos efectos-, no se consideren como gastos las amortizaciones y, por consiguiente, exista una mayor utilidad; de manera que sobre ésta se calculen ambas. Esto es lo que aparece como perfectamente correcto y justo, dentro del criterio social que parecía inspirar la propaganda y las promesas del Gobierno del señor Frei, de las cuales se hizo alarde durante la campaña presidencial, e incluso hoy día, cuando se habla de cambios en libertad y de un Gobierno de revolución en libertad. Al rechazar la disposición que nos ocupa no sólo no hay cambios, sino que se pretende mantener y consagrar un sistema que significa hacer ilusoria toda participación de utilidades y la gratificación de los empleados y obreros. Simplemente, es algo que no tiene significado, pues no podrá aplicarse sobre la utilidad real que las empresas están obteniendo en la actualidad y que burlan mediante el sistema de la amortización. Por eso, pido al Senado, y especialmente a los Senadores democratacristianos, que modifiquen su criterio; que actúen como actuaron hace tiempo, cuando aprobaron la otra disposición. Si no me equivoco, en la votación de esta misma indicación, durante el segundo trámite del proyecto, algunos Senadores de la Democracia Cristiana la aprobaron. No estoy seguro de ello, pero me parece que fue así. Dejemos el artículo tal como está y habremos hecho justicia respecto de este sector. El señor AHUMADA.- Pido la palabra, señor Presidente. Los Senadores radicales insistiremos en este artículo 22-A, a fin de que la amortización que realizan las empresas sujetas a esta ley, y que corresponden a inversiones y préstamos, no sean consideradas gastos que rebajen la utilidad líquida. Al mismo tiempo, para los efectos de determinar la participación en las gratificaciones que corresponda percibir a los trabajadores. Insistiremos también respecto de los artículos que siguen 22-B, 22-C y 22-D, porque la mayoría de ellos han sido producto de indicaciones formuladas por los Senadores de mi partido y de otras bancas en la discusión particular del proyecto. Nada más. El señor GOMEZ.- Esta disposición significa muy poco para las empresas. Para el Estado también significa muy poco, porque el porcentaje de la participación de empleados y obreros es insignificante con relación al volumen de las utilidades. En cambio, para los obreros y empleados esto es fundamental, es su vida, pues ellos viven con las migajas de lo que producen las grandes empresas. La migaja del jornal es lo que recibe el trabajador de estas empresas. Lo acaecido en El Salvador demuestra la completa justicia de esta disposición. Por ejemplo, en los últimos años,. . . El señor CURTI.- Pero ahora se cambia el sistema. El señor GOMEZ.- . . . por el sistema de amortizaciones que tenía, dicha mina apareció sin utilidades y, en consecuencia, no repartió gratificaciones entre sus empleados y obreros. Esta disposición es totalmente justa, y espero que en ese ex movimiento que se proclamaba la voluntad de un pueblo joven, . . . El señor CORBALAN (don Salomón).- Eso era antes. - El señor GOMEZ.- . . . que iba hacer justicia a las masas trabajadoras,. . . El señor CORBALAN (don Salomón).- Ahora están viejos. El señor GOMEZ.- ... quede algún Senador leal a ese principio, para que esta disposición pueda ser aprobada. El señor CURTI.- Sólo falta uno. El señor GOMEZ.- Espero que quede alguien, pues donde algo hubo, algo puede quedar. El señor LUENGO.- De eso hace más de un año. El señor GOMEZ.- Espero que algún señor Senador, en consulta con su conciencia, reaccione y vote favorablemente esta disposición, como lo están haciendo los sectores progresistas de este país, que se extienden desde la extrema Derecha, saltándose el centro, hasta la extrema Izquierda. Voto por la insistencia. El señor CORBALAN (don Salomón).- ¿Por qué no cambiamos el lugar de la Democracia Cristiana, para que sus Senadores sientan donde está ubicada la extrema Derecha? El señor GOMEZ.- Son el muro que divide el país. El señor MUSALEM.- Y al Honorable señor Corbalán habría que colgarlo de la lámpara. El señor CORBALAN (don Salomón).- A Su Señoría yo lo colgaría... si supiera de dónde. . . - (Risas). El señor NOEMI.- La idea es no deducir las amortizaciones al determinar las utilidades de las empresas sobre las cuales se calcularán las participaciones o gratificaciones de los trabajadores. Eso está, sin duda, en contra de las normas generales que rigen en la materia. . . El señor CHADWICK.- Contra la revolución en libertad. El señor NOEMI.- . . . y que se encuentran contenidas en los artículos 150 y 151 del Código del Trabajo. Por lo demás, el temor de los señores Senadores de que las utilidades de las empresas podrían ser disminuidas por una amortización acelerada, como en los ejemplos que se pusieron respecto de El Salvador, ha desaparecido totalmente con la fórmula que se aplicará en los decretos de inversión. De acuerdo con el sistema de amortización establecido en éstos, la de El Salvador, que era de cinco años, hoy será de 15 años. En dicha mina, se amortizaban ocho centavos de libra de cobre producido, pero ahora sólo podrán amortizarse 1,8 centavos. Como esta amortización disminuirá a menos de la cuarta parte, de acuerdo con lo que quedará concretamente establecido en los decretos de inversiones, habrá utilidades, y, en consecuencia, no se dañará a los trabajadores. Además, como la rebaja por cada libra de cobre refinado disminuirá de un centavo a medio centavo, bajarán los costos y, por lo tanto, aumentarán las utilidades. El señor LUENGO.- ¡El sueño de Chile! El señor NOEMI.- En consecuencia, contrariamente a lo que se piensa, se mejorará la situación de los trabajadores con las medidas que se adoptará sobre esta materia. El señor CHADWICK.- También hemos demostrado que eso no es efectivo. El señor NOEMI.- Su Señoría no lo ha demostrado. El señor GUMUCIO.- ¡Habló Zaratustra! -El Senado acuerda no insistir (18 votos por la insistencia y 10 por la no insistencia). -Votaron por la insistencia los señores Aguirre Doolan, Ahumada, Altamirano. Allende, Ampuero, Bossay, Carlos Contreras, Víctor Contreras, Salomón Corbalán, Curti, Chadwick, Enríquez, Gómez, Jaramillo Lyon, Juliet, Luengo y Maurás. -Votaron por la no insistencia los señores Ferrando, Foncea, García, Gumu- cio, Musalem, Noemi, Pablo, Palma, Prado y Reyes. El señor WALKER (Prosecretario).