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El señor REYES (Presidente).-
El señor Secretario dará cuenta de acuerdos adoptados por los Comités.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
"Por estar citado el Senado a sesiones diarias especiales los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 del presente, de 10.45 a 24 horas, descontado el tiempo de las suspensiones correspondientes, resta un saldo útil de 30 horas para el debate.
"De este tiempo, se ha reservado, en primer lugar, 3 horas para los Ministros de Estado que deseen intervenir, y, en segundo lugar, 1 hora para casos no considerados o imprevistos, tiempo de que dispondrá discrecionalmente la Mesa de la Corporación.
"Quedan, en consecuencia, 26 horas útiles para repartir entre los señores Senadores.
"Distribuidas matemáticamente, resultan 34 minutos para cada Senador.
"De esta manera, los diferentes Comités contarán, en total, con los tiempos que se señalan a continuación:
"Democracia Cristiana, 13 Senadores. Tiempo: 7 horas 22 minutos (442 minutos).
"Radical, 9 Senadores. Tiempo: 5 horas 06 minutos (306 minutos).
"Socialista, 7 Senadores. Tiempo: 3 horas 58 minutos (238 minutos). , "Comunista, 5 Senadores. Tiempo: 2 horas 50 minutos (170 minutos).
"Liberal, 5 Senadores. Tiempo: 2 horas 50 minutos (170 minutos).
"Padena, 2 Senadores. Tiempo: 1 hora 08 minutos (68 minutos).
"Conservador Unido, 2 Senadores. Tiempo: 1 hora 08 minutos (68 minutos).
"Vanguardia Nacional del Pueblo, 1 Senador, tiempo: 34 minutos.
"Señor González Madariaga, 1 Senador. Tiempo: 34 minutos.
"Ahora bien, para los efectos de que en cada día de sesión se distribuya proporcionalmente el tiempo, se ha ideado dividir el total de Senadores en 4 grupos.
"El primer grupo estaría formado por los integrantes del FRAP (Partido Socialista Partido Comunista Padena), más el SenadorGonzález Madariaga, con 15 Senadores y un tiempo máximo, para los tres días, de 8 horas 30 minutos (510 minutos).
"El segundo grupo estaría formado por la Democracia Critsiana y la Vanguardia Nacional del Pueblo, con 14 Senadores y un tiempo total para los 3 días, de 7 horas 56 minutos (476 minutos).
"El tercer grupo estaría formado por el Partido Radical, con 9 Senadores, y un tiempo máximo total para los 3 días, de 5 horas 06 minutos (306 minutos).
"El cuarto y último grupo, estaría formado por los partidos Liberal y Conservador, con 7 Senadores, y un tiempo total máximo, para los 3 días, de 3 horas 58 minutos (238 minutos).
"Cada uno de estos grupos deberá usar de la palabra en los diferentes días de sesión, durante el tiempo que les corresponda; esto es dividiendo el tiempo total por 3.
"Los grupos FRAP y Democracia Cristiana podrán fraccionar, si así lo desean, el tiempo que les corresponda cada día en dos turnos.
"El primer día, esto es el lunes 6, usarían de la palabra en el siguiente orden:
"1°.- Ministro de Minería (tiene un tiempo total de 3 horas, pudiendo usar en este día las horas que desee dentro de este límite).
"2°.- FRAP (tiempo máximo, 170 minutos, pudiendo fraccionar este tiempo en dos turnos).
"3°.- Conservador Liberal (tiempo total, 79 minutos).
"4°.- Radical (102 minutos).
"5°.- Democracia Cristiana y Vanguardia (158 minutos, que podrían fraccionar en dos turnos).
"6°.- FRAP (en el caso de haber dividido su primer tiempo).
"7°.- Democracia Cristiana más Vanguardia (en el caso de haber fraccionado su primer tiempo).
"El segundo día, martes 7, usarían de la palabra los siguientes grupos, por los mismos tiempos señalados para el día lunes, con excepción del señor Ministro de Minería:
"1°.- Conservador Liberal (79 minutos).
"2°.- Democracia Cristiana más Vanguardia (158 minutos).
"3°.- Radical (102 minutos).
