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- rdf:value = " El señor BOSSAY.-
Los Senadores radicales, en concordancia con la actitud que mantuvimos durante la discusión del proyecto, ahora vetado por el Ejecutivo, rechazaremos las observaciones e insistiremos en el criterio del Congreso.
Las declaraciones del Honorable señor Contreras se ajustan estrictamente a la realidad que viven los puertos de Chile, en especial el de Valparaíso.
Ignoro si todos mis Honorables colegas recuerdan que, durante la discusión del proyecto, en un debate muchas veces apasionado, algunos parlamentarios sostuvimos que las argumentaciones sobre la situación económica de los trabajadores de la empresa fueron esgrimidas como forma de propaganda para obtener la solución del conflicto patrocinado por el Ejecutivo. Hicimos ver que el verdadero propósito era reemplazar determinada cantidad de obreros de la Empresa Portuaria por otros, presumiblemente, por hombres que militan en el partido de Gobierno.
Pues bien, después de algunos meses, nos encontramos ante un veto cuya finalidad esencial es privar de dos derechos elementales a los obreros portuarios que se acojan a jubilación. El primero de ellos es la pensión reajustable, o sea, equivalente a la remuneración percibida por el obrero en actividad, y, el otro, la obtención de un préstamo destinado a paliar las dificultades de orden económico que los trabajadores portuarios sufrirán durante los meses que demore la tramitación de sus jubilaciones.
Hemos recordado el argumento primitivo: el personal separado de la empresa u obligado a jubilar en forma prematura está luchando por obtener una legislación favorable. Al mismo tiempo, todas las personas a quienes nos referimos, salvo raras excepciones, están trabajando tranquilamente en las faenas portuarias. En otras palabras, no hubo disminución de personal, sino reemplazo de trabajadores.
La argumentación del Honorable señor Contreras es absolutamente, efectiva. No se trata de discutir si los obreros que se retiran en estos momentos deben percibir la renta que tenían en actividad, la resultante de sueldo, grado y años de servicio, sino, sencillamente, de paliar la situación que se presenta a quienes, de conformidad con el Estatuto Administrativo, debieran jubilar en 1970 ó en 1980, pero que se han visto obligados a hacerlo ahora, en 1965, cuando las posibilidades de obtener trabajo son extraordinariamente difíciles, en especial en la zona de Valparaíso. Esos servidores deberán deambular años y años sin encontrar, en definitiva, un empleo similar a las faenas portuarias. Los beneficios concedidos por el proyecto a esos obreros constituían, por lo tanto, el mínimo de seguridad que se podía brindar a quienes, por causa de un acuerdo que puso término a un conflicto del trabajo, fueron, en el hecho, obligados a jubilar.
Por las consideraciones expuestas, estimo carentes de valor las argumentaciones que se formulan. En primer lugar, si el gasto que el proyecto representa era tan grande como se ha dicho, debió reducirse desde un comienzo a términos más razonables. Lo he sostenido así durante la discusión de esta iniciativa legal, pero no se atendió a esa objeción.
Sin embargo, aun cuando el costo fuese elevado, insisto en que la solución, desde el punto de vista del financiamiento, no pudo consistir en jugar con la situación de los obreros y empleados de la empresa, sino aplicar a esta última tarifas justas. Sabemos que en otros puertos del mundo, el tarifado es muy superior al de la Empresa Portuaria de Chile. Los señores Senadores podrían comprobar mi aserto con sólo examinar las tarifas que cobran las autoridades de los puertos de Callao, Colón y otros, donde los barcos chilenos suelen recalar. ¿Que razón impele a la Empresa a resolver su problema financiero a costa de la situación de hombres que viven de un sueldo o salario? ¿Por qué no hacerlo sobre la base de elevar los derechos por el uso de grúas, horquillas o carros que la entidad empresarial del Estado pone a disposición de importadores y exportadores?
Sabemos, por lo demás, que la Caja de Empleados Públicos pasa por difícil situación económica, al extremo de que la mayoría de los decretos y resoluciones sobre pagos se encuentran paralizados. Para qué hablar de los préstamos, que se otorgan sólo de manera ocasional. No obstante, no se quiere recurrir al aumento de tarifas y, al parecer, se prefiere colocar a cientos de familias de obreros en situación de angustia, pues, durante meses y meses, no tendrán la posibilidad de cubrir con el préstamo otorgado por el artículo 6º los ingresos de que se ven privados los jefes de hogar, desde que cesaron de percibir sus salarios hasta la fecha en que empiece a pagárseles la jubilación.
La huelga se resolvió como quería el Gobierno. En realidad, fueron muy pocas las conquistas obtenidas por los obreros portuarios. En tales circunstancias, es lógico que los parlamentarios mantengan la misma actitud asumida por el Congreso y, en consecuencia, rechacen el veto, tal como lo hizo la Cámara de Diputados, e insistan en los artículos 4º y 6º aprobados por el Senado.
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