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- rdf:value = " BENEFICIOS PARA OBREROS DE LA ADMINISTRACION LOCAL DEL PUERTO DE VALPARAISO. VETO.El señor WALKER (Secretario).-
En primer lugar, corresponde ocuparse en el veto del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto dé ley que concede diversos beneficios a los obreros de la Administración Local del Puerto de Valparaíso.
Las observaciones fueron eximidas del trámite de Comisión por acuerdo de los Comités.
-Las observaciones figuran en los Anexos de la sesión 16ª, en 16 de octubre de 1965, documento número 9, página 889.
El señor WALKER (Secretario).-
La primera observación dice relación al artículo 4º. El Ejecutivo propone sustituir la palabra "reajustada" por "reliquidada" y suprimir la frase entre comas, "en todo momento".
La Cámara rechazó la observación e insistió en el texto primitivo.
El señor REYES (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Espero que el Senado vote en la misma forma en que lo hizo la Cámara, pues así los obreros portuarios de Valparaíso podrán reajustar sus pensiones.
Durante la discusión general, se dijo que los beneficiados recibirían jubilaciones millonarias; sin embargo, ello no es efectivo. Así lo demuestra una declaración publicada en "La Nación", del 25 de julio pasado, por la Empresa Portuaria de Chi- le.
Por otra parte, debemos considerar que el personal que abandona esa institución lo hace por razones ajenas a su voluntad.
Por eso, espero que los Senadores democratacristianos voten conforme lo hicieron sus colegas de la Cámara de Diputados.
El señor FONCEA.-
Para la debida comprensión de las objeciones del Ejecutivo al artículo 4º, es necesario hacer referencia a algunos antecedentes relacionados con la forma como se puso término al conflicto que afectó al personal de obreros portuarios de Valparaíso.
En efecto, después de largas gestiones se suscribió un acta de avenimiento con fecha 31 de julio de 1965. Es del caso hacer presente que cada cláusula de dicho documento fue objeto de discusión y estudio minucioso por ambas partes. Tal como se expresó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los obreros contaron no sólo con la defensa de sus dirigentes gremiales, sino con la asesoría jurídica que ellos reclamaron. O sea, el avenimiento fue debidamente estudiado y en él se consideraron los derechos e intereses de las partes en conflicto. Posteriormente, el acta se sometió a la ratificación del Gobierno. Precisamente, el veto al artículo 4º se funda en que el Congreso, al aprobar este precepto, agregó un beneficio ajeno a lo convenido.
Deseo dejar constancia de que los obreros portuarios jubilan con treinta años de servicios y que también pueden hacerlo al cabo de 15. Además, quienes jubilan con tiempo completo no tienen derecho a pensión reajustable, salvo los que llegan al tope de su carrera. Por lo tanto, de mantenerse dicho artículo, se suscitará una situación del todo anormal e injusta, pues los obreros que jubilen con treinta años de servicios no recibirán pensión "perseguidora" y, en cambio, la tendrán quienes, con quince, veinte o menos de treinta años, se acojan a las disposiciones del artículo en debate.
La sola enunciación de estos hechos basta, en mi opinión, para concluir que el Ejecutivo tiene razón al vetar dicho precepto.
Considero conveniente recordar que en la cláusula 4ª del acta de avenimiento se consigna lo siguiente: "El Supremo Gobierno patrocinará un proyecto de ley que contemple los siguientes beneficios especiales para los obreros de la Administración del Puerto de Valparaíso, que se acojan a jubilación de acuerdo con la cláusula anterior:..." En seguida, en la letra a), se consigna el abono de un año por cada cinco de servicios prestados en Administraciones de Puerto y se establece que los Íntegros de imposiciones serán de cargo del interesado; en la letra b) se fija un nuevo plazo de sesenta días para acogerse a los beneficios de la ley 10.946, sobre continuidad de la previsión, y, finalmente, para el caso que nos preocupa, la letra d) dispone que el personal que jubile antes de haberse elaborado los escalafones y plantas de los obreros de la Empresa y que impetren el derecho a la jubilación en el período comprendido entre el 1º de junio y el 30 de septiembre de 1965, tendrá derecho a reliquidar su pensión como si estuviera en actividad.
¿A qué se debe esta disposición? El artículo 34 de la ley 15.702, de 22 de septiembre de 1964, dispuso que el director de la Empresa Portuaria de Chile debe proponer al Presidente de la República, dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de promulgación de ese texto legal, las plantas permanentes de empleados y obreros necesarias para el racional funcionamiento de dicho organismo, como asimismo los encasillamientos y escalafones respectivos, los que serán modificados por decreto supremo una vez al año. Sin embargo, esa legislación no se puso en práctica, según se me ha manifestado, por carecer la Empresa de los recursos necesarios para solventar los aumentos derivados de' la creación de las nuevas plantas permanentes.
Con posterioridad, la ley 16.250 estableció un nuevo plazo para dar cumplimiento a dicha obligación.
Pues bien, mediante la letra d), a que me he referido, consignada en el acta de avenimiento, se pretende impedir que el personal que no ha sido reencasillado por causas del todo ajenas a su voluntad y derivadas más bien de la falta de recursos necesarios para hacerlo, sea perjudicado! Por eso, el precepto dispone que sus pensiones serán reliquidadas como si estuvieren en actividad. Vale decir, una vez que se estructuren las plantas de los trabajadores que jubilarán, éstos tendrán derecho a la pensión correspondiente al sueldo que se les asigne de acuerdo con los nuevos escalafones. Ese es el alcance del convenio con relación a la ley que acabo de citar.
En consecuencia, la situación es perfectamente clara. Repito: a nuestro juicio, no sería lógico dejar al personal que jubila en la forma ordinaria, vale decir, a los treinta años, en condiciones desmedradas respecto de los que se acogerán a ese beneficio con menos años servidos.
Finalmente, debo declarar que el avenimiento a que se llegó con los obreros de la Empresa Portuaria de Valparaíso mereció duras críticas tanto en la Comisión como en la Sala. Se sostuvo que era un proyecto demasiado dispendioso para la economía nacional; se dieron cifras que nosotros no compartimos, y se dijo, incluso, que esa medida desfinanciaría la Caja de Empleados Públicos, a que están acogidos esos asalariados, y le crearía una situación en extremo precaria.
Quiero recordar al Honorable señor Contreras que también se sostuvo, no por los parlamentarios de Gobierno, sino de la Oposición, que el proyecto costaba 75 millones de escudos. Pues bien, después formularon la indicación los Senadores del FRAP, la cual hace más onerosa esta iniciativa de ley, porque con la pensión "perseguidora" -de ella carecen, como he dicho, quienes jubilan a los treinta años- necesariamente subirá el gasto del proyecto en una suma que no se ha podido establecer hasta la fecha.
Por eso, cumpliendo estrictamente el avenimiento mencionado, votaremos afirmativamente el veto del Ejecutivo.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Señor Presidente, la ley en proyecto beneficia a 600 trabajadores del puerto de Valparaíso que no se acogen a jubilación voluntariamente, sino obligatoria.
¿Por qué es jubilación obligatoria? No deseo polemizar ni recordar hechos o actuaciones bochornosos ocurridos durante el conflicto de los obreros portuarios, pero deben saber los señores Senadores que, para lograr el término de la huelga, que se prolongó por espacio de 47 días -no por voluntad de los obreros, sino del Gobierno y de la Empresa Portuaria de Chile-, se llegó a acuerdo en el sentido de que la única forma de poner fin al conflicto era mediante la jubilación de 600 obreros.
Es de suponer que, cuando falta el sus- tentó diario durante mes y medio en los hogares de los trabajadores, la situación se hace extremadamente difícil y angustiosa. Los obreros se vieron, entonces, obligados a aceptar tal proposición y 600 de ellos debieron sacrificarse con el propósito de resolver el problema del resto de sus compañeros. Medió allí el entendimiento, la solidaridad de clase hacia quienes permanecen en actividad.
