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El señor WALKER (Prosecretario).-
Corresponde tratar el proyecto, despachado por la Cámara de Diputados, por el cual se aprueba el cálculo de entradas y el presupuesto de gastos de la nación para 1966.
-El proyecto y los oficios de la Cámara de Diputados figuran en los Anexos de esta sesión, documentos Nºs. 1, 2 y 3, páginas 2449, 2474 y 2475.
El señor REYES (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor ENRIQUEZ.-
¿Cómo se efectuará la votación?
El señor REYES (Presidente).-
Por el momento, estamos en la discusión general. Podrían votarse separadamente aquellos artículos aprobados por la Cámara de Diputados en forma diferente de los despachados por la Comisión Mixta de Presupuestos, y en el orden correlativo correspondiente.
El señor ENRIQUEZ.-
Es decir, se votaría separadamente cada enmienda introducida por la Cámara al proyecto aprobado por la Comisión Mixta.
El señor REYES (Presidente).-
Exactamente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general.
- (Durante la votación).
El señor GOMEZ.-
¿Se vota lo propuesto por la Comisión Mixta?
El señor WALKER (Prosecretario).-
Se vota en general el proyecto.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Se vota la idea de legislar.
El señor ENRIQUEZ.-
La ley de Presupuestos no se puede rechazar en bloque, porque ello equivaldría a declarar la revolución en el país.
-Se aprueba en general el proyecto (21 votos por la afirmativa).
El señor WALKER (Prosecretario).-
El artículo 1º contiene el cálculo de entradas y el presupuesto de gastos de la nación, tanto en moneda corriente como en moneda extranjera.
Respecto de este artículo, la Cámara comunica que ha aprobado las partidas correspondientes al Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría General de la República y Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Obras Públicas, Agricultura y Tierras y Colonización, Trabajo y Previsión Social, Salud Pública y Vivienda y Urbanismo, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión Mixta de Presupuestos.
Se aprueban las partidas mencionadas.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Me parece oportuno hacer algunas observaciones que bien pude haber formulado en la Comisión Mixta de Presupuestos.
Según la ley orgánica de Presupuestos, los gastos correspondientes a dicha ley tienen duración sólo por el año de ejercicio de ésta, salvo que preceptos de carácter permanente dispongan lo contrario. Lo digo porque mediante la ley de Presupuestos se está legislando en forma permanente respecto de la creación de nuevos servicios y de la adopción de otras disposiciones, lo cual rebasa el marco pro. pío de esa ley. Por tal motivo, deseaba formular indicación para consignar el precepto siguiente; "Los gastos consultados en la ley de Presupuestos tienen sólo validez por el plazo de ejercicio de ésta, salvo aquellos que obedecen a leyes de carácter permanente". En sentido estricto es innecesario este precepto, por estar contenido en la ley orgánica de Presupuestos, pero hay interés práctico en estamparlo, porque se está incurriendo en verdadera corrupción en el ejercicio administrativo del país. Dejo, pues, formulada esta indicación.
El señor REYES (Presidente).-
¿La indicación del señor Senador se refiere a las partidas ya aprobadas?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Se refiere a la ley de Presupuestos en general.
El señor REYES (Presidente).-
Entonces, se someterá oportunamente a votación.
El señor WALKER (Prosecretario).-
En la partida "Presidencia de la República", la Cámara de Diputados ha aumentado a Eº 4.518.000 el ítem 01/01/04, y en su glosa interna ha reemplazado las cifras "9" y "170" por "190" y "240", respectivamente. En ¡a misma glosa, ha agregado, después de la expresión "asimiladas a", la frase "categoría o", y eliminado la frase final, que dice "y otras remuneraciones".
La glosa decía: "Con este ítem se podrá contratar hasta 9 personas asimiladas a grados y 170 a honorarios y otras remuneraciones".
El ítem aumentado por la Cámara a la cifra mencionada, era de Eº 909.800.
