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El señor FIGUEROA (Secretario).-
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley del Honorable señor Jaramillo Lyon, que modifica la ley 10. 383 en lo relativo a la jubilación de los imponentes del Servicio de Seguro Social.
-El proyecto figura en el volumen IV de la legislatura 288ª (mayo a septiembre de 1961), página 2915, y los informes en los Anexos de las sesiones 24ª y 27ª, en 20 y 27 de julio de 1965, documentos Nºs. 8 y 7, páginas 1552 y 1800.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
La Comisión, en este informe, propone rechazar todas las indicaciones presentadas y aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo en su primer informe.
Los Honorables señores Palma, Foncea, Musalem, Reyes, Ferrando, Prado, Fuentealba, Noemi, Aylwin y García han renovado la siguiente indicación: "Para agregar, a continuación de las palabras "a lo menos", en el inciso segundo del artículo 1º, lo siguiente: "hasta la fecha y 1. 560 semanas a partir del 1º de enero de 1967. "
El señor REYES (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor JARAMILLO LYON.-
No insistiré en exponer las razones de justicia social y de solidaridad humana que justifican este proyecto. Me limito a recordar que el criterio de la iniciativa de ley en debate es concordante con el expuesto por el Jefe del Estado cuando fue candidato a la Presidencia de la República.
En mi deseo de procurar el pronto despacho del proyecto, en esta oportunidad, sólo me referiré a las indicaciones formuladas en la Comisión.
En efecto, el segundo informe obedece al hecho de haberse presentado dos indicaciones, suscritas por el Honorable señor Palma, Presidente del Comité de los Senadores de la Democracia Cristiana.
Dicho señor Senador presentó una indicación que tenía por objeto modificar el financiamiento de la ley. Se sostuvo que para lograr un financiamiento adecuado, era necesario aumentar las imposiciones patronales en 1 % y las de los asegurados en un 1/2%. Con la indicación de Su Señoría, se rebajaría la imposición de los primeros de 1% a 1/2%. De haber sido aprobada tal indicación, sin duda que el proyecto habría quedado desfinanciado y los beneficios por él concedidos serían ilusorios.
Asimismo sería ilusorio el proyecto -como lo estimaron la Comisión y yo- si fuese acogida la indicación renovada respecto del número de imposiciones semanales necesarias para impetrar el beneficio de jubilación a los sesenta años de edad. El proyecto dispone que se podrá impetrar tal beneficio siempre que se hayan enterado 1. 040 semanas de imposiciones, vale decir, veinte años corridos; pero, de conformidad a la indicación renovada, la cual no fue acogida por la Comisión, se eleva ese número a 1. 560 semanas de imposiciones, o sea, se aumenta el tiempo necesario a treinta años; y se agrega que tal exigencia regirá desde 1967. De aceptar este último criterio, el proyecto se transformará en un vulgar volador de luces. Lo digo porque todos sabemos que hace veinte o veinticinco años las posibilidades de dejar de cumplir las leyes sociales eran muy grandes y prácticamente nulo el interés de los asalariados por la previsión. De allí, entonces, que sería difícil en 1967 encontrar obreros con treinta años corridos de imposiciones.
En tal eventualidad, prefiero el rechazo del proyecto antes de aprobarlo en forma que constituya un verdadero engaño para los sectores asalariados. No otra cosa es concederles un beneficio más aparente que real.
El señor AMPUERO.-
¿Ambas indicaciones fueron renovadas? ¿Quiénes suscriben la indicación a que se dio lectura?
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Los Honorables señores Foncea, Palma, Musalem, Reyes, Ferrando, Prado, Fuentealba, Noemi, Aylwin y García.
El señor AMPUERO.-
O sea, todos los "revolucionarios" de la Sala.
El señor FONCEA.-
Deploro no haber escuchado en toda su extensión las observaciones del Honorable señor Jaramillo. Sólo oí sus palabras finales, cuando sostenía que el proyecto, con las indicaciones renovadas, perdería toda su eficacia. Me parece que Su Señoría está en un profundo error. Incluso, la afirmación del señor Senador autor del proyecto implicaría un total desconocimiento del sistema actual de jubilaciones del Servicio de Seguro Social. ¿Por qué afirmo esto último? Por la muy sencilla razón de que en la actualidad la ley exige a los obreros afiliados al Servicio de Seguro Social 65 años años de edad para acogerse a la jubilación por vejez.
El señor JARAMILLO LYON.-
Y 800 semanas de imposiciones.
El señor FONCEA.-
El proyecto rebaja a sesenta años esa exigencia, lo cual es una aspiración muy sentida y justa de los sectores obreros, compartida plenamente por los Senadores de estas bancas.
El señor JARAMILLO LYON.-
¡ No lo parece!
El señor FONCEA.-
Pero ocurre que los obreros en Chile, y esto se ha sostenido en reiteradas oportunidades, inician su vida activa a los 16, 18 o, a lo sumo, a los 20 años. Como de acuerdo con la iniciativa
del Honorable señor Jaramillo -repito que la compartimos plenamente- necesitarán 60 años para jubilar, significa que, en la práctica, el obrero, que no tiene otro capital aparte sus brazos, requerirá de 40 años de trabajo para poder optar a este beneficio.
El señor JARAMILLO LYON.-
Hago presente a Su Señoría que es muy distinto tener 40 años de servicios que 40 de imposiciones. Ya he explicado por qué se ha producido déficit en las imposiciones de obreros que han trabajado, no digo 40 años, sino 50. Incluso he oido, hace un tiempo, a mi Honorable colega Víctor Contreras relatar la tragedia de obreros cuyas libretas de seguro, en las compañías salitreras, habían sido quemadas. Por la circunstancia anotada, el Servicio de Seguro Social no llevó cuenta individual de las imposiciones correspondientes a esas libretas; pero no por ello vamos a desconocer que-esos hombres trabajaron desde su más temprana edad.
