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- rdf:value = " El señor MIRANDA.-
Señor Presidente:
No es tarea fácil participar en este debate para un Senador del Partido Radical que representa en esta Corporación, no sólo a una de las provincias productoras de cobre, tanto en el régimen de la grande como de la pequeña y mediana minerías, sino que a una de las provincias en la cual la minería es la principal fuente de entradas, recursos y vida, y en la que el bienestar de sus habitantes y sus posibilidades de progreso dependen decisivamente del auge minero.
Estamos frente a la conocida orden de la Directiva Nacional de nuestro partido de votar en contra la idea de legislar, como ya lo hicimos en las Comisiones unidas, provocando con ello el rechazo en general del proyecto. A la vez, agitan nuestro espíritu multitud de consideraciones que hacen, en verdad, que el triunfo político que podríamos obtener al derrotar en el Senado la iniciativa de un Gobierno al cual hacemos oposición y, eventualmente, impedir que en la Cámara de Diputados se reúna el quórum necesario para insistir, sea una victoria que deje preocupación en nuestro ánimo.
Es demasiado importante y trascendental el tema en debate para que pueda juzgarse desde una sola de sus facetas. Por sobre el Presidente Frei y su Gobierno democratacristiano; por sobre el Partido Radical y su posición opositora, hay un interés que a nadie es lícito olvidar o desconocer; el interés superior y permanente de Chile.
Por eso, es necesario hablar en este instante un lenguaje de cruda franqueza, a fin de que cada cual asuma sus propias responsabilidades frente al devenir de los acontecimientos.
Los convenios del cobre, en la forma cómo ellos fueron sometidos al Senado, después de su aprobación global por la mayoría democratacristiana de la Cámara de Diputados, eran inconvenientes para el interés de Chile.
Que esta premisa quede clara y definitivamente establecida; la proposición que el Gobierno patrocinó y que emanaba de las gestiones de sus negociadores con los representantes de las grandes compañías norteamericanas productoras del metal, no resguardaba los intereses de Chile; representaba un retroceso en cuanto a lo alcanzado por nuestro país en la ley 11.828, y no demostraba visión alguna del futuro de Chile con relación a su industria cuprera y al creciente movimiento mundial que tiende a reconocer a cada país un mayor y mejor porcentaje en el beneficio que puedan depararle las riquezas de su suelo.
Dirigente de un partido en el cual cada actitud y cada opinión es torcidamente interpretada por sus adversarios y que ha sido víctima de la suspicacia y la calumnia, debo decir, sinceramente, que creo que los negociadores del Gobierno de Chile obnubilaron su tarea cegados por la sola ilusión de obtener, a toda costa, el aumento de la producción de cobre.
Hay que decir que lo consiguieron. Las compañías se comprometieron a aumentar de manera sustancial la producción de sus empresas. Pero, ¿iba Chile a recibir justa y, por ello, creciente proporción de este aumento? ¿Iban a surgir, al calor de este aumento de producción, nuevas fuentes de trabajo por una mayor industrialización del cobre en nuestro país? ¿Se aseguraba a los diversos rubros de la manufactura nacional una mayor concurrencia al mercado de consumo que representan las grandes compañías del cobre? ¿Los fletes y transportes nacionales recibían algún trato preferente, o siquiera igualitario, en el movimiento de nuestro metal, de modo que el sistema fuera base de desarrollo para el crecimiento de nuestros medios terrestres, marítimos y aéreos de transporte, vitales en un país con nuestra estructura geográfica?
Sin duda alguna, puede demostrarse que los convenios iban a dar al país, a la larga, mayor ingreso en dólares. ¡ Cómo podría ser de' otra manera, si la producción aumentaría sensiblemente!
Los convenios que, en principio, el Gobierno tenía acordados con las compañías y que se pondrían en funciones merced a una delegación de facultades que el Congreso Nacional hacía en el Presidente de la República, en verdad, distaban mucho de garantizar para Chile siquiera el cumplimiento de las promesas que el propio Primer Mandatario formuló al país como fundamento de la nueva legislación, en su discurso radial del 21 de diciembre del año pasado.