- La Cámara de Diputados ha rechazado el artículo 22-B, que el Senado acordó agregar a la ley 11.828. El artículo 22-B dice como sigue; "Los empleados chilenos de las Empresas de la Gran Minería, cuyas remuneraciones se pagan en moneda extranjera, tendrán derecho a indemnización por años de servicios en las mismas condiciones que actualmente tiene el personal pagado en moneda chilena. "La indemnización aludida no podrá exceder de US$ 600 por cada año servido". El señor REYES (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor CORBALAN (don Salomón).- Este artículo fue bastante debatido en el segundo informe de las Comisiones de Hacienda y Minería, unidas. Trata simplemente de corregir una situación absolutamente irregular y desfavorable de un sector importante de los trabajadores del cobre. En efecto, los empleados que se encuentran en el rol oro no tienen los mismos derechos del resto de los trabajadores sindicados de las empresas, como es el caso, por ejemplo, del derecho a la indemnización por años de servicios. Es una situación actualmente desventajosa e inconveniente para este sector de trabajadores, que se trata de corregir mediante este precepto, para que no exista discriminación entre los asalariados de unas mismas compañías del cobre. Nosotros manifestamos -y lo reitero una vez más- que no nos gusta el sistema de que haya empleados remunerados en moneda extranjera y otros en moneda nacional, pues es un medio que han buscado las empresas para poder hacer exigencias de otro tipo a estos trabajadores . . . El señor LUENGO.- Para dividirlos. El señor CORBALAN (don Salomón).- . . .y por esa vía burlar, en gran medida, los compromisos de orden social y las obligaciones solidarias de los propios trabajadores del cobre. Sin embargo, con amplitud y sano criterio y, sobre todo, con un pensamiento de solidaridad de la clase trabajadora, la Confederación del Cobre planteó la necesidad de terminar con esta situación injusta en que se encuentra este personal, por cuanto el sistema de rol oro se ha transformado en una verdadera carga para ellos y en un inconveniente, que es necesario superar. Me gustaría conocer las razones del Ejecutivo para ordenar a su mayoría en la Cámara de Diputados el rechazo de esta disposición. ¿Acaso no son trabajadores que tienen las mismas obligaciones y realizan esfuerzos similares al del resto de los trabajadores del cobre? ¿Acaso ellos no tienen, por el carácter de su labor, por la similitud de las tareas y por las responsabilidades que asumen en la producción de la empresa, los mismos derechos que el resto de los trabajadores sindicados? ¿Qué razón hay para privarlos de este derecho? ¿Acaso las compañías desean seguir otorgando otros sistemas de compensaciones o privilegios a este personal para mantenerlos gratos a la dirección de la empresa y fomentar la división en el seno de la clase trabajadora que labora en la gran minería del cobre? A nuestro juicio, este Gobierno, con un criterio social elemental, por una razón de principio, debería tender a que dicha situación se igualara y, en consecuencia, estos empleados estuvieran en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores del cobre así coincidiría con la actitud de amplitud que ha asumido la dirección máxima de estos últimos, a pesar de que los asalariados del rol oro no pertenecen a las organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación de Trabajadores del Cobre. Eso demuestra la generosidad, amplitud y altura de propósitos con que esta Confederación mira los intereses de todos los trabajadores de los minerales. Nosotros insistiremos, y deseamos -como digo- conocer las razones que el Gobierno ha tenido para oponerse a esta disposición. El señor AHUMADA.- Los Senadores radicales insistiremos en el artículo 22-B, originado en una indicación presentada conjuntamente por los Honorables señores Gómez, Miranda, Maurás y el Senador que habla, a fin de terminar con esta situación especialísima que afecta a los empleados chilenos de las empresas de la gran minería cuyas remuneraciones se pagan en moneda extranjera. En apariencia, la situación de los trabajadores que están en el rol oro, podría considerarse como un especial estatuto de privilegio. Sin embargo, al comparar los derechos que ellos tienen con los del personal pagado en moneda chilena, advertimos diferencias sustanciales, especialmente en lo relativo a indemnización por años de servicios. Por eso, los Senadores mencionados presentamos las indicaciones 292 y 293, a fin de equiparar la situación especial de los trabajadores del rol oro y darles una indemnización, que calculamos en 600 dólares por cada año servido. Tal como expresó el Honorable señor Corbalán, deseamos que la Democracia Cristiana nos diga qué motivos existen para desechar precisamente este artículo, aprobado en la discusión en particular del proyecto en debate. El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Los Honorables señores Corbalán y Ahumada han consultado sobre las razones tenidas por el Ejecutivo y la Democracia Cristiana para rechazar esta disposición. Me correspondió explicarlas en la Cámara de Diputados y las repetiré muy brevemente en el Senado. Las aspiraciones que pretende satisfacer este artículo, son perfectamente legítimas, como la inmensa mayoría de las aspiraciones que alientan los trabajadores chilenos, incluso aquellos que laboran en la gran minería del cobre y disfrutan de condiciones abiertamente superiores a la del resto de los asalariados chilenos. Sin embargo, dentro de las posibilidades limitadas de un país o de la significación económica que estas peticiones envuelven, en cuanto al desplazamiento de recursos del fisco hacia un sector determinado de trabajadores, estimamos que esta aspiración, aunque legítima, no puede anteponerse a aquellas aún más legítimas y ciertamente más urgentes que tratan de ser resueltas mediante diversos programas financiados con cargo al presupuesto nacional. Siempre que se discuten preceptos como éste, se suscita la alternativa de a quién se favorece o a quién se perjudica. Es