El señor ALLENDE.-
¿Cuántas semanas de imposiciones se exigen en la actualidad?
El señor JARAMILLO LYON.-
Ochocientas y tantas.
El señor FONCEA.-
El argumento del Honorable señor Jaramillo sería valedero para el caso de que el obrero chileno tuviera otros medios de subsistencia. La verdad es que no se concibe que un obrero pueda mantenerse si no es por su trabajo. Claro está que, en el caso de Su Señoría y de la mayoría de la gente pudiente de nuestro país, se puede dejar de trabajar 5, 10, 20 años o toda la vida, porque gozan de situación económica que les permite mantenerse; pero muy distinta es la situación del obrero, quien necesariamente debe trabajar.
En el supuesto de que el obrero comience su vida activa a los 20 años y deba jubilar a los 60, habría trabajado 40 años. Pues bien, dentro de la tesis que estoy sosteniendo, no se concibe que tal obrero haya podido mantenerse si no es por el fruto de su trabajo.
¿Qué alcance tendrá rebajar a 1. 040 el número de semanas de imposiciones requeridas para jubilar? En la práctica, esto se prestará para eludir el sistema previsional y para que haya colusión entre el obrero y el patrón, con el objeto de no hacer imposiciones mientras aquél no cumpla 40 años de edad. En efecto, como se exigirán 20 años de imposiciones, las que se hagan con anterioridad irán, en el hecho, a fondo perdido y no beneficiarán en absoluto el sistema previsional del obrero.
Por eso, al insistir nosotros en la indicación del Honorable señor Palma, encaminada a exigir 1. 560 semanas de imposiciones, estamos simplemente estableciendo la necesidad de que se imponga durante 30 años. Bien comprendemos que puede haber lagunas o períodos en que el obrero no haya tenido trabajo y en que, por lo tanto, no se le hayan hecho imposiciones, lo que a veces comprenderá lapsos hasta de diez años; pero, en verdad, la ley sobre continuidad de la previsión resuelve este problema.
Mediante la indicación que tantas críticas ha merecido a nuestro Honorable colega, el proyecto resultará financiado, pues, tal como se nos explicó en la Comisión, en especial por parte del Superintendente de Seguridad Social, señor Carlos Briones, en el presente año existe un déficit, en el fondo de pensiones del Servicio de Seguro Social, del orden de los 30 millones de escudos, déficit que, para el próximo año, sin considerar la iniciativa en debate, que no se halla del todo financiada, aumentará en 70 millones de escudos, con lo cual, a fines del año 1966, ascenderá a cien millones de escudos.
La indicación que comento, considerada por mi Honorable colega una burla para los asalariados, tiende sólo a hacer operante esta legislación. Nada sacamos con establecer el beneficio de jubilación a los 60 años de edad en la forma propuesta, si, en definitiva, el Servicio de Seguro Social no dispondrá de los recursos necesarios para otorgarlo.
Con lo expuesto, levanto el cargo formulado por el Honorable señor Jaramillo y, al mismo tiempo, le agradecería responder a lo siguiente: ¿es efectivo o no lo es que el obrero no puede mantenerse sino con el fruto de su trabajo? ¿Es efectivo o no lo es que el obrero empieza a trabajar a los 20 años de edad, y no constituye algo desorbitado -como él lo sostuvo- exigirle 30 años de imposiciones?
El señor JARAMILLO LYON.-
En mi concepto, constituye una nueva modalidad la que se pretende implantar esta tarde en el Senado, en orden a que un Senador cite a otro a absolver posiciones para que éste deponga al tenor de la inquietud de aquél. No seguiré al Honorable señor Foncea en esta forma de actuar. Estimo bastante más acertado el procedimiento tradicional mantenido hasta el presente.
El Honorable señor Foncea manifiesta grandes aprensiones acerca del desfinanciamiento del Servicio de Seguro Social. Comparto tales aprensiones. ¿Cómo no las voy a compartir si el fisco adeuda a dicho servicio, según se deja constancia en el primer informe, 31 millones de escudos? Hago presente que ese déficit, que ascendía a 20 millones de escudos en octubre del año pasado, se ha incrementado en 11 millones de escudos desde esa fecha a julio del año en curso. Si seguimos por este plano inclinado, no habrá dinero para pagar la jubilación a los 60 años de edad ni para afrontar ningún otro beneficio.
El señor CORBALAN (don Salomón).-
¡ Esa es la revolución en libertad!
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Está en discusión un proyecto tendiente a otorgar jubilación a los obreros que han cumplido 30 años de imposiciones y 60 de edad, quienes, con seguridad, han empezado a trabajar a los 16 años de edad y aun antes. No me explico cómo algunos Honorables colegas se atreven a decir que los obreros comienzan a trabajar recién a los 20 años. Estos han de ser, tal vez, obreros de la nueva ola, acomodados, hijos de gente pudiente que disponía de recursos para darles educación primaria y secundaria, pero que se vio en la necesidad de hacerlos ejecutar un trabajo manual...
El señor ALLENDE.-
En el puerto de Valparaíso.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
... en vista de que fracasaron en sus estudios. Lo que se ha sostenido estaría bien si tuviese algún indicio de verdad. Pero yo me pregunto: ¿no se han preocupado, los colegas de la zona agrícola, de comprobar alguna vez a qué edad empiezan a trabajar los hijos de los campesinos? ¿Acaso no hay un viejo adagio entre el campesinado, que dice: trabajen, para que paguen la crianza? Con seguridad, el poco contacto que esos colegas tienen con los campesinos pobres no les ha permitido recoger tales experiencias.