Y no solamente había esta delegación de facultades, sino que, en la práctica, lo que el Jefe del Estado pactara con las compañías, tendría una inalterable vigencia legal de 20 años. Es decir, dos Presidentes de la República, después del señor Frei, y cinco Congresos Nacionales posteriores a éste, estarían impedidos de modificar la legislación que se impusiera.
El Partido Radical -en oposición política- objetó de inmediato la posibilidad de dar sus votos para esa delegación de facultades y para limitar por 20 años la soberanía nacional y su ejercicio por los mandatarios del pueblo.
No podía ser de otra manera. Era ésta una decisión típica y absolutamente política. El Gobierno, al cual nosotros somos opositores, pedía un cheque en blanco. Lógico y justo era que nosotros se lo negáramos. El Ejecutivo cedió en esta materia y accedió a que los términos de las negociaciones quedaran incorporados en la ley. De ese modo era, incluso, más factible garantizar su estabilidad por cierto número de años, necesarios para que las nuevas inversiones quedaran justificadas.
Se entró, entonces, al estudio del problema del cobre en sí mismo y de las mejores formas para salvaguardar y defender el interés de Chile, frente al natural propósito de las compañías extranjeras de obtener de su explotación los más rápidos y mayores beneficios que fuera posible.
Hay que pensar que no son los ejecutivos de Anaconda ni de Kennecott los encargados de velar por Chile y su futuro. Ellos cumplen su deber al defender, única y exclusivamente, el interés de sus compañías y la posibilidad de mayores dividendos para sus accionistas norteamericanos. Han cumplido este deber con eficiencia y brillo. Tal vez, me atrevería a decir, con demasiada eficiencia, porque lograron hacer que los convenios fueran realmente inaceptables, desde el punto de vista chileno.
Es, pues, a nosotros, al Gobierno y al Congreso Nacional, a quienes corresponde velar, defender y representar el interés de Chile.
El Partido Radical es, doctrinalmente, partidario de la nacionalización de las grandes minas de cobre; pero cree que una medida de tal gravedad y trascendencia, que no sólo altera y modifica los fundamentos de la industria básica de la economía chilena, sino que afecta también su política de créditos externos, el financia- miento de sus inversiones de capital, y hasta podríamos decir que sus relaciones internacionales, sólo puede ser propuesta y patrocinada por el Ejecutivo. Es solamente el Gobierno el que está en situación de señalar cuándo esa medida -no me cabe duda de que será adoptada un día, porque es base indispensable para el desarrollo económico de Chile -es oportuna y posible.
Deseo señalar a quienes acusan al Partido Radical de proceder por razones políticas, que aquí en el Senado, en este mismo momento, habría posibilidad de constituir una mayoría que aprobara la nacionalización. Están los votos del FRAP, de los Senadores independientes, de los Senadores radicales y seguramente no faltarían votos de Senadores de Derecha. En este instante, tengo a mi lado a un Senador del Partido Liberal, el Honorable señor Von Mühlenbrock, quien propuso derechamente la nacionalización en las Comisiones unidas.
El Gobierno habría quedado abocado a imponer a su mayoría en la Cámara de Diputados el rechazo de la idea de nacioralizar el cobre. Posiblemente lo habría hecho; pero es indudable que una fuerte proporción de la opinión pública habría dado su respaldo a la posición de la mayoría del Senado.
No lo hemos hecho. No lo hemos intentado siquiera. Como he dicho, sincera y lealmente hemos reconocido que tal medida sólo puede nacer del Gobierno. No hemos ocultado a éste que, si cree llegado el momento de adoptarla, puede contar con nuestro total apoyo.
Al adoptar esta posición, estábamos reconociendo, por ello mismo, el derecho del Gobierno a negociar un nuevo trato para la gran minería del cobre y declarando implícitamente que si esas negociaciones fueran, a nuestro juicio, convenientes para el interés de Chile, ellas contarían con nuestra aprobación.
Los Senadores radicales partimos siempre de la base de que es indispensable e inevitable negociar una nueva modalidad de trabajo para la gran minería del cobre, a fin de incorporarla en forma más activa y eficaz, al proceso de nuestro desarrollo económico.
El Honorable señor Humberto Enríquez, Presidente de nuestro partido, celebró entrevistas con Su Excelencia el Presidente de la República. Los Senadores hemos hablado con los Ministros de Estado que han tenido tuición sobre la materia y con personeros del Gobierno, acerca de las divergencias que nos separaban.