Ahora se afirma que esa gente tendrá una situación privilegiada. Es cierto, y también lo es que los obreros que jubilaron o jubilarán en lo futuro con tiempo completo no recibirán el mismo tratamiento. Pero ello se debe a que no todos los 600 trabajadores mencionados tienen el tiempo necesario para jubilar. Muchos de ellos, como he dicho, se ven forzados a hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad y no podrán desempeñar otro trabajo. El que se especializó como gruero, por ejemplo, que entró de muchacho a trabajar como aprendiz y más tarde llegó a ser profesional, que nunca en su vi da aprendió otra cosa que mover una grúa, ¿dónde podrá desempeñarse, para complementar su pensión a fin de conseguir el sustento diario para su familia? En ninguna parte.
Luego tenemos el caso de los hombres de edad, de los viejos, que empezaron a laborar desde jóvenes como movilizadores de aduana. ¿Es fácil para un hombre maduro encontrar ocupación? ¿Acaso no sabemos que hay cesantía en el país y que, cuando ello ocurre, la mano de obra, es barata y a la gente de edad le es problemático conseguir trabajo? Acordémonos de que somos padres. No sabemos la suerte que correrán nuestros hijos. Seamos, pues, sensibles ante las necesidades de los trabajadores.
La Cámara de Diputados comprendió el problema. Por eso, me llama la atención que el Honorable señor Foncea anuncie el apoyo de sus colegas al veto del Ejecutivo, que deja en situación difícil a este grupo de asalariados. La Cámara Baja demostró comprensión para apreciar en toda su magnitud el problema de los trabajadores, y por eso se pronunció contra las dos observaciones más importantes del Gobierno.
Según mi parecer, no se trata de un verdadero privilegio, de una ley especial favorable a obreros que han completado el tiempo necesario en una caja de previsión. La situación de esta gente es diferente. Ellos han sido obligados a jubilar. Por eso, negarles tal derecho los colocaría en condiciones en extremo difíciles.
El señor FONCEA.-
¿Me permite una interrupción?
Si yo he sostenido que éste es un privilegio, lo he hecho porque el sistema normal de jubilación de los obreros portuarios es a los treinta años, sin derecho a pensión "perseguidora". Por lo tanto, los que jubilen a los 15, 20 ó 22 años de servicios quedarán en mejores condiciones que quienes tienen el tiempo exigido para acógerse a ese beneficio. Los trabajadores de la Empresa Portuaria, salvo cuando han llegado al tope de su carrera, no tienen derecho a la pensión reajustable. Por eso he aseverado que este precepto concede un privilegio.
Además, como se hizo presente en la Comisión en presencia de Su Señoría, este personal, fuera de jubilar, recibirá una indemnización por años de servicio que, según cálculos de la Superintendencia de Seguridad Social, alcanzará a 24 millones de pesos por persona. Por ende, la situación en que ese grupo se retira no es tan precaria como señala el señor Senador.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
No niego que este personal jubilará en condiciones distintas de aquellas en que lo hacen quienes completan 30 años de imposiciones en una caja de previsión. Pero insisto en que, de los 600 obreros mencionados, no todos tienen ese tiempo, y en que muchos de los que se retiran con 15, 16 ó 18 años se han especializado en determinado trabajo y no podrán encontrar fácilmente una ocupación similar. Aparte los puertos, ¿en qué otra parte podría trabajar un gruero, por ejemplo? Me podrán decir que en Huachipato. Posiblemente, pero no es tan fácil que allí le den trabajo.
Cuando se habla de privilegio, debe considerarse que en este caso se ha impuesto la obligación de jubilar como manera de resolver el conflicto entre los obreros y la Empresa Portuaria, después de 47 días de paro de los trabajadores. Había dos alternativas: o aceptar el acta que se firmó con éstos o seguir en conflicto, con pérdidas materiales y de tiempo para la Empresa.
Por Otra parte, es efectivo que en la Comisión de Trabajo se adujeron otros argumentos y se habló de la indemnización de 24 millones de pesos. Pero no debe olvidar Su Señoría que el Superintendente de Seguridad Social manifestó que algunos obreros recibirían escasamente 7 millones. Tampoco debe olvidar que, cuando se planteó el abono de tiempo para los que van a jubilar y la necesidad de hacer los respectivos Íntegros de una sola vez, se dijo que se cercenarían considerablemente los desahucios de esos trabajadores. Por ese motivo, se buscó una fórmula distinta, consistente en permitir el integro de las imposiciones en el plazo de cinco años. El Ejecutivo demostró comprensión y no vetó esta parte.
Se ha hecho mucho caudal de los aflictivos problemas económicos de la Empresa, de la necesidad de mejorar sus finanzas y, también, de las jubilaciones.
En una edición que hace anualmente esa entidad en Santiago, se expresa, por ejemplo, que uno de esos trabajadores, con 31 años de servicios, percibirá una jubilación de 1.900 escudos. ¿Cuántos años trabajó ese obrero para conseguirla? No es nuevo, porque ya había presentado su expediente de jubilación. ¡Trabajó 31 años! ¿Qué puesto desempeñaba? El de capataz.
En cambio, ahora tenemos el caso de un ex dirigente de la Federación de Obreros Portuarios recién nombrado capataz general, don Jorge Severino Oyanedel, cuya remuneración es de Eº 3.600. Esta persona tiene 19 años de servicios y goza de esa extraordinaria renta; en cambio, otro obrero, que tenía 31 años servidos, sólo ganaba Eº 1.800. ¡Así empiezan las economías-'
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
¿Cuánto dijo que ganaba ese capataz?
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Gana Eº 3.600, o sea, es un supercapataz.
El señor ALLENDE.-
¿Por qué no pregunta qué filiación política tiene esa persona?
El señor FONCEA.-
No dudo de las palabras del Honorable señor Víctor Contreras, pero aquí se han hecho tantas afirmaciones no ceñidas a la verdad, que me agradaría ver confirmado ese dato.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Se lo daré, y advierto a Su Señoría que no deseo polemizar sobre este problema, aunque tengo muchos antecedentes al respecto. Aparte ello, no quiero obstruir el rápido despacho del proyecto.
La persona que cité fue dirigente de la Federación de Obreros Portuarios hasta el momento de producirse el "lock out"; en esa oportunidad se puso incondicional- mente a la orden de la Empresa y se dedicó a, reclutar gente. Su nombre es JorgeSeverino Oyanedel.
La señora CAMPUSANO.-
¡Anótelo, Honorable señor Foncea!
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Se desempeña como capataz general, cargo que antes no existía. Sólo había capataz y subcapataz. Se creó el de capataz genera!, que sigue al de inspector de faenas.
El señor CORBALAN (don Salomón).-
¡Esa es "revolución en libertad"!
El señor BOSSAY.-
Los Senadores radicales, en concordancia con la actitud que mantuvimos durante la discusión del proyecto, ahora vetado por el Ejecutivo, rechazaremos las observaciones e insistiremos en el criterio del Congreso.
Las declaraciones del Honorable señor Contreras se ajustan estrictamente a la realidad que viven los puertos de Chile, en especial el de Valparaíso.
Ignoro si todos mis Honorables colegas recuerdan que, durante la discusión del proyecto, en un debate muchas veces apasionado, algunos parlamentarios sostuvimos que las argumentaciones sobre la situación económica de los trabajadores de la empresa fueron esgrimidas como forma de propaganda para obtener la solución del conflicto patrocinado por el Ejecutivo. Hicimos ver que el verdadero propósito era reemplazar determinada cantidad de obreros de la Empresa Portuaria por otros, presumiblemente, por hombres que militan en el partido de Gobierno.