He tenido la virtud de ser objetivo y mirar siempre alrededor de los hogares modestos. En estos instantes, legislamos para la gente nacida en 1905, la que se encuentra en condiciones de jubilar. El financiamiento del proyecto ha sido aceptado por el Superintendente de Seguridad Social y la Directora del Servicio de Seguro Social. Como anotaba el Honorable señor Jaramillo, el fisco adeuda a esa entidad más de 30 millones de escudos y ello es una de las causas principales del desfinanciamiento en que se encuentra.
¿Por qué tratamos nosotros de permitir que jubilen 27. 000 personas, número que se estimó, si no me equivoco, en 20. 000 con posterioridad? Sencillamente porque en estos instantes esa gente se encuentra sin trabajo; vive en condiciones miserables; vaga por las calles y algunos son lustrabotas; mendigan la caridad pública, etcétera. Francamente, no me explico cómo durante los períodos preeleccionarios nos acercamos a ellos -a menudo depositan sus votos en favor nuestro- y después nos olvidamos de su miseria, de sus privaciones y de sus andrajos.
Se dice que una de las causas del desfinanciamiento del Servicio de Seguro Social será el otorgamiento del beneficio de la jubilación a un número crecido de imponentes. ¿Cómo puede sostenerse la necesidad de exigir 30 años de imposiciones en circunstancias de que esta gente no trabaja desde hace 20 años? ¿Acaso han olvidado mis Honorables colegas, en especial los de la primera agrupación, que la gente de esa zona trabaja sólo hasta los 45 años de edad ? Recordemos que los obreros del norte que se retiran de una industria, automáticamente quedan sin ocupación en forma definitiva; que nadie les da trabajo, y que pupulan alrededor de las playas para recoger mariscos a fin de poder subsistir.
Otra de las causas de por qué los obreros no reúnen, con frecuencia, las 1. 560 semanas de imposiciones desde que se puso en vigencia la ley 4. 054, consiste en el sistema que rige hasta la fecha en el Servicio de Seguro Social. ¿Ignoran los señores Senadores que cuando se extravía una libreta, se pierden todas las imposiciones en ella contenidas? Bien sabemos que no se deja constancia de la persona a quien se hacen las imposiciones mensuales o semanales. El patrón compra las estampillas y las pega en la libreta, y si el jornalero la deja en poder del patrón, éste no tiene la gentileza de hacerla enviar a la oficina respectiva. Varias veces he referido en Comisión que en las oficinas salitreras, después que los obreros se retiraban, las libretas eran quemadas en las calderas, a fin de vitar que llegaran a manos de las autoridades. Conocidos, también, son los casos en que con uno u otro subterfugio, sencillamente se niega el pago de las imposiciones a los obreros, y los de muchos trabajadores que han perdido cinco, seis o siete libretas sucesivamente, con sus correspondientes imposiciones.
Quiero, señor Presidente, manifestar que, a mi juicio, el proyecto en debate no ofrece problema de financiamiento, pues se trata solamente de cubrir el gasto que implicarán las pensiones para estas veinte mil personas, en los últimos días de sus vidas. Respecto de los obreros que continúen en actividad, existen otras disposiciones.
Por consiguiente, señor Presidente, ya que hablamos tanto aquí sobre la necesidad de hacer justicia social y de atender al desvalido, me parece ésta una buena oportunidad para demostrar nuestros sanos propósitos con hechos y no con vanas palabras.
Los señores Senadores saben perfectamente que el Estado no presta protección al margen de la legislación social, de manera que esta enorme cantidad de obreros, sin la posibilidad de ningún otro recurso, constituye un grave problema a cuya solución debemos atender por deber moral. Se trata, a mi juicio, de un pronunciamiento definitivo que debemos adoptar. Dejarlo pendiente nos desautorizaría para continuar hablando de nuestros propósitos de justicia social, puesto que nos estaríamos negando a dar satisfacción a las más elementales necesidades de este grupo de trabajadores.
El señor REYES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, deseo, en breves palabras, fijar la posición del Gobierno respecto del proyecto en debate. Con relación a esta iniciativa de indudable importancia e interés, que ya tuve oportunidad de conocer en la respectiva Comisión, debo reiterar que sus ideas están comprendidas dentro de las líneas en que el Supremo Gobierno desea orientar la reforma de la seguridad social en nuestro país.
En otra ocasión hice presente en el Senado que nuestra seguridad social -como saben los Honorables señores Senadores- se resiente por una dispersión gigantesca de iniciativas, por un recargo de lo que podríamos llamar la previsión económica y por un descuido terrible de la medicina social, llamada a veces previsión biológica. Frente a estos problemas que se suscitan en la vida del hombre trabajador, existe una disposición más fácil para evaluarlos económicamente, para buscarles solución sobre la base de abonos de años de servicios y de mejoramientos de pensiones sin la debida y suficiente consideración a la urgencia que tiene el país de cambiar los términos en que se presenta la relación entre las poblaciones activa y pasiva en estado de necesidad. Estos términos -repito- requieren un esfuerzo gigantesco y organizado, a fin de que los trabajadores chilenos puedan trabajar más tiempo y con mejores resultados, sobre la base de remuneraciones más altas y de condiciones de seguridad social e higiene mayores. Esta tarea es, en realidad, abrumadora; el Gobierno la considera indudablemente superior al límite de sus esfuerzos, si no cuenta -como espera contar- con la comprensión y buena disposición de todos los sectores de la ciudadanía y del Congreso Nacional, en especial de esta Corporación. Sólo de esta manera será posible terminar con una tentativa muy bien intencionada, más justificada en unos casos que en otros, como es la de reparar nuestra previsión social sobre la base de ir mejorando situaciones parciales, que, muchas veces desmejoran otros problemas de más profundo alcance.
