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- rdf:value = " El señor AMPUERO.-
Los temporales que han asolado al país en los últimos días, con grave daño para los bienes materiales y con pérdidas de vidas, que han acarreado una situación dolorosa para extensos sectores de la población, aparentemente están obscureciendo otros problemas referentes a otras zonas del país.
Hay la sensación, equivocada por supuesto, de que las provincias de Tarapacá y Antofagasta, en el norte, y Magallanes, en el sur, parecieran disponer de un trato preferencial de la naturaleza y, en consecuencia, que su vida se desarrollara con ritmo normal y progresista.
Deseo esta tarde, aunque resulte un tanto extemporáneo, referirme a las duras condiciones económicas y sociales en que transcurre la existencia de la provincia de Tarapacá. Y lo hago, fundamentalmente, porque creo advertir una notoria indolencia de los círculos oficiales, de las autoridades responsables del Gobierno, para acudir en auxilio de esa provincia.
El señor Presidente de la República, en un discurso reciente, ha manifestado, con cierta excitación, sus preocupaciones porque desde todos los ángulos, desde todos los puntos geográficos del país y de parte de todos los sectores sociales, se hacen peticiones. "Todos-piden" ha dicho. Por mi parte, tengo el deber de pedir, en nombre de la provincia de Tarapacá, con un atenuante de importancia. No es lo mismo pedir cuando no se ha dado nada que pedir para una provincia que, en un momento determinado de la historia, lo dio todo. Es el caso concreto de Tarapacá.
Hace muchos meses, ocho o diez, la industria fundamental de la zona, la pesquera, se encuentra virtualmente paralizada. Dicha actividad económica, que en cierto momento pareció suplir generosamente el vacío que provocó la declinación de la industria del salitre, enfrenta ahora condiciones naturales que la privan de la materia prima indispensable para su funcionamiento. Fenómenos biológicos y climáticos de difícil diagnóstico y mucho más difíciles de prever, han hecho que la pesca, factor indispensable para ponerla en funcionamiento normal, haya desaparecido virtualmente de las costas del país. En consecuencia, la crisis que vive Tarapacá es gravísima, porque así como durante muchos años su economía gravitó sobre el funcionamiento de la industria salitrera, en los últimos cuatro o cinco su centro de gravedad se había radicado en la industria pesquera. De manera que una declinación grave de la actividad en este renglón significa, de hecho y por efecto de las condiciones de la naturaleza, miseria generalizada y empeoramiento colectivo da las condiciones de los habitantes de la zona.
Me he preocupado, en las últimas semanas, de establecer con cierta precisión los alcances de esta crisis y la posibilidad de superarla. Confieso que no encuentro fácilmente la solución.
La Dirección General del Trabajo, en un informe remitido al Senado, estima en más o menos 2.300 hombres la cesantía producida en la industria pesquera, en la industria elaboradora de harina de pescados. De esa cifra, dos mil serían obreros y doscientos o trescientos empleados. Aunque estos números son suficientemente expresivos, declaro tener serias dudas acerca de su exactitud, pues, entre otros casos que saltan a la vista, aparece la industria "Peña Chica" de Arica, despidiendo a nueve obreros, en circunstancias de que hace dos meses tuve oportunidad de participar en los convenios para finiquitar las faenas de esa empresa. En esa sola ocasión, se dio un desahucio especial a 40 o más obreros, lo cual indica que los datos de la Dirección del Trabajo no están suficientemente actualizados. En consecuencia, el número de operarios cesantes es extraordinariamente mayor.
No he tenido tiempo de comprobar si en esos mismos cálculos y cuadros se considera la dotación de la flota pesquera que, como después tendré oportunidad de reiterarlo, alcanza en este momento a 1.300 tripulantes. En todo caso, ésta sería sencillamente una estimación de la cesantía directa, pues no considera el dinamismo que la industria pesquera comunica a toda la economía regional. En consecuencia, la paralización de esa actividad produce una declinación de todas las faenas, virtualmente en todos los campos de la actividad económica de la provincia.
Hasta este instante, desconozco iniciativas consistentes, imaginativas, que tiendan a sacar a Tarapacá de la situación que está viviendo.
Hace algún tiempo, dirigí, por medio del Senado, un oficio al Ministro de Economía, cuyo texto, por desgracia, no tengo a la mano en este momento. En él preguntaba acerca de las iniciativas oficiales destinadas a paliar la cesantía, a evitar la emigración de la mano de obra y en general, a reactivar el trabajo y la producción.
Debo decir que la respuesta del señor Ministro fue francamente decepcionante, y digo más: tal vez, impropia de un Secretario de Estado en contestación a un oficio enviado por el Senado. Se me hace saber, en forma casi telegráfica, que la CORFO está preocupada del problema; que tiene algunos planes -así, vagamente expresado-, los cuales se centrarán particularmente en algunas obras de urbanización y alcantarillado en Iquique, muy localizadas en la ciudad, y en trabajos de reforestación de la pampa de Tamarugal, todo lo cual daría trabajo a un número reducido de obreros y cuyos efectos económicos definitivos sólo se podrán apreciar dentro de muchos años.
Considero que este tipo de respuesta no corresponde a la relación que debe existir entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Cuando un Senador interviene respecto de algún problema, en particular, de su zona, que, por conocer debidamente, le golpea más de cerca que otros, pienso que el Ministro consultado tiene el deber de establecer con claridad, en su contestación, los elementos de juicio que permitan a ese Parlamentario formarse opinión. En este caso concreto, esperaba que el señor Ministro se refiriera a planes específicos, a los plazos de desarrollo, a la magnitud de la fuerza de trabajo que se iba a utilizar y, en general, a las perspectivas de reocupación que pudieran proyectarse desde su Ministerio o de los organismos dependientes.
Prosiguiendo en la materia principal de mis observaciones, deseo señalar que la situación de la industria pesquera no proviene exclusivamente de falta de materia prima. En verdad, esa industria fue montada en forma apresurada, con precarios e insuficientes estudios de biología marina. Es difícil aconsejar ahora, o haber aconsejado antes, mayor cautela en ese aspecto, porque, en realidad, se trataba de enfrentar una crisis muy profunda. En todo caso, resulta evidente que se le dio importancia desproporcionada a los antecedentes que se tenían acerca de las posibilidades pesqueras de la zona, y esta industria comenzó a trabajar bajo el peso de una tremenda carga financiera, con un volumen de deudas que, por una parte, demuestra falta de iniciativa o seriedad de muchos de los empresarios y, por otra, los ha sometido a un régimen verdaderamente severo.
Lo que ahora sucede puede describirse en términos muy sencillos, diciendo que la anchoveta es mucho menos puntual que los acreedores. En consecuencia, las empresas que se encuentran paralizadas carecen de los recursos indispensables para cubrir los compromisos contraídos, en especial, sus obligaciones para con la Corporación de Fomento de la Producción y algunos acreedores extranjeros.
Estimo deber principal del Gobierno adoptar una medida que proyectaría de inmediato notable alivio en la zona. Consistiría, precisamente, en la renegociación -para utilizar términos en boga- de las deudas para con la CORFO, a fin de evitar cancelar estos créditos en los momentos en que las posibilidades productivas son nulas.
Sobre la misma materia, deseo referirme a un aspecto que considero de importancia, relacionado con el proyecto en discusión en la Cámara de Diputados. Aparte las perspectivas naturales del negocio en el mercado internacional, la industria pesquera tiene derecho a cierta bonificación, establecida principalmente por las leyes 12.937, referente a los departamentos de Iquique y Pisagua, y 13.039, concerniente al departamento de Arica. Tal bonificación constituye un premio agregado a las utilidades que debieran obtenerse de no mediar tal estímulo.
Me interesa hacer claridad sobre este último punto, pues durante la época de iniciación de dicha industria, me correspondió participar en la Corporación de Fomento de la Producción, en calidad de consejero parlamentario. Recuerdo perfectamente que todos los estudios sobre factibilidad de los negocios pesqueros se hicieron sin tomar en cuenta la bonificación. Se dio por supuesto que, al menos a largo plazo, ésta debería desaparecer y la industria estar montada sobre bases lo suficientemente sanas como para soportar la competencia internacional en condiciones económicas favorables.
Repito que la bonificación era un incentivo adicional, dentro del criterio existente de que para llevar capitales al norte, era necesario ofrecer perspectivas de lucro superiores a las que se pudiera encontrar en otras ,zonas del país.
Los socialistas, en ese tiempo, aprobamos tales medidas; compartimos la necesidad de otorgar esos incentivos y lo hicimos, no por razones de principios, sino, sencillamente, asilándonos en las condiciones de emergencia que vivían las provincias nortinas.
Estimamos siempre -entonces y ahora- que la única forma sana de acudir en auxilio de las provincias extremas del país, caracterizadas por lo reducido de su población, era mediante la intervención directa del sector público en la economía regional y no por medio de incentivos que, muchas veces, deforman las condiciones en que se desenvuelven las industrias establecidas al amparo de ellos.
En la actualidad, el tema relacionado con las bonificaciones está adquiriendo, sin embargo, un giro que nos obliga a emitir una opinión responsable.
Según nuestros puntos de vista -el de los Senadores socialistas-, las bonificaciones constituyen un derecho de los exportadores, principalmente de quienes trabajan en el ramo de la harina de pescado; pero ellas están limitadas en cuanto a la responsabilidad fiscal o pública, por el volumen de los recursos destinados a tal beneficio. En ambos casos, tanto en la ley 12.937 como en la 13.039, se establece un fondo de bonificaciones por la acumulación de determinados tributos, el cual se distribuye a prorrata entre los exportadores.
A nuestro modo de ver, una vez agotado ese fondo, no subsiste crédito alguno de los exportadores en contra del fisco. Nos parece, en consecuencia, que la resolución del Parlamento para incorporar en él presupuesto de 1965 un ítem de siete millones de escudos para incrementar ese fondo de bonificación, es sencillamente un acto de generosidad del Estado. Ello, sin duda, tuvo su fundamento, pero en ningún caso fue colocar a disposición de los exportadores una suma que el fisco les estuviera adeudando. Reitero que fue un acto sumamente generoso, para acudir en auxilio de una industria que funcionaba en condiciones precarias; pero en modo alguno tuvo por finalidad la cancelación de algo que el fisco adeudara a los titulares aparentes de ese derecho.
Para no prolongar en exceso mi intervención, solicito a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala para insertar en esta parte de mi discurso, una nómina detallada de las bonificaciones distribuidas durante los últimos años, en especial en el curso de 1964.
Según este cuadro, durante los años 1959 a 1964, ambos inclusive, se acumuló un fondo de bonificaciones ascendente a Eº 6.984.000, por concepto de la aplicación de la ley 12.937; y, en virtud de la ley 13.039, en los mismos años, el fondo de bonificaciones tuvo una acumulación de Eº 5.948.00.
A lo largo de los últimos años, se han distribuido, principalmente entre las industrias pesqueras, bonificaciones por un total aproximado de 13 millones de escudos, con arreglo a las leyes que he mencionado.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Como en este momento hay quórum en la Sala, solicito el acuerdo para insertar en el discurso del Honorable señor Ampuero el cuadro a que el señor Senador ha hecho referencia. Acordado.
-El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:
FONDO DE BONIFICACIONES
El señor AMPUERO.-
A los guarismos mencionados debemos agregar la cantidad de siete millones de escudos, consignada en el presupuesto del año en curso, con lo cual el total de las bonificaciones asciende a cerca de veinte millones de escudos, entre los años 1959 y 1964. Para el solo efecto de premiar las exportaciones de 1964, la suma alcanzaría casi exactamente a la mitad, vale decir, a diez millones de escudos.
De paso, haré presente que ésa suma representa con creces, a nuestro modo de ver, el total de los sueldos y salarios pagados por la industria pesquera en el mismo período. O sea, es el único caso en' Chile en que la mano de obra de una determinada industria o sector industrial es costeada directamente por los contribuyentes o por el fisco, y no por los empresarios.
Deseo agregar todavía que, de la cantidad de siete millones de escudos consignada en el presupuesto de 1965, casi la cuarta parte de ella, o sea, el 25%, se asignó exclusivamente a pagar bonificaciones a una sola empresa: la EPERVA. Esta última, lógicamente, por su magnitud y por el volumen de sus exportaciones, tiene un derecho aritmético a esos beneficios; pero, en mi concepto, ella acumula recursos que no le son indispensables para continuar en forma sana sus actividades.
También quiero insistir en que, en el proyecto del Ejecutivo, en estudio en la Cámara de Diputados, señala con cierta precipitación que estas bonificaciones -no sólo las correspondientes al fondo creado por las leyes que he mencionado, sino, de igual modo, las establecidas en él presupuesto- constituyeron factores determinantes para la instalación de la industria y, en consecuencia, sería legítimo aumentarlas aún con nuevas sumas, ascendentes, esta vez a ocho millones de escudos.
Debo decir que nunca ha sido factor determinante para ninguna empresa tener la certeza de recibir en su totalidad las sumas teóricas a las cuales les harían acreedoras las exportaciones que cada una de ellas hiciera durante un período determinado.
Reitero que la Corporación de Fomento, cuando analizó cada uno de esos negocios, siempre excluyó, para los efectos del cálculo de rentabilidad, las bonificaciones, ya sean las ordenadas por las leyes sobre puerto libre o zona franca, como las que, posteriormente y en forma eventual, pudiesen ser consignadas en el presupuesto de la nación.
El señor AYLWIN.-
¿Me permite una interrupción, Honorable Senador?
Tengo a mano el texto del mensaje mencionado por Su Señoría. Observo que en él no se hacen afirmaciones en el sentido expuesto por el Honorable colega. Dice: "os incentivos que esa legislación contemplaba y que para muchos industriales fueron determinantes. . .". Es decir, no asegura que aquellos estímulos hayan sido determinantes para todo un sector industrial.
En lo referente a la autorización otorgada a la CORFO para destinar ocho millones de escudos al pago de bonificaciones por cuenta del fisco, no se adiciona el fondo de bonificaciones, sino que, sencillamente, se autoriza el pago con cargo a lo que se adeude por tal concepto.
El señor AMPUERO.-
Lamentablemente, el Honorable señor Aylwin no estaba en la sala cuando formulé una afirmación que mantengo en forma integral.
Sostuve -mi Honorable colega deberá llegar a la misma conclusión, si analiza los textos que he citado- que las leyes 12.937 y 13.039, no obligan al fisco a cubrir la totalidad de las sumas que pudieran estimarse bonificaciones ganadas pollos exportadores. El texto de ambas leyes limita el monto de los premios anuales que se dan a los exportadores, al volumen del fondo de bonificaciones que se constituye con la acumulación de determinados tributos pagados en el área regional.
Por lo tanto -repito-, los empresarios pesqueros no lo son del fisco cuando el fondo de bonificación se ha agotado. No digo que no se justifique en alguna forma.- parcialmente, al menos- el propósito de auxiliar a la industria; pero sostengo que es muy importante para los efectos de determinar cuáles son nuestras obligaciones, dejar consignada esta afirmación: no existe crédito pendiente de los exportadores contra el fisco ni deuda de éste en favor da aquéllos.
El señor FONCEA.-
¿Me permite una consulta, señor Senador?
Su Señoría afirmó que lo pagado por concepto de bonificación es con cargo a un fondo en el cual se acumula el rendimiento de ciertas leyes tributarias; pero tampoco nos ha dicho que el monto de las bonificaciones pagadas en los últimos años en muy superior al rendimiento de esas leyes. Así, a lo menos, le he entendido yo. Querría, entonces, saber de dónde se ha obtenido la diferencia entre el producido de esas leyes tributarias y el total de las bonificaciones realmente canceladas, las cuales, según nuestro Honorable colega, superan los gastos que han tenido las empresas pesqueras por concepto de sueldos y salarios.
El señor AMPUERO.-
En efecto, el rendimiento de esas leyes, para decirlo en términos corrientes, ha quedado estrecho. Como debió distribuirse a prorrata entre los exportadores, se produjo una especie de turno, una cierta prioridad para ir pagando a los industriales a medida que se acumularan los fondos. Para remediar esa situación se consignó un ítem de siete millones de escudos en el presupuesto de 1965, cantidad destinada a incrementar el fondo y, en consecuencia, a poner al día, en lo posible, el pago de las bonificaciones. Con ese mismo objeto, el proyecto en tramitación en la Cámara de Diputados consigna ocho millones de escudos más.
Quiero agregar que si partimos de la base de que esas sumas tienen por finalidad paliar una crisis y si no constituyen, jurídicamente hablando, una deuda del fisco en favor de determinadas personas jurídicas, cuales son las industrias pesqueras, lo natural es distribuir esos recursos en forma equitativa entre todos los sectores afectados de alguna manera por dicha" crisis. Por ejemplo, partiendo de ese concepto legal, tendrían perfecto derecho a participar de algún modo en estos auxilios extraordinarios los empresarios armadores que, de acuerdo con las leyes citadas, no tienen derecho a ninguna suerte de bonificación y que, en cierto modo, son quienes promueven o hacen posible la percepción de las bonificaciones, al entregar el producto de la pesca a las industrias de harina de pescado, ya que proporcionan la materia prima sobre la cual se aplica determinado porcentaje de bonificación.