"4°.- FRAP (170 minutos).
"5°.- Democracia Cristiana.
"6°.- FRAP.
"El día miércoles 8, usarían de la palabra los siguientes grupos:
"1°.- Democracia Cristiana más Vanguardia (158 minutos).
"2°.- Conservador Liberal (79 minutos).
"3°.- FRAP (170 minutos).
"4°.- Democracia Cristiana.
"5°.- FRAP.
"6°.- Radical (102 minutos).
"7°.- Ministro.
"El grupo que no use de su tiempo en un día determinado y, de común acuerdo con otro, desee usar del tiempo de aquél en otro día, podrá hacerlo, disminuyendo el de este último en los minutos que ocupe.
"Los grupos que no usen de su tiempo en el día respectivo, o que no cedan parte de él a otro grupo, perderán su derecho, y no podrán traspasarlo a otro día.
"La votación se efectuaría el miércoles 8 del presente, no antes de las 22 horas ni después de las 24 horas.
"Las indicaciones, supuesta la aprobación general del proyecto, se aceptarían hasta el día lunes 13 del presente, a las 12 horas.
"Santiago, 4 de septiembre de 1965."
El señor REYES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobarían los acuerdos de Comités.
Aprobados.
-El proyecto figura en los Anexos de la sesión 12ª, en 30 de jumo de 1965, documento N° 1, página 571 y el informe en los de esta sesión, documento Nº 1, 3074.
Tiene la palabra el señor Ministro de Minería.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería).-
Honorable Senado:
Debo presentar ahora ante esta Corporación un proyecto de Gobierno que traduce una política de enorme trascendencia nacional. Con justa razón este propósito ha conmovido a la opinión pública
del país, y colocado a todos los sectores de nuestra política en la necesidad de realizar un máximo esfuerzo de estudio y de análisis para su crítica, negativa o positiva, por cuanto significa el primer gran paso de la transformación completa en nuestra economía, y el punto de partida para un proceso de desarrollo acelerado, capaz de transformarnos, en el breve lapso de 5 ó 6 años, en una nación solvente ante el crédito internacional y en un país capaz de pagar con holgura las importaciones necesarias para un esfuerzo multiplicado de capitalización e industrialización.
Significa también la capacidad fiscal y económica, en general, para el cumplimiento de la solemne promesa de Su Excelencia el Presidente de la República al pueblo de Chile en orden a transformar sus condiciones de vida en el campo y en la ciudad y permitir derrotar la inflación, darle trabajo, educación, habitación y salud, sin que por ello deba el país ser sometido a condiciones de extremo rigor y de drástica tributación, que serían absolutamente indispensables para hacer justicia a la enorme mayoría de los pobres, en el caso de que Chile rechazara la cooperación de la inversiones extranjeras, cerrara las puertas al crédito' exterior y guardara, en actitud chauvinista, inexplotados los enormes recursos mineros que la Providencia y el desarrollo técnico del mundo moderno han puesto a disposición del bienestar de los hogares chilenos.
Digo que este proyecto es un punto de partida, por cuanto la política que en él se expresa va mucho más allá de sus términos mismos, esto es, de las bases de convenio con tres grandes empresas, que han sido entregadas a vuestro conocimiento en calidad de antecedentes.
Este proyecto abre el camino a una perspectiva de enorme expansión para nuestra minería del cobre, no sólo en los próximos 5 años, sino que, y me atrevo a decirlo sin vacilación, para el término de una generación, tanto en las grandes minas, como en las medianas y pequeñas y en la industrialización progresiva de nuestro metal rojo en el país.
Por ello, comprendiendo la trascendencia de esta iniciativa y su vital urgencia para el bienestar de todos los chilenos, Su Excelencia el Presidente de la República, desde el día mismo de su elección, se preocupó de exponer a los principales productores y propietarios de minas grandes del país las condiciones en que el nuevo Gobierno estimaría aceptables nuevas inversiones, así como también la necesidad nacional de que esas inversiones significaran un aumento verdaderamente substancial de la producción y de requerirlos para que expresaran las condiciones básicas en las cuales ellos estarían dispuestos a efectuar ese esfuerzo productivo, dentro de las líneas exigidas por el interés nacional.