Esta iniciativa incide en la raíz de un problema muy serio. Como ya lo manifesté en Comisión y lo reiteré personalmente a mi estimado amigo y colega, en nuestra calidad de abogado, el Honorable señor Jaramillo, -como él mismo lo ha hecho notar- esta idea ha sido propiciada y defendida por Su Excelencia el Presidente de la República, quien está empeñado y comprometido a llevarla adelante, pero en la inteligencia de que deberá hacerse dentro del cuadro general de reforma de la seguridad social. No puedo, por consiguiente, anticiparme a comprometer su apoyo, porque en lo que de el Gobierno depende, ello debe decidirse a la luz de una apreciación general sobre las posibilidades que el país tiene de dar seguridad social, y de abordar las distintas reformas que tiene en estudio.
En estos momentos, los antecedentes de que disponemos, proporcionados por una institución, a mi juicio, intachable, que debe merecer, imagino, toda consideración del Senado, la Superintendencia de Seguridad Social, nos señalan el hecho dramático actual y creciente del desfinanciamiento del Servicio de Seguro Social, mientras no se cambien las bases sobre las cuales se opera actualmente. Según un informe ya conocido por el Honorable Senado, emitido por esa Superintendencia, el desfinanciamiento está vinculado a la dictación de sucesivas leyes que, justificadas o con razonable fundamentación, implican un costo creciente, según los cálculos actuaria-les, muy explicables desde el punto de vista técnico.
La actual iniciativa, también implica un desfinanciamiento inicial serio y, sobre todo, creciente, debido al proceso de acumulación que se produce, mientras se empieza a operar dentro del régimen de esta nueva reforma en la seguridad social y se equilibre el proceso de los trabajadores que a los sesenta años se incorporan a la jubilación.
La incorporación inmediata del número de personas que actualmente se encontraría en condiciones de acogerse al beneficio, constituiría un hecho serio; pero más serio, en nuestro concepto, sería aún el proceso en los años siguientes, por cuanto, por razones demográficas y técnicas que, por lo demás, han sido claramente explicadas en la Comisión por funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social -yo no soy técnico en esas materias, pero creo que todos podemos comprenderlo-, de año en año el número de pensionados que va a fallecer no se equilibrará -esperamos que afortunadamente sea así- con el número de pensionados que jubilará por cumplir 60 años.
Esto sucederá durante el período inmediato de cinco, seis o siete años, lo cual implicará un desfinanciamiento creciente del Servicio de Seguro Social y, en representación del Gobierno, como Ministro del Trabajo, no me siento, por ningún motivo, autorizado -por muy justificada que sea la iniciativa -para apoyar el proyecto.
Debo hacer presente al Senado -y termino con esto- que muy a pesar nuestro reiteramos que una iniciativa, por muy sanos propósitos que envuelva, no puede ser aceptada por el Gobierno sino dentro del cuadro general de la reforma de la seguridad social, que en el año que corre esperamos configurar con los proyectos relativos a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales -ya redactado en el Ministerio del Trabajo y entregado a la Comisión respectiva-; a fondo nacional para asignaciones familiares; a previsión para los trabajadores independientes; a medicina curativa de empleados particulares; al régimen de sanciones por infracciones a los organismos de previsión, y a la base general de la seguridad social, el que ya estamos preparando con la asesoría técnica extranjera proporcionada por la OIT y esperamos terminar, también, dentro de este año. Estos proyectos básicos señalan el límite que es capaz de resistir nuestra seguridad social mirada en conjunto. Esta realidad es la que nos indica hasta dónde podemos rebajar el número de años, en determinados sectores de trabajadores, para otorgar el beneficio de la jubilación. Para ello deberá considerarse, también, la posibilidad de suprimir jubilaciones millonarias o prematuras, que están desquiciando o comprometiendo el financiamiento de la seguridad social.
Por estas razones, hago presente al Honorable Senado nuestra oposición a esta iniciativa, aun cuando, una vez más, dejo constancia del valor que ella tiene y de la coincidencia de propósitos que refleja con el Ejecutivo, en cuanto a la justicia que la inspira.
La señora CAMPUSANO.-
¿Me permite una pregunta, señor Presidente?
Desearía saber si ha aumentado o se mantiene estacionario el término medio de longevidad de los trabajadores chilenos. Todos sabemos que en Chile los hombres viven menos que las mujeres.
El señor REYES (Presidente).-
Perdóneme, señora Senadora, pero había solicitado la palabra el Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-
No sé si hay acuerdo en el sentido de votar ahora.
El señor REYES (Presidente).-
El acuerdo existente consiste en destinar los últimos cinco minutos del Orden del Día, que termina las 17. 45, para tratar otro proyecto en ese lapso.
El señor JARAMILLO LYON.-
Cuando este proyecto fue a Comisión, el Senado fijó un plazo para su despacho.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
¿Por qué no prorrogamos la hora?
El señor ALLENDE.-
Mi pregunta concreta es si hay acuerdo del Senado para votar hoy el proyecto.
El señor REYES (Presidente).-
La Mesa revisará el acuerdo.
El señor ALLENDE.-
Mientras tanto quiero hacer presente que me congratulo de oír, por primera vez, al señor Ministro del Trabajo enunciar algunos de los aspectos de la previsión social que, a juicio del Gobierno, deben ser modificados.
Veo con agrado que el señor Ministro ha agregado otros proyectos a los que dio a conocer el Superintendente de Seguridad Social, según lo expresado en el informe.
El señor REYES (Presidente).-
Excúseme, señor Senador.
Propongo a la Sala prorrogar la hora por diez minutos...
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Por un cuarto de hora, para alcanzar a discutir el proyecto relativo a Curicó y otras provincias.
El señor REYES (Presidente).-
..., para votar este proyecto y tratar el referente a las provincias de Curicó, Talca y Linares.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
A las provincias damnificadas.
El señor REYES (Presidente).-
Si se formulan indicaciones, la última iniciativa deberá cumplir otro trámite, de acuerdo con el Reglamento.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-
Insisto en que me congratulo de haber escuchado al señor Ministro y, sobre todo, de que haya ampliado la nómina de asuntos que, de acuerdo con los informes proporcionados por el Superintendente de Seguridad Social en la Comisión, están en estudio.
De todas maneras, dejo constancia de que, a mi juicio, esta materia debió ser preocupación primordial del Gobierno y de que éste debió exponer su criterio ante el país. Me parece un poco extraño que, después de haberse sostenido reiteradamente que ya estaban estudiados y en marcha los proyectos sobre los problemas más esenciales del país, lo relativo a la previsión social esté todavía en maduración. Y digo la previsión social, porque la posición planteada por el señor Ministro está muy distante de lo que yo, por lo menos, entiendo por seguridad social, asunto respecto del cual tampoco conozco el pensamiento del Ejecutivo.
Además, el señor Thayer ha hecho referencia a la previsión biológica. Por iniciativa nuestra, en la Comisión de Salud Pública hemos estado durante dos sesiones oyendo los planteamientos del Gobierno sobre los problemas básicos de la defensa, fomento y protección de la salud. En realidad, tampoco sobre esta materia el Ejecutivo tiene una concepción orgánica y panificada. En todo caso, en este aspecto, los puntos de vista del Gobierno se han presentado como indicaciones al proyecto enviado por la Administración anterior por conducto del Ministro de Salud de esa época, profesor Francisco Rojas Villegas, sobre atención médica curativa de los empleados.
¿Por qué recuerdo esto? Porque aquí, en cuatro o cinco oportunidades, en presencia del señor Ministro del Trabajo, he insistido en la necesidad de acelerar el despacho del proyecto modificatorio de la ley de accidentes del trabajo, que incorpora las enfermedades profesionales a los riesgos y accidentes laborales. Y tanto en lo opinado por el Superintendente mencionado como en lo dicho por el señor Ministro, advertimos que el Gobierno va a enviar -no lo ha hecho todavía; no está esa iniciativa en la Comisión- un proyecto sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Por qué expreso una negativa tan rotunda? Porque ese proyecto no está en el Congreso. Esta mañana encontré al Superintendente de Seguridad Social en los pasillos y le pregunté si tal iniciativa se había enviado al Parlamento, como lo aseguraba una información de prensa. Ese funcionario me dijo que no había sido enviada y que se terminará su estudio dentro de una semana.
Desde la época en que reclamé del Gobierno, aparte los cinco oficios que se remitieron a petición mía, y solicité al señor Ministro apurar el despacho de ese proyecto, pendiente desde hace muchos años de la consideración del Congreso, ha habido tres graves accidentes del trabajo y siete muertos.
No pueden los trabajadores continuar indefensos, ni podemos aceptar que se pierda la posibilidad de acelerar el curso de un proyecto que está en tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y que no tiene discrepancias fundamentales con las ideas del Gobierno en esta materia. No abundaré en esto, porque en repetidas oportunidades hemos afirmado que esa iniciativa contiene conceptos permanentes de lo que debe ser una ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por lo demás, si hubiera diferencias, el Ejecutivo podría introducir las modificaciones necesarias por la vía del veto; pero no las hay.
Lo que me inquieta es el propósito que se observa en el informe. Por ejemplo, el Honorable señor Palma manifiesta que, pese a ser muy importante esta iniciativa del Honorable señor Jaramillo, es conveniente esperar los proyectos del Ejecutivo. Lo mismo sostiene el señor Ministro, al decir que es probable que ellos sean presentados dentro del año calendario. Por otra parte, el informe añade que en diciembre de este año se enviarán las iniciativas de ley que modifican la previsión.
El señor JARAMILLO LYON.-
¿Me permite una interrupción ?
El señor ALLENDE.-
Pero los obreros ya no pueden esperar más.
El señor PALMA.-
¿Me concede una interrupción?
El señor ALLENDE.-
Con el mayor gusto.
El señor PALMA.-
He formulado indicación, no para postergar la aplicación de este precepto a los obreros en condiciones de acogerse a los beneficios que la ley dispensará, sino para hacer un distingo. Este consiste en exigir 1. 040 semanas de imposiciones a las personas que jubilen durante 1966, de manera que sólo tendrán un año para pedir su jubilación quienes cumplan esa exigencia; y 1. 560 semanas, equivalentes a treinta años de trabajo, a partir del 1º de enero de 1967.
El señor ALLENDE.-
No me he referido a eso, y creo que tampoco tendré tiempo de hacerlo. Estoy refiriéndome a las palabras del Honorable señor Palma en la Comisión de Trabajo y a las del señor Ministro en la Comisión y en este hemicilio, en el sentido de que no es conveniente legislar aisladamente y debemos esperar la definición global del Gobierno sobre esta materia.
Frente a tal opinión, sostengo que el despacho del proyecto no puede demorar más; que no son valederas ni justas las observaciones del señor Ministro, y que nosotros no podemos dejarnos impresionar por el desfinanciamiento del Servicio de Seguro Social.
Tengo alguna experiencia en la materia y, más que eso, creo conocerla en gran parte. En reiteradas oportunidades he oído decir que los organismos de previsión están en crisis o próximos a la quiebra y que falta financiamiento. Hasta ahora, el Servicio de Seguro Social se ha mantenido intacto, a pesar de que tanto este Gobierno como el anterior han dejado de cumplir las leyes al no entregarle los aportes debidos. Estimo que lo primero que debe hacer el Gobierno es cumplir la ley.
Además, como consta en el informe, de la propia opinión de la señorita encargada de la dirección de dicho Servicio se deduce que el financiamiento propuesto por el Honorable señor Jaramillo es satisfactorio en un 95% o 98% y, en consecuencia, al destinar los recursos exclusivamente a solventar los gastos derivados de esta iniciativa legal, no existe peligro de desfinanciamiento. Y si el Gobierno cumple la ley, como espero que lo hará, este aspecto queda totalmente subsanado.
¿Cuál es el problema de fondo? ¿Es posible que esperemos hasta diciembre para conocer las iniciativas globales y empezar a discutirlas?
Además, existe un problema candente, que supongo que el Gobierno discutirá con los interesados: el problema de la previsión social. Hay intereses contrapuestos; hay derechos consagrados por las leyes que, si se van a tocar, requieren un proceso de persuasión y un análisis en conjunto con los propios interesados.
Del cuadro comparativo sobre exigencia de años para jubilar en los distintos organismos, consignado en el informe, se desprende que los imponentes del Servicio de Seguro Social, y tan sólo los de aduanas, deben tener 65 años de edad para lograr su jubilación. El resto está en peores condiciones, lo que constituye una tremenda injusticia.
Por lo tanto, señores Senadores, no podemos esperar que el Gobierno concluya sus estudios. Debemos legislar urgentemente sobre esta materia, cuya discusión ha sido diferida por la mayoría del Congreso en tres oportunidades. Nosotros debemos felicitar al Honorable señor Jaramillo por su insistencia. Esta iniciativa venía consignada en la reforma de la ley 4. 054, pero el Congreso la rechazó. Antes, también se había desechado otra indicación que presentamos con el mismo objeto. Por eso, no podemos ahora perder esta iniciativa, así como no podemos aceptar que se postergue en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en espera del proyecto del Ejecutivo.
Como deseo que se ponga en votación el proyecto, termino aquí mis observaciones y luego fundaré el voto.
El señor REYES (Presidente).-
En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
El señor Presidente pone en votación la indicación renovada por los Honorables señores Palma, Foncea, Musalem, Reyes, Ferrando, Prado, Fuentealba, Noemi, Aylwin y García para agregar al final del inciso segundo del artículo 1°, lo siguiente: "a esta fecha y 1. 560 semanas a partir del 1º de enero de 1967".
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
En nombre del Comité Comunista, solicito votación nominal.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
A petición del Comité Comunista, el señor Presidente ordena votación nominal.
- (Durante la votación).
El señor AMPUERO.-
Después de escuchar al señor Ministro del Trabajo, me habría gustado que hubiese podido acompañarme en la visita ocasional que hace poco tiempo realicé a la localidad de Pozo Almonte, en la provincia de Tarapacá.
Por determinadas circunstancias, se ha producido allí un hecho curioso y trágico. Un número importante de pensionados del Servicio de Seguro Social -viejos, ancianos, veteranos trabajadores de la pampa el proyecto respectivo ni sabemos cuánto tiempo demorará éste en su tramitación en el Congreso, o si correrá la suerte de la iniciativa legal que tiene relación con las enfermedades profesionales, la cual, según antecedentes que tengo, lleva 14 años en el Parlamento. Además, tenemos al proyecto sobre medicina curativa, iniciativa que está presentada al Congreso se le retiró la urgencia. Tales antecedentes nos hacen pensar que el proyecto en cuestión dormirá aquí el sueño de los justos.
Creo necesario que se haga justicia a este grupo de trabajadores, carentes -repito- de toda clase de auxilio, sobre todo si se considera que tal problema adquiere especial gravedad, como explicaba el Honorable señor Ampuero, en la región salitrera.
Dije en sesiones anteriores que he presentado solicitudes de pensiones de grade gracia para ir en auxilio de algunas de estas personas; pero, en realidad, ésta no es la solución adecuada. Necesitamos una solución integral que permita resolver el problema que afecta a un grupo de más de 20 mil personas, que requieren toda clase de auxilio.
Por eso, voto en contra de la indicación sugerida y en favor del informe de la Comisión.
El señor CORBALAN (don Salomón).-
Autorizado por el Comité Liberal, pues estoy pareado con un Senador de ese partido, voto negativamente.
El señor FERRANDO.-
Voto favorablemente la indicación, y hago pública fe de mi seguridad y confianza en que el Gobierno enviará este año al Parlamento la legislación social que los trabajadores de Chile necesitan y merecen, y que el señor Ministro del Trabajo nos ha prometido.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
¡Que Dios lo oiga!
El señor JARAMILLO LYON.-
Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para celebrar, por primera vez, la sinceridad con que el Ministro del Trabajo ha planteado su oposición en el Senado. En realidad, a lo largo de la discusión del proyecto, manifestó que en esta oportunidad quería plantear su oposición a la idea de legislar sobre esta materia, porque, en fin, existe un orden de prioridad, según tengo entendido, dentro de los planes del Gobierno. ¿Cuándo llegarán esos planes? No lo sé. Pero esta es una cosa concreta: el Ministro ha dicho no, y planteó su oposición. Eso me gusta, me parece claro.
Quiero hacer este alcance, porque en el diario del Gobierno, "La Nación", de fecha 14 de julio, viene una información sobre esta materia, en la cual, con grandes titulares, se dice: "Obreros jubilarán a los 60 años de edad. Por unanimidad aprobó ayer la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado proyecto que legisla sobre la materia. A la sesión concurrió el Ministro del Trabajo, William Thayer". En la parte pertinente, dicha información dice: "A la sesión asistió el Ministro del Trabajo, William Thayer, quien señaló que con este proyecto se beneficiarían, al momento de su promulgación, alrededor de treinta y siete mil asalariados". Después, hace otras consideraciones y termina diciendo: "La aprobación unánime obtenida en la Comisión, por esta iniciativa, permite descontar su éxito en la Sala cuando sea incluido en" la Tabla de Sesiones. ".
Vale decir, el diario oficial del partido único de Gobierno, frente a la opinión pública, hace aparecer este proyecto, en primer lugar, como de iniciativa del Gobierno, y, en segundo lugar, como que éste estuviera encantado, lo aplaudiera y solidarizara con él, en circunstancias de que la verdad es muy distinta: el Ministro del Trabajo, con la responsabilidad y hombría que siempre se le ha reconocido, dijo que se oponía.
Dejo de manifiesto esta dualidad en la forma de proceder.
Voto negativamente la indicación.
El señor NOEMI.-
Acabo de conceder un pareo al Honorable señor Enríquez por el resto de la sesión.
El señor PALMA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
La indicación que se está votando no tiende, desde ningún punto de vista, a restar efectos a la iniciativa legal propuesta para resolver los problemas planteados en forma tan clara por el Honorable señor Víctor Contreras, principalmente en la Sala. La indicación tiende a crear una situación de regularidad en el financiamiento de estas disposiciones y a posibilitar que dicho financiamiento se logre, prácticamente, en los años próximos. Ella está destinada, simplemente, a establecer un distingo consistente en aceptar que jubilen, con 1. 040 semanas de imposiciones, todos aquellos obreros que a la fecha actual tengan 60 o más años de edad; pero, que, a partir de 1967, cuando ingresen, anualmente, alrededor de 8. 500 nuevas personas que estarán en condiciones de jubilar, se exija 30 años, o sea, 1. 560 semanas de imposiciones.
Si acaso el "stock", como se dice técnicamente, de acuerdo con lo que hemos oído a los expertos, es de 37 mil personas en condiciones de jubilar hoy día con 60 años, ellas podrían perfectamente hacerlo en lo que resta de este año y en el curso de 1966 próximo. En esa forma lo hicieron ya, en cierto modo, las 40 mil personas que se acogieron, en el mismo servicio, a la continuidad de la previsión, hace poco tiempo, con motivo de la modificación de la ley Nº 10. 383.
Por eso, creo que la disposición que nos ocupa viene, precisamente, a completar y beneficiar los alcances de esta iniciativa legal.
Nosotros, como bien se desprende de lo que leyó el Honorable señor Jaramillo en el diario "La Nación", sistemáticamente hemos votado en favor de esta idea, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en las oportunidades en que esta materia ha sido tratada. Si hasta ahora este asunto no ha llegado a convertirse en ley, parte de la responsabilidad de ello, con seguridad, debe corresponder a quienes estaban en el Poder, entre los cuales, ciertamente, debió haber tenido influencia el Honorable señor Jaramillo.
A mi juicio, la disposición actual no resuelve el grave problema que afronta el Seguro Social, pues este servicio estima que, si hoy jubilan todas las personas que tienen 1. 040 semanas de imposiciones, debería solventar un gasto equivalente a 25 mil millones de pesos, suma que, añadida a su actual déficit de 70 mil millones de pesos, desfinancia por completo la institución. En cambio, si se aprueba la indicación propuesta, fácilmente podría rectificarse la situación de financiamiento de ese servicio en años venideros.
El señor PRADO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
Deseo, muy brevemente, salvar mi responsabilidad ante la eventualidad de que esta iniciativa legal, en definitiva, no llegue a convertirse en ley.
Pienso que, en materia previsional, el ejemplo de los regímenes previsionales chilenos está indicando que se ha legislado demasiado, con resultados muy poco positivos, y de ello los asalariados, no sólo son testigos, sino víctimas, pues creen tener regímenes previsionales, y no los tienen.
Por estas consideraciones, encuentro razonable que Senadores que hoy día no acompañan al actual Gobierno, que no creen en él o creen sólo en parte, se sientan en el derecho -se los reconozco- de tratar de que se legisle. Pero a mí también me asila el derecho de pedirles que crean en el Gobierno y que, más que en los artículos del diario "La Nación", con el cual también han contado todos los gobiernos anteriores, crean en la palabra oficial del Ejecutivo, expresada en las Comisiones del Senado por intermedio del Ministro correspondiente. En otras palabras, pido a los Honorables colegas que se basen en las actas de las Comisiones, y no en las afirmaciones de "La Nación".
El señor JARAMILLO LYON.-
Por desgracia, el público no lee las actas de las Comisiones, sino las informaciones de prensa.
El señor PRADO.-
Quiero decir en voz alta que no tenemos por qué sentirnos apabullados por la premura de parlamentarios que fueron mayoría, estuvieron en el Gobierno durante largos años, y que hoy día vienen a pedirnos legislar y hacer cosas que durante cincuenta años no se preocuparon de hacer. A veces se quejan de demora por parte del Gobierno; otras, de que éste exige legislar con demasiada rapidez, y ahora, de que en ocho meses no se ha transformado en realidad una legislación social sobre cuyas dificultades conocen, no sólo los expertos, sino también miles y miles de nuestros conciudadanos.
Por esas consideraciones, hago fe en lo expresado en la Comisión por el señor Ministro del Trabajo.
El señor AMPUERO.-
Es muy confiado el señor Senador.
El señor PRADO.-
Con mucho agrado le concedo una interrupción, si lo desea.
El señor ALLENDE.-
No puede. Estamos en votación.
El señor PRADO.-
No he dicho con sorna mis palabras. Le habría concedido una interrupción a Su Señoría...
El señor AMPUERO.-
¡En cualquier forma que fuere... !
El señor PRADO.-
El señor Ministro expresó en forma clara que se presentarán las iniciativas antes del mes de diciembre, no dentro o seis o veinte años.
El señor TARUD.-
¡El 28 de diciembre!
El señor CORBALAN (don Salomón).-
¡ El Día de los Inocentes!
El señor PRADO.-
Estamos en el mes de julio...
El señor TARUD.-
¡Estamos en agosto, señor Senador!
El señor CORBALAN (don Salomón).-
¿ No sabe que estamos en agosto ? ¡ Es el mes de los gatos!
El señor ALLENDE.-
Está desorientado Su Señoría.
El señor PRADO.-
¿Puedo continuar, señor Presidente?
El señor REYES (Presidente).-
Está con la palabra el Honorable señor Prado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor PRADO.-
Quiero recordar a Sus Señorías las siguientes iniciativas emanadas del actual Gobierno: proyecto de ley sobre accidentes del trabajo, enviado a la Cámara de Diputados; proyecto sobre asignación familiar, que se remitirá al Congreso antes del mes de diciembre; proyecto sobre medicina curativa para los empleados; reforma del régimen de multas y sanciones; previsión para los trabajadores independientes; bases para la seguridad social, y proyecto sobre Seguridad Social.
Cuando un Ministro del Trabajo, en forma responsable, ante parlamentarios con mayor experiencia en el Senado que el Senador que habla y muchos de ellos vinculados con diversos regímenes económicos y sociales del país, llega a este recinto en el mes de agosto -agradezco al Honorable señor Tarud su aporte intelectual, al recordarme el mes en que nos encontramos...
El señor TARUD.-
El aporte de Su Señoría se limita a decir "sí" a todas las iniciativas del Gobierno.
¡Puede guardar sus ironías en el bolsillo !
El señor PRADO.-
En vez de aprobar proyectos concebidos en pocas líneas y carentes de financiamiento, que pueden significar simples voladores de luces, es preferible creer la palabra del señor Ministro, quien nos ha anunciado un proyecto responsable; nos ha dicho que, en virtud de él, será solucionado el problema en su integridad,y nos ha asegurado que el Gobierno lo enviará antes de diciembre próximo.
El señor TARUD.-
¡Las palabras de Su Señoría son simples voladores de luces!
El señor PRADO.-
Voto que sí.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Tanto el Honorable señor Palma como el Honorable señor Prado parecieron insinuar que nosotros tenemos ahora urgencia e interés por legislar en favor de los sectores humildes y que, después de un período de seis años, nos habría caído del cielo la gracia espiritual de la preocupación por el pueblo.
Debo recordar a los Honorables Senadores que el proyecto fue presentado por el Honorable señor Jaramillo en 1961. Fui testigo del empeño puesto por el señor Senador, de acuerdo con la vehemencia que lo caracteriza, para que tal iniciativa fuera despachada. Hemos visto -los nuevos parlamentarios y, en especial, los de la Democracia Cristiana, son testigos de ello- cómo el señor Jaramillo ha estado insistiendo en su aprobación en largos debates ocurridos durante varias sesiones. Por ello, levanto el cargo que se ha hecho, seguramente por. desconocimiento, porque todas estas iniciativas y muchas otras, como la que niveló el salario mínimo campesino con el industrial, tuvieron origen en estas bancas.
Me impresionó el recuerdo hecho por el Honorable señor Ampuero, sobre la situación desesperada de los obreros de la zona norte. A mi juicio, si se va a dictar un proyecto completo sobre previsión, bastará incorporar a él la legislación que hoy vamos a aprobar, pues entiendo que la indicación será rechazada por abrumadora mayoría.
Como Senador de la novena agrupación,...
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
¡Un buen Senador!
El señor VON MÜHLENBROCK.-
... podría exponer con los conceptos dramáticos expresado por el Senador nortino, lo que significa para el trabajador tener 65 años de edad en Valdivia y Magallanes: miseria, vejez, ser parias humanos, verdaderos residuos que la sociedad rechaza, porque, como decía el Honorable señor Contreras Tapia, nadie da trabajo a hombres de esa edad, quienes ya no esperan subsistir, sino, lisa y llanamente, la muerte.
Acabo de presentar, junto con los Honorables colegas de la novena agrupación, una indicación destinada a incluir en el proyecto del Honorable señor Juliet a la provincia de Aisén. ¿Qué ocurre en esa provincia? ¡Está helada, blanca, integralmente congelada! Se han acabado los alimentos, se han derrumbado las casas y pululan por encima de la escarcha los infelices trabajadores cesantes que esperan cumplir 65 años, en circunstancias de que después de los 60 no pueden trabajar.
Yo también invoco la sensibilidad social ante esta iniciativa que tiende a resolver problemas sociales dramáticos y urgentes. Por eso, como el Honorable señor Allende, voto rotunda y enfáticamente que no.
El señor ALLENDE.-
¿Puedo ratificar mi voto?
-Resultado de la votación: 25 votos por la negativa, 8 por la afirmativa, una abstención y 2 pareos.
-Votaron por la afirmativa los señores: Alessandri, Ferrando, Fuentealba, García, Musalem, Palma, Prado y Reyes.- Votaron por la negativa los señores: Aguirre Doolan, Ahumada, Altamirano, Allende, Ampuero, Bossay, Bulnes Sanfuentes, Campusano, Castro, Contreras Labarca, Contreras (don Víctor), Corbalán (don Salomón), Curti, Chadwick, Durán, Gómez, González Madariaga, Jaramillo Lyon, Juliet, Miranda, Rodríguez, Sepúlveda, Tarud, Teitelboim y Von Mühlenbrock.
-Se abstuvo de votar el señor Gormaz.
-No votaron, por estar pareados, los señores Foncea y Noemi.
El señor REYES (Presidente).-
Rechazada la indicación y aprobado el proyecto.
"