Esos armadores forman 49 empresas que disponen de 115 goletas y 17 mil toneladas de bodega, y ocupan, como dije antes, 1.300 hombres de tripulación. En consecuencia, no sólo ellos tendrían derecho moral a participar de aquel auxilio, sino también, y muy fundamentalmente, los trabajadores, pues los desahucios liquidados han sido hechos en forma casi siempre precipitada.
Me tocó participar en conversaciones tendientes a poner término a los servicios de grupos de obreros de la industria Peña Chica, en Arica. Allí conseguimos una indemnización más o menos buena con relación a la establecida en otros convenios. En efecto, conseguimos un desahucio de 45 días. En otras partes, sólo se lograron 8 ó 15 días. Además, se reconocieron a los obraros pagos adicionales para el regreso al lugar de origen. Los trabajadores, pese a estar protegidos por tres leyes de inamovilidad: por disposiciones del Código del Trabajo, por una ley cuya vigencia se acaba de prorrogar, y por otras, tuvieron que dejar su trabajo en condiciones sumamente ingratas para quienes deben trasladarse con sus familias a otros puntos del país, a veces muy lejanos, o quedarse en zonas que no les ofrecen alternativas de ocupación. En consecuencia, se justifica en forma amplia otorgarles una indemnización adicional. No lo digo sólo por razones de justicia social o por sensibilidad humana, sino también por motivos económicos, porque se trata de personal calificado, de mano de obra especializada, que no puede encontrarse con facilidad en otros lugares del país. Si esa gente es trasladada a mil o dos mil kilómetros al sur, puede producirse una nueva falta de sincronización cuando reaparezca la anchoveta.
Por lo demás, y con relación a este aspecto, es importante consignar que la mentalidad de los industriales pesqueros no podría calificarse, con propiedad, de moderna o ajustada a los cánones vigentes sobre tratamiento adecuado al personal.
En general, los salarios en las industrias pesqueras no son bajos, sin perjuicio de que algunas de ellas paguen relativamente bien. Por otra parte, las deudas a las cajas de previsión son, gigantescas. Proporcionaré solamente un dato, que, como ilustración, puede ser suficiente: las empresas de Iquique adeudan al Servicio de Seguro Social más de 500 millones de pesos. Me parece que el conjunto de compromisos de esta naturaleza, incluyendo en ellas las deudas a la Caja de la Marina Mercante y a la de Empleados Particulares, debe de ser 4 ó 5 veces superior a esa suma. Además -esto es lo que debemos corregir de preferencia-, hay una curiosa disociación cíclica en los industriales pesqueros. Son liberales puros y ardientes partidarios de la libre empresa cuando los negocios marchan bien. En épocas de cuantiosos ingresos y bonificaciones, no se encuentra eco en ellos para lograr buen tratamiento del personal o para que contribuyan a la prosperidad de las ciudades en que tienen radicadas sus industrias. En cambio, se vuelven temerariamente socialistas cuando se trata de socializar las pérdidas. En esos momentos, como ocurrió con cierta industria salitrera, recurren al Estado, a la solidaridad nacional y a los fondos fiscales para paliar una crisis, fundándose en antecedentes emotivos, en las duras condiciones creadas por la cesantía del personal, de cuya aflictiva situación sólo vienen a percatarse en esas circunstancias.
En resumen, el criterio de otorgar una nueva suma a las bonificaciones, es, a mi juicio, equivocado, porque debería considerarse la cantidad de que quiera disponer el Ejecutico como fondo de fomento de emergencia para las actividades económicas de la provincia, y considerar, en consecuencia, este proyecto solamente como la base para acudir en auxilio de la región con la mayor prontitud y con verdadero sentido de equidad. Por lo demás, me parece indispensable que cualquier forma de bonificación que, en definitiva, se acuerde, debe estar sujeta a la condición de que las empresas se encuentren al día en el pago de sueldos y salarios y de las imposiciones previsionales. Lo contrario constituiría una donación graciosa que, además, tendría una fuerte dosis de inmoralidad.
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