Esto se hizo absolutamente en los mismos términos en que el Presidente de la República, siendo candidato, había definido su posición, en una de las polémicas fundamentales y decisivas del debate público durante la última campaña presidencial. El Excelentísimo señor Frei fue desafiado por el candidato del Frente de Acción Popular a definir su política frente a la nacionalización propuesta al país por esa combinación política, como un punto central de su decisión para elegir el nuevo Presidente de la República. Es necesario recordar que ese desafío fue lanzado por el Honorable señor Allende en una hora de triunfo, al día siguiente de la victoria en Curicó. El Presidente Frei, contestando de inmediato ese desafío, rechazó en forma enfática y tajante la nacionalización de las grandes minas y confirmó, en cambio, los puntos básicos de su política en esta materia, definiendo la mayor y más amplia participación del país en industria tan vital, y especialmente :
1.- Aumento substancial de la producción.
2.- Refinación del cobre en el país.
3.- Intervención decisiva del interés nacional en el comercio y venta de nuestro cobre en todos los mercados del mundo, atendiendo sólo al interés de Chile.
4.- Incorporación de la economía de las empresas a la economía nacional.
Durante 4 ó 5 meses el país vibró, entre otros, con este debate desde Arica a Magallanes, hasta dar su veredicto abrumador, en favor de la posición del Presidente de la República, el 4 de septiembre de 1964.
Por eso, las condiciones planteadas por los negociadores del Presidente electo a las grandes empresas productoras fueron, más que el juicio de economistas y expertos, el cumplimiento de un solemne y directo mandato nacional.
Cuando las bases de los convenios alcanzaron un grado de elaboración que permitía incorporarlos en un proyecto de ley, dentro de los objetivos de una política cuprera global, Su Excelencia el Presidente de la República se dirigió al país el 21 de diciembre para anunciarle con emoción que su mandato estaba en camino cierto de ser enteramente cumplido.
Más aún, una nueva forma, antes no prometida, de intervención de Chile en su cobre, había surgido: tres de sus más grandes minas actuales, incluyendo el enorme mineral de El Teniente, serían explotadas en sociedad por el Estado y los inversionistas extranjeros. En el caso de El Teniente, el Estado tendría el control del negocio, con el 51% de las acciones. En todas las propiedades aún no explotadas del Grupo Anaconda, la explotación se haría en asociación, anunciándose dentro de este sistema, la exploración y preparación acelerada de otras tres grandes minas nuevas.
Desde el primar momento, el Presidente de la República, el Ministro que habla, los negociadores y los organismos competentes del Estado pusieron a disposición del Congreo Nacional y de la opinión pública de Chile todos los detalles de este programa; los objetivos que se alcanzarían ; las condiciones impuestas por el Estado; las garantías y franquicias que se otorgaban; los compromisos que los inversionistas y el Estado asumían y los beneficios de orden general que podían preverse de inmediato y en lo futuro.
Todas las cifras y estimaciones fueron calculadas en sus niveles mínimos y ningún resultado del que no hubiera una razonable seguridad fue anunciado como posible, según lo ha demostrado el minucioso análisis hecho ante el país, por diversos sectores y desde diferentes puntos de vista.
Hasta el día de hoy, el país ha presenciado un intenso y resonante debate, en el Congreso y fuera de él, sobre cada cifra, cada detalle y hasta sobre el texto de cada frase pronunciada o escrita.
Puede decirse, sin incurrir en la más pequeña exageración, que este proceso democrático no ha tenido precedentes en la historia de ningún proyecto de importancia que haya conocido el país. La elección presidencial y la elección parlamentaria del 7 de marzo de este año recayeron en gran parte sobre este debate, confirmándose en ellas, reiteradamente, la decisión del pueblo de Chile.
Jamás como hoy día puede decirse que para este país, en cuanto a su industria cuprera, en cuanto a su relación económica con el mundo democrático a través de inversiones, de créditos y de cooperación internacional, y en cuanto a establecer resueltamente las bases para su estabilidad en el desarrollo, ha sonado una verdadera hora de resolución.