evidente que todo nuevo costo que recargue el proceso de producción de la gran minería del cobre afecta en cierta proporción a las empresas extranjeras y en otra mayor al erario. Debido a la significación que esos nuevos costos implican para el erario, el Ejecutivo ha debido adoptar decisiones para no hacer primar aspiraciones legítimas, pero de urgencia secundaria, frente a exigencias más imperativas, como aquellas que se' derivan de los programas que el Gobierno debe cumplir por voluntad del pueblo que lo elevó al poder. Debo hacer presente que los empleados chilenos de la gran minería regidos por el rol oro tienen indemnización por años de servicios de conformidad con las leyes 7.29-5 y 10.475, a las cuales también está afecto al común de los empleados particulares. El precepto en debate pretende establecer un beneficio excepcional, adicional, que si bien es efectivo disfrutan de él los empleados de la gran minería del cobre pagados en moneda nacional, no lo es menos que carece de esta segunda indemnización la inmensa mayoría de los empleados particulares. El desplazamiento de patrimonio que implica esta medida significa para el Estado, según estudios del Departamento del Cobre, un menor ingreso fiscal del orden de los 10 millones de escudos, suma que no se justifica restarla de la colectividad 'para entregarla a un sector que ya tiene el derecho a indemnización común a todos los empleados particulares ya que, además, disfruta de remuneraciones desproporcionadamente superiores al común de los asalariados chilenos. Esa es la razón por la cual el Ejecutivo se ha opuesto a este precepto y solicita en este momento, por mi intermedio, que se respete el criterio de la Cámara sobre esto. El señor GOMEZ.- La argumentación del señor Ministro me parece profundamente extraña. Ha hablado de desplazamiento de fondos fiscales. . . El señor CONTRERAS (don Víctor).- Es que el fisco ahora será socio. El señor GOMEZ.- Es evidente que el fisco dejaría de percibir parte del impuesto sobre esta indemnización, pero la verdad es que las compañías también pagan, y de acuerdo con este proyecto y la política que impulsa el Gobierno, pagarán el 50% cada uno. Para usar un terminacho extranjero, aquí iremos "fifty- fifty", y esto representa una ventaja para el país, el cual debe agradecer que el fisco tenga la oportunidad de desprenderse de una parte para permitir que del extranjera venga otra igual en nuestro beneficio. En consecuencia, Chile obtendrá mayor riqueza y, al mismo tiempo, se hará justicia a un grupo de empleados y obreros que está al margen de este beneficio. En este caso, la compañía, de acuerdo con este precepto, deberá pagar con fondos que ahora saca al extranjero. La afirmación de que el fisco se perjudicaría con la aprobación de este artículo es relativamente válida, porque recibe el impuesto global complementario sobre esta indemnización, de manera que se recupera posiblemente con creces, ya que sabemos, y el señor Ministro también, a cuánto asciende dicho tributo. En consecuencia, el fisco no se perjudica; desembolsa una suma de dinero que reembolsa inmediatamente por la vía del referido impuesto. En esa forma nos queda la diferencia que las empresas deben traer al país. Esta es una ventaja para el erario a fuer de que representa hacer justicia a un grupo de trabajadores. La argumentación del señor Ministro no resiste el menor examen, y creo que el Senado debe insistir en esta disposición. Los razonamientos que hemos escuchado en contra de ella no pueden convencernos frente a los que yo he dado en el sentido de que el país gana con este precepto. Me agradaría ver recapacitar a los Senadores de 'Gobierno frente a este artículo, precisamente para no perjudicar al país y permitir que estos recursos en dólares ingresen efectivamente. Deseo insistir en que ese pago en dólares se produce, porque de esta manera las compañías retornan menos, ya que esos fondos se liquidan al tipo de cambio de corredores, y como es una suma en escudos la que deben pagar a esos obreros y empleados, la cancelan en dólares parara así retornar menos divisas al país. Si no se quiere otorgar esta indemnización, lo justo habría sido que el Gobierno hubiese propuesto una legislación destinada a terminar con los pagos en dólares, a fin de que todos reciban sus emolumentos en escudos. Este problema queda resuelto con un beneficio adicional: el país tendría más dólares de retorno para pagar los mismos escudos que ahora está pagando. El señor GUMUCIO.- ¿Por qué no formuló indicación en este sentido Su Señoría? El señor GOMEZ.- Porque algunas cosas se nos escapan, señor Senador. Sus Señorías votan sistemáticamente en contra todo lo que sea bueno para el país. El "Gobierno debió haber tomado las providencias del caso, porque está dentro del negocio de este asunto del cobre. Si Sus Señorías están en defensa de los intereses del país, tenían la obligación de haber traído las iniciativas pertinentes para haber corregido esta anomalía. Nadie se habría opuesto en el Senado a aprobar una disposición que significara pagar desde hoy en escudos y no en dólares. El señor CURTI.- Se habrían opuesto los empleados. El señor GOMEZ.- Votamos favorablemente esta indicación, porque íavorece a los obreros, a los empleados, al erario y al país en general. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Votaremos afirmativamente esta disposición, pues la consideramos justa. Los empleados que llegan a ser pagados en dólares lo son en razón de sus méritos, y después de haber estado muchos años al servicio de las empresas. También son pagados en esta moneda algunos profesionales chilenos. No comparto en absoluto las expresiones del señor Ministro en el sentido de que los trabajadores de las empresas cupreras tienen sueldos superiores al resto de los obreros del país. Aún cuando ello es efectivo, el señor Ministro sabe perfectamente, porque fue durante mucho tiempo abogado de los sindicatos de los obreros del cobre, en las condiciones en que trabajan los mineros, cuáles son sus condiciones de vida. Lo elevado del costo de la vida hace estragos en los minerales. Aún cuando se hable de que estos trabajadores obtienen salarios y sueldos superiores al resto, debemos convenir en que a las empresas norteamericanas les conviene explotar nuestras materias primas, pues en nuestro país consiguen mano de obra barata. El señor Ministro y los señores Senadores saben cuál es el jornal medio de un minero en Estados Unidos y cuál es en Chile. Hasta hace pocos días se pagaba a los obreros mineros 12 mil pesos diarios. Más de alguno de nosotros debe haber administrado alguna vez el gasto' de un hogar; a más de alguno la dueña de casa le habrá dicho con cuánto se vive en estos instantes, y habrá llegado a la conclusión. . . El señor CHADWICK.