Pues bien, después de algunos meses, nos encontramos ante un veto cuya finalidad esencial es privar de dos derechos elementales a los obreros portuarios que se acojan a jubilación. El primero de ellos es la pensión reajustable, o sea, equivalente a la remuneración percibida por el obrero en actividad, y, el otro, la obtención de un préstamo destinado a paliar las dificultades de orden económico que los trabajadores portuarios sufrirán durante los meses que demore la tramitación de sus jubilaciones.
Hemos recordado el argumento primitivo: el personal separado de la empresa u obligado a jubilar en forma prematura está luchando por obtener una legislación favorable. Al mismo tiempo, todas las personas a quienes nos referimos, salvo raras excepciones, están trabajando tranquilamente en las faenas portuarias. En otras palabras, no hubo disminución de personal, sino reemplazo de trabajadores.
La argumentación del Honorable señor Contreras es absolutamente, efectiva. No se trata de discutir si los obreros que se retiran en estos momentos deben percibir la renta que tenían en actividad, la resultante de sueldo, grado y años de servicio, sino, sencillamente, de paliar la situación que se presenta a quienes, de conformidad con el Estatuto Administrativo, debieran jubilar en 1970 ó en 1980, pero que se han visto obligados a hacerlo ahora, en 1965, cuando las posibilidades de obtener trabajo son extraordinariamente difíciles, en especial en la zona de Valparaíso. Esos servidores deberán deambular años y años sin encontrar, en definitiva, un empleo similar a las faenas portuarias. Los beneficios concedidos por el proyecto a esos obreros constituían, por lo tanto, el mínimo de seguridad que se podía brindar a quienes, por causa de un acuerdo que puso término a un conflicto del trabajo, fueron, en el hecho, obligados a jubilar.
Por las consideraciones expuestas, estimo carentes de valor las argumentaciones que se formulan. En primer lugar, si el gasto que el proyecto representa era tan grande como se ha dicho, debió reducirse desde un comienzo a términos más razonables. Lo he sostenido así durante la discusión de esta iniciativa legal, pero no se atendió a esa objeción.
Sin embargo, aun cuando el costo fuese elevado, insisto en que la solución, desde el punto de vista del financiamiento, no pudo consistir en jugar con la situación de los obreros y empleados de la empresa, sino aplicar a esta última tarifas justas. Sabemos que en otros puertos del mundo, el tarifado es muy superior al de la Empresa Portuaria de Chile. Los señores Senadores podrían comprobar mi aserto con sólo examinar las tarifas que cobran las autoridades de los puertos de Callao, Colón y otros, donde los barcos chilenos suelen recalar. ¿Que razón impele a la Empresa a resolver su problema financiero a costa de la situación de hombres que viven de un sueldo o salario? ¿Por qué no hacerlo sobre la base de elevar los derechos por el uso de grúas, horquillas o carros que la entidad empresarial del Estado pone a disposición de importadores y exportadores?
Sabemos, por lo demás, que la Caja de Empleados Públicos pasa por difícil situación económica, al extremo de que la mayoría de los decretos y resoluciones sobre pagos se encuentran paralizados. Para qué hablar de los préstamos, que se otorgan sólo de manera ocasional. No obstante, no se quiere recurrir al aumento de tarifas y, al parecer, se prefiere colocar a cientos de familias de obreros en situación de angustia, pues, durante meses y meses, no tendrán la posibilidad de cubrir con el préstamo otorgado por el artículo 6º los ingresos de que se ven privados los jefes de hogar, desde que cesaron de percibir sus salarios hasta la fecha en que empiece a pagárseles la jubilación.
La huelga se resolvió como quería el Gobierno. En realidad, fueron muy pocas las conquistas obtenidas por los obreros portuarios. En tales circunstancias, es lógico que los parlamentarios mantengan la misma actitud asumida por el Congreso y, en consecuencia, rechacen el veto, tal como lo hizo la Cámara de Diputados, e insistan en los artículos 4º y 6º aprobados por el Senado.
El señor MUSALEM.-
Pido dividir la votación entre la primera parte del veto, que sustituye la palabra "reajustada" por "liquidada", y la segunda, que suprime la frase "en todo momento".
El señor ALLENDE.-
Me opongo. ¿Qué razón hay para pedir que se divida la votación?
El señor REYES (Presidente).-
Basta que lo pida un señor Senador.
El señor ALLENDE.-
Pero deberían darse las razones.
El señor REYES (Presidente).-
No hay inconveniente.
El señor ALLENDE.-
El Senado tendrá que pronunciarse esta tarde sobre el veto al proyecto relativo a los obreros portuarios. Con la actitud del Gobierno termina uno de los hechos más ignominiosos de la historia sindical chilena.
En reiteradas oportunidades, entregamos antecedentes, esgrimimos hechos irrefutables, afirmamos cosas que el tiempo ha comprobado; pero nada obtuvimos. La realidad nos coloca hoy frente a una actitud de intransigencia del Ejecutivo, que apoyará la Democracia Cristiana. Sólo cabe que los obreros obtengan la experiencia necesaria y la comuniquen a otros trabajadores para que éstos se den cuenta de cómo han sido tramitados y engañados y hasta dónde un móvil subalterno de tipo proselitista colocó a una empresa en la situación en que estuvo la que nos preocupa.
No repetiré los calificativos que me merecen los dirigentes de esa empresa. Quiero decir una vez más que, en los treinta años que actúo en la vida pública, aún los Gobiernos más intransigentes y reaccionarios -no los que hablan de "revolución en libertad"; no los que dicen que los trabajadores son su preocupación esencial-, jamás se atrevieron a proceder como lo ha hecho el actual con relación a la Empresa Portuaria de Chile, primero, para tratar de romper una organización sindical, y, segundo, para provocar un "lock out", perjudicar a la empresa y lesionar la economía nacional. Esto último representa más de 70 mil millones de pesos, según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Seguridad Social y la apreciación que hicimos, tanto los Honorables señores Bossay y Contreras como el Senador que habla, sobre cifras no refutadas -incluso, fueron acogidas, desde otro ángulo, por "El Mercurio"-, relativas a no percepción de entradas por parte de la Empresa Portuaria de Chile y a los gastos en que debieron incurrir las compañías navieras a consecuencia de que los barcos debieron permanecer a la gira, como se ha dicho, durante más de 25 días, en el principal puerto de la República.
Esos hechos ni siquieran rozaron la endurecida epidermis de los responsables de la maniobra; y si yo, en nombre del Partido Socialista, los hice presente, fue porque tenia la absoluta certeza de que lo único que podríamos aprovechar era esta experiencia. Estimé que ella servirá a otros trabajadores para evitar que ocurra lo mismo en otras empresas y no tolerar que se utilicen los procedimientos empleados, básica y esencialmente, para dar ubicación a los partidarios del Gobierno. En efecto, ha quedado demostrado en la forma más evidente, que hombres del partido gubernamental, que comanda la empresa, provocaron el "lock out".
Recuerdo las palabras del señor Ministro de Defensa Nacional, que ocupaba en forma interina la Cartera del Interior, cuando llegó a esta sala por requerimiento nuestro, para decirnos que la realidad económica y financiera de la empresa obligaba a disminuir su personal. Pues bien, los Honorables señores Bossay y Contreras han dejado constancia de que existe el mismo número de trabajadores que había antes del "lock out".
Cuando tuve la oportunidad y el agrado de colocar en el banquillo de los acusados al administrador de la empresa, que es un delincuente, dicho funcionario ni siquiera pudo refutar, dar antecedentes o negar lo que aseveraba. Admitió que existía el mismo numero de trabajadores; que se habían ido, por la puerta averiada, increíble, de la jubilación prematura, 500 y tantos obreros, para reemplazarlos por una cantidad igual de contratados ad hoc, que en la jerga laboral se llaman "krumiros", y a los cuales. Con seguridad, se hará carrera, no por su capacidad, sino por prestarse para una maniobra que no tiene precedentes en la historia sindical de Chile.
Me cansé de advertirlo a los trabajadores; les dije lo que iba a ocurrir. Y al comienzo, cuando no entendieron nuestra actitud y se quiso, en vísperas de la clausura de la legislatura ordinaria, votar el proyecto tal como venía de la Cámara de Diputados, tuvimos que convencer, primero, a algunos representantes de los obreros que jubilarán, de que serían burlados, incluso, en los compromisos contraídos. Les demostramos hasta la saciedad cómo y de qué manera ellos se encontrarían enfrentados a una realidad totalmente distinta de aquella en que esperanzadamente creyeron.
Cuando, por indicación nuestra, concurrieron a la Comisión los delegados de los trabajadores que se irán de la Empresa Portuaria, en presencia del director delincuente de dicho organismo y del Subsecretario del Trabajo, quedó clara constancia de que, incluso, los personeros del Gobierno se habían comprometido a darles el derecho a "jubilación perseguidora". Además, el director mencionado dijo que el compromiso no había quedado consignado en el acta, pero no pudo negar que existía. Incluso, el director delincuente tuvo la osadía de decirnos lo que había manifestado a los trabajadores; que el abono de años -uno por cada cinco- les serviría para el fondo de desahucio. Aberración increíble en el responsable de una empresa de esa importancia, y mucho más en un ingeniero, lo que movió a que lo criticáramos Y obtuviera, como respuesta, una carcajada del Superintendente de Seguridad Social, pues éste jamás imaginó que alguien podría sostener que esos años de servicios significarían también aumento del fondo de desahucio. Si esto fuera así, el pago habría tenido que costearse con un aporte directo del fisco.
En la Comisión quedó en evidencia que los compromisos contraídos ni siquiera estaban estipulados en el proyecto despachado por la Cámara. Los Honorables señores Contreras y Jaramillo y el que habla, formulamos diversas indicaciones. . .
El señor JARAMILLO LYON.-
Así es.
El señor ALLENDE.-
. . . destinadas a garantizar a los obreros algunos derechos adquiridos por ley y promovidos por ellos mismos. Me refiero a las leyes 10.670 y 15.702, y al artículo 7º de la ley 16.250, en sus incisos 12º y 13º. Suscribieron esos compromisos dirigentes de la Democracia Cristiana, como lo recordé en este recinto al leer el documento que llevaba la firma del Presidente de la Cámara de Diputados señor Eugenio Ballesteros.
Nuestra indicación tenía por objeto preservar los derechos de los trabajadores que se retirarían de la empresa. Pero hicimos otras indicaciones, que fueron despachadas por el Senado, destinadas a evitar el atropello que se realiza, minuto a minuto, con los obreros portuarios. Una de ellas estipulaba que "los obreros contratados por la Empresa Portuaria de
Chile antes del 24 de junio de 1965 tendrían preferencia para ocupar las vacantes que se produzcan en los grados superiores de la planta de este personal, de acuerdo con las normas de capacidad, antigüedad y condiciones." ¡Hasta eso ha sido vetado!
Se dirá que el artículo es innecesario. Pero el Honorable señor Contreras ya ha dado un nombre. Cuando aquí, con palabras de fuego -no es necesario decir que entre quienes percibían rentas altas y eran dirigentes había democratacristianos-, se echaba a volar la protesta airada porque había dirigentes que ganaban más de un millón doscientos mil pesos al mes, el Honorable colega señaló -también tengo antecedentes al respecto- que un capataz, que debe ser el superincapaz, pero que probablemente servirá de supercapataz, tiene ahora una renta de más de tres millones al mes.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Tres millones 600 mil pesos.
El señor ALLENDE.-
Tres millones 600 mil pesos, como expresa el Honorable colega.
Pues bien, ¿que están demostrando estos hechos? Lo que nosotros señalamos. Dijimos cuál era el móvil, qué pasaría, y tuvimos que resistir el embate intencionado de la dirección de la empresa, la cual, por intermedio de una u otra persona a sueldo, llevó a las asambleas de los jubilados una palabra intencionada en contra nuestra, para demostrar que habíamos demorado la tramitación de esta iniciativa con el objeto de perjudicar a los trabajadores. i Como si gente aparecida a última hora, con fervor proselitista y sin conciencia de lo que son los obreros, pudiera señalarnos el camino de la lucha por las reivindicaciones sociales!
Está sellado lo que aquí ocurrirá. Es casi seguro que no contaremos con los dos tercios. Políticamente, sé que perdemos el tiempo. Los Senadores se abstuvieron en la mayoría de los artículos que aprobó el
Senado, o aprobaron uno que otro. La Cámara, por su parte, ha rechazado sólo dos aspectos del veto del Presidente de la República. Necesitamos dos tercios para insistir. No creo que los tengamos, pues se me ha informado que la Democracia Cristiana votará en contrario. Por lo tanto, quedará plenamente confirmado lo que sostuvimos.
Sólo cabe señalar una vez más que estos trabajadores, que han sido obligados a renunciar a una carrera, vivieron la ilusión de sacar del fondo de desahucio una cantidad apreciable, que, de acuerdo con ¡os cálculos hechos, esa cifra se redujo a los valores reales. Creyeron que su jubilación estaría en consonancia con el sueldo en actividad. Se irán y se encontrarán ante un proceso social en donde la cesantía aumenta y !a posibilidad de conseguir trabajo es cada día más difícil, sobre todo para obreros especializados que han pasado toda su existencia desempeñando una labor determinada.
El desahucio recibido se les esfumará de las manos y se encontrarán, después, con una jubilación muy por debajo de las exigencias personales y del grupo familiar. Entonces se darán cuenta del drama que deberán afrontar y de lo duro que les resultará conseguir otro trabajo o desarrollar una actividad que les permita completar lo necesario para su existencia y la de su núcleo familiar; entonces nuestras palabras tendrán toda la validez de la advertencia que hicimos en el momento oportuno, cuando señalamos los métodos y procedimientos usados y formamos conciencia en los trabajadores respecto de lo que sucedería.
El drama de estos asalariados no será distinto del de otros trabajadores que también laboran en los puertos, como se recordó aquí en sesiones pasadas, y que todavía deambulan desesperados, a causa de promesas no cumplidas y ante la imposibilidad de ganarse la vida con dignidad.
Se irán del puerto de Valparaíso trabajadores que tienen tiempo suficiente para jubilar; pero son los menos. Los más se irán como inservibles. A algunos les faltan ocho, diez, quince o más años; están en plenitud de capacidad, tienen una experiencia acumulada. En su mayoría, se irán porque han sido presionados, pero otros, con la esperanza de haber obtenido un beneficio no sólo ilusorio, sino inexistente.
Pues bien, que estos trabajadores, que recibirán el trato que nunca antes se dio a obrero chileno alguno, no olviden los procedimientos que con ellos se usaron, como la contratación de "krumiros" en las comisarías de la patria, hecho que no ocurrió ni en los más reaccionarios Gobiernos de nuestra historia.
No conozco un gobernante -ni González Videla, ni Ibáñez, ni Alessandri- que permitiera, a sus funcionarios dependientes, publicar avisos tan ignominiosos como el que leí hasta el cansancio en este recinto. No conozco Gobiernos que toleraran a un irresponsable publicar avisos, con fondos públicos, para ofrecer a los trabajadores tales o cuales ventajas no consignadas en el proyecto y que fueron olvidadas. No conozco que se haya usado con más impudicia la amenaza, como se hizo contra los obreros portuarios.
Tengo derecho a usar este lenguaje, porque soy hombre del puerto y conozco a casi todos los obreros que se irán. Sé lo que ellos representan en el movimiento popular chileno y en la lucha sindical.