Llegó, no obstante, el momento en que la Directiva Nacional del Partido debía adoptar una posición, y esas divergencias no habían sido salvadas. Su orden fue, en consecuencia, votar negativamente. Pero ello no cerró la posibilidad de encontrar una fórmula que permitiera la aprobación del proyecto. Lo prueba la exposición hecha en la mañana de hoy por el Honorable señor Gómez, quien planteó los puntos en que aún se mantiene la divergencia entre la iniciativa del Gobierno y el pensamiento radical.
Junto con declarar que estamos satisfechos porque se eliminó toda delegación de facultades y porque se aceptó imponer a las empresas la obligación de invertir hasta de sus utilidades en habitaciones y mejoramiento de condiciones de vida para su personal de obreros y empleados, los Senadores radicales -quienes han participado activa y laboriosamente en el debate del proyecto- han logrado resumir sus aspiraciones, sin cuya satisfacción creen -al margen de todo designio político- que los convenios, aunque obtengan un aumento de producción, son desfavorables para el interés de Chile y es necesario oponerse a su aprobación.
No pretendo analizar en detalle nuestros puntos de vista. Simplemente deseo insistir en algunos aspectos que los justifican sobradamente.
Nadie puede sostener que sea "mucho pedir" reclamar que se mantengan las actuales facultades del Departamento del Cobre -que se convertiría en Corporación del Cobre-, que le fueron dadas por la ley Ni* 11.828, de 1953, y que se refieren a la comercialización del cobre de la gran minería.
La ley N? 11.828 también fue negociada por el Gobierno con las compañías norteamericanas, y su negociación, aceptada por el Congreso. En ella se estatuyeron las facultades del Departamento del Cobre. Doce años se ha trabajado bajo ese régimen sin mayores dificultades, y las veces que el Gobierno ha ordenado al Departamento del Cobre emplear las atribuciones que ahora se le quieren cercenar, ha sido en defensa clara y precisa del interés de Chile. Mejor precio para el cobre -con la consiguiente mayor participación fiscal- y mayor elasticidad en la búsqueda de mercados para el cobre chileno, fueron impuestos por el Gobierno a las compañías, merced a esa facultad. La usó un Gobierno de Derecha -tradicionalmente señalado en nuestro país como pro compañías-, y ahora el Gobierno "nacional y popular" de la Democracia Cristiana quiere renunciar a ella.
Nosotros nos oponemos a esa renuncia. Creemos que el Gobierno debe tener, mediante su organismo cuprero, el máximo de atribuciones potenciales para comercializar el cobre. El sabrá -como ya lo ha sabido- cuándo es el momento de emplear tales facultades o siquiera de amenazar con su empleo.
Esto es fundamental, porque no podemos olvidar que estamos tratando con empresas que son, a la vez, productoras y consumidoras de cobre. Como consumidoras, les interesa tener el más cerrado monopolio comprador y, también, obtener el metal a los precios más bajos, hechos ambos claramente contrarios al interés de Chile.
Otro punto en que se ha mantenido la discrepancia es el que dice relación a los retornos. Hay un viejo refrán que arguye que "al buen pagador no le duelen prendas". Y yo digo; si no hay manipulaciones ni negocios adicionales con el dinero que para gastos en el exterior se deja sin retornar al país, ¿por qué el empeño en que no se obligue a dicho retorno?
Los Senadores radicales hemos expresado que podría aceptarse que las compañías dejen en el exterior los fondos necesarios para cancelar las amortizaciones e intereses de los créditos que deban servir en el extranjero y también las provisiones necesarias para pagar los dividendos a los accionistas, pero, ¿por qué deben dejar también todos los fondos necesarios para los gastos que las compañías dicen tener que hacer en el exterior?
En verdad, la única forma de que el Gobierno de Chile conozca la realidad del manejo del negocio del cobre en Estados Unidos, es tener bajo su control los fondos con que se hagan los pagos.