- Medio se come, nada más. El señor CONTRERAS (don Víctor).- ... de que en estos momentos con doce mil pesos no se pueden atender las mínimas necesidades diarias de un hogar. Mientras a un minero en Chile hasta hace poco se le pagaban tres dólares, en Estados Unidos un mozo de hotel gana doce dólares diarios. Imagino que las rentas de los mineros en ese país deben ser muy superiores. El señor CHADWICK.- Son de 3 dólares 20 centavos por hora. Creo que ése es el salario medio de los obreros en dicho país. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Allá es bueno el capitalismo, como anota el Honorable señor Palma, pero a expensas de nuestro sacrificio. La ganancia que producen los trabajadores chilenos, sirve para que Estados Unidos pueda pagar jornales y sueldos superiores y mantener contentos a sus empleados y obreros. Deben saber los señores Senadores que los asalariados a quienes se paga en moneda oro, reciben un mes de indemnización, o sea 600 dólares, aunque hayan servido treinta años en la empresa, y que estos dólares, que se les pagan por una sola vez, se entregan al cambio de corredores. Pues bien, mientras a estos trabajadores se les cancela un mes de indemnización, los restantes, los empleados particulares, reciben treinta meses por el mismo concepto. En seguida, el señor Ministro dijo que esto significa un desembolso exagerado, porque esa gente tiene condiciones distintas a las del resto de los asalariados del país. Yo convengo en que es así, porque efectivamente tienen diferentes formas de trabajo y hasta otro clima. Sin embargo, debo hacer notar que las palabras del señor Ministro me dan la impresión de que ya está hablando como socio de las empresas, ya que, una vez promulgado como ley este proyecto, el Estado formará una sociedad con las compañías extranjeras. Y tomen nota los trabajadores : cuando presenten, mañana, sus pliegos de peticiones y hagan demandas a las empresas, las condiciones no serán tan fáciles porque se argumentará que el socio fisco no puede desembolsar tanto dinero ; de tal manera que les irán reduciendo sus entradas. En resumen, votaré favorablemente este artículo por considerarlo de toda justicia. El señor CORBALAN (don Salomón).- Estimo un deber no dejar las palabras del señor Ministro sin una categórica respuesta. A mí me parece extraordinario que un Ministro que fue abogado de los trabajadores y, en consecuencia, más de alguna vez debió defenderlos, ahora siente aquí una teoría muy especial. Resulta que el Gobierno es contrario á todo aumento de gastos en las empresas, porque así disminuye la utilidad y, por consiguiente, la tributación que percibe el Estado. Si seguimos el razonamiento del señor Ministro, esa teoría es válida no sólo para las empresas extranjeras, sino también para todas las del país, ya que los impuestos son a la renta y para que no disminuyan los impuestos a la renta habría que promover y facilitar mayores utilidades para las empresas. Por lo tanto, el señor Ministro se transforma en socio de los empresarios contra los obreros. O sea, la revolución en libertad consiste en asociarse con los patrones para luchar contra los obreros, contra los asalariados. Eso se desprende categóricamente de la nueva teoría que sustenta el señor Ministro. El señor CHADWICK.- Por eso, ha dicho el convenio con la Anaconda que los intereses de las empresas se confunden o identifican con los de Chile. Esa es la filosofía de los convenios. Ese es el camino de la Democracia Cristiana hacia el fascismo: el Estado identificado con las grandes empresas. El señor PRADO.- ¿Y la nacionalización? El señor PABLO.- En realidad, comprendo perfectamente la postura de los Senadores de la Oposición. Yo no he participado mayormente en el debate de este proyecto y estoy votando por instrucciones de mi partido, de acuerdo con él. No conozco ninguna revolución que haya empezado dando, ni la cubana. Las pensiones de jubilación en Cuba, según mis antecedentes, son de 100 dólares por parejo, para cualquiera. La incitación al trabajo se da desde arriba. Y no se trata de reducir las horas de labor. Aquí quieren cambiar la fisonomía del país diciendo a los trabajadores que están mejor remunerados que trabajen 40 horas, en circunstancias de que saben positivamente que eso no lo resiste la economía para otros sectores de mayores derechos. 'No quiero decir que no sea una meta; pero no lo resiste en este instante. El señor CORBALAN (don Salomón).- Ese es otro artículo. El señor PABLO.- Saben positivamente que crear diferenciaciones cada vez más profundas, resulta a la postre desalentador para otros grupos de trabajadores. La revolución en libertad está procurando levantar el nivel de la vida de la gente no organizada. El señor ALTAMIRANO.- ¡El nivel de vida de Anaconda y Kennecott! El señor PABLO,- Esa es la gran tarea: servir a los pobres. Los señores Senadores lo saben perfectamente. Naturalmente, en torno de los grupos que se van creando, que revisten siquiera una pequeña posibilidad electoral, ahí están ustedes "cargando la mata". Comprendo su posición, como he dicho; pero también tengo la seguridad absoluta de que si Sus Señorías estuvieran en el Gobierno no podrían asumir esta postura. Un país se salva con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, y eso es lo que estamos haciendo. No soy partidario en este instante de dar en forma indiscriminada toda clase de indemnizaciones, de sueldos, y de adoptar una serie de posiciones simpáticas, como ocurre con este artículo. Algún día se llegará a eso. Pero acerca de este precepto comparto la tesis del Honorable señor Gómez, en orden a que no debe autorizarse que ningún trabajador gane más de mil dólares en dólares. No acepto que a una cocinera, por el hecho de estar en Chuquicamata, se le paguen 200 ó 300 dólares. Si aceptan los contratos es porque son ventajosos para ellos y a las compañías también les conviene. Pero eso es negativo a la larga para la economía de la comunidad. Eso debió establecerse aquí; no lo que dice este artículo, que, al fin de cuentas, significa privilegio para algunos sectores. El señor CORBALAN (don Salomón).