Con el SenadorVíctor Contreras estuvimos en Valparaíso, y sabemos cómo actuó allí la fuerza policial contra los compañeros trabajadores que no aceptaron blandamente el "Ipck out", provocado con intención política y no para defender los intereses de una empresa.
Tengo una doble esperanza: primera, que estos obreros no olviden jamás lo que les ha pasado y les ocurrirá a ellos y a sus familias, a fin de que se conviertan en voceros y conciencia acusatoria para los procedimientos de un Gobierno y sus dirigentes sindicales; y, segunda, que la Contraloría General de la República, mediante el sumario incoado a petición de 14 ó 18 Senadores, permita llevar a la cárcel al director de la empresa, que es un delincuente al servicio de un partido y no actúa en defensa de los intereses que debe cautelar.
Sé que no se impondrá el rechazo del veto, pero los trabajadores aprenderán y nosotros no olvidaremos.
He dicho.
El señor REYES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ALLENDE.-
Pido votación nominal.
El señor REYES (Presidente).-
La votación nominal debe pedirla un Comité.
El señor CHADWICK.-
Yo la pido, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se rechazará el veto en la parte relativa a la sustitución de la palabra "reajustada" por "reliquidada", y se insistirá en la palabra "reajustada".
Acordado.
El señor WALKER (Prosecretario).-
El señor Presidente pone en votación la observación consistente en suprimir la frase "en todo momento".
El señor REYES (Presidente).-
En votación.
- (Durante la votación).
El señor PRADO.-
Votaré después, señor Presidente.
El señor ALLENDE.-
La frase "en todo momento" se agregó por indicación nuestra, para cumplir el compromiso contraído con los dirigentes de los trabajadores que jubilarán, en presencia del director de la Empresa y del Subsecretario del Trabajo.
Esta disposición será rechazada; por lo tanto, no habrá pensión "perseguidora". Que lo entiendan bien los trabajadores.
Voto contra el veto.
El señor PRADO.-
Voy a fundar mi voto.
Los Senadores democratacristianos estamos votando con decisión a favor de esta observación. Deseamos dejar constancia de nuestra posición, sin ánimo de reabrir un ya largo y exhaustivo debate, con todos los alcances políticos y de otra índole, respecto de la conducta del Gobierno ante los trabajadores y su responsabilidad en la política laboral o sindical. Tenemos clara conciencia de que, durante las largas conversaciones sostenidas con los asalariados, concretadas primero en un acta informad y, posteriormente, en una formal, ni siquiera en el primer trámite del proyecto en la Cámara de Diputados se tomó el compromiso de otorgar jubilación "perseguidora".
No calificaré las conversaciones de algunos Senadores con dirigentes de los obreros portuarios, pero, de hecho, la indicación nació acá. No podemos sentirnos obligados por decisiones en que no ha tenido participación el Gobierno, tanto más cuanto que éste ha cumplido en el proyecto lo que prometió.
Se ha querido ampliar los beneficios, en especial en la tramitación de esta iniciativa en el Senado. No podíamos impedirlo, pero durante la discusión particular dejamos constancia de que no podíamos ir más allá de los compromisos contraídos por el Gobierno. En este sentido, deseo decir las cosas con claridad, pues en absoluto nos sentimos acusados por los trabajadores que nos miran en estos momentos desde las tribunas. No nos sentimos incómodos ni nos tiembla la voz para decir que no nos sentimos obligados respecto de la disposición en debate, pues no hubo compromiso en tal sentido.
Lamento que a cada rato se hagan alcances de carácter político.
A nadie agradó el estallido del conflicto portuario. Hubo causas originarias que después se fueron transformando. Se ha querido sostener que el único móvil -como si se hubiera estado pensando en ello desde antes de su origen- fue sustituir a 500 servidores que ahora se van -se dice- y quedarán con sus hogares en la miseria, para incorporar a la empresa a 500 obreros nuevos que ganarán lo que se negó a los demás.
Se hizo referencia a un obrero portuario que ganaba más de tres millones de pesos y que, según se expresa, es nuevo en la empresa. Sin embargo, es un antiguo trabajador portuario, con cerca de 20 años de servicio, llamado.. .
El señor CONTRERAS (don Víctor),
-Dije que tenía 19 años de servicios.
El señor PRADO.-
.. . Jorge Severino, quien era director de la Federación Portuaria.
Durante el debate, cuando un señor Senador me manifestó que también un democratacristiano ganaba sumas altas, le dije no molestarme ese hecho, por tratarse de una persona que se estaba favoreciendo, igual que todos, con un sistema de trabajo y remuneración que no podía mantenerse.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Ahora está peor que antes.
El señor PRADO.-
Se dice que se lanza a la miseria a obreros que jubilan prematuramente. Es cierto que muchos trabajadores se retiran con menos edad de la necesaria para jubilar, pero ello significa que podrán ganarse la vida en mejores condiciones que otros. Cuando se expresa que no recibirán jubilación "perseguidora", piénsese que muchos se retirarán de la Empresa con 30 años y tampoco la tendrán, con la agravante de que al jubilar estarán más viejos. En efecto, debemos tener presente que no por el solo hecho de cumplir 30 años de servicio, el personal de la Empresa obtiene jubilación "perseguidora", ya que en la Administración Pública aquélla sólo se logra después de alcanzar cierta categoría.
"¿Cuál fue el sentido de esta disposición? ¿Por qué la votamos así? Porque cuando se conversó con los obreros, se dijo: "Debería haberse preparado una planta de acuerdo con las dos leyes sucesivas que ustedes conocen, para que no se perjudiquen, pues ella no ha sido aprobada; esta planta será dictada ahora y ustedes serán considerados como si estuvieran en ella. Así, quienes estén en cierta categoría, obtendrán la jubilación "perseguidora", y los que no alcancen esa categoría, no la tendrán".
Por último, basta el sentido común para deducir que si la Democracia Cristiana hubiera querido incorporar 500 obreros en reemplazo de quienes se van, no habría pedido a los carabineros contratarlos en las tenencias o retenes. Lo habrían hecho por intermedio de su secretaria. Ello está demostrando. ..
El señor ALLENDE.-
También lo hicieron.
El señor PRADO.-
. . . la premura con que se debió proceder ante un conflicto que pudo ser más grave y que, gracias a Dios, no lo fue.
-Se rechaza la observación (14 votos contra 9 y un pareo).
-Votaron por la negativa los señores Aguirre Doolan, Ahumada, Altamirano, Allende, Bossay, Campusano, Contreras (don Víctor), Corbalán (don Salomón), Chadwick, Gómez, González Madariaga, Jaramillo Lyon, Juliet y Luengo.
-Votaron por la afirmativa los señores Ferrando, Foncea, García, Gumucio, Musalem, Noemi, Palma, Prado y Reyes.
-No votó, por estar pareado, el señor Contreras Labarca.
El señor REYES (Presidente).-
SI le parece a la Sala, se acordará no insistir con la misma votación.
El señor ALLENDE.-
Siempre que sea nominal.
El señor REYES (Presidente).-
En los mismos términos de la votación anterior.
Acordado.
El señor ALLENDE.-
¿Cómo queda el artículo, señor Presidente?
El señor WALKER (Prosecretario).-
"El personal que jubile antes de haberse confeccionado los escalafones y plantas de los obreros de la Empresa y que impetre el derecho a la jubilación entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 1965, tendrá derecho a que su pensión sea reajustada como si estuviere en actividad".
El señor ALLENDE.-
Dejo constancia de que, a juicio nuestro, donde dice "como si estuviere en actividad", debiera expresarse : "en todo momento".
El señor MUSALEM.-
Es extraño, pues hace un instante el señor Senador sostuvo que al rechazarse la expresión "en todo momento", no iba a haber jubilación "perseguidora".
El señor ALLENDE.-
Evidente.
Lo dije porque no había leído la frase "como si estuviere en actividad". A mi juicio, desde el punto de vista de la redacción, quitar la frase "en todo momento" permite una interpretación, y será el tribunal quien la haga.
El señor LUENGO.-
No hay duda de que no habrá pensión reajustable al quitar la frase " en todo momento".
El señor WALKER (Prosecretario).-
La siguiente observación se refiere al artículo 6" del proyecto. El Ejecutivo propone suprimir, en el inciso primero, la frase " a contar desde el 1º de octubre de 1965".
La Cámara rechazó la observación e insistió en el texto primitivo.
El señor FONCEA.-
Respecto del artículo 6º, se dejó constancia en la discusión general, en especial en la exposición que se hizo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que la dirección de la Empresa, desde que se inició el conflicto, ha estado pagando al personal en huelga parte de las remuneraciones que le correspondían. Por lo tanto, no es tan cierto lo sostenido anteriormente en el sentido de que los trabajadores estaban sin ninguna remuneración. En verdad, se le dieron anticipos desde el momento en que empezó el conflicto.
Deseo recordar a los miembros de la Comisión que en septiembre, cuando se empezó a conocer del proyecto, se insinuó al director no crear una situación muy difícil al personal.
En mi opinión, el veto debe ser aceptado, pues los pagos no se han hecho desde el 1° de octubre, sino -como dije- desde la iniciación del conflicto.
Por eso, votaré en favor del veto, a fin de permitir sanear la situación planteada.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Con relación al veto al artículo 4º, no he dicho que son obreros nuevos los que perciban salarios millonarios. Me he referido a un ex dirigente de la Federación de Obreros Portuarios de Chile, con 19 años de servicios, cuya renta comparé con la de otro con igual tiempo en la empresa.
El señor CHADWICK.-
¡Ese debe ser obrero promovido ...!
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Respecto de la observación recaída en el artículo 6°, votaremos de acuerdo con el criterio de la Cámara de Diputados. Me extraña que los Senadores democratacristianos no tengan la misma comprensión que sus correligionarios Diputados, quienes han reconocido la injusticia del veto.
En realidad, cuando no se desea reconocer el derecho que asiste a los trabajadores, cualquier argumento les parece valedero.
Debo hacer presente que no sólo se contrató personal en las comisarías para reemplazar los 500 obreros portuarios que han debido abandonar su trabajo, sino que algunos lo fueron directamente. Tal es el caso de un dirigente textil de Quillota, de la firma Said, quien fue llevado expresamente a Valparaíso para ser incorporado al trabajo portuario. También hay, por ejemplo, locutores de radio que, seguramente, atraídos por la propaganda de que los obreros portuarios percibían renta» millonarias, hoy se encuentran desempeñando esas labores.
Los Senadores comunistas votaremos en contra del veto por estimar justa esta disposición.
Es efectivo, como expresó el Honorable señor Foncea, que esta gente no ha quedado abandonada, pero no debemos olvidar que el compromiso que dio origen a este precepto está consignado en el acta de avenimiento suscrita entre la Federación Portuaria y la dirección de la Empresa. Con posterioridad, en la Comisión de Trabajo del Senado, se dieron seguridades de que dicha repartición pagaría a esos obreros hasta el 1º de octubre, fecha en que aquéllos iniciarían su expediente de jubilación, hecho lo cual la Caja de Empleados Públicos les otorgaría préstamos mientras se cumpliera el trámite correspondiente.
En consecuencia, esta materia forma parte del acuerdo consignado en el acta de avenimiento, como asimismo de los acuerdos verbales a que se llegó entre los trabajadores y la Empresa, y que fueron ratificados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor ALLENDE.-
Insisto en lo que planteé hace algunos momentos, cuando dije que, de acuerdo con la forma como quedó redactado el artículo 4º, cabe la posibilidad de interpretación. No quiero que mañana se invoquen mis palabras -he hablado en nombre de los socialistas- en el sentido de que, a mi juicio, no había ninguna expectativa de interpretación.
En realidad, no me había percatado de la forma como estaba redactado el veto. Por eso, insisto en ello, de conformidad con el concepto de que la legislación sólo puede limitar o restringir cuando específicamente así lo expresa y de que la interpretación de las leyes sociales está destinada a dar el máximo de beneficios a los trabajadores.
Dejo constancia de este pensamiento de los Senadores socialistas. Creo que corresponde al de todo el movimiento popular, y tiene por objeto dejar a los obreros a salvo de cualquiera otra interpretación sobre la materia.
Por otra parte, durante la discusión particular, cuando algunos Senadores democratacristianos estimaron excesivo lo que pretendíamos otorgar a los trabajadores, leí dos leyes despachadas por la Administración del señor Jorge Alessandri, al tanto que Sus Señorías como nosotros calificábamos de reaccionario e, incluso, de antiobrreo y de Gobierno de gerentes. Pues bien, esas normas fueron más generosas que las patrocinadas por el gobierno actual, llamado de revolución en libertad. En efecto, las dos leyes a que me refiero concedieron a los trabajadores préstamos e indemnizaciones en términos mucho más amplios. Tal fue el caso de los obreros de los talleres de zapatería del Servicio Nacional de Salud y de los empleados públicos a quienes se obligó a jubilar. Por cierto, nadie pudo refutar esos antecedentes por corresponder a hechos reales.
Ya no me extraña, sino que me parece lógico ver votar a Sus Señorías en la forma como lo están haciendo. Tienen que hacerlo así; ése es su pensamiento, su posición.
Reitero que el compromiso existió, y se dejó constancia de ello en presencia de dirigentes de los obreros y la Empresa. Me parece muy extraño que algunos Senadores de la Democracia Cristiana, que no estuvieron presentes en la discusión habida al respecto -si lo estuvieron, callaron- nieguen la existencia de tal compromiso, sobre todo cuando dicha acta de avenimiento fue suscrita también por el delincuente funcionario que dirigía la Empresa Portuaria.
Por lo tanto, votamos en contra del veto.
El señor FONCEA.-
Hago presente que cuando el Honorable señor Allende, junto con los señores Contreras y Jaramillo, presentó esta indicación, el proyecto estaba redactado en los mismos términos en que ha quedado después de aceptarse el veto consistente en suprimir la frase "én todo momento".
El Honorable señor Allende sostuvo que formulaba la indicación precisamente para dar a las pensiones el carácter de "perseguidoras".
El señor CHADWICK.-
¿No estamos discutiendo el artículo 6º, señor Presidente?
El señor REYES (Presidente).-
Sí, señor Senador, pero el Honorable señor Allende volvió a referirse a la observación anterior.
El señor FONCEA.-
No podemos darle otra interpretación. .
El señor ALLENDE.-
¡ Su Señoría no, pero yo sí!
El señor FONCEA.-
Estoy con el uso de la palabra. No he concedido interrupción a Su Señoría.
El señor ALLENDE.-
Sí, pero se está refiriendo a mí, y no puedo permitir que diga lo que quiera.
El señor FONCEA.-
Lo que digo se ajusta estrictamente a la verdad. Lo contrario significaría que todo este debate sería inoficioso e inútil.
El Honorable señor Allende ha sostenido que el actual Gobierno es demasiado mezquino al no otorgar estas pensiones "perseguidoras", en circunstancias de que otros las concedieron en casos similares.
Al respecto, debo recordar que el señor Senador calificó de "insólito" el proyecto en la Comisión por significar una pérdida de 75 millones de escudos. O sea, le pareció exagerado y dispendioso. Dijo, además, que se estaba empujando a un numeroso grupo de trabajadores a jubilar en forma prematura, con lo cual, a su juicio, se perjudicaba notablemente a los demás imponentes de la Caja de Empleados
Públicos y Periodistas, quienes verían disminuidos sus beneficios previsionales. O sea, toda la argumentación del Honorable colega en la primera parte de la discusión se orientó hacia el hecho de que el Gobierno había sido muy amplio al aceptar un avenimiento que, en su concepto, se traduciría en desfinanciamiento del mencionado instituto de previsión.