Aquí y ahora es el momento de decidir sobre todo eso. Por ello, cuando hablo me conmueve no sólo el profundo sentimiento de orgullo y satisfacción como colaborador de un Presidentede Chile poseído por el más generoso afán de justicia y de bienestar para todos los chilenos, sino también, un sentimiento igualmente profundo como ciudadano y como profesional que ha entregado su vida y su esfuerzo al desarrollo de una de las industrias más vitales para Chile.
El programa de Gobierno sobre el cual os corresponde decidir en esta hora, representa una determinación fundamental para obtener, por todos los medios razonablemente posibles, un brusco y substancial aumento de nuestra producción exportable.
Saben los Honorables Senadores que en ningún rubro de nuestra actividad económica resulta verosímil obtener en el plazo de cinco años un aumento superior al 50% del valor de nuestras actuales exportaciones, excepto el de la producción minera. Es este un punto que el país debe comprender de una vez para siempre. Todos los demás rubros de nuestra actividad económica deben también contribuir a nuestro vital esfuerzo de exportación; pero en ellos el crecimiento es muchísimo más lento y exige un esfuerzo general incomparablemente mayor, en financiamiento, en preparación técnica y en desarrollo general de las obras nacionales de infraestructura.
La minería es el resorte de más violenta expansión con que cuenta el país y la aplicación a ella de los recursos financieros, técnicos y de las inversiones extranjeras es el medio más rápido de capitalización de que se puede disponer.
El programa minero, en la grande, mediana y pequeña minerías significa un aumento total de nuestras disponibilidades de divisas, para 1970, de US$ 270.000.000 al año, mientras que todo el resto del aumento de nuestra capacidad de pago al exterior que puede programarse para la mismo época alcanza a US$ 279.000.000
Resulta innecesario destacar la importancia de estas cifras cuando se considera que en 1964 el valor neto de nuestras exportaciones fue del orden de US$
430.000.000 y el valor de nuestras importaciones fue del orden de US$ 610.000.000.
La capacidad de desarrollo del país en su etapa actual depende vitalmente de su capacidad de importación de bienes de capital, de repuestos y de materias primas sin los cuales nuestras industrias no pueden expandirse, o siquiera mantener sus niveles actuales de producción. Pero hay algo más: un país que en 1964 importó US$ 180.000.000 más que el valor de sus exportaciones, cuando éstas alcanzan sólo a US$ 430.000.000, no es un país solvente ante el concierto internacional. Esta es una dura realidad y es por eso amargamente duro reconocerlo. Pero los gobernantes y los parlamentarios de Chile tenemos el deber histórico de mirar esa realidad con los ojos bien abiertos, porque ese es el signo de nuestro destino económico cuando sabemos, al mismo tiempo, que es el resultado de un proceso progresivo cuyo fruto ha sido la disminución en dos tercios de nuestra capacidad real de importación por habitante al año en el período de 1925 hasta hoy día. Estos resultados deben ser el verdadero tema común de nuestra consideración, especialmente cuando nos inspira la preocupación por el presente y el futuro de la Nación.
Estas cifras nos muestran un país destinado a endeudarse cada año en mayor proporción.
El Honorable Senado no puede haber olvidado que, el Excelentísimo señor Alessandri en su Mensaje Presidencial del 21 mayo de 1964 informaba al país que la deuda Externa Pública al 31 de diciembre de 1963, alcanzaba a 993 millones de dólares, incluyéndose en esta cifra 210 millones de dólares correspondientes a créditos no girados y comparaba dichas cifras con los 393 millones de dólares que adeudaba al 31 de diciembre de 1958 el Sector Público. De acuerdo a los últimos estudios de la Corporación de Fomento al
31 de diciembre de 1964 este endeudamiento llegaba a 1.126 millones de dólares. Y el país comenzó las largas y trabajosas gestiones de las renegociaciones de nuestras deudas, tanto públicas como privadas, en que nuestros representantes salían de cada reunión con la amargura de haber visto examinados por nuestros acreedores hasta los más íntimos detalles de la vida nacional. No nos hagamos ilusiones. Se dice que hay un viejo proverbio, según el cual "Quien elige un socio, elige un amo". ¿Qué podríamos decir de quien sólo elige acreedores cada vez más poderosos a medida que crece el monto de la deuda, porque debe endeudarse más y más cada año en que debe comprar afuera casi el 50% más de lo que exporta?