El señor REYES (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor ALTAMIRANO.-
Nos hemos opuesto a continuar manteniendo en los presupuestos del país una situación abiertamente anómala, cual es la de que existan dos Administraciones Públicas; una, sujeta al Estatuto Administrativo y con remuneraciones relativamente módicas, y otra, por medio de la cual se contrata a personal asimilado a categoría o con honorarios que no se sujetan a aquel estatuto y que, en algunos casos, ascienden a cifras extraordinariamente altas.
A nuestro juicio, si es necesario crear una oficina de planificación a nivel presidencial, como se dice ahora, debe enviarse el proyecto respectivo, pero ,no es posible establecer todos los años en el Presupuesto una autorización para contratar un número sumamente alto de técnicos. En efecto, por concepto de asesoría a la Presidencia de la República, ya existen más técnicos, por ejemplo, que en la Corporación de Fomento de la Producción, en forma, como digo, absolutamente irregular.
En la Comisión Mixta de Presupuestos, propusimos agregar una glosa que permitiera girar los fondos existentes en el respectivo ítem por el primer semestre de este año, de manera tal que el Gobierno quedara obligado a enviar un proyecto de ley para crear la Oficina de Planificación, dentro de ese lapso, y en caso de hacerlo así, que pudiera girar los gastos correspondientes al segundo semestre. En el oficio final, el Gobierno no sólo mantuvo su criterio, sino que solicitó un aumento extraordinariamente alto, pues si bien el proyecto primitivo permitía contratar 9 personas asimiladas a categoría y 190 a honorarios, el oficio en referencia aumentó las 9 a 170 y las 190 a 240. En consecuencia, se podrán contratar, al margen de todas las disposiciones vigentes en.la Administración Pública, más de 400 personas.
Nos opondremos a ese aumento, pues, como ya lo hemos dicho, mediante tal mecanismo se están creando dos Administraciones Públicas.
No hemos formulado la misma objeción respecto de todos los Ministerios, a pesar de existir en cada uno de ellos un número extraordinariamente elevado de personas que podrán ser contratadas en tales condiciones, me atrevería a asegurar que más de mil en toda la Administración Pública.
Hace más de 4 meses, un Senador de nuestro partido solicitó de la Contraloría General de la República que enviara la nómina de los técnicos contratados, no sólo en los servicios fiscales, sino también en los semifiscales y autónomos. Es tan inmensa la lista -según tengo entendido, tiene más de 50 páginas-, que a pesar de haber sido pedida hace más o menos 3 meses, hasta el momento aquella repartición no la ha podido entregar. Me he preocupado, en especial por medio de la Oficina de Informaciones del Senado, de urgir al citado organismo contralor, pues habría sido muy interesante para los señores Senadores haber tenido a la vista, en esta oportunidad, esa lista monstruosa, en que se establecen gastos por honorarios extraordinariamente altos con relación a los sueldos pagados normalmente en la Administración. Como digo, la Contraloría General de la República no ha podido enviarnos hasta este instante, por desgracia, la lista solicitada.
Por las razones expuestas, nos oponemos a este aumento extraordinario de los gastos de la Presidencia de la República y a una situación absolutamente anómala, como es la de permitir contratar persona] en las condiciones señaladas.
El señor BOSSAY.-
La aprobación por la Cámara de Diputados del precepto que aumenta, de Eº 910.000, a E° 4.518.000 el ítem destinado a la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, no sólo llama la atención del Parlamento -imagino que también la de la opinión pública-, sino que es clara demostración del espíritu del Ejecutivo de legislar en forma totalmente contraria a la tradición, a las normas, a la costumbre y a lo que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, procede hacer en estos casos.
Se ha creado un servicio público con personal a contrata, en apariencia, para realizar estudios de orden económico. Sin embargo, en la práctica, de acuerdo con una lista proporcionada a la Primera Subcomisión de la Comisión Mixta de Presupuestos, se trata de una oficina de propaganda, pues las personas especialistas en publicidad que trabajan en ella, que aparentemente debería efectuar otros estudios, llegaran casi a 90%.