Por lo tanto, no puedo aceptar la interpretación que se quiere dar a este precepto, después de haberse votado y aceptado y cuando está en discusión el veto.
En cuanto a la observación recaída en el artículo 6º, me referí denantes a aquella parte que autoriza el otorgamiento de anticipos a cuenta de pensiones futuras, desde el 1'? de octubre de 1965. Dije que el Ejecutivo tenía razón al objetar esa fecha, por cuanto la Empresa empezó a conceder los anticipos desde la iniciación del conflicto, vale decir, desde junio.
Deseo recordar al Honorable señor Contreras Labarca, que reemplazó al Honorable señor Contreras Tapia en la presidencia de la Comisión, que en una de las sesiones celebradas durante la legislatura ordinaria, antes del 18 de septiembre, los miembros de aquélla Honorables señores Salomón Corbalán y Contreras Labarca, insinuaron al Director de la Empresa continuar haciendo los pagos. Tan así es que patrociné una recomendación en ese sentido, dirigida a dicho funcionario, la cual no prosperó por estimarse improcedente.
Por lo tanto, no puede ahora fijarse otro plazo -tengo entendido que corresponde al propuesto en otra indicación del Honorable señor Allende- y establecer que tales pagos son lícitos a contar desde el 1º de octubre pasado. Digo esto, porque todos los miembros de la Comisión estuvimos de acuerdo en la necesidad de continuar haciéndolos. Por lo demás, esa proposición perjudicaría principalmente a los obreros que recibieron anticipos.
Por eso, votaremos favorablemente el veto al artículo 6º, en la primera parte a que me he referido.
El señor REYES (Presidente).-
Advierto a la Sala que a las 17.50 termina e! Orden del Día. Propongo que, a partir de ese momento, declaremos cerrado el debate.
Acordado.
El señor ALLENDE.-
No ha habido contradicción alguna en mi actitud, ni en la Comisión ni en la Sala, al discutirse las modificaciones propuestas por nosotros. Tampoco la hay ahora.
Afirmé que eliminar obreros, obligarlos a jubilar prematuramente y a hacer ingentes desembolsos a la respectiva caja, era contrario a los intereses de los imponentes y constituía un procedimiento inusitado. Pero agregué que en ningún caso era aceptable descargar sobre los trabajadores las responsabilidades y consecuencias del conflicto.
Quería que esos obreros -sostuve- obtuvieran jubilaciones "perseguidoras" y otros beneficios, para que éstos fueran para el Gobierno verdaderas lágrimas de sangre y se abstuviera de utilizar métodos similares con otros gremios para dar cargos a sus partidarios. Por eso dije lo que acabo de expresar, en el oficio que envié al Contralor General de la República, con el cual remití el estudio de la Superintendencia de Seguridad Social que leí aquí mismo. De manera que mi actitud ha sido ejemplarizadora. Quería que el país supiera lo que le costaría esta actitud sindical de la Democracia Cristiana. No nos hemos colocado en actitud demagógica; por el contrario, quería que se sepultara un deleznable procedimiento político y sindical. Por eso actué así y lo continuaré haciendo.
En cuanto al artículo 6º, sólo cabe repetir lo que tantas veces hemos dicho: en Gobiernos anteriores, calificados de reaccionarios, se otorgó a los trabajadores préstamos y beneficios muy superiores en análogas circunstancias. Así ocurrió, por ejemplo, con los empleados públicos y el personal de talleres del Servicio Nacional de Salud.
El señor CONTRERAS (don Víctor)..-
Quiero, .aclarar, en primer término, que la aseveración del Honorable señor Foncea de que las indicaciones formuladas al proyecto habrían sido patrocinadas por el Honorable señor Jaramillo, no es efectiva, por cuanto fue el Honorable señor Allende quien las presentó. El Honorable señor Jaramillo se limitó a darles su apoyo en la Sala.
Por otra parte, el Honorable señor Allende hizo presente en aquella oportunidad que el proyecto era contrario a los intereses de la Caja de Empleados Públicos y que lo aceptábamos por encontrarnos ante hechos consumados, ante un acta firmada. No podemos ser partidarios de echar a la calle a los obreros. Por el contrario, queremos que se mantengan en actividad. No podemos estar de acuerdo con los" despidos. Nuestro predicamento fue contrario a ello, como también fuimos adversos a la contratación de nuevos trabajadores. En consecuencia, desde el comienzo nuestra actitud no fue ni podía ser de aplauso ante el lanzamiento a la calle de 600 trabajadores. Pero ante los hechos consumados, no nos quedó otra alternativa que tratar de mejorar el proyecto, a fin de lograr mayores beneficios para los trabajadores.
El señor PRADO.-
El pronunciamiento del Senado respecto del veto al artículo 6º, tiene importancia en lo atinente al inciso primero de esta disposición, porque se legitima lo que se ha prestado a los obreros que se van, sin necesidad de aprobar la fecha que allí se indica, ya que ello significaría imponer a la empresa una especie de rendición de cuentas muy difícil de cumplir.
No nos hemos estado pronunciando sobre otros aspectos del articulado. Pretendemos que la empresa, como está en vías de hacerlo, regularice su situación. Sabemos que no es fácil. Desde luego -con ello quiero contestar en parte las observaciones del Honorable señor Bossay-, todavía la empresa tiene muchos obreros y deberá reducir su número.
Por último, las jubilaciones no fueron obligatorias. En efecto, se solicitaron listas de voluntarios, y el número de éstos fue mayor que el de las aceptadas, pues los obreros se sintieron estimulados por el monto de los beneficios que se les reconocían. Desde luego, quedaban en condiciones de jubilar con menos de 30 años de servicios, que es lo normal exigido en la Administración Pública.
En consecuencia, queda un tanto desvanecida esta situación tan técnica, explicada y presentada como feroz traición a los trabajadores y destinada a lanzarlos a la más terrible miseria. Hasta con agrado se invocan, como precedentes, algunos beneficios que los obreros habrían obtenido durante los seis años del régimen pasado. No pongo en duda que pueda haber sido así, pero también considero que no debe desestimarse el mérito de un Gobierno que trata de hacer justicia a muchos, y no otorgar beneficios excesivos a unos pocos.
El señor WALKER (Prosecretario).-
El señor Presidente pone en votación la observación al inciso primero del artículo 6º.
El señor CHADWICK.-
Pido votación nominal, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).-
En votación nominal.
- (Durante la votación).
El señor ALLENDE.-
Como se ha dicho, esta disposición persigue regularizar una situación anormal, pues la dirección de la empresa, sin autorización legal, contrató 500 trabajadores y, por otra parte, ante la presión de los trabajadores titulares, debió pagar a éstos los salarios correspondientes al tiempo que dejaron de tra- bajar por encontrarse en conflicto. Esto es lo que hemos calificado de mal procedimiento, de mala norma. Pero ello no quiere decir que nosotros no habríamos apoyado las demandas de pago del tiempo en que los trabajadores permanecieron en huelga. El problema consiste en que por primera vez se contratan 500 obreros con el pretexto de regularizar faenas, en circunstancias de que hay conciencia de que el puerto no trabajó y que sólo se persiguió quebrar el movimiento provocado por la empresa y por la dirección sindical.
Por estas razones, voto en contra del veto.
La señora CAMPUSANO.-
Ya el Honorable Senado ha conocido las denuncias del Honorable señor Contreras Tapia, que demuestran cómo obreros que ganaban un millón de pesos mensuales fueron reemplazados por otros que percibirán tres veces esa suma, y cómo ello ha hecho posible que dirigentes sindicales, como ocurrió en la firma Said, prefirieran renunciar a su fuero para ingresar entre los nuevos trabajadores contratados, y cómo ha habido hasta locutores de radio que también se han interesado por ser trabajadores de la empresa.