¿Sabe hoy el Gobierno, es decir, Chile,, cuánto es el costo de administración de las oficinas de las compañías de Nueva York y en otras ciudades de la Unión? ¿Sabe quiénes, de qué empresas son sus personales y por qué montos son pagados? ¿Sabe qué empresas transportan? ¿Sabe qué empresas son las aseguradoras? ¿Sabe qué empresas son las proveedoras, la forma en que se resuelven las compras, y sus valores?
No, señores Senadores. Nada de esto se sabe realmente y nunca se sabrá, salvo el día en que las compañías tengan que pedir autorización para girar el dinero para esos gastos. Entonces sabremos qué compran las compañías y a qué precio compran, en quiénes aseguran y a qué primas. Sabremos si realmente se trabaja a los costos debidos o si, por medio de empresas filiales o subsidiarias o controladas, las compañías hacen, mediante el cobre de Chile, negocios adicionales que nosotros no conocemos y que, en verdad, alzan el monto real de las utilidades que nuestro cobre deja en manos de los diligentes de la industria.
La pequeña y la mediana minerías de Chile, que trabajan sin capital, sin medios gigantescos de producción, con esfuerzo y sacrificios sin par, nunca "han podido obtener que se les permita disponer de un porcentaje de las divisas que ellas producen por la venta de sus metales en el exterior, para poder comprar directamente los elementos de producción, materiales, repuestos, etcétera, que necesitan para sus faenas. Todo lo que ellas producen vuelve a Chile, y Chile les acuerda las sumas que pueden gastar en el exterior para mantener sus faenas. ¿Por qué razón las grandes compañías extranjeras deben recibir un trato distinto, discriminatorio, que humilla y ofende al productor minero chileno?
No tenemos ningún ánimo de persecución; pero, ¿es mucho pedir que al productor extranjero se lo trate, en Chile, igual que si fuera chileno?
En 1953, cuando se discutió la ley 11.828, hubo voces que señalaron que la cifra básica de producción sobre la cual iba a calcularse la rebaja del impuesto por aumento de la producción, era errónea, demasiado baja y muy favorable a las compañías.
Creo recordar perfectamente que una de las voces que sostuvo esa tesis fue la del ex Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, entonces Senador en representación de las mismas provincias que yo represento y actual Embajador en Argentina, don Hernán Videla Lira.
Los hechos han confirmado la verdad de ese pensamiento. Sin hacer esfuerzo alguno, sin hacer inversión alguna, las compañías superaron de inmediato los mínimos propuestos y rebajaron el porcentaje de su impuesto. O sea, Chile renunció a parte de su ingreso, sin beneficio alguno.
No creemos nosotros que la base deba señalarse considerando solamente la capacidad instalada de producción, porque es bien sabido que nunca se puede producir al ciento por ciento de la capacidad instalada; pero creemos que esa base debe fijarse en una relación de capacidad instalada y de producción real de los últimos años.
Consolidar por 20 años la situación que impuso la ley 11.828, es consagrar un error manifiesto en grave perjuicio y detrimento de los intereses de Chile.
También hemos planteado que si un nuevo régimen de relaciones y tributario para la gran minería va a significar para las grandes compañías productoras norteamericanas mayores utilidades, es justo, natural y lógico, y está conforme al espíritu de los tiempos que corren, y que el Presidente Kennedy quiso traducir en su Alianza para el Progreso, que un porcentaje de esas mayores utilidades deba ser necesariamente reinvertido en Chile en otras actividades que propendan a su desarrollo económico y tiendan, decididamente, a diversificar su producción exportable, de modo que parte de su producto pueda utilizarse en servir el rédito de esas inversiones. No pueden ser préstamos bancarios con interés anual o paquetes de Caritas, las únicas ayudas que Chile reciba de Estados Unidos. Estas reinversiones significarían realmente un aporte a la economía nacional. El capital norteamericano se integraría en sociedades mixtas -puede ser con nuestra Corporación de Fomento de la Producción- para aumentar nuestra producción exportable o mejorarla. Las compañías que hicieran la inversión obtendrían por su capital la utilidad que cada negocio dejara. ¿Es mucho pedir que ese dinero, que ciento por ciento sale del suelo de Chile, sea en mínima parte destinado a mejorar las condiciones económicas del propio Chile? Hay que reparar que no pedimos sacrificar nada de lo actual: sólo pedimos que se reinvierta una proporción de las nuevas y mayores utilidades que vayan a obtenerse.
Yo no sé, señor Presidente -ni quiero pronunciarme al respecto-, si justa o injustamente, pero es el hecho que siempre ha ocurrido así, en Chile se ha señalado a los partidos de Derecha como ciegamente inclinados a favorecer al capital, y con mayor razón si es extranjero, y se les ha acusado de abandonar la defensa de los intereses generales nacionales en aras de defender la empresa privada y el capital particular. ¿ No es sorprendente, entonces, señores Senadores, que haya sido el Senador del Partido Conservador Honorable señor Francisco Bulnes Sanfuentes quien tal vez con mayor energía y acopio de antecedentes y gran versación jurídica, haya demostrado que, en general, las sociedades mixtas han sido pactadas y convenidas e» forma que favorecen injustamente a uno de los socios: las empresas norteamericanas?
En este caso, el Honorable señor Bulnes ha actuado como abogado de una parte, de la parte del Estado de Chile, y él no habría aceptado tales sociedades mixtas si el Estado de Chile hubiera sido su cliente. Y en esto coinciden, señor Presidente, conservadores, liberales, radicales, democráticos nacionales, socialistas, comunistas y los dos Senadores independientes. ¿No da esto nada que pensar al Gobierno, a sus Ministros y a los negociadores? ¿O creen que todos nosotros estamos cegados por el odio político, por el ánimo de revancha por una derrota electoral -que, por lo demás, no es la primera que sufrimos- y que ellos tienen el monopolio de la verdad y el patriotismo?
Creemos que, en abandono de la idea de la nacionalización, el régimen de sociedades mixtas puede ser muy favorable para el país; pero, para que así sea, es necesario adoptar todos los resguardos para que los socios aporten y tengan responsabilidades y logren beneficios equitativos y equivalentes a esas condiciones.
Por último, señor Presidente, quiero referirme a una materia que podríamos calificar de doméstica. Se trata de la participación en el producto de los impuestos al cobre que se han obtenido para algunas obras de capitalización y para el beneficio directo de las provincias productoras.
Si estamos luchando por obtener para Chile mayores beneficios por ser el país dueño de las minas de cobre, con igual lógica debemos defender que las provincias en cuyo suelo están las minas, obtengan de la explotación de éstas algunos beneficios directos.
En el secular y consuetudinario abandono en que Santiago ha mantenido a las provincias, las disposiciones de la ley 11.828 -obra de Diputados radicales, por lo demás- que dieron directamente recursos y fondos de la ley para ser invertidos en diversas obras de progreso general y local en las provincias productoras, constituyeron un oasis, cuyos frutos han mantenido en trabajo y permitido superar muchos de sus problemas a todo el Norte del país.
En la actuaMey que se nos ha propuesto, no queda en claro la base sobre la cual se calculará el rendimiento del tributo para establecer la participación de las provincias y las nuevas inversiones de capital.
El señor REYES (Presidente).-
Puede continuar Su Señoría hasta por diez minutos más, con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor MIRANDA.-
Muchas gracias al Comité Demócrata Cristiano por su deferencia. Creo que con menos tiempo me bastará.
Estimamos lo anterior grave y contrario al interés nacional. Cuando el centralismo santiaguino y la burocracia se apoderen de esos recursos, ellos se dilapidarán en gastos de consumo y nunca más las provincias productoras volverán a ver obras públicas y de progreso realizadas con los fondos del cobre. Y hay que señalar que éstas obras son casi las únicas que se ejecutan en dichas provincias.
En resguardo del interés de las provincias que represento, así como de las otras productoras, sería necesario dejar muy clara y precisa la base sobre la cual se calcularán los porcentajes de las inversiones de capital y de los fondos de que podrán disponer las municipalidades de esas provincias.
Señor Presidente, creo haber hablado claramente.
En la forma actual, los convenios y la legislación del cobre son inaceptables para nosotros. Estimamos, al mismo tiempo, que es inevitable y conveniente modificar los términos en que actualmente trabaja la gran minería. Ello puede hacerse si el Gobierno, renegociando con las compañías, presenta un proyecto que, por resguardar los altos y permanentes intereses de Chile, obtendría en el Parlamento, seguramente, amplia mayoría nacional.
Nada más.
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