Como ha planteado el Honorable señor Altamirano, la Comisión estimó que esta forma de legislar, de crear mediante la ley de Presupuestos, cuya vigencia es de sólo 12 meses, un servicio con funciones de orden permanente, es injustificada, inconstitucional y anormal. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que el oficio final del Ejecutivo, primero, y la Cámara de Diputados, después, no sólo mantienen la Oficina de Planificación, sino que elevan su costo, de Eº 910.000, a Eº 4.518.000 y aumentan los funcionarios, de 9, a 170 y, de 190, a 240, respectivamente.
En nuestro concepto, al anunciarse la posible creación de esa oficina cuando se envió el proyecto de facultades extraordinarias, habría sido más lógico haber presentado, como se hizo respecto del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el proyecto de ley respectivo, a fin de que el Parlamento conociera la finalidad de dicho servicio, su composición y su costo real y procurara que cada funcionario ocupara un cargo apropiado para las funciones que le correspondía.
En todo el proyecto de ley de Presupuestos hemos encontrado una especie de contrabando : en cada Ministerio -en la Secretaría General, en este caso- hemos visto tal número de funcionarios contratados, que pareciera existir algo así como una inflación de personal a contrata. Ya se dijo en la Sala que la lista de funcionarios técnicos contratados por los servicios autónomos es tan enorme, que todavía la Contraloría no puede enviarla.
Si bien el conocimiento de las personas que forman parte de la Oficina de Planificación, de los cargos que ocupan y los sueldos que ganan causó verdadero impacto en la opinión pública, el día en que se conozca la lista que debe enviar la Contraloría, la repercusión será inmensamente superior.
No sólo despachamos el proyecto que creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, sino que colaboramos para mejorar la legislación propuesta. Escuchamos las palabras del Ministro señor Modesto Collados y de otros personeros del Gobierno, quienes expresaron su satisfacción por el texto despachado por el Congreso Nacional. En igual forma, si el Ejecutivo nos envía una iniciativa para crear este nuevo servicio a nivel de la Presidencia de la República, no sólo lo despacharemos, sino que, además de tomar conocimiento, como es nuestra obligación constitucional, de su razón de ser, de sus funcionarios, sueldos y tareas, procuraremos adecuarlo a la realidad de nuestra situación económica.
En realidad, resulta absurdo argumentar que existen dificultades para pagar los sueldos de diciembre, que no se puede conceder un aguinaldo de Pascua y que en lo futuro deberemos hacer economías, para otorgarlos sobre la base de disminuir los egresos, cuando vemos aumentar, de una semana a otra, de Eº 910.000, a 4.518.000 los gastos de una oficina, a causa de la contratación de una enorme cantidad de funcionarios con sueldos que llegan hasta tres mil escudos mensuales.
Hoy día conocí un caso, entre los varios que hay en la Intendencia de Valparaíso -cada señor Parlamentario conoce alguno-, y lo cito ahora aprovechando la presencia del señor Ministro del Interior. Me refiero a un funcionario a contrata, de cuya honorabilidad nada podemos decir, fundador de la Democracia Cristiana y, seguramente, lleno de méritos, a quien se ha comunicado que desde el último lugar en que se encontraba, asciende a quinta categoría, desde el 1° de enero. Agradecería al señor Ministro investigar al respecto y verificar si mi información es falsa o verdadera. En otras palabras, dicho funcionario, recién ingresado a la Administración Pública, se coloca de la noche a la mañana más allá que los secretarios de Intendencia y los gobernadores, sin duda por tener méritos que no le podemos negar, pero que pueden ser de carácter estrictamente político.