- Estaba analizando las opiniones expresadas por el señor Ministro y descubriendo cuál es la esencia de la política social de la revolución en libertad. Dije que consistía en asociarse con los empresarios, con los patrones, para aumentar las utilidades, disminuir los gastos y, en consecuencia, enfrentar unidos, el Gobierno y los patrones, a los asalariados. La interrupción del Honorable señor Pablo ha tenido la virtud de hacer más claro el pensamiento de su partido en sus alcances profundamente regresivos. El es contrario a las discriminaciones y a los privilegios; pero sucede que estamos despachando un proyecto de ley que es una suma de privilegios y discriminaciones en favor de las compañías extranjeras. ¡ Cómo no va a ser irritante que, mientras a las compañías se otorgan privilegios cambiarios, tributarios, de retorno, aduaneros, de amortización, etcétera, se niegue a los trabajadores derechos elementales, legítimos, que aspiran conseguir desde hace mucho tiempo y a los cuales deben tener amplio acceso! ¡ Esa es la discriminación: el extremo ancho del embudo para los yanquis; el angosto, para los chilenos, para los nativos! ¡En este proyecto, todo en favor de las empresas; nada en favor de los trabajadores! ¡ Se defiende a las compañías para que no se aumenten sus costos y obtengan más utilidades, con el argumento jesuítico de que, mientras mayores utilidades perciban, más gana el Estado! ¡Y ese criterio pueden extenderlo a todas las empresas, generalizando la idea sobre el impuesto a la renta! En seguida, el señor Ministro del Trabajo y su partido -que se ha convertido en el partido más derechista y reaccionario que haya habido en Chile- sostienen ahora lo mismo que se ha dicho muchas veces por los sectores más regresivos del Senado o la Cámara de Diputados; que se trata de los obreros con mayores privilegios, porque tienen las remuneraciones más altas. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué dijo el Presidente de la República? Claro que cuando era candidato. Entonces el asunto era distinto y se decían muchas cosas. Dijo que los trabajadores debían recibir una renta con relación a su productividad. El señor CHADWICK.- Ahí está el problema. El señor CORBALAN (don Salomón).- Ahora bien, los trabajadores del cobre son los de mayor productividad en el país, y esa productividad ha aumentado en los últimos años. El señor Ministro debe saberlo, porque fue abogado de esos trabajadores. Desde 1955 hasta ahora, ha aumentado la producción y han disminuido los operarios, de 25 mil, a 17 mil. Eso significa mayor producción "per cápita", mayor productividad. Tienen en consecuencia, perfecto derecho a recibir remuneraciones acordes con su productividad. El señor AMPUERO.- Se ha recordado en más de una oportunidad, a lo largo de los últimos 25 ó 30 años, que la productividad del trabajador chileno es superior en más de 50% a la del obrero norteamericano en minas del mismo nivel de mecanización. El señor GOMEZ.- Allá ganan 500% más. El señor CORBALAN (don Salomón).- Con una soltura de cuerpo que me extraña, el señor Ministro se ha alarmado aquí, ha dicho que ellos no aceptan este sistema, que redunda en mayores privilegios para los trabajadores, y se ha referido especialmente al rol oro. ¿Pero se ha preocupado de cómo cargan los costos las contrataciones del rol oro en Nueva York, y de que los emolumentos que recibe el personal contratado en esa ciudad no queda en Chile, sino que de nuevo retorna al extranjero? Yo se lo diré. El contratado en Nueva York goza, entre otras, de las siguientes garantías: preferencia total en la asignación de casa y reparaciones; en cinco años recibe cinco meses de vacaciones pagadas, una vacación legal los dos primeros años, y tres meses más al completar tres años; en las últimas, se le pagan todos sus gastos a Europa y Estados Unidos, y de regreso, incluyendo por supuesto a toda su familia; sus hijos reciben una beca para seguir estudios secundarios y superiores en el exterior, y la empresa cubre sus gastos de ida y regreso a Chile durante sus vacaciones anuales para ver a su familia. Además, la empresa paga bonos especiales para cubrir el, monto del impuesto global complementario que deben pagar los contratados en Nueva York. Y se ha dado más de una vez el caso de empleados de Nueva York que han trabajado aquí sólo dos o tres meses -y hasta hubo uno que trabajó tres días- y después han renunciado, debiendo la empresa enviarlos de regreso a Estados Unidos. ¡Todo esto se carga a costos, señor Ministro! El señor CHADWICK.- Sí, pero esos trabajadores no son chilenos... El señor CORBALAN (don Salomón).- Mas, ese caso no inquieta al señor Ministro, ¡tal vez porque esos trabajadores no son nativos! ¡ Son yanquis, son extranjeros! Entonces, no importa. Esos son privilegios y contra ellos y contra todos los consignados en esta ley nos hemos pronunciado nosotros. Queremos que al menos en esta ley de privilegios en favor de las compañías extranjeras, haya un mínimo de elemental justicia para los trabajadores chilenos del cobre. Por eso estamos defendiendo estos puntos de vista. Por eso, también, la Confederación de los Trabajadores del Cobre, en una actitud que destaco como heroica y valiente, ha asumido la responsabilidad ante el país y se encuentra paralizada, señalando ante Chile lo que es esta ley de privilegios para las compañías extranjeras y de castigo para los trabajadores chilenos. El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- En repetidas observaciones he sido aludido por los señores Senadores. Por ello, me parece indispensable -incluso un deber de cortesía- responder a esas alusiones en forma muy breve. Los Honorables señores Víctor Contreras y Salomón Corbalán han dicho en varias oportunidades que yo fui abogado de los trabajadores del cobre. A honra lo tengo; pero nunca fui abogado de los trabajadores del rol oro, porque estos últimos no participan en la Confederación, motivo por el cual, en estos días, pese a la huelga o paralización de faenas existente, han continuado trabajando. Ese grupo de trabajadores que, vuelvo a decir, son chilenos, aun cuando sus remuneraciones sean pagadas en moneda extranjera y posean un alto nivel de rentas, envidiable para los demás asalariados chilenos, tienen derecho a aspirar a un mejoramiento; pero deben situar sus anhelos dentro de un marco de prioridades adecuado a las necesidades de la comunidad nacional. Dicho sector goza de un nivel de remuneraciones que, en el consenso unánime, pudiera ser inconveniente. Por otra parte, se ha dicho -y es un hecho indiscutido- que los trabajadores que se incorporan al rol oro, junto con recibir el pago de la indemnización que les corresponde por el tiempo durante el cual estuvieron pagados en moneda nacional, dejan de pertenecer a la actividad sindical. Y yo no estimo conveniente estimular aún más un tipo de retribuciones y condiciones de trabajo que provoca y genera el interés de los asalariados por abandonar sus responsabilidades sindicales. Este artículo está relacionado con la actividad sindical. Al respecto debo manifestar que conservo un recuerdo muy vivo y claro de los largos años durante los cuales actué como abogado de la Confederación de Trabajadores del Cobre y, por ello, digo que está relacionado, porque persiste la grave preocupación que afecta a los sindicatos del cobre en cuanto al hecho de que algunos de sus dirigentes de categoría y significación son tentados con altas rentas las cuales, pese a representar la privación de determinados beneficios, son preferidas por ellos, pues constituyen privilegios inclusive con respecto de los demás trabajadores de la gran minería del cobre. Siempre he rechazado la afirmación de que los obreros del cobre constituyen un grupo privilegiado. No lo son, pues legítimamente perciben altas rentas a causa de prestar sus servicios en empresas de alta productividad. Lo he dicho durante muchos años y lo sigo pensando; pero, igualmente, continúo sosteniendo -y nadie debe extrañarse de mi teoría, incluso mi amigo el Honorable señor Corbalán- que es necesario distinguir entre los factores que influyen en los costos y la proporción en que éstos influyen en un país que vive, principalmente, de la participación tributaria en las utilidades que producen las empresas de la gran minería del cobre. Por esta razón al fisco chileno no debe serle indiferente aumentar los costos sin examinar si ese incremento corresponde a una obligación legítima o a una que no tiene prioridad respecto de las demás obligaciones del Estado. Hace poco tiempo, me correspondió estudiar la organización sindical de la Unión Soviética, para participar en un foro. Estuve leyendo y releyendo -recomendaría amigablemente a los señores Senadores que me han contradicho que lo repasen- cuáles son los fines de los sindicatos en la Unión Soviética y cuáles las cláusulas obligadas o las principales de los convenios colectivos que se celebran en ese país. El primero de aquéllos es bajar los costos, aumentar la productividad, mejorar el rendimiento. Todo ese proceso se aplica, porque se entiende -y lo sabe un país experimentado y respetable como la Unión Soviética- que, sin el esfuerzo y la participación del trabajo no es posible construir la riqueza de una nación. Por eso, cuando se determina y regula el nivel de remuneraciones de los trabajadores, es preciso considerar no sólo sus derechos y participaciones, sino también la incidencia que dicha participación tiene en las utilidades de la empresa respectiva. Con mayor razón en los casos en que esas utilidades, en más de un 50%, las paga el Estado. Los Honorables Senadores socialistas que han sido partidarios de la nacionalización del cobre, la cual implica una identificación total del interés del trabajo con el del Estado, no pueden dejar de apreciar la participación que éste tiene en la tributación del cobre. En este sentido, un Gobierno que se precia de esforzarse en el cumplimiento de un programa social, debe cuidar de que no se perturben las prioridades principales de ese programa frente a objetivos que, por muy respetables que sean, no gozan de prioridad, como creo está de sobra demostrado, por el nivel de remuneraciones que percibe este limitado y respetable sector de los trabajadores del cobre de la gran minería. El señor ALLENDE.- En verdad, es sorpresivamente grato para nosotros contar con la presencia del señor Ministro del Trabajo. Digo "sorpresivamente grato", porque tanto en este recinto como en las Comisiones respectivas, se han planteado problemas relacionados con los trabajadores y no hemos tenido oportunidad de oír el pensamiento, la doctrina, la filosofía laboral de este 'Gobierno revolucionario. Desde luego, no es admisible en un hombre de la experiencia y cultura del señor Ministro, hacer tan livianamente una comparación entre las condiciones de vida de los trabajadores incorporados a un régimen socialista con las condiciones de los que viven en países capitalistas. Decir que los sindicatos de los países socialistas tienen determinadas funciones y no reconocer que allí ha habido una auténtica revolución, desde el momento en que los medios de producción son colectivos, es asaz engañoso y falso. El señor PRADO.- ¿Por qué? El señor ALLENDE.- ¿Quién formula esa pregunta? El señor PRADO.- Yo, Honorable colega. Y la hago porque pienso en los derechos humanos de los trabajadores, ya sea que el patrón de éstos sea el Estado o un simple particular. El señor CORBALAN (don Salomón).- El Estado no es patrón. El señor ALLENDE.- Cuando hemos hablado de socialismo, lo hacíamos en el entendido de que la cultura de mi Honorable colega porteño me ahorraría explicar qué representa dicha doctrina y qué es la colectivización de los medios de producción. Con todo, si ello fuere necesario, se lo explicaré gustoso. El señor PRADO.- Preferiría que no me lo explicara. El señor ALLENDE.- Indiscutiblemente, es fundamental la diferencia que existe en los aspectos señalados cuando esos medios pertenecen a la comunidad, o sea, cuando ha terminado la explotación del hombre por el hombre, y cuando han desaparecido los sectores privilegiados que aprovechan, utilizan y usufructúan... El señor CHADWICK.- Del trabajo ajeno. El señor ALLENDE.- . . .de las ventajas que les brinda su posición. Ya ¡o he dicho. Me refiero a la etapa que se cumple con el advenimiento de la colectivización, cuando termina la explotación del hombre por el hombre, cuando la plusvalía no está destinada a favorecer a los menos en desmedro de los más. Pero, en este recinto, y a esta altura, es conveniente no olvidar los elementos fundamentales de la discusión. El señor AMPUERO.- Se dan por conocidos. El señor ALLENDE.- De ahí que lógicamente hayamos de extrañarnos por el hecho de que semejante argumentación sea empleada por un hombre de la cultura, la experiencia y las vinculaciones con los trabajadores -aunque haya sido en el ejercicio de su, profesión-, que posee William Thayer Arteaga. Parece haber olvidado -y yo, más que otro, debo recordarle- las palabras de la Democracia Cristiana, pronunciadas no sólo durante la última campaña presidencial, sino en el curso de muchos años, cuando se hablaba de que el Gobierno del pueblo comenzaba con la victoria de Freí. Quien escuchaba esa afirmación debía entender, sin duda, que se proyectaba el ascenso del pueblo organizado, de los trabajadores, al ejercicio del poder y, por lo tanto, a ser copartícipe de él, lo cual representaba un cambio en la propiedad de los medios de producción. Pero cuando uno observa y analiza el modo de actuar; cuando uno cae en la cuenta de que durante la etapa electoral se emplea un determinado lenguaje y, después , en el ejercicio del Gobierno, otro, revelador de que la política llevada a la práctica exterioriza el concepto más definido de un capitalismo que ni siquiera alcanza a ser progresivo o neocapitalismo; cuando uno aprecia la contradicción brutal, inadmisible e increíble de quienes hablaron de revolución y ahora entroncan la influencia del capital mediante estos convenios; cuando uno ve que el ciudadano Presidente de la República, durante su visita a Europa, utiliza un lenguaje revolucionario y garantiza a los inversionistas foráneos las máximas garantías otorgadas por el régimen capitalista, entonces uno comprende lo que está sucediendo en el país y lo que representa, en el fondo, esta gran estafa. Tengo a la vista -y el señor Ministro lo sabe- un resumen de los conflictos del trabajo habidos durante este año y la duración que cada uno de ellos ha tenido. Ante la situación reflejada en este documento, cabe preguntarse ¿qué diferencia hay entre las actuaciones del señor Thayer, como Ministro del Trabajo, y de este Gobierno, respecto de las actuaciones de la Administración Alessandri, a la que Sus Señorías, reiterada y permanentemente, motejaron de reaccionaria y de ultra derechista? ¿No hemos visto que algunos conflictos se han prolongado por cincuenta, ochenta, ciento diez o ciento veinte días? ¿Ha pasado inadvertida para nosotros la forma como ha actuado el Gobierno ante esos conflictos? No, señor Ministro. Lo sé de cerca y también el Honorable señor Víctor Contreras, quien padeció en Valparaíso algunos efectos del conflicto portuario, durante el desarrollo del cual el señor Ministro estuvo ausente. ¿Acaso no sabemos con claridad meridiana -como lo sabe todo el país- que la política del Gobierno y de la Democracia Cristiana ha estado marcada por una tentativa inicial de quebrar la organización de los trabajadores? ¿No hemos recordado en este recinto, con indignación ciudadana, frente a declaraciones de Sus Señorías, lo que representó la presencia del Presidente 'de la República en una conmemoración prefabricada del 1 de mayo, en contra de la unidad sindical? ¿Ignoramos, acaso, lo que representa la tentativa lanzada desde los sectores sindicales de la Democracia Cristiana para quebrar la Central Única de Trabajadores, entidad a la cual, por último, se han visto obligados a reconocer, pues no tuvieron fuerza suficiente para crear la escisión interna y levantar una central de trabajadores demócrata cristiana. ¿Acaso no hemos visto el paralelismo sindical planteado por Sus Señorías, política en la cual hoy a medias han retrocedido frente a la resistencia de los trabajadores? ¿Qué iniciativa legal, qué proyecto, qué cosa pueden ustedes señalarnos que efectivamente represente la preocupación, no digo de un Gobierno revolucionario, sino de un Gobierno progresista, por los trabajadores? Así como el señor Ministro entiende de problemas de trabajo, puedo decirle sin fatuidad que yo algo sé de problemas sociales; y, por ello, puedo preguntarle, no obstante que estamos hablando de otras materias, ¿qué iniciativa 'ha tenido el Gobierno para acelerar el proyecto que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a accidentes y enfermedades profesionales? Hace sólo un mes el señor Ministro estaba sentado aquí, detrás mío, y yo le dije que seguramente antes de que el Ejecutivo incluyera la iniciativa en la legislatura extraordinaria, habrían de ocurrir nuevos dramas en Chile, que siempre pesan sobre los trabajadores y sus familias. No ha habido siquiera ánimo para declarar la urgencia a ese proyecto que tanto preocupa a miles de trabajadores. ¿Puede aceptarse que un Gobierno que se dice revolucionario mantenga las condiciones inadmisibles en que viven centenares de miles de trabajadores de Chile? ¡Vaya, señor Ministro! Disponga Su Señoría de algunas horas y suba al mineral La Disputada de Las Condes o, por lo menos, lea los informes del Servicio Nacional de Salud, para que conozca las condiciones en que esos trabajadores viven. Es una vergüenza colectiva que pueda man" tenerse ese régimen de vida. Sin embargo, no hemos visto ninguna iniciativa, ni del señor Ministro ni del Gobierno, para defender lo que más vale en nuestro país: su capital humano. No estoy defendiendo el problema de los trabajadores pagados en dólares; sólo señalo que en la Cámara de Diputados la política de la Democracia Cristiana ha significado rechazar una serie de artículos que daban a los trabajadores del cobre las garantías a que tienen derecho. Aquí se ha recordado por los señores Senadores, y tengo a la mano el informe de la Sociedad de Fomento Fabril que lo señala, que la productividad en Chile en los últimos siete años ha aumentado en 50%, mientras el aumento que han experimentado los salarios de los trabajadores no alcanza a cinco por ciento. Esto está indicando que esta mayor productividad ha redundado en beneficio de los empresarios. La política de ustedes ha puesto su acento en los salarios y remuneraciones, y los han congelado en 38%, presionando a los empresarios para no pasar ese porcentaje, mientras los trabajadores han debido luchar dura y tesoneramente para mantener las conquistas conseguidas con sacrificio y con sangre; para lograr romper esta limitación que los perjudica. Los Honorables Senadores de la democracia cristiana hablaron un lenguaje que implicaba redistribuir la renta nacional. ¿Dónde está la actitud suya que señale. . . El señor GUMUCIO.- Se la vamos a decir. El señor ALLENDE.- ¿Por qué no? Esta es una democracia y Sus Señorías pueden decir lo que quieran. El señor GUMUCIO.- ¿Por qué no me concede una interrupción para contestar de inmediato? El señor ALLENDE.- Porque voy a terminar y no queremos perder la votación. El señor GUMUCIO.- Quiere decir que Su Señoría no está dispuesto a oír; pero tendrá que hacerlo en el momento oportuno. El señor PALMA.- Pido la prórroga de la hora, señor Presidente. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para prorrogar la hora. El señor CHADWICK.- No hay acuerdo. El señor GUMUCIO.- Si Sus Señorías hacen afirmaciones, tienen que permitir que se las contestemos. El señor ALLENDE.- Estoy con la palabra, señor Presidente y continuaré impertérritamente. Decía que no ahora, sino en sesiones anteriores, reclamé un conocimiento cabal de la política del Gobierno, de lo que llamé su preocupación por los trabajadores; porque si juzgáramos su labor como la de un Gobierno revolucionario, habría tenido que sostener que era la política... El señor THAYER (Ministro del Trabajo).- ¿Me concede diez segundos, señor Senador? El señor ALLENDE.- Un minuto si desea, porque diez segundos sólo sirven para estornudar. El señor THAYER (Ministro del Trabajo).- Deseo solamente dar una explicación de antemano y respecto de un hecho ajeno al debate. Mañana tengo que estar presente, en la mañana, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, para hacer una exposición relativa a un proyecto que allí se discute. Por consiguiente, no podré asistir a la sesión matinal del Senado. Quiero dar esta explicación, para que el Honorable señor Allende no vea en mi ausencia una falta de deferencia. El señor ALLENDE.- Agradezco esta actitud del señor Ministro y su información. Por mi parte, puedo decir al Senado con toda tranquilidad que no sólo en este instante, cuando tratamos de salvar una votación que tenemos obligación de defender y que se puede perder por un voto, sino siempre, hemos estado reclamando de la Democracia Cristiana y del señor Ministro una actitud de justicia para los trabajadores del cobre. Teníamos esperanzas de ser oídos, porque en una oportunidad, cuando los trabajadores del cobre fueron a la huelga en defensa de sus derechos a una gratificación, el señor Ministro del Trabajo actual tuvo palabras de comprensión para ellos; y como aquí en el Senado hay actas, también existe constancia de las palabras de los señores Senadores democratacristianos de esa misma época. Entre ellos, de las del actual Presidente de la República, cuando hablaba defendiendo este derecho de los trabajadores a gratificación y a un estatuto que reglara su sistema de trabajo. Nosotros hemos mantenido siempre la misma posición, y Sus Señorías argumentan mal. Saben que no es efectivo que nuestra actitud obedece a una posición intransigente, de negar todo lo que hacen. Hemos demostrado en los hechos que no es así, como ha ocurrido frente al impuesto patrimonial y respecto del proyecto sobre promoción popular. Sostuvimos claramente que estábamos dispuestos a votar la modificación del artículo 10 de la Constitución Política, si ello implicaba un cambio sustancial en el derecho de propiedad. Ahí está también la actitud de nuestros Parlamentarios, la del Honorable señor Ampuero, reclamando de su presidente que cite a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para continuar el estudio de la reforma constitucional, a fin de acelerar el despacho del proyecto. Los hechos ocurridos en el Senado nos dan la razón. Estábamos en lo cierto cuando sosteníamos que no era conveniente, dada la crisis de fuerzas políticas, obtener el despacho de este proyecto con una votación general producto de burla a que ha sido sometido el Partido Radical, según el lenguaje candente de su presidente, el Honorable señor Enríquez, quien se lamentaba de la credulidad que ha permitido consagrar una legislación que contiene una serie de disposiciones contrarias al interés de Chile y dañinas fundamentalmente para los trabajadores. No queríamos los convenios; no queríamos los compromisos del Estado con las empresas. Aunque ellos no hubieran significado lo que nosotros en definitiva anhelamos, no obstante, habríamos dado nuestros votos si se hubiera propuesto, no sólo un aumento de la producción, sino también una mayor tributación. Venir a argumentar que 4a nacionalización implica una posición similar a lo que se está llevando aquí adelante, es desconocer los principios básicos de lo que representa una concepción de este tipo. Por estas razones, porque no han dado un paso hacia el mayor logro de la seguridad social de los trabajadores; porque la política de remuneraciones impuesta ha estado destinada a castigar a los que viven de un sueldo o de un salario; porque la política de abastecimiento está colocando al país en un drama tremendo - yo soy médico y lo puedo atestiguar-. . . El señor GUMUCIO.- ¿Me permite, señor Senador ? El señor ALLENDE.- Mañana lo oiré. Tengo aquí los datos sobre la falta de leche para la alimentación infantil, sobre la mortalidad y la responsabilidad que corresponde a Sus Señorías en la mantención de este estado de cosas. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Ha llegado la hora. Se levanta la sesión. "
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