A este propósito, quiero recordar que en sesiones pasadas, cuando intervenía el Honorable señor Prado -por la premura del tiempo, no alcancé a traer el texto de sus intervenciones- el Honorable colega explicaba que la nueva política de la empresa perseguía crear en el servicio una clase obrera nueva, responsable, con lo cual se terminaría con la "maffia" que, según se dice, existía. Así, lo pensamos nosotros...
El señor PRADO.-
No he usado esa expresión, señora Senadora.
La señora CAMPUSANO.-
Así lo pensamos nosotros, y en esa inteligencia se aprobaron muchas de las disposiciones. Pero, por lo que hemos escuchado, es evidente que todo continuará con los mismos vicios. Por eso es importante el predicamento que adopte el Senado.
Voto en contra del veto.
El señor PRADO.-
Quiero rectificar en parte a la Honorable señora Campu- sano, por estimarlo de cierta-importan- cía.
Cualquiera que lea mis intervenciones en los debates sobre esta materia, que fueron muchas, podrá comprobar que jamás he usado la palabra "maffia", no porque no la conozca o ignore su significado, sino porque jamás he querido abordar esta materia con el carácter efectista que, por desgracia, se le ha tratado de dar, para demostrar que legítimos derechos de los trabajadores habrían sido pisoteados. Tampoco he pretendido señalar a las directivas gremiales como culpables de un régimen ilegítimo o de privilegios, que habrían conseguido, para usar una expresión muy chilena, "a la mala".
Mi posición ha sido más realista. Cualquiera que lea la cláusula primera del acta, hoy consagrada en el proyecto, se dará cuenta del verdadero sentido que desde el comienzo se quiso dar a esta iniciativa. Dice así: "Las partes acuerdan la reanudación de las faenas", etcétera, y agrega: "Se confirma la facultad que establece el decreto supremo Nº 4.467, de 1956, por la cual el Administrador del Puerto de Valparaíso podrá distribuir el personal de movilización conforme a las necesidades del servicio".
Allí residía el conflicto. No se podía mover a los obreros. Cualquiera que haya estudiado tarifas, costos y el movimiento racional del puerto -lo saben los obreros y los señores Senadores que fueron a Valparaíso- podrá darse cuenta de ese hecho.
He usado la expresión "vicios de procedimiento", pero nunca "maffia". De manera que, para los efectos de la verdad, del tono y del sentido respetuoso que debe tener el debate, quiero precisar el sentido de mis palabras y su finalidad que en ningún caso pueden estar dirigidos a pisotear el derecho de nadie.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Señor Presidente, ya hemos aprobado esta disposición, de manera que ahora votaremos contra el veto, no obstante que se han dado muchos argumentos para justificarlo.
Lo efectivo es que, desde un comienzo, los señores Senadores señalaron que la solución del conflicto se alcanzaría con el despido de 600 trabajadores. Ante esa decisión, a los trabajadores no les quedaba sino mantener el conflicto por tiempo superior a 47 días o aceptar la imposición, con apariencias de voluntaria, del despido de 600 obreros. Debido a ello y como manera de buscar solución al conflicto y aliviar la situación de los obreros que quedaban en actividad, un grupo de trabajadores tomó la resolución de inscribirse voluntariamente para irse de la empresa, aun cuando no conviniera a sus intereses. No ha sido, pues, tan voluntario el ofrecimiento para retirarse.
Por otra parte, se habla de las economías que se desea introducir, pero éstas no se aprecian, pues, como se ha podido comprobar, los obreros despedidos han sido reemplazados por otros que percibirán remuneraciones superiores. Es evidente que no es ésa la manera de resolver los problemas de la empresa, sino de agravar su situación.
Como ayer, hoy y siempre hemos estado junto a los trabajadores, ahora votaremos de acuerdo con sus intereses.
Voto que no.
-Se rechaza la observación (14 votos por la negativa, 9 por la afirmativa y 1 parco) y con la misma votación se acuerda no insistir.
-Votaron por la negativa los señores Aguirre Doolan, Ahumada, Altamirano, Allende, Bossay, Campusano, Contreras (don Víctor), Corbalán (don Salomón), Chadwick, Gómez, González Madariaga, Jaramillo Lyon, Juliet y Luengo.
-Votaron por la afirmativa los señores Ferrando, Foncea, García, Gumucio, Mu- salem, Noemi, Palma, Prado y Reyes.
-No votó, por estar pareado, el señor Contreras Labarca.
El señor REYES (Presidente).-
Advierto a la Sala que no produce efecto el pronunciamiento del Senado sobre las observaciones ' recaídas en el inciso 3º del artículo 6º; en el 9º, en cuanto a suprimir la frase "al 4 de noviembre de 1964", y en los artículos 10, 11, 12 y 13, por cuanto ya las aprobó la Cámara de Diputados.
En lo relativo al veto consistente en sustituir, en el inciso primero del artículo 9º, la palabra "desempeñaba" por "desempeña'', podría el Senado adoptar igual criterio que la Cámara de Diputados.
El señor CHADWICK.-
Procedamos tal como en la votación anterior.
El señor REYES (Presidente).-
Hago esta proposición, porque de otro modo no habría ley en esa parte y el artículo quedaría sin sentido.
El señor LUENGO.-
Entiendo que si hay dos tercios para insistir, no habrá ley.
El señor WALKER (Prosecretario).-
La Cámara de Diputados ya aprobó la sustitución de la palabra "desempeñaba" por "desempeña". Si el Senado adopta un acuerdo distinto, no quedará ninguna de las dos expresiones y el artículo no tendrá sentido.
El señor REYES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para adoptar el mismo criterio que la Cámara?
El señor ALLENDE.-
Insistamos, aunque no haya ley.
El señor CHADWICK.-
El director de la Empresa Portuaria quedaría sin facultad para encasillar.
El señor LUENGO.-
Necesitaríamos dos tercios.
El señor WALKER (Prosecretario).-
Si el Senado rechaza la observación, no es necesario pronunciarse por la insistencia, porque no quedará ninguna de las dos palabras. No habría ley en ese punto y quedaría trunco el artículo.
El señor ALLENDE.-
Como todo ha sido trunco, que también quede trunco este artículo.
El señor CHADWICK.-
No se podría encasillar. Ese es el resultado.
El señor BOSSAY.-
Que se vote.
El señor MUSALEM.-
Es poco serio que el Senado despache una disposición que no se entiende.
El señor CHADWICK.-
¡ Cómo no va a ser serio!
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Todas las votaciones han sido poco serias.
El señor REYES (Presidente).-
Respecto de la observación que suprime el inciso tercero del artículo, si le parece a la Sala se procederá como en la votación anterior, en el sentido de rechazarla y no insistir.
Acordado.
En votación la observación consistente en sustituir, en el inciso primero del artículo 9º', la palabra "desempeñaba" por "desempeña".
- (Durante la votación).
El señor GOMEZ.-
La ley se publicará después del 4 de noviembre, de modo que es igual dejar cualquier palabra.
El señor CHADWICK.-
El artículo se refiere al 4 de noviembre de 1964, antes de que asumiera el actual Gobierno.
-Se rechaza la observación (14 votos contra 8 y 1 pareo) y con la misma votación se acuerda no insistir.
El señor WALKER (Prosecretario).-
En el mismo artículo 9º, el Ejecutivo propone suprimir la frase "al 4 de noviembre de 1964". La Cámara aprobó el veto.
El señor REYES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, respecto de las observaciones siguientes, en que no surte efecto la decisión del Senado, se aplicará la misma votación anterior.
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
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