La solvencia internacional no es sólo una condición de nuestro desarrollo; es una condición esencial del ejercicio de nuestra soberanía.
La movilización inmediata en gran escala de todos nuestros recursos exportables es la defensa de la dignidda y del porvenir de nuestro país. Es aquí donde debemos definir con claridad y en todas sus consecuencias nuestra voluntad de contar o no con la cooperación de las inversiones y del crédito exterior. No es necesario para el Ministro que habla repetir ahora las cifras e índices de nuestra baja capacidad de capitalización y de ahorro, que no nos permiten, como no permiten a ningún otro país en desarrollo, hacer aisladamente y sin cooperación exterior, el enorme esfuerzo requerido por esa vital movilización de los recursos exportables, sin la cual no hay ni puede haber verdadero progreso.
En el mundo democrático esa cooperación toma la forma de créditos de desarrollo o de otro tipo que es necesario pagar y que no se pueden solicitar cuando las condiciones de la economía del país señalan incapacidad para servirlos. Y toma también la forma de inversiones extranjeras que no se hacen sin el incentivo de la utilidad y de la recuperación de los capitales.
Estos son los caminos sustanciales de la cooperación económica propiamente tal. .
Cualquiera otra forma de ayuda, o es el donativo generoso en caso de desastre, que nuestro país conoce, por desgracia, con tanta frecuencia, o es la ayuda especialísima que se presta al aliado público con un fin de estrategia internacional. Afortunadamente, y gracias al principio de la democracia, el mundo occidental reconoce la diferencia entre la ayuda con fines políticos y la cooperación destinada al desarrollo económico y social, lo que nos permite actuar con independencia y con dignidad frente a los mismos que nos prestan ayuda.
Para tomar esta decisión es absolutamente indispensable que reconozcamos las condiciones reales inevitables de las inversiones extranjeras, cualquiera sea su destino o su origen.
La obtención de utilidades que hagan rentable el negocio y la posibilidad, para los inversionistas, de amortizar el capital invertido de acuerdo con las condiciones de desarrollo del mismo que, en el caso de las explotaciones mineras, lleva siempre involucrado un elemento de riesgo.
Disponibilidad de la moneda extranjera necesaria, en condiciones normales, para el retiro de sus servicios de capital y en el caso de negocio de exportación, naturalmente, disponibilidad de las divisas producidas por esas exportaciones para sus necesidades en el exterior.
Estabilidad de las condiciones básicas tributarias y monetarias necesarias para el desarrollo previsible de la operación económica.
Franquicias aduaneras para la internación de sus bienes de capital, y
Administración autónoma y privada de su propio negocio.
En suma, es de la naturaleza de la inversión extranjera que fluye desde un país desarrollado hacia uno en desarrollo la de buscar condiciones tan comparables como sea posible con las que gozan en el
de origen y, además, el incentivo de utilidades que justifiquen los riesgos eventuales, que no ocurren dentro de su propio país. Esto es obvio. En el país de origen gozan de amortización y distribuyen libremente sus utilidades; gozan de las condiciones de estabilidad monetaria y tributaria propias de las economías altamente desarrolladas; no pagan normalmente derechos de internación por sus bienes de capital, ya que se producen en el propio país, y administran libremente sus negocios con un mínimo de intervención, cual es la enorme generalidad del mundo occidental.
Es igualmente obvio que si no gozan de estas condiciones y de incentivos adicionales, los inversionistas carecen de motivos para invertir en un país en desarrollo.
Estos son hechos reales. Podemos aceptar a no aceptar inversiones extranjeras como una forma de cooperación a nuestra estabilidad económica y a nuestro desarrollo; pero, si las aceptamos, la consecuencia más elemental nos indica que debemos aceptarlas de acuerdo con su naturaleza de inversiones extranjeras.
