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- rdf:value = " El señor ACEVEDO.-
Señor Presidente, desde hace algunos años los sectores gremiales de San Antonio, tanto el de empleados como el de obreros, vienen permanentemente quejándose de la conducta del Juzgado del Trabajo, de ese departamento, entre otras cosas, por la demora en los procesos y por los fallos que, a juicio de ellos, por lo general son favorables a los patrones.
El obrero o empleado es recibido en forma prepotente por el Magistrado, el cual trata siempre de apabullarlo, de cohibirlo ante el Tribunal. Con esa actitud, naturalmente, el único que gana es el patrón, y no el buen patrón. Es el mal patrón, el mal empleador, aquel arbitrario que no paga jornales, que no paga horas extraordinarias, que no cumple con las leyes sociales, que no otorga vacaciones y que comete toda clase de abusos con su personal, el que, por lo general, llega al Tribunal, denunciado por los empleados o los obreros, por los trabajadores, que lo hacen en la esperanza de encontrar un tribunal imparcial que realmente haga justicia.
La verdad es que el Juzgado del Trabajo de San Antonio y el Juez, cuyo nom-
Tare no sé, no ofrecen esas perpectivas a los trabajadores.
Por este motivo, haciendo uso de una disposición constitucional, aquella que habla de fiscalizar los actos del sector público, y otra del Reglamento de la Cámara, con fecha 10 de julio, a través de la Corporación, hice llegar un oficio al Presidente de la Exceletínsima Corte Suprema dándole a conocer la conducta de este fun-cionadio y rogándole que, en uso de sus atribuciones conservadoras y disciplinarias, se preocupara del problema y tomara las medidas que el caso requiriera. Sin embargo, desde el 10 de julio a la fecha no se ha recibido ninguna respuesta. En otras palabras, el Presidente de la Corte Suprema no ha tenido la deferencia de contestar un oficio al Presidente de la Cámara de Diputados. Esto es realmente alarmante, y lo es más aún si se considera el hecho de que no hemos querido que este asunto llegue a transformarse en un escándalo público.
Tratándose del Poder Judicial, en este caso de un Juez del Trabajo que goza de fuero, no pueden hacerse críticas. Los demás Poderes del Estado pueden ser criticados. Un integrante del Poder Legislativo puede ser criticado en forma verbal, por escrito, por la prensa, por la radio, por la televisión. También puede ser criticado un miembro del Poder Ejecutivo, desde Su Excelencia el Presidente de la República hasta sus Secretarios de Estado. Pero un miembro del Poder Judicial mo puede ser criticado. Quien intente hacerlo : de ahí a la cárcel no le queda más que un paso.
El hecho de contar con este fuero, con esta inviolabilidad, incluso de estar libre, hasta de la crítica, no puede prestarse para abusos de parte de integrantes del Toder Judicial, sobre todo de un Juez del Trabajo. No se puede abusar de este fuero que le otorga la ley y ocultarse en él para cometer toda clase de injusticias y, en cierto modo, toda clase de maldades en
contra de los sectores más modestos, como son los trabajadores. Nos tiene preocupadísimos la conducta funcionaría del Juez de San Antonio. Incluso nos tiene preocupados su conducta personal, ya que ella no es de las más alentadoras, fuera de que él no hace nada porque ella no sea visiblemente conocida.
Muchas veces obreros que han debido recurrir al Tribunal en demanda de justicia y que al término del juicio han obtenido un fallo en contra, en consecuencia, favorable al patrón, estos mismos trabajadores que han sido víctimas del fallo de ese Tribunal después han presenciado, con sus propios ojos, cómo el Juez, el que dictó el fallo en contra de ellos, poco menos que lo festeja con el empleador. Entra con el patrón a un restaurante o a un hotel a servirse una opípara comida. Y el trabajador lo ve después salir afirmándose ambos o afirmándose de la muralla para no caer al suelo. Este es el espectáculo que ven las víctimas del Juzgado del Trabajo de San Antonio.
Nosotros hemos pedido, como dije al iniciar mi intervención, haciendo uso de de nuestras atribuciones fiscalizadoras, que la Corte Suprema se preocupara de esta situación. El resultado es que esta petición ha llegado a conocimiento del Juez, porque, evidentemente, la Corte Suprema hace causa común con él, y, lejos de hacerse una investigación, a la función fis-calizadora que la Constitución Política del Estado entrega a los miembros del Congreso Nacional, se ha prestado una burla.
El Juez del Trabajo de San Antonio no cumple con su horario de trabajo, no se preocupara de dar cumplimiento a la ley Nº 16.455, que es muy clara en algunas de sus disposiciones, en cuanto sólo da quince días de plazo para fallar. Puede dejar que corran meses y años, y cuando entrega un fallo que dispone la reposición del trabajador en su empleo; en absoluto' se preocupa de que se cumpla, y ¡ pobre de aquél que vaya a pedirle protección!, aun
cuando la ley dice que el afectado puede concurrir por sí y ante sí. Y si se atreve a correr el riesgo de concurrir, se expone a una severa crítica y a las amenazas del Juez.
Por eso, señor Presidente, estamos inmensamente preocupados. Y son numerosos los casos de arbitrariedades. En esta ocasión, podría dar a conocer algunos, con el objeto de que se pusieran en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, para su estudio y preocupación, lo que administrativamente le corresponde; pero ocurre que ese Alto Tribunal no ha contestado un oficio de la Cámara; no obstante los meses transcurridos, hasta la fecha no ha tomado absolutamente ninguna medida.
Todo ello conduce, evidentemente. al desaliento de los trabajadores. Me atrave-ría a decir que los trabajadores de San Antonio sienten verdadera amargura y desconfianza por la actuación del Tribunal del Trabajo de ese departamento, y esta amargura y desconfianza no son buenas consejeras. Ello puedo significar que, si los Tribunales Superiores, como la Corte Suprema, no se preocupan del problema, esa desconfianza y esa amargura lleven a algunas personas, a algunos afectados, a hacerse justicia por sí solos. Sería, sin duda, trágico, que el día de mañana tuviéramos que conocer casos de trabajadores ofendidos, burlados por sus empleadores, que se hubieran hecho justicia por sí solos, porque el tribunal no escucha sus quejas y porque la Corte Suprema no atiende las peticiones que un Poder del Estado, como el Legislativo, le ha hecho.
Rogaría que estas observaciones fueran enviadas. en un oficio, al señor Ministro de Justicia. Veremos qué puede hacer éste. Estimo que volver a mandarlas a la Corte Suprema estaría de más.
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