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La señora CAMPUSANO.-
Señor Presidente, la imprevisión y la improvisación han cobrado un tributo muy elevado a la provincia de Coquimbo y la zona sur de Atacama. Los últimos temporales han dejado en Coquimbo un saldo de miles de damnificados, serios daños en las vías de comunicación, la agricultura y la minería.
Fundamentalmente, esta catástrofe ha afectado a los departamentos de La Serena, Ovalle y Coquimbo, que, unidos a los de Combarbalá e Illapel, ya sacudidos por el sismo de marzo, convierten a la casi totalidad de esa sufrida provincia en una zona de calamidad pública. Azote doble para ese pueblo: sequía y temporal. En tanto, aparentemente perdiendo actualidad y vigencia, permanecen al acecho la cesantía crónica, el drama de la tierra mal distribuida, la habitación insalubre, la explotación inhumana de los pirquineros, el paro forzoso de los obreros marítimos por la inactividad o mecanización de sus puertos, y otras desventuras. El pequeño agricultor y el comunero contemplan impotentes cómo, después de años de sequía y de esperar la lluvia, la ven correr ahora sin un pequeño embalse ni un tranque que guarde para ellos esta agua tan deseada.
Una semana de lluvias ha dejado a la provincia de Coquimbo en medio de la mayor devastación; pero no ha sido absolutamente culpable la intensidad de la lluvia o la furia del temporal. La causa fundamental de los destrozos debemos buscarla en los elementos con que el pueblo, los sectores modestos, construyen os mantienen sus viviendas. Los pueblos de la provincia de Coquimbo, como la mayor parte del país, parecen estar construidos de yeso, pues sufren los más cuantiosos daños a consecuencia de cualquier fenómeno que, en otras partes, sería perfectamente natural y propio del invierno.
Decía que los departamentos de La Serena, Ovalle e Illapel han resultado gravemente dañados. Una lista breve de los destrozos nos permite configurar una imagen más o menos aproximada de la angustiosa situación que se vive allí en estos momentos.
En La Serena, la crecida del río Elqui inundó las tierras bajas del puente fiscal y vado de Las Animas, por lo cual debieron ser evacuadas decenas de familias que vivían en esos parajes. Inenarrables escenas de pánico tuvieron lugar durante la evacuación de esos modestos pobladores, quienes, sumergidos en las aguas hasta la cintura, trataban de rescatar los modestos enseres que eran arrastrados por la corriente. En pocos instantes veían desaparecer los frutos escasos de toda una vida de trabajo y privaciones. Ante esta verdadera tragedia, una pregunta se plantea de inmediato: ¿cómo fue posible que esas poblaciones se levantaran en la ribera misma del río, casi dentro de su cauce? ¿Acaso las autoridades no pudieron encontrar terrenos más seguros donde instalarlas? Sin duda, los hay en La Serena. Pero a esas humildes gentes las impulsó la miseria, despreciadas y tramitadas por quienes tenían el deber de protegerlas. En esto' último debemos buscar la verdad. Son las autoridades quienes se han negado a escuchar el clamor del pueblo y no los han considerado siquiera seres humanos dignos de vivir en casas que no estén expuestas a ser arrastradas por las aguas o sepultadas por aludes. Sólo ahora, luego de ocurrida la tragedia, donde se puso en peligro muchas vidas de hombres, mujeres y niños, sólo ahora, digo, las autoridades de la provincia han expresado que no volverán a admitir que las familias se ubiquen de nuevo en los terrenos del puente fiscal y el vado de Las Animas. Y se habla de forestar el lugar con eucaliptus y otros árboles. Asimismo, de entregarles mediaguas para que vivan más o menos seguras y bajo techo, y puedan postular, más adelante, a viviendas definitivas.
En el departamento de Ovalle, las aguas del río Limarí arrastraron poblaciones de esas que hoy oficialmente se denominan "marginales", obligando a la evacuación de más de 500 personas. En la localidad de Socos, cerca de 300 campesinos vieron destruirse sus viviendas y perder sus cosechas. Para ellos y el resto de los campesinos y comuneros de la provincia, habrá este año hambre y desesperación. Estimo indispensable que los organismos que han proporcionado créditos en semillas, abonos u otros elementos agrícolas, den amplias facilidades a los agricultores del Norte Chico para que puedan cancelar sus deudas, y que se estudie incluso, la posibilidad de condonar esos créditos.
En el departamento de Coquimbo, los daños son cuantiosos en el puerto, por la destrucción de calles, de inmuebles que debieron ser deshabitados por estar a punto de desplomarse, o anegados, o simplemente sin techo, arrancados por el viento. En el pueblo minero de Andacollo, el temporal de viento y lluvia ha dejado más de 400 damnificados. Las pérdidas en las industrias mineras se calculan en miles de escudos. Por anegamiento de las minas de la zona, quedarán por bastante tiempo cesantes más de 600 mineros.
Pido que se oficie al Ministro de Minería, a fin de que éste se preocupe de impedir que el hambre corroa a las familias de estos 600 mineros.
Pero donde se aprecian con mayor nitidez los perjuicios que dejó este témpora!, es en las vías de comunicaciones. La provincia entera se encuentra cortada en su interior y hacia el sur. A juicio de la Dirección zonal de Vialidad, la Carretera Panamericana estará interrumpida durante 25 días por lo menos. Se han derrumbado los puentes de Huentelauquén, de Illapél a Salamanca y de Los Vilos a Illapel, y están muy averiados los de Combarbalá, Canela y Cogotí. En Mantos de Hornillos, la crecida de las aguas arrastró un terraplén de 60 mil metros cúbicos, lo que ha significado la desaparición del camino. En esto último se aprecia también la improvisación, la más grande improvisación y negligencia, ya que se omitió la colocación de tubos o de cualquier otro desagüe mínimo, de tal forma que el agua de la quebrada, al no tener por donde escurrirse, destruyó la base de relleno sobre la cual se había construido el camino.
Por las dificultades existentes para el transporte terrestre, es imprescindible abastecer a la provincia por mar. El Gobierno debe dar preferencia a los puertos de Coquimbo y Los Vilos, y a] de Huasco, para cubrir las necesidades del valle de Huasco, con lo que, junto con solucionarse el apremiante problema del abastecimiento, se entregaría trabajo transitorio a un apreciable número de obreros marítimos cesantes por la inactividad de esos puertos o su mecanización.
Solicito que se oficie al Ministro de Economía, a fin de poner en su conocimiento el alcance de mis planteamientos.
Ante este cuadro trágico que ofrece la provincia de Coquimbo y parte de Atacama, es urgente adoptar medidas que disminuyan lo más pronto posible las apremiantes necesidades de la población. Para ello el Gobierno cuenta con las herramientas legales. La ley 16.282, sobre reconstrucción, entrega al Ejecutivo todas las posibilidades de acción para este tipo de emergencias. En efecto, puede condonar parcial o totalmente los impuestos que graven a cualquier propiedad; dictar normas de excepción para la prórroga de documentos bancarios; ordenar préstamos personales de auxilio e hipotecarios por intermedio de instituciones de previsión, incluida la Caja de Accidentes del Trabajo, sin que éstas estén sujetas a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas -préstamos que beneficien y ayuden en forma parcial a paliar las pérdidas ocasionadas, primero, por el terremoto y ahora, por el temporal-; declarar de utilidad pública inmuebles que la CORVI o la Fundación de Viviendas de Emergencia consideren adecuados para fines propios; autorizar la expropiación de fundos mal cultivados, a fin de de entregar las tierras a pequeños agricultores, comuneros e inquilinos, cuyas propiedades o viviendas fueron arrasadas.
Los comunistas requerimos del Gobierno que haga amplio uso de las disposiciones que se le han entregado. Creemos que el pueblo luchará organizadamente por el cumplimiento de ellas. Al mismo tiempo, hemos' propuesto otras medidas, concretas y perfectamente factibles, para enfrentar la emergencia. Estamos dispuestos a colaborar en todo cuanto beneficie al pueblo y esperamos que el Ejecutivo emprenda, decidido, el camino, no sólo de la reconstrucción, sino que lleve a estas provincias fuentes de trabajo y, del mismo modo, ponga en marcha todo aquello que tienda a prevenir nuevas catástrofes.
Manifestamos que estaremos junto a todos los sectores, para exigir que sea realidad lo prometido. Estamos dispuestos a luchar por que no sea necesaria una nueva catástrofe que venga, una vez más, a advertir que el pueblo, los pobres de Chile, y en especial, los de la provincia de Coquimbo, tienen derecho a que sus gobernantes y legisladores se preocupen de darles seguridad para vivir.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, de conformidad con el Reglamento, en nombre de la señora Senadora.
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