Es frecuente que en Chile estos hechos despierten resistencia, pero es curioso que esa resistencia se manifieste en forma verdaderamente importante sólo respecto de ciertas inversiones extranjeras y se olvide, por ejemplo, que gran parte de nuestra mediana minería está operada con capitales foráneos de otras procedencias; que las inversiones extranjeras, vengan de donde vengan, presentarán siempre las mismas condiciones y que también presentan condiciones semejantes, en todos los casos, los créditos externos.
La aceptación o el rechazo deben ser generales, no sólo para las inversiones extranjeras de cualquier origen y monto, sino también para cualquier tipo de cooperación económica que incluye la obligación de restituir capital e intereses.
Así es, a menos que reconozcamos nuestra intención de rechazar sólo las inversiones o créditos de determinado origen y cuantía.
No digo esto con un afán polémico, sino porque creo que la responsabilidad de nuestra República exige que la formulación de nuestros propósitos y políticas sean explícitos y claros.
Por todas estas razones es necesario ver claramente también que la política de aceptación de las inversiones extranjeras entraña ciertos riesgos o posibles inconvenientes que los países menos desarrollados deben prevenir con firmeza.
En primer lugar, es un hecho que se presenta la posibilidad de una verdadera competencia en el ofrecimiento de condiciones más ventajosas en un país que en otros, para determinar una mayor afluencia de inversiones en determinados rubros de producción o en la economía en general. Este fenómeno llegó a causar alarma en la propia Europa durante las primeras etapas de su reconstrucción, después de la última guerra. Y en la industria minera del cobre es uno de los hechos fundamentales que debe contemplar nuestra política especialmente tributaria y cambiaría. Porque no deberíamos olvidar nunca que en Méjico y especialmente en Perú, que son productores de cobre, hay no sólo libre disposición de los cambios, sino que, más aún, no hay control de cambios de ninguna especie. No podemos tampoco olvidar que, frente a nuestra tributación de la gran minería que alcanza a un 50% o más, según las tasas legales vigentes, existe en Perú una tasa de 48,6%, de la cual puede deducirse una depreciación por agotamiento de minas que Chile no reconoce en ningún caso y que la hace bajar a cifras inferiores al 40% . En Méjico, la tributación es semejante. En Canadá, otro país gran productor de cobre, es del orden de 35% y, en Zambia, el impuesto a las utilidades es del 45%. A esto debe agregarse que, con toda frecuencia, las amortizaciones son ultraaceleradas; las rebajas tributarias, múltiples y complicadas, y que en Canadá, por ejemplo, durante los primeros 3 años de operación, no se paga impuesto alguno.
Esta es una situación de competencia que un país como el nuestro no tiene sino dos medios para afrontar:
1) Establecer un criterio de política tributaria estable y, sobre todo, mantenerlo a través de los años, sin vacilación, tal como lo hizo nuestro legislador en la ley 11.828 y tal como lo sostuvo el Honorable Senador don Jonás Gómez, según el segundo informe de las Comisiones unidas, con relación al despacho de la ley 14.688, de 1961, el cual dejó constancia de lo siguiente: "Expresó el Honorable Senador señor Gómez que en su concepto no debiera haberse establecido en este proyecto ningún impuesto al cobre, pues vulnera las disposiciones de la ley 11.828 sobre impuesto único a las empresas de la gran minería del cobre, pero que, habiéndose aprobado, cree indispensable que de ese nuevo tributo se destine a obras públicas, especialmente en las provincias productoras de ese metal, el porcentaje correspondiente a las normas vigentes en la ley 11.828".
Esta norma de estabilidad tributaría es la principal defensa con que puede contar nuestro país para mantener su criterio, sin sufrir las consecuencias de las ventajas ofrecidas en otros países.
2) Buscar criterios comunes entre los diversos países que poseen reservas de cobre, para mantener políticas compara Mes en materias tributarias y evitar una competencia que nos daña a todos. Esta ha sido, entre otras razones, una de las preocupaciones que han movido al actual Gobierno para buscar un contacto con la República de Zambia, y puedo decir con satisfacción que esta preocupación es compartida por el Ministro de Minería de esa República, cuyo titular nos honrará con su visita el próximo 27 de septiembre, para cambiar ideas con nuestro Gobierno acerca de ésta y otras materias
El señor GOMEZ.-
¿Me permite una pequeña interrupción, señor Ministro?
