
-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/consejo-nacional-de-la-vivienda
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/ministerio-de-vivienda-y-urbanismo
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/direccion-general-de-obras-urbanas
- dc:title = "CREACION DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO."^^xsd:string
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = bcnbills:SegundoTramiteConstitucional
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203
- bcnres:tieneResultadoDebate = bcnres:seAprueba
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds42
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds44
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds32
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds43
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds35
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds37
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds41
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds39
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds46
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds48
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds34
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds36
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds45
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds33
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds40
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds38
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/599203/seccion/akn599203-py2-po1-ds31-ds47
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = bcnbills:DiscusionParticular
- rdf:value = " CREACION DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO.El señor REYES (Presidente).-
Continúa la sesión.
El señor WALKER (Prosecretario).-
Corresponde discutir el segundo informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
-El proyecto y el primer informe figuran en los volúmenes I y IV de la legislatura 297º. (mayo a septiembre de 1965), páginas 407 y 3969 y el segundo informe en los Anexos de la sesión 16º, en 26 de octubre de 1965, documento N 13, página 892.
El señor WALKER (Prosecretario).-
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, el informe divide los artículos en cuatro grupos:
Primero, artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y que deben darse por aprobados sin debate.
Segundo, artículos modificados en este trámite, sobre los cuales debe recaer pronunciamiento de la Sala.
Tercero, artículos materia de indicaciones rechazadas y que corresponde dar por aprobados a menos de renovarse reglamentariamente las indicaciones desechadas.
Cuarto, artículos nuevos aprobados en este trámite, acerca de los cuales también debe resolver el Senado.
Por otra parte, debo hacer presente que, al votarse en general el proyecto, no hubo debate general y se tomó el acuerdo de realizarlo en este trámite.
El señor REYES (Presidente).-
Quedan aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En la discusión particular, ofrezco la palabra.
El señor COLLADOS (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, Honorable Senado:
Hoy corresponde a esta Corporación tomar conocimiento del segundo informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. . Estimo necesario decir algunas palabras de orden general sobre esta iniciativa, a fin de ilustrar a los señores Senadores sobre la conveniencia de crear dicho organismo, conveniencia ratificada tanto por las Comisiones como por las Salas de ambas ramas del Parlamento.
El Gobierno tiene en perspectiva la realización de un plan habitacional y considera necesario, para llevarlo a cabo y continuar el esfuerzo habitacional en el futuro, disponer de una herramienta sobre la cual hemos elaborado ciertas bases, que deben de tener bastantes méritos, por cuanto, como he dicho, hasta ahora han tenido trámite fácil en el Congreso. Pero, sin duda, hay un mérito que no tiene: la originalidad. Me refiero a que en Chile, al crear nosotros el Ministerio de la Vivienda, estamos llevando adelante una realidad que en otros países ya se encuentra materializada.
La idea de crear un instrumento de orden administrativo preocupado en forma exclusiva del problema habitacional y de las cuestiones anexas de urbanismo, ha cristalizado en numerosos países, sin distinción alguna de los sistemas económicos o políticos que los rigen. Así, existen Ministerios de la Vivienda en todas las naciones escandinavas, en Inglaterra, en Alemania Occidental, Polonia, Checoslovaquia, Israel, República Arabe Unida, Ceylán, en países africanos y asiáticos, como Ghana, Birmania, etcétera. En las naciones en las cuales todavía no se ha formado este Ministerio o está en trámite su formación, como es el caso de Estados Unidos, donde existe un proyecto de ley pendiente de la consideración del Parlamento, o se ha reconocido ampliamente la necesidad de su creación, como es el caso de Costa Rica y Venezuela, donde ios técnicos de las Naciones Unidas han hecho recomendación expresa de establecerlo.
¿Qué justificaciones habría en Chile para la creación de un Ministerio que tome a su cargo estas labores?
Hasta ahora y desde los primeros esfuerzos en el campo habitacional, se ha entregado la tarea de construir viviendas a distintos Ministerios. En primer lugar, la Caja de la Habitación Popular dependió del Ministerio del Trabajo; después, al organizarse la Corporación de la Vivienda, ésta quedó bajo la dependencia del de Obras Públicas.
El Ministerio a mi cargo ha mantenido la dirección del esfuerzo habitacional, pero, por su propio carácter, ha quedado restringido en su acción, en la práctica, al sector público. En esta materia, el sector privado ha tenido un curso paralelo, pero independiente de aquél, lo cual ha ocasionado graves inconvenientes, pues resulta de toda evidencia la necesidad de coordinar todas las inversiones que realiza el capital nacional en la construcción de viviendas. Así, en la actualidad tienen relación con dicha actividad numerosísimos departamentos y oficinas a lo largo de todo el país, dependientes de diversos Ministerios. Esas oficinas son absolutamente independientes entre sí, y no hay posibilidad alguna de coordinarlas, de no ser por medio del Presidente de la República, solución que a todas luces no es la más adecuada. Ejemplo de ello es la Caja Central de Ahorro y Préstamos, que debe regir y fiscalizar un importante sector del crédito para la construcción de viviendas y que en este momento depende del Ministerio de Hacienda, en circunstancias de que las labores del sector público dependen del de Obras Públicas.
Por lo tanto, conviene reunir en un solo Ministerio a todos aquellos organismos relacionados con la vivienda, y ése no puede ser otro que uno destinado especialmente a llevar adelante esa función .
El plan habitacional que el Gobierno ha elaborado para el sexenio 1965-1970 consiste en la construcción de 360 mil viviendas, con el respectivo equipamiento comunitario y la urbanización necesaria para levantarlas. Dicho plan, que para este año prevé una cifra inicial de 46 mil viviendas, es considerado factible por los técnicos que hemos intervenido en él, y en esa aseveración no hay divergencias partidarias. Es decir, creemos que el país tiene elementos físicos para llevar a cabo un plan de tal envergadura.
Para calificar ese plan de ambicioso o tímido, es necesario compararlo con el esfuerzo habitacional de otros países. Al hacerlo, es posible ver que aun construyendo 360 mil casas estaríamos lejos de alcanzar las metas logradas por otras naciones. Una buena tasa de creación de nuevas viviendas es la de 10 por cada mil habitantes, tasa común en Alemania Occidental, países escandinavos, etcétera. Sin embargo, algunos Estados han llegado a cifras extraordinarias. Por ejemplo, Francia, ha construido 15 viviendas por cada mil habitantes en el último año. Otro caso es el de Israel, país que se está formando y, en consecuencia, debe levantar habitaciones para una población que aumenta no sólo por el crecimiento demográfico, sino también por la fuerte inmigración: su tasa es de 12 viviendas por cada mil habitantes.
Hemos estudiado, hasta donde nos ha sido posible, la organización de los Ministerios de otros países que han iniciado la solución de este problema y hemos obtenido algunas informaciones directas de los de España e Inglaterra. Estos dos Ministerios de la Vivienda tienen características bastante diferentes entre sí, y la diferencia se explica por el hecho de que son naciones de distinto nivel industrial y de idiosincrasia también diversa. Ello nos ha enseñado una primera verdad: que debemos crear un organismo adecuado a las características nacionales.
¿Cuál sería la estructura del Ministerio que nos proponemos formar y que se deduce ya del informe de la Comisión? La siguiente: la realización misma de las obras materiales de vivienda, urbanización y equipamiento, se haría de preferencia por medio de organismos autónomos. Hay diversas razones para pensar que ello es lo más conveniente, y la más importante de todas es la tradición de que, entre nosotros, las viviendas se han estado construyendo por intermedio de organismos públicos. La idea es aprovechar las instituciones existentes, delimitando sus facultades y labores, de modo que sean más técnicas, más especializadas. En este momento, hay tres organismos de tipo autónomo relacionados con la vivienda, sea en la construcción, sea en la tuición: la Corporación de la Vivienda, la Fundación de Viviendas y Asistencia Social y, por último, la Caja Central de Ahorros y Préstamos. Las funciones de las dos primeras no están perfectamente definidas, y hay entre ellas ciertas labores comunes que duplican los esfuerzos y, por otro lado, hacen que ninguna tome a su cargo otros aspectos que, en consecuencia, quedan sin el servicio respectivo.
Pensamos mantener las tres instituciones mencionadas, delimitando totalmente sus campos de acción, y crear una nueva, existente en todos los países que han abordado con métodos modernos y rápidos el problema de la vivienda. Esta cuarta entidad es la que hemos denominado Corporación de Mejoramiento Urbano, que estará encargada de racionalizar la propiedad urbana a fin de poder contar con ella en los grandes planes habitacionales. Cuando hablo de racionalizar, estoy pensando en términos urbanísticos y jurídicos.
Es evidente que no podemos pensar en el desarrollo de un plan de viviendas si .dentro de las ciudades no se cuenta con los terrenos adecuados. Sin duda, en Chile ha sido ésta una de las dificultades más graves con que hemos tropezado.
Tanto en España como en Inglaterra, a pesar de ser sus respectivos Ministerios absolutamente diferentes, existen estos organismos. En España, por ejemplo, se denomina Gerencia de Urbanización y tiene por objeto adquirir los terrenos, urbanizarlos y expropiar cuando sea necesario; es decir, entregar a la construcción de viviendas la infraestructura absolutamente indispensable que constituyen los terrenos adecuados.
Entre nosotros, el problema de contar con terrenos en el centro o en partes importantes de las ciudades, muchas veces no tiene solución. Basta que uno o unos cuantos propietarios se opongan a la remodelación urbana planeada respecto de determinado sector, para que barrios enteros de las ciudades queden, por muy largo tiempo, sin poder ser remodelados.
En consecuencia, esa labor sería entregada a la Corporación de Mejoramiento Urbano.
¿Qué labores específicas tendrían las otras corporaciones?
La de la Vivienda cumple hoy un sinnúmero de funciones. Muchas de ellas las realiza de modo deficiente por ser muy heterogéneas entre sí.
A nuestro juicio, la CORVI debe ser la entidad ejecutora que realice la labor directa del Estado comprendida en el programa habitacional y, en consecuencia, la entidad estatal que concurra a la edificación de viviendas para los sectores más necesitados. Por lo tanto, deberá liberarse a la CORVI de todas aquellas funciones relacionadas con labores de asistencia social, recaudaciones, cobranzas y asignación de viviendas, tareas que no son propiamente constructivas, por lo cual hasta la fecha han sido cumplidas en forma deficiente.
Consideramos que la Fundación de Viviendas y Asistencia Social debe tomar a su cargo las mencionadas labores asistenciales y preocuparse fundamentalmente de la asignación de viviendas, cobranza de dividendos y atención de los casos de emergencia. En general, se le encomendarían todos aquellos casos que una institución cuya finalidad es resolver el problema masivo de la vivienda y cuyo rodaje es pesado, por su propia naturaleza, no está capacitada para atender.
De la manera que dejo expuesta, separaríamos la labor eminentemente constructora de la CORVI de las específicamente asistenciales de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social.
Tocante a la Caja Central de Ahorro y Préstamos, pensamos que deberá continuar siendo la institución que, desde el punto de vista del interés público y de los adquirentes, fiscalice la actuación de las asociaciones de ahorro y préstamos, que manejan el sistema de ahorro colectivo. Necesariamente deberá ejercerse ese control con el fin de aumentar año a año, mediante dicho sistema, el número de habitaciones disponibles.
Ahora bien, las cuatro instituciones ya nombradas, pese a su carácter de autónomas, deben estar regidas por el nuevo Ministerio de que trata el proyecto en debate.
Es nuestra intención que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo sea un instrumento lo más ágil y expedito posible desde el punto de vista burocrático. Para obtener los fines por él perseguidos, es necesario no darle una estructura pesada. Con todo, se requiere la creación de un organismo estatal en el sentido estricto de la palabra, no autónomo, que ejerza tuición tanto sobre la actividad privada como pública.
Sobre el particular, cabe hacer presente que, en virtud de las disposiciones del D.F.L. Nº 2, hay verdadero contrasentido en cuanto a ciertas funciones de la COR-VI, pues las tiene de construcción y, a la vez, de fiscalización. ¡Entonces, en muchos aspectos, esa entidad se fiscaliza a sí misma. Por otro lado, posee funciones planificadoras, lo cual no es adecuado, si se considera que la planificación debe ser anterior y ajena al organismo que ejerce la labor constructiva.
En el esquema del nuevo Ministerio hay dos grandes direcciones fundamentales. Una, es la de Planificación y Presupuestos, destinada, como su nombre lo indica, a planificar cuanto se haga en materia habitacional en todo el país. Cuando hablo de planificación, me refiero tanto a la actividad del sector público como a la del privado; o sea, a la planificación de los esfuerzos tendientes a materializar nuestra capacidad constructora en la edificación de nuevas viviendas. La otra, será la de Obras Urbanas, encargada de realizar y formar la infraestructura necesaria para las labores de la vivienda. Quedarán incorporadas a ella, entre otros organismos, la actual Dirección de Pavimentación Urbana, y ejercerá algunas de las funciones que hoy corresponden a la Dirección de Obras Sanitarias, como son aquellas indispensables para realizar trabajos de esa especialidad en poblaciones, obras de equipamiento comunitario y, en general, todas las que constituyen, como dije, la infraestructura de un plan habitacional.
Tal es, en resumen, la estructura propuesta para el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Considero útil exponer algunas ideas sobre un organismo dependiente del Ministerio, que también existe en todos aquellos países donde se ha creado una entidad similar. Me refiero a la Secretaría General Técnica, cuya misión será estudiar todos los aspectos de orden general concernientes al mejoramiento y perfeccionamiento de los sistemas constructivos. Sin duda, esa labor debe estar a cargo de un organismo que no esté ligado a las funciones constructivas directas, pues en éstas existe la tendencia a la rutina y no a la diferencia de métodos. Será, por lo tanto, una entidad independiente de aquellos organismos y, como digo, estará a cargo de racionalizar y estudiar el perfeccionamiento de los métodos y material de construcción.
El esquema que he delineado se contiene en un organigrama ya conocido de los señores Senadores. En él se precisan las líneas generales de la organización ideada para el nuevo Ministerio.
Estamos conscientes de que la Secretaría de Estado cuya creación se propone en el proyecto tendrá, en sus comienzos, proporciones reducidas, pero irá creciendo en la medida que pueda absorber las tareas que le encomiende la ley. Por el momento nos parece impostergable hacer una separación entre las funciones relativas a obras públicas propiamentaletales y las relacionadas con la vivienda, por ser dos aspectos absolutamente diferentes. En efecto, nadie podría discutir que la edificación de viviendas no puede considerarse en el ramo de obras públicas, pues constituye, esencialmente, una actividad privada. Las habitaciones, en último término, están destinadas a ser propiedad de quienes las habitan. En consecuencia, no podemos enfrentar los planes de construcción de viviendas con el mismo criterio aplicado a las obras que quedarán permanentemente en poder del Estado.
Estas son, señor Presidente, las ideas generales que nos han llevado a formular esta idea, que hasta ahora ha tenido tan buena acogida en el Parlamento. El Ministro que habla pide seguir manteniendo la misma buena acogida.
No quisiera terminar mis palabras sin dar las más sinceras gracias a todos los miembros de la Comisión de Obras Públicas, quienes, sin excepción alguna y con interés extraordinario, aportaron algunas de las ideas que forman parte del proyecto sometido ahora a la consideración del Senado. Como dije, todos y cada uno de ellos han puesto especial interés en esta iniciativa, la cual, en definitiva, se convertirá en una ley que permitirá indiscutido progreso al país.
Eso es todo.
El señor GOMEZ.-
Comprendo la necesidad de hablar lo menos posible a fin de despachar rápidamente el proyecto. No obstante, quisiera decir algunas palabras, ya que no hubo debate general sobre la materia.
Tuve el honor de presidir las Comisiones que estudiaron esta iniciativa. Por tal razón, puedo decir que todos sus miembros han brindado al Poder Ejecutivo la más amplia colaboración. Celebramos sesión toda vez que fue necesario, aun cuando muchos señores Senadores pertenecían al mismo tiempo a las Comisiones unidas de Hacienda y Minería encargadas de estudiar el frondoso proyecto del cobre. En los intersticios que nos dejó el trabajo en estas últimas, asistimos a la de Obras Públicas con el objeto de entregar al Gobierno, mediante este proyecto, la herramienta que el señor Ministro ha calificado de fundamental para el desarrollo de la política general del Ejecutivo, por cuanto en la construcción de viviendas se cifra una de las acciones más fecundas que debe realizar la actual Administración.
El proyecto despachado por la Cámara contenía una verdadera delegación de facultades: se daban al Poder Ejecutivo las más amplias atribuciones para modificar disposiciones legales vigentes; otorgar y suprimir franquicias, etcétera. En el Senado, modificamos esta iniciativa para convertirla en ley directa.
Senadores de todos los colores políticos hicimos presente al señor Ministro que el proyecto, tal como venía despachado polla Cámara, seguramente sería rechazado por el Senado; por lo tanto, le sugerimos la conveniencia de aprobar una ley directa en la cual no hubiese delegación de facultades del Parlamento en el Poder Ejecutivo. Se mejoró, así, fundamenta] y básicamente, el proyecto, en especial en aquellos aspectos relativos a la reajustabilidad. En este aspecto, se mantuvo una orientación de mayor sentido social al modificarse el actual sistema de reajustes que resulta del todo oneroso para las clases humildes. Se buscó un procedimiento más adecuado de reajustabilidad.
Los antecedentes de la legislación en estudio están contenidos en el primer informe emitido por las Comisiones. Tal vez sea conveniente publicar dicho informe con el objeto de que la opinión pública conozca la forma como trabajaron las Comisiones,
Por último, debo expresar que la labor realizada por la Comisión de Obras Públicas desmiente, en el terreno de la seriedad, todos aquellas publicaciones de la prensa oficialista, en las cuales se tilda a la Oposición de obstruccionista y ciega y de entorpecer las iniciativas del Gobierno por el solo hecho de provenir de éste.
Se trabajó con seriedad, minuciosidad y verdadero interés por resolver el problema y permitir al Gobierno crear el Ministerio de la Vivienda.
A mi juicio, podríamos proceder a la aprobación en particular en la forma como viene planteado el proyecto por las Comisiones unidas.
El señor CHADWICK.-
Los Senadores socialistas concurrimos a la aprobación unánime de la idea de legislar.
En la Comisión de Obras Públicas tratamos de perfeccionar esta iniciativa a fin de que el país pueda recibir el mayor beneficio.
No creo necesario abundar en argumentaciones para justificar nuestra conducta. Todos sabemos que la preocupación por la vivienda sana y económica se ha estado abriendo paso desde 1906. Diferentes han sido las instituciones creadas con ese fin, hasta que se hizo evidente la necesidad de dar a un organismo del Estado con rango ministerial la facultad de impulsar, realizar, planificar y fiscalizar la inversión de capital nacional en esta tarea impostergable.
Hemos oído al señor Ministro de Obras Públicas, principal propulsor de esta idea. Las cifras que ha señalado en esta sesión ponen de manifiesto que los planes del Gobierno no son ambiciosos. Dijo que en el sexenio de 1964 a 1970, se pretende construir 360 mil habitaciones. Si tenemos en cuenta que la población del país se estima en ocho millones de habitantes, llegamos a la conclusión de que el proyecto del Gobierno es 25% más bajo de lo que resulta aceptable en los países de primer rango. Sin embargo, el problema habitacional chileno es más grave que en aquellos países e impone mayores exigencias. Estamos en un proceso de extraordinario crecimiento demográfico. Por eso, considerando el déficit habitacional y las deficiencias de las viviendas actualmente en uso, el esfuerzo nacional debería ser de pretensión extraordinaria. Es preciso superar los guarismos señalados por el señor Ministro. Pero somos un país económicamente limitado por la dependencia en que se encuentran sus principales riquezas respecto del capital extranjero, que no retorna sino los costos de producción y los impuestos que paga.
Cada año que pasa nuestra inferioridad económica se acentúa. Por eso, miramos con cierto escepticismo los cálculos que se hacen para traernos una esperanza en lo relativo a rubro tan importante para la vida de nuestro pueblo. Se dará un paso adelante, y no hemos querido restarnos de ese trabajo, no obstante que, como recordó el Honorable señor Gómez, nos encontramos ante un problema que podría haber justificado nuestra negativa, porque la Cámara había despachado el proyecto como una mera delegación de facultades, a sabiendas de que la mayoría de esta Corporación no acepta tal criterio para legislar. Fue necesario que los miembros de la Comisión, que teníamos la responsabilidad de estudiar y perfeccionar esta iniciativa, realizáramos, con autorización de nuestras respectivas colectividades políticas, toda una gestión que culminó en un acuerdo con los representantes del Ejecutivo para transformarlo en proyecto de ley directa.
Lo anterior significó una alta responsabilidad a la Comisión de Obras Públicas, que indudablemente no habríamos podido afrontar si no hubiéramos contado con el empeño que personalmente puso el señor Ministro del ramo para salvar el obstáculo que significaba cambiar, ya en el segundo trámite constitucional, el criterio con que se había abordado el problema. Al recordarlo no puedo dejar de mencionar la colaboración abnegada de los diferentes técnicos del Ministerio de Obras Públicas que auxiliaron al señor Ministro en este trabajo agobiador.
El criterio del Partido Socialista fue, en síntesis, colaborar en lo posible al perfeccionamiento de esta idea. Estamos muy lejos de atribuirnos la parte principal de su estudio, pero queremos dejar constancia de que hemos dado todo cuanto estaba a nuestro alcance por mejorar la iniciativa.
No participamos íntegramente del concepto o la idea matriz que informa el proyecto. Se deposita demasiada confianza en la iniciativa privada. Se conceden a ésta estímulos e incentivos que, a nuestro juicio, deben desaparecer. Hicimos indicación, que fue rechazada en la Comisión después de doble empate, para derogar todo el régimen de exenciones tributarias que está protegiendo hoy día -a nuestro juicio, sin ninguna justificación- a las empresas constructoras de viviendas económicas. La hemos renovado, y en el momento oportuno daremos las razones que tenemos para insistir en nuestro criterio.
Debo decir, en este enfoque general del proyecto, que no es posible continuar en una política que ahonda las causas del proceso inflacionario, que conduce a imponer gravámenes excesivos a quienes con gran esfuerzo adquieren viviendas para ser pagadas en largos plazos mediante reajustes demasiado onerosos y, al mismo tiempo, sostener con carácter permanente un régimen de exenciones que permite acumular utilidades fabulosas a quienes tienen la tarea industrial de construir las viviendas.
Estamos en contra de esa complacencia con grupos privilegiados capitalistas que tienen actitud antisocial, pues ponen como condición, para emplear sus dineros en una empresa de bien común, no sólo que se les aseguren utilidades, sino, además, que se los exima de impuestos. Una aberración semejante será denunciada por nosotros permanentemente. Criticamos con lealtad al actual Gobierno por la falta de decisión demostrada en la solución al problema.
Tuvimos mejor suerte cuando bregamos por un control efectivo de los precios de los artículos destinados a la construcción. El proyecto nos parecía deficiente en este aspecto, porque sin ser técnicos y orientados en nuestras preocupaciones hacia otras materias, no pudimos dejar de advertir el crecimiento exagerado que se observa en el precio del metro cuadrado de construcción. En efecto, lo hemos visto subir hasta el extremo de que muchas habitaciones, después de terminadas, no encuentran personas con recursos suficientes para tomar las deudas que impone su adquisición.
En Copiapó, por ejemplo, he visitado poblaciones enteras que no han podido adjudicarse a los habitantes de esa ciudad, por no haber en ella suficientes empleados particulares o públicos con capacidad de pago para adquirirlas en las condiciones actuales.
Este es un mal que podría discutirse al tenor del ejemplo que acabo de citar. Podrá ponerse en duda la información que doy, pero es real por encima de toda discusión. Se continúa en un proceso de encarecimiento de la construcción, que amenaza con hacer fracasar toda la política intentada por el Gobierno.
Hemos dicho que no tuvimos mejor suerte en esta indicación fundamental, pues ha sido aceptado e incorporado a la ley el principio que radica en la responsabilidad final del Ministerio que se crea, el control de los precios. De manera que al Presidente de la República corresponderá la alta responsabilidad de fijar, en un reglamento, las normas que regulen el precio final del metro cuadrado en la construcción de viviendas económicas.
Sabemos que la sensibilidad social no puede dejar de conmover a todos los sectores frente al drama de la vivienda miserable. Pero no podemos silenciar que la falta de viviendas ha dado origen a la creación de empresas de gran rendimiento económico, que han producido un singular desplazamiento de poder. No sólo se trata de grandes capitales que buscan utilidad y se mueven por todos los rincones para aumentar el agio, sino que también se ha producido igual desplazamiento del poder político. No son extrañas a estos grupos de poder y de presión ciertas complacencias que para con ellos se observan. Esos grupos hacen desaparecer a los funcionarios, cuando éstos oponen resistencia a sus apetitos insaciables. El país tuvo conocimiento de como desapareció, repentinamente, el Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda, un funcionario lleno de méritos y que, incluso, había llegado a las Comisiones de trabajo del Senado trayendo la palabra técnica del Gobierno. No ignoramos tales hechos. No hemos podido ahondar más en la materia ni nos pareció justificable poner trabas a la aprobación de una idea que creemos impostergable, cual es la creación del Ministerio de la Vivienda.
No tenemos responsabilidad en la forma como el Gobierno realizará esta política que ofrece al país y que el señor Ministro de Obras Públicas nos ha sintetizado hoy, repitiéndonos que en el sexenio que estamos viviendo se construirán 360 mil habitaciones. Queremos que se realice ese propósito y mucho más, pero no participamos de la solución. Creemos que la solución de los grandes problemas nacionales no se puede encarar aisladamente, en forma fragmentaria. Echamos de menos una planificación general de la economía de Chile, de manera que los recursos destinados a la habitación comunitaria y la satisfacción de todas las necesidades que forman el conjunto de problemas que deberá resolver el Ministerio de la Vivienda, sean parte de una concepción global encaminada, en primer término, a tener más ocupación y, en seguida, mejores salarios, estabilidad monetaria y mayor desarrollo del país.
Muchas veces, mientras en la Comisión de Obras Públicas se trataba de perfeccionar la iniciativa, yo meditaba en la jerarquía que debiera darse al problema de la habitación, y sin discutir en forma alguna la importancia que tiene, reconocía que estaba subordinado al problema de la ocupación, porque lo primero que necesitan nuestros obreros y empleados es trabajo y remuneración adecuada, y la habitación, en último término, depende de aquella solución.
Recuerdo todo esto de paso, para destacar el concepto ya enunciado: debemos planificar toda la política de la vivienda. Por eso, estamos de acuerdo con la creación de un Ministerio que la tenga a su cargo; pero comprendemos que tal planificación está en el aire si no forma parte de otra que comprenda y abarque la economía entera del país. De ahí nuestro escepticismo, nuestra duda y nuestro esfuerzo para no restarnos a la iniciativa del Gobierno, pero también nuestra advertencia clara de que no abrigamos ninguna ilusión en este sentido.
Con esta clara interpretación de los hechos, los Senadores socialistas votaron favorablemente la idea de legislar y concurrirán con su aprobación a todos los artículos propuestos por la Comisión de Obras Públicas, salvo aquellos respecto de los cuales renovaremos indicación.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Me corresponde fundar el voto favorable, en general, de los Senadores comunistas al proyecto de ley que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ya que, por acuerdo de los Comités, ésta es la ocasión en que corresponde hacerlo.
Es necesario dejar en claro que, gracias al esfuerzo de la Comisión de Obras Públicas del Senado, la iniciativa del Ejecutivo ha sido considerablemente mejorada. Ha dejado de ser, en gran medida, el proyecto delegatorio que, siguiendo la orientación absorbente y cesarista que se manifiesta en muchos actos del Gobierno, pretendía entregar al Presidente de la República facultades ilimitadas para dictar normas respecto de política habitacional, urbanismo y equipamiento comunitario. Además, se han introducido numerosas disposiciones -principalmente, a iniciativa de los Senadores del FRAP- que dan solución a problemas concretos y apremiantes que afectan a diversas poblaciones del país.
El programa del Gobierno.
El programa del Gobierno persigue la construcción de 360 mil habitaciones en seis años, lo que en el hecho significa disminuir la proporción de viviendas inaceptables, de 33% a que asciende hoy día, a 25% ; o sea, reducir, de 500 mil, a 460 mil el número de viviedas inadecuadas en términos absolutos, y hacer frente, al mismo tiempo, a la mayor demanda de habitaciones derivada del incremento vegetativo de la población. En todo caso, ello significaría que, al entregar el mando el señor Frei, en 1970, el déficit de casas se mantendría en lo fundamental y sólo se habría logrado impedir su agravación.
La labor de la CORVI.
Quiero referirme, en seguida, al problema de la Corporación de la Vivienda.
Como se dice en el primer informe de la Comisión de Obras Públicas, el proyecto establece profundas modificaciones en las funciones y atribuciones de la CORVI, al disponer que en su actividad se centrará la construcción de viviendas por el sector público. No obstante, estimamos que el problema de que CORVI cumpla los objetivos que se le señalan, depende, de manera fundamental, de la política habitacional que desarrolle el Gobierno.
Hace tres años, el Senador Contreras Labarca denunció en esta sala que se estaba produciendo, respecto de CORVI, una tendencia a "degradarla como entidad estatal, convirtiéndola en un instrumento supletorio de la actividad del capital privado".
Es indiscutible que ello ocurrió durante la Administración del señor Alessandri. Má3 aún, el Gobierno prestó apoyo preferente a las asociaciones de ahorro y préstamos y a su Caja Central, y entregó la construcción de casas para los campesinos a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social. La CORVI redujo sus planes de construcción de viviendas mínimas y ni siquiera ha atendido eficientemente a las cooperativas de edificación.
Esas cooperativas -organismos que el Gobierno está empeñado en difundir- fueron creadas con el objeto de que los trabajadores de escasos recursos, mediante el esfuerzo colectivo, pudieran asociarse entre sí para aumentar las viviendas y cooperar al plan del Ejecutivo. Pero los hechos son contradictorios, pues mientras el Gobierno ha manifestado que existe necesidad de fundar cooperativas, el Departamento correspondiente del Ministerio de Economía y Comercio hace todo lo contrario. Tengo la impresión de que dicha repartición hubiera sido creada, no para orientar y fomentar su organización, sino para destruirlas.
En el mes de marzo de este año, el mencionado Ministerio decretó la disolución de la cooperativa de los trabajadores de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, para lo cual nombró una comisión liquidadora que en estos instantes está en funciones.
En esa fecha, solicité al Senado oficiar a la Contraloría General de la República, con el objeto de que ese organismo investigara los motivos que ha tenido la Dirección de Cooperativas, dirigida por don Carlos Burr, para disolver dicha institución. Hasta estos momentos, pese a mis requerimientos, aún no he tenido respuesta del Organismo Contralor.
En todo caso, nuestra preocupación ha sido grande. Hemos concurrido al lugar mismo donde el personal de la Empresa de Transportes Colectivos tiene ubicados los terrenos, en el paradero 31 de la Gran Avenida. Grande ha sido nuestra sorpresa al comprobar que, mientras esos trabajadores vendieron alrededor de 40 hectáreas con el propósito de que la CORVI aumentara sus construcciones, esta venta haya sido el origen de la dificultad con el señor Burr, quien deseaba, a toda costa, que los dirigentes de la cooperativa vendieran los terrenos a un particular.
Los trabajadores de esa empresa recurrieron oportunamente a mi oficina, con el propósito de pedir consejo. Ellos tenían oportunidad de vender en 12 millones de pesos más alrededor de 19 hectáreas de terreno. Pero esos pagos serían a largo plazo. Llegamos al acuerdo de que la mejor negociación era vender a la CORVI, y así lo hicieron.
La CORVI compró 19 hectáreas y se escrituraron los terrenos. En la actualidad, tiene ocupadas las habitaciones. Ella construyó las casas, pero los obreros de la empresa, a pesar de haber transcurrido diez años desde la compra de los terrenos, todavía no pueden tener luz eléctrica, agua potable ni alcantarillado. Y lo que es peor, hace siete meses que el Departamento de Cooperativas tiene disuelta la cooperativa del personal de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, y la ha entregado a dos personas que están allí ganando un sueldo suculento sobre la base del 2% de los fondos de dicha entidad.
Ello es realmente deplorable. No puedo explicarme si el Gobierno tiene cooperadores o enemigos incrustados en el Departamento de Cooperativas. No puedo calificarlos de otra manera, pues un funcionario de criterio seguramente habría intervenido en la cooperativa mencionada para establecer las irregularidades, si hubiera comprobado malos manejos en ella. Por lo contrario, no intervino, sino que buscó el camino más corto: disolver la cooperativa. Mientras tanto, los obreros están allí -repito- sin agua, sin luz eléctrica ni alcantarillado, viviendo en medio del barro y los escombros, no obstante tener empozados en una cuenta bancaria alrededor de 42 millones de pesos.
Por eso, pongo énfasis al hablar de las cooperativas, y pido reiterar, en mi nombre, el envío de oficio al Ministerio respectivo, a fin de que a la brevedad tomen la iniciativa e investiguen si ése es un departamento destinado a crear cooperativas o a liquidarlas. Porque si hay personas interesadas en ganar dinero, no tienen más que ir a hacer cola al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía : ahí los nombran liquidadores y hacen buen negocio.
-Se dispone el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
En la práctica, este organismo, fundado para resolver el problema habitacional de los sectores más modesto, se ha convertido en una institución similar a las Asociaciones de Ahorro, en que los fondos acumulados por el sacrificio de obreros y empleados; mediante cuotas de ahorro y el impuesto establecido en la ley 14.171, han servido para financiar casas para personas que disfrutan de mejor situación económica y que están en condiciones de depositar varios millones para obtener, a corto plazo, los préstamos solicitados.
El país exige que la CORVI construya poblaciones decentes, con todos sus servicios, estimule la autoconstrucción, otorgue títulos de dominio a los pobladores, etcétera.
Es impostergable resolver viejos y graves problemas, como la situación de los ex ocupantes de los "rucos", de Valdivia, construidos después del terremoto de 1960, la eliminación de barracones en Los Lagos, Puerto Montt y otras ciudades.
Apoyamos los artículos 61 y 62, en virtud de los cuales el Presidente de la República podrá aplicar reglas diferentes sobre bonificaciones y reajustes e, incluso, condonar los préstamos y saldos de precio que se adeuden a la CORVI, a favor de los damnificados por los sismos de 1960 y de marzo último.
Asociaciones de Ahorro y Préstamos.
Otro aspecto que es necesario considerar es el relativo a las asociaciones de ahorro y préstamos, a las cuales, dentro de los planes del Gobierno, se asigna papel de primera importancia.
El área que hasta la fecha han abarcado las asociaciones ha sido relativamente limitado en cuanto al número de viviendas construidas mediante un sistema y a los sectores de la población que lo utilizan. Sin embargo, ha sido un fabuloso negocio para algunos grupos de capitalistas que han trabajado en este rubro, gracias al esfuerzo y la ayuda del Estado, en su carácter de aval de préstamos suscritos en el exterior. En el hecho, las asociaciones de ahorro y préstamos fueron puestas en marcha por el Estado, entregadas al control de unos pocos particulares y convertidas en fuente de superganancias, al amparo de privilegios tributarios de gran importancia y a costa de la angustia y endeudamiento perpetuo de miles de ahorrantes.
El estudio realizado recientemente por el Instituto de Organización y Administración Racional de Empresas sobre las asociaciones de ahorro y préstamos, demuestra que los resultados del sistema no son, ni con mucho, tan positivos como se ha pretendido hacer creer a la opinión pública. Si bien el número de socios aumentó, de 24.600, en 1962, a 93.200 en
1964, el ahorro, en cambio, ha mantenido una tendencia constante a la disminución. El promedio de ahorro por socio era de Eº 449,8 en 1962, y de sólo Eº 174,5 en 1964. El porcentaje de cuentas cerradas aumentó, de 2,72 en 1961, a 13,77% en 1964. De igual modo, ha disminuido el porcentaje de asociados que reciben préstamos. Al comenzar a funcionar el sistema, un socio de cada siete realizaba una operación hipotecaria. Hoy, la proporción es de uno por cada 18,5. En el caso de los socios agrupados en cooperativas, la proporción era de un préstamo por cada cuatro socios, y ha llegado en este año a uno por cada 80.
La construcción de viviendas mediante el sistema aumentó, de 8,2% de la edificación del país en 1962, a 19,3% en 1963, para descender a 16,6% en 1964.
Es importante destacar la comprobación de los técnicos de INSORA, en el sentido de que se ha venido produciendo un desplazamiento del nivel económico de los asociados favorecidos con préstamos.
En efecto, en 1962, el, 16,7% de los beneficiados poseían ingresos inferiores a dos sueldos vitales; el 54,9% correspondía a niveles de ingreso de entre 2 y 5 vitales, y el 28,4%, a asociados de rentas superiores a 5 vitales. Estas cifras han variado, pues han descendido a 6,2% y a 44,6% en los dos primeros grupos; en cambio, el porcentaje de asociados con ingreso de más de cinco vitales favorecidos por operaciones hipotecarias, aumentó a 49,2% O sea, mientras el grupo de más altas rentas casi se duplicaba, el sector más modesto disminuía a menos de la mitad. En otras palabras, las asociaciones de ahorro y préstamos se han ido convirtiendo en instituciones destinadas a favorecer a sectores de altos ingresos, en desmedro de los empleados, obreros y profesionales modestos, hacia quienes el sistema se suponía orientado, según sus defensores.
El sistema de reajustabilidad.
Uno de los hechos fundamentales que se deben subrayar es que se pretende seguir haciendo descansar el plan habitacional en el principio de la reajustabilidad. En este, sentido, el debate en las Comisiones unidas fue aleccionador. Ha quedado en claro que el Gobierno pretende inflexiblemente mantener la reajustabilidad como principio básico de su política de viviendas.
En 1962, el Honorable señor Contreras Labarca denunciaba ante el Senado el sistema de reajustabilidad como profundamente dañino a los intereses de los asignatarios de viviendas. Decía en esa oportunidad: "Se introdujo, por este camino, en el derecho civil chileno una institución nueva y original, que consiste en el principio de la reajustabilidad del precio de la compraventa de inmuebles, para lo cual se inventó un tipo especial de moneda llamada "cuota de ahorro" o "unidad reajustable". Esta moneda es una creación artificial que parte de la idea absurda de aislar a un sector de la economía chilena con el ánimo de librarlo de las leyes inexorables que gobiernan el sistema capitalista, de modo que cuando los precios suben o bajan, conforme a determinadas condiciones del mercado, la CORVI, entidad celestial, permanezca inmune".
El sistema de reajustabilidad de los dividendos, en la forma como ha sido practicado hasta ahora, ha conducido a una situación realmente intolerable para los asignatarios. Los reajustes no guardan relación con el deterioro del valor adquisitivo experimentado por salarios y sueldos como consecuencia de la política de congelación que se ha venido realizando en los últimos años, por imposición del Fondo Monetario Internacional. Es así como en el rubro de viviendas CORVI, se han producido alzas que duplican, y en ocasiones triplican, la deuda primitiva, en un lapso relativamente corto. Recordemos, a modo de ejemplo, que en el sector IV de la población San Joaquín se escrituraron, a comienzos de este año, ventas de viviendas en Eº 5.759 y 6.480, con valores iniciales de Eº 2.880 y 3.240. En la población Campamento La Victoria, ha habido alzas, de Eº 520, a Eº 1.352; de Eº 540, a 1.404; de Eº 760, a 1.976; es decir, en dicha población el alza ha bordeado el 300%.
En el rubro de las viviendas adquiridas por medio del sistema de ahorro y préstamos, el crecimiento de las deudas llega a límites increíbles. La Caja Central no sólo dispone el reajuste del dividendo, sino también del capital prestado y de los seguros de incendio y desgravamen. Los intereses son elevadísimos, hasta tal grado que en ocasiones duplican la cifra de amortización. Citaremos aquí el caso de las 150 familias de Villa Santa Elena, en la comuna de Ñuñoa, que pagaron en 1964 la suma de Eº 45.000 por concepto de amortización, y Eº 108.000 por intereses. El grupo de 100 familias de la población Franklin, en la comuna de Maipú, consiguió hace dos años un préstamo de Eº 7.800 por cada una. En 1965, después de servir la deuda durante 24 meses, su monto por familia alcanza a Eº 12.000.
Existe un verdadero clamor entre los asignatarios CORVI o de las cajas de previsión y adquirentes por intermedio de las asociaciones de ahorro y préstamos, por terminar de una vez por todos con el nefasto sistema de reajustabilidad. En este sentido, la Central Unica de Trabajadores no ha hecho sino recoger esa aspiración mayoritaria, al consagrar entre los acuerdos adoptados por unanimidad en su Cuarto Congreso Nacional, en el mes de agosto de este año, la de "obtener la derogación del sistema de deudas reajustables vigentes en la CORVI, Caja Central de Ahorro y Préstamos y cajas de previsión, por haberse demostrado ser un mecanismo acelerador del proceso inflacionario".
Las cajas de previsión.
En lo relativo a las viviendas adquiridas por intermedio de las cajas de previsión, los efectos del sistema de reajustabilidad no son menos alarmantes. Un imponente a quien se concedió en mayo de 1961 un préstamo de Eº 17.472,52 y que en dos años ha cancelado la suma de Eº 2.362,05 por concepto de amortización e intereses, comprueba que el monto actual de su deuda asciende a Eº 26.465,80.
Estas informaciones me han sido proporcionadas por la "Unión de Juntas Vecinales de Santiago".
Los imponentes de las cajas de previsión se han visto, además, particularmente afectados por la fijación arbitraria de los precios de las casas. En 1963, la ley Nº 15.421 derogó el artículo 5º de la ley 15.163, que prohibía a las instituciones de previsión transferir los inmuebles a precios superiores a su costo efectivo. Tal reforma fue criticada por los imponentes, ya que venía a dejar el camino expedito a esas cajas para fijar a su arbitrio el precio de las viviendas que en adelante entregaren. Suprimida la regulación del precio que establecía la ley 15.163, se produjo para los imponentes una situación que ha hecho mucho más perjudiciales las consecuencias del sistema de reajustabili-dad, ya que los precios fijados por las cajas, que están muy por encima del costo de las viviendas, constituyen, a su vez, valores reajustables.
Nos permitimos mencionar el caso que afecta a miles de imponentes del grupo habitacional Unidad Vecinal Portales, de Santiago. Se ha producido el hecho inverosímil de que viviendas construidas y terminadas en una misma época, han sido entregadas por la Caja de Empleados Particulares en diversas etapas, entre las cuales median años de diferencia, con un aumento cada vez mayor de los precios, incremento que se añade al valor comercial fijado originariamente y que ya era superior a los costos. Las viviendas de este grupo habitacional, cuyos costos fluctúan entre 6 mil y 10 mil escudos, han sido entregadas por la Caja a precios que oscilan entre 11 mil y 26 mil escudos. Como puede observarse, el último precio mencionado duplica con creces el costo máximo. Faltan aún por entregar 8 "blocks", con capacidad aproximada para 600 familias. Entre los aspirantes a estas casas, existe verdadera alarma e inquietud ante la perspectiva de no poder afrontar los precios que en definitiva se les fijen y las alzas de dividendos ulteriores. Después de haber luchado tanto tiempo, esas familias se ven prácticamente en la imposibilidad de aceptar estas casas, por las cuales realizaron incontables sacrificios.
Hemos presentado indicación para establecer la obligación de las instituciones de previsión de entregar casas a sus imponentes al precio de costo de edificación, y otras referentes a reajustabilidad y seguro de desgravamen.
Deseamos poner término a la transformación de las instituciones estatales o que se benefician del sostén del Estado, en entidades predominantes mercantiles y especulativas, con abandono de su papel social.
En el proyecto que debatimos, se mantiene en lo substancial el sistema de la reajustablidad, aun cuando se pretenda paliarlo con un mecanismo de bonificaciones y subsidios dispuestos en los artículos 54 y 55. Sin embargo, la aplicación de las bonificaciones queda subordinada a la decisión que sobre el particular adopte el Presidente de la República. E! artículo 54 dispone que los dividendos "podrán bonificarse y subvencionarse en la forma, límites y demás condiciones que determine el Reglamento". En otras palabras, se mantiene la reajustabilidad como principio fundamental y se deja, en cambio, facultativa la posibilidad de bonificar y subvencionar.
Evidentemente, la nueva redacción del artículo es más completa, pues incluye a las asociaciones de ahorro y préstamos y a los organismos previsionales, y establece que en el Presupuesto se consignará anualmente la totalidad de los fondos destinados a esas bonificaciones y subvenciones.
Sin embargo, el problema central en este aspecto continúa siendo el establecimiento de la bonificación de carácter facultativo que depende de la voluntad del Presidente de la República, y la existencia de reajustes obligatorios.
Por otra parte, el artículo 55 establece que los depósitos para vivienda efectuados en instituciones de ahorro y los créditos hipotecarios otorgados por las mismas entidades y por los organismos previsionales, se reajustarán anualmente en el porcentaje equivalente a la variación que experimenten los índices de sueldos y salarios o de precios al consumidor, debiendo elegirse la cifra más baja, la cual se rebajará en una unidad y se despreciarán las fracciones.
Parecería más justo establecer el reajuste de los depósitos de acuerdo con la cifra más alta, en tanto que la más baja fuera considerada para los efectos de reajustar los dividendos.
Con todo, valoramos como un paso positivo el establecimiento o, por lo menos, el esbozo de un sistema que trata de adecuarse a la situación económica de cada familia, lo que está de acuerdo con el sentido social que debe inspirar toda política habitacional. Asimismo, estimamos un paso positivo que el monto de los dividendos, una vez modificados, no pueda exceder el 25% de la renta líquida del grupo familiar del deudor o 20% en el caso de las deudas hipotecarias provenientes de ventas de habitaciones construidas por la CORVI o financiadas con préstamos de la Corporación de Servicios Habitacionales o de las instituciones de previsión.
El proyecto establece, en los artículos 47 y 4º transitorio, que los funcionarios de otras reparticiones que pasen a trabajar en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, no sufrirán desmedro alguno en sus remuneraciones.
Esta es una disposición justa, que valorizamos. Estimamos, sin embargo, y así lo hicimos presente en la Comisión, que debe modificarse su redacción, a fin de resguardar mejor los derechos adquiridos de los funcionarios afectados por la reestructuración de servicios y que podrían resultar eventualmente perjudicados. Hemos formulado indicación respecto de los personales del Ministerio de Obras Públicas, que a fines del año pasado fueron reestructurados en virtud de la ley Nº 15.840.
Tengo a la mano una comunicación que me han enviado los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, en la cual hacen presente la inconveniencia de la disposición mediante la cual se faculta al Presidente de la República, para fijar anualmente las plantas de esa Secretaría de Estado. No me parece admisible que el Presidente de la República deba fijar cada año las plantas de esa repartición. Ello a mi juicio, obedece a un error de la Comisión, de modo que es necesario dejar establecido que el Primer Mandatario fijará, por una vez las plantas del personal.
Deseo hacer fe, en esta oportunidad, en las palabras del señor Ministro de Obras Públicas, quien manifestó en la Comisión, cuando se pretendió aplicar a dicho personal el Estatuto Administrativo, que habría equidad en el encasillamiento. Confío en sus palabras; espero que haya equidad, que se consideren la antigüedad y el buen comportamiento de los funcionarios para su encasillamiento. Que no ocurra que los funcionarios de última hora -y no me refiero a los profesionales, sino al personal administrativo- pasen a llevar a los demás, obteniendo el más alto grado del escalafón. El hecho de que en alguna oportunidad se haya adoptado un criterio semejante no constituye en modo alguno ejemplo edificante ni contribuye a estimular al personal que ha envejecido en una repartición pública. Los funcionarios que se han desempeñado durante muchos años en un Ministerio, que han observado buena conducta y han sido calificados en lista de mérito, deben ser considerados preferentemente en los encasillamientos. De no procederse así, se contribuye, en mi opinión, a convertir en malos funcionarios a quienes advierten que el nuevo personal pasa a ocupar cargos superiores en el escalafón, con rentas más altas que las percibidas por los que han cumplido muchos años de labor en una repartición.
Termino reiterando mi confianza en las palabras del señor Ministro en cuanto a que hará justicia, se respetará la antigüedad de los empleados y que el encasilla-miento será equitativo, tatito para los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas como para los de la Corporación de la Vivienda.
El señor FERRANDO.-
Es especialmente interesante la iniciación de la discusión particular del proyecto que tiene por objeto dar solución humana a un problema que afecta a tantos chilenos.
Se habla de un número de 500 mil viviendas, que benefician a alrededor de 2.800.000 personas. Son cifras que, miradas en sí mismas, parecen frías; pero, en verdad, tras ellas hay un drama humano que todos conocemos y que requiere con urgencia solución.
Pensamos que mediante la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y la unificación de casi todas las instituciones que parcialmente se han dedicado a este objeto -algunas de las cuales, por abarcar demasiadas materias sin tener la capacidad necesaria, no cumplen sus finalidades, según lo expresó el señor Ministro-, daremos la solución que el pueblo de Chile espera.
Al problema de la vivienda, como se lo llama, deberíamos cambiarle el primer sustantivo con que se enuncia. No creo que para nosotros deba ser un problema. Para los chilenos debiera convertirse en una empresa nacional en la cual estuviera comprometida toda la voluntad de quienes, de alguna manera, puedan influir en su solución.
El término "empresa" representa una actitud positiva frente a una desgracia o calamidad como ésta. Por eso, estimo que nadie puede restar su responsabilidad ante un hecho nacional; nadie puede negar su cooperación para solucionar el problema.
Es evidente que en la discusión de un planteamiento de esta naturaleza todos estamos acordes en la necesidad de llevar adelante la empresa. Pero puede haber - de hecho las hay- pequeñas diferencias en la apreciación de los medios y medidas para realizarla. Trataremos, en lo posible, de conciliar el máximo de voluntades, a fin de que esta empresa se lleve a cabo a corto plazo.
Como no quiero extenderme demasiado en esta exposición, para entrar pronto al debate particular del articulado, me referiré a tres o cuatro puntos de los que aquí se han tocado.
Con espíritu ampliamente social -en parte lo reconoce también el Honorable señor Víctor Contreras-, el Gobierno y todos estamos de acuerdo en que la vivienda es cara y que, muchas veces, hay quienes, por sus limitados recursos, no pueden pagar los dividendos necesarios. Por tal motivo, ha sido voluntad del Ejecutivo, expresamente planteada en el proyecto en discusión, establecer una bonificación que suplirá esa dificultad. Asimismo, se considera también una subvención para ciertos casos particulares, para suplir la escasez de recursos de los pobladores que tienen derecho a vivienda, y a quienes la nación tiene la obligación de entregarlas, pues, igual que todos, aspiran a tal derecho.
Respecto de un tema que esbozó el Honorable señor Chadwick con relación al ex Vicepresidente de la CORVI, deseo desechar la idea que puede haber quedado en el ambiente en el sentido de que su reemplazo obedeció a la presión de determinados intereses.
En verdad, el plan de viviendas se estaba retrasando, y ello obligó al Gobierno a cambiar a dicho funcionario, con todo el respeto y aprecio que siempre hemos tenido por la capacidad técnica, honradez y condiciones de hombría de bien del ex Vicepresidente de la CORVI a que se refirió el señor Senador.
Con relación al proyecto en debate, los señores Senadores han recibido múltiples comunicaciones de las distintas municipalidades del país, en que solicitan que no se cercenen, mediante esta iniciativa, las atribuciones de esas corporaciones. Nos es grato comprobar, como también se hizo en la Comisión durante el estudio del proyecto, que ninguna disposición cercena esas atribuciones. Por el contrario, numerosos artículos benefician la acción municipal y colaboran en ella.
Por último, con relación a las dudas que asaltaban al Honorable señor Víctor Contreras en cuanto al encasillamiento del nuevo personal, en el proyecto se han considerado todas las medidas necesarias a fin de no cometer ninguna injusticia o postergación. Muy por el contrario de lo ' que teme el señor Senador, se cumplen todas las disposiciones que sobre la materia establecen el Estatuto Administrativo y las leyes especiales.
Por eso, entramos al estudio del proyecto del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo con la mayor confianza, en la seguridad de que dicha iniciativa, en el fondo, representa los anhelos de todos los miembros del Senado, de todas sus corrientes de opinión.
Las pequeñas discrepancias que pudieran existir, estoy seguro de que serán subsanadas mediante el diálogo democrático en esta sala.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde entrar, de inmediato, a la discusión particular del proyecto. Como la Comisión, en su segundo informe, propuso aprobar la mayoría de los artículos, sugiero que éstos se den por aprobados para así debatir sólo las disposiciones en que haya indicaciones renovadas o que algún señor Senador juzgue conveniente trataren particular.
El señor GOMEZ.-
Ese sería un buen camino.
El señor GARCIA (Presidente).-
Acordado.
En discusión particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-
¿Me permite, señor Presidente?
En la revisión del segundo informe del proyecto, hemos reparado en una disposición que nos merece dudas y que deberíamos votar separadamente. Me refiero al artículo 45.
El señor WALKER (Prosecretario).-
¿Me permite, señor Senador?
El artículo 45 fue objeto de indicaciones rechazadas, que no se han renovado.
El señor CHADWICK.-
Desearía que esta disposición se votara separadamente, pues dispone que la planta del personal del Ministerio de la Vivienda se fijará anualmente por el Presidente de la República.
A mi juicio, aquí hay un error de transcripción. La voluntad de la Comisión fue facultar al Jefe del Estado para fijar la planta por una sola vez, pero no dejarla en la condición precaria de necesitar cada añe un acto del Primer Mandatario para mantenerla o modificarla.
Ruego al señor Presidente recabar el asentimiento unánime de la Sala para examinar este artículo, con el buen propósito de buscarle una solución racional y justa.
El señor WALKER (Prosecretario).-
Este artículo fue materia de indicaciones rechazadas. Si éstas no se renuevan, queda tácitamente aprobado.
El señor LUENGO.-
Tengo entendido que en la discusión particular debe debatirse artículo por artículo.
El señor WALKER (Prosecretario).-
En la discusión particular debe discutirse cada modificación propuesta por la Comisión en el segundo informe.
Los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones ya fueron aprobados.
El señor LUENGO.-
En todo caso, tendríamos que ver cuales artículos necesitan discusión.
El señor WALKER (Prosecretario).-
Exactamente. Todas las modificaciones propuestas por la Comisión en el segundo informe deben ser consideradas por el Senado, como también las indicaciones renovadas reglamentariamente.
El señor LUENGO.-
Pero si hay unanimidad, podemos discutir cualquier artículo, aunque no haya sido objeto de indicaciones.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Es el caso planteado por el Honorable señor Chadwick. Se necesita acuerdo unánime del Senado para tratar el artículo mencionado por Su Señoría.
El señor LUENGO.-
Por lo menos, se puede plantear el asunto para ver si hay unanimidad.
El señor GOMEZ.-
Las bancas radicales apoyarán todas las peticiones para discutir determinados artículos.
El señor CURTI.-
Las bancas, no más, porque Senadores no hay.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
En mi intervención me referí al artículo 45. Creo que no fue suficientemente clara nuestra actitud en el debate general en la Comisión, porque, tal como quedó redactado el precepto, se faculta al Presidente de la República para fijar anualmente la planta del Ministerio que se crea. Según mi parecer, debió autorizarse al Jefe del Estado para fijarla por una sola vez.
El señor CHADWICK.-
Para fijar la planta, nada más.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Sería contraproducente hacerlo todos los año.
El señor COLLADOS (Ministro de Obras Públicas).-
Deseo explicar la intención del Ejecutivo y por qué razón la palabra "anualmente" figura en el artículo.
La ley 15.840, que creó la Dirección General de Obras Públicas, estableció y fijó por una sola vez la planta de esa repartición. Pero el caso del Ministerio de la Vivienda es del todo diferente.
En mi exposición sobre el aspecto general del proyecto, dije que crearemos dicho Ministerio en la forma más elemental posible y que deberá crecer de acuerdo con las necesidades que surjan y las funciones o tareas que se le impongan.
Es distinta la situación de un Ministerio ya establecido en toda su integridad, como el de Obras Públicas, que tiene decenios de tradición en el trabajo y que ya tenía empleados suficientes para cumplir sus funciones, que la de una repartición que se crea. En este caso, estaríamos ante el dilema de crear una burocracia abundante e innecesaria en este momento, en consideración al número de empleados que podríamos necesitar de aquí a cinco años, o una demasiado reducida, que sería insuficiente. Nos parece que por lo menos en el período de experimentación y formación del Ministerio es necesaria la facultad de fijar anualmente la planta.
El peligro de que mediante la fijación de la planta se cometan injusticias está salvado claramente en el articulado. En efecto, se dispone en él que nadie podrá perder en sus remuneraciones ni en su estatuto jurídico y, además, que deberán res petarse todas las disposiciones del Estatuto Administrativo sobre antigüedad y mérito de los funcionarios.
A mi juicio, se amarraría innecesariamente al Ejecutivo si se lo obligara a fijar por una sola vez la planta, pues ésta podría resultar excesivamente estrecha para el futuro o demasiado voluminosa en el presente.
El señor CHADWICK.-
A fin de ordenar el debate, sería necesario saber si hay acuerdo para admitir a discusión este artículo, con el objeto de analizar en seguida las razones que abonan su aprobación o rechazo.
Las observaciones del señor Ministro son dignas de un examen detenido, pero no podemos hacerlo si no hay unanimidad.
El señor PALMA.-
Podría producirse el acuerdo cuando corresponda discutir el artículo 45. Antes, debemos pronunciarnos sobre muchas otras materias, que, a mi juicio, pueden facilitar extraordinariamente el debate.
El señor LUENGO.-
De acuerdo con la información que se nos dio hace algunos momentos, tendríamos que discutir los artículos objeto de modificaciones o indicaciones renovadas. Pero, según el segundo informe, los preceptos por debatir empiezan en el 54,
El señor WALKER (Prosecretario).-
No, señor Senador. En el artículo 2º, que figura en la página 17.
El señor LUENGO.-
En todo caso, el artículo 45 no está entre aquellos de discusión obligatoria.
El señor WALKER (Prosecretario).-
No se debe discutir ese precepto, salvo que se renueve indicación. Si no, queda tácitamente aprobado.
El señor LUENGO.-
A fin de establecer si hay acuerdo o no lo hay para discutir tal artículo, debe permitirse un pequeño debate.
El señor CURTI.-
Cuando llegue el momento oportuno.
El señor LUENGO.-
El señor Ministro ha opinado al respecto en el sentido de que debe mantenerse el artículo sin modificaciones. Como algunos Senadores discrepamos de ese criterio, queremos decir algunas palabras sobre el particular con el propósito de ver si la Sala concuerda con nosotros y presta su acuerdo unánime a fin de modificarlo o no.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
En la discusión particular, debemos considerar todos los artículos en que han recaído modificaciones o indicaciones renovadas.
En consecuencia, me parece lógico plantear la apertura de debate sobre el artículo 45 cuando lleguemos a él.
Comenzaremos, pues, a tratar los artículos según el orden correspondiente.
Desde luego, solicito el acuerdo de la Sala para dar por aprobado todo lo propuesto por la Comisión.
La señora CAMPUSANO.-
Con excepción del artículo 45.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Lo dejaremos pendiente para el momento oportuno.
La señora CAMPUSANO.-
Era pillería la que quería hacer el Honorable señor Palma.
El señor PALMA.-
No usemos esos términos. No estamos en una asamblea.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Si le parece al Senado, se aprobarán todos los artículos y modificaciones propuestos por la Comisión.
El señor CHADWICK.-
No hay acuerdo.
El señor WALKER (Prosecretario).-
En el artículo 2º la Comisión ha agregado el siguiente número 2, nuevo: "Proyectar, ejecutar y supervigilar todas las obras necesarias para el cumplimiento de sus fines".
En el número 7, ha reemplazado la frase "y regular y controlar el mercado de los mismos" por "y en la regularización y control del mercado de los mismos".
En el número 13, ha agregado, a continuación del punto y coma, la siguiente frase: "lo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la reglamentación, tuición y supervigilancia del ejercicio de la profesión de Corredores de Propiedades y de Productos".
-Se aprueba el artículo en la forma propuesta por la Comisión.
El señor WALKER (Prosecretario).-
En el artículo 4º, la Comisión ha reemplazado las palabras "labores de" por "materias que competen a".
-Se aprueba la modificación.
El señor WALKER (Prosecretario).- En el artículo 22, la Comisión ha propuesto el siguiente número 2, nuevo: "El Subsecretario del Ministerio".
Ha reemplazado los números 3 y 4 por los siguientes:
"4.- Un representante del Ministerio de Educación Pública;
"5.- Un representante del Ministerio de Salud Pública;"
Como número 25, final, ha agregado el siguiente: "Un representante del sector de adquirentes de viviendas a través de Asociaciones de Ahorro y Préstamos, propuesto por la Unión de Juntas Vecinales".
En el número 23, que pasa a ser 24, ha reemplazado el punto final por un punto y coma y se ha agregado la conjunción "y".
En el número 22, que pasa a ser 23, ha sustituido la coma por un punto y coma, suprimiendo la conjunción "y".
El señor Ministro de Obras Públicas ha renovado la indicación número 15, que figura en el boletín 21.882, para reemplazar este artículo en su totalidad.
El señor ALTAMIRANO.-
¿ Cuál es la diferencia entre ambos artículos?
La señora CAMPUSANO.-
Se elimina la representación de los trabajadores.
El señor LUENGO.-
En el número 9 de la indicación del señor Ministro, se dice que el Consejo Nacional de la Vivienda estará integrado, entre otras personas, por dos representantes de los trabajadores. En cambio, el artículo de la Comisión habla de dos representantes de los trabajadores designados por la Central Unica de Trabajadores.
Hay una diferencia obvia, que no es necesario explicar.
A nuestro juicio, si los trabajadores de Chile están organizados en la Central Unica de Trabajadores, es lógico que ella designe esos representantes, pues de otro modo lo haría el Gobierno, quien podría nombrar a personas que no tienen ninguna representación oficial.
A mi juicio, para que el Consejo de la Vivienda tenga una auténtica representación de los trabajadores, debemos mantener el criterio de la Comisión y, en consecuencia, aprobar lo propuesto por ella en el sentido de que los dos representantes de los obreros sean elegidos por la CUT.
El señor WALKER (Prosecretario).-
En el Nº 10 también hay una diferencia. La indicación del Ejecutivo dice: "Un representante del Sector Empresarial". El informe de la Comisión establece: "Dos representantes del sector empresarial: uno designado por la Cámara Chilena de la Construcción, y el otro por la Confederación de la Producción y el Comercio".
El señor GOMEZ.-
Hay acuerdo para mantener el criterio propuesto por la Comisión.
El señor CHADWICK.-
Al redactar este artículo, la Comisión tuvo en cuenta el respeto que a todos los sectores merece la CUT, por ser ésta la auténtica organización sindical de los obreros y empleados del país. No podemos explicarnos por qué el partido de Gobierno, que forma parte de ella, asiste a sus congresos y en su política oficial dice respetar la libre organización sindical, desconoce ahora la jerarquía y representación que corresponde a esa entidad. Nos resulta inexplicable esta conducta. Quisiera oír algún razonamiento que justifique tal hecho.
El señor GOMEZ.-
Nadie insiste. Hay acuerdo para mantener el criterio de la Comisión.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Durante el análisis del proyecto en las Comisiones, hubo acuerdo para designar dos representantes de la Central Unica de Trabajadores por ser ésta el organismo que representa a la mayoría de los obreros y, en general, a los asalariados del país.
Debo recordar algunas expresiones de mi estimado colega el Honorable señor Gumucio, quien, en sesión pasada, al referirse a los sindicatos paralelos, manifestó que el Partido Demócrata Cristiano respeta la organización obrera y en caso alguno ha prentendido dividir a los trabajadores. Por la contrario, aseveró que, su partido ha procurado mantener la unidad obrera.
Por mi parte, deseo que mis Honorables colegas pertenecientes al partido de Gobierno, comprendan la necesidad de aglutinar las fuerzas si es que en verdad el Ejecutivo desea cumplir el plan habitacional y que el Ministerio de la Vivienda surja como un organismo fuerte. Por lo tanto, la nueva Secretaría de Estado no sólo debe estar rodeada del fervor, cariño y entusiasmo de sus técnicos y funcionarios administrativos, sino también del calor y entusiasmo de los obreros, pues éstos últimos actuarán en forma directa en la ejecución de los planes gubernamentales.
Por eso, solicito de los señores Senadores de la Democracia Cristiana no insistir en su criterio, por cuanto ello sería atentar en contra de los intereses obreros, pese a que algunos personeros de esa colectividad política han declarado en varias ocasiones estar dispuestos a producir mayor acercamiento entre el Gobierno y los trabajadores. Pues bien, el despacho de este proyecto brinda la oportunidad de conceder a los trabajadores una participación efectiva y ello puede obtenerse -no cabe duda- por medio de la entidad gremial que mejor los representa, o sea, la Central Unica de Trabajadores.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación renovada. En caso de ser ésta rechazada, se dará por aprobado el artículo en la forma propuesta por el informe.
- (Durante la votación).
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Por las razones expuestas denantes, los Senadores comunistas votaremos en contra de la indicación renovada y por el mantenimiento del artículo propuesto en el informe.
Voto que no.
La señora CAMPUSANO.-
Resulta abismante el hecho de haberse renovado esta indicación, la cual, más que nada, representa el sentido de clase que anima al actual Gobierno.
La indicación se aparta del criterio perseguido por el proyecto en cuanto a la designación de representantes ante el Consejo Nacional de la Vivienda, pues mientras da representación, por medio de sus respectivos organismos gremiales, a los arquitectos, constructores civiles y otros profesionales, niega a los trabajadores el derecho a estar representados por personeros elegidos por su propia entidad sindical. Reitero que no hay otro organismo sindical gremal de los trabajadores en Chile, aparte la CUT.
Durante la última campaña presidencial, vimos carteles que decían: "El Gobierno del pueblo comienza con Frei". Pues bien, ahora, cuando el pueblo desea tener representación en el Ministerio de la Vivienda u otros organismos dependientes de dicha Secretaría de Estado, se le cierran todas las puertas. Consideramos inaceptable tal negativa y, por lo tanto, votamos en contra de la indicación renovada por el Ejecutivo.
El señor FERRANDO.-
Voto por la indicación renovada.
El señor ALTAMIRANO.-
¡0 sea, contra los trabajadores!
El señor PALMA.-
No podré votar, por estar pareado con el Honorable señor Corbalán.
El señor PRADO.-
Yo no voté, porque se me dijo que estaba pareado con el mismo señor Senador.
El señor PALMA.-
En tal caso, lo haré a favor de la indicación renovada, fundado en una razón que considero de estricta lógica y no, como han expresado algunos señores Senadores, por ser contrario a dar representación a los sectores obreros por medio de la Central Unica de Trabajadores. Es muy probable que ésta sea la única organización sindical estable existente en Chile.
Con todo, cabe advertir que la indicación renovada por el Ejecutivo tiene otro alcance: integrar el Consejo Nacional de la Vivienda exclusivamente con representantes de instituciones cuya existencia haya sido reconocida en forma legal.
La señora CAMPUSANO.-
Eso es más grave todavía.
El señor PALMA.-
Así, por ejemplo, la Comisión propuso en un principio que formaran parte del organismo que nos ocupa representantes de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Confederación de la Producción y el Comercio. Pero como puede apreciarse en la respectiva indicación, fue suprimida la representación de esas entidades por no tener existencia legal reconocida.
De modo que -repito -la indicación renovada tiene por finalidad llevar al
Consejo Nacional de la Vivienda a per-soneros de todas las organizaciones del país que tengan existencia jurídica.
Por tal motivo preferimos la disposición propuesta por el Gobierno, sin que ello implique negar toda posibilidad a los representantes de los trabajadores de ser miembros de la CUT.
El señor ALTAMIRANO.-
Voy a fundar el voto.
Lógicamente, votaremos en contra de la indicación del Ejecutivo, por cuanto éste se arroga el derecho de designar a los representantes de los trabajadores, en circunstancias de que existe un organismo de larga tradición, la Central Unica de Trabajadores de Chile, a la cual, en forma legítima, corresponde elegir a dichos representantes.
No podría decir que la votación de los señores Senadores de la Democracia Cristiana me parece inconcebible, pues desde hace tiempo es perfectamente concebible cualquiera decisión de dicho partido. En varias ocasiones ha demostrado el criterio netamente reaccionario que en la mayoría de sus actitudes lo anima, así como en su mentalidad contraria a la única organización responsable y seria de los trabajadores existente en nuestro país.
Cualesquiera que sean los argumentos que se esgriman, el hecho concreto es que la indicación tiene como consecuencia privar a la CUT de su derecho a designar representantes ante la entidad que se está creando. Como muy bien anota la Honorable señora Campusano, no se ha aplicado igual criterio respecto de los personeros que tendrá la representación de entidades reaccionarias y patronales, como son otras de las organizaciones enumeradas en el artículo en que incide la indicación.
Repito: nos parece inconcebible el criterio manifestado en esta votación por los señores Senadores que militan en la Democracia Cristiana. Es el mismo que hemos podido apreciar durante las labores legislativas de los últimos meses.
Voto, pues, en contra de la indicación renovada, que elimina a los representantes de la CUT en el Consejo Nacional de la Vivienda.
El señor LUENGO.-
Ya tuve oportunidad de referirme al objeto de la indicación: impedir que los representantes de los obreros sean designados por la Central Unida de Trabajadores, criterio que no pueda aceptar.
Hago presente que no sólo se niega participación a la CUT en el nombramiento de miembros del Consejo Nacional de la Vivienda, sino que igual negativa se ha manifestado respecto de dos casos que mencionaré.
El número 11 se refiere a la designación del representante de la Confederación de Cooperativas de Viviendas. Al respecto, el Ejecutivo formuló indicación en la que no especifica la manera de nombrar a dicho representante, lo cual, en la práctica, significa que lo hará el propio Ejecutivo, vale decir, será de su libre elección. Lo propuesto primitivamente era distinto, pues el representante de esas cooperativas debería ser elegido por la Confederación mencionada.
Por otra parte, el número 20 del proyecto aprobado por las Comisiones disponía el nombramiento de tres representantes de los municipios por intermedio de la Confederación de Municipalidades, y agregaba que serían elegidos, en su caso, por las municipalidades del norte, centro y sur del país. Sin duda, la finalidad del artículo fue dar representación a todos los municipios de Chile. No obstante, la indicación del Ejecutivo redujo a uno el representante de dicha Confederación y nada dispuso en lo tocante a la forma de elegirlo.
En mi opinión, el criterio seguido en los casos señalados se contradice con lo expresado por el Honorable señor Ferrando, en el sentido de que el proyecto pretende respetar las atribuciones de las municipalidades y dar participación a los organismos comunales en las tareas de las nuevas reparticiones encargadas de ejecutar el plan habitacional.
Me parece que el Ejecutivo ha procedido muy mal respecto del Senado, pese al absoluto respaldo que esta alta Corporación ha dado al proyecto en debate y a las declaraciones hechas por varios señores Senadores en cuanto a que están dispuestos a procurar despacharlo en la mejor forma, para aliviar en forma efectiva el problema habitacional.
Por las razones expuestas, voto que no.
El señor FONCEA.-
Al fundar mi voto deseo expresar, en primer término, que personalmente no comparto las afirmaciones tan categóricas de que la CUT representa a todos los sectores de asalariados del país. Las estadísticas son muy claras y no pueden ser rebatidas: Sólo el seis por ciento -aún menos, el 5,6%- de los asalariados reconocen filas en esa organización sindical. Este antecedente debería ser reconocido por quienes enjuician la posición de los parlamentarios de estos bancos. Por' lo demás, quiero repetir algo de meridiana evidencia: cada cual puede tener su criterio sobre el particular. Ni el Honorable señor Altamirano ni ningún otro señor Senador pueden venir a sentar cátedra sobre la forma como debemos actuar.
El señor ALTAMIRANO.-
Estoy señalando mi criterio.
El señor FONCEA.-
Si así fuera, significaría que nosotros estaríamos demás, pues deberíamos actuar como desean Sus Señorías.
La señora CAMPUSANO.-
No estaría en la Democracia Cristiana, si pensara como nosotros.
El señor FONCEA.-
Tan cierto es lo sostenido por ciertos sectores realmente
mayoritarios dentro de la clase obrera, en orden a que esta organización está absolutamente politizada, que quisiera rebordar en esta oportunidad, que cuando asumió la Primera Magistratura el actual Presidente de la República, se propuso en el seno de la Central Unica de Trabajadores que dicho organismo concurriera a visitar al Primer Mandatario, a fin de plantearle sus aspiraciones. Esa insinuación, hecha por uno de los consejeros de esa época, el señor Emiliano Caballero, fue rechazada, no obstante que durante la Administración del señor Alessandri la Central Unica de Trabajadores concurrió en muchas oportunidades a La Moneda, dentro de las normas democráticas que felizmente imperan en nuestro país, para plantear toda clase de posiciones. No se nos venga, pues, a decir que estamos atentando contra, la clase obrera. Si 96% ó 95% de los trabajadores no reconocen filas dentro de la CUT, ¿cómo puede dársele una representación total y absoluta? La solución justa, que lamentablemente ya no puede prosperar en este trámite de la discusión, habría sido que uno de esos dos representantes obreros fuera designado por la Central en referencia, y el otro por el resto de los trabajadores, que -repito- constituyen la gran mayoría y pertenecen a sindicatos no afiliados a la CUT.
Por estas razones -no por disciplina, sino a conciencia-, voto afirmativamente.
El señor CHADWICK. _
Como soy contrario a la indicación del Ejecutivo en el artículo que estamos tratando, quiero agregar que el argumento dado por el Honorable señor Foncea no tiene consistencia, pues la representación de los trabajadores, para que la designación sea seria, debe emanar de un organismo que dé autoridad a los delegados para hablar en nombre de aquéllos. Como en Chile hay sólo una central de trabajadores, porque ningún otro organismo reúne en su seno a los diferentes sindicatos. . .
El señor FONCEA.-
Sí, hay.
El señor CHADWICK.-
. . . con carácter nacional, la CUT es la única entidad con suficiente amplitud para atribuir a uno de sus delegados la calidad de representante de los trabajadores.
En consecuencia, votaremos en contra de la indicación y rechazamos la idea de que los trabajadores puedan estar representados sino por los delegados de sus respectivos organismos gremiales.
En cuanto a las visitas que la Central Unica de Trabajadores habría hecho a La Moneda en regímenes anteriores, debo decir que dicho organismo nunca se ha negado a intervenir ante los Gobiernos. Si durante esta Administración se la hubiera llamado a colaborar en la solución de algún problema específico, por ejemplo, en la última huelga de los trabajadores portuarios, seguramente habría aceptado, pues, como he dicho, nunca ha negado su colaboración responsable en la consideración de los problemas sociales de orden sindical.
Voto en contra de la indicación.
-Se rechaza la indicación y se aprueba el informe (7 votos por la negativa, 5 por la afirmativa, y 2 pareos).
El señor GOMEZ.-
Antes de levantarse la sesión, quiero decir que la experiencia dejada por el debate de esta indicación demuestra que el procedimiento correcto era el propuesto por Su Señoría, en el sentido de dar por aprobado el proyecto, salvo en aquellos artículos en que se hubiera deseado reabrir debate.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Se levanta la sesión.
"
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/ley-16391
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2864
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2346
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1450
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/677
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1224
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3202
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2769
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3200
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/323
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1933
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/179
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/325
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2967
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/4404
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/322
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3465
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/957
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/corporacion-de-servicios-habitacionales
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/corporacion-de-mejoramiento-urbano
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/corporacion-de-la-vivienda
- rdf:type = bcnses:SeccionProyectoDeLey
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso