REPUBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA ORDINARIA. Sesión 28ª, en miércoles 9 de agosto de 1967 (Ordinaria: de 16.15 a 3.15 horas del jueves 10) PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES LORCA (DON ALFREDO), PARETO Y STARK SECRETARIO, EL SEÑOR CAÑAS IBAÑEZ PROSECRETARIO, EL SEÑOR KAEMPFE INDICE GENERAL DE LA SESION I.- SUMARIO DEL DEBATE II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS III.- ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES IV.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA V.- TEXTO DEL DEBATE I.- SUMARIO DEL DEBATE 1.- Se califican las urgencias hechas presentes para el despacho de diversos proyectos de ley…….. 2262 2.- El señor Secretario da lectura y se aprueban los acuerdos complementarios de las proposiciones de la Mesa respecto del proyecto de acuerdo que reforma el Reglamento de la Corporación 2263 3.- Se aprueba la proposición de la Mesa respecto de la Comisión Mixta para estudiar la tramitación de proyectos de ley 2264 4.- Se acuerda anticipar el tiempo del Comité Comunista en Incidentes 2264 5.- El señor Sotomayor se refiere a la preferencia en el ingreso a diversos servicios de la Administración Pública a los egresados de la Universidad Técnica del Estado y solicita se envíen diversos oficios 2265 6.- Continúa, la discusión del proyecto de acuerdo que reforma el Reglamento de la Corporación y queda pendiente el debate…………………….. 2265 7.- El señor Rioseco se refiere a la tramitación de proyectos sobre consolidación de deudas tributarias en la Comisión de Hacienda………………… 2271 8.- Continúa la discusión del proyecto de acuerdo que reforma el Reglamento de la Corporación y se aprueba 2272 9.- La Cámara se ocupa del proyecto que modifica la ley Nº 15.567, sobre normas para la reconstitución de Registros de Conservadores de Bienes Raíces destruidos por siniestros 2283 10.- La Cámara se ocupa del proyecto que crea la Corte de Apelaciones de Rancagua y aumenta el número de Tribunales ordinarios del país y se aboca al análisis de la Primera Convención Nacional de Jueces 2287 11.- La Corporación se pronuncia respecto de diversos proyectos de acuerdo relacionados con la Primera Convención Nacional de Jueces 2397 12.- El señor Cantero se refiere a la situación de pobladores de diversas poblaciones de Viña del Mar, por aptitud de la Sociedad Promotora de Viviendas Económicas (PROVIEN) 2398 13.- El señor Laemmermann se ocupa de la situación de las diversas actividades productivas de la provincia de Arauco 2402 14.- El señor Corvalán se refiere a publicaciones de prensa de la Compañía Salitrera AngloLautaro 2405 15.- El señor Sepúlveda, don Eduardo formula observaciones respecto de las actuaciones de la Sociedad Promotora de Viviendas Económicas (PROVIEN) 2407 16.- El mismo señor Diputado se ocupa de la situación económica y social del país 2408 17.- El señor Laemmermann solicita se envíen diversos oficios relacionados con la situación de las diversas actividades productivas de la provincia de Arauco 2408 18.- El señor Acevedo se refiere a los accidentes del tránsito en la Gran Avenida General "José Miguel Carrera", del departamento Pedro Aguirre Cerda 2411 II.SUMARIO DE DOCUMENTOS 1.- Mensaje, con el cual S. E. el Presidente de la República somete a la consideración del Congreso Nacional, un proyecto de ley, con el carácter de urgente, que suplementa diversos ítem del Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas 2245 2/3.- Oficios de S. E. el Presidente de la República, con los que formula observaciones a los siguientes proyectos de ley, despachados por el Congreso Nacional: El que establece beneficios para los empleados y obreros que ocupen las empresas que ejecutan trabajos de producción, mantención o reparación 2246 El que deroga el inciso final del artículo 1º de la ley Nº 11.464 con el objeto de permitir que los prometientes compradores cuya condición de tales no conste en escrituras públicas, puedan ser favorecidos con los beneficios de dicha ley 2248 4.- Oficio de S. E. el Presidente de la República, con que hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre consolidación de las deudas tributarias, intereses penales y multas 2250 5.- Oficio del señor Ministro del Interior, con el que contesta los que se le enviaron, en nombre de la Cámara, y de los Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Socialista, sobre el conflicto del personal del Servicio de Correos y Telégrafos 2250 6.- Oficio del señor Ministro del Interior, con el que da respuesta al que se le dirigió, en nombre del señor Rosales, relativo al otorgamiento de facilidades a los obreros de El Tofo que realizaron una marcha a la ciudad de La Serena 2250 7.- Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que se refiere al que se le remitió, en nombre de la Cámara, respecto del cumplimiento por parte de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, a las disposiciones que otorgan la calidad de empleados a determinados obreros ... 2250 8/9.- Oficios del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con los que contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se expresan referentes a las materias que se indican: Del señor Sepúlveda, don Francisco, sobre la recalada de los barcos de la Empresa Marítima del Estado en la Caleta Hornopirén 2251 Del señor Valente, relativa a la reincorporación al servicio activo de los jubilados de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado 2251 10.- Oficio del señor Ministro de Hacienda, con los que da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de la Cámara, respecto del otorgamiento de créditos a los comerciantes, mineros e industriales del departamento de Taltal 2251 11.- Oficio del señor Ministro de Obras Públicas, con el que se refiere al que se le remitió, en nombre del señor Papic, acerca del aumento del suministro de agua potable en diversos sectores de la comuna de Lago Ranco ... 2252 12.Oficio del señor Ministro de Agricultura, con el que contesta el que se le envió, en nombre del señor Monckeberg y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Independiente, relacionado con antecedentes financieros y contables de los asentimientos de la Corporación de la Reforma Agraria 2252 13.- Oficio del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con el que da respuesta al que se le dirigió, en nombre del señor Lorenzini, referente a la aplicación del máximo de las sanciones a los patrones que infrinjan la ley Nº 16.625 en lo relativo a despidos arbitrarios 2252 14/16.- Mociones con las cuales los señores Diputados que se indican, inician los siguientes proyectos de ley: Los señores Maira, Penna, Irureta, RuizEsquide, Cerda, don Eduardo; Muga, Daiber, Stark, Rodríguez, don Manuel; y Ramírez, que establece normas sobre consolidación de deudas tributarias, intereses penales y multas 2253 El señor Basso, que autoriza a la Municipalidad de Coihueco para contratar empréstitos Los señores Jaque, Acuña, Poblete, Morales, don Carlos, Naudon, Fuentealba, Camus, Jarpa, Clavel y Basso, que declara de utilidad pública y autoriza al Presidente de la República para expropiar la Compañía de Acero del Pacífico S. A 2257 17.- Comunicaciones …………. 2261 18.- Telegrama 2261 19.- Peticiones de oficios 2261 III.- ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES Las actas de las sesiones 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, y 26ª, ordinarias, celebradas en martes 1º de agosto, la primera, en miércoles 2, las tres siguientes y en jueves 3, la última, de 16 a 19.15, de 10.45 a 13, de 13.45 a 15.45, de 16 a 19.15 y de 16 a 19 horas, respectivamente, se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones. IV.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.- MENSAJE DE SE. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. "Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: La Ley de Presupuestos del presente año señaló en los ítem del Presupuesto de Capital de la Dirección General de Obras Públicas, los siguientes valores: Para la construcción de Edificios escolares ítem 1202101.1, Eº 6.200.000; para la ejecución de Obras de Agua Potable Item 1202101.4, Eº 19.600.000; para la ejecución de obras de alcantarillado ítem 1202101.7, Eº 12.400.000; para la conservación y mejoramiento de caminos ítem 1202101.23, Eº 104.500.000. Las cantidades referidas han resultado insuficientes para cumplir el Programa de Obras Públicas fijado para el año 1967, por lo cual es necesario suplemental los ítem mencionados en la cantidad de Eº 30.000.000. Además, se propone un suplemento de Eº 12.000.000 para la Empresa Nacional de Minería, con el objeto de financiar el menor ingreso que se le producirá en su operación, por la rebaja de las tarifas de maquila que se cobraban a los pequeños y medianos mineros. La rebaja de estas tarifas responde a la necesidad de no considerar en su costo diversas partidas que deben ser de cargo del Fisco y no de los productores, como son la mantención de oficinas en lugares de poca productividad, ocupación de carbón en algunas plantas en vez de otros combustibles de menos costo. Se contempla también en este proyecto, un traspaso de fondos a Rentas Generales desde la cuenta F123 de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado por la suma de Eº 5.000.000. En esta cuenta se han depositado las diferencias obtenidas por la operación de compra y venta de vehículos destinados a reponer las dotaciones de diversos Servicios o Empresas del Estado. Se ha preferido traspasar estos fondos a Rentas Generales de la Nación, con el objeto de destinarlo a financiar el programa de "Operación Sitio" del Ministerio de la Vivienda, renunciando los diversos Servicios a hacer nuevas adquisiciones de vehículos de reposición de sus actuales dotaciones. Con el objeto de regular los márgenes de utilidad y comercialización de los cigarrillos, se solicita la facultad para establecer una sobretasa que afectaría a la Empresa productora y que podría alcanzar hasta un 4%. En la actualidad el impuesto a los cigarrillos se contiene en el artículo 4º de la Ley Nº 11.741, de 28 de diciembre de 1954, y asciende al 56% del precio de venta al consumidor. El rendimiento que produzca el establecimiento de la referida sobretasa, ingresará a las rentas generales de la Nación. Sin embargo, con la finalidad de ampliar las obras que se realizan en las zonas afectadas por los sismos del año 1965, se destina el 2% del rendimiento total de los impuestos a los tabacos manufacturados a dicho objeto. Por último, el proyecto contempla una facultad al Presidente de la República para refundir en un solo impuesto a la base los diversos gravámenes que afectan las transferencias de ciertos tipos de productos, que por sus características no justifican mantener los impuestos en las sucesivas transferencias redundando esto,en un beneficio para el Fisco y los comerciantes. Por las consideraciones expuestas, vengo en proponer para que sea tratado con carácter de urgente en todos sus trámites constitucionales el siguiente Proyecto de ley: Artículo 1ºSupleméntanse los ítem del Presupuesto de Capital, en moneda nacional, de la Dirección General de Obras Públicas, en las cantidades que se señalan : 12/02/101. 1 Eº 2.500.000. 12/02/101.4 1.682.000. 12/02/101.7 1.000.000. 12/02/101.23 24.818.000. Eº 30.000.000. Artículo 2°Supleméntase en la suma de Eº 12.000.000. el ítem 17/01/28.2 Empresa Nacional de Minería. Artículo 3ºEl mayor gasto que signifiquen los artículos anteriores se imputará al mayor rendimiento sobre lo calculado en la Ley de Presupuesto vigente que produzca la siguiente cuenta de entrada: Cuenta A37, Tabacos, cigarros y cigarrillos. Artículo 4ºTraspásase la suma de Eº 5.000.000, desde la Cuenta de Depósito F123, Reposición de vehículos motorizados, de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado a Rentas Generales de la Nación. Artículo 5ºFacúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de 180 días, refunda los diferentes impuestos o tasas que afectan a uno o más productos o tipos de productos en sus sucesivas etapas de producción o comercialización. Para estos efectos se podrán refundir diferentes hechos gravados con distintos impuestos o las diferentes tasas de un mismo impuesto, con la única limitación de no poder aumentar el gravamen total que afecta a un producto. El tributo que resulte podrá aplicarse a la producción o a cualquiera transferencia que experimente el producto gravado, a juicio exclusivo del Presidente de la República. El Presidente de la República podrá, además modificar las diferentes leyes tributarias que resulten afectadas en uso de la facultad anteriormente descrita e incorporar el tributo refundido en cualquiera de ellas. Artículo 6º "Agrégase al artículo 4º de la Ley Nº 11.741, de 28 de diciembre de 1954, el siguiente inciso: Sin perjuicio del impuesto anterior, facúltase al Presidente de la República para establecer una sobretasa adicional hasta de un 4%. En uso de esta facultad, el Presidente de la República podrá fijar el monto de dicha sobretasa, y su plazo de vigencia, e, igualmente, podrá modificarla, rebajarla o restablecerla". Artículo 7º"Anualmente se destinará el 2% del rendimiento de los impuestos a los tabacos manufacturados, a la realización de un Plan Extraordinario de Obras que deberá desarrollarse en las provincias afectadas por los sismos ocurridos en el país en el año 1965". (Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Sergio Molina Silva". 2.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. "Nº 496. Santiago, 8 de agosto de 1967. Por oficio Nº 1264, de 5 de julio de 1967, V. E. ha tenido a bien comunicarme que el Honorable Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que establece beneficios para el personal que se ocupa en trabajos efectuados por contratistas para empresas establecidas. En uso de la facultad que me otorga el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en observar en su totalidad el citado proyecto de ley proponiendo su sustitución por el que más adelante se indica, por las razones que a continuación se expresan. El espíritu fundamental del proyecto de ley, quedó claramente establecido en el informe de la Comisión del Trabajo y Legislación Social de la Honorable Cámara de Diputados, al señalarse que éste no era otro que el de evitar que las faenas u obras que normal y permanentemente son de incumbencia de una Industria, sean encomendadas a contratistas, permitiendo así que se puedan burlar los derechos de los trabajadores contemplados en los convenios colectivos vigentes entre esas empresas y sus trabajadores. El Supremo Gobierno comparte plenamente la intención señalada pero estima que ella debe ser cuidadosamente regulada a fin de evitar consecuencias que podrían ser funestas para la mantención de un alto ritmo de actividad económica con riesgos evidentes de estancamiento y cesantía, particularmente en la actividad de la Construcción. El texto aprobado por el Honorable Congreso indudablemente va más allá de la intención perseguida por los autores de la iniciativa por lo que Supremo Gobierno se ha visto en la necesidad de vetarlo y proponer en sustitución uno que se ajuste a los fines perseguidos y se encuadre dentro de, las exigencias de una política de desarrollo económico y pleno empleo. En efecto, el proyecto que se observa incluye disposiciones que merecen las siguientes observaciones: El artículo 1º propone sustituir el concepto de "subsidaridad" por el de "solidaridad" respecto de la responsabilidad del dueño de la obra, empresa o faena, en caso de que el contratista no cumpla sus obligaciones frente a sus obreros. La aprobación de este artículo convertiría de hecho al dueño de la obra en verdadero empleador, dado que los trabajadores podrían demandar indistintamente a la persona que los contrató o al dueño de la obra que ni siquiera ha intervenido en las condiciones de contratación. Esta disposición favorecería a los contratistas inescrupulosos que seguros de poder traspasar sus obligaciones para con su personal al dueño de la obra, podrían dejar de cumplir dichas obligaciones si lo estimaren conveniente a sus intereses, sabiendo que la empresa dueña de la obra sólo estaría en condiciones de repetir en contra suya después de un largo juicio durante cuya tramitación gozaría del crédito que le representa mantener en su poder el dinero adeudado. Además, podrían suscitarse casos de colusión, para que el personal accione en contra de la empresa dueña de la obra, dando tiempo a sus empleados directos para aprovisionarse de fondos. El artículo 2º permite que haya empresas que ejecuten trabajos por cuenta de otras, desarrollando trabajos similares a los que efectúa la empresa mandante. Hay una contradicción entre esta disposición y la prohibición contemplada en el artículo 4º del proyecto, que impide entregar a contratistas y concesionarios los trabajos que tengan carácter de normales dentro de la respectiva obra, empresa o faena. Similar significa semejante, análogo parecido a otro. Los trabajos parecidos, semejantes, análogos, a los que desarrolla una empresa se confunden en la práctica con los trabajos normales que efectúan. La interpretación de los términos trabajos similares y trabajos normales, se prestarán en la práctica a un sinnúmero de equívocos y confusiones que sólo contribuirán a desvirtuar la verdadera intención del legislador. Por otra parte, el artículo2º permite que las condiciones de trabajo del personal que presta servicios a un contratista, no sean determinadas por el libre pacto entre dicho personal y el contratista sino que por factores independientes a la voluntad de las partes, tales como el nivel de remuneraciones y beneficios que la empresa mandante otorga a su propio personal por labores similares. Lo anterior produce como consecuencia, que si un contratista ejecuta trabajos por cuenta de varias empresas su personal recibirá por un mismo trabajo diferentes remuneraciones y lo que es más grave, un mismo trabajador verá variar sus remuneraciones según vaya prestando servicios a distintas empresas mandantes. De esta manera será imposible el cumplimiento de actas de avenimientos y convenios colectivos entre los contratistas y su personal. La amplitud de la prohibición contenida en el artículo 4º de entregar a contratistas y concesionarios los trabajos que tengan carácter normal dentro de la respectiva obra, empresa o faena, produciría perjudiciales consecuencias a gran número de actividades de pequeños y medianos empresarios, justamente en los momentos en que el Gobierno está empeñado en una política de fomento y apoyo a esta clase de empresarios. La aprobación de esta norma afectaría en gran medida a la industria de la construcción al coartar las posibilidades de trabajo de los pequeños contratistas dedicados a tareas especializadas, y al favorecer la formación de poderosas industrias que en corto plazo monopolizarían la actividad constructora. Por las consideraciones expuestas propongo sustituir el proyecto de ley por el siguiente: Proyecto de ley Artículo 1ºLos trabajos inherentes a la producción principal y permanente de una industria, o de reparación o mantención habituales de sus equipos y que no sean de los tratados en los incisos 2º y 3º de este artículo, no podrán ser ejecutados a través de contratistas o concesionarios. Sin embargo, la disposición del inciso anterior no se aplicará cuando los referidos trabajos constituyan una labor especializada, que se encomiende a una empresa o industria establecida que pague patente como tal, cuyo giro principal sea, precisamente, ejecutar tales labores o manufacturar elementos, partes, piezas o repuestos por orden de terceros. No se aplicará esta disposición a la actividad de la construcción ni a las empresas productoras de cobre regidas por el Título I de la Ley Nº 16.624. Artículo 2ºLas infracciones al artículo 1º serán sancionadas por la Inspección del Trabajo con multa a beneficio fiscal que fluctuará entre 5 y 100 sueldos vitales mensuales, escala A) del Departamento de Santiago, aplicada conforme al procedimiento establecido en la Ley Nº 14.972 de 21 de noviembre de 1962 y sus modificaciones posteriores. Artículo transitorio. Las situaciones reguladas por los contratos válidamente celebrados y actualmente vigentes, continuarán rigiéndose por sus disposiciones, por el plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley. Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. William Thayer Arteaga". 3.- OFICIO DE SE. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. "Nº 770.Santiago, 9 de agosto de 1967. Por oficio Nº 1275 del 6 de julio último, remitido con fecha 10 de julio, V. E. se ha servido comunicar la aprobación de un proyecto de ley que, por el artículo 1º faculta a la Corporación de Servicios Habitacionales para transferir a los actuales ocupantes los inmuebles adquiridos de acuerdo con la ley Nº 11.464, sin las limitaciones que establece el artículo 1º de la misma ley, y, por el artículo 2º, consulta la norma de interpretación del artículo 26 de la ley Nº 15.228 a que me refiero más abajo. En uso de las facultades que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, manifiesto mi desaprobación al artículo 29 del proyecto de ley referido, por cuyo motivo formulo las siguientes observaciones. El artículo 26 de la ley Nº 15.228, que es objeto de interpretación en el proyecto agregó al artículo 14 transitorio del DFL. Nº 2, de 1959, el siguiente inciso 3º: "Tampoco se aplicarán las normas dispuestas en el inciso 1º de este artículo (la reajustabilidad) a aquellas viviendas que al 30 de julio de 1959 estaban en construcción por cuenta de las instituciones de previsión indicadas en el artículo 48 de este DFL. y en las cuales, a dicha fecha, se habían invertido más del 50% de su costo final". Ahora bien, la norma de interpretación consultada en el proyecto tiene por objeto dejar establecida que dentro de la norma citada deben entenderse incluidas todas las instituciones de previsión y no solamente las señaladas en el artículo 48 del citado DFL., y que el beneficio de la no reajustabilidad alcanza no sólo a las propiedades que se encontraban en construcción al 30 de julio de 1959, sino también a las que se encontraban totalmente construidas a dicha fecha. Sin embargo, el inciso 3º del artículo 14 transitorio, que se desea aclarar, debe entenderse virtualmente derogado por el actual inciso 1º del artículo 18 de la ley Nº 16.392 que, refiriéndose a la misma materia, dispone: "El sistema de reajustabilidad de los saldos de precio y de los dividendos a que se refiere el artículo 68 del DFL. Nº 2, de 1959, no se aplicará a aquellas viviendas que al 30 de julio de 1959 estaban en construcción por cuenta de las instituciones de previsión, sean o no las indicadas en el artículo 48 del referido DFL. Nº 2, aún cuando dichas viviendas hayan sido asignadas con posterioridad a esa fecha". O sea, de acuerdo con esta última disposición, queda establecido que quedan al margen de la reajustabilidad aquellas viviendas que al 30 de julio de 1959 estaban en construcción por cuenta de cualquiera institución de previsión, sean o no las indicadas en el artículo 48 del DFL. Nº 2, que es lo que se pretende aclarar en el proyecto de ley; pero queda pendiente la aclaración en cuanto a que deben entenderse comprendidas no sólo las viviendas que se encontraban en construcción al 30 de julio citado, sino también las que se encontraban construidas. En consecuencia, procedería sólo aclarar el actual artículo 18 de la ley Nº 16.392 en el sentido de dejar establecido que esta disposición se refiere también a las propiedades totalmente construidas a dicha fecha. Al mismo tiempo y junto con aclarar en la forma que se indica el actual inciso 1º del artículo 18 de la ley Nº 16.392, se estima conveniente aclarar también el inciso final de dicho artículo en el sentido de que las nuevas modalidades de amortización y servicio de las deudas, que de acuerdo con dicha disposición deben quedar al margen de la reajustabilidad, se aplicarán a los saldos existentes al 16 de diciembre de 1965, fecha de vigencia de la ley Nº 16.392, sin alterar el sistema vigente a esa fecha. Esta aclaración tiene por objeto confirmar que la disposición no es aplicable a los dividendos ya pagados o devengados, ya que en ese evento se estaría otorgando a la norma un efecto retroactivo, no previsto ni aconsejable. Por las consideraciones precedentes, propongo reemplazar el artículo 2º del proyecto, por el siguiente: "Artículo 2º.Se declara que dentro del sentido y alcances del inciso 1º del artículo 18 de la ley Nº 16.392, se encuentran también comprendidas aquellas viviendas, destinadas a ser vendidas a los imponentes o postulantes, que al 30 de julio de 1959 estaban totalmente construidas". "Sé declara, asimismo, que en su sentido y alcances, el inciso final del artículo 18 de la ley Nº 16.392 no modifica ni altera los dividendos ya pagados o devengados "hasta la fecha de vigencia de dicha ley, aplicándose, en consecuencia, las nuevas modalidades señaladas en el precepto aludido, a todos los saldos reajustados que se adeudaban al 16 de diciembre de 1965". De conformidad a las consideraciones precedentes y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, me permito devolver el proyecto de ley que se me ha remitido, con las observaciones expresadas. Dios guarde a V. E. (Fdos.): Eduardo Freí Montalva. Juan Hamilton D." 4.- OFICIO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. "Nº 238. Santiago, 9 de agosto de 1967. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre normalización tributaria y consolidación de deudas, intereses y multas a los deudores morosos de impuestos. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo Freí Montalva. Bernardo Leighton G." 5.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. "Nº 1712. Santiago, 7 de agosto de 1967. Por oficios Nºs. 10461, 10483 y 10.442, de julio último, V. E., a nombre de esa H. Cámara y del Comité Parlamentario del Partido Socialista, se refirió a la situación del conflicto que afectó al Servicio de Correos y Telégrafos y de los dirigentes gremiales de esa repartición a quienes se aplicó la ley de Seguridad Interior del Estado. Al respecto, me es grato comunicar a V. E. que posteriormente a la solución del conflicto, esta Secretaría de Estado ha impartido las instrucciones necesarias a los Intendentes y Gobernadores del país con el objeto de desistirse de las querellas que hubieren interpuesto en contra de los dirigentes gremiales de Correos y Telégrafos, por infracciones a la ley anteriormente señalada. Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán." 6.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR. "Nº 1698. Santiago, 7 de agosto de 1967. El Intendente de Coquimbo, en oficio Nº 1.107, de 21 de julio en curso, dice a este Ministerio lo siguiente: "En respuesta a su Providencia Nº 4192, relativa a una solicitud del Diputado don Carlos Rosales, hecha suya por la Cámara, me es grato informarle que, debidamente autorizado por el señor Ministro del Interior, la Intendencia facilitó la Escuela Agrícola a los obreros y sus familias de El Tofo, que realizaron una marcha a La Serena, y les ayudó también con alimentos durante su permanencia en esta ciudad." Lo que tengo el honor de poner en su conocimiento en relación a su oficio Nº 10.484, de 6 de julio del presente año. Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán." 7.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONO MIA FOMENTO Y RECONSTRUCCION. "Nº 682. Santiago, 4 de agosto de 1967. En contestación al oficio de la referencia, por el cual la H. Cámara de Diputados solicita se informe sobre el cumplimiento que ha dado la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, a las disposiciones contenidas en las leyes 15.467, 15.944 y 16.386, que otorgan calidad de empleados a los torneros, matriceros y fresadores; electricistas y mecánicos. Sobre el particular, me permito informar a V. S. que por Decretos Supremos Nºs. 646 de 1965 y 144 de 1966 de esta Secretaría de Estado, se crearon las Plantas de torneros, matriceros y fresa dores y electricistas, respectivamente, procediendo la Empresa de Transportes Colectivos del Estado a encasillar a estos personales por Resolución Nº 2 de 1965, en cuanto a los torneros, matriceros y fresadores, y por Resoluciones Nºs. 159 a 167 de 1966, en cuanto a los electricistas. Con respecto a la ley 16.385, que se refiere a los mecánicos, se nombró una comisión compuesta por 4 representantes de la Empresa y 3 de la Asociación de Obreros, quienes están trabajando en la elaboración de la planta definitiva. El Reglamento de dicha ley se dictó con fecha 2 de junio de 1966. Es cuanto puedo informar a V. S., sobre el particular. Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Domingo Santa María Santa Cruz." 8.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONO MIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION. "Nº 696. Santiago, 9 de agosto de 1967. En respuesta al oficio de la referencia, en el cual, el H. Diputado don Francisco Sepúlveda Gutiérrez, pide que la Empresa Marítima del Estado reconsidere el acuerdo que habría adoptado en orden a hacer recalar cada 15 días en la Caleta Horno pirén, provincia de Llanquihue, el barco de su dependencia, que presta servicios en esa zona. Sobre el particular me permito informar a V. S. que la interrupción de la frecuencia de recaladas semanales en Hornopirén fue solo temporal, habiéndose regularizado ya, dicha situación. Es cuanto puedo informar a V. S. Dios guarde a. V. S. (Fdo.) : Domingo Santa María Santa Cruz." 9.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION, "Nº 681. Santiago, 4 de agosto de 1967. En respuesta a] oficio de la referencia en el cual se pide adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener la reincorporación al servicio activo del ex personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que lo solicite y que se encuentre actualmente acogido a jubilación. Informo a VS. que aún cuando la ley Nº 13.426 y sus modificaciones posteriores permiten bajo ciertas condiciones, el ingreso de ex funcionarios, se puede en la actualidad llenar solamente parte de las vacantes que se producen, previa autorización gubernativa y de acuerdo a posibilidades presupuestarias. La Empresa de los Ferrocarriles del Estado no ha solicitado autorización para hacer reincorporaciones, por cuanto el ingreso de ex servidores crearía serias dificultades de orden administrativo, por cuanto, éstas deben hacerse con el mismo grado que tenía el interesado a la fecha de su retiro e incorporarlo al Escalafón respectivo, en circunstancias que, tanto las organizaciones gremiales como el personal en servicio activo, están pidiendo en forma sistemática el alejamiento de aquellos que han cumplido sus requisitos para jubilar, con el objeto de posibilitar al personal una carrera funcionaría más conveniente y pueda acogerse a retiro en mejores condiciones. En cuanto al pago de los reajustes establecidos por la ley Nº 16.617, se están efectuando las liquidaciones correspondientes, estando ya casi terminadas en su totalidad. Es cuanto puedo informar a V. S. Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Domingo Santa María Santa Cruz." 10.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA. "Nº 666. Santiago, 3 de agosto de 1967. Ha recibido esta Secretaría de Estado sus oficios Nºs. 8887 y 9058, del presente año, por los que se solicita que el Banco del Estado de Chile otorgue créditos en condiciones favorables a los comerciantes, mineros e industriales del Departamento de Taltal. Al respecto, cúmpleme manifestar a V. E. que el Banco del Estado ha informado que, en su propósito de solucionar en parte los problemas de orden económico que surgieron como consecuencia del sismo que azotó a esa región, ha resuelto, entre otras facilidades crediticias excepcionales acordadas, autorizar al señor Agente de la Oficina de Taltal para que otorgue en favor de los integrantes de los diversos sectores de la producción y el comercio de esa zona, la asistencia crediticia necesaria con el objeto de que puedan normalizar sus actividades. Las directivas pertinentes, para los fines del caso, ya se han acercado a la mencionada Oficina del Banco del Estado, para su aplicación inmediata. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Sergio Molina Silva." 11.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. "Nº 519. Santiago, 7 de agosto de 1967. En atención al oficio de VS. Nº 10439, del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, se adopten las medidas tendientes a obtener aumento del suministro de agua potable en los sectores de las calles Viña del Mar, Valparaíso y Concepción de la comuna de Lago Ranco, provincia de Valdivia, pongo en su conocimiento que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras Sanitarias, se ha enviado dicha petición al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por corresponder a esa Secretaría de Estado, pronunciarse al respecto. Dios guarde a V. E. (Fdo.) : William Pérez Zujovic." 12.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA. "Nº 1.139.Santiago, 7 de agosto de 1967. Me es grato dar respuesta a su oficio Nº 10.476, de 7 de julio pasado, por el que se sirve US. solicitar antecedentes financieros y contables relacionados con los asentamientos de la Corporación de la Reforma Agraria. Al respecto cumplo con remitir a esa Honorable Corporación el oficio Nº 9.400, de 1º de agosto de 1967, expedido por el citado organismo, en que se señala el número de asentamientos constituidos hasta la fecha y sus grupos familiares, y se acompaña asimismo el Manual de Procedimiento que regula el régimen contable de la institución. Acerca de la información solicitada concerniente a ingresos, gastos e inversiones de cada asentamiento, ella se hará llegar a US. tan pronto como la Corporación de la Reforma Agraria nos la proporcione. Saluda atentamente a US. (Fdo.): Hugo Trivelli F." 13.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL "Nº 487.Santiago, 7 de agosto de 1967. Con el oficio del rubro, V. E. solicitó a este Ministerio se adoptaran las medidas tendientes a obtener que se aplique la máxima sanción establecida en el artículo 19 de la ley Nº 16.625, a los patrones que infrinjan dicho texto legal en lo relativo a despidos arbitrarios. Al respecto cúmpleme expresar a V. E. que con esta fecha se impartieron instrucciones a la Dirección del Trabajo. Es todo cuanto puedo informar a V. E. Dios guarde a V. E. (Fdo.): William Thayer Arteaga."14.mocion de los señores maira, penna, irureta, ruizesquide, cerda, don eduardo; muga, daiber, stark, Rodríguez y ramirez Los Diputados Demócratas Cristianos pertenecientes a la Comisión de Hacienda estamos conscientes desde hace bastante tiempo de los problemas que afectan a las personas de bajos recursos que viven de su trabajo independiente, en relación con el pago oportuno de sus impuestos y contribuciones y de las dificultades que ante la imposibilidad de efectuar dichos pagos se les presentan: sanciones representadas por intereses penales y multas que sobre ellos recaen, los que al aumentar constantemente incrementan el volumen total de la deuda en términos que imposibilitan aun más su pago a pesar de la buena disposición que los contribuyentes morosos pudieran tener para hacerlo. Estamos convencidos que muchos de estos problemas tiene como causa las malas prácticas implantadas en nuestro país. Los buenos contribuyentes que cumplen oportunamente con sus deberes y pagan sus tributos en las fechas consultadas en la ley no sólo facilitan la obtención de recursos al Estado y el progreso de nuestro país, sino que además se benefician personalmente al ordenar mejor la marcha de sus actividades pudiendo dedicar todo su tiempo a las funciones productivas y evitando los pesados gravámenes que por concepto de intereses penales y multas se acumulan. El trabajo que el actual Gobierno está realizando busca, entre otros objetivos, el que los pequeños y medianos industriales, comerciantes, mineros y agricultores puedan ordenar racionalmente su propia situación financiera, lo que redundará en su propio provecho y en el de la colectividad. En materia crediticia se han dado ya importantes pasos al terminar con el uso abusivo del redescuento y establecer la asignación de créditos según presupuesto de caja. Es importante dar una oportunidad semejante en el campo tributario para que mediante la normalización financiera se elimine la situación aflictiva que a algunos contribuyentes modestos afecta, especialmente si tenemos en cuenta el próximo envío de un proyecto de Reforma Tributaria que hará más justas las cargas impositivas que gravan a la población y establecerá hacia el futuro un sistema mucho más adecuado y equitativo, permitiendo que las dificultades que hasta hoy día se presentan, desaparezcan. Igualmente, creemos justo dar una última oportunidad a los contribuyentes antes de que se comience a aplicar en su integridad el nuevo sistema de cobranza de impuestos morosos resultante de la fusión del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos con el Servicio de Tesorerías. Todo lo anterior hace necesaria una consolidación de las deudas tributarias mantenidas con el Fisco por los contribuyentes morosos, que les dé una última y definitiva oportunidad de cumplir con deberes que muchos de ellos anhelan realizar. Para eso, nos parece indispensable establecer una consolidación de deudas tributarias al 30 de junio de 1967, en la que debe incluirse el monto de los impuestos adeudados y las sumas acumuladas por multas e intereses penales, permitiéndose a los interesados acogerse a convenios que puedan extenderse por períodos que fluctúen entre 6 y 30 meses, variando naturalmente la tasa de interés que deban cancelar por la deuda consolidada. El plazo para acogerse a estos beneficios se extenderá a los 90 días siguientes a la vigencia de la ley. Igualmente, dentro del propósito que este proyecto persigue, hemos considerado necesario establecer como condición previa a la celebración de los convenios, el pago de los impuestos devengados con posterioridad al 30 de junio de este año. También será requisito indispensable para mantener la vigencia de los convenios, que los contribuyentes se mantengan al día en el pago de sus impuestos. Nos ha parecido además importante facultar la celebración de una compensación de obligaciones en favor de todas aquellas personas que teniendo crédito en contra del Fisco chileno, éste hasta la fecha no ha podido cancelar, creando una causal evidente para el incumplimiento tributario; de ahí que creamos de toda justicia autorizar a los contratistas, proveedores, prestatarios de servicios y otros que mantengan estado de pago o créditos pendientes con el Fisco, para que con cargo a las cantidades devengadas hasta el 31 de julio del presente año, compensen tributos que adeuden acogiéndose a la consolidación que este proyecto establece al 30 de junio de 1967. En último término, y teniendo en cuenta la situación de incumplimiento de los aportes previsionales que muchos patrones mantienen pendiente en el Servicio de Seguro Social y las diversas cajas de previsión, ocasionando con ello un grave daño a sus trabajadores, hemos decidido solicitar al Ejecutivo que haga indicación para hacer extensivos a ellos los beneficios que este proyecto contempla, expresando nuestra decisión de patrocinar fuertes sanciones para todos aquellos empresarios que no se acojan a esta disposición o que no cumplan oportunamente los convenios. Por todas estas razones venimos en presentar el siguiente Proyecto de ley: Artículo 1º (A).Los deudores morosos de impuestos y contribuciones de cualquier naturaleza, exceptuados solamente los de retención, difusión o traslación, podrán solicitar al Servicio de Tesorerías la consolidación de las deudas que tenían pendientes y vencidas en dicho organismo al 30 de junio de 1967, dentro del plazo de 90 días a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley. Esta consolidación operará separadamente por tipo de impuesto y consistirá en la acumulación del tributo, multas, intereses, costas procesales, derechos arancelarios y toda clase de recargos adeudados al 30 de junio de 1967, con adición de los intereses penales que a continuación se señalan, de acuerdo con el plazo de pago elegido por el contribuyente y calculados solamente sobre el impuesto neto adeudado. Interés Cuota Plazo de pago mensual contado Hasta 6 meses.................. 0,5% 10% Más de 6 meses y hasta 12 meses...... 1% 15% Más de 12 meses y hasta 18 meses .... 1,5% 20% Más de 18 meses y hasta 24 meses .... 2% 25% Más de 24 meses y hasta 30 meses ..... 2,6% 30% Para hacer efectiva la consolidación, los contribuyentes deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Cancelar al contado, como mínimo, la cuota porcentual que en cada caso se ha indicado, calculada sobre la suma total resultante de la consolidación; b) Aceptar por el saldo, letras de cambio de montos iguales con vencimiento al último día de cada bimestre a partir de la fecha de suscripción de las letras. El monto de cada letra no podrá ser inferior a cien escudos, y c) Acreditar, mediante la exhibición de los recibos cancelados, el pago de los impuestos de la misma especie devengados con posterioridad al 30 de junio de 1967 y pagar oportunamente los que se devenguen con posterioridad a la consolidación y mientras se encuentre pendiente el plazo elegido. La mora en el pago de cualquier período posterior del impuesto incluido en la consolidación y la devolución efectuada por el Banco de cualquiera letra protestada por falta de pago, producirán la pérdida total de los beneficios otorgados por la presente ley, respecto del saldo insoluto de la deuda. Artículo 2º (B).Facúltase al Servicio de Tesorerías, a las empresas del Estado, a los organismos autónomos y de administración autónoma, a las instituciones semifiscales y, en general, a todas las instituciones que forman parte del Estado, para anticipar a sus acreedores, con cargo a los créditos que tengan pendientes y legalmente en condiciones de ser pagados, la parte necesaria para cancelar la totalidad de sus impuestos en mora o la cuota al contado que se exige en el artículo anterior. Este anticipo se efectuará sobre la base de la certificación de la deuda, efectuada por el Tesorero respectivo, y procederá solamente a petición del acreedor que deberá formularse a más tardar 15 días antes del vencimiento del plazo de 90 días a que se refiere el artículo precedente. Por el monto anticipado se extenderá un cheque nominativo a favor del Tesorero Comunal que corresponda. Artículo 3º (C).Los intereses especiales establecidos en el artículo (A) no estarán afectos a recargo alguno y las letras que giren los Tesoreros Comunales serán proporcionadas por los contribuyentes y estarán exentas de impuesto. Artículo 4º (D).Las letras aceptadas en pago de la deuda consolidada serán entregadas en cobranza al Banco del Estado de Chile, institución que podrá cobrar la comisión establecida para esta clase de operaciones. Artículo 5º (E).También podrán acogerse a la consolidación los contribuyentes que tengan convenios suscritos con el Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos. (Fdo.): Luis Maira.Marino Penna. Narciso Irureta. Mariano RuizEsquide. Eduardo Cerda. Pedro Muga. Alberto Daiber. Pedro Stark. Manuel Rodríguez. Gustavo Ramírez. 15.- MOCION DEL SEÑOR BASSO "Proyecto de ley: Artículo 1ºAutorízase a la Municipalidad de Coihueco y por el monto que se señala para contratar, en forma directa, en el Banco del Estado o en otras instituciones de crédito bancarias, empréstitos a un interés no superior al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en un plazo máximo de diez años. Artículo 2º Facúltase al Banco del Estado y demás instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos hasta la suma de doscientos cincuenta mil pesos, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos, ni lo dispuesto en el artículo 71, inciso segundo de la ley Nº 11.860. Artículo 3ºEl producto del o los empréstitos que la Municipalidad de Coihueco contrate, en virtud de la autorización concedida en la presente ley, deberá invertirlo en la ejecución de las siguientes obras y adquisiciones: 1. Ampliación y reparación del Estadio Municipal de Coihueco; adquisición de terrenos en sectores rurales de la Comuna y para construcción de nuevos Campos Deportivos ... . Eº 60.000 2. Reparación y mantención de caminos comunales; adquisición de elementos mecánicos para tal efecto 60.000 3. Extensión, mejoramiento y mantención de la Red Eléctrica de Coihueco e instalación de alumbrado público en Niblinto, Tal quipén, Tanilboro y Población Aguirre Doolan ... 70.000 4. Pavimentación de veredas y construcción de soleras en Coihueco, Niblinto y Minas del Prado .... 40.000 5. Construcción de un nuevo Matadero Municipal... . 20.000 Total . Eº 250.000 Artículo 4ºDestínase, con el objeto de atender el servicio del o los empréstitos que contrate la Municipalidad de Coihueco señalada en el artículo 1º y 2º, el rendimiento del impuesto del uno por mil comprendido en la tasa única que grava el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna de Coihueco establecido en la letra e) del artículo 2º del Decreto de Hacienda Nº 2.047, del 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley 15.021. Artículo 5ºLa Municipalidad indicada, en sesiones extraordinarias especialmente citadas y con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, podrán invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para una, si resultare insuficiente para su total ejecución, con fondos de las otras o alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras. , Asimismo dicha Municipalidad queda facultada para invertir los mencionados fondos en cualquiera otra obra de adelanto local aun cuando no fueren de aquellas a que se refiere el artículo 3º, siempre que ello fuere acordado por la respectiva Corporación en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio. Artículo 6ºEn caso de no contratarse el o los empréstitos autorizados, la Municipalidad podrá girar con cargo al tributo establecido en el artículo 4º para la inversión directa en las obras señaladas en el artículo 3º y hasta la total ejecución de las mismas. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento de que el o los prestamos se contrajeran por un monto inferior al autorizado. , Artículo 7ºSi los recursos a que se refiere el artículo 4º fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias, con excepción de las sumas destinadas a sueldos o remuneraciones de cualquiera naturaleza de los personales de empleados y obreros municipales correspondientes. Si, por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste, sin necesidad de nueva autorización legal, a las obras de adelanto comunal que acuerde la Municipalidad en sesión extraordinaria, especialmente citada, con el voto conforme de los dos tercios de los regidores en ejercicio. Artículo 8º El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias se harán por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Coihueco por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde si no se hubiere dictado en la oportunidad debida. La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo a las normas establecidas en ella para el pago de la deuda interna. Artículo 9°La Municipalidad de Coihueco depositará en la cuenta de Depósito Fiscal "F26 Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destina esta ley al servicio del o de los préstamos y hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad mencionada deberá consultar en su respectivo presupuesto anual, en la partida de Ingresos Extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del o los empréstitos y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley. (Fdo.) : Osvaldo Basso Carvajal." 16.- MOCION DE LOS SEÑORES JAQUE, ACUÑA, POBLETE, MORALES, DON CARLOS POBLETE MORALES DON CARLOS NAUDON, FUENTEALBA, CAMUS, JARPA, CLAVEL Y BASSO. "Honorable Cámara: Bajo la dirección del Gobierno del Partido Radical y con el concurso de los fuerzas populares y de izquierda que llegaron al Poder el año 1938, se inició la primera etapa de un proceso de industrialización que permitió abrir amplias y nuevas perspectivas para el desarrollo del país, siguiendo las líneas gruesas que el Presidente Pedro Aguirre Cerda impuso a la política económica chilena. En 1942, bajo la Presidencia de don Juan Antonio Ríos, la Corporación de Fomento de la Producción designó una comisión especial denominada Comité del Acero, y los estudios realizados por este organismo sirvieron de base para la elaboración de la ley 7.896, llamada Ley Siderúrgica, por la cual Chile ofrecía excepcionales franquicias para que esta industria básica pudiera instalarse en las mejores condiciones y para que se desarrollare sin tenor a la competencia exterior. Dieciocho meses después de la dictación de la ley mencionada bajo los auspicios de la Corporación de Fomento de la Producción, la Compañía de Acero del Pacífico se constituyó como sociedad anónima, por escritura de 27 de abril de 1946, con un capital inicial de US$ 15.000.000, formado con 7 millones de dólares aportados por la CORFO y la Caja de Amortización y 8 millones de dólares por particulares. Todo el trabajo de estudio, planificación y financiamiento inicial de la Compañía de Acero en referencia lo hizo el pueblo de Chile, por intermedio de la CORFO. Sin embargo, en el capital social original de esta empresa, el sector público quedó con 46,66% del total, y los ocho millones de dólares de los inversionistas privados representaron 53,33%. Creada en estas condiciones la CAP, es indudable que constituyó una inversión brillante para los inversionistas particulares, con "incentivos" extraordinariamente excepcionales, nunca antes otorgados a empresarios privados chilenos. Por otro lado, si se revisan las utilidades de esta Compañía consignadas en sus Memorias anuales, considerando todas las operaciones sociales de ella, se desprende claramente que se trata de un negocio altamente rentable, en forma tal que podría haber sido ya una industria enteramente nacionalizada o estatizada si se hubiera tomado la decisión de adquirir la participación particular nacional y extranjera, pagándola con los propios recursos generados por esa empresa siderúrgica. Sin duda no podría haberse logrado un resultado tan brillante, en tan corto plazo sino se hubiere dictado para esta industria la ley 7.896, permitiéndole que se encuentre sin problemas de índole económicos y financieros. Esta situación privilegiada de la CAP se vio reforzada, posteriormente, por otra actuación estatal que le significó incorporar, sin competencia, a su patrimonio el Mineral de "El Algarrobo", que asegura financieramente en forma absoluta esta empresa. Es evidente, entonces, que ha existido generosidad en las esferas gubernativas para lograr el desarrollo de esta Compañía en la cual el Estado no es siquiera mayoritario. Pero lamentablemente, en lugar de acentuarse el carácter público de esta empresa, creada por el esfuerzo colectivo nacional, estimamos que no se ha resguardado el patrimonio estatal que ha participado, como se ha expresado anteriormente, con cuantiosas inversiones por intermedio de la CORFO. Los intereses Particulares nacionales y extranjeros han desdibujado el papel de ella. En efecto, como ya hemos señalado, inició sus actividades casi en equiparidad de condiciones la inversión fiscal con el aporte particular, pero progresivamente los valores se han invertido y cada vez es menor la influencia del Estado. Así, el aporte estatal ha disminuido al 36,74% y el particular aumentado corresponde ahora al 63,74% del capital social. Por otra parte, la ley siderúrgica Nº 7.896, establece en su inciso 2º del artículo 1º que las empresas constituidas como sociedades anónimas chilenas, que tengan un capital pagado que pertenezca, a lo menos, en un 30% a la Corporación, de Fomento de la Producción, gozarán de las franquicias que dicha ley prescribe, obligando, además, a otorgar a la CORFO facultad decisoria en asuntos de importancia fundamental para la conservación de la nacionalidad de la industria y para su desarrollo económico. Al constituirse la Compañía de Acero del Pacífico, quedó comprendida en la prescripción legal señalada en el considerando precedente, ya que la CORFO había suscrito en el capital inicial de 15 millones de dólares un total de 5 millones de dólares, o sea, tenía un capital de 33,33%. Ahora bien, al estar la CAP comprendida en el caso del artículo 1º, inciso 2º, de la ley 7.896, sus estatutos consultaron necesariamente el voto decisorio de los representantes de la CORFO para adoptar los acuerdos especificados en el artículo 9º del Reglamento de la mencionada ley. Pero, a raíz de la reestructuración financiera de la CAP, realizada en 1955, y habiendo disminuido el aporte de la CORFO que en este momento es un poco más de 24% la Empresa que había nacido con las características expresadas en los párrafos precedentes, pasó a tener las características del inciso 1º del artículo 1º de la ley 7,896, que no consulta el voto decisorio, aun cuando en el hecho se dejó en vigencia la mayor parte, pero no todas por supuesto, de las disposiciones de los estatutos que establecen el voto decisorio de la CORFO. Acentúa el carácter de la política desnacionalizadora que paulatinamente se ha llevado a cabo, la participación que se ha dado a numerosos grupos extranjeros de presión económica, fundamentalmente norteamericanos que, además de la ingerencia directa de algunos de ellos en las empresas cupreras, han logrado tender sus tentáculos en la industria del acero. A lo anterior cabe agregar el hecho señalado por la propia CORFO que, como en las condiciones actuales la Mina de "El Algarrobo" produce utilidades adicionales, resulta que el conjunto Huachipato Algarrobo produce una rentabilidad, respecto del Capital y Reservas de CAP, que la mismo CORFO estima elevada para las condiciones económicas del país. De la exposición somera de estos puntos de vista, se desprende la conveniencia, por exigirlo el interés nacional, de aplicar un mecanismo que permita devolver a la colectividad una industria vital para el desarrollo económico y social del país y que se levantó con el esfuerzo de los chilenos. Este propósito puede realizarse mediante la estatización de esa empresa. Se ha sostenido, con justicia, que la siderurgia representa la industria más importante establecida en nuestro país en los últimos años y que ha podido aportar mayores beneficios inmediatos a la economía nacional. En efecto, el desarrollo de la industria metalúrgica, la diversificación de su producción, la utilización de recursos inexplotados y una menor dependencia del exterior, son los principales factores sobre los cuales ha incidido la operación de la Planta de Huachipato". El Partido Radical sostiene en su Programa Económico que "se debe asignar papel preponderante a la acción del Estado, en su doble papel de promotor y empresario. El sector público debe ampliar su campo y sus funciones. A través de empresas socializadas o estatizadas a cargo de actividades básicas, el Estado puede planificar con eficacia, realizar una estrategia para el desarrollo, dinamizar el conjunto de la economía nacional y crear las condiciones más favorables para resolver la cuestión clave de la acumulación de capital, de la que depende, en última instancia, el ritmo con que crece la economía". Siendo la siderurgia una actividad básica de la economía nacional, nuestro Partido estima, en consecuencia, quedebe incorporarse esta empresa al sector público. Con el mérito de los antecedentes someramente expresados, me permito someter a vuestra consideración el siguiente Proyecto de ley Artículo 1ºPor exigirlo el interés nacional, declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar la Compañía de Acero del Pacífico S. A., constituida por escritura pública de 27 de abril de 1946, incorporando esta industria al sector público y consecuentemente, para expropiar o adquirir por intermedio de la Corporación de Fomento de la Producción todos los bienes corporales e incorporales que posea el sector privado en dicha empresa. Artículo 2ºLa indemnización que corresponda por esta expropiación será determinada por el Presidente de la República, previo informe y tasación de una Comisión Especial integrada por las siguientes personas: 1. El Contralor General de la República, que la presidirá; 2. El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción; 3. El Superintendente de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio; 4. El Director General de Impuestos Internos; 5. El Director del Colegio de Ingenieros de Chile, y 6. Un representante designado por la Compañía de Acero del Pacífico. Los organismos o funcionarios de la Administración Fiscal, semifiscal, de administración autónoma o empresas estatales, deberán oportunamente evacuar los informes técnicos o prestar servicios que le sean requeridos por esta Comisión Especial, para el cumplimiento de Su cometido. La Corporación de Fomento de la Producción formulará, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la presente ley, un plan destinado a adquirir los bienes o valores que posea el sector privado en la Compañía de Acero del Pacífico, especialmente las acciones que se encuentren en poder del público, debiendo coordinar esta función con la que se asigna a la Comisión Especial en virtud de este artículo. Artículo 3ºEl monto de la indemnización, correspondiente al sector privado, se calculará y pagará en dólares con un diez por ciento al contado y el saldo en cuotas anuales en un plazo no superior a quince años, más el interés del 6% anual, en la misma moneda, en la forma, condiciones, plazo, sistema dé pagarés, garantías y demás modalidades que determine el Presidente de la República. Autorízase, asimismo, al Presidente de la República para convenir con la entidad expropiada la forma y condiciones de pago de la indemnización. Igualmente, podrá condicionar el pago de esa indemnización a que la mencionada Compañía continúe administrando la empresa durante el lapso que fije, bajo la supervigilancia de la Corporación de Fomento de la Producción y con la facultad decisoria de este organismo para adoptar acuerdos sobre las materias establecidas en el artículo 9º del Reglamento de la Ley Siderúrgica Nº 7.896. Artículo 4º El Presidente de la República podrá disponer para cumplir con el pago de las indemnizaciones, de los siguientes recursos: a) Del producto de los impuestos, derechos, gravámenes, primas o contribuciones fiscales que paguen las empresas acogidas a los beneficios de la ley 7.896, desde la fecha en que se extingan o se hayan extinguido los plazos de vigencia de cada una de las franquicias establecidas en los Nºs. 1 y 2 de esa ley y hasta la cancelación total de las indemnizaciones; y b) Del 80% de las utilidades que se obtengan de la explotación de la empresa expropiada. Los fondos que corresponda percibir al Fisco provenientes de la aplicación de la letra a) de este artículo, se depositarán, en todo caso, en una cuenta especial que para este efecto abrirá la Tesorería General de la República y sobre la cual girará la Corporación de Fomento de la Producción, para el cumplimiento de los fines señalados en este artículo. Artículo 5ºUna vez practicada la tasación de la indemnización y determinada ésta conforme al artículo 29, la Corporación de Fomento de la Producción quedará autorizada para tomar posesión material de los bienes expropiados, previo pago o depósito en arcas fiscales a la orden del Tribunal llamado a conocer del reclamo que pudiere interponerse, de un diez por ciento del monto de dicha indemnización correspondiente al sector privado, conforme al sistema de pago establecido en el artículo 3º de esta ley. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen en la presente ley, estas expropiaciones se sujetarán en lo demás a lo dispuesto en la ley Nº 9.618, artículos 9, 10 y 11. Artículo 6ºAutorízase al Presidente de la República para que, desde la fecha de incorporación de la Compañía de Acero del Pacífico al sector público, prorrogue o restablezca la vigencia de todas o algunas de las franquicias establecidas en los Nºs. 1 y 2 del artículo 2º de la ley Nº 7.896, en favor de esa empresa, en el momento, forma y demás condiciones que determine. Artículo 7ºFacúltase al Presidente de la República para establecer las normas legales que determinarán la naturaleza jurídica y regularán la estructura, organización y funcionamiento de la entidad expropiada. Artículo 8ºLos bienes que se expropien en conformidad a la presente ley, incrementarán el patrimonio de la Corporación de Fomento de la Producción, la que a su vez tomará a su cargo las deudas de la Compañía de Acero del Pacífico S. A., una vez realizadas las operaciones de las compensaciones correspondientes. Artículo 9ºEl Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere esta ley, no podrá en ningún caso, afectar, suprimir, suspender o modificar los beneficios sociales o económicos o cualesquiera otros de que actualmente disfrutan los trabajadores, empleados y obreros que laboran en la empresa expropiada, sea que dichos beneficios provengan de la aplicación de disposiciones legales o de convenios colectivos en vigor. Artículo 10. El Directorio o Consejo de la Empresa estará integrado por un miembro representante de los obreros y otro de los empleados elegidos por votación de los socios de los sindicatos correspondientes, en presencia de un Inspector del Trabajo. En la evaluación de empleados, cargos y ascensos participará un representante de los sindicatos de empleados u obreros según corresponda. (Fdo.) : Duberildo Jaque A. Américo Acuña. Orlando Poblete. Carlos Morales. Alberto Naudon. Clemente Fuentealba. Tomás Camus. Miguel Jarpa. Eduardo Clavel. Osvaldo Basso". 17.comunicaciones Con la primera, la Junta de Vecinos de la Población Libertad, de la ciudad de Talcahuano, formula, diversas peticiones relacionadas con las viviendas que ocupan. Con la segunda, el Presidente de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad se refiere a diversas situaciones protagonizadas por esa institución e invita a los miembros de esta Corporación a visitar el fundo que mantiene en la comuna de Parral, con el objeto de que se impongan de la labor que ejecuta y de las condiciones de vida en que se desenvuelve. 18.telegrama Telegrama del Sindicato Profesional de Comerciantes Detallistas de Concepción, con el que solicitan que se acoja y despache el proyecto de ley, de origen en una moción del señor Basso, que otorga facilidades a los deudores morosos de impuestos. 19.peticiones de oficios Los señores Diputados que se indican, en virtud de lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respectivos nombres, se enviaran los oficios que se expresan: El señor Agurto: Al señor Ministro de Educación Pública, a objeto de que la Escuela Nº 40 de Párvulos, ubicada en la comuna de Talcahuano pase a, depender de dicho Ministerio; Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva informar acerca de los estudios relacionados con la instalación de agua potable en la localidad de Santa Clara, comuna de Bulnes; y Al mismo señor Ministro, con el objeto de que se finalice la construcción del edificio ubicado en calle Thompson de la comuna de Talcahuano, destinado a una policlínica. El señor De la Jara, al señor Ministro del Interior, para que se complete la dotación de personal en la Tenencia de Carabineros de Laja. La señora Enríquez, al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva acoger las peticiones de los miembros de la Junta de Pobladores de Emergencia "Gil de Castro", de Valdivia. El señor Fernández: Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a objeto de que informe acerca del actual funcionamiento del sistema de seguro de desgravamen que afecta a las viviendas financiadas por el sistema nacional de ahorro y préstamo; y Al señor Ministro del Interior, con el objeto de que se repriman los desórdenes producidos por elementos juveniles del barrio alto de Santiago. El señor Jaque, al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva solucionar los problemas que afectan al Instituto Superior de Comercio Anexo Coronel. El señor Laemmermann, al señor Ministro del Interior, a fin de que se tomen las medidas en relación a la derogación total de zona seca para la Isla Mocha. La señora Lazo, para que se sirva informar si es efectivo que la Estancia "La Chilenita", de Puerto Natales, habría sido entregada a la República Argentina. El señor Martín, al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, relacionado con la demanda del Sindicato Industrial de Coches Comedores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, contra la Organización Nacional Hotelera. El señor Millas: Al señor Contralor General de la República, para que se sirva investigar las irregularidades que se habrían cometido en la Sociedad Promotora de Viviendas Económicas Ltda. Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de que la Inspección de Trabajo de Angol dé curso al reclamo formulado por don Leoncio Oñate Oñate en contra de su empleadora doña Estela Rodríguez; Al mismo señor Ministro, para que se sirva, solucionar los problemas que afectan al Grupo Habitacional "Unidad Vecinal Portales", de Quinta Normal. Al señor Ministro de Minería, a fin de que se realice una investigación sobre la utilización de camiones internados por empresas mineras. El señor Morales, don Raúl: Al señor Ministro de Agricultura, para que estudie la posibilidad de restablecer la bonificación que se otorgaba a los agricultores de la provincia de Chiloé, y Al mismo señor Ministro, a objeto de que reconsidere el acuerdo respecto al retiro de la Industria Azucarera. Nacional en la provincia de Chiloé. El señor Ochagavía, al señor Ministro de Agricultura, a objeto de que se restablezca la bonificación de abonos a los agricultores de la provincia de Chiloé. La señora Retamal, al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que considere la construcción de un Grupo Escolar en la Población "Juanita Aguirre Cerda", de la comuna de Conchalí. El señor Stark, al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se inicien los trabajos de construcción del Hospital de Santa Bárbara, en la provincia de BíoBío. El señor Zorrilla, al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva acelerar la tramitación de donación de los terrenos ofrecidos para la construcción de una escuela primaria en la localidad de El Monte, departamento de Loncomilla. V.- TEXTO DEL DEBATE Se abrió la sesión a las 16 horas 15 minutos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. Las Actas de las sesiones 22ª, 23ª, 24ª, 25ª y 26ª, quedan aprobadas por no haber merecido observaciones. Se va a dar lectura a la Cuenta. El señor Prosecretario da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Terminada la Cuenta. 1.- CALIFICACION DE URGENCIA El señor LORCA, don Alfredo (Presiente).- Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de leyes: El que suplementa diversos ítem del Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas; y El que establece normas sobre consolidación de las deudas tributarias, intereses penales y multas. Se ha pedido "simple" urgencia para el primero, y "suma" para el segundo. ¿Habría acuerdo? El señor MAIRA.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Maira. El señor MAIRA.- Señor Presidente, respecto del proyecto que establece normas sobre consolidación de las deudas tributarias, intereses penales y multas, quiero expresar que, existiendo en la Comisión de Hacienda cinco proyectos distintos sobre la misma materia, decidimos ayer trabajar no sobre la base de ellos, sino sobre la idea de legislar. En ese sentido, quisiera pedir que se tramitara con "extrema urgencia", con informe de la Comisión de Hacienda, lo que nos permitiría estudiarlo con la debida premura, pero garantizando a la Sala un informe serio y completo sobre la materia. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Me permite, señor Diputado? ¿ Habría acuerdo para calificar de "simple" urgencia el proyecto que suplementa diversos ítem del Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas? Acordado. El señor PHILLIPS.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, yo concuerdo con la "suma" urgencia para el segundo proyecto, pero hago presente que, si la Corporación es citada para, el día de mañana, la Comisión de Hacienda no podrá estudiarlo. Yo creo que sería conveniente que nos diéramos más tiempo para preparar el informe; de lo contrario, va a resultar inoperante si la Cámara está citada para mañana. El señor MAIRA.- Está equivocado, Su Señoría. El señor RIOSECO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra, el Honorable señor Rioseco. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, en principio yo habría sido partidario de la "extrema" urgencia, pero creo que basta con la "suma". Acabo de leer el proyecto, y la verdad es que viene incompleto, porque mientras en la exposición de motivos se habla, de una indicación que enviará el Ejecutivo para consolidar las deudas del Servicio de Seguro Social y de las cajas de previsión, en el articulado no se dice nada. De manera que sólo creo conveniente, por los plazos y tiempos, la "suma" urgencia, con el objeto de despacharlo el miércoles próximo. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- La Mesa desea saber si el Honorable señor Maira insiste en su proposición de "extrema" urgencia. El señor MAIRA.- Me parece razonable la exposición del Honorable señor Rioseco. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para, la "suma" urgencia? Acordado. 2.- ACUERDO COMPLEMENTARIO DE PROPOSICIONES DE LA MESA El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a un acuerdo complementario de las que fueron aprobadas en la sesión de ayer. Se consultó a todos los Comités y hubo unanimidad para ello. El señor CAÑAS (Secretario).- La Mesa, previa conformidad de la totalidad de los Comités Parlamentarios, se permite proponer a la Sala la adopción del siguiente acuerdo complementario de los que fueron aprobados en el día de ayer para regir el Orden del Día de la presente sesión: Iniciar el Orden del Día de la presente sesión con la prosecución de la discusión particular del proyecto de acuerdo, de origen en una moción del señor Ballesteros e informado por la Comisión de Policía Interior y Reglamento, que introduce diversas enmiendas en el Reglamento Interno de la Corporación. Se destinará a este efecto un máximo de 60 minutos, al término de los cuales, en todo caso, se declarará cerrado el debate respecto de todas las disposiciones que resten en ese instante sobre dicho proyecto, y se procederá a votarlas hasta su total despacho. Como consecuencia de este acuerdo, el tiempo destinado al Orden del Día se prorrogará por todo lo que fuere necesario para dar cumplimiento a las resoluciones relativas al despacho de los otros dos asuntos legislativos, que, exclusivamente, serán despachados en esta sesión. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si le parece a la Cámara, así se procederá. Acordado. 3.- COMISIÓN MIXTA PARA ESTUDIAR TRAMITACION DE PROYECTOS DE LEY El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a una proposición de la Mesa., respecto de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados. El señor CAÑAS (Secretario).- El Honorable Senado ha accedido a la invitación de esta Cámara, en orden a formar una Comisión Mixta de Senadores y Diputados destinada a estudiar diversos aspectos constitucionales y reglamentarios relacionados con la tramitación de los proyectos de leyes en el Congreso Nacional; ha designado a los Honorables Senadores señores Tomás Chadwick, Sergio Sepúlveda, Raúl Juliet y Patricio Aylwin y a la señora Julieta Campusano, para que la integren en su representación; y propone los siguientes puntos acerca de los cuales debería pronunciarse la referida Comisión Mixta como competencia de ella: "1.- Situación reglamentaria y constitucional que se crea en la discusión de los proyectos de leyes en tercero, cuarto y quinto trámites constitucionales, ya sea cuando se propone como enmienda la sustitución de una disposición por varias otras, en un solo acto, o la creación de artículos nuevos, o cualquier otro relacionado con aquella materia; 2.- Situación que se origina al declararse por una de las ramas del Congreso Nacional la improcedencia o in admisibilidad de disposiciones aprobadas por la otra Cámara, cuando dichas normas son ajenas a la idea fundamental o matriz del respectivo proyecto de ley, o cuando son contrarías a la Constitución Política del Estado; 3.Facultades que asistirían al Presidente de cada rama del Congreso Nacional, para declarar la improcedencia o in admisibilidad de observaciones del Ejecutivo que tiendan a agregar disposiciones que no guardan relación alguna con la idea matriz o fundamental de un proyecto de ley, o cuando son contrarias a la Constitución Política, del Estado; y 4.- En general, todos los problemas que se han suscitado o puedan suscitarse durante la tramitación de las observaciones del Presidente de la República a los proyectos de ley despachados por el Congreso Nacional." El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si le parece a. la Corporación se aceptará esta competencia por coincidir ella con' la propuesta por la Cámara por oficio N° 9.263, de 9 de marzo de 1967, y para cuya finalidad la Corporación procedió a comunicar la designación de sus miembros ante la Comisión Mixta respectiva, con fecha 18 de abril próximo pasado. Acordado. 4.- ANTICIPACIÓN DEL TIEMPO DEL COMITE COMUNISTA EN INCIDENTES El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que, a continuación del proyecto que figura en el primer lugar del Orden del Día, el Comité Comunista pueda usar de los 15 minutos que le corresponden en la Hora de Incidentes. Hago presente a la Sala que, consultados todos los Comités, expresaron estar de acuerdo. El señor OCHAGAVIA.- ¿En qué consiste la proposición, señor Presidente? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En autorizar al Comité Comunista para que, en vez de usar los 15 minutos que le corresponden en la Hora de Incidentes al final de la sesión, o sea, a las 12 de la noche o una de la madrugada, lo haga al término del despacho del primer proyecto del Orden del Día. ¿Habría acuerdo? Acordado. 5.- PREFERENCIA EN EL INGRESO A DIVERSOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA A LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO.- OFICIOS El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- El Honorable señor Sotomayor solicita dos minutos para referirse a un problema de los egresados de las escuelas industriales. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra Su Señoría por dos minutos. El señor SOTOMAYOR.- Señor Presidente, agradezco la deferencia de la Cámara. Sólo deseo pedir que se dirijan oficios a los señores Ministros de Economía, de Obras Públicas, de Minería y de Agricultura, a fin de que se dé preferencia en el ingreso a los organismos de su dependencia, a los egresados de la Universidad Técnica del Estado. Porque, ¿qué ha pasado hasta el momento? Que cada año egresa un número determinado de técnicos e industriales que hacen verdaderas romerías, como a todos los parlamentarios nos consta, para conseguir una recomendación que los ubique en alguna parte, Me parece que si el Estado les ha dado la oportunidad de una profesión técnica o industrial, es lógico que también les dé preferencia para colocarlos en alguna parte. Por eso, pido que se envíen estos oficios. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para enviar los oficios solicitados por el Honorable señor Sotomayor. ¿Habría acuerdo? Acordado. 6.- MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En conformidad con los acuerdos de la Cámara corresponde continuar la discusión particular del proyecto de acuerdo, originado en una moción del Honorable señor Ballesteros, que introduce diversas modificaciones al Reglamento de la Cámara. El proyecto de acuerdo está impreso en los boletines N°s 10.677 y 10.677 bis. Continúa la discusión particular de la indicación formulada por el Honorable señor Millas, para agregar un artículo nuevo a continuación del 171. Quedó con la palabra el Honorable señor Zepeda en una interrupción concedida por el Honorable señor Monckeberg. Resta un minuto del primer discurso. El señor BALLESTEROS.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, siguiendo con el debate recaído en la indicación del Honorable señor Millas, me permito hacer presente la aceptación nuestra a la idea sugerida por el Honorable señor Zepeda, en orden a que se regule la situación que se produce cuando en Incidentes algún Comité pide prórroga del tiempo. Nosotros aceptamos la sugerencia del Honorable señor Zepeda en el sentido de que, si falta quorum para votar una petición de prórroga, no fracase la sesión, si no que ésta continúe hasta el término de la Hora de Incidentes. En resumen, aceptamos la indicación del Honorable señor Millas, adicionándola con la idea que acabo de expresar y que fue sugerida por el Honorable señor Zepeda. Sobre el particular, pido que la Mesa quede autorizada para incorporar esta nueva, idea en el texto de la indicación formulada. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra el señor Secretario. El señor CAÑAS (Secretario).- Pareciera que la idea del señor Ballesteros es que en el artículo que se propone agregar después del 171, se disponga que sólo en el Orden del Día de las sesiones ordinarias, en las sesiones que se rijan por este mismo procedimiento, en las especiales a que se refiere el artículo 81 y en las pedidas a que se refiere el artículo 82, procederá el levantamiento de la sesión por falta de quorum, contemplado en este Título. El señor BALLESTEROS.- Justamente, ése es el alcance de la indicación, con la adición propuesta. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aceptarla proposición hecha por el Honorable señor Ballesteros? Acordado. Aprobada la indicación que agrega un artículo nuevo a continuación del 171. Se va a dar lectura a otra indicación del Honorable señor Millas. El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Millas al artículo 173 del Reglamento no figura en el boletín comparado, porque es una proposición nueva: "Reemplazar, en el inciso primero, la expresión "a nombre del Diputado que las haya formulado" por esta otra: "a nombre del o los Diputados que las hayan formulado." Se refiere a las observaciones que se envían al Presidente de la República y de que se trata en el Título "De la fiscalización de los actos del Gobierno". "Reemplazar, en el inciso segundo, la expresión "De estas peticiones se dejará constancia en el acta y en el Boletín de Sesiones, pero no se dará lectura a ellas en sesión." por esta otra:" De estas observaciones o peticiones, que podrán formularse en cualquier momento, aun encontrándose en receso la Cámara, se dejará constancia en el acta y en el boletín correspondiente a la sesión ordinaria de fecha más próxima a la de las presentaciones respectivas, pero no se dará lectura a ellas en sesión." El señor BALLESTEROS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, nosotros concordamos con la enmienda sugerida respecto al inciso primero; no así con la del inciso segundo. Nos parece conveniente mantener la norma en vigencia en cuanto a que haya una hora determinada para formular las peticiones a que alude el artículo 173. Anuncio, por tanto, nuestros votos favorables a la primera parte de la indicación y nuestra oposición a la segunda. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la primera parte de la indicación. Aprobado. En votación la segunda parte de la indicación. Si le parece a la Honorable Cámara se rechazará. Rechazada. El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del mismo señor Millas al artículo 174 del Reglamento, para reemplazar, en el inciso primero, la expresión "Las observaciones o acuerdos a que se refieren los artículos precedentes,..." por esta otra: "Las observaciones o acuerdos a que se refiere el artículo 172...". El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la indicación. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la, negativa, 38 votos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Rechazada la indicación. Se va a dar lectura a una nueva indicación. El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Lorca, Presidente, y del señor Ballesteros, para que en el artículo 176 se agregue, como inciso segundo, el siguiente, nuevo: "Esta Comisión" la de acusación constitucional "estará facultada para sesionar simultáneamente con la Cámara, en conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 71". El señor BALLESTEROS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, la indicación no viene sino a formalizar la práctica que se ha tenido en forma reiterada en la Corporación para el trámite de las acusaciones constitucionales. Pero la omisión de una disposición concreta que regule la materia puede hacer surgir dudas. Por eso conviene explicitar la situación mediante la indicación aludida. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Honorable Cámara, y no se pide votación, se dará por aprobada la indicación. Aprobada. Se va a dar lectura a una indicación al artículo 186. El señor CAÑAS (Secretario).- El señor Lorca, Presidente, propone que, en el artículo 186, que se refiere a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos en la Cámara de Diputados, se substituyan, en el inciso segundo, las palabras "hasta por otros quince días" por las siguientes : "sólo por quince, día más", para mantener la concordancia con las modificaciones que se introducen en el mismo artículo. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión la modificación del artículo 186 con la indicación leída. El señor BALLESTEROS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, la enmienda que se propone respecto al inciso primero del artículo 186 tiene por objeto concordar también las disposiciones reglamentarias con la práctica parlamentaria. Se ha visto cómo, cada vez que se ha discutido el proyecto de Presupuestos se ha tropezado con la dificultad que significa la disposición en actual vigencia, que prevé que "la Comisión Mixta de Presupuestos deberá evacuar su informe en los quince días siguientes a la presentación al Congreso del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Nación." Como los señores Diputados saben, en conformidad con el artículo 44, Nº 4, de la Constitución Política del Estado, "el proyecto de ley de Presupuestos debe ser presentado al Congreso con cuatro meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir"; esto es, debe ser presentado en los primeros días del mes de septiembre. La verdad es que el proyecto comienza a ser discutido a mediados del mes de noviembre, con lo que él plazo reglamentario de nuestro texto normativo ha quedado en absoluto fuera de uso. La enmienda propuesta tiene por objeto concordar esta disposición con lo que la práctica hace aconsejable, es decir, que la Comisión Mixta tenga un plazo de noventa días, contados desde la presentación del proyecto, para emitir su informe y que las proposiciones puedan producirse en las condiciones que prevén el artículo 186 enmendado y la indicación, que el señor Presidente se ha permitido formular y con la cual nosotros estamos de acuerdo. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si les parece a los señores Diputados, se aprobarán la modificación del artículo 186 y la indicación. Aprobadas. Se va a dar lectura a otra indicación. El señor CAÑAS (Secretario).- En el mismo título, en el artículo 191, el señor Lorca, Presidente, propone reemplazar la expresión "60 días" por "90 días". O sea, la Comisión Mixta de Presupuestos tendrá un plazo de 90 días para evacuar su informe, que es lo que aprobó la Comisión para este período. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión la indicación. El señor RIOSECO.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor RIOSECO.- La indicación del señor Presidente habría que hacerla concordar con lo que acabamos de aprobar. De acuerdo con la modificación anterior, la Comisión Mixta de Presupuestos tendrá 90 días para evacuar su informe. Este plazo podrá prorrogarse sólo por 15 días. En este caso, dispondrá de hasta 105 días. Si se aprobara lo propuesto por la Mesa, o sea, si se cambiara, en el inciso primero del artículo 191, la expresión "60 días" por " 90 días", el informe del proyecto de ley de Presupuestos no podría ser discutido, porque hemos establecido el mismo plazo de 90 días para que la Comisión lo emita y también la posibilidad de una prórroga por 15 días más. Me parece que hay contradicción entre estas dos modificaciones y la indicación propuesta ahora por el señor Presidente. Solicito una explicación de la Mesa. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- El señor Secretario se la va a dar. El señor CAÑAS (Secretario).- Con el procedimiento actual, la Comisión Mixta tiene 15 días para emitir su informe, plazo que se le puede prorrogar por otros 15 días, al cabo de los cuales queda cerrado el debate, sin perjuicio de que, por unanimidad, la Cámara le otorgue, sucesivamente, hasta por dos veces más, nuevos plazos de 15 días cada uno. El propósito de las dos indicaciones es que el. plazo normal sea de 90 días, a partir del l9 de septiembre, que es la fecha establecida en la Constitución Política del Estado, y que sea prorrogable, por una sola vez, por 15 días más, lo que da un total de 105 días, es decir, más o menos el tiempo que actualmente tiene, en realidad, la Comisión Mixta de Presupuestos para informar el proyecto, con posibilidades de debate si se procede dentro de este plazo. El señor RIOSECO.- De manera que si, transcurridos los 90 días a que se refiere la indicación del señor Presidente, se concede la prórroga de 15 días señalada en el artículo 186, ¿no habría debate en la Cámara? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- La Cámara deberá acordarlo en cada oportunidad. El señor RIOSECO.- Me explico más claramente. La modificación del inciso primero del artículo 186, que acabamos de aprobar, establece que la Comisión Mixta deberá evacuar su informa dentro de los 90 días siguientes a la presentación del proyecto. El inciso segundo autoriza la prórroga de sólo 15 días más. Es decir, dispondrá de 105 días. La indicación propuesta por el señor Presidente respectó del proyecto quedará clausurada, en su primer trámite constitucional, a los 90 días. Entonces, si se concede a la Comisión, por simple mayoría, la prórroga del artículo quedará clausurado el debate en la Sala. Esto debe quedar bien en claro. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Se procederá en la misma forma en que se ha hecho hasta ahora. El señor BALLESTEROS.- Pido 15, palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, la observación que acaba de formular el Honorable colega señor Rioseco tiene base reglamentaria. No hay la menor duda de que el plazo de 90 días que se establece a través de la enmienda es susceptible de ser prorrogado por otros 15 días. Pero el artículo 191, al referirse a la clausura del debate, establece que ésta procede, automáticamente, a los 90 días; es decir, queda al margen la posible ampliación que la Cámara pueda acordar, lo que nos parece del todo inconveniente. Creemos que lo lógico es que, acordada la clausura del debate, la Cámara también pueda conocer las indicaciones que se hayan formulado, siempre que la Sala acuerde la ampliación. El señor MILLAS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MILLAS.- Señor Presidente, en realidad se plantea un problema, porque al resolverse en el artículo 191 la clausura del debate después de 90 días, en los hechos, se establece que no habrá nunca' discusión de la ley de Presupuestos. ¡ Nunca! Porque, en la actualidad, el sistema del artículo 186 determina que el informe se emita en los 15 días siguientes a la presentación del proyecto de ley se clausura el debate a los 60 días, o sea, 45 días después. Pero, además, el plazo de 15 días para evacuar el informe puede ser ampliado por 15 días más, de modo que se llegaba a los 30. Es decir, reglamentariamente había 30 días para el posible debate en la Corporación. Sabemos que, efectivamente, era de común ocurrencia que no hubiera tal plazo, porque se prorrogaba, no se emitía el informe y sucedía que se llegaba, a los 60 días sin informe. Pero, ahora, ¿qué es lo que se propone? 90 días para evacuar el informe y, según la indicación al artículo 191, los mismos 90 días para la clasura del debate. Esto quiere decir que quedaría sentado como principio reglamentario que jamás pueda haber discusión sobre la ley de Presupuestos; esto es aún más grave por las consideraciones que han expuesto los Honorables señores Rioseco y Ballesteros. Por eso, creo que, en fondo, debería llegarse... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡¿Me permite, Honorable Diputado? El señor MILLAS.- . a establecer una fórmula para que pudiera haber algún debate. Nada más. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- La Mesa encuentra toda la razón a los Honorable señores Rioseco, Ballesteros y a Su Señoría. Creo que para que quedara lógica la redacción, tendría que ser a los 105 días la clausura del debate. El señor BALLESTEROS.- No, señor Presidente. A los 90 ó 105 días, en su caso. No 105. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Por eso... El señor BALLESTEROS.- 90 ó 105, en su caso. Porque habrá 105 en el caso en que se haya accedido a la prórroga. El señor MILLAS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MILLAS.- Si acaso el debate se clausura a los 90 días y el plazo para el informe es, también, de 90 días, quiere decir que, en ningún caso, hay debate, situación distinta de la establecida hasta hoy en el Reglamento que, aunque no era aplicable en la práctica, dejaba un plazo de 80 días para someter el proyecto a la consideración de la Sala. Yo creo que los plazos deben ser ligeramente superiores, o sea, podría ser de 100 y, en el caso de prórroga, de 110 días; es decir, un plazo muy exiguo para evitar que nos extendamos y lleguemos a chocar con el plazo constitucional, pero me parece que deberá ser ligeramente superior a aquel dentro del cual obligatoriamente se tiene que emitir el informe. De lo contrario, sería dejar sentado en el Reglamento que no habrá debate. Por ello, me permito sugerir ese plazo de 100 días y, en el caso de que se haya acordado la ampliación a que se refiere el inciso segundo del artículo 186, el de 110 días, el cual, a mi juicio, es prudente. Nada más, señor Presidente. El señor BALLESTEROS.- ¿Cómo? El señor MILLAS.- De 100 y 110 días. El señor RIOSECO.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, concordando con las ideas expuestas, estimamos que esta materia debe quedar claramente establecida. Nosotros queremos que haya debate de la ley de Presupuestos, después de evacuado el informe. Si la Comisión Mixta de Presupuestos, por alguna razón, como ha sucedido, no cumple con su obligación reglamentaria, es indudable que la ley de Presupuestos se conocerá con informe o sin él, una vez terminado el plazo. Porque, en la práctica, los plazos de la Comisión han sido superiores a los de la Cámara y no ha habido posibilidad de debate de la ley de Presupuestos. De manera que, para armonizar ambos artículos, debiera decir que, en todo caso, la clausura del debate será de 5 días después de evacuado el informe, en caso de que se haya llegado al plazo máximo, para que, por lo menos, haya posibilidad de debate en la Cámara, y de presentar indicaciones, tanto por los parlamentarios como por el Ejecutivo. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Hay una proposición del Honorable señor Millas y otra del Honorable señor Rioseco, que son distintas. El señor MILLAS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MILLAS.- Yo creo que, en el fondo, coincidimos todos en el espíritu de la proposición frente al cual han manifestado su aquiescencia el Honorable señor Ballesteros y el Honorable señor Rioseco, cual es la necesidad de dar un plazo superior a la Comisión. Ahora bien, creo prudente la posibilidad de que la Comisión llegue a tener un plazo de 105 días y, en el caso de que no haya prórroga, se establezca el de 100 días. Me parece razonable que, en vez de los 90, como fue propuesto por el señor Presidente, establezcamos 100, pero que agreguemos que, en caso de haberse acordado la prórroga a la Comisión, sean 110 días, o sea, 5 días más del plazo de que dispone la Comisión. Será un plazo estrecho, pero se deberá a que la Cámara ha concedido la prórroga, y, en todo caso, habrá 5 días. Normalmente deberán ser 90 en la Comisión y 100 hasta la clausura del debate por la Corporación. Nada más. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿ Estaría de acuerdo el Honorable señor Rioseco? Honorable señor Ballesteros, ¿escuchó la proposición del Honorable señor Millas? Consiste en poner 100 días con la prórroga del plazo. El señor Secretario aclarará la proposición. El señor CAÑAS (Secretario).- La proposición del señor Millas es que la clausura del debate procede al cabo de 100 días, o de 110 en caso de que haya habido prórroga, acordada por la Cámara. Vale decir, en ambos casos habrá discusión del proyecto de ley de Presupuesto. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿ Habría acuerdo ? El señor BALLESTEROS.- ¿Me permite? Sólo me asiste una pequeña duda, que proviene del espíritu que inspira las proposiciones que se han formulado. ¿Qué obligación tiene, en determinado instante, la Corporación de conocer el proyecto de Ley de Presupuestos dentro del plazo de 100 ó de 105 días en su caso? ¡Ninguna! Incluso más: si ocurre, como ha venido ordinariamente ocurriendo, que la Comisión Mixta de Presupuestos disponga del plazo íntegro, es decir de los 90 días o de los 105, en su caso, y se da el tiempo necesario para que emita su informe, nos encontraríamos con que la confección material del informe ocuparía en la práctica, gran parte de ese mayor tiempo, de los 5 de ampliación, en el caso de haberse acordado la prórroga. Creo que es un problema complicado. Me pronuncio más bien, reviendo esta situación, por la tesis de que no haya prórroga; pero si ya se estableció en el Reglamento el plazo de 90 días, el hecho es que hay una norma que da suficiente amplitud para que a fines de noviembre la Comisión Mixta de Presupuestos emita su informe, existe todo el mes de diciembre para que la Cámara, y el Senado, en su caso, se pronuncie, en los diferentes trámites a que da lugar la ley, sobre su texto. Por eso, creo que deberíamos ver alguna posibilidad de estudiar un poco más en detalle esta materia. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si le parece a la Honorable Cámara, suspenderemos el debate de este artículo y seguiremos con los otros. Dejaremos pendiente este artículo para tratarlo en cualquier momento de la sesión de hoy día, cuando nos pongamos de acuerdo. El señor BALLESTEROS.- O al final del tiempo destinado a este proyecto. El señor RIOSECO.- Como dice la Mesa sería mejor: en cualquier momento. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar este artículo con posterioridad, después que los señores Diputados lo discutan o propongan su redacción en forma unánime? Acordado. Queda pendiente el artículo. 7.- TRAMITACION DE PROYECTOS SOBRE CONSOLIDACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS EN LA COMISION DE HACIENDA. El señor RIOSECO.- ¿Me permite, señor Presidente? Pido a Su Señoría que recabe el asentimiento unánime de la Sala para referirme a una materia distinta. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, deseo hacer una consulta respecto a una materia que me ha planteado el señor Secretario de la Comisión de Hacienda y que se refiere al acuerdo que se tomó en relación con la calificación de urgencia del proyecto enviado por el Ejecutivo referente a la consolidación de las deudas tributarias. Nosotros entendimos, después de las palabras del Honorable señor Maira, que se había acordado refundir todos los proyectos que sobre esa materia hubiese en tabla en la Comisión de Hacienda, por cuanto esta Comisión está citada, por unanimidad, para tratar mañana, exclusivamente, los proyectos que estaban en debate. Como se había enunciado el envío de este proyecto, cuya urgencia se aprobó, se tomó el acuerdo unánime de fusionarlos. De manera, entonces, que yo he entendido que el acuerdo para la "suma" urgencia, que se tomó por unanimidad, se refería a los proyectos que tienen relación con la misma materia, refundidos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Me permite? La Mesa ha entendido, Honorable Diputado,... El señor RIOSECO.- Eso es lo que dijo el Honorable señor Maira. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Se acordó la "suma" urgencia para ese proyecto de que se dio cuenta y para el cual el Ejecutivo pidió urgencia. Lo que pasó es que el Honorable señor Maira, para fundamentar su petición de "extrema" urgencia, que después retiró, dijo que la Comisión unánimemente había acordado tratar en conjunto todos los proyectos relacionados con esta materia económica. Pero no fue un problema de la Sala. El señor RIOSECO.- ¿Cuál sería la situación reglamentaria? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- La situación reglamentaria es que se acordó la "suma" urgencia para el proyecto enviado por el Ejecutivo, del cual se dio cuenta. La cosa es muy clara. Su Señoría ha hecho una consulta que la Mesa resuelve en forma lógica. Lo que ha acordado la Sala es el trámite de "suma" urgencia para el proyecto del Ejecutivo, del que se dio cuenta. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Cuál? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- El enviado por el Ejecutivo y para el cual hizo presente la urgencia. Ahora, para fundamentar su petición, el Honorable señor Maira informó a la Sala que había un acuerdo de la Comisión, no de la Sala, para tratar en conjunto todos los proyectos relativos a la materia mencionada. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, esto tiene alguna importancia, porque el proyecto que se está debatiendo, en estos momentos, en la Comisión de Hacienda es una moción del Honorable señor Basso, que da un tratamiento especial a los deudores morosos de contribuciones de diversos tipos. De manera, entonces, que frente a esta calificación de suma urgencia el acuerdo unánime tomado por la Comisión podría quedar eventualmente nulo. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Es decir, de acuerdo con el Reglamento podría quedar nulo, pero yo creo que si todos los Honorables Diputados que integran esa Comisión deciden adoptar unánimemente un acuerdo, la "suma" urgencia no afecta el tratamiento conjunto de todos los proyectos que la Comisión estime conveniente y que se refieran a la misma materia. El señor RIOSECO.- ¡Muy bien! 8.- MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Continúa la discusión del proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento de la Cámara. En discusión la modificación del artículo 197. El señor BALLESTEROS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene pala palabra el Honorable señor Ballesteros. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, la modificación introducida en el artículo 197 tiene por objeto considerar las etapas que debe cumplir un proyecto que ha sido calificado de "simple" urgencia. El texto propuesto es mucho más explícito que la disposición anterior en cuanto a prever el plazo en que el proyecto debe cumplir los trámites de primer informe de la Comisión de Hacienda, discusión general y segundo informe. En esto, prácticamente, salvo el orden que se refiere a los plazos, no hay mayor novedad en comparación con el texto anterior. Sí la hay en cuanto introduce dos ideas que me parece conveniente recalcar. En primer lugar, establece la obligación de las Comisiones de emitir informe dentro de los plazos que establece el artículo; esto es, como lo expresa el inciso antepenúltimo de la disposición, deberán declarar cerrado el debate y se procederá a votar el proyecto en el trámite en que se encuentre hasta su total despacho una vez que haya llegado el día previsto. La práctica actual es que la Comisión, en los plazos que tiene para los proyectos de ley, consideran no tiene obligación de pronunciarse ; y la verdad es que, en muchos casos, la Comisión no alcanza a emitir informe por haber expirado el plazo que reglamentariamente le correspondía. Mediante la reforma, será obligatorio para la Comisión cerrar el debate y pronunciarse sobre cada una de las disposiciones. Creo que no necesito agregar mayores razones para justificar la conveniencia de este procedimiento, que permitirá a la Honorable Cámara tener un texto en el cual se ha expresado ya la opinión de los diversos sectores que integran la Corporación y que están representados en el seno de la Comisión. Por otra parte, se prevé también que, si vencidos los plazos anteriores no se hubieren evacuado, no obstante todas estas normas y exigencias, los respectivos, informes, la Cámara podrá conocer el proyecto de ley sin tales informes, caso en el cual no será imprescindible el informe de la Comisión de Hacienda que, como los señores Diputados saben, es obligatorio para aquellos proyectos que se refieran a las materias que el citado artículo 61 establece. Estas son, en líneas generales, las enmiendas introducidas en el artículo 197 que vengo comentando. El señor MILLAS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MILLAS.- Señor Presidente, nosotros hemos concordado y fuimos partidarios de que se estableciera la disposición del texto que se consulta para el nuevo artículo 197, por las razones que ha expresado el Honorable señor Ballesteros. Ahora bien, creo conveniente dejar constancia, en esta discusión de la reforma del Reglamento de la Corporación, de los efectos que produce lo dispuesto en el inciso segundo del número 2º, en relación a la misma situación, en el número 4º. Los 27 días a que se refiere, en su iniciación, el inciso segundo de este artículo, comprenden 4 días para el primer informe de Comisión de Hacienda y tres días para el segundo informe de esta misma Comisión, y puede ocurrir o que no haya informe de Comisión de Hacienda poíno ser necesario ni en el primero ni en el segundo caso, o que no haya alguno de ellos; porque puede haber habido primer informe y modificaciones en el proyecto y, como él quedó aprobado, no ser preciso que pase a la Comisión de Hacienda en segundo informe o, a la vez, que por alguna de las enmiendas introducidas, pase sólo a segundo informe; entonces, puede reducirse este plazo de 27 días, y ser, prácticamente, los trámites obligatorios 24 días, 23 días o incluso 20 días. A mi entender, por la forma en que ha quedado redactado el artículo, y de acuerdo con el criterio que para considerarlo tuvimos en la Comisión de Policía Interior y Reglamento, en caso de no existir el informe de la Comisión de Hacienda a que se refiere el número segundo, se anticiparía el plazo dentro del cual se pronuncia la Sala; o sea, habría 10 días para el primer informe de Comisión, y los 3 siguientes, para la discusión general del proyecto. Ese me parece, era el criterio que hemos tenido en este punto; como, igualmente, si no hay informe de Comisión de Hacienda en la segunda oportunidad, o sea, segundo informe, se anticipa el plazo en que pasa a la consideración de la Sala, la cual, asimismo, dispone de tres días, como plazo reglamentario. He creído conveniente decir esto, porque pudiera haber dudas en relación con la interpretación de estas disposiciones, ya que inicialmente se habla de un plazo que puede llegar a 27 días. Dejo constancia de nuestra opinión, ya que, según entiendo, fue el criterio con que despachamos el nuevo artículo 197. He dicho, señor Presidente. El señor BALLESTEROS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, yo creo que lo expresado por el Honorable señor Millas es el exacto espíritu de los miembros de la Comisión al sancionar la disposición en debate. Me parece que, para los efectos de que no quedara la menor, duda, el inciso segundo se podría redactar en la siguiente forma: "El proyecto deberá ser despachado con sujeción a los plazos y reglas siguientes"; y, posteriormente, establecer los demás incisos y números en la forma en que están en la disposición, para que no se pudiera estimar, por ningún concepto, que, en todo caso, el plazo es de 27 días, pues, realmente, y tanto no lo es, que el inciso segundo de la regla número dos dice: "Si el proyecto no requiriere el trámite de la Comisión de Hacienda se prescindirá de este plazo." ¿Qué significa "prescindir'1 de este plazo? Que se adelantan todos los anteriores. Por eso, no es propio hablar de 27 días, sino que decir "con sujeción a los plazos y reglas siguientes". Yo hago indicación para que se redacte este inciso segundo del artículo 197 en la forma antedicha. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el artículo 197, con las ideas expresadas por el Honorable señor Ballesteros. Acordado. En discusión el artículo 198 que propone la Comisión. El señor BALLESTEROS.- Pido la palabrea. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, las enmiendas introducidas en este texto reglamentario tienen por objeto establecer normas distintas de las vigentes, en lo que se refiere al régimen de tramitación de los proyectos calificados de "suma urgencia". Voy a tratar, en una breve síntesis, de hacer presente en qué consisten estas modificaciones sustanciales. En primer lugar, se establece una norma que, a nuestro juicio, no viene sino a consagrar lo que ha sido la práctica reiterada de la Honorable Cámara frente a los proyectos calificados de "suma urgencia"; esto es, que no hay segundo informe de Comisión. La verdad de las cosas es que son muy pocos los casos acaecidos en este último tiempo y en la historia de la legislación nuestra, en que un proyecto calificado de "suma urgencia" haya tenido segundo informe, y esto tanto por lo exiguo del plazo como por otras circunstancias. Normalmente, estos proyectos tienen trámite de Comisión de Hacienda, de conformidad con las disposiciones del artículo 61 del Reglamento en vigencia; y al tenerlo, esto hacía, de hecho, que no existiera la posibilidad de hacer efectivas las previsiones que el artículo 198 contenía para los efectos de que el proyecto pudiera tener segundo informe. De allí que la primera idea, por tanto, es sancionar reglamentariamente lo que la práctica había introducido como cosa habitual en el tratamiento de los proyectos de "suma urgencia," esto es, que no tengan segundo informe. En segundo lugar, el actual plazo que el artículo 198 prevé para el despacho de un proyecto calificado de "suma urgencia", es de cinco días. Como norma general se establece, en la reforma, que el plazo será de ocho días, con una sola excepción: que dicho plazo será también de cinco días si el proyecto no tiene trámite en la Comisión de Hacienda. Estos plazos se distribuirán de la siguiente manera: cuatro días para el informe de Comisión; tres días para el informe de la Comisión de Hacienda cuando fuere procedente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, y un día para la discusión y votación en la Sala. La discusión, por las razones que ya señalé anteriormente, será en general y particular a la vez. Otra idea básica que se introduce con la enmienda que vengo analizando, es la referente a las indicaciones que pueden formularse al proyecto calificado de "suma urgencia". Se establece que "sólo se admitirán a discusión y votación las indicaciones que, rechazadas por las Comisiones respectivas, sean renovadas con las firmas de un Ministro o treinta y cinco Diputados, para cuyo efecto los informes consignarán expresamente esta circunstancia. ¿Cuál es la norma en vigencia? Que un proyecto calificado de "suma urgencia" puede ser objeto de todo tipo de indicaciones en la Sala, con la sola excepción de aquéllas que, en conformidad con el artículo 61 del Reglamento, requieren del trámite de la Comisión de Hacienda. Se modifica esta norma haciendo por principio inadmisible, en estos casos, la presentación de indicaciones, salvo que éstas, en primer lugar, hayan sido previamente planteadas en la Comisión técnica o en la de Hacienda por Diputados pertenecientes a estas Comisiones o que hayan concurrido al debate. Estas indicaciones que habían sido rechazadas y aquí viene la importancia de la enmienda previamente conocidas por los miembros integrantes de la Comisión, han de ser renovadas con las firmas de un Ministro o de 35 señores Diputados. Estas exigencias tienen por objeto evitar lo que se venía convirtiendo, a mi juicio, en una práctica viciosa e inconveniente en la tramitación de los proyectos con "suma urgencia" ; esto es, que se estuvieran tratando y despachando eventualmente en la Sala indicaciones respecto de las cuales no se había tenido el tiempo suficiente para analizarlas en sus proyecciones o alcances. Esta situación permitía, muchas veces, que se sancionaran, por la Honorable Cámara, disposiciones que, realmente, no tenían verdadero fundamento. De manera que, con esta norma, viene a reglamentarse, a mi juicio, una de las situaciones que hacían más grave la tramitación de los proyectos calificados de "suma urgencia", y que provocaban las consecuencias que he venido señalando. Otra de las normas básicas que se introduce por esta enmienda es la obligación de la Honorable Cámara, en el caso de no haberse evacuado los respectivos informes de las Comisiones que serán el informe de la Comisión técnica y el de la de Hacienda, en su caso de "pronunciarse dentro del día siguiente, tomando como base de discusión el proyecto primitivo". Esto es, en ausencia del informe, la Cámara deberá remitirse al proyecto original. Producida esta situación, "y cuando se trate de proyectos con urgencia calificada de "extrema", se admitirán a discusión y votación indicaciones procedentes, aunque fueren de aquéllas que hubiesen requerido informe de la Comisión de Hacienda". Esta norma se explica por su solo texto. Al igual que en el caso anteriormente comentado, referente al artículo 197, se establece la obligación, para las Comisiones, de emitir su informe dentro de los plazos señalados. Y deberá, por lo tanto, el Presidente de la Comisión declarar cerrado el debate y procederse a la votación hasta el total despacho de las disposiciones que queden pendientes. Estas son, en definitiva, las principales modificaciones que se introducen en el texto del artículo 198, relativo al trámite de la "suma urgencia". El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Honorable Cámara se aprobará la sustitución del artículo 198. Aprobada. En discusión la enmienda al artículo 203. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará. Aprobada. En discusión la enmienda que consiste en el Título XXI, constituido por un artículo nuevo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará. Aprobado. Se va a dar lectura a una indicación. El señor CAÑAS (Secretario).- El señor Lorca propone suprimir el artículo 212 actual, que es el último del Reglamento, por haber perdido totalmente su oportunidad. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la indicación. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará. Aprobada. El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Ballesteros, para agregar, como artículo 2º nuevo del proyecto de acuerdo sobre reforma del Reglamento, el siguiente: "La presente reforma reglamentaria entrará en vigencia 15 días después de su .publicación en el "Diario Oficial". "Autorízase a la Secretaría de la Cámara de Diputados para editar el nuevo texto definitivo del Reglamento y hacer las modificaciones de referencia que originen las modificaciones que consulta el artículo 1º del presente proyecto de acuerdo." El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión la indicación. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará. Aprobada. En discusión la 1ª disposición transitoria. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará. Aprobado. Se va a dar lectura a una indicación" al artículo 2º transitorio. El señor CAÑAS (Secretario).- El señor Millas propone modificar la 2ª disposición transitoria, reemplazando la frase: "... la Comisión de Policía Interior y Reglamento ...", por: "... la Cámara . . Es decir, será la Cámara la que fijará el monto de las multas. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la 2ª disposición transitoria, con la indicación del Honorable señor Millas. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 22 votos. Rechazada la 2º disposición transitoria, con la indicación del Honorable señor Millas. Si le parece a la Sala, se aprobará la disposición en su forma original, con la misma votación, a la inversa. Aprobada. Se va a dar lectura a una indicación formulada a la 3º disposición transitoria. El señor CAÑAS (Secretario).- El señor Presidente formula indicación a la 3ª disposición transitoria, para agregar un inciso nuevo, que diga: "Por el solo ministerio de la presente disposición, las horas reglamentarias de iniciación y de término de las actuales sesiones ordinarias acordadas por la Cámara al comienzo de la presente legislatura, serán las 16 y las 19 horas 30 minutos, respectivamente.'' Esto es consecuencia de la nueva modalidad. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo con la indicación. Aprobada. El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Ballesteros, para agregar una disposición transitoria nueva, que diga: "La Comisión de la Vivienda y Urbanismo, creada en carácter de permanente en la modificación que se introduce al artículo 55 del Reglamento, quedará constituida con la misma proporcionalidad y número de representantes por Comité asignados a la Comisión Especial que con el mismo nombre funciona a la fecha de vigencia de esta reforma. Él señor LORCA, don Alfredo (Presidente).En discusión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación. Aprobada. Se va a dar lectura a otra indicación. El señor CAÑAS (Secretario).- Los señores Zepeda, Poblete y Clavel, proponen el siguiente artículo transitorio nuevo: "Las comisiones investigadoras especiales que actualmente están funcionando deberán informar de si su cometido o parcialmente de su labor en el término de 30 días, contado desde que entre en vigencia la presente reforma reglamentaria." El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Durante la votación: El señor POBLETE.- ¡ Están desprestigiadas las comisiones investigadoras! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor POBLETE.- Por eso, démosles plazo. El señor ACUÑA.- Los Ministros se ríen de las Comisiones. Si no, pregúntenle al Honorable señor Sanhueza. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 21 votos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Rechazada la indicación. El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Zepeda, para introducir un artículo transitorio nuevo que diga: "Hasta el 20 de marzo de 1969, se suprimirá en el artículo 51 la frase: "y en las comunicaciones oficiales tendrá el tratamiento de excelencia". El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 23 votos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Rechazada la indicación. El señor CAÑAS (Secretario).- Han quedado pendientes algunas indicaciones. En primer término, la indicación al artículo 61 del Reglamento, respecto del cual se acordó reabrir debate, en relación con una indicación presentada por el señor Ballesteros para los artículos 125 y 126 ... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CAÑAS (Secretario).- Respecto al artículo 61, se ha presentado una indicación por los señores Ballesteros, Millas y Rioseco, que tiene por objeto agregarle un inciso nuevo, a continuación del quinto, que diga: "Sin embargo, la Comisión de Hacienda podrá conocer de otras disposiciones que las señaladas como de financiamiento en los informes de las comisiones técnicas, y cuando así lo acuerde, a proposición de alguno de sus miembros presentes, por estimarlas relacionadas con ese financiamiento." El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la indicación. Aprobada. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para reabrir el debate en el artículo 63, con el objeto de conocer una indicación de los señores Ballesteros, Millas y Rioseco. Perdón, del señor Millas no. El señor BALLESTEROS.- Sí, del señor Millas también, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si le parace a la Sala, se acordará reabrir el debate. Acordado. Se va a dar lectura a la indicación. El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación para agregar en el número 49 nuevo del artículo 63, anteponiéndole una coma (,) una frase, que diga: "... sobre las ideas generales del proyecto"; y para agregar un nuevo Nº 5º, que diga: "5ºMención de los artículos que no hayan sido aprobados por unanimidad". El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará. Aprobado. El señor CAÑAS (Secretario).- Está pendiente el artículo 89, con una indicación que formuló el señor Millas. La indicación consiste en agregar, al final del inciso segundo, lo siguiente: "Pero, si no se completa el quorum en los Incidentes o en una sesión que se rija por las reglas de éstos, se postergará la votación correspondiente hasta que cada Comité haya dispuesto de su tiempo reglamentario, salvo aquéllos que hicieren renuncia expresa de este derecho..." Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Giannini! El señor CAÑAS (Secretario).- "Para tal efecto, continuará la sesión hasta cumplirse dichos tiempos, después de lo cual se someterá nuevamente a votación el acuerdo para el cual previamente haya faltado número". El señor MILLAS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. El señor MILLAS.- Esta indicación la formulé inicialmente. Y se acordó en aquella oportunidad, después del debate que aquí se efectuó, estudiar alguna nueva indicación sobre la materia, la cual fue ya aprobada. Encuentro que la mía sería ahora contradictoria con la aprobada, por lo cual la retiro. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Muy bien, señor Diputado. Si le parece a la Honorable Cámara, se retirará la indicación y se aprobará el artículo 89, en su forma original. Acordado. El señor CAÑAS (Secretario).- Está también pendiente el artículo 114, con la indicación del señor Millas. El señor MILLAS.- Retiro la indicación, señor Presidente, por la misma razón anterior. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de la Sala, se dará por retirada la indicación propuesta por Honorable señor Millas y se aprobará el artículo en su forma original. Aprobado. El señor CAÑAS (Secretario).- Finalmente, está pendiente la enmienda al artículo 191, con la modificación propuesta por el señor Presidente, respecto al plazo de noventa días para clausurar el debate de los Presupuestos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Está cerrado el debate. Si le parece a la Cámara, se concederá un minuto a los Honorables Diputados señores Ballesteros, Rioseco y Millas, respectivamente, para referirse a esta materia. Acordado. Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, simplemente, es para anunciar que acepto en principio la proposición que había formulado el Honorable señor Millas, para que los plazos fueran de 100 y 110 días. Me parece que eso es lo que podemos hacer en este momento. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Estarían de acuerdo los Honorables Diputados señores Rioseco y Millas? El señor RIOSECO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, por un minuto. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, desgraciadamente, no podemos estar modificando este Título XIX por la vía de la indicación, porque sería perjudicial para la concordancia de su articulado. La modificación del artículo 186 trajo consigo, a su vez, la del artículo 191, para armonizarlos. Ahora, se crea un problema con el inciso segundo del artículo 191, que ya no depende exclusivamente de nosotros, sino del Honorable Senado. De manera que estamos legislando en forma un poco apresurada acerca de esta materia que no conoció la Comisión de Policía Interior y Reglamento. Ello puede entrabar después el debate del informe de la Comisión Mixta. De acuerdo con la indicación del señor Presidente, hemos prorrogado a 90 días el plazo que tiene la Comisión Mixta de Presupuestos para informar; pero para mantener la concordancia, con el artículo 186, tenemos que elevar a 100 y 110 el plazo para clausurar el debate en el primer trámite constitucional Por otra parte, el inciso segundo del artículo 191 expresa : "De igual manera, la discusión en el segundo y tercer trámites constitucionales se declarará clausurada al término de 100 días, contados desde la fecha indicada en el inciso anterior." El inciso tercero dispone: "La clausura en los demás trámites se declarará en igual forma, al término de los 118 días, contados desde la misma fecha." En cada caso, tenemos que preocuparnos que haya concordancia, para evitar que surjan contradicciones. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? El señor Secretario va a dar una información. El señor CAÑAS (Secretario).- La verdad es que la Comisión de Policía Interior y Reglamento introdujo algunas enmiendas en las disposiciones relativas a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, sólo para adaptar, en lo posible, las disposiciones del Reglamento al procedimiento que, en la práctica, se viene aplicando desde hace muchos años, porque la Comisión Mixta de Presupuestos informa después de la segunda quincena del mes de diciembre. Sin perjuicio de ello, como lo saben los señores Diputados, la Comisión Mixta de Senadores y Diputados designada el año pasado, está encargada de estudiar una fórmula completa para la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ella evacuó con informe, cuyas disposiciones fueron aplicables sólo el año pasado. Es posible que, antes que llegue al Congreso el nuevo proyecto de Presupuestos, la Comisión Mixta emita un informe completo, que vendría a modificar, en definitiva, estas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados y las del Reglamento del Senado, para uniformarlas en lo posible. El señor RIOSECO.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, es efectivo que ese informe va a zanjar todas las dificultades que existen respecto a la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación. Pero, para mantener la concordancia con la modificación del artículo 186, tenemos que enmendar el inciso primero del artículo 191, tal como lo propone la indicación del Honorable señor Millas. También tendremos que modificar los incisos segundo y tercero del artículo 191, porque, de lo contrario, el debate en el segundo y tercer trámite constitucional quedará clausurado antes que el del primer trámite. Estimo que en esto hay una contradicción evidente. No sé si me he explicado bien, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Me permite Honorable Diputado? El Honorable señor Ballesteros desea hacer una proposición. Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, la única manera de obviar la situación producida, es armonizando los plazos que establece el Reglamento, como lo propone el Honorable señor Rioseco. Para ello debería establecerse una norma genérica, de acuerdo con la cual haya cinco días, más allá del plazo concedido a la Comisión, para que la Cámara pueda pronunciarse sin que esté cerrado el debate. Yo pediría que, sobre esta base, se autorice a la Mesa para hacer concordantes las disposiciones reglamentarias. No veo otro camino que el señalado para solucionar la "impasse". El señor RIOSECO.- ¿Honorable señor Ballesteros, me concede una interrupción? El señor BALLESTEROS.- Con todo agrado, siempre que pueda otorgársela... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Rioseco. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, el Honorable colega dice que, para hacer concordante el artículo 186 con el artículo 191, habría que dar cinco días más en cada caso; o sea, para la clausura del debate en cada uno de los trámites del proyecto de Presupuestos. Pero, en esas circunstancias nos pasamos de 120 días. El señor MILLAS.- ¿Me concede una interrupción, Honorable colega ? El señor BALLESTEROS.- Con todo agrado. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Millas. El señor MILLAS.- Señor Presidente, creo que la solución definitiva de este problema exigirá una. nueva enmienda del Reglamento, la cual podrá hacerse efectiva una vez que exista acuerdo entre el Senado y la Cámara respecto de la tramitación completa del proyecto de Presupuestos, a fin de evitar que se establezcan, respecto del segundo y tercer trámites, plazos inferiores al señalado para el primer trámite constitucional. Como no podemos fijar un plazo para el Senado, sino con acuerdo de éste, junto con aprobarse la indicación que he formulado al inciso primero de este artículo, podría suprimirse su inciso segundo. De esta manera, el plazo para clausurar el debate sería de 100 días, el que, en caso de prórroga, llegaría a 110 días. Inmediatamente después de esto se colocaría el inciso tercero, que establece que la clausura en los demás trámites se declarará al término de los 118 días. Esto regiría también para cualquier otro trámite. El plazo de 118 días es prudencial y está, además, dentro del término constitucional. Por otro lado, al clausurarse el debate al cabo de 100 días, alcanza a haber debate en el tercer trámite; pero, por el momento, existe una discordancia. Por eso, ampliaría mi indicación al inciso primero del artículo 191, proponiendo la supresión del inciso segundo. He leído cuidadosamente el resto del Título XIX, "De los Presupuestos", y, he comprobado que por fortuna, no aparece ninguna otra contradicción formal grave. Este problema se resolverá, insisto, cuando tengamos el informe de la Comisión Mixta de la Cámara y el Senado. Mientras tanto, mantengo la indicación formulada al inciso primero, que propone un plazo de 100 días, y de 110 días" en caso de prórroga, y sugiero suprimir el inciso segundo. Nada más. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, es obvio que la Cámara no puede establecer una norma reglamentaria respecto del segundo trámite constitucional del proyecto, porque él debe cumplirse en la otra rama legislativa, en el Senado. Por eso, creo que, por el momento, es fundamental omitir la referencia que se hace al segundo trámite constitucional, porque no podemos legislar respecto de un trámite que, necesariamente, tiene lugar en el Senado. No existe ninguna duda sobre el particular. Los señores Diputados saben que siempre el Senado conoce en segundo trámite el proyecto de ley de Presupuestos. De tal manera que, por de pronto, esa referencia del inciso segundo del artículo 181 es absolutamente inadecuada. En cuanto al tercer trámite constitucional, de acuerdo con la proposición del Honorable señor Millas, se establecería un plazo para la clausura, igual al que tuviere un eventual quinto trámite. El señor MILLAS.- Exacto. El señor BALLESTEROS.- O sea, 118 días. El señor MILLAS.- Exacto. Esa sería la solución momentánea. El señor BALLESTEROS.- Realmente, no me atrevo a pronunciarme en forma definitiva sobre este asunto. Me parece que no puede ser la misma norma de los 118 días. Hay que pensar que los 118 días se cumplen, en la práctica, dos días antes del vencimiento del plazo constitucional, que es de cuatro meses, o sea, alrededor de 120 días. En consecuencia, los 118 días se cumplirían y no quiero con ello hacer alguna alusión especial más o menos, el 28 de diciembre. La verdad es que en esa fecha se cerraría el debate para el tercer o quinto trámite constitucional. Pienso que para el tercer trámite debe establecerse una norma distinta, justamente a fin de que el debate que se produzca en esa oportunidad no se extienda, demasiado y el Senado disponga de tiempo para pronunciarse oportunamente sobre el cuarto trámite constitucional. Si vamos a estar sujetos a la norma de los 118 días, la Cámara podría casi agotar el plazo constitucional en el tercer trámite, y entonces, el Senado, tendría sólo dos días, lo que no me parece prudente. Por esta razón, objeto la proposición del Honorable colega, en cuanto establece el mismo plazo para el tercer y quinto trámite. El tercero debe tener un plazo diferente. Por eso, me inclino a establecer una norma genérica, en el sentido de conceder cierto número de días, más allá del plazo que normalmente corresponde a la clausura del debate. El señor MILLAS.- Del Senado. El señor BALLESTEROS.- Admito, sí, que el Honorable señor Millas ha formulado su proposición basado en un hecho irrefutable. Para que pudiéramos tener elementos de juicio claros, concretos y definitivos, deberíamos saber cuál es la norma que el Senado introducirá en la materia, porque ello nos dará la evidencia del tiempo que necesitará para el tratamiento del proyecto en el segundo y cuarto trámite. Por eso estimo indispensable establecer una norma distinta, para el tercer y quinto trámite. El señor PHILLIPS.- ¡Ya llevamos una hora en esta discusión! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Pero tenemos que resolver este punto. Habría que hacer una proposición concreta. El señor PHILLIPS.- ¡ Debería haberse estudiado mejor en la Comisión! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Es el único artículo sobre el cual se ha dilatado la discusión, y el informe tiene 120 artículos. Si le parece a los señores Diputados, sobre las bases planteadas por los Honorables señores Rioseco, Ballesteros y Millas, se encargaría a la Mesa la redacción definitiva de este artículo, la cual, desde luego, se sometería a la consideración de la Sala. El señor PHILLIPS.- ¡ Llevamos una hora discutiendo y todavía estamos en este artículo! El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, deseo hacer una proposición concreta. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros, con la venia de la Sala. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, sugiero que la Mesa trate de armonizar todas las proposiciones relativas a los plazos, de común acuerdo con los Diputados autores de ellas. Si hay acuerdo entre todos, regiría entonces la fórmula propuesta por la Mesa. En caso distinto, regiría la norma existente en la actualidad. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Habría acuerdo? Acordado. Terminada la discusión del proyecto. El señor GODOY URRUTIA.- ¿Me permite un minuto, señor Presidente? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra por un minuto el Honorable señor Godoy. El señor GODOY URRUTIA.- Señor Presidente, aun cuando la Comisión y la propia Cámara estudiaron la modificación del Reglamento, no repararon en que era la oportunidad para cambiar el nombre de la Comisión de Policía Interior y de Reglamento. ¿Por qué se llama así, si es una Comisión administrativa ? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Señor Diputado, no deseo desconocer el derecho que tiene Su Señoría, pero ya terminó el debate del proyecto y, por importantes que sean sus observaciones... El señor GODOY URRUTIA.- Señor Presidente, para redactar una disposición más trascendente se ha concedido una facultad a la Mesa. Creo que también se la podría autorizar para proponer una denominación distinta de esta Comisión, que sea más congruente con su carácter, que no es de vigilancia, por cuanto, en ese caso, debería llamarse Comisión de Carabineros y Reglamento. No es una Comisión de Policía. La palabra no está bien empleada. Se trata de un resabio que queda en nuestro Reglamento. Es una Comisión de Administración y Reglamento, por lo cual solicito que se cambie su actual denominación. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Señores Diputados, en el tiempo que se le ha concedido, el Honorable señor Godoy solicita, para lo cual se requiere la unanimidad de la Sala, encomendar a la Mesa que proponga dar otro nombre a la Comisión de Policía Interior y Reglamento. El señor TEJEDA.- Que desaparezca la palabra "Policía". El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿ Habría acuerdo ? El señor BALLESTEROS.- Para nosotros el problema de esta palabra "Policía" nunca ha sido fundamental. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se facultará a la Mesa para darle otro nombre a esa Comisión. Se consultaría, incluso a los señores Diputados. Podría ser "Comisión de Administración y Reglamento". Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- La Mesa se encargará de buscar el nombre. El señor BALLESTEROS.- Sí, mejor es facultar para ello a la Mesa. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Entonces, se encargará la Mesa de buscar el nombre preciso. Acordado. Terminada la discusión del proyecto. 9.- MODIFICACION DE LA LEY Nº15.567 SOBRE NORMAS PARA RECONSTITUCION DE REGISTROS DE CONSERVADORES DE BIENES RAICES DESTRUIDOS POR SINIESTROS. TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En cumplimiento del acuerdo de la Cámara, corresponde tratar el proyecto que modifica la ley Nº 15.567, sobre normas para la reconstitución de inscripciones en los Registros de los Conservadores de Bienes Raíces destruidos por siniestros. Las modificaciones introducidas por el Senado, impresas en el boletín 10.570S, dicen así: Artículo 1º Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo: "Para la aplicación de estas disposiciones será necesario que el Presidente de la República, previo informe de la Corte Suprema, dé por establecido el hecho de la destrucción del Registro cuyas inscripciones se trata de reconstituir, mediante Decreto Supremo fundado cuya copia deberá agregarse al final del Registro respectivo." Artículos 2º y 3º Han sido reemplazados por los siguientes : "Artículo 2ºLos interesados en la reconstitución de inscripciones podrán requerirla del respectivo Conservador de Bienes Raíces. La solicitud será acompañada de todos los documentos y antecedentes que sirvan para acreditar la anterior existencia material de la inscripción y la necesidad de su reconstitución, en su caso y deberá contener al menos, las siguientes especificaciones : a) Nombre, apellido, profesión y domicilio del interesado; b) Naturaleza de la inscripción que se trata de reconstituir; c) Datos o menciones de dicha inscripción y de otras inscripciones relacionadas con ella, que el interesado pueda indicar, y d) Individualización de los actuales ocupantes del predio. Si se pidiere la reconstitución de la inscripción de dominio de una propiedad raíz, se deberá acompañar, además, un croquis del inmueble indicando su ubicación precisa, el nombre, si lo tiene, sus medidas, cabida y deslindes y el rol de avalúos respectivo.". "Articulo 3º El Conservador dispondrá que un aviso redactado por él, que contenga la individualización del peticionario, la del predio y la naturaleza de la inscripción sea publicado, por una vez, en el "Diario Oficial" correspondiente a los días primero o quince del mes siguiente al de presentación de la solicitud, o al día siguiente hábil, si no se ha publicado dicho Diario en las oportunidades indicadas, y por dos veces consecutivas en un periódico del Departamento o de la capital de Provincia, si en aquél no lo hubiere. Entre la primera publicación, que deberá ser la del "Diario Oficial", y la última, no podrán mediar más de treinta días. El Conservador dispondrá, oficiando al efecto a. Carabineros, que una copia del aviso sea notificada a los ocupantes del predio, debiendo dejar constancia en el expediente del cumplimiento de esta exigencia.". "Artículo 4ºEl Conservador acogerá la petición y dispondrá la reconstitución de la inscripción respectiva siempre que, habiendo transcurrido treinta días desde la última publicación sin que se haya formulado oposición, se hubiere acompañado copia auténtica de la respectiva inscripción. A falta de la antedicha copia auténtica, el Conservador podrá aceptar la petición de reconstitución cuando, a su juicio, pueda establecerse la existencia de la inscripción y la vigencia de ella, en su caso, con el mérito de otros antecedentes hechos valer por el peticionario.". "Artículo 5ºAl ordenar la reconstitución de la inscripción, el Conservador precisará los datos y menciones que ella deberá contener, de acuerdo con lo indicado en la solicitud respectiva, expresará que lo hace en virtud de lo dispuesto en la presente ley y dispondrá se archiven al final del protocolo respectivo la solicitud y sus antecedentes.". Artículo 4° Ha sido sustituido por los siguiente: "Artículo 6°Los terceros interesados deberán formular su oposición ante el Conservador correspondiente dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 4º. La oposición deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto le sean aplicables. La oposición deberá señalar las razones e intereses en que se funda. Será razón suficiente para deducir oposición, sin perjuicio de otras causas, la inexactitud de los datos consignados en la petición de reconstitución, la falta de mención de gravámenes, prohibiciones o embargos o de derechos relacionados con la inscripción que se pretende reconstituir, y cualquier otro interés de terceros que pudiere ser afectado por la reconstitución, siempre que se base en otra inscripción.". "Artículo 7º Si la oposición se funda en la existencia de una inscripción destruida que excluya a la que se trata de reconstituir, o que la modifique, o que importe la existencia de un gravamen, prohibición o embargo inscrito, el opositor deberá solicitar, además, la reconstitución de la correspondiente inscripción.". "Artículo 8º En los casos de oposición o cuando el Conservador estime que hay mérito para reconstituir la inscripción, remitirá todos los antecedentes al Juez de Letras de Mayor Cuantía que corresponda, dentro de quinto día. Si se trata de una negativa de reconstitución, el Tribunal, una vez recibidos los antecedentes, procederá conforme lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces. Será aplicable a la sentencia que dicte lo establecido en los artículos 19 y 20 del mismo Reglamento. Si ha habido oposición, el Tribunal citará a una audiencia de prueba para el quinto día hábil después de la última notificación y procederá en lo demás de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 552 a 561 inclusive, del Código de Procedimiento Civil.". "Artículo 9º En todos aquellos casos en que el Conservador o el Tribunal, conociendo de los antecedentes sobre reconstitución de inscripciones, estimaren que existen o podrían existir intereses fiscales comprometidos, deberá ponerlo en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado.". "Artículo 10.Si en la oposición se ha solicitado la reconstitución de una inscripción destruida que excluya a la que se trata de reconstituir, en el caso previsto en el artículo 7º, el Tribunal se pronunciará también sobre ella al resolver la oposición. Los datos y menciones que deba contener la reconstitución de la inscripción serán precisados por el Tribunal en la sentencia que dicte.". A continuación, ha consultado como artículos 11, 12, 18, 14 y 15 los siguientes, nuevos: "Artículo 11.Contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de oposición sólo se podrán interponer los recursos de aclaración, rectificación y apelación.". "Artículo 12. En segunda instancia, podrá el Tribunal de Alzada a solicitud de parte, pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido para ser falladas en definitiva, aun cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelado. El recurso de apelación será visto en cuenta por el Tribunal superior, salvo que este último, por resolución fundada, ordene traer los autos en relación. Si las partes no comparecen en el plazo legal, el recurso se fallará necesariamente en cuenta. La comparecencia ante el Tribunal de Alzada podrá ser personal o por medio de mandatario habilitado para comparecer en juicio.". "Articulo 13.Los interesados que hayan obtenido sentencia favorable deberán presentar copia autorizada de ella, con certificado de encontrarse ejecutoriada, al respectivo Conservador, quien procederá a inscribirla en el Registro que corresponda y a incorporar dicha copia al final de éste.". "Artículo 14. Las sentencias que se pronuncien en estas gestiones no privarán a las partes y a los terceros interesados de su derecho para solicitar, por la vía ordinaria, la cancelación de la inscripción reconstituida por no haberse reunido los requisitos o no haberse cumplido con los trámites previstos por la ley. La demanda que impugne la inscripción reconstituida deberá ser deducida, notificada y anotada al margen de la inscripción, dentro del plazo de cuatro años, contado desde la fecha de su reconstitución material.". "Artículo 15.La reconstitución de las inscripciones mencionadas en el número 4" del artículo 52 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces y las prohibiciones y embargos judiciales, se hará con la sola presentación del respectivo decreto y certificado de ejecutoriedad y vigencia.". Artículo 5° Ha sido rechazado. Artículo 69 Ha pasado a ser artículo 16, redactado en los siguientes términos: "Artículo 16.No se aceptará la reconstitución de inscripciones de dominio respecto de los predios situados en la zona de aplicación de la Ley sobre Constitución de la Propiedad Austral, si no se acredita, mediante copia autorizada del correspondiente Decreto Supremo, que los títulos de dominio de la propiedad han sido reconocidos u otorgados por el Fisco.". Artículo 1° Ha pasado a ser artículo 17, sin modificaciones. Artículo 8° Ha pasado a ser artículo 18, reemplazado por el siguiente: "Artículo 18.Los interesados que tengan copias autorizadas de escrituras públicas correspondientes a Registros de instrumentos públicos que hubieren sido destruidos, podrán pedir al Juez competente que ordene al Notario reconstituirlas con el mérito de dichas copias, previa citación del o de los otorgantes o de quienes les hayan sucedido en sus derechos.". Artículo 9º Ha sido desechado. La idea contenida en él está comprendida en el artículo 9º, que forma parte de las disposiciones que sustituyen el artículo 4º del proyecto de esa Honorable Cámara. Artículo 10 Ha sido rechazado. Artículo 11 Ha sido rechazado. Artículo 12 Ha pasado a ser artículo 19, reemplazado por el siguiente: "Artículo 19.Los Notarios, Conservadores y Archiveros, sólo podrán cobrar por las reconstituciones, inscripciones o anotaciones que se efectúen en sus oficios con motivo de la aplicación de la presente ley, los derechos indicados en el Arancel respectivo.". Artículo 13 Ha sido rechazado. Artículo 14 Ha sido rechazado. A continuación, ha agregado los siguientes artículos, nuevos: "Artículo 20.Las disposiciones de la presente ley regirán, en cuanto sean aplicables para la reconstitución de las inscripciones de los demás Registros Conservatorios a que se refiere el artículo 446 del Código Orgánico de Tribunales.". "Artículo 21.Será sancionado con las penas establecidas en el artículo 210 del Código Penal el que, a sabiendas, proporcionare datos falsos al solicitar la reconstitución de una inscripción o al deducir oposición.". "Artículo 22.Derógase la ley número 15.567, de 17 de marzo de 1964, sobre reconstitución de inscripciones vigentes en los Registros de los Conservadores de Bienes Raíces que sean destruidos total o parcialmente por siniestros.". "Artículo transitorio. El Presidente de la República deberá complementar los Aranceles vigentes para los Notarios, Conservadores y Archiveros, con los derechos que tales funcionarios podrán cobrar con motivo de la aplicación de la presente ley, por el término que falte hasta el 28 de diciembre de 1967, fecha en que deberán dictarse nuevos Aranceles en conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley Nº 16.250, de 21 de abril de 1965.". El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Se ha expresado a la Mesa que habría unanimidad de los Comités de los diversos partidos para votar sin debate, en una sola votación, todas las modificaciones del Senado. El señor JARAMILLO.- Muy bien. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Acordado. Si le parece a la Honorable Cámara, se darán por aprobadas todas las modificaciones del Senado. Acordado. Terminado el despacho de las modificaciones del Senado. 10.- CREACION DE LA CORTE DE APELACIO NES DE RANCAGUA Y AUMENTO DEL NUME RO DE TRIBUNALES ORDINARIOS DEL PAIS. ANALISIS DE LA PRIMERA CONVENCION NACIONAL DE JUECES.OFICIOS El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- De acuerdo con lo resuelto en forma unánime por la Sala le corresponde al Comité Comunista hacer uso de su turno de la Hora de Incidentes. El señor CADEMARTORI.- Después del proyecto... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Se acaba de aprobar, Honorable Diputado. El señor ACEVEDO.- Después del proyecto que viene a continuación. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para trasladar el turno de 15 minutos de la Hora de Incidentes del Comité Comunista al término de la discusión del proyecto que crea una Corte de Apelaciones en Rancagua. Acordado. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En conformidad con el acuerdo de la Corporación, corresponde tratar el proyecto de ley que crea una Corte de Apelaciones con asiento en la ciudad de Rancagua, y analizar las conclusiones de la Primera Convención Nacional de Jueces. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el Honorable señor Valenzuela, don Ricardo; y de la de Hacienda es el Honorable señor Rodríguez, don Manuel. El proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que está impreso en el boletín número 10.708, dice'. "Artículo 1ºCréase, a contar del 1º de diciembre de 1967, una Corte de Apelaciones con asiento en la ciudad de Rancagua que se compondrá de cuatro miembros y tendrá, además, un Fiscal, un Relador, un Secretario, un Oficial 1º, un Oficial 29 y dos Oficiales de Sala. Artículo 2º Aumentase a cuatro, a contar de la misma fecha señalada en el artículo anterior, el número de miembros de las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y La Serena. "Artículo 3º.Elévanse, a contar del 1º de enero de 1968, los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Copiapó, La Calera, Curicó, Chillán y Curanilahue a Juzgados de Letras de Mayor Cuantía. Artículo 4º.Créanse, a contar del l9 de enero de 1969, en los departamentos que se indican a continuación, los siguientes Juzgados de Letras de Mayor Cuantía: Valparaíso: Un juzgado del crimen con asiento en la ciudad de Viña del Mar; Santiago: Dos juzgados civiles, que se denominarán sexto y séptimo juzgados, y Dos juzgados del crimen que se denominarán octavo y noveno juzgados. Artículo 5º.Créanse, a contar del 1º de enero de 1970, en los departamentos que se indican a continuación, los siguientes Juzgados de Letras de Mayor Cuantía: Arica: Un tercer juzgado; La Serena: Un segundo juzgado; Presidente Aguirre Cerda: Un cuarto juzgado del crimen; Concepción: Un cuarto juzgado; Puerto Montt: Un segundo juzgado, y Punta Arenas: Un segundo juzgado. Artículo 6º.El territorio jurisdiccional del juzgado que se crea con asiento en la ciudad de Viña del Mar, será la comuna subdelegación del mismo nombre. A contar de la fecha de su elevación a mayor cuantía, el Juzgado de La Calera tendrá como territorio jurisdiccional las comunas de La Calera, Hijuelas, Nogales y LlayLlay, y el Juzgado de Curanilahue, la comuna subdelegación del mismo nombre. Artículo 7º.Para los efectos de la presente ley, facúltase al Presidente de la República para introducir en el Código Orgánico de Tribunales, todas aquellas modificaciones que sean pertinentes a contar de las fechas de elevación de categoría y de creación de los juzgados a que se refieren los artículos 3°, 4º y 5º. Facúltasele, asimismo, para fijar, previo informe de la Corte Suprema, la planta del personal de los juzgados que se crean. Artículo 8º.Trasládanse el Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso y el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago a la comuna de Viña del Mar y al departamento Presidente Aguirre Cerda, respectivamente. El Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso pasará a denominarse Juzgado del Trabajo de Viña del Mar y su territorio jurisdiccional será la comuna subdelegación del mismo nombre. El Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago pasará a denominarse Juzgado del Trabajo del departamento Presidente Aguirre Cerda y tendrá su asiento en la comuna de San Miguel. Artículo 9º.Introdúcense las siguientes modificaciones en los artículos del Código Orgánico de Tribunales que se indican a continuación: Artículo 43 Derógase su inciso primero. Artículo 44 Elimínase en su inciso tercero el punto y coma que sigue a la palabra "Algarrobo" y agréganse a continuación de ella las expresiones y Curacaví", seguidas de un punto y coma. Artículo 54 Reemplázase la palabra "once" por "doce" e intercálase, a continuación de la coma que sigue a la palabra "Santiago", la palabra "Rancagua", seguida de una coma. Artículo 55 Sustitúyese por el siguiente: "Artículo 55.El territorio jurisdiccional de las Cortes de Apelaciones será el siguiente: a) El de la Corte de Iquique comprenderá la provincia de Tarapacá; b) El de la Corte de Antofagasta comprenderá la provincia de Antofagasta. c) El de la Corte de La Serena comprenderá las provincias de Atacama y Coquimbo ; d) El de la Corte de Valparaíso comprenderá las provincias de Aconcagua y Valparaíso; e) El de la Corte de Santiago comprenderá la provincia de Santiago, exceptuando el departamento de Maipo; f) El de la Corte de Rancagua comprenderá las provincias de O'Higgins y Col chagua y el departamento de Maipo de la provincia de Santiago; g) El de la Corte de Talca comprenderá el departamento de Constitución de la provincia de Maule y las provincias de Curicó, Talca y Linares, exceptuado de esta última el departamento de Parral; h) El de la Corte de Chillán comprenderá el departamento de Parral de la provincia de Linares y las provincias de Nuble y Maule, exceptuado de esta última el departamento de Constitución. i) El de la Corte de Concepción comprenderá las provincias de Concepción, BíoBío y Arauco; j) El de la Corte de Temuco comprenderá las provincias de Malleco y Cautín; k) El de la Corte de Valdivia comprenderá las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé; y, l) El de la Corte de Punta Arenas comprenderá las provincias de Aisén y Magallanes y la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico.". Artículo 56. Reemplázase por el siguiente: "Artículo 56.Las Cortes de Apelaciones se compondrán del número de miembros que a continuación se indica: 1º.La Corte dé Punta Arenas tendrá tres miembros; 2º.Las Cortes de Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Chillan y Valdivia tendrán cuatro miembros; 3º.La Corte de Temuco tendrá cinco miembros; 4º.Las Cortes de Valparaíso y Concepción tendrán siete miembros, y 5º.La Corte de Santiago tendrá veintiún miembros.". Artículo 59 Intercálase, en su numerando primero, entre la coma que sigue a las palabras "La Serena" y la palabra "Talca", la expresión "Rancagua", seguida de una coma. Artículo 65 Agrégase, en su inciso segundo, entre las palabras "La Serena" y "y Punta Arenas", la palabra "Rancagua", precedida de una coma. Artículo 216 Sustituyese por el siguiente: "Artículo 216.Si en uña sala de las Cortes de Apelaciones no queda ningún miembro hábil se deferirá el conocimiento del negocio a otra de las salas de que se componga el tribunal y si la inhabilidad o impedimento afecta a la totalidad de sus miembros, pasará el asunto a la Corte de Apelaciones que deba subrogar según las reglas siguientes: Se subrogarán recíprocamente las Cortes de Apelaciones de Iquique con la de Antofagasta; la de Santiago con la de Valparaíso; la de Rancagua con la de Talca; la de Chillán con la de Concepción, y la de Temuco con la de Valdivia. Las Cortes de La Serena y Punta Arenas se subrogarán por las de Santiago y Valdivia, respectivamente. En los casos en que no puedan aplicarse las reglas precedentes, conocerá la Corte de Apelaciones cuya sede esté más próxima a la de la que debe ser subrogada.". Artículo 10.Introdúcense las siguientes modificaciones en los artículos que se indican del Código del Trabajo: Artículo 514 Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente : "Corte del Trabajo de Santiago, con la provincia de Santiago, exceptuado el departamento de Maipo, y"; y, Reemplázase el inciso final por el que sigue: "Las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, La Serena, Rancagua y Punta Arenas serán consideradas, dentro del territorio de su jurisdicción, como Tribunales de Alzada del Trabajo para todos los efectos legales, debiendo regirse cuando funcionen en tal carácter, por las disposiciones del presente Título en cuanto les fueren aplicables. La Corte de Apelaciones de Rancagua comprenderá, además, para estos efectos, las provincias de Curicó y Talca.". Artículo 515. Reemplázase, en su inciso primero, las expresiones "seis" y "dos" por "cinco" y "uno", respectivamente; e, Intercálase, en el inciso tercero, a continuación de la coma que sigue a la palabra "Ovalle", las expresiones "Viña del Mar, San Miguel" seguidas de una coma. Artículo 516 Agrégase, como inciso segundo, el siguiente : "El Juzgado de Viña del Mar tendrá jurisdicción en la comunasubdelegación del mismo nombre y el de Valparaíso en el resto del departamento.". Artículo 11.Autorízase a la Junta de Adelanto de Arica para destinar recursos con el fin de realizar las obras que para ese departamento se consulten en los programas del Ministerio de Justicia. Concédese igual autorización al Instituto CORFO del Norte respecto de los fondos que se consultan para el adelanto urbano y el bienestar social en los departamentos de Pisagua e Iquique de la provincia de Tarapacá y las provincias de Antofagasta y Atacama, y, al Consejo de Desarrollo de O'Higgins respecto de los recursos de su Presupuesto de Progreso Social para esa provincia. Los fondos que se destinen por estas instituciones con el objeto indicado, serán puestos globalmente a disposición del Ministerio de Justicia. Artículo 12.En las leyes de presupuestos para los años 1968, 1969 y 1970, se deberán consultar los fondos necesarios para la creación y elevación de categoría de los tribunales que señala esta ley. Disposiciones transitorias. Artículo 1º.Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 43 del Código Orgánico de Tribunales, el Presidente de la República, previo informe de la Corte de Apelaciones de Santiago, deberá fijar los territorios en que ejercerán jurisdicción los Juzgados del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, a contar del 1º de enero de 1969. La misma norma se aplicará respecto de los Juzgados del Crimen del departamento Presidente Pedro Aguirre Cerda, a contar del 1º de enero de 1970. Artículo 2ºDesde la fecha de instalación de los juzgados señalados en el artículo 5º para los departamentos de Arica, La Serena, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, y de elevación de categoría de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Copiapó, Curicó y Chillan, corresponderá a estos tribunales iniciar los turnos a que se refiere el artículo 175 del Código Orgánico de Tribunales. Artículo 3º.Las causas de que estuvieren conociendo el Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso y el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago a la fecha de su traslado, seguirán radicadas en ellos hasta su terminación. Igual regla se aplicará respecto de las causas del trabajo que estuvieren conociendo los juzgados civiles del departamento Presidente Pedro Aguirre Cerda y los Juzgados de Policía Local de San Miguel y Viña del Mar. Artículo 4º.El personal de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Rancagua conservará sus actuales categorías en los respectivos escalafones y sus categorías y grados en la escala de sueldos a partir de la fecha de creación de la Corte de Apelaciones de Rancagua; No obstante, aquellos funcionarios y empleados que hayan cumplido o cumplan dos o más años de servicios en sus actuales categorías y grados, pasarán a ocupar aquellas que correspondan a sus cargos en sus respectivos tribunales como juzgados de asiento de Corte. Con todo, será necesario que la Corte Suprema, oyendo a la Corte de Apelaciones de Santiago declare, respecto de cada uno de los funcionarios y empleados, que tienen la idoneidad requerida para su promoción. Los funcionarios y empleados respecto de los cuales se declare que tienen dicha idoneidad, percibirán las rentas correspondientes a sus nuevas categorías o grados a contar del mes siguiente a aquel en que reúnan la antigüedad señalada en el inciso segundo. En aquellos casos en que se considere que falta la idoneidad necesaria, los funcionarios y empleados podrán ser trasladados a un cargo de igual jerarquía del que ocupen a la fecha de la declaración. Artículo 5º.Las reglas del artículo anterior se aplicaran también al personal de los Juzgados de Menor Cuantía de Copiapó, Curicó y Chillán, una vez elevados a mayor cuantía, salvo en cuanto a la antigüedad que se requerirá para ocupar las categorías y grados superiores, que será de cuatro o más años, y en lo relativo al acuerdo de la Corte Suprema respecto de la idoneidad, que se adoptará oyendo a las Cortes de Apelaciones respectivas. Artículo 6º.El personal de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de La Calera y Curanilahue continuará ocupando los cargos respectivos en estos tribunales una vez elevados a mayor cuantía y pasará a ocupar las nuevas categorías en el escalafón y las nuevas categorías y grados en la escala de sueldos, sin necesidad de nuevo nombramiento, siempre que reúnan los requisitos legales para ocupar dichos cargos. Los que no reunieren dichos requisitos continuarán en las mismas categorías y grados del escalafón y de la escala de sueldos hasta que los reúnan o se decrete su traslado a un cargo de igual jerarquía del que ocupan. Artículo 7º.El personal de los juzgados del trabajo trasladado a la comuna subdelegación de Viña del Mar y al departamento Presidente Aguirre Cerda, continuará ocupando sus actuales categorías y grados en la escala de sueldos, no obstante lo dispuesto en los artículos 8º y 10 de esta ley. Asimismo, los funcionarios y empleados en actual servicio en estos juzgados que sean promovidos a un cargo superior dentro de estos mismos tribunales, mantendrán las categorías en el escalafón y las categorías y grados en la escala de sueldos que correspondían a dicho cargo antes del traslado del respectivo tribunal.". Las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, impresas en el boletín Nº 10.708A, son las siguientes: Artículos 4º y 5º Reemplazarlos por el siguiente: "Artículo..Créanse, a contar de la misma fecha señalada en el artículo anterior, en los departamentos que se indican a continuación, los siguientes juzgados de letras de mayor cuantía: Arica: un tercer juzgado; La Serena: un segundo juzgado; Valparaíso: un juzgado del crimen con asiento en la ciudad de Viña del Mar; Santiago: dos juzgados, civiles, que se denominarán sexto y séptimo juzgados, y dos juzgados del crimen que se denominarán octavo y noveno juzgados; Presidente Aguirre Cerda: un cuarto juzgado del crimen; Concepción: un cuarto juzgado; Puerto Montt: un segundo juzgado, y Punta Arenas: un segundo juzgado. Artículo 7º Eliminar las expresiones "a contar de las fechas de elevación de categoría y de creación de los juzgados a que se refieren los artículos 3º, 4º y 5°". Artículo 8º Suprimir las frase: "y el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago" y "y al departamento Presidente Pedro Aguirre Cerda, respectivamente", colocando un punto aparte después de las palabras "Viña del Mar". Suprimir el inciso tercero. Artículo 10. En la modificación del artículo 514 del Código del Trabajo, agregar al inciso final propuesto la siguiente frase, después de las palabras "Curicó y Talca": "y el departamento de Maipo de la provincia de Santiago", reemplazando el punto por una coma. En la modificación del artículo 515 del Código del Trabajo, reemplazar la frase: "las expresiones "seis" y "dos" por "cinco" y "uno", respectivamente" por la siguiente; "la expresión "dos" por "uno". Reemplazar, en el inciso segundo de la misma modificación la frase: "las expresiones "Viña del Mar, San Miguel" seguidas de una coma" por la siguiente: "la expresión "Viña del Mar" seguida de una coma". Artículo 12 Reemplazarlo por el siguiente: "Artículo...Agrégase al artículo 14 de la ley 16.272 sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, el siguiente inciso: "Sin perjuicio del impuesto establecido en el Nº 4 del artículo 1°, y en el inciso 1º cuando proceda, los contratos de compraventa a plazo de cosas muebles que se celebren en conformidad a la ley 4.702, deberán extenderse en papel sellado de Eº 5, siempre que el valor de la cosa vendida exceda de un sueldo vital mensual, escala A, del Departamento de Santiago". Artículo nuevo, después del 12 Agregar el siguiente: "Artículo....Facúltase al Presidente de la República para modificar, en la medida que sea necesario, las plantas del Consejo de Defensa del Estado y de la Sindicatura General de Quiebras, a fin de dotar del personal suficiente a las oficinas de estos servicios que se creen o funcionen en Antofagasta, Rancagua y Punta Arenas." Artículo 1° transitorio Sustituir las expresiones "los Juzgados del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, a contar del 1° de enero de 1969" por las siguientes: "los Juzgados del Crimen de Mayor Cuantía de los departamentos de Santiago y Presidente Aguirre Cerda, a contar de la fecha de instalación de los juzgados que se crean en dichos departamentos por el artículo... de esta ley." Eliminar el inciso segundo del mismo artículo. Artículo 3° transitorio Reemplazarlo por el siguiente: "Artículo.... Las causas de que estuviere conociendo el Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso a la fecha de su traslado seguirán radicadas en él hasta su terminación. Igual regla se aplicará respecto de las causas del trabajo de que estuviere conociendo el Juzgado de Policía Local de Viña del Mar." Artículo 7° transitorio Sustituir el inciso primero por el siguiente: "El personal del Juzgado del Trabajo de Viña del Mar continuará ocupando sus actuales categorías en el Escalafón Judicial del Trabajo y sus actuales categorías y grados en la escala de sueldos, no obstante lo dispuesto en los artículos 8º y 10 de esta ley." Reemplazar, en el inciso segundo las expresiones "estos juzgados" y "estos mismos tribunales" por "este Juzgado" y "este mismo Tribunal" y suprimir la expresión, "respectivo". El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión general el proyecto. El señor VALENZUELA (don Ricardo).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor VALENZUELA (don Ricardo).- Señor Presidente, informo el proyecto de ley sometido a la consideración de la Honorable Cámara, originado en un Mensaje del Ejecutivo, por el cual se crea una Corte de Apelaciones en Rancagua y se aumenta el número de tribunales ordinarios del país. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, durante la discusión de este proyecto de ley, contó con la presencia del señor Ministro de Justicia don Pedro Jesús Rodríguez y del señor Subsecretario del mismo Ministerio, don Alejandro González. Al mismo tiempo, la Comisión, con el objeto de allegar mayores antecedentes, solicitó la opinión de la Excelentísima Corte Suprema, la cual evacuó sus informes a la Comisión con fechas 7 y 17 de julio del presente año, respectivamente. El Ejecutivo, consciente de la necesidad de que una de las garantías fundamentales del régimen democrático, cual es una correcta y rápida administración de justicia, sea realidad, ha considerado indispensable, después de un acucioso estudio, crear nuevos tribunales, especialmente de alzada, como la Corte de Apelaciones en la ciudad de Rancagua; determinar a la vez, el aumento de cargos de Ministros en algunas Cortes de Apelaciones, que voy a detallar; y aumentar el número de tribunales ordinarios, ya sea por creación de ellos o por cambio en materia de su competencia. Nuestra Constitución Política establece, en el artículo 81, que mediante una ley especial se determinará la organización y atribuciones de los Tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. Esta norma constituye una repetición del artículo 144 de la Constitución Política del año 1833. Pues bien, en vista de las graves deficiencias existentes en cuanto al número de juzgados, las condiciones de éstos y de los servicios complementarios para realizar sus funciones, el Gobierno actual, desde el mismo momento en que el Excelentísimo señor Frei asumió sus funciones, resolvió, según lo expresa en su Mensaje, abordar de inmediato y en forma global la tarea de solucionar integralmente ese problema. Señor Presidente, el proyecto que tengo la honra de informar en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es, pues, fruto de un trabajo acuciosamente realizado por el Ministerio de Justicia, especialmente en su nuevo Departamento de Planificación y Estudios creado por esta Administración. Este Departamento contó durante la realización de este estudio con la colaboración de la Excelentísima Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones del país. De esta manera, el proyecto de ley en debate corresponde, pues, a la realidad objetiva de la administración de justicia en Chile, en este instante, y a las disponibilidades del erario para satisfacer esta imperiosa necesidad. Por eso, la Comisión, de Constitución, Legislación y Justicia, en cuyo nombre hablo, por la unanimidad de sus Diputados presentes aprobó en general el proyecto contenido en ese Mensaje del Ejecutivo. Señor Presidente, quiero, en forma muy breve, dar algunos antecedentes referentes a la creación de la Corte de Apelaciones de Rancagua. En el año 1965, la Asociación de Abogados de Rancagua envió un memorándum al señor Ministro de Justicia dándole a conocer las necesidades que en este orden existían en las provincias de O'Higgins y Colchagua y la posibilidad de que ellas fueran solucionadas por medio de la creación de un tribunal de segunda instancia en la ciudad de Rancagua. Posteriormente, se dirigió una comunicación en el mismo sentido a Su Excelencia el Presidente de la República, La Asociación de Abogados de las provincias de O'Higgins y Colchagua conversó con el Primer Mandatario y le proporcionó todos los antecedentes del caso; y así fue como puedo hacerle presente en relación con esta materia, que durante el año 1965, los juzgados con jurisdicción en las provincias de O'Higgins y Colchagua tuvieron un número de causas superior a doce mil. La Asociación de Abogados de Rancagua está presidida por don Juan Salfate, y la forman don Manuel Paredes, Vicepresidente; don Hugo Zamorano, Secretario; Jaime Cortés, Tesorero; y don Luis Ramírez, Relacionador Público. La solución de este problema, indudablemente, pudiera haber consistido en aumentar en una Sala la Corte de Apelaciones de Santiago; pero el número de causas pendientes en ésta es superior a las cuatro mil doscientas y, por otra parte, hay una función extraordinariamente importante en los tribunales de segunda instancia, cual es el ejercicio de la labor de fiscalización de los juzgados de su dependencia. Por eso, el Ejecutivo, previo el estudio del caso a que me he referido y en consideración a todos los factores determinantes de este estudio, consideró que la mejor solución era la creación de una Corte de Apelaciones en la ciudad de Rancagua. El proyecto, en su artículo 1º, establece el territorio jurisdiccional de esta nueva Corte, que es el correspondiente a las provincias de O'Higgins y Colchagua y el departamento de Maipo, de la provincia de Santiago. Durante la discusión en la Comisión, se consideró la necesidad de que, en materias del Trabajo, esta jurisdicción se ampliara a las provincias de Curicó y Talca, en razón de que actualmente la Corte del Trabajo de Santiago tiene jurisdicción hasta la provincia de Talca inclusive; y era conveniente considerar la posibilidad de que los trabajadores de esas provincias tuvieran un mayor y más expedito acceso a la tramitación de sus demandas de justicia laboral al tener una Corte más cercana a su domicilio. Por otra parte, se consideraron también otros aspectos que, si bien es cierto están en el presente en forma incipiente, también hay que estimarlos en lo que dice relación con su futuro inmediato, y es el desarrollo económico que tiene la provincia de Colchagua, especialmente, en relación con la sociedad minera "El Teniente", la industrialización de la zona que hace necesaria una mayor atención en todos los órdenes de la actividad administrativa, especialmente en cuanto se refiere a una mejor y más expedita administración de justicia. Respecto a la facultad de inspección de los juzgados inferiores, indudablemente que con la creación de esta Corte se produce una mayor facilidad para que tanto la actual Corte de Apelaciones de Santiago como la nueva Corte de Rancagua puedan tener una mayor posibilidad de ejercitar esta acción de tanta importancia para una correcta actuación de los tribunales inferiores. En lo que se refiere a la incorporación del departamento de Maipo, ubicado en la provincia de Santiago al territorio jurisdiccional de esta nueva Corte, se consideró la conveniencia de ello, principalmente por las facilidades de comunicación, ya que Buin, la capital de ese departamento, tiene un rápido y fácil acceso a la ciudad de Rancagua; y, en esta forma, también ese departamento puede lograr una mejor administración de justicia en segunda instancia. El mismo artículo establece que la Corte de Rancagua empezará a funcionar el 1º de diciembre de 1967; estará integrada por cuatro Ministros, un fiscal, un relator, un secretario, un oficial 1º, un oficial 29 y dos oficiales de sala. Este personal se ha estimado suficiente para el cumplimiento de las misiones que le encomienda la ley. El artículo 29 consagra una norma extraordinariamente importante para las Cortes de Apelaciones, y es que ellas puedan contar con un mínimo de cuatro Ministros, en lugar de los tres que tienen varias de ellas. Así es como se aumenta a cuatro, a contar también del 1º de diciembre del presente año, el número de Ministros de las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y La Serena. O sea, se aumenta un cargo más de Ministro, con lo cual se soluciona una serie de problemas que dicen relación a los feriados y a los casos de enfermedades que puedan aquejar a los Ministros de estas Cortes. En esta forma también se crea la posibilidad de que ellas funcionen como corresponde sin necesidad de recurrir casi en forma permanente a abogados integrantes. En cuanto a la creación de otros juzgados, tenemos que en el artículo 3º se determina que los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Copiapó, La Calera, Curicó, Chillán y Curanilahue pasarán a tener la calidad de Juzgados de Letras de Mayor Cuantía a contar del 1º de enero de 1968. La elevación de categoría, de los cinco tribunales que he señalado reviste gran importada si se tiene presente que ella va a significar dotar a estas ciudades de juzgados con amplias facultades para resolver todos los asuntos civiles, criminales, de menores y del trabajo que se susciten dentro de su respectivo territorio jurisdiccional. En el inciso segundo del artículo 6º, concordante con el artículo 3º, se fija la jurisdicción del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Curanilahue, que comprenderá la comuna subdelegación del mismo nombre; y del de La Calera, que tendrá como territorio jurisdiccional las comunas de La Calera, Hijuelas, Nogales y Llay Llay. La competencia de este juzgado fue' propuesta por la Corte de Apelaciones de Valparaíso teniendo presente que con la elevación de categoría del Juzgado de Menor Cuantía de La Calera se aliviaría de manera importante el trabajo de los Juzgados de Quillota, a la vez que permitiría una mejor atención judicial de las localidades indicadas. En el artículo 4º, se establece la creación de cinco juzgados que se distribuyen de la siguiente manera: dos juzgados civiles, que se denominarán sexto y séptimo juzgados y dos juzgados del crimen, que se denominarán Octavo y Noveno Juzgados, todos para la ciudad de Santiago. El ultimo juzgado será para la ciudad de Viña del Mar, con jurisdicción en lo criminal solamente. A este respecto, como lo informará el Honorable colega Manuel Rodríguez, en representación de la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto se aprobó en la forma en que venía para la creación de estos juzgados con fecha 1º de enero de 1969, porque la idea primitiva del Ejecutivo era, en razón del financiamiento, crear estos tribunales escalonadamente. Sin embargo, con posterioridad, y debido al interés del Ejecutivo y del Ministro de Justicia, señor Pedro Jesús Rodríguez, se formuló indicación para que estos tribunales empiecen a funcionar salvo la Corte de Apelaciones de Rancagua que lo hará este año el 1º de enero de 1968, o sea, a comienzos del año próximo. Por otra parte, en el artículo 5º se establece la creación de seis juzgados de letras de mayor cuantía en los departamentos que se indican: Arica, un tercer juzgado; La Serena, un segundo juzgado; Presidente Aguirre Cerda, un cuarto juzgado del crimen; Concepción, un cuarto juzgado; Puerto Montt, un segundo juzgado; y Punta Arenas, un segundo juzgado. En el artículo 7º se faculta al Presidente de la República para introducir las modificaciones que sean pertinentes en el Código Orgánico de Tribunales, a contar desde las fechas en que operen los preceptos indicados en los artículos 3º, 4º y 5º, que determinan la elevación de categoría de los juzgados y la creación de los tribunales a que ya me he referido. Igualmente se autoriza al Jefe del Estado para fijar la planta del personal, previo informe de la Corte Suprema. El proyecto establece también algunos traslados de juzgados y, a este efecto, por el artículo 8º, se determina el traslado del Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso a la ciudad de Viña del Mar, cuya jurisdicción comprenderá la comuna-subdelegación del mismo nombre; y el del Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago, al departamento Presidente Pedro Aguirre Cerda, con asiento en la comuna de San Miguel. Como se comprenderá, el traslado de ambos tribunales es de una importancia bastante grande en relación con la población de la comuna y departamento mencionados, y en lo referente también al número de causas que en ellos tendrán que ventilarse. Las modificaciones que se introducen por el artículo 9º en el Código Orgánico de Tribunales son una consecuencia de la creación de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Como estamos solamente en el informe general del proyecto, estimo que no vale la pena referirse a ellas, porque son, como digo, simplemente una consecuencia de la creación de la citada Corte de Apelaciones. Estas son las razones por las cuales el Ejecutivo, comprendiendo la necesidad de una buena y sana administración de justicia y auscultando el sentir de las comunidades de todas estas regiones, y la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, han coincidido en dar su aprobación en general y en particular a este proyecto de ley que me he permitido informar. Quedo a las órdenes de los señores Diputados para las consultas que deseen formular. Nada más, señor Presidente. El señor OLAVE.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta al señor Diputado informante. El señor PARETO (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Diputado? El Honorable señor Rodríguez, don Manuel, Diputado informante de la Comisión de Hacienda, ha solicitado la palabra. Con la venia del Honorable señor Rodríguez, don Manuel, se podría conceder la palabra al Honorable señor Olave. ¿Concedería la interrupción Su Señoría? El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Sí, señor Presidente. El señor PARETO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ola ve. El señor OLAVE.- Quería consultar al señor Diputado informante sobre lo siguiente: ¿ qué antecedentes ha tenido el Ejecutivo para aumentar el número de Ministros que atienden las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y La Serena? ¿El mayor número de Ministros se debe a que de acuerdo con este proyecto de ley se amplía la jurisdicción de las respectivas Cortes de Apelaciones, o a la existencia en ellas de un mayor número de causas, o qué razones ha habido al respecto ? Otra pregunta: si al respecto se ha hecho un estudio comparativo con lo que ocurre en las otras Cortes de Apelaciones del país, que en este momento no están solicitando un aumento del número de Ministros, sino la reposición de algunos, como es el caso de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que en la actualidad tiene que fallar una cantidad de causas superior a las que deben estudiar las Cortes de las demás provincias, pues alcanzando a 5.007 por año. Este número es muy alto, incluso superior, por Sala, al de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Concepción, Valparaíso y de estas tres últimas correspondientes a Iquique, Antofagasta y La Serena, en las cuales se aumenta el número de Ministros. Esas eran mis preguntas. El señor PARETO (Vicepresidente).- Con la venia del Honorable señor Rodríguez, don Manuel, puede usar de la palabra el Honorable señor Valenzuela, don Ricardo. El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- El señor Ministro de Justicia me ha solicitado una interrupción, señor Presidente. El señor PARETO (Vicepresidente).- Está con la palabra el Honorable señor Rodríguez, don Manuel. Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia. El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar respuesta me parece que estoy mejor documentado que el señor Diputado informante en esta materia a las preguntas que se han formulado. La verdad es que, si se eleva a cuatro el número de Ministros de las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y La Serena, es porque se ha estimado que dicho número es adecuado y satisfactorio para una Corte de Apelaciones que funciona con una sola Sala. Es efectivo, que, de acuerdo con el Código Orgánico de Tribunales, tres Ministros pueden constituir la Sala; pero como de ordinario ocurre que uno de ellos se encuentra con licencia, permiso por enfermedad o en alguna visita ordinaria o extraordinaria, que le impide integrar el Tribunal, es muy necesario y conveniente que cada Corte de Apelaciones tenga cuatro Ministros para su correcto y normal funcionamiento. Además, esto permite que los Ministros tengan un ritmo de trabajo compatible con un horario suficiente y adecuado. Esto también influye para que las Cortes de Apelaciones puedan disponer del tiempo y personal suficientes a fin de controlar, supervigilar e inspeccionar los tribunales de primera instancia de sus respectivas jurisdicciones. Esta es la razón por la cual en las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y La Serena, que actualmente tienen tres Ministros, éstos aumentan a cuatro. Ahora bien, la segunda pregunta es la relacionada con la Corte de Apelaciones de Valdivia. Esta tenía cinco Ministros, número que disminuyó a cuatro cuando se creó la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Tal vez recordarán los señores parlamentarios que para crear esta última y no producir un gasto excesivo, que resultaba incompatible con la idea de su creación, se dispuso que tres Ministros de distintas Cortes integraran la de Antofagasta. Se quitó uno a la Corte de Apelaciones de Iquique, que ahora se repone; otro a la de La Serena, que también se repone; y un tercero a la Corte de Apelaciones de Valdivia, que tenía cinco y quedó con cuatro, ... El señor OLAVE.- Y que ahora no se repone. El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).- ...que no se repone, porque se estima que, de crearse una nueva plaza, sería aconsejable hacerlo en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que es la única que funciona con sólo tres Ministros, para lograr el mínimo de cuatro. Por otro lado, la Corte de Apelaciones de Valdivia con cinco Ministros, en buenas cuentas, tiene la misma capacidad de trabajo que con cuatro, porque con este número puede dividirse en dos Salas y con los respectivos abogados integrantes sacar adelante los fallos y procesos en marcha, que acusan el ingreso correspondiente. Por esto, con cinco Ministros queda exactamente en la misma situación de poder ser dividida en 2 Salas, con la única diferencia, naturalmente, que una de ellas tenía antes 3 Ministros y, la otra, un abogado integrante. La diferencia no es sustancial y, por lo tanto, antes de elevar de 4 a 5 el número de Ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia, sería indispensable designar un cuarto Ministro en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Esta es la razón por la cual se ha presentado el proyecto en los términos en que se conoce. El señor PARETO (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Rodríguez, don Manuel, Diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar, en conformidad al artículo 61 del Reglamento, el proyecto, de origen en un Mensaje, informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que crea una Corte de Apelaciones con asiento en Rancagua y eleva el número de tribunales en el país. La Comisión contó con la asistencia del señor Ministro de Justicia, don Pedro Jesús Rodríguez, y del Subjefe del Departamento de Planificación del Servicio de Impuestos Internos, clon Rosamel Gutiérrez, quienes proporcionaron los antecedentes necesarios para la cabal comprensión de las disposiciones del proyecto en todos sus aspectos. La Comisión compartió los fundamentos generales de la iniciativa, que se examinan en el informe de la Comisión técnica. Ella tiene por objeto aumentar el número de tribunales ordinarios en diversas zonas y localidades en que los estudios estadísticos y organizativos practicados lo acusaron como indispensable, y elevar la categoría de otros, con lo cual se incrementa su capacidad de trabajo al ampliarles la jurisdicción en razón de la materia de que pueden conocer. Se aumenta, asimismo, el número de Ministros de algunas Cortes de Apelaciones, al mismo tiempo que se crea la Corte de Apelaciones de Rancagua y se ordena el traslado de algunos tribunales a zonas específicas dentro de su propia jurisdicción territorial cuando las circunstancias locales lo requieren. Se modifican, finalmente, algunos preceptos de los Códigos Orgánicos de Tribunales y del Trabajo para adaptarlos a las ordenaciones administrativas ya enunciadas y se consultan las disposiciones transitorias necesarias para ajustar la nueva situación administrativa de los funcionarios y de las causas pendientes en aquellos tribunales que cambian de jerarquía o de ubicación. Manteniendo los mismos objetivos generales ya expuestos se acordó, sin embargo, proponer diversas modificaciones de cierta importancia para perfeccionar algunas disposiciones, introducir otras nuevas y, finalmente, dar un financia miento más operante al proyecto, lo cual permitirá, al propio tiempo, hacer efectivo el aumento del número de tribunales en una fecha más próxima. Es así como se sugiere, en primer término, reemplazar los artículos 4º y 5º que creaban, el primero de ellos, un juzgado del crimen con asiento en Viña del Mar y dos juzgados civiles y dos del crimen en Santiago, y el segundo seis juzgados en los departamentos cabeceras de departamento de Arica, La Serena, Presidente Aguirre Cerda, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, desde el 1º de enero de 1969 y desde el 1° de enero de 1970, respectivamente, por otro artículo que ordena la creación de los mismos juzgados, a contar desde el 1º de enero de 1968. Concordando con ello, se propone la enmienda necesaria en el artículo 79. El artículo 8º del proyecto traslada el Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso a la comuna de Viña del Mar, y el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago, al departamento Presidente Aguirre Cerda. El primero de estos cambios significa una redistribución del trabajo de los juzgados actuales. Ambos tienen jurisdicción sobre un mismo territorio que comprende, entre otras, la comuna de Viña del Mar, que ahora se asigna en forma exclusiva a uno de ellos, en atención a que se trata de una zona de intensa actividad industrial. Distinto es el caso del segundo de los cambios, ya que con él se reducen de seis a cinco los juzgados del trabajo del departamento de Santiago, sin variar su territorio jurisdiccional, de tal suerte que ello determinará un incremento proporcional en las tareas de cada uno. La Comisión reconoció la necesidad que afecta al departamento Presidente Aguirre Cerda, de contar con un juzgado del trabajo, tanto por la materia misma de su especialidad, ya que se trata también de una zona eminentemente industrial, como por la conveniencia de descongestionar las labores recargadas de los juzgados civiles de dicho departamento. Sin embargo, acordó desechar el traslado de su tribunal del trabajo a él, principalmente, porque estimó inconveniente disminuir los tribunales del trabajo en la capital, que permanecen desde hace muchos años en el mismo número, a pesar de sus crecientes requerimientos en dicho orden de necesidades. Como consecuencia de este rechazo, se recomiendan también modificaciones concordantes en los artículos 515 del Código del Trabajo, que se propone en el artículo 10 del proyecto, y 3º y 7º transitorios. La Comisión propone también el reemplazo del artículo 12 del proyecto por otro que permite financiar la creación de los Tribunales ya mencionados desde una fecha próxima, mediante un impuesto de papel sellado a los contratos de compraventa de cosas muebles a plazo. El artículo 14 de la ley Nº 16.272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, establece en su inciso primero que "los registros, actas, extractos, certificados, protocolizaciones, autorizaciones de firmas en cada una de 'ellas, documentos archivados y demás actuaciones de los notarios, conservadores de registros públicos y archiveros pagarán un impuesto de tasa fija, de Eº 0,50 en cada hoja del registro o en el documento de que se trata, sin perjuicio del impuesto que corresponda al acto o contrato que se celebre." Por su parte, el número 4 del artículo 1º de la misma ley grava las cauciones o garantías con un 0,5% sobre el monto de la caución, si ésta tuviere límite. Sin perjuicio de estas dos disposiciones, cuando fueren aplicables, el nuevo texto que se propone para el artículo 12 establece que los contratos de compraventa de cosas muebles a plazo que se celebren en conformidad a la ley Nº 4.702, esto es, con prenda de la cosa adquirida, deberán extenderse en papel sellado de Eº 5. Esta disposición fue propuesta por el Ejecutivo, y la Comisión acordó agregarle que el impuesto referido regirá siempre que el valor de la cosa vendida exceda de un sueldo vital mensual, escala A, del departamento de Santiago, esto es, en el presente año, de Eº 306,27. Se consideró conveniente dejar fuera del tributo a la compraventa de cosas de menor valor, en que el impuesto incide en forma más gravosa, y que corresponde las más de las veces a artículos de uso indispensable en el hogar. El alcance de la disposición es que muchas personas de medianos e incluso de muy modestos recursos no paguen este impuesto. El costo aproximado del proyecto alcanza a Eº 1.780.000; y el rendimiento del nuevo impuesto se había calculado, por los organismos técnicos correspondientes, en unos Eº 2.000.000, tal como fue propuesto primitivamente. La modificación introducida en el debate puede hacer disminuir esta cifra en un porcentaje que la Comisión no tuvo antecedentes para calcular, pero que de ninguna manera afectará en definitiva las posibilidades reales de financiamiento. Según estimaciones del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción citadas por el señor Ministro de Justicia y ponderadas para la situación actual, la producción de objetos transables en la forma antedicha sería de unos 900.000 al año, y los cálculos del caso hacen llegar a unos 400.000, los que efectivamente se venden mediante contratos de compraventa a plazos, con prenda legal sobre la. especie. Se acordó proponer también, a indicación del Ejecutivo, un nuevo artículo a continuación del 12, que faculta al Presidente de la República para modificar, en la medida en que sea necesario, las plantas del Consejo de Defensa del Estado y de la Sindicatura General de Quiebras, a fin de dotar de personal... El señor PARETO (Vicepresidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Phillips le solicita una interrupción. El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Muy bien, señor Presidente. El señor PARETO (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, sería interesante que el Honorable señor Rodríguez, quien ha leído con puntos y comas el informe de la Comisión de Hacienda, hiciera una aclaración. Durante el debate del artículo 12, que contiene el financiamiento propuesto, la Comisión acogió la indicación del Honorable señor Rioseco, por. la cual se establece : "... siempre que el valor de la cosa vendida exceda de un sueldo vital mensual, escala A, del departamento de Santiago", es decir, más o menos, 306 escudos. Según el Diputado informante, el rendimiento del nuevo impuesto podría llegar a los 2 millones de escudos y el proyecto sólo significa 1 millón 780 mil escudos. Quiero hacer presente a la Honorable Cámara que, en la Comisión, no se tuvo conocimiento del rendimiento del impuesto sino al final, y que sólo se citó la cifra de 400 mil bienes muebles vendidos que podrían estar afectos a este impuesto. No sé si el señor Diputado informante habrá consultado a algún organismo del Estado o a la misma Dirección General de Impuestos Internos acerca del número de artículos que van a. estar exentos del gravamen, porque el criterio de la Comisión, de acuerdo con la idea planteada por el Honorable señor Rioseco, que les pareció justa a todos sus miembros, era que no podía tener el mismo valor el papel sellado que utiliza, una persona que puede comprar un automóvil que el del empleado que compra sólo una plancha. Entonces, se estableció la exención de este impuesto para la compraventa de cosas muebles cuyo valor sea menor de 306 escudos, es decir, de un sueldo vital, Pero, ¿a cuánta, menor entrada corresponde esta exención? El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Su Señoría sabe perfectamente que la Dirección General de Impuestos Internos señaló que eran más o menos 400 mil los objetos exentos afectos a este gravamen. Indudablemente, se hizo una exención para las cosas muebles de valor inferior a un sueldo vital para evitar un gasto excesivo por el pago de impuestos, especialmente por parte de la gente modesta. La Comisión no contó con mayores antecedentes al aprobar esta indicación e, incluso, no se alcanzó a hacer la consulta correspondiente a la Tesorería General de la República, porque, dada la premura del tiempo, no se pudo tratar completo el proyecto. Voy a conceder una interrupción al señor Ministro de Justicia para que se sirva informar sobre esta materia. El señor PARETO (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Ministro. El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).- Muchas gracias. Solamente deseo recordar dos hechos, Uno de los cuales no pasó inadvertido en la Comisión. Según mis recuerdos, y si la memoria no me engaña, se expresó allí por funcionarios de Impuestos Internos que, los contratos de compraventa a plazo de cosas muebles, por cantidades que aparecen exentas de impuestos, no eran frecuentes ni ponderables en cuanto a su importancia tributaria, porque, generalmente, estos contratos de compraventa a plazo con la garantía prendaria correspondiente sólo abarcaban y se extendían a cosas muebles de mayor valor. El segundo hecho que quiero recordar es el siguiente. La pregunta precisa que acaba de formularse ahora no se hizo en la Comisión, no obstante que, en esos momentos, se encontraban presentes dos altos funcionarios de Impuestos Internos que podrían haber informado, precisamente, si el financiamiento estimado era suficiente. El señor PARETO (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Rodríguez, don Manuel. , El señor PHILLIPS.- ¿Me permite? El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Concedo una interrupción al Honorable señor Phillips. El señor PARETO (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, no es mi ánimo entrar a polemizar con el señor Ministro sobre si la pregunta se hizo o no en la Comisión de Hacienda. Creo que el Diputado informante de esta Comisión debió estar en conocimiento de esto... El señor TEJEDA.- Parece que no conoce nada. El señor PARETO (Vicepresidente).- Honorable señor Tejeda, ruego a Su Señoría no suponer intenciones. El señor PHILLIPS.- .. y haber informado a la Honorable Cámara. Siento inquietud por que el proyecto quede desfinanciado. No es otro el alcance de mis palabras, y no interesa si la pregunta se hizo o no se hizo en la Comisión. Es indiscutible que el financiamiento propuesto por el Ejecutivo con la firma del Presidente de la República, se estimó suficiente. Pero, por acuerdo de la Comisión, se hizo una exención de impuestos, porque los antecedentes recogidos en ella demostraron que era justa, respecto a la transferencia de bienes muebles, cuyo precio no fuera inferior a un sueldo vital. En esto no hay discrepancia de criterio. El único problema es determinar si se cumplen las disposiciones constitucionales al despachar desfinanciado este proyecto. No es otro repito el alcance de mis palabras. El señor PARETO (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Rodríguez, don Manuel. El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Señor Presidente, creo que el proyecto no está desfinanciado, por las razones que se acaban de escuchar. Además, los Honorables colegas saben que los funcionarios de Impuestos Internos dijeron en la Comisión que no sucedería tal cosa. Estimo que, con la explicación que dio el señor Ministro, el Honorable señor Phillips habrá quedado satisfecho. El señor PHILLIPS.- No, en absoluto. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Rodríguez. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor STARK (Vicepresidente).- ¡Honorable señor Phillips! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor STARK (Vicepresidente).- Honorable señor Phillips, llamo al orden a Su Señoría. Puede continuar el Honorable señor Rodríguez. El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- La nueva distribución de juzgados y la creación de la Corte de Rancagua deberá traer como consecuencia la radicación de asuntos de quiebras y juicios fiscales en tribunales distintos de los actuales, sin aumentar por ello el número de los juicios respectivos. Es necesario, entonces, redistribuir al personal en las oficinas correspondientes, y, en el caso especial de Rancagua, crear la oficina respectiva. El artículo que se propone tiene por objeto otorgar al Ejecutivo la autorización necesaria, que implica principalmente radicar al actual personal en los lugares en que sus funciones sean más útiles y efectuar las modificaciones de plantas indispensables para ello. La enmienda del artículo 1º transitorio es consecuencia de la que se propone a los artículos 3º y 4º, ya comentada, y las de los artículos 3º y 7º transitorios son, a su vez, consecuencia de lo acordado respecto del artículo 10. Por estas razones, la Comisión de Harienda acordó proponer a. la Cámara la aprobación de este proyecto de ley que crea una Corte de Apelaciones con asiento en Rancagua y eleva el número de Tribunales en el país. El señor RIOSECO.- ¿Me concede una interrupción, Honorable señor Rodríguez? El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Se la concedo, Honorable Diputado. El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia del Honorable señor Rodríguez, tiene la palabra Su Señoría. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, ya varios señores Diputados han solicitado del señor Diputado informante información acerca del financiamiento de este proyecto. La verdad de las cosas es que yo quiero pedir al señor Diputado informante una mayor información al respecto. Por otra parte, de acuerdo con los antecedentes que se dieron en la Comisión de Hacienda, el proyecto, en su forma original, estaría, financiado. Funcionarios de Impuestos Internos declararon, en la Comisión, que si se efectuaban 400 mil contratos de compraventa a plazo, de cosas muebles, y se multiplicaba esta cifra, por Eº 5, que es el impuesto con que se gravará a cada contrato, resultaría un total de 2.000.000 de escudos, que es el financiamiento que requiere el proyecto. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda no se consideró conveniente gravar indistintamente todos los contratos de compraventa a plazo, porque, indudablemente, un contrato sobre una cosa mueble de poco monto, resultaría extraordinariamente gravado en relación a su propio valor. Y así, una cosa de poco valor, de unos Eº 100, gravado con un impuesto de Eº 5, iba a resultar demasiado onerosa para los sectores más necesitados de la población, que son los que precisamente compran a plazo, porque irían a pagar igual impuesto que un automóvil vendido a plazo, un televisor o un radiorreceptor, que son cosas de gran valor. Por eso, la Comisión de Hacienda, por indicación nuestra, exceptuó a todos los contratos de un valor inferior a un sueldo vital mensual, escala A, del departamento de Santiago, esto es, de 306,27 escudos. Y yo le pregunto concretamente al señor Ministro cuántos de los 900 mil objetos que se transan a plazo en el país, y que incidirán en el financiamiento de este proyecto, tienen un valor inferior a un sueldo vital mensual. Imaginemos por un momento que sean 200 mil. Es indiscutible que se reduce el financiamiento. La excepción, por nosotros propiciada, es justa y lógica, porque no grava los objetos de poco valor, aunque rebaja el financiamiento. Nosotros queremos que el señor Diputado informante nos diga cuánto se presenta esta rebaja, porque nuestra obligación constitucional es aprobar los proyectos en forma financiada. Por eso hemos hecho llegar a la Mesa algunas indicaciones que tienen por objeto superar este déficit, a fin de que las rentas de los funcionarios del Poder Judicial sean reajustadas de manera que alcancen a cubrir sus necesidades fundamentales, como lo piden en las conclusiones de la Primera Convención Nacional de Jueces. Por eso, concretamente, desearía que el señor Diputado informante o el señor Ministro de Justicia nos informara en cuánto se desfinanciaría el proyecto con la reducción propuesta en la Comisión de Hacienda, porque para cumplir con nuestra obligación constitucional, será necesario aprobar aquellas indicaciones indispensables que den un adecuado y justo financiamiento a esta iniciativa. Estas son las preguntas que hago al señor Diputado informante o al señor Ministro. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Señor Presidente, las preguntas ya se contestaron por el señor Ministro. Además, el Honorable señor Rioseco sabe que el cálculo primitivo de los 900 mil objetos transables, se rebajó a 400 mil, que permiten un financiamiento del proyecto. Esto lo sabe Su Señoría, porque estuvo en la. Comisión y escuchó la información que de ello dio el Servicio de Impuestos Internos. El señor RIOSECO.- ¿Me permite, señor Diputado? El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Con mucho gusto. El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Rioseco. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, el cálculo del Servicio de Impuestos Internos, concretamente es el siguiente. Se transan en el país 900 mil objetos muebles. De ellos, 400 mil son vendidos a plazo, con contrato de prenda. De manera que, al establecerse este nuevo impuesto, los objetos gravados son 400 mil por cinco escudos, lo que hace un total de 2 millones de escudos, que es la suma necesaria para el financiamiento de este proyecto. Pero, cuando excluimos de los cinco escudos todos los objetos transables de un valor inferior a un sueldo vital mensual, estamos rebajando el número de los que pueden ser motivo de este impuesto y produciendo un desfinanciamiento. Yo tengo tan claro esto, que no sé por qué el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda no puede explicar el desfinanciamiento que se produce por el condicionamiento establecido en la Comisión de Hacienda. Indudablemente, si el impuesto recae sobre 400 mil objetos, se obtienen los 2 millones de escudos; pero, habiéndose rebajado su número, se ha producido un desfinanciamiento, que yo, como Diputado de Oposición, no puedo determinar exactamente. Por eso hemos presentado indicación para suplir este déficit. Yo le ruego al señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda o al señor Ministro de Justicia que nos digan concretamente cuál es el rendimiento de este impuesto, sin caer en la reiteración de decir que se mantiene el financiamiento de 2 millones de escudos, porque eso es absolutamente inexacto. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Rodríguez. El señor RODRÍGUEZ (don Manuel). Señor Presidente, el señor Rioseco, que estuvo en la Comisión de Hacienda, conoce perfectamente el financiamiento de este proyecto. Y si está desfinanciado, hecho que examinaremos, me alegro de que haya presentado indicación. El señor RIOSECO.- ¡No contestó! El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Finalmente, quiero agradecer a la Comisión de Hacienda, al señor Ministro, a las personas que elaboraron el proyecto y en especial al Gobierno, por la creación de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El señor STARK (Vicepresidente).- Ha llegado a la Mesa una solicitud de todos los Comités para votar este proyecto no antes de las 11 de la noche. ¿Habría acuerdo? El señor TEJEDA.- Por el momento, no, hasta que no llegue mi Comité y saber si lo ha aprobado. Aquí llega el señor Cademártori. El señor STARK (Vicepresidente).- Honorable señor Cademártori, ¿habría acuerdo para votar este proyecto no antes de las 11 de la noche? El señor CADEMARTORI.- Sí, señor Presidente. El señor STARK (Vicepresidente).- A cordado. A continuación está inscrito el Honorable señor Tejeda. Puede usar de la palabra Su Señoría. El señor PHILLIPS.- ¿Me permite una interrupción con cargo a mi tiempo? El señor TEJEDA.- Con cargo a su tiempo, sí, por supuesto. El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Agradezco la deferencia de mi colega. La interrupción será con cargo a mi tiempo. Es sólo para manifestar que comprendo la dificultad del señor Diputado informante para dar a conocer los antecedentes que se le solicitan. No creo que haya ninguna persona dentro del Congreso, a no ser que sean los organismos del Estado, que pueda dar estos datos. Pero sí quiero manifestar que, cuando este proyecto sea ley, se verá si el Honorable señor Rioseco y el Diputado que habla teníamos razón o no de que este impuesto no cubrirá su financiamiento. Nada más, señor Presidente. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Tejeda. El señor TEJEDA.- Señor Presidente, esta sesión tiene dos objetivos: uno, preocuparse de los acuerdos de la Primera Convención Nacional de Jueces, Relatores y Secretarios; y el otro, ocuparse en el despacho del proyecto que crea, la Corte de Apelaciones de Rancagua e introduce modificaciones en algunos tribunales del país. Por el momento, me referiré al primero de los objetivos, es decir, a los acuerdos de la Convención de Jueces. En el Mensaje leído por el Presidente de la República el 21 de mayo último, al inaugurar el actual período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, después de establecer que el Presupuesto de 1967 había aumentado en relación con el de 1964 en 2.300 millones de escudos, en moneda equivalente a la del año 1966, expresaba: "¿En qué se está gastando esta suma tan importante para la capacidad económica de nuestro país?". Y luego de indicar el gasto social, esto es el correspondiente a las inversiones en los presupuestos de Educación, Vivienda, y Salud, y el gasto económico, traducido en tres rubros fundamentales: Industrias, a través de la CORFO, Agricultura y Obras Públicas, se preguntaba: "El resto del presupuesto, ¿dónde está?". El mismo se contestaba: Está en el aumento que han recibido las remuneraciones de todos los servidores públicos, civiles, Fuerzas Armadas y Carabineros. Y textualmente agregaba: "Puedo afirmar de la manera más categórica que en ninguna época en la historia de Chile ha habido reajustes más importantes. En el curso de estos dos años, los reajustes han significado en la Administración Pública un aumento real de 25%, descontada la inflación. Este es el reajuste más alto que ha recibido la Administración Pública en su historia. Yo sé añadía que muchos dirán que el índice del costo de la vida no refleja el alza real, pero también admitirán que ese índice fue el mismo para las Administraciones anteriores, calculado con los mismos métodos y por el mismo personal. En consecuencia, vuelvo a. insistir en un hecho indubitable: nunca los reajustes de sueldos y salarios de la Administración Pública fueron mayores. A esto se agrega que ha habido sobre los reajustes generales reajustes parciales para, diversos servicios, que se refieren a leyes especiales que han favorecido al profesorado, Fuerzas Armadas, Carabineros, personal médico del Servicio Nacional de Salud, Universidad de Chile, Ministerio de Agricultura., Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, CORFO, ENAMI, Poder Judicial, etcétera". (Páginas 40 y 41.) El señor Frei terminaba expresando: "Insistiré en una política de remuneraciones ligada a la productividad, compatible con la lucha antinflacionaria y, en consecuencia, estaré en contra de las demandas que vayan más allá de los límites fijados". (Página 47). El señor MUGA.- ¡Muy bien! El señor TEJEDA.- Ahora bien, ¿cuál es la verdad? ¿A dónde ha llevado al país esta tozuda política del Gobierno de mantener sumida en el hambre y la miseria a la población, so pretexto de controlar la inflación, so pretexto de mantener un alza del costo de la vida de un tanto o de un cuanto por ciento? ¿Están contentos los servidores públicos? ¿Está satisfecho el sector privado? La respuesta la ha dado el país; no la hemos dado nosotros. Acabamos de presenciar la. más larga huelga de la historia gremial de Correos y Telégrafos. "El Mercurio" no seguramente con fines altruistas, ha venido destacando en forma muy sugestiva la insatisfacción de las Fuerzas Armadas por su situación económica; y en cuanto al Poder Judicial, son los propios jueces quienes han manifestado su resolución categórica no ya de "pedir", sino de "exigir" remuneraciones adecuadas. Es decir, los hechos han desmentido en forma nítida, las afirmaciones del Presidente Freí en el Mensaje Presidencial. No estamos en Jauja, señores Diputados. La política gubernativa de detener la inflación apretando el cinturón de quienes trabajan, ha fracasado. Largo tiempo los órganos publicitarios del gobierno y de la reacción expresaron que, si bien muchas cosas no se habían podido realizar, se habían al menos dado pasos gigantescos por el camino de detener la inflación. Y los hechos de estos días, como lo recuerda "El Siglo" en su editorial de ayer, "han demostrado, con los propios antecedentes proporcionados por organismos gubernamentales, que el incumplimiento de las medidas prometidas que afectaban las posiciones de los grupos oligárquicos y del capital extranjero no han permitido al Ejecutivo tampoco detener la inflación. Las consecuencias de esta situación golpean duramente a los sectores de la población de bajas rentas. Hace ya. poco más de una semana, el propio Presidente de la República se vio obligado a reconocer que en la contención de la inflación "era muy difícil que alcanzásemos las metas que nos habíamos propuesto". Por su parte, la Dirección de Estadística y Censos ha entregado en estos días su índice mensual de variación de los precios al consumidor, en el cual se registra un incremento del orden del 17,3%. En siete meses se ha superado el porcentaje de alzas en todo el año pasado. El límite de un 12% que se había propuesto el Ejecutivo para 1967 ha sido superado en un porcentaje cercano al 50%. "Nuevamente, como ya lo ha probado vastamente la experiencia de los gobiernos anteriores que se rigieron por similar criterio, no constituyen ninguna, receta eficaz para los problemas de nuestra, economía las que nos entrega el Fondo Monetario Internacional. Estas recomendaciones no parten del interés nacional, sino que del de los monopolios norteamericanos mayoritarios en dicho Fondo. La inflación no podrá detenerse sino con una política patriótica que vaya destinada al real desarrollo de nuestra economía y que produzca una redistribución de la renta nacional en beneficio de las mayorías de la población. "El Gobierno persiste tozudamente, en oposición a lo que muestra la experiencia, en culpar de la inflación a los reajustes de sueldos y salarios que han obtenido diferentes sectores de trabajadores después de ímprobas luchas. Amenazante mente la delegación ministerial que participó en una reciente reunión con dirigentes campesinos declaró que los pliegos presentados por los trabajadores de la tierra no pueden resolverse por encima del 20% de reajuste. Se persiste en seguir una política laboral que ha evidenciado reiteradamente su fracaso." Hasta aquí el editorial de El Siglo. Ahora bien, ya no son únicamente los sectores del proletariado quienes se organizan en la lucha por mejorar sus sueldos y salarios. La Primera Convención Nacional de Funcionarios del Poder Judicial nos muestra que vastos sectores del país, que tradicionalmente se manifestaban al margen de estas luchas, han comenzado a participar en forma activa en el combate por sus propias reivindicaciones económicas. Señaló el Presidente de esta Primera Convención, en la sesión inaugural, que ella marcaba una evolución del carácter que hasta hoy se creía inmutable y connatural a la judicatura misma, es decir, su estoicismo y silencio frente a sus propios problemas". Agregó también el Presidente de la Convención: "No me parece inoficioso poner de relieve la importancia de la Convención desde este punto de vista, ya que no pertenece a un pasado remoto el concepto del juez tradicional, aislado en el lugar de sus funciones, sin otra actividad o iniciativa que el fiel desempeño de su cargo. Pero observamos el hecho que fue la causa inmediata de esta Convención, que a quienes la ley encarga escuchar y hacer efectivas las sugerencias que anualmente expone el señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema aparte de la publicidad que normalmente les conceden la prensa y otros órganos de difusión, que incluso ha sido bastante para establecer el concepto común de que nuestros procedimientos son arcaiscos, que no guardan consonancia con la realidad de la vida, de la falta de interés por ingresar a la carrera judicial, motivada esencialmente por ,1o exiguo de sus rentas, esas sugerencias no han recibido de los otros poderes una adecuada respuesta." Señaló también el hecho grave de que, como consecuencia de la situación económica que afecta a estos funcionarios, "los cargos judiciales, en definitiva, están siendo ocupados por personas que, a falta de otro futuro y sin la necesaria vocación y capacidad, o para complementar otras entradas, pasan a integrar este poder, debilitando su base fundamental y haciendo propicio, en un futuro no lejano, como blanco de crítica, lo que hasta ahora es nuestro orgullo: la tradicional honestidad de los magistrados y la ponderación de sus decisiones". El Presidente de la Corte Suprema, antiguo colaborador de "El Mercurio", calificó a esta Convención, en forma un tanto ajena a la realidad, como una "reunión académica" y expresó: "Hay que empezar por desarmar los espíritus y, al mismo tiempo, encauzar todas las colectividades humanas por la senda de la legalidad ; hacer comprender que sólo el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, amparado y sostenido por un Tribunal independiente, es la única fórmula capaz de llegar a ese desiderátum." Por su parte, en la misma sesión inaugural, el señor Ministro de Justicia, en un lenguaje más "mercurial" que el del propio "El Mercurio", señaló: "Las conclusiones que se adopten servirán a la Excelentísima Corte Suprema, encargada por la Constitución y la Ley de la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los Tribunales de la Nación, de valioso antecedente para adoptar sus decisiones propias y expresarlas a los poderes del Estado." Por su parte, el Comité Ejecutivo de la Convención, en el prólogo del folleto que da cuenta de sus acuerdos, expresa que "saliendo los jueces de su tradicional pasividad, se harán oír con voz serena, pero firme, por quienes corresponda para, conseguir el mejoramiento de la función judicial a que tiene perfecto derecho toda la ciudadanía". Por mi parte, yo diría que en esta Primera Convención los jueces "echaron su canita al aire". Salieron del papel sellado y se pusieron en contacto con la realidad. Y la realidad brutal les mostró que en el país todos los trabajadores están "con el agua al cuello", que se ahogan en sus deudas, que sus salarios son miserables y que hasta los propios sueldos de los altos magistrados del Poder Judicial no son suficientes para subsistir con decoro. Si tales sueldos, que nosotros consideramos insuficientes, le parecen al Poder Judicial inaceptables, ¿cómo no han de serlo los de la inmensa mayoría de la población, que gana salarios ínfimos, salarios mínimos de Eº 4,80, sueldos vitales de Eº 300 y pensiones de Eº 165? Si es justa la rebeldía del Poder Judicial frente a remuneraciones como las que percibe, ¿no es mil veces más justa, la rebeldía de campesinos y obreros, la rebeldía de los empleados que reciben remuneraciones de hambre? No obstante, más de una vez los Tribunales Superiores de Justicia han metido tras las rejas de la cárcel, so pretexto de perturbar el orden económico de la nación, a dirigentes de trabajadores, cuando éstos han paralizado sus labores, impulsados por el hambre. ¡ Como si el orden económico no fuera, precisamente, el bienestar de la masa ciudadana, y no el de algunos afortunados empresarios y latifundistas! La Primera Convención de Jueces, al asomarse a la realidad social chilena, ha sacudido en parte el fuerte olor a naftalina de la judicatura, cuya máxima expresión son los "supremazos", aquellos fallos que han dado a la Corte Suprema ese sello tan característico de tribunal esencialmente conservador y mantenedor de viejos privilegios. En nuestra Corte Suprema se cumple en alto grado aquel principio expresado por los tratadistas de Derecho Público, de que todo poder establecido tiende a resistir las potencias innovadoras. Sabido es cómo se cierran las puertas al ascenso de los magistrados que, con criterio social, muestran ideas que pudieran calificarse de tímidamente avanzadas. Muchos de los componentes de los Tribunales Superiores de Justicia, y me atrevería a decir que tal vez la mayoría de los Ministros de la Corte Suprema, conviven no con los trabajadores, no con los que hacen la riqueza del país, sino con los magnates de las grandes empresas, que disfrutan de ella. Son o han sido contertulios del Salón Rojo del Club de la Unión; se les ve figurar en comidas y banquetes de magnates. Pero, ¡qué cara pondrían estos Ministros si vieran, no a un colega, sino a algún modesto juez de cabecera de provincia comiendo con los "rotos" de la CUT, con los dirigentes de la. Federación Campesina e Indígena, con el camarada Campusano, o aun con cualquier dirigente de la ANOC, que controla el partido de Gobierno! Ese juez estaría condenado a vegetar en su cargo por el resto de sus días o expuesto a ser mal calificado. Nadie e alarma si un juez o un Ministro de Corte asiste a un banquete de la Sociedad Nacional de Agricultura, si asiste a la inauguración de sus exposiciones agrícolas; pero ¡qué terremoto, si asistiera a la inauguración de un congreso de la Federación Campesina e Indígena, o a la olla común de los campesinos de Molina! Sostenemos que hay que ir a la democratización del Poder Judicial, a la desvinculación de los altos magistrados de sus relaciones con la aristocracia social, financiera o política, con la alta banca, el alto comercio, el latifundio. La Corte Suprema naturalmente, reconozco que hay honrosas excepciones parece atada a esos grupos de presión pollina especie de cordón umbilical. La Corte Suprema se ha alzado contra el propio Parlamento, al declarar inaplicables, por supuesta inconstitucionalidad, leyes de vasto alcance social que favorecen a los arrendatarios o a los consumidores; leyes tributarias que derogan privilegios irritantes, so pretexto de que prevalecerían sobre ellas pretendidos contratosleyes. La Corte Suprema, y esto no sólo es de ahora, sino de siempre, nos ha puesto en interdicción para legislar dentro de nuestras propias facultades. Leyes dictadas para favorecer a los arrendatarios, suspendiendo los lanzamientos, las ha declarado inaplicables. La ley que ordenaba devolver el sobreprecio ilegal de los televisores también la. declaró inaplicable. Años atrás, declaró inaplicable una ley que beneficiaba a centenares de viudas de trabajadores del cobre, víctimas de la llamada "catástrofe del humo". Y hoy no más, "El Mercurio" anticipa que la Corte Suprema determinará si la ley que autoriza las expropiaciones realizadas por la Corporación de la Reforma Agraria es constitucional o no, y agrega que esta resolución de la Corte recaerá en seis procesos afinados por el Tribunal Especial de la Reforma Agraria. Considero necesario agregar que los Tribunales Superiores de Justicia, no siempre han defendido las libertades públicas, corno es su. deber fundamental. Durante la Administración de Ibáñez, muchos ciudadanos fuimos vejados, encarcelados y desterrados, y no contamos en ningún momento con la protección del Poder Judicial. Fueron perseguidos, incluso, algunos miembros de sus altos tribunales. Fue vejado el propio Presidente de la Corte Suprema, que lo era entonces don Javier Ángel Figueroa, y no hubo el gesto digno de la Corte Suprema de renunciar en masa antes de someterse a la bota militar. En el reciente caso del Senador Altamirano, se ha llegado a desconocer el fuero parlamentario. Los Senadores y Diputados somos inviolables por las opiniones que emitimos en el desempeño de nuestros cargos. Nuestra función no sólo se ejerce en el recinto del Congreso o en la sala de sesiones del Senado o de esta Cámara.. Se ejerce, de preferencia, ante la opinión pública, frente a los electores, frente al pueblo, ante el cual los parlamentarios debemos dar cuenta de nuestros actos. La personalidad del parlamentario no puede desdoblarse; No puede el Diputado o Senador tener una opinión que puede expresar libremente dentro de las cuatro paredes del Congreso y estar amordazado para repetir esa misma opinión fuera del recinto del Parlamento. Cuando un parlamentario analiza los grandes problemas nacionales e internacionales, y en relación a ellos juzga la posición política del Gobierno y de los gobernantes, cumple un alto deber cívico, y es subalterno e inaceptable en derecho reducir el problema a si tal juzgamiento político constituye una injuria. Es manifiestamente arbitrario extender la injuria al análisis del comportamiento político de un gobernante. En el mismo fallo que dispone el desafuero del Senador Altamirano, dos Ministros declararon que, a su juicio, debió acogerse el desafuero, además, porque "el inculpado realizó también un panegírico tendencioso y público, oral y escrito, de la Revolución Cubana, que, atendidas las circunstancias nacionales e internacionales del momento, comprometen y afectan el orden público". Es decir, hay Ministros de Corte que consideran un crimen enjuiciar en forma favorable la Revolución Cubana y que pretenden poner mordaza a los parlamentarios para opinar con libertad sobre esta materia, so pretexto de las circunstancias nacionales e internacionales del momento. En otras palabras, nuestra opinión sería o no delictuosa según la apreciación que a los señores Ministros de Corte les mereciera la situación nacional e internacional del momento. ¡Y qué decir de los fallos de la Corte Suprema en relación con las leyes del trabajo! Han sido el mejor sostén del empresario, del patrón, del latifundista. Por medio del uso vicioso de las facultades disciplinarias, con la llamada "vía de la queja", se han enervado constantemente fallos que beneficiaban a. los trabajadores, se ha trastrocado la legislación laboral en beneficio del empresario. Podría mencionar algunos fallos. Tengo en mi poder, en este instante, más de 30 fallos, que constituyen otros tantos "supremazos". Como me referiré a esto cuando se trate la jurisdicción y competencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, me basta citar unos dos o tres, en que se han venido estableciendo, por la vía del recurso de queja, resoluciones y doctrinas contrarias al pago de feriados a. empleados particulares y a otros derechos de los trabajadores. Así en la queja que lleva el número del rol 757, recaída en los autos "Moya Rubén con Ossandón Cortés y Cía.", ha acogido la Corte Suprema el recurso de queja contra la Corte del Trabajo de Santiago que había ordenado el pago de siete feriados adeudados al actor, basada en una disposición del Reglamento Nº 969, de 1933, artículo A41, que se refiere al convenio entre empleados y empleadores sobre acumulación de feriados, pero no a los feriados adeudados. Esta doctrina.de la Suprema se ha formulado contra la opinión de la Corte del Trabajo y los Tribunales del Trabajo, que estiman que al trabajador deben pagársele todos los feriados que se le adeuden y que la disposición en que se basa la Suprema no es aplicable al caso. En el caso "Suárez Marta con Montero Ramón", la Corte Suprema declaró que una dependienta. que trabajó desde el 1º de abril de 1946 al 31 de diciembre de 1962 tuvo la calidad de obrera por figurar en ese período como imponente del Servicio de Seguro Social, contra la opinión de los Tribunales del Trabajo de primera y segunda instancias, que la declararon empleada particular y le concedieron todos los derechos que esa calidad acarrea. De este modo, si se inscribe a una empleada como simple obrera, en lugar de sancionar esta nueva infracción, la Corte Suprema sanea con esa nueva infracción la otra más grave de no considerarla empleada particular. Si examinamos la revista de jurisprudencia de la Corte Suprema, "Fallos del Mes", tenemos un fallo sobre obreros a domicilio. Generalmente son varios los obreros que trabajan juntos en un domicilio, porque no todos tienen una casita clara con ventanas, en donde trabajar. En este caso, la Corte Suprema ha declarado que, aunque sea obrero a domicilio, no tiene esa calificación, sino la de emprerios, quien ejecuta el trabajo en su domicilio, conjuntamente con un grupo de obreros. De manera que estos trabajadores que ganan salarios miserables son empresarios, a juicio de la Corte Suprema, que les niega sus derechos como obreros. Con respecto a la indemnización del artículo 58 de la ley Nº 7.295, la Corte Suprema ha sostenido que para calcularla no puede ser considerada la asignación especial establecida en el número cuatro del artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 211, de 1960, en contra del criterio de los tribunales del trabajo, los cuales sostienen que debe también incluirse esa asignación en el monto de la indemnización. En el caso de un cobrador de pasajes de microbuses, que tiene por ley la calidad de empleado particular, la Corte Suprema, anulando los fallos de la Corte del Trabajo, ha declarado que no la tiene, porque el cobrador debe, además, barrer el micro, por lo que en su trabajo no prevalece el esfuerzo de cobrar, sino el de haber barrido. No quiero cansar a la Honorable Cámara, porque en este momento podría citar alrededor de 30 fallos. Por lo demás, me están haciendo una recopilación y me aseguran que hay entre trescientos y cuatrocientos fallos que demuestran lo abusivo de este recurso llamado queja, de esta forma ilegal de anular fallos denominada "vía de la queja". Todo lo expresado ha dado a la Corte Suprema la característica, esencialmente conservadora a que me referí. Bien, señores Diputados, el movimiento de los funcionarios del Poder Judicial, netamente, no está, por cierto, dirigido pollos señores Ministros de la Corte Suprema. Está dirigido y orientado por los funcionarios de categorías intermedias, formadas por hombres de las nuevas generaciones, que quieren dar al derecho y la función que desempeñan un mejor contenido social. De aquí que utilicen nuevos métodos de lucha, que en algo se acercan a las formas de lucha gremial de los trabajadores. Desde luego, han anunciado que harán dejación de sus cargos. Al efecto han presentado sus renuncias la mayoría de los jueces del país. Esta energía con que los funcionarios del Poder Judicial enfrentan su lucha gremial, tiene hondamente preocupado al diario "El Mercurio". Es curioso ver cómo han evolucionado los editoriales de este diario frente al problema de las remuneraciones del Poder Judicial. El 22 de abril de 1966, dijo: "La situación económica de" dicho Poder no guarda relación con su trascendencia ni sus responsabilidades. Es visible que las remuneraciones de jueces, funcionarios y ministros de la magistratura están por debajo de su rango y obligaciones." El 7 de mayo del mismo año celebró editorialmente con alborozo, casi como un triunfo propio, la designación del señor Osvaldo Illanes Benítez, asiduo colaborador de ese diario, como Presidente de la Corte Suprema. El 8 de julio de 1966, en su columna editorial adhirió a la petición de aumento de renta propuesta por el Presidente de la Corte Suprema y dijo que "el aumento solicitado por la judicatura es moderado dentro del gasto presupuestario y se ha consultado en forma de mejorar las remuneraciones en proporción inversa a las jerarquías de renta. Con claro sentido social, se preconiza aumentar en un 45% las remuneraciones más bajas y subir gradualmente las demás hasta reajustar en 30 % las más altas." El 14 de julio de 1966, afirmó que el pago de las horas extraordinarias no solucionaba el problema de las remuneraciones de los jueces. Pero el 15 de julio del presente año expresa, con más cautela, que la posición de los jueces envuelve una crítica elevada, pero clara, hacia la forma en que los Poderes Ejecutivo y Legislativo como si nosotros tuviéramos alguna facultad constitucional en la iniciativa de este tipo de leyes cumplen sus responsabilidades de aprobar los Presupuestos de la Nación. Y añade, en su clásico estilo "mercurial", que "la actitud de la magistratura en estos días indica que el sistema centrífugo del sector fiscal hace crisis." El 20 de julio, también de este año, muestra el editorial del decano de la prensa sus aprensiones por los rumbos que toma el movimiento de los jueces y expresa: "La renovación de síntomas de inquietud que recientemente se ha manifestado entre los componentes de la administración de justicia ha sido suscitada en esta ocasión por magistrados de inferior graduación en el escalafón de este Poder Público." "Por primera vez agrega éstos han asumido una iniciativa que parecía entregada solamente a la Corte Suprema, que tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de justicia del país por mandato constitucional." Y, virando 180 grados con respecto a los editoriales anteriores, añade que "la situación material de los servicios judiciales sólo podrá restablecerse cuando el erario esté realmente en condiciones de proveer a esas necesidades en la forma debida. Se trata, por tanto, de un problema que no está ni puede estar en manos de los propios jueces a resolver y que dice relación con la distribución de los recursos financieros del erario". Y oponiéndose, con refinado tartufismo "mercurial", al mejoramiento de las remuneraciones judiciales expresa más adelante: "Poco se logrará atendiendo una vez más a las justas necesidades de la judicatura, si el propio Fisco ha de continuar alimentando una espiral que al cabo de cortos años la dejarán a ella y a otros servicios básicos en una condición desmejorada". Y el órgano oficial del Gobierno, "La Nación", en su edición del 30 de julio de 1967, en una amplia información sobre el problema del Poder Judicial, señala la opinión del Ministro de Justicia en el sentido de que "lo específicamente judicial se mueve en el ámbito mucho más extenso de la comunidad nacional" estas alambicadas palabras no son mías, sino del señor Ministro "y que ningún chileno (y de consiguiente ningún funcionario judicial) puede restarse a la lucha contra la inflación", lo que importa indiscutiblemente un rechazo de las peticiones del Poder Judicial. La misma información da a conocer declaraciones del Subsecretario de Hacienda, señor Zaldívar, de que es imposible considerar un aumento de sueldos en el Poder Judicial en el presente año. Luego, este órgano publicitario del gobierno trata de ridiculizar las conclusiones de la Primera. Convención de Jueces, diciendo que por una parte hablan de su "angustiosa situación económica" y, por otra, solicitan autorización para que los funcionarios judiciales puedan adquirir automóviles libres de derechos arancelarios. Entre tanto, el Consejo General del Colegio de Abogados acordó apoyar las peticiones de aumento de las remuneraciones de los jueces, si bien expresa sus temores de que los miembros del Poder Judicial pudieran salirse de la disciplina característica de las funciones que desempeñan; y expresa su anhelo de que mantengan en todo momento, e inquebrantablemente, la jerarquía. Hasta el momento, los jueces no han encontrado solución a su problema, so pretexto de que no habría recursos para satisfacer sus peticiones. Nuestro partido ha expresado claramente su opinión, señalando las fuentes desde donde pueden obtenerse tales recursos, que no son otras que las indicadas en el editorial de "El Siglo", publicado el 29 de julio de ese año. Este editorial es del tenor siguiente: "Las demandas del Poder Judicial. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Funcionarios del Poder Judicial y un creciente número de jueces, relatores y secretarios se hallan renunciados o están renunciando masivamente a sus cargos como consecuencia de la negativa del Gobierno a dar solución a sus demandas económicas. "El problema ha alcanzado tal envergadura que el propio Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, con la firma de todos sus Ministros, se dirigió a la Corte Suprema para hacerle presente que "reitera sus acuerdos anteriores en el sentido de que es necesario dar una solución inmediata e integral al problema económico de los funcionarios judiciales de todos los escalafones, prestando así su apoyo a los acuerdos que con tal objeto adoptó la Convención de Jueces, Relatores y Secretarios. "A su vez, la Corte Suprema ha buscado una solución en conversaciones directas con el Ministro de Justicia, quien ha manifestado que "en el aspecto económico de ninguna manera habrá cambios de remuneraciones en el presente año, de acuerdo a los planes que se ha impuesto el Gobierno". "La aflictiva situación económica que sufre este personal se hace extensiva a los funcionarios de otras reparticiones de la Administración Pública y también a los sectores de rentas bajas de las Fuerzas Armadas. "Es necesario que el Gobierno atienda detenidamente y con prontitud sus justas peticiones. De no hacerlo, en el caso del Poder Judicial, se corre el riesgo de que se interrumpan totalmente sus labores o que ellas se vean reducidas en gran medida si los personales dan cumplimiento a lo que dispone el Código Orgánico de Tribunales en lo que respecta a las 4 horas de trabajo. Ciertamente, de lo que en esencia se trata es que se haga justicia a quienes tienen precisamente la misión de administarla. "La excusa que invariablemente ha esgrimido el Gobierno para tratar de desentenderse de uno de sus deberes fundamentales es que el Fisco carece de recursos. No es cierto. Estos hay que conseguirlos con medidas del tipo de la derogación de las franquicias de que gozan los propietarios de viviendas DFL. 2, aprobada en el Parlamento y que el Gobierno amenaza con vetar". Ahora están prácticamente rechazadas. "Del mismo modo, hay que ir a la prometida derogación y racionalización de todas las franquicias tributarias existentes, que pasan de mil y que le restan cuantiosísimos recursos al Erario. Está pendiente también de la consideración de la Cámara otro proyecto comunista, aquél que propone declarar de íntegro beneficio fiscal todo el precio del cobre que exceda de 29 centavos de dólar la libra, medida acordada por el Consejo Plenario Nacional que la democracia cristiana celebró el año pasado en Cartagena. "En resumen, lo que hay que hacer es cambiar la actual política gubernativa y adecuarla a las necesidades del país y de los trabajadores." Señor Presidente., los acuerdos de la Convención de Jueces han puesto al desnudo el fracaso de la política económica del Gobierno. Observamos, sí, que dichos acuerdos no insisten suficientemente en la pésima situación económica de los funcionarios subalternos, quienes, además de estar mal remunerados, tienen un trabajo abrumador. Por esto, careciendo los parlamentarios de iniciativa constitucional para proponer un proyecto de ley que mejore las remuneraciones del Poder Judicial, instamos al Gobierno a que cuanto antes envíe el proyecto de ley indispensable para mejorar la renta de los funcionarios judiciales. Esto nada más con respecto a la Convención de Jueces. Más adelante, y después que intervengan otros colegas, me referiré a la creación de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El señor ISLA.- Pido la palabra. El señor STARK (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ISLA.- Señor Presidente, yo pensaba empezar mis palabras refiriéndome al proyecto de ley que crea la Corte de Apelaciones de Rancagua, con jurisdicción sobre las provincias de O'Higgins y Col chagua, pero después de oír, con la atención que acostumbro, al Honorable colega Tejeda, don Luis, no quiero, como Diputado de Gobierno, dejar pasar algunas observaciones que él ha formulado y que yo considero de toda injusticia para referirse al Gobierno y al Presidente, como ejecutor de una política antinflacionista. Señor Presidente, yo también soy abogado, como el Honorable señor Tejeda... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA.- ..y he ejercido la profesión no tan intensamente como él y estoy seguro de que no con el brillo del Honorable señor Tejeda; mis limitaciones personales no me lo permiten.. Pero, señor Presidente, en este carácter, he conocido la Magistratura, he conocido la vida abnegada de los magistrados de nuestro país. Yo no voy a hacer distinción de jerarquías o clases no de jerarquía, como decía mi Honorable colega señor Tejeda, aunque sí con jerarquía entre los Ministros de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones y los funcionarios subalternos, no diré los magistrados, de los distintos tribunales, porque creo que esto es un error y no es conveniente para el concepto que la opinión pública tiene de la judicatura en nuestro país. Yo los conozco y, por eso, estoy muy de acuerdo con las legítimas aspiraciones que ellos sustentan. No sólo ahora y esto hay que decirlo también, porque ha llegado el momento en este país de hablar con claridad, sino desde 50 ó 60 años, los magistrados viven en condiciones precarias. Por lo tanto, éste no es responsabilidad del Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, sino que es responsabilidad de los distintos partidos que han gobernado el país, entre los cuales está aquél al que pertenece el Honorable señor Tejeda... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA.- Este problema se viene arrastrando porque los partidos que han estado en el Gobierno, desde hace muchos lustros... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor STARK (Vicepresidente).- ¡Honorable señor Tejeda, el Honorable señor Isla está haciendo uso de la palabra! El señor ISLA.- De tal modo que es injusto, no es serio ni es responsable achacar a este Gobierno... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor STARK (Vicepresidente).- Honorable señor Melo, llamo al orden a Su Señoría. El señor ISLA.- ..la responsabilidad de un estado de cosas respecto del cual todos los Diputados, elegidos en 1965, tienen una responsabilidad histórica; y, por el contrario, es necesario repetir lo que hemos dicho tantas veces en el curso de estos tres años: el actual Gobierno ha sido el primero en la historia de nuestro país y ésta no es una frase que con seriedad, con profundidad, con riguroso estudio científico, diría yo, ha tratado de abordar el problema de la inflación y de ser consecuente con las críticas que muchas veces se formulan y que, a veces, sólo tienden a significar que ha habido errores, a pesar de que este Gobierno ha reconocido los suyos. En la solución del problema inflacionista, hay que proceder con sentido de justicia para conseguir, primero, la redistribución de la renta nacional, y esa redistribución se ha hecho. No es el caso, por ejemplo, de señalar las leyes ni las nuevas medidas de orden tributario, porque las conocen todos los Honorables colegas, que el Gobierno ha impuesto en el país, a fin de redistribuir la renta nacional, lo que ha permitido a los sectores descapitalizados, a los sectores proletarios del país, tener iguales oportunidades que los sectores tradicionalmente privilegiados. Por eso, resulta extraño escuchar, en este instante, al Honorable señor Tejeda, en la Cámara, criticar y achacar al actual Gobierno que, en este concepto de distribución, esté con los poderosos esto es lo que, en definitiva, Su Señoría ha dicho, y abandone o no se preocupe de sectores como el de los magistrados, a pesar de su condición de jueces, para servir, en cambio, los intereses de los ricos de nuestro país. Y resulta que hoy invito al Honorable señor Tejeda a leer, como lo hice yo, la página del editorial de "El Mercurio" ... El señor TEJEDA.- "El Mercurial". El señor ISLA.- de este diario "mercurial", como dice mi Honorable colega, en que critica también amargamente a este Gobierno en un artículo que se refiere a los precios, a los sueldos y a los salarios. "El Mercurio", desde la otra trinchera, con argumentos muy semejantes a los del Honorable señor Tejeda, critica al Gobierno, porque dice que éste estaría dando un trato discriminatorio a los distintos sectores del país. Según "El Mercurio", este Gobierno es bondadoso y generoso cuando se trata de sueldos y salarios, y es rigurosos e injusto en lo que se refiere a los precios. Lo que quería decir es que resulta inexplicable esta coincidencia de dos trincheras opuestas para criticar al Gobierno por su política de remuneraciones, por su política de precios y por las medidas que está tomando, patrióticamente, para combatir la inflación. Por eso, repito, es una injusticia lo que aquí se ha dicho, pues el Honorable señor Tejeda sabe que este Gobierno, al comienzo de su gestión, fue el primero que, dentro de este cuadro y de estas medidas para contener la inflación, otorgó en Chile, también por primera vez, un rajuste equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida. Esto nunca se hizo, ni se pensó siquiera hacer, durante los Gobiernos anteriores, de los cuales formó parte el partido a que pertenece el Honorable señor Tejeda. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MELO.- Como abogado y persona culta, Su Señoría sabe que los comunistas estuvimos sólo tres meses en el gobierno y que después nos persiguieron. El señor STARK (Vicepresidente).- Honorable señor Melo, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio. El señor ISLA.- Estos son hechos que el país conoce y los conocen también todos los señores Diputados. Por eso, en esa salva de disparos a la bandada que ha hecho el Honorable señor Tejeda, en que no ha dejado "títere con cabeza", ha sido injusto para referirse al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, especialmente a la magistratura superior de este último, a los Ministros de la Corte Suprema. Y, lo que es más grave, está negando una verdad que todo el país conoce. Porque, insisto, este Gobierno, sin duda alguna, ha cometido errores y va a seguir cometiéndolos, ya que errar es humano. Pero también hay que reconocer y esto me interesa destacar al responder al Honorable señor Tejeda su discurso que ha leído esta tarde en la Honorable Cámara que este Gobierno ha hecho un esfuerzo serio, como no lo ha hecho ninguno, me atrevo a afirmarlo, en América del Sur, para tratar de contener el flagelo de la inflación. Nos sería muy fácil traer discursos escritos a la Honorable Cámara, rigurosamente revisados tal vez, para darlos a la publicidad, como hace el Honorable señor Tejeda, y lanzar toda clase de ataques al Gobierno porque está tratando con fervor patriótico, no tozudamente, como dice Su Señoría, de contener este proceso, que data de tantos años y del cual no es responsable este Gobierno. A pesar de que he levantado un poco el tono de mi voz, he querido decir con mucha serenidad estas cosas y, como Diputado de Gobierno, manifestar mi protesta, porque sé que el Honorable señor Tejeda es un hombre inteligente y culto. Por eso, extraño mucho que Su Señoría pueda hacer afirmaciones tan reñidas con la verdad y con la historia de los últimos tres años. El, como Diputado del Partido Comunista, en sus contactos con los campesinos, con los mineros y con todos los trabajadores, como lo hacemos todos los Diputados de estos bancos, habrá oído a estos ciudadanos chilenos, a este sector de asalariados de nuestro país, reconocer lo que Su Señoría no ha querido aceptar; por el contrario, ha hecho imputaciones, a este Gobierno, que no se compadecen con la verdad. El señor VALDES (don Arturo).- ¡Muy bien! El señor ISLA.- Voy a referirme brevemente al proyecto en debate, que crea una Corte de Apelaciones con asiento en Rancagua. La iniciativa en discusión es, como se ha dicho esta tarde, una vieja aspiración de los habitantes de la provincia de O'Higgins; creo que también lo es de los de Col chagua, por las razones que aquí se han dado y sobre las cuales no vale la pena insistir, y ha sido este Gobierno, tan atacado y tan combatido, el que la ha hecho realidad. Recuerdo que, cuando fui Diputado de Oposición, en otro período, este anhelo de las provincias de O'Higgins y Colchagua también se llevó a los Poderes Públicos, al Poder Ejecutivo, y nunca encontró acogida en las Administraciones anteriores, y este Gobierno lo ha hecho realidad. Sé perfectamente que los habitantes de la provincia de O'Higgins, en especial los de la ciudad de Rancagua, donde nació esta aspiración, que tuvo su origen en la Asociación de Abogados de esa ciudad, van a encontrar justa esta iniciativa del Gobierno. Quiero decir que este proyecto se justifica desde todo punto de vista, y, sobre todo, por el impresionante desarrollo industrial alcanzado por esta ciudad. Insisto, en defensa de este Gobierno, al que tanto se ataca, en que se está desarrollando un plan de industrialización en esta zona con la puesta en marcha de los convenios del cobre, el que se ha iniciado con la construcción del camino que unirá el mineral de "El Teniente" con la ciudad de Rancagua y con el establecimiento de algunas industrias. El señor ACEVEDO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable señor Isla? El señor ISLA.- Con mucho agrado se la concedo. El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia del Honorable señor Isla, tiene la palabra el Honorable señor Acevedo. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, he pedido esta interrupción al Honorable señor Isla, para hacer presente que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha incluido en la zona sobre la cual tendrá jurisdicción la nueva Corte de Apelaciones de Rancagua, que se crea por este proyecto, al departamento de Maipo, de la provincia de Santiago. En la página C) de su informe, expresa: "Buin, la capital de este departamento, tiene un rápido y fácil acceso a la ciudad de Rancagua.. La verdad es que los autores de este informe no conocen en el terreno el departamento de Maipo, que comprende sólo dos comunas: Paine y Buin. Dentro de estas dos comunas están las localidades de Champa, Huelquén, Hospital, Paine, Linderos, Alto Jahuel y Valdivia de Paine. Todas ellas, por estar ubicadas hacia el interior del camino longitudinal, constituyen, permanentemente, puntos de salida de vehículos de locomoción colectiva, que convergen, en su totalidad, hacia Santiago. Las tarifas que se cobran están en relación con la distancia que hay desde el departamento de Maipo hacia Santiago, y se puede decir que son relativamente bajas, muy inferiores a las que se tendría que pagar para trasladarse desde esos mismos lugares hasta la ciudad de Rancagua. La medida que aconseja el informe de la Comisión mencionada es totalmente desafortunada, ya que perjudica a los vecinos de las diferentes localidades del departamento de Maipo. Comprendo que, al incorporar a este departamento en el proyecto, los colegas de la provincia de O'Higgins lo han hecho con el sano propósito de que desde ese tribunal pudiera prestarse mejor atención a esta gente. Pero, deseo decirles, honestamente, a los Honorables colegas, que, en verdad, en la práctica no será así y se les causará un gran perjuicio; a ellos les conviene más venir hasta Santiago y recurrir a la Corte de Apelaciones de aquí, que viajar hacia el sur, para hacerlo ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. Por eso, parlamentarios del cuarto distrito los señores Aylwin, Videla y el que habla, y creo que también la señora Dip nos hemos permitido presentar una indicación que tiene por objeto suprimir toda referencia al departamento de Maipo en la disposición que sustituirá al artículo 55 del Código Orgánico de Tribunales. Agradezco al colega Isla la interrupción que me concedió. El señor LAEMMERMANN.- ¡ Tiene toda la razón! El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Isla. El señor ISLA.- Señor Presidente, decía que la provincia de O'Higgins, en especial la ciudad de Rancagua, en estos instantes, está recibiendo los primeros efectos de esta explosión demográfica e industrial que, indudablemente, se está produciendo con motivo del proceso de industrialización, que la está favoreciendo por iniciativa de este Gobierno. Por eso, este proyecto viene a satisfacer una sentida necesidad, y quiero señalar y destacar, también, que esta aspiración tuvo eco muy profundo en toda la opinión de la provincia. Tanto es así que en la prensa, durante los tres últimos años, aparecían, periódica y sistemáticamente, en los editoriales rancagüinos, la petición de que se creara allí esta Corte de Apelaciones. Y esa aspiración tuvo acogida en la Honorable Cámara. Recuerdo que, a comienzos del año pasado, vinieron hasta aquí los representantes de la Asociación de Abogados de Rancagua, y fue así como obtuvimos, por acuerdo de la Corporación, la aprobación de un proyecto de acuerdo en que se pedía al Ejecutivo que cristalizara, en un Mensaje, esta aspiración de crear la Corte de Apelaciones. Por eso, como Diputado de la provincía de O'Higgins, celebro, esta tarde, que el Ejecutivo haya convertido esta iniciativa en una realidad, y que también el proyecto respectivo, cuente con amplia mayoría para ser despachado favorablemente por la Honorable Cámara, Creo que, en esta forma, el Gobierno, al satisfacer esta aspiración, servirá así realmente los intereses de todos los sectores de la población de estas dos provincias, puesto que tendrán a su alcance directo la acción de la judicatura de alzada, lo cual, incuestionablemente, significará un factor de estabilidad, de progreso y de solución de necesidades muy urgentes de sus habitantes, que resultarán favorecidos con la creación de esta Corte de Apelaciones. El Honorable señor Monares me ha solicitado una interrupción. El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Monares. El señor MONARES.- Señor Presidente, respecto a la objeción formulada por algunos Diputados del cuarto distrito acerca de la jurisdicción de la nueva Corte de Apelaciones, traducida en el propósito de presentar una indicación para excluir al departamento de Maipo de ella, quiero expresar lo siguiente. Comprendo perfectamente las razones de tipo regionalista de los Honorables colegas, porque no cabe la menor duda de que no resulta muy apropiado para la provincia de Santiago y para la capital de Chile, que se le reste uno de sus departamentos para los efectos de la administración de justicia, asignándolo a una provincia diferente, en este caso, la de O'Higgins. Sin embargo, deseo recordar que, en diversas oportunidades, se han hecho gestiones para cambiar, en cierta medida, el actual sistema de dependencia de la zona sur de la provincia de Santiago de las autoridades de la capital. Es así como en varias ocasiones, por ejemplo, el puerto de San Antonio ha solicitado ser incorporado en la provincia de O'Higgins, incluso, para tener participación en las entradas provenientes del cobre, iniciativa que está demostrando que se siente un poco aislado o un poco alejado de todo lo que significa sus autoridades, que están ubicadas en la capital de Chile. Por esta razón, señor Presidente, nos parece perfectamente justificable que el departamento de Maipo, con las comunas de Buin y Paine, sea incorporado a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua, porque sus habitantes han sentido esta sensación de soledad y, a veces, de lejanía respecto a sus problemas, los cuales, a menudo, no son debidamente atendidos; de modo que ellos sienten la necesidad de buscar una solución por otros caminos. Por eso, creo que esta presentación del Ejecutivo es perfectamente justificable. Nada más, señor Presidente. El señor LAEMMERMANN.- ¿Quién lo pide? El señor VALDES (don Arturo).- ¡El pueblo! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Isla. El señor ACEVEDO.- ¿Me permite una interrupción muy breve? El señor ISLA.- Había puesto término, prácticamente, a mis observaciones, señor Presidente. El señor STARK (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Phillips. El señor ACEVEDO.- ¿Me permite dos minutos? El señor PHILLIPS.- Con mucho gusto. El señor MORALES (don Carlos).- Yo estaba inscrito a continuación. El señor STARK (Vicepresidente).- En seguida está inscrito Su Señoría, y, después, el Honorable señor Sepúlveda. El señor MORALES (don Carlos).- No tengo inconveniente en que use de la palabra el Honorable señor Phillips; pero yo estaba inscrito antes que él. El señor STARK (Vicepresidente).- Excúseme, señor Diputado. Aquí tengo la lista de inscritos. El señor MORALES (don Carlos).- Después del Honorable señor Isla estaba yo inscrito. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Me da lo mismo hablar después. El Honorable señor Acevedo me solicitó una interrupción. El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Acevedo. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, sólo deseo insistir, después de las palabras del Honorable señores Monares, en que no se trata de regionalismo, ni de egoísmo, ni de que sea mejor venir a Santiago que ir a Rancagua. No se trata de eso. El problema es éste: para que los habitantes del departamento de Maipo vayan a Rancagua, sólo cuentan con el ferrocarril, en cierto modo, porque hay trenes locales que sólo llegan hasta Hospital, que es el término o el deslinde entre las provincias de Santiago y O'Higgins. Y, fuera de eso, sólo tienen la locomoción terrestre., los buses de las líneas interprovinciales, vale decir "LIT", "Vía Sur" y otras, que llegan a Rancagua, cuyas tarifas son inmensamente altas y que únicamente pasan por el camino longitudinal. En cambio, hacia Santiago ellos tienen transporte desde cada uno de los puntos y localidades que he mencionado. De modo que si los colegas insisten en mantener al departamento de Maipo agregado a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones que se va a crear en Rancagua, tal como viene en el informe, cometerán la más grande injusticia en contra de sus habitantes, que nada les han hecho para que los castiguen de esa manera. De ahí que les ruegue que no insistan en esto. En nada va a desmerecer la nueva Corte de Apelaciones de Rancagua si el departamento de Maipo no queda sometido a ella. Es todo. Muchas gracias. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, nosotros estamos cíe acuerdo con el proyecto. Creemos que mejora nuestra organización judicial. Creemos que es necesario. En consecuencia, esta iniciativa del Ejecutivo es positiva y contará, desde luego, con nuestros votos afirmativos. Respecto del proyecto mismo, señor Presidente, se puede tener distinto criterio sobre la conveniencia o inconveniencia de que tal o cual departamento quede involucrado en la jurisdicción de la Corte que se crea. Serán los organismos responsables del Ministerio, que así lo han insinuado, los que lo determinen, atendiendo al número de causas o a otras condiciones técnicas, Pero vuelvo a repetir que, a mi juicio, el proyecto está desfinanciado, por haberse aprobado una indicación al artículo 12, relativo al financiamiento, que cercena los recursos que este impuesto iba a producir. En consecuencia, será el Senado o, en el día de mañana, el propio Ejecutivo, por medio de los organismos técnicos de los Ministerios de Hacienda o de Economía, los que deban cumplir con los preceptos constitucionales, a fin de despacharlo totalmente financiado. En seguida, entre los artículos nuevos, que propuso el Ejecutivo por medio de indicaciones que mandó a la Comisión de Hacienda, nos parece de bastante gravedad el que faculta al Presidente de la República "para modificar, en la medida que sea necesario, las plantas del Consejo de Defensa del Estado y de las Sindicatura General de Quiebras, a fin de dotar del personal suficiente a las oficinas de estos servicios que se creen o funcionen en Antofagasta, Rancagua y Punta Arenas." En la Comisión de Hacienda, hicimos indicación a este artículo, la cual fue rechazada con los votos del partido de gobierno, mediante la cual introducíamos en este proyecto la misma disposición que el propio Ejecutivo estableció en la ley N° 16.617, la del artículo 152, que dice: "El uso de esta facultad que deberá ejercerse en le mismo plazo señalado en el artículo anterior, no podrá significar, en caso alguno, expiración de funciones para el personal en actual servicio, ni disminución o supresión de los cargos contemplados en la Planta del Consejo de Defensa del Estado en vigencia, ni disminución de las remuneraciones de que goce su personal, ni alteración del lugar de residencia actual del mismo. La fijación de Plantas dispuesta en este artículo no hará perder los derechos contemplados en los artículos 59 y 60 del DFL. Nº 338, de 1960, de que gozare el referido personal, ni su derecho a jubilar en conformidad al artículo. 132 del mismo texto legal, siempre que a la fecha de su encasillamiento cumpliere los requisitos que el citado artículo exige." Señor Presidente, esta disposición a que acabo de dar lectura, que aparece en la ley Nº 16.617, en su artículo 152, y que fue colocada por el Ejecutivo y en esto hago hincapié vino a dar tranquilidad al personal de ese Servicio. El señor Ministro me manifestó, en la Comisión de Hacienda, que no era su ánimo cambiar funcionarios, ni, por supuesto, poner en la calle a esta gente. En este momento, yo estoy conteste con lo que' él manifestó en el sentido de que esta disposición no va a alcanzar a estos funcionarios. Yo creo que no se "peca ni venial" si se coloca en este proyecto esa misma disposición que se puso en la ley a que he hecho mención y que da tranquilidad al personal de ese servicio. Tal como está redactado este artículo nuevo del proyecto, indudablemente que, dentro del alcance que tiene, podría aprovecharse para hacer los cambios que estoy señalando. Como se dice que ése no es el espíritu del Ejecutivo, insisto en que debería colocarse esa disposición a que he hecho mención. Señor Presidente, hace un rato, el Honorable señor Tejeda planteaba sus inquietudes respecto a las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial. Y, naturalmente, el Honorable señor Isla, que cumple bastante bien con su función de Diputado de Gobierno, hacía presente la preocupación que ha tenido este Gobierno por los sueldos del personal de este Poder. Es indiscutible que los problemas económicos han colocado al Poder Judicial y no sólo a este Poder, sino también a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, en los cuales también se han manifestado inquietudes en una situación desmedrada frente a otras actividades. Señor Presidente, ¿de dónde viene este mal? A mi modesto entender, es indiscutible que cada Gobierno trata de dar el mayor reajuste posible y hace planes para contener la inflación, que es un mal que todos estamos conscientes de que debe remediarse. En la discusión de la Ley de Reajustes para los años 1966 y 1967, el que habla sostuvo que se iba a producir una distorsión de los sueldos dentro de la Administración Pública. Y esto iba a ocurrir, señor Presidente, por los sueldos, no digo fabulosos, porque tampoco lo son, pero, sí, muy superiores a los que tiene el resto de la Administración Pública, que se pagan en estos organismos e instituciones nuevas que se han creado. En aquella oportunidad raparé en que, justamente, este fenómeno, este mal que señalábamos en ese momento, de que gente sin experiencia, sin títulos técnicos, recibiera remuneraciones muy superiores a las de funcionarios que figuran en las primeras categorías de los escalafones y a las de los Jefes de las Fuerzas Armadas de determinadas zonas y me acuerdo de haber planteado el caso, como ejemplo, del departamento de Traiguén, donde el Comandante del Regimiento, después de 27 años de servicios, con título de oficial de Estado Mayor, logrado después de tres años de estudios en la Academia de Guerra, gana apenas la mitad de lo que percibe un "jefe de promoción" dentro del Ministerio de Agricultura iba a traer una serie de problemas. En efecto, el Jefe de Correos y Telégrafos, el Jefe Departamental de Educación, etcétera, es decir, los funcionarios superiores de los distintos servicios y reparticiones, se iban a encontrar con que había llegado una "nueva ola" de gente que, sin preparación, sin títulos y sin años de servicios, de la noche a la mañana, tendrían sueldos muy superiores a los de ellos. Desgraciadamente, esto se ha cumplido. En algunos servicios, mejor dicho, en algunas reparticiones, ha sido posible solucionar los problemas. La huelga del personal de Correos y Telégrafos, producida hace poco tiempo, con bastante duración y con un desprestigio internacional para el país bastante grande, se solucionó dándoles una cantidad "equis" de millones de escudos, para que el servicio arreglara sus problemas; en el fondo, un aumento de grado y de sueldos. En el caso de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, como escuché hoy por la radio, se concedió una facultad para modificar las plantas. Y como sucede que hay cargos que no se han llenado y están vacantes, se puede disponer de esos fondos para aumentar los sueldos del personal. Ese es, en el fondo, el problema que afecta a determinados sectores. Es indiscutible que, dentro de los servicios básicos de la República, aquél del cual todos los chilenos, en el país y en el extranjero, hacen alarde es el Poder Judicial, al cual hay que buscarle una solución, porque el sistema jurídico en el cual vivimos exige que la persona que administra justicia perciba lo que le corresponde en atención a su rango, a su valer y a su posición. Permanentemente, en años anteriores, se ha venido planteando este problema. No podemos decir que es culpa de este Gobierno o de determinado partido, porque se viene arrastrando desde hace muchos años. Como decía el señor Isla, todos los partidos han sido Gobierno en alguna oportunidad; efectivamente, nadie lo puede negar. Es posible que algunos tengan más influencia que otros cuando están en el Gobierno. Pero tanto el país como el Parlamento están conscientes de que es indispensable asignar a estos funcionarios los sueldos que sean compatibles con las funciones que desempeñan y no recurran a presentar renuncias colectivas. Basado en estos argumentos, me permití presentar en la Comisión de Hacienda algunas indicaciones, en compañía de los Honorables Diputados de mi partido y los señores Rioseco, Basso, y otros Diputados del Partido Radical, para resolver este problema que consideramos de vital importancia. . Desgraciadamente, fueron rechazadas sin ningún estudio, sin permitir el "diálogo", esto que está tan en boga en la actualidad, pues no vino el señor Ministro de Hacienda, como yo esperaba, para discutir con él. Es efectivo que algunos impuestos que se establecían, encarecían la administración de justicia, como lo expresó el señor Ministro del ramo. Pero las disposiciones que merecían esa crítica eran muy pocas y podían reemplazarse. No eran más de dos artículos. Tengo a la mano esas indicaciones. Ellas permitían financiar un reajuste del 25% para el personal fuera de categoría; del 30% para el de primera categoría; del 40% para el de segunda hasta cuarta categoría, y ligeramente superior para el de la quinta hasta la octava categoría. Este reajuste era inferior al que el Poder Judicial ha solicitado al Gobierno. Por desgracia, esta idea no fue acogida. Comprendo la preocupación del señor Ministro por el hecho de que algunos impuestos encarecían la administración de justicia. Sin embargo, el problema subsiste. Sabemos que numerosos funcionarios del Poder Judicial han entregado sus renuncias, para que ellas sean presentadas oportunamente, y que el personal subalterno también tenía el propósito de renunciar en masa. Estimo muy grave que se vean obligados a recurrir a este procedimiento los miembros de este Poder del Estado, del cual los chilenos siempre nos hemos vanagloriado. Sinceramente no me agrada este sistema de la renuncia en masa para obtener un mejoramiento económico. También comprendo lo que significa aplicar nuevos impuestos en beneficio fiscal para financiar este aumento. El Gobierno, por su parte, ha manifestado, por intermedio del señor Ministro de Hacienda, que va a presentar un proyecto de reforma tributaria a fin de solucionar este problema a partir de enero de 1968. Sin embargo, considero que a este personal hay que reajustarle sus remuneraciones durante el segundo semestre del año en curso. Para no imponer nuevos tributos, para que no se diga que estas disposiciones que entregan fondos al Ejecutivo encarecen la administración de justicia y van en contra de la política del Gobierno, me permití presentar, en el día de hoy, en compañía de algunos colegas del Partido Nacional, y también con la firma de los señores Rioseco y Laemmermann, del Partido Radical, un proyecto que no sólo financia el aumento de las rentas del Poder Judicial, sino que también el de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, instituciones de las cuales se enorgullece nuestro país y cuyos miembros no pueden presentar renuncias masivas ni efectuar huelgas. Estoy consciente de que, si no podemos imponer nuevos tributos, debemos buscar otros recursos. Estimo posible corregir esta grave situación, a contar del 1º de enero de 1968, con los ingresos que el Ejecutivo perciba con su reforma tributaria. Creo, sin embargo, que hay que darle una solución también al problema de estos funcionarios, en razón de su especialidad profesional. Es urgente resolver su situación durante el segundo semestre del presente año, mientras el Gobierno da la solución de carácter permanente que permita a este personal gozar de remuneraciones adecuadas a las impostergables necesidades a que se encuentra enfrentado, este personal y los "jubilados". Consecuente con este propósito, he propuesto establecer durante el segundo semestre una bonificación profesional de estímulo, cuyo monto mensual sería igual al 50% de la suma bruta que le corresponde percibir a este personal como sueldos, honorarios, contratos y jornales, en conformidad al ítem de remuneraciones 02 0405 de la Ley de Presupuestos de 1967. Los funcionarios del Poder Judicial reciben por estos conceptos la suma de 26.3 millones de escudos anuales, mientras que el personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros percibe, por los mismos capítulos, la cantidad de 182 millones, lo que en total representa un gasto de 208 millones de escudos al año. En consecuencia, una asignación del 50% de estas sumas durante el segundo semestre del presente año representa un mayor gasto de 52 millones de escudos. Para financiar este desembolso transitorio sin tener que recurrir a nuevos impuestos, propongo destinar a este objetivo el excedente que corresponderá al Fisco durante 1967 por regalías y dividendos de las acciones del Banco Central de Chile, consultado en la Cuenta Ingresos no Tributarios, bajo la letra B 2 A. En efecto, la ley de Presupuestos en vigencia contempla para 1967 un ingreso por este rubro de 70 millones de escudos. Ahora bien, de acuerdo con el balance del Banco Central, correspondiente al primer semestre del presente año, el Fisco recibió por estos conceptos un ingreso de Eº 62.520.461.89, al 30 de junio de 1967. Durante el segundo semestre del presente año, el ingreso del Fisco no será inferior al obtenido en el primer semestre. De esta manera sólo faltarían siete millones de escudos para completar la suma que la ley de Presupuestos le calculó a esta Cuenta. Por lo tanto, durante el segundo semestre del presente año se producirá un excedente que llegará a 60 millones de escudos; esto, sin modificar ninguna de las otras cifras, porque es indiscutible que con las nuevas facilidades dadas por el Banco Central para el redescuento, de acuerdo con la política de ayuda crediticia fijada últimamente, esta Cuenta se incrementará. Aunque estas sumas se van devengando día a día, de acuerdo con las disposiciones vigentes no se entregan al Fisco sin haberse practicado el balance al 31 de diciembre. Como el Fisco deberá pagar con las mismas sumas la asignación especial consultada, es necesario autorizar al Directorio del Banco Central para que ponga a disposición del Fisco, mensual mente, durante el segundo semestre de 1967, una cantidad no inferior al desembolso que irroga el pago de esa asignación para el personal señalado. De acuerdo con lo anterior, nosotros creemos perfectamente factible no gravar al país con ningún impuesto extraordinario para financiar esta asignación del 50 % a los miembros del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. De este reajuste del 50% sobre el sueldo base, quedan "expresamente excluidos" los funcionarios del Congreso y de cualquier otro organismo. Digo esto para que el día de mañana no se interprete en forma tendenciosa este aumento. El favorecerá exclusivamente al de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y del Poder Judicial, por el segundo semestre de este año, mientras el Gobierno estudia con calma y en forma completa una reforma tributaria para enviarla al Congreso, con el objeto de solucionar el problema económico de todos los servidores del Estado para 1968. Creemos posible mejorar las remuneraciones de este personal, financiando el reajuste con este superávit que figura en la ley de Presupuestos. Esto significa establecer menos impuestos. Pido que estas observaciones respecto del proyecto que he presentado y que está en poder de la Mesa sean enviadas a Su Excelencia el Presidente de la República, ya sea en nombre de la Cámara o del Diputado que habla, con el objeto de que estudie la iniciativa legal y, si es posible, la patrocine. El señor STARK (Vicepresidente).- Lamentablemente, en este momento no hay número en la Sala. Oportunamente se tomará el acuerdo. Puede continuar Su Señoría. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, creemos que en esta forma se podrá solucionar el problema económico que afecta al personal del Poder Judicial. Es posible que, después de oír otras intervenciones, sea necesario insistir respecto de algunos puntos. Termino expresando que el proyecto es positivo y, por tanto, lo votaremos favorablemente. Hemos querido entregar al Ejecutivo soluciones concretas, para que, mientras estudia la reforma tributaria, pueda dar al Poder Judicial, Fuerzas Armadas y Carabineros los que consideramos justo y patriótico. El señor STARK (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Morales. El señor MORALES (don Carlos).- Señor Presidente, los Diputados radicales participamos con mucho interés en este debate, en el cual se está analizando el problema económico que afecta al personal del Poder Judicial. Consideramos que nuestra democracia, en gran parte, se ve robustecida por la acción de los tres Poderes del Estado, entre ellos el Judicial, a cuyo cargo está la tutela del honor y de los bienes de cada individuo. Esto se ha dicho en forma reiterada en muchas intervenciones parlamentarias. Todos estamos contestes en que así es, y, por lo mismo, queremos propugnar por la búsqueda de soluciones para resolver los problemas que afectan al Poder Judicial. No es la primera vez que el Partido Radical, un partido de Derecha que basa su ambición de progreso en la evolución y en los principios irrestrictos de la juridicidad, por intermedio de sus parlamentarios ha intervenido en esta Corporación con el objeto de ayudar en la búsqueda de esas soluciones. Tengo en mi poder, por ejemplo, breves intervenciones del martes 20 de junio del año en curso, en las que el Diputado que habla solicitó que esta Corporación pidiera a la Excelentísima Corte Suprema el envío de los acuerdos de la Primera Convención Nacional de Jueces, Relatores y Secretarios, con el propósito de que, estudiando esas materias, pudiéramos cooperar en la búsqueda de soluciones para los problemas que ahí se habían planteado. La Excelentísima Corte Suprema remitió esos antecedentes y, como consecuencia de esa remisión, en la sesión del 5 de julio del año en curso el Diputado que habla pidió que se celebrara esta sesión especial, en la que estamos analizando la materia. Pero antes, en intervención... El señor STARK (Vicepresidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? Ya, hay número para adoptar acuerdos. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre de la Corporación, el oficio pedido por el Honorable señor Phillips. Acordado. Puede continuar Su Señoría. El señor MORALES (don Carlos).- Señor Presidente, decía que ya en intervenciones del 19 de abril, del miércoles 15 de junio y del 23 de noviembre de 1966, hablamos en esta Corporación de las inquietudes que afectaban al Poder Judicial respecto de problemas socioeconómicos. Hicimos referencia en aquellas oportunidades a los problemas económicos del personal subalterno y de los altos magistrados del Poder Judicial. Formulamos algunas observaciones en relación con los discursos pronunciados por los Presidentes de la Corte Suprema al inaugurar el año judicial, en los cuales, junto con plantear la posibilidad de mejorar nuestra legislación positiva y formular críticas en cuanto al desenvolvimiento mismo de todo el problema procesal, ellos también requerían del Poder Ejecutivo una solución económica para el personal que trabaja en el Poder Judicial. Yo disiento en forma esencial, y lamento que no esté en la Sala, de mi Honorable colega de Gobierno el Diputado señor Isla, quien hizo un panegírico de la labor de este Gobierno en relación con la solución de los problemas de los trabajadores y especialmente del Poder Judicial. La señora LAZO.- ¡ Pertenece a los cuarenta! La señora RETAMAL.- Somos, en verdad, ochenta y un Diputados. El señor MORALES (don Carlos).- Yo creo, señor Presidente, que de haberse resuelto los problemas de ese poder con el Ejecutivo no se habría celebrado la Primera Convención Nacional de Jueces, Relatores y Secretarios, ni mucho menos tendríamos la amenaza, que puede ser una realidad, de que se cursen las renuncias ya acordadas por jueces, relatores y muchos secretarios. ¿Por qué, señor Presidente? Por una razón simple. Porque ellos comparan como profesionales, como abogados que han estudiado seis años en la enseñanza primaria, seis años en la secundaria y seis años promedio en la universidad dieciocho años de estudio exclusivo para recibirse de abogado; después han entrado a la judicatura por vocación o cariño a la carrera, por tradición familiar o simplemente por servir honradamente a la causa de la justicia, los mil cuatrocientos escudos que percibe un juez de departamento, que es donde está la mayor miseria en este servicio judicial, con los honorarios que perciben muchos abogados en cualquier juicio, donde pueden ganar 2, 3 ó más veces la renta mensual de un juez. De manera que, cuando aquí se dice que antes nadie se preocupó de esta materia, se incurre en una exageración, porque antes había interés por ingresar al Poder Judicial. Los muchachos que salían de la Universidad, recibidos de abogados con las más altas votaciones, con distinciones, en su generalidad, lo único que querían era ingresar al Poder Judicial, porque era una carrera que les permitía vivir con decencia, aun cuando sin holgura. Por eso los altos magistrados chilenos han prestigiado el foro chileno; porque las sentencias dictadas por los altos magistrados y jueces de departamento eran piezas jurídicas que muchas veces estudiábamos con prolijidad, en razón de las enseñanzas que contenían esos sesudos estudios de los magistrados. ¿Pero ocurre eso mismo hoy día? Quienes ejercen la profesión de abogados, ¿se encuentran en la misma respuesta oportuna y jurídica del juez y del Ministro en la solución de la controversia entre partes? ¿Cuántas veces los abogados comentan en los pasillos o en los tribunales que hay sentencias contradictorias o que otras no responden a la solución justa del problema jurídico planteado ante el tribunal? ¿Por qué hoy día el muchacho que egresa de la Universidad con "tres coloradas" en su examen de licenciatura no se va a un pueblo pequeño de Chile a ejercer el cargo de juez de departamento? Porque su carrera no tiene ninguna posibilidad de resolver el problema humano de ese individuo y de su familia, que se basa en soluciones de orden socioeconómicas. Hoy día hay una grave crisis en el Poder Judicial, y aquí está presente el señor Ministro de Justicia, que no podrá desmentirla. Se dice que muchos juzgados están acéfalos; que no hay interés por ocupar esas vacantes, por falta de perspectivas en lo económico, porque tienen que estar mucho tiempo en los juzgados de departamentos, alejados de los centros de cultura; sin acceso a todo lo que significa mayor "confort" para el hombre y porque las rentas son miserables. Porque un juez que ha estudiado 18 años para recibirse como abogado no puede vivir hoy día con una cantidad de Eº 1.400, que es la inicial para juez de departamento... El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).- ¿Me permite una interrupción? El señor MORALES (don Carlos).- Con todo gusto. El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia del Honorable señor Morales, don Carlos, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia. El señor MORALES (don Carlos).- Señor Presidente, que sea sin perjuicio del tiempo de mi Comité. El señor STARK (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala la interrupción se otorgará con cargo al tiempo del señor Ministro. Acordado. El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).- En relación con lo que acaba de afirmar el Honorable señor Diputado sobre falta de interés por ingresar a la magistratura y la existencia de numerosos cargos vacantes y de concursos abiertos, a los cuales no se presentaron postulantes, deseo dar una información recogida hoy en el Ministerio de Justicia. Hay vacantes que están en proceso norma] de provisión, como las de los Juzgados de Mayor Cuantía de San Javier y Segundo de Quillota; del Juzgado de Menor Cuantía de Santa Juana; de los Juzgados de Mayor Cuantía de Parral y de Angol, y del Juzgado de Menor Cuantía de Chillán. Digo que se refiere al proceso normal de nombramientos, por cuanto las vacantes son a partir del 1º de julio del presente año, de modo que corresponden a los últimos sesenta días. Los realmente atrasados son los siguientes: en los juzgados de letras de mayor cuantía no hay vacantes. Están vacantes cuatro juzgados; los de Menor Cuantía de Coelemu, Curanilahue, Panguipulli y Los Lagos. Hay, además, vacantes ocho cargos de secretarios de juzgados: de Secretario Primero de Calama, Chañaral, Castro, Río Bueno, Linares, Loncoche, Puerto Varas y La Unión. En consecuencia, son doce los cargos vacantes y atrasados en sus nombramientos entre 626 funcionarios, lo que representa sólo el 2%. Esa es la información que quería dar. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Morales, don Carlos. El señor MORALES (don Carlos).- En una sociedad como la nuestra, en que cada hombre necesita vivir y, para ese efecto, trabajar, es indudable que cuando se presentan vacantes en el Poder Judicial, si las remuneraciones estuvieran de acuerdo con las necesidades que cada ser humano tiene, no podrían existir los cargos acéfalos a que ha hecho referencia el señor Ministro de Justicia. Pero quiero agregar otro argumento. ¿Hoy día, todos aquellos que han optado a esos cargos, se desempeñan en el ejercicio de la judicatura con la eficiencia que nosotros desearíamos, como hombres amantes de la democracia, o ha habido una serie de hechos que no corresponden a esta cuestión que ha defendido con mucha propiedad, en forma permanente, el Poder Judicial: la eficiencia de los magistrados ? Hoy día yo no estoy en desacuerdo, y jamás podría estarlo, porque mi partido así lo determinó existe igualdad para el hombre y la mujer y hemos impulsado leyes tendientes a nivelar la condición social y jurídica de ambos sexos dentro de nuestro estrato social. Pero, ¿qué acontece? Que últimamente se ha mostrado mucho desinterés, de parte de los varones., para ocupar cargos en el Poder Judicial; y, en cambio, han demostrado un extraordinario interés por ingresar en la administración de justicia distinguidas profesionales abogados. El señor FERNANDEZ.- Eso no significa ineficiencia. El señor MORALES (don Carlos).- No significa ineficiencia. Pero ocurre que en algunos tribunales, por ejemplo, del Crimen, sería más propio que estuviera un hombre a cargo de la administración de justicia, ya que una mujer, por razones obvias, no puede enfrentarse a ciertos hechos igual que un varón, pues la calidad de los delitos, las personas que comparecen ante los tribunales, la calidad de los testigos, los problemas de delincuentes habituales, etcétera, no pueden, indudablemente, ser encarados por una mujer con todo el respeto que le tengamos.. Por lo tanto, éste es otro problema innegable, que ha sido tratado con algunos magistrados. Mis observaciones nacen de la experiencia; soy profesional y he ejercido como abogado durante mucho tiempo. Por tanto, cuando he intervenido, lo he hecho sobre la base del conocimiento que poseo sobre esta materia. Antes de llegar a la Cámara era abogado, y ahora, siendo Diputado, ejerzo la profesión, porque creo que uno transitoriamente es político o parlamentario y nunca debe perder la profesión que ha escogido como herramienta de lucha en la vida. Ahora bien, esta Primera Convención Nacional de Jueces, Relatores y Secretarios que los Diputados radicales saludamos en forma cordial, como una expresión de que los jueces, relatores y secretarios se han dado cuenta de que necesitan también organizarse y luchar para obtener el logro de sus reivindicaciones. Ellos han comprendido que la justicia no les viene desde arriba. Esto no es culpa exclusivamente de este Gobierno; todos tenemos mayor o menor responsabilidad por no haber otorgado a los magistrados y al personal subalterno las remuneraciones que merecen. Por ello, al inaugurarse la Primera Convención Nacional de los magistrados en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, durante los días 16, 17 y 18 de junio del año en curso, escuché en la sesión inaugural intervenciones muy sesudas del señor Mario Olate Melo, Relator de la Corte de Apelaciones de Santiago; del Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Osvaldo Illanes; del señor Ministro de Justicia, don Pedro Jesús Rodríguez, y de un representante del Colegio de Abogados. Señor Presidente, de aquellas intervenciones, que tengo en mi poder, sólo deseo hacer resaltar dos o tres conceptos emitidos por dichas personas en esa Conferencia. El juez señor Olate, que fue en gran parte el organizador de esta primera conferencia expresó lo que se dice en toda asamblea destinada a tratar los aspectos socioeconómicos: "Creemos que una de las soluciones de este problema es asignar a la Administración de Justicia un porcentaje del Presupuesto y no una cantidad preestablecida, sistema del que hoy, por otra parte, gozan otros organismos del Estado. "Se justifica nuestra solución porque estimamos que de esta manera y sometiéndose al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema el plan de inversión de los fondos se lograrían dos objetivos concretos: a) que el gasto de operación se decida por quien conoce desde dentro las necesidades del servicio, y b) que nuestras rentas sean determinadas por la Excelentísima Corte Suprema, la cual consideraría los factores muy especiales que rigen el Poder Judicial, evitándose de esta manera el drama actual de gestionar año a año un aumento, obligando a sus miembros a actuar un plano similar al de los servidores públicos, pero privados de sus derechos cuando estiman que sus pretensiones no han sido totalmente satisfechas." He aquí un verdadero drama. Y yo digo: ¿Cómo puede ser posible que un Poder del Estado, como el Judicial tenga que estar golpeando, año a año, las puertas del Gobierno para resolver su problema económico? ¿Puede en esta forma el Poder Judicial mantener su independencia en los términos que consagra nuestro texto constitucional o en los términos en que los tratadistas consideran que está basado el sistema constitucional que establece la trilogía de poderes en forma independiente? ¿Goza el Poder Judicial de la independencia que la Constitución Política del Estado quiso darle para los efectos de que administrara justicia, resolviendo los problemas de los hombres, si se mantiene este sistema de rogatorias de un Poder a a otro Poder? No, señor Presidente; por eso, ellos lo dicen en forma pública y por escrito, que el drama anual está en la necesidad que tienen de rogar al Gobierno para que se le otorguen mejoramientos de renta. La solución que se propone para estos problemas, la daré a conocer en un momento más. ' El propio señor Ministro de Justicia, en el discurso que pronunció en la reunión inaugural de la Conferencia a que me refiero, manifestó lo siguiente: "El Ejecutivo está consciente del grave entorpecimiento que para el acceso de los ciudadanos a los Tribunales de Justicia significa el alto costo que traen aparejados los subidos impuestos que gravan muchas de las actuaciones procesales. No lo ha abordado, sin embargo, por razones de interés fiscal, pero ocupará su atención en un futuro próximo. "También está consciente el Gobierno que la asistencia jurídica gratuita de aquellos que no pueden procurársela por sí mismos, en un imperativo ineludible tanto porque la administración de justicia debe extender su acción a todos los ciudadanos, como porque de nada sirve reconocer a las clases trabajadoras todos sus derechos, si no tienen la posibilidad práctica de recabar de los Tribunales el amparo necesario para su cabal respeto." Y el señor Ministro, que no tocó en su discurso el problema fundamental que interesaba a la Convención, terminó con las siguientes palabras: "Saludo en nombre del Gobierno a todos los señores congresales, y para bien de la magistratura, de nuestras instituciones fundamentales y de Chile, os deseo que Dios ilumine vuestros debates." Tal como lo manifestó el señor Ministro, Dios iluminó los debates en la Primera Convención Nacional de Jueces, Magistrados, Relatores y Secretarios, y fruto de esta iluminación divina fueron algunos acuerdos correctos, respetuosos y democráticos adoptados en ella. Puede ser que ahora, con esta indicación puedan cumplirse por el Gobierno los objetivos y aspiraciones de estos funcionarios, concretados en dichos acuerdos. También el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema emitió un concepto que vale la pena destacar. Dijo, al terminar su discurso: "La función judicial es uno de los más esenciales pilares de la sociedad. Esta sólo puede desarrollarse tranquila si aquélla cumple su alta misión de dar con "la constante y perpetua voluntad a cada cual lo suyo". Y asegurar aun con la certidumbre del Derecho, dentro de su esencia humana, la armonía, el orden, la paz y la libertad. "Vosotros, señores Jueces, tenéis una enorme responsabilidad. Sobre vuestros hombros reposan todos esos atributos de la Justicia. Sólo una gran vocación, llevada a un apostolado, serán vuestras tareas frutos de la serenidad y la sabiduría. "Pero también esa vuestra sublime labor, para que sea eficaz, es necesario que la función que ejercéis esté protegida no sólo por una obra legislativa adecuada para dispensar una justicia pronta y efectiva al hombre, sino también por los medios materiales que dignifiquen esa función sin inquietudes." Dijo esto el más alto representante del Poder Judicial, como lo es el Presidente de la Corte Suprema, que emitió conceptos similares a los que han planteado otros Presidentes, en anteriores ocasiones, al inaugurar el año judicial o al intervenir en materias relacionadas con este poder público. De manera que con estos antecedentes la Convención de los Jueces inició su trabajo y lo continuó durante varios días en la ciudad de Santiago. En esa Convención se aprobó, primero, la constitución de cinco comisiones : la primera, sobre eficacia del Poder Judicial; la segunda, se ocupó de la independencia económica; la tercera, del bienestar; la cuarta, de los nombramientos y calificaciones; y la quinta, de asuntos varios. La Primera Comisión adoptó acuerdos relacionados con las siguientes materias: "1. Medidas que tienden al perfeccionamiento del personal: "a) Sugerir la creación de una Escuela Judicial, dependiente de la Excelentísima Corte Suprema o de las Universidades, según resulte más adecuado; "b) Propiciar cursos de perfeccionamiento; "c) Fomentar las becas a nivel internacional; "d) Establecer cursos permanentes de formación y perfeccionamiento del personal subalterno y de auxiliares de la administración de justicia; "e) Procurar la especialización de los jueces, y "f) Insinuar la creación de jueces ambulatorios. "2..Medidas que tienden al mejoramiento de lo material: "a) Sugerir respetuosamente a la Excelentísima Corte Suprema, la necesidad de efectuar un estudio, a escala nacional, del estado de conservación y utilidad de nuestros tribunales ; "b) Insinuar al señor Ministro de Justicia la posibilidad de construir locales "prefabricados" o para Juzgados "semi prefabricados"; conforme a planos de tipos funcionales, destinados al norte, centro y sur del país, considerándose muy en especial, aparte de la situación geográfica, la importancia del lugar en que se levantaría y el posible ingreso del mismo; "c) Dotar a los tribunales del material necesario para su trabajo y, como primera medida, aumentar la cuota de disponilidad presupuestaria para estos efectos; "d) Recabar del Supremo Gobierno y del Parlamento la autorización necesaria para adquirir, por los funcionarios del Escalafón Primario, libres de todo derecho arancelario, automóviles importados de un valor no superior a US? 2.000, o integrados en Chile, que se destinarían al uso de los magistrados en sus funciones, intransferibles por un plazo inferior a cinco años, y "e) Se implante una patente judicial, desde luego, de la que podrían hacer uso todos los magistrados del Escalafón Primario en sus automóviles." En cuanto a las reformas legales, se acordó incorporar al texto de la Constitución Política el principio que debe regir el régimen de jubilación de los magistrados; la dictación de la ley aludida en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, sobre daño moral. En seguida, materias relacionadas con modificaciones del Código Civil, en que piden, por ejemplo, dejar constancia de que es indispensable incluir en este cuerpo legal una serie de personas jurídicas llamadas "intermedias",' como cooperativas, asociaciones profesionales, mutualidades, asociaciones de Ahorro y Préstamo, etcétera. Luego, modificaciones relacionadas con el Código Orgánico, con el Código Penal y de Procedimientos. Se aprobaron proposiciones que estudiaremos los parlamentarios para tratar de transformarlas en normas legales. En lo que respecta a la Segunda Comisión, relativa a la independencia económica del Poder Judicial, se dijo lo siguiente: "Punto cardinal de la Primera Convención de Magistrados fue el tema recién enunciado independencia económica del Poder Judicial, toda vez que comprendemos que el aspecto económico es la causa directa o indirecta de muchas deficiencias que exhibe este Poder del Estado, al cual sólo corresponde una vez más señalarlo e indicar una solución. "Entendemos la materia del rubro como la facultad de poseer un patrimonio propio, administrado por la más alta autoridad del Poder Judicial, con el cual deben proveerse tanto las necesidades materiales del servicio, como las personales de sus integrantes." Y piden concretamente que se establezca la asignación de incompatibilidad, porque quienes, como nosotros, que poseemos el título de abogado como lógico requisito para desempeñar las funciones que la ley nos asigna, no nos encontramos en igualdad frente a otros colegas abogados del sector público, que laboran en organismos del Estado, que también requieren la posesión de dicho título para su contratación, toda vez que éstos, aparte de recibir sus emolumenos, pueden ejercer libremente su profesión. Y otros tienen la asignación de incompatibilidad o de dedicación exclusiva, corno los abogados de la Con traloría General de la República." Después, junto con la asignación de incompatibilidad, plantean otros requisitos en relación con sus remuneraciones, como, por ejemplo, el establecimiento del sueldos mínimos en escalas vitales reajusta bles, como lo plantea también la Central Unica de Trabajadores, porque tal como aquéllos, éstos también son trabajadores y se están allegando, como expresara muy bien el Honorable señor Tejeda, por los problemas que los afectan, a concertar actividades unitarias con aquellos otros, aunque defiendan, por distintas vías, los derechos a una vida mejor. La Tercera Comisión, de Bienestar, aprobó materias, como la existencia de cooperativas y el establecimiento de un servicio de medicina curativa, ya que el actual Servicio Médico Nacional de Empleados, cuyo funcionamiento analizaremos en alguna otra oportunidad, hoy día es un fracaso, constituye una verdadera estafa para los servidores fiscales. En efecto, si una persona solicita la atención de un dentista, por ejemplo, le dan hora para 15, 20 ó 40 días después; es decir, cuando se le han caído los dientes. Cuando una persona solicita la atención de un médico, le dan hora para 10 ó 15 días después, cuando el individuo va camino del cementerio. Esto lo analizaremos, como digo, en otra oportunidad. Por eso, ellos, reclaman con justicia la existencia de cooperativas y de un servicio de medicina curativa. El señor VALENZUELA (don Ricardo).- ¿Me concede una interrupción muy breve? El señor MORALES (don Carlos).- Con todo gusto. El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela. El señor VALENZUELA (don Ricardo).- Señor Presidente, en verdad el actual servicio médico para los funcionarios, especialmente el que presta el Servicio Médico Nacional, tiene deficiencias. Precisamente por eso este mismo Servicio ha solicitado del Ejecutivo el envío del proyecto de medicina curativa para los empleados. Su Señoría sabe que esta iniciativa se encuentra en el Senado y que se está agilizando su pronto despacho. Esa ley va a beneficiar indudablemente a todo el sector de empleados del país. Muchas gracias. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Morales. El señor MORALES (don Carlos).- Justamente por eso le prestamos nuestra aprobación a ese proyecto, y deseamos que la ley exista a la brevedad posible, porque los problemas que a diario afectan a los servidores del Estado que recurren a ese Servicio Médico es algo que ya está en desacuerdo con la más mínima dignidad humana. También ellos en esta Tercera Comisión de Bienestar, trataron el problema habitacional y estudiaron las posibilidades de solución para este otro drama que afecta a los magistrados. Algunos jueces de departamento viven en condiciones miserables. Viven en pensiones o en casas totalmente inadecuadas, no para el hombre, porque el hombre puede vivir bajo cualquier techo, pero es que, además, él es un funcionario que representa a la justicia y que aplica la ley; de manera que tiene que vivir con decoro, que no lo exige la persona como tal, sino la función que desempeña. Da vergüenza observar cómo viven nuestros jueces, con 1.400 escudos, con los cuales tiene que alimentar a su mujer, a sus hijos y, a veces, a otros familiares, pagar arriendo, vestirse, comprar un diario, ir al cine y adquirir algunas de esas cosas que necesitan las personas de espíritu selecto, como lo son la mayoría de los hombres que desempeñan un cargo en la judicatura. Entonces, ellos ven, en el proyecto presentado por el Honorable Diputado de Gobierno señor, Lorca, la posibilidad y la esperanza de que, mejorándolo y adicionándolo, pueda encontrarse la solución para el grave problema habitacional que afecta a los funcionarios subalternos, a los secretarios, a los jueces, a los relatores y a algunos señores Ministros, por la escasez de viviendas y por las altas rentas de arrendamiento que ellos deben pagar. Luego, en la cuarta Comisión, se analizaron problemas relacionados con los nombramientos y las calificaciones del personal. Se acordó pedir la modificación de los nombramientos y las calificaciones que puedan hacerse de conformidad con un estatuto legal para los trabajadores del Poder Judicial. Después, hemos leído una especie de párrafo de término de las deliberaciones que sostuvieron los magistrados en esta Primera Convención, que lo titularon "Al final de la jornada", y que dice: "La revista "Ercilla", refiriéndose a la Convención, a los afanes que la precedieron, a sus inmediatas reacciones en otros Poderes del Estado, etc., la calificó como "la batalla de cinco días"... permítaseme disentir. Más acertada fue cuando expresó que "después de ciento cincuenta y seis años de espera, una luz parecía filtrarse en la crítica situación de la judicatura". "Disiento porque la Convención sólo marca el comienzo de una batalla que será larga, sin horizonte de término, porque, como toda institución que se justifica a sí misma en un ambiente siempre en movimiento, necesita irse renovando constantemente. Este es sólo el primer paso adelante de una posición de silencio, de espera, quizá de un erróneo concepto de la dignidad, a otra de acción." Estas son las palabras dichas, al final de la jornada, por el que presidió, en gran parte, este torneo, el señor Mario Oíate. Después de leer algunas conclusiones de esta Convención y después de darnos cuenta de que por primera vez, funcionarios del Poder Judicial se atreven a salir a la calle, en un movimiento organizado de orden gremial de esta naturaleza, nosotros los saludamos con la mayor simpatía, porque antes sólo habían permanecido esperando que el Poder Ejecutivo les entregara el maná necesario para poder subsistir. Esta actitud la saludamos como un paso positivo, porque de ella puede nacer una lucha, aunque no de beligerancia, de estos servidores frente a otros Poderes del Estado, sino una lucha en defensa de sus intereses y por el prestigio mismo y la dignidad del cargo que desempeñan. Por esto, señor Presidente, nosotros prestamos todo nuestro apoyo a los acuerdos adoptados en esa Convención, en especial a los que ya hemos analizado en forma muy somera y a los que figuran como anexo segundo del anteproyecto presentado por la Comisión de Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial. Ellos establecen un sistema de remuneraciones referidas a sueldos vitales reajustables, lo cual constituye la aspiración que hemos planteado anteriormente los parlamentarios de estos bancos, porque creemos que es la única fórmula para poder entregar a los funcionarios judiciales, año tras año, una compensación económica, sin que estén constantemente bajo la angustia del proceso inflacionario y sin que estén solicitando anualmente nuevos reajustes, porque de esta manera ellos serían automáticos, por estar las rentas expresadas en función de sueldos vitales, y no dependerían de leyes patrocinadas por el Gobierno; las que han sido y serán defendidas por Diputados radicales, que resolvieron antes de buena fe los problemas que afectaban a algunos sectores de trabajadores. Señor Presidente, por estas consideraciones, los Diputados de estos bancos hemos intervenido ahora, así como lo hemos hecho en muchas sesiones anteriores, incluso de períodos parlamentarios pasados, porque creemos que la situación económica que aflige al Poder Judicial, se ha ido agravando cada día más. En vez de mejorarse, su sistema se ha ido deteriorando, y tenemos mucho temor de que aquellos jueces que ganan 1.400 escudos u otros que ganan 2.000 escudos y que ejercen la judicatura en Santiago, por ejemplo, presenten la renuncia, como lo han anunciado; tememos que estos cargos queden vacantes y tengan que llenarse con personas no idóneas, con abogados que han fracasado en el ejercicio de su profesión, o que no la ejercen en la forma que todos quisiéramos que se ejerciera esta alta función de la abogacía. Por eso creemos que es necesario buscar una solución al drama que aflige al personal que trabaja en el Poder Judicial, tanto a los magistrados como a los funcionarios subalternos, y que están en situación misérrima desarrollando sus funciones en los Tribunales. Para estos efectos, nos permitimos proponer, por medio de un proyecto de acuerdo, algo muy simple que creemos podrá contar con la benevolencia de los Honorables colegas, y que dice: "La Honorable Cámara, después del debate habido con relación a los acuerdos adoptados en la Primera Convención de Jueces, Relatores y Secretarios, acuerda: "1. Expresar su solidaridad con los referidos acuerdos, por cuanto ellos tienden a mejorar nuestra legislación sustantiva y procesal y propugnan por el mejoramiento socioeconómico de las personas que trabajan en el Poder Judicial: "2. Enviar oficio a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda y Justicia, a fin de que procedan a estudiar las resoluciones aprobadas en la Convención de Jueces y envíen al Congreso Nacional los Mensajes respectivos que contengan esas ideas, sin perjuicio de las mociones que puedan presentar los señores Diputados, y "3. Que, en el envío de tales Mensajes, el Gobierno dé preferencia a aquél que mejore la situación económica del personal que trabaja en los tribunales del país, por cuanto sus exiguas remuneraciones así lo determinan, para impedir la renuncia de funcionarios especializados y competentes, como son los que laboran en el Poder Judicial." Este proyecto de acuerdo tiene mucha relación con las indicaciones presentadas por Diputados de estos bancos junto con el Honorable colega señor Phillips, tendientes a buscar, en el segundo semestre del año en curso, una solución para este personal, sobre la base de esas indicaciones y a estudiar un procedimiento que permita mejorar su situación económica, para el bien de ellos y de sus familias. Esto es cuanto puedo decir sobre el problema económico del Poder Judicial. Nos reservamos el resto de nuestro tiempo para analizar el proyecto que crea la Corte de Apelaciones de Rancagua, El señor STARK (Vicepresidente).- El Honorable señor Sepúlveda, don Francisco, puede hacer uso de la palabra. El señor SEPULVEDA (don Francisco).- Señor Presidente, quiero referirme, en primer lugar, al proyecto de ley que crea la Corte de Apelaciones de Rancagua y otros Tribunales de Justicia en el país. Consideramos que este proyecto se justifica ampliamente, pero dada su finalidad, que, según hemos escuchado a los señores Diputados informantes, es la de hacer más expedita y eficiente la administración de justicia y de racionalizar el sistema judicial, creemos que el proyectó contiene un vacío y comete prácticamente una injusticia al no considerar la creación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Digo esto no porque quiera aprovechar la circunstancia de que se esté tratando este proyecto de ley; la verdad es que la creación de este tribunal es una aspiración que ha alimentado la ciudad de Puerto Montt, sus instituciones de progreso y sus autoridades, desde hace muchos años, y se justifica por el hecho de que, actualmente la Corte de Apelaciones de Valdivia, a la cual corresponde conocer de todos los juicios que se entablan en las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé, está sumamente recargada de trabajo y porque, además, son muy difíciles las comunicaciones que tiene la provincia de Chiloé con la de Valdivia. Por otra parte, la provincia de Aisén corresponde actualmente a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en circunstancias que cuenta con comunicaciones más expeditas y fáciles con Puerto Montt. Yo habría deseado presentar una indicación a este proyecto, para crear la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Sé que, desgraciadamente, esto no procede; pero quiero solicitar al señor Ministro de Justicia, aprovechando su presencia en esta Sala, que considere en su oportunidad la indicación que tengo redactada y que deseo se haga llegar a su poder, por Secretaría, para que, en las tramitaciones futuras que va a tener este proyecto, considerado ahora en su primer trámite constitucional, el señor Ministro se sirva hacer suya la indicación, si así lo estima conveniente, como iniciativa del Ejecutivo para crear la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Yo creo que, en esta petición me acompañarán los Honorables colegas señores Irureta y Téllez, que por ser Diputado de la zona, conocen cuál es el pensamiento de los habitantes de Puerto Montt y de toda la provincia de Llanquihue a este respecto. El señor STARK (Vicepresidente).- Como no hay número en este momento, oportunamente la Mesa recabará el acuerdo de la Sala. El señor SEPULVEDA (don Francisco).- Muchas gracias, señor Presidente. Con relación al problema de las rentas del personal del Poder Judicial, todos sabemos que él se viene arrastrando desde hace varios años. Hubo una época en que esas remuneraciones estaban en concordancia con las altas funciones que desempeñan los magistrados y con la prestancia que corresponde a miembros de un poder del Estado. Sin embargo, por motivos que no es del caso analizar, dichas remuneraciones fueron haciéndose cada vez menores en relación con las rentas de otros funcionarios e, incluso, de algunos que no tienen ni pueden tener la preparación e idoneidad exigidas para desempeñar cargos en el Poder Judicial. Periódicamente se producía un movimiento dentro de las esferas de este Poder, a fin de solucionar el problema de las rentas de sus funcionarios, el que, por lo general era estudiado sólo en parte, y muchas veces ignorado, ya que, no teniendo la posibilidad de sindicalizarse, a los funcionarios públicos no les es posible luchar con éxito por sus reivindicaciones económicas. Esta situación, que se arrastra desde hace mucho tiempo, hizo crisis este año y, tomando la iniciativa, un pequeño grupo de funcionarios pertenecientes a este poder del Estado, se decidió, afrontando toda clase de reparos e incomprensiones, a luchar por sus derechos, esta vez con mayor valentía y decisión. El día 16 de junio del presente año, respondiendo al llamado de este pequeño grupo de magistrados, se reunió en Santiago una gran cantidad de funcionarios judiciales (alrededor de cien o ciento veinte personas entre jueces, secretarios y relatores) los que comenzaron a trabajar en lo que se llamó la Primera Convención Nacional del Poder Judicial. Durante tres días, estos funcionarios trabajaron afanosamente, a fin de obtener criterios claros referentes a múltiples problemas que aquejan a la Sindicatura, desde hace ya más de 50 años. Se analizaron problemas como la eficacia del Poder Judicial, el bienestar, el régimen de nombramientos y calificaciones y la independencia de él, de la que es su piedra angular la independencia económica. La injusticia que se comete con el Poder Judicial en materia de rentas es evidente. Un juez de letras de departamento, cargo que constituye la entrada al Poder Judicial, tiene actualmente un sueldo base cercano a los Eº 1.800, y un sueldo líquido de Eº 1.400, cantidad a todas luces insuficiente para pagar a un funcionario que no puede tener otras entradas, a quien se le prohibe el ejercicio de la profesión y quien, por lo general, es un hombre casado y con dos o tres niños, de los cuales probablemente el mayor está ya en edad escolar. Por eso, esta Primera Convención Nacional del Poder Judicial acordó solicitar del Ejecutivo el logro de una reivindicación mínima, cual es el definitivo arreglo de sus rentas, no deseando ni un reajuste ni un aumento de sueldo, sino una cosa que es de plena justicia: la solución definitiva de su problema económico, lo que fue planteado como una ambición, pero no como una ambición quimérica, sino acompañada de un financiamiento adecuado para lograr que se convierta en realidad. No puede dejar de preocupar tanto al Gobierno como a la opinión pública, una situación como ésta, por cuanto todos sabemos que de la organización del Poder Judicial depende la estabilidad de un Estado de derecho. Si la situación no se soluciona rápidamente, habrá muchos problemas que el país deberá afrontar tarde o temprano, y como van las cosas, más temprano que tarde. En efecto, es de todos conocida la extraordinaria falta de interés que demuestran los profesionales por llegar a formar parte de este Poder del Estado, debido exclusivamente a las bajas remuneraciones que se les ofrecen. Nadie tiene interés en recibir un sueldo miserable a cambio de una extraordinaria responsabilidad y de un trabajo extremadamente duro y sacrificado. Esto ha contribuido a que actualmente exista en la mayoría de las Cortes de Apelaciones una gran cantidad de vacantes que no es posible llenar, ya sea de jueces, Secretarios e incluso de Relatores. No hay un incentivo para el ingreso. Cualquiera persona sabe que un puesto de Juez Letrado tiene una renta muchas veces menor que la de cualquier secretaria de un gerente o ejecutivo del centro de Santiago. Esta situación, claramente inaceptable, es el producto de la despreocupación de los gobiernos durante muchos años. Si esta situación no cambia, el país sufrirá las consecuencias por tener vacantes cargos de importancia, por tener sin defensa grandes extensiones de nuestro territorio nacional y por negar la justicia a grandes masas del pueblo, que es el que, en último término, acaba de sufrir todos los errores de los gobiernos. Si no hay una solución pronta, las vacantes del Poder Judicial se deberán llenar con cualquiera persona, sin fijarse en la preparación y en la honestidad. Si de algo estamos orgullosos en nuestro país, es de la honestidad y seriedad de nuestros magistrados. En el resto del mundo se tiene a Chile como un ejemplo por el prestigio de su Poder Judicial, el que no se puede comparar, y en el que confiamos todos, porque su actuación es justa en la mayoría de los casos. Si la situación a que nos hemos referido se mantiene, tendremos que lamentar que nuestro Poder Judicial se llene de ineptos, de incapaces y de hombres que sean fácilmente comprables, lo que inmediatamente repercutirá en la justicia, y el que saldrá perdiendo es el pueblo, que no tiene posibilidad de actuar frente a los grandes intereses económicos y sociales que se mueven oscuramente en nuestra sociedad. Pero no solamente el problema es de los magistrados. Adquiere características simplemente dramáticas cuando se trata del personal subalterno, que sirven al pueblo en los juzgados de la República, en forma incómoda e incomprendida, y para quienes tiene la misma importancia que los demás, llevar a sus hijos el pan diario. En estos hombres muchas veces, descansa la confianza de los jueces y también la justicia misma, porque son los que están en contacto directo con el pueblo, que llega diariamente a los juzgados en demanda de justicia. Y estos hombres, que reciben sueldos miserables, deben ser probos y ecuánimes como los magistrados. Es claro que existe el tremendo peligro de que la justicia se desvirtúe, más de lo que está, si no hay una pronta solución a estos problemas. Por eso sumo mi voz a la de aquéllos que, con un recto sentido de justicia social, están peleando por conseguir que se haga justicia a los que constantemente tratan de hacer justicia a los demás. Si no se logra la solución que ellos piden, creo que es razonable que se alcen frente a un estado de cosas como las actuales, para luchar con las escasas armas que tienen, por conseguir sus metas. Y no me extrañaría, e incluso aplaudiría la iniciativa de los magistrados, siempre ecuánimes y tranquilos, que renunciarán a sus puestos, pues no vale la pena servir a un Estado que no es capaz de dar el mínimo necesario para la vida digna de hombres dignos. El señor FERNANDEZ.- ¡No diga eso! El señor SEPULVEDA (don Francisco).- El Partido Socialista... El señor FERNANDEZ.- ¿Cuál Partido Socialista? El señor SEPULVEDA (don Francisco).- .. haciéndose eco del clamor de los magistrados, de la justicia que les asiste y de las opiniones vertidas en la Cámara, reclama al Gobierno el envío, en el más corto plazo, del proyecto de ley que solucione definitivamente el problema de las rentas del Poder Judicial. Concedo una interrupción a la colega Carmen Lazo. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede usar de la interrupción la Honorable señora Lazo. La señora LAZO.- Señor Presidente, no sé a título de qué el Honorable señor Fernández, con su gracia característica, preguntaba qué Partido Socialista representamos nosotros. Le contesto. Representamos al Partido Socialista, cuyos acuerdos no aparece en el diario "La Nación", ni en "El Mercurio", ni en "El Diario Ilustrado". O sea, pertenecemos al Partido Socialista que se formó para hacer algún día la revolución social, la verdadera, que defienda a los trabajadores. ¿Algo más, Honorable señor Fernández? El señor FERNANDEZ.- No; satisfecho. La señora LAZO.- A veces y per do den la discreción resulta muy conveniente, y esto lo saben los médicos, como lo puede corroborar el doctor Rioseco que está presente, resulta conveniente, digo, practicar una operación para sacar un tumor, como el que tiene la Democracia Cristiana, ya que en sus filas no hay un grupo, un equipo, sino tres o cuatro que luchan entre sí encarnizadamente. Por lo tanto, yo le pediría al Honorable colega Fernández que su gracia y chispa las utilizara dentro de su propio partido, y no la viniera a gastar aquí, donde en realidad el único calificativo que se merece es el de "chispita kilowatt". Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora LAZO.- Como decía el Honorable colega Carlos Morales, son los abogados los que entienden a fondo este problema del Poder Judicial. Quienes no lo somos solamente entendemos una cosa: que en nuestro país un juez, ya sea en las causas civiles, criminales o del trabajo, siempre ha sido considerado un personaje de alta jerarquía, que merece un gran respeto. Nosotros pensamos, sin ser abogados, que para impartir justicia e imponer autoridad, es necesario que esa persona, que tiene jerarquía, idoneidad y capacidad, como aquí se ha expresado, debe, al mismo tiempo, tener tranquilidad y paz, y sobre todo, estar libre de compromisos y no andar, prácticamente, mendigando detrás de otros Poderes para no vivir en la miseria. Por eso, aunque no somos abogados, pero representamos la voz de todo el pueblo, me permitiré leer algunos acuerdos... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor STARK (Vicepresidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio, respetar el derecho de la oradora y escuchar sus opiniones. La señora LAZO.- ... tomados por la Reunión de la Judicatura del Trabajo respecto de la jurisdicción de la Corte del Trabajo de Santiago y de la supresión del Sexto Juzgado del Trabajo. Si nos remitimos a ellos, ya que no hablamos de gremios, sino de grupos humanos, es porque nos parece que los acuerdos son adoptados para darlos a conocer; y porque estamos convencidos de que no se puede decir que un país es medianamente civilizado o que quiere llevar adelante la justicia, si acaso no nos preocupamos de los que tienen que administrarla, de capitán a paje, porque no sólo están en mala situación los jueces, los ministros de corte, los secretarios o los empleados que tramitan los expedientes, sino que también y de esta situación la Cámara se ha preocupado en otras oportunidades de los funcionarios del Servicio de Prisiones encargados de trasladar y cuidar a los reos. El señor STARK (Vicepresidente).- ¿Me permite, Honorable Diputada? Como ahora hay número en la Sala, recabo el asentimiento unánime para enviar, en nombre de la Cámara, el oficio solicitado por el Honorable señor Francisco Sepúlveda. El señor FERNANDEZ.- En nombre del Honorable señor Sepúlveda, El señor STARK (Vicepresidente).- No hay acuerdo. La señora LAZO.- Que se envíe en nombre del Comité Socialista. El señor BASSO.- Y del Comité Radical. El señor ACEVEDO.- Y del Comité Comunista. El señor STARK (Vicepresidente).- Se enviará en nombre de los Comités que lo han solicitado. Hablan varios señores Diputados a la vez. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para suspender la sesión a las 21, horas y reanudarla a las 22. El señor STARK (Vicepresidente).- No hay acuerdo. La señora LAZO.- Estoy por creer que el Honorable señor Fernández es cuerpo sagrado. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FERNANDEZ.- ¿Qué dijo? Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora LAZO.- Se lo voy a repetir. Como se ha opuesto a que se suspenda la sesión por una hora, estoy por pensar que Su Señoría es un cuerpo sagrado. No le dije ninguna ofensa. El señor FERNANDEZ.- Lo hice para que Su Señoría pudiera terminar su discurso. La señora LAZO.- Agradezco su inquietud pero como voy a leer un documento no me importa que la lectura se suspenda en 5 minutos o en media hora más. En todo caso, es un problema mío. El señor CARDEMIL.- Solicite de nuevo el asentimiento, señor Presidente. La señora LAZO.- Los acuerdos son los siguientes : "1°La Judicatura del Trabajo presentará a la consideración de las Comisiones y del Congreso dos mociones que estiman de gran importancia para el desenvolvimiento de nuestras funciones: "a) En la primera Comisión, presentará la moción, a fin de que reconozca y se declare la necesidad de la existencia de los Tribunales del Trabajo. A través de los últimos años, el Poder Ejecutivo y el Legislativo han dictado normas tendientes a proteger la situación de los trabajadores en general. Para el cumplimiento de las disposiciones que se han dictado producto de la necesidad y de la realidad nacional, se crean los Tribunales del Trabajo, esto es, el órgano del Poder Judicial encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones que la sociedad se ha dado en defensa de los trabajadores. Sin embargo, la creación de los TRIBUNALES DEL TRABAJO no ha tenido toda la eficacia que debió tener, debido a que paralelamente a ellos se han creado o se han dado a otros organismos letrados e iletrados, el papel de hacer cumplir las disposiciones de orden social. Esta Judicatura estima que para el eficaz cumplimiento de todo orden legal en beneficio de los trabajadores, se hace indispensable la concentración en los Tribunales del Trabajo de la solución y cumplimiento de los conflictos que afectan a los trabajadores. Esta Comisión estima que las leyes que se han dictado últimamente, privando a los Tribunales del Trabajo de la competencia que les es propia, no sólo ha lesionado a la Sociedad que espera tener organismos eficaces que hagan posible el cumplimiento de las leyes dictadas en beneficio de la masa trabajadora; es por esto que pedimos, como una manera de responder a las necesidades del país, que esta convención declare que los Tribunales1 del Trabajo son organismos necesarios para el normal desenvolvimiento de las relaciones entre patrones y obreros y empleados y empleadores, que en ellos deben concentrarse el conocimiento y resolución de las disposiciones de carácter social y previsional. "Como una consecuencia inmediata de la declaración que se desea obtener por parte de la Convención debe tenderse a la modificación de las leyes que se indican a continuación: "1.Modificación del artículo 2º de la ley 14.972, que entregó a autoridades administrativas (Inspección del Trabajo, Carabineros y