El señor SIMIAN (Ministro de Minería).-
No tengo inconveniente; pero quiero dejar establecido que, después de esta intervención, terminaré la lectura de mi discurso, para luego hacerme cargo en conjunto de las observaciones que se formulen.
El señor GÓMEZ.-
Como el señor Ministro se ha referido a algunas anteriores observaciones mías relacionadas con la estabilidad, quería preguntarle si sugiere que mi partido se ha opuesto en lo concerniente al problema de la estabilidad con relación al debate que viene en seguida.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería).-
No sugiero nada; no sugiero ninguna posición de ningún partido. Estoy haciendo una exposición de las razones que el Gobierno considera que deben tomarse en cuenta para atraer inversiones extranjeras.
El señor GÓMEZ.-
Debo dejar bien en claro que sobre este aspecto no ha habido ninguna dificultad ni en las Comisiones unidas ni en ningún otro ámbito.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería).-
Así me parece. Creo que Su Señoría tiene razón y, en realidad, no ha habido ninguna observación en este sentido.
Un segundo posible inconveniente de los regímenes especiales que forman parte, como he dicho, de las condiciones naturales de toda inversión extranjera, es que tales regímenes pueden llegar a constituir un verdadero aislamiento de esas inversiones respecto de la vida nacional. En cuanto se refiere al interés público y a los riesgos propios que afectan a toda nuestra comunidad humana, un país no puede aceptar, dentro de su territorio, ninguna clase de actividad, económica o de cualquiera otra naturaleza, que no se integre dentro de la solidaridad nacional,
o que pueda pretender exceptuarse de los riesgos eventuales que sufren todos los miembros y empresas de nuestra nación.
Un ejemplo evidente es el de las catástrofes sísmicas, que, con tan desgraciada frecuencia, imponen sacrificios a todo el país para los esfuerzos de reconstrucción.
Otro ejemplo de importancia más permanente y de mucho mayor trascendencia es el de la necesidad vital en que se encuentra el país, de programar la totalidad de sus actividades económicas con el objeto de alcanzar rápidamente su desarrollo industrial y el mejoramiento de las condiciones habitacionales, educacionales y de trabajo de toda la población.
Es hoy reconocido en todo el mundo que ninguna empresa cumple su responsabilidad frente a la comunidad con el solo desarrollo normal y eficiente de su propio negocio y el mero pago de sus' obligaciones tributarias. En el mundo moderno, y especialmente en un país en expansión, toda empresa, toda inversión nacional o extranjera debe incorporarse, además, al esfuerzo común de progreso en una acción solidaria que debe ser reconocida como norma superior a la competencia y a la libertad propia de la administración de las empresas privadas, tanto en el plano nacional y social, como en el plano regional y local.
Es por eso que en el programa de Gobierno se ha hablado, desde el primer momento, de esta incorporación a la economía nacional, que es la expresión más general y, me atrevería a decir, más profunda, de la chilenización de las inversiones extranjeras. Y es por esto, también, que, en las bases de los convenios con las grandes empresas, surgen en todas partes elementos que manifiestan una incorporación a la economía nacional. En Tocopilla, las plantas de energía de Anaconda se asocian con Endesa, para que su expansión sirva no solamente al mineral de Chuquicamata, sino que también aporte un nuevo potencial de 20.000 kilovatios a toda la región de Antofagasta, contribuyendo con ello, de una manera decisiva, al desarrollo industrial de la zona. Por otra parte, se proyecta el reemplazo del petróleo por el carbón nacional, como combustible en esas plantas, lo que abre a nuestras minas de Lota y de Schwager la perspectiva de un nuevo mayor consumo del orden de 180.000 toneladas anuales, que será un poderoso factor para su estabilidad económica. Surge también en Calama y Rancagua la perspectiva de un esfuerzo habitacional que transformará las economías urbana, social y económica de ambas ciudades, mediante la construcción de por lo menos 2.500 nuevas casas en Calama, de propiedad de los trabajadores que las habiten, y de por lo menos 3.200 en Rancagua, igualmente de propiedad de los trabajadores. Con ello, se resuelve también el histórico problema social de nuestros grandes campamentos mineros cordilleranos, que por varias generaciones han limitado duramente las condiciones de vida de los trabajadores del cobre. Surge en Chañaral otra asociación entre la planta de energía de la Andes Copper y de la Endesa, que significará, además de la satisfacción de las necesidades propias de El Salvador y Potrerillos, una disponibilidad de 5.000 kilovatios para la zona norte de Atacama, la cual conectará con la red central de energía de Endesa, que llega hasta esa provincia, completando un solo circuito desde Atacama hasta Chiloé.
Surge, en Los Andes, la interconexión de Endesa con la Compañía Minera Andina; la construcción de un nuevo pueblo en el valle del Río Blanco, y de importantes instalaciones industriales en el departamento de Los Andes. Y surge, en la provincia de O'Higgins, además del formidable proyecto habitacional y urbano antes referido, una conexión reforzada con Endesa y la perspectiva de una producción de ácido sulfúrico que abre al país la posibilidad de producir la totalidad de las necesidades de abonos fosfatados de nuestra agricultura, que hoy día significa una importaci��n del orden de US$ 10 millones anuales.
Y como una expresión concreta de esta incorporación a la solidaridad nacional, se constituyen de inmediato, sobre tres de nuestras mayores minas, sociedades mixtas en que el Estado participa y, en las más importante, El Teniente, adquiere el control del negocio con el 51% de las acciones.
Se inicia, de este modo, una política enteramente nueva frente a estas grandes inversiones, y, al estudiarse las garantías que ellas requieren, se concede la estabilidad básica, tributaria y monetaria, indispensable para la realización de la inversión y el desarrollo de la operación durante el tiempo mínimo necesario para explotaciones de tanta magnitud. Pero, al mismo tiempo, se refuerzan los instrumentos de fiscalización, se establecen sanciones y se manifiesta el criterio de que, salvo los impuestos básicos a las utilidades, estas empresas quedarán sujetas a la norma de solidaridad nacional en cuanto a otros impuestos que no sean discriminatorios. Más aún, se define el principio de que no son discriminatorias para estos efectos las ventajas o franquicias que determinadas industrias de particular interés nacional puedan recibir cuando el Estado las considere convenientes.
Nada más lejano a los conceptos de los programas del Gobierno que la concesión de privilegios. Por el contrario, todas sus ideas, así como las normas del proyecto, expresan una especial vigilancia, el reforzamiento de las autoridades encargadas de ejercerlas y la norma de solidaridad en todos los planos: jurídico, social y económico.
Tratándose de industrias de exportación de recursos naturales y productos básicos, realizadas por empresas de importancia mundial, no hay duda de que sus inversiones representan la posibilidad
de que el comercio de esos productos sea realizado sin la debida consideración del interés del país y de las exigencias generales de su comercio internacional. Es por esto que Su Excelencia el Presidente de la República, desde el momento mismo en que definió su posición en esta materia, estableció como un punto esencial la intervención decisiva del interés nacional en el comercio del cobre y en las bases de los convenios, así como en el proyecto mismo se establece un mecanismo de intervención que no tiene precedentes en la industria del cobre chileno y de ningún otro país del mundo democrático.
Quiero, sí, dejar expresa constancia de que la preocupación del actual Gobierno por la debida conducción de la política comercial del cobre, no se restringe, en caso alguno, al cobre de nuestras grandes minas, porque, en muchos aspectos, es aún más delicado el problema que plantea, al interés nacional, el comercio del cobre de nuestras minas medianas y pequeñas, y también es más delicado, en las perspectivas de nuestro futuro económico, el problema de la calidad y debida comercialización de nuestros productos manufacturados de cobre. Por ello, anuncio la aspecialísima vigilancia del Estado en estos dos rubros de exportación, los cuales no son los únicos que deben considerarse en nuestra política comercial, por cuanto problemas similares afectan a toda nuestra exportación industrial y en gran parte a nuestra exportación agropecuaria. La exigencia de calidad y comercialización normal con vistas a largo plazo, es quizás el fundamento más decisivo de una verdadera política de exportación.
El señor REYES (Presidente).-
¿Me permite, señor Ministro? Ha llegado la hora de término.
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