Pero la importancia del ítem que estamos estudiando en este momento, como la de los que se proponen en casi todos los Ministerios, reside en que contradice en absoluto las afirmaciones del Gobierno sobre angustia de la caja fiscal debido al menor ingreso por concepto del impuesto al patrimonio y otros tributos. Si ello fuera efectivo, el Gobierno debería actuar en sentido inverso: tratar de cumplir sus funciones con ahorro verdadero y permanente, y no aumentar gastos, de Eº 900.000, a Eº 4.500.000.
Por la consideraciones expuestas y a fin de despachar esta tarde el proyecto de ley de Presupuestos, en su segundo trámite constitucional, manifestamos nuestros votos contrarios a esta disposición.
El señor PALMA.-
Comprendo perfectamente el deseo de los señores Senadores, para el buen orden de la Administración Pública, de que todos los funcionarios figuren en una planta única, perfectamente conocida y estable.
Por desgracia, desde hace muchos años ha habido necesidad, por las funciones variadas que cada día va tomando el Estado y que dicen relación a aspectos económicos fundamentales, de establecer una planta de personas que se contraten por períodos limitados, muchas veces a honorarios o a contrata.
No estuve en la Subcomisión que estudió el problema relacionado con la Presidencia de la República. Pero aquí está el señor secretario de la Comisión que conoció el presupuesto de educación. Si mi memoria no me es infiel, de 700 funcionarios que aparecían en un informe de la Contraloría como contratados a honorarios o a contrata por e! Ministerio de Educación Pública, según los datos suministrados en esa Comisión, 620 correspondían a la Universidad de Chile y sólo 80 a la Secretaría de Estado en referencia.
Con ello no pretendo formular críticas a la Universidad de Chile. A mi juicio, tanto ella como el Estado están enfrentados a un problema de transformación, a la necesidad de contratar, por un lapso limitado, a técnicos o especialistas que emitan informes, estudien determinados problemas, etcétera, lo cual produce, en forma inevitable, esta situación, que se presenta todos los años.
No veo por qué ahora, cuando todos los datos se empiezan a ordenar y se dice que el objetivo perseguido es organizar a nivel de la Presidencia de la República una buena oficina de planificación de la economía, adquieren carácter extraordinario y excepcional procedimientos que se han aplicado todos los años.
En el estudio del presupuesto del Ministerio de Educación, también tuvimos oportunidad de ver los sueldos, muchos de los cuales corresponden a los que en general paga la empresa privada a los técnicos, quienes, cuando el Estado no logra darles una remuneración semejante, son succionados por el sector privado. Sólo deseo dar este dato del Ministerio de Educación Pública, para contribuir, si fuera posible, a disminuir los escrúpulos, que encuentro perfectamente justificados, de mis Honorables colegas, frente a un procedimiento que ha sido normal todos los años.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente, habría sido hermoso poder mantener la tradición del Senado de aprobar los gastos de la Presidencia de la República y conservar, así, la cordial deferencia que los poderes del Estado se deben entre sí. Por desgracia, no es posible ahora mantener tal tradición, por cuanto se ha vuelto a repetir, en el presupuesto de este año, lo que se señaló al discutirse el de 1965.
En el oficio final enviado por el Ministro de Hacienda a conocimiento del Congreso Nacional, en el rubro "Presidencia de la República", se lee lo siguiente: "Con las modificaciones introducidas anteriormente, el total del presupuesto correspondiente de la Presidencia de la República para 1966 sube a Eº 8.961.000, lo que significa un mayor gasto de 6.182.000".
Lo anterior indica que la Presidencia de la República ha cuadruplicado sus gastos corrientes, y significa incurrir en un vicio que se ha combatido tenazmente en la organización de la Administración Pública chilena; la duplicidad de funciones.
Cuando el actual Gobierno inició sus funciones, se estimó conveniente permitirle la formulación de todos sus planes, pero se le señalaron los riesgos que involucraba caer en esa duplicidad. El país ha creado, en largos años de sacrificios y experiencias, un organismo técnico de prestigio mundial, que ha sido copiado por numerosas naciones americanas y que, precisamente, avala el crédito nacional: la Corporación de Fomento.
Préstamos solicitados por la Corporación de la Reforma Agraria, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Empresa de Comercio Agrícola, etcétera, no son concedidos directamente a esas entidades, sino a la CORFO, la cual los traspasa a los organismos estatales mencionados. Ello representa la prueba evidente del prestigio que esta notable institución tiene en el concierto internacional.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
¿Ha entregado aval la CORFO por los préstamos que ha solicitado y que, como indica Su Señoría, han sido otorgados por el interés del país?
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Indudablemente, la CORFO está autorizada por ley y se le fija la cuota de fondos suficiente para avalar los créditos del Estado. Si no me equivoco, el artículo 55 de este proyecto de ley consigna una autorización para otorgar ese aval, porque algunos de sus créditos se encuentran vencidos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Entonces, no es el fisco, sino la CORFO la que avala.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
En la práctica, es la CORFO la que avala.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Y, concretamente, el país.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
El esfuerzo del país, la calidad de sus técnicos e ingenieros, ha permitido formar el capital de prestigio, de experiencias y conocimientos de la CORFO, lo que ha sido probado no sólo mediante la ejecución de empresas difíciles que ha debido afrontar la nación, como lo fue, por ejemplo, la reconstrucción del sur después de los sismos de 1960, sino también en la realización de proyectos de gran envergadura de la actividad nacional : la electrificación, el petróleo, la industria azucarera, la industria siderúrgica, etcétera. Sin embargo, en un país pobre como el nuestro, en los mismos instantes en que el Ministro de Hacienda ha debido podar el presupuesto de la CORFO de 1965, por la suma de 50 millones de escudos, con lo cual se perturba una serie de planes de alto interés nacional, como es el fomento de la pesca, de la industria petrolera y, particularmente, los de construcción de nuevas fábricas de azúcar, nos encontramos con que se continúa duplicando la Administración Pública y se mantiene en la Presidencia de la República una oficina de planificación cuya existencia no se justifica, pues significa, lisa y llanamente, competencia irrisoria a la CORFO, ya que esa oficina jamás podrá realizar la labor desarrollada hasta ahora por la Corporación.
La Oficina de Planificación cuesta una suma de escudos que son indispensables para el financiamiento de otros planes. Los sueldos de que goza su personal no corresponden a los que se paga a los demás servidores del Estado. Generales de División, que han encanecido al servicio de la República; directores de servicios, con más de 25 ó 30 años en la Administración Pública, ganan mucho menos que esos funcionarios, la mayoría de los cuales han ingresado a la Presidencia de la República sin antecedentes de ninguna especie. Por desgracia, ese organismo no tiene planes de estudio de determinados problemas o proyectos y carece de programas útiles para el desarrollo de la economía del país, solicitados por organismos extranjeros. Es la CORFO la entidad que centraliza las peticiones que en tal sentido formulan las instituciones del crédito internacional y es ella la que ha realizado, por ejemplo, el plan ganadero, el plan agrícola, etcétera. En realidad, se trata de un personal que está desarrollando funciones de propaganda y agitación a lo largo del país, con los resultados que todos conocemos.
Por eso, deplorando no poder mantener la tradición de respetar escrupulosamente los presupuestos de la Presidencia de la República y no introducir en ellos la mínima enmienda, nos vemos obligados a votar en contra de las partidas indicadas.
El señor GUMUCIO.-
Deseo rectificar lo que se ha afirmado aquí en el sentido de que para el personal pagado a honorarios o a contrata no rige el Estatuto Administrativo. En realidad, éste se aplica a todo el personal de la Administración Pública. La diferencia está en que los sueldos y salarios del personal que figura en el ítem de contratas son pagados durante el año sólo por el tiempo que dura la contratación.
Por lo tanto, la afirmación hecha por el Honorable colega no responde a la realidad. Por lo demás, en el caso que se examina, los empleados a contrata o a honorarios son designados por decreto y en éste se establecen las condiciones en que se pagará la labor que ejecutarán.
Es un error que deseaba rectificar, a fin de que no haya dudas al respecto.
El señor ALTAMIRANO.-
Pero el Estatuto Administrativo no rige, por ejemplo, para las causales de desahucio.
El señor GUMUCIO.-
Rige para los sumarios, los permisos, los feriados, las medidas disciplinarias, la previsión…
El señor ALTAMIRANO.-
Para la previsión, no.
El señor GUMUCIO.-
Para la previsión también, Honorable Senador, porque el personal a contrata hace imposiciones en la Caja de Empleados Públicos, del mismo modo que el de planta. La diferencia radica en que los funcionarios de planta ocupan cargos permanentes creados en virtud de una ley, y los sueldos y salarios correspondientes también son consignados en ella. En cambio, los funcionarios a contrata y a honorario se remuneran con cargo a "Variables".
En seguida, no obstante no haber hecho un cálculo completo del pago consignado por ese concepto en el Presupuesto del año 1963, debo advertir que en todos los servicios figura el ítem de personal a contrata. No hay diferencia mayor en ese sentido.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
¿Se puede conocer la cifra de funcionarios contratados?
El señor LUENGO.-
Podríamos hacer una comparación entre el presupuesto de la Presidencia de la República de 1963 y el de ahora.
El señor GUMUCIO.-
Confieso que no conozco el detalle relacionado con los sueldos que se piensa pagar. Cualquiera afirmación en este sentido significa entrar al terreno de los pronósticos, por tratarse de una autorización de gastos de la cual todavía no se ha hecho uso. En verdad, los señores Senadores se están adelantando al pretender adivinar la forma como el Ejecutivo usará la facultad de contratar en el futuro personal para la Oficina de Planificación.
El señor LUENGO.-
¡No es muy difícil adivinarlo…!
El señor ALTAMIRANO.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
En realidad, ya tenemos el ejemplo concreto del año 1964. ¡Ahí está la lista de los honorarios que se pagaron! ¡De manera que no se trata de que estemos tratando de emular a Nostradamus…!
Además, no es efectivo lo que afirma Su Señoría en cuanto a que en los años anteriores también existía esta partida. Si bien es cierto que con el ítem 01/01/04 se pagaron horas extraordinarias, no lo es menos que el personal contratado en estas condiciones era mínimo. Por lo demás, el que anteriormente existiera un vicio, no justifica que éste se mantenga ahora, corregido y aumentado por 10 mil.
El señor GUMUCIO.-
Deploro tener que rectificar al señor Senador, pues con el ítem de contratas no se pueden pagar horas extraordinarias.
El señor ALTAMIRANO.-
Así es, Honorable Senador. El señor Ministro de Hacienda puede contestar. Esa fue la información que se nos dio cuando estudiamos todos los ítem.
El señor GUMUCIO.-
Es distinta la corruptela que existió en regímenes pasados. Al personal de planta se pagaba, a honorarios, una remuneración extra de la que ganaba por las 8 horas de trabajo.
El señor ALTAMIRANO.-
Con cargo a este ítem se pagaban y se están cancelando este año las horas extraordinarias. Que lo diga el señor Ministro de Hacienda de inmediato. Esa fue la información que se dio en forma reiterada.
El señor GUMUCIO.-
Legalmente, no se pueden pagar horas extraordinarias con cargo a ese ítem.
El señor ALTAMIRANO.-
Que quede constancia en la glosa, y estaremos de acuerdo, porque ésa fue la información repetida con insistencia cuando se estudió lo relativo al pago de horas extraordinarias. Fue el propio Ministro quien agregó la glosa.
El señor GUMUCIO.- No estoy en condiciones de responder respecto de ese punto. De acuerdo con lo que sé, no se pueden pagar horas extraordinarias al personal de planta con cargo al ítem de contrata y honorarios.
El señor ALTAMIRANO.-
Así es: se pagaron horas extraordinarias con cargo a ese ítem.
El señor GUMUCIO.-
En todo caso, en el articulado del presupuesto de este año se procura corregir esa situación -es posible que esté equivocado-, que subsiste desde hace varios años.
Lo básico es saber si este año -primero de la actual administración- se ha aumentado el número total de empleados públicos. ¿Sí o no? Tengo la impresión de que ésta es la primera vez que un Gobierno muestra verdadera sobriedad en este aspecto. Con anterioridad, se contrataban empleados y éstos pasaban a integrar las plantas permanentes mediante leyes especiales. Recuerdo, por ejemplo, el caso ocurrido en la Dirección de Industria y Comercio, donde se procedió a incorporar a la planta a todo el personal a contrata.
El señor GOMEZ.-
¿Por qué no pide oficiar a la Contraloría, señor Senador?
El señor GUMUCIO.-
Lo mismo ocurrió con el personal a contrata del Ministerio de Relaciones Exteriores, al cual se dio legalidad para pasar a integrar la planta permanente. Y todo esto, como consecuencia de que en el pasado no se tuvo el criterio tan fiscalizador que se aplica ahora.
El señor GOMEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
No podemos dejar pasar las expresiones vertidas por el Comité del partido de Gobierno respecto de este ítem.
El Honorable señor Gumucio dijo que había necesidad de planificar la economía. No sé si hacer una revolución en la Administración Pública sea uno de los signos de la llamada "revolución en Libertad". Entiendo que los Gobiernos planifican sus programas cuando son Oposición, antes de llegar al Poder, y en seguida los ejecutan por intermedio de los Ministros. Aquí, en cambio, se hace a un lado a los Ministros, según ha manifestado el Honorable señor Palma, y en la Presidencia de la República se sigue planificando. ¿Planificando qué? ¿Los Gobiernos son para ejecutar o para hacer planes?
El señor GUMUCIO.-
Para coordinar, también.
El señor GOMEZ.-
¿Para coordinar qué?
El señor GUMUCIO.-
Las realidades.
El señor GOMEZ.-
Es muy curioso; un piso entero del edificio España está ocupado por técnicos que laboran a las órdenes del Primer Mandatario. ¿Para planificar qué? ¿Las cadenas de radio? ¿Los avisos que ponen en los diarios?
Por otra parte, se nos habla de hacer economías en los gastos fiscales. Sin embargo, se está colocando en interdicción a los diferentes Ministerios, para entrar a hacer los planes desde un aparato especial, en un edificio especial, con un organismo especial, que funciona bajo las órdenes del Presidente de la República.
En realidad, este sistema semeja mucho a un Ministerio de Propaganda. ¡Parece que habrá que ir buscando al Goebbels chileno para que se haga cargo de este Ministerio…! ¿Por qué no crean el Ministerio de Propaganda derechamente, en vez de buscar el camino hipócrita del personal a contrata de la Presidencia de la República para hacer planes? ¿Qué planes? ¡No entiendo qué planes!
Un Gobierno que se dedica a hacer planes no es tal, sino una especie de Gobierno. Un Gobierno se elige para ejecutar planes o programas, pero no para hacerlos.
El Honorable señor Palma ha empleado estas argumentaciones -no sé si las palabras lo han traicionado- y ha dicho que es necesario planificar la economía y que ello debe hacerse mediante este sistema revolucionario que significa introducir la anarquía en los organismos fiscales.
Votaremos en contra de estas disposiciones porque anarquizan todo el sistema.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).-
¿Me permite, señor Presidente?
Sólo deseo hacer dos observaciones, pues me parece que se ha confundido un poco el debate: una, es la objeción al número de personas contratadas por la Presidencia de la República; otra, el sistema de planificación.
El señor Frei, mientras fue candidato, planteó la necesidad de contar con una Oficina de Planificación en la Presidencia de la República. Desde el primer instante, al no disponerse de una facultad legal que permitiera dar estructura definitiva a esa oficina, se procedió a contratar o a pedir en comisión de servicio a personas que realizaban ese trabajo en la Corporación de Fomento. Sin embargo, fue necesario aumentar el personal para abordar el programa total. Este no se puede elaborar al margen del Gobierno, sin contar con todas las instituciones del sector público. Era necesario establecer el programa con metas de cinco años; revisar el programa anterior; comprobar cómo se había cumplido; qué innovaciones había que introducir de a-cuerdo con la política del Gobierno que asumía, y, a su vez, hecho el programa global, establecer la programación denominada sectorial, vale decir, de cada uno de los sectores que componen la economía.
Una de las razones del aumento de personal en la Presidencia de la República reside en que, de acuerdo con el criterio centra! del Gobierno, deben abordarse programas de tipo regional. De manera que el proceso de planificación es continuo y permanente. No se trata de elaborar un plan y dejarlo allí. Por eso se requiere una oficina especializada.
Se ha pensado -en ello puede haber discrepancias- que esa oficina debe funcionar a nivel presidencial. Ese es el criterio del actual Gobierno. Por otra parte, se estima que debe haber en cada Ministerio oficinas que combinen y elaboren presupuestos y planes de tipo sectorial para ser integrados en un plan nacional a nivel de la Presidencia de la República.
A nuestro juicio, la experiencia de la Corporación de Fomento como organismo autónomo de planificación, no fue buena. No lo fue, porque no tiene la autoridad que emana directamente del Presidente de la República. Fue así como demoró más de diez años en elaborar el plan anterior. De manera que, precisamente sobre la base de la experiencia y las proyecciones que se desea dar a la planificación, se pensó que es en la Presidencia de la República donde debe ubicarse una oficina de esa categoría, con relaciones intergubernamentales.
Otro aspecto es el problema del personal. Es evidente que si se crea una nueva oficina, cuando todavía no hay autorización legal para establecerla, lo único posible es tomar a contrata el personal necesario. La mayoría de aquél corresponde a la Oficina de Planificación.
Se ha sostenido que se autorizó la contratación de dicho personal por un semestre, mientras se aprueba el proyecto de leyes normativas que pende de la consideración del Senado. En consecuencia, había que dar unidad y estructura, aunque fuera a base de personal a contrata o a honorarios, para realizar el programa de desarrollo en los próximos cinco años.
Eso es lo que justifica en gran parte el aumento de empleados en la Presidencia de la República, el cual, posteriormente, pasará a formar parte de una oficina permanente.
En mi concepto, en el Senado debió hacerse alguna referencia al ordenamiento introducido, desde el punto de vista de la administración pública, en los ítem a contrata y a honorarios. En efecto, en presupuestos anteriores, estos ítem nunca se han ajustado a una cantidad determinada, por cuanto en el transcurso del año han sido aumentados mediante traspasos. En esta oportunidad y por primera vez, junto con indicarse ¡a cantidad, se limita expresamente en la ley el número de personas que se puede contratar.
Esa innovación, de indudable importancia, no ha sido mencionada durante el debate. Solamente se han hecho críticas respecto de ese punto. Considero que debió merecer mención específica, por constituir una medida de efectivo ordenamiento el no ampliar el personal a contrata más allá de lo que figura expresamente en cada una de las partidas estudiadas y aprobadas por el Congreso en muchos casos.
Considero de suma importancia que la Presidencia de la República cuente con recursos suficientes para desarrollar sus programas. Si aquéllos se eliminan, evidentemente el personal contratado cesará en forma automática en su cargo a fines de año, por cuanto se trata de una ley anual y, en consecuencia, se desarticulará en gran medida lo que se ha creado durante el año.
El señor REYES (Presidente).-
Por haber llegado la hora, se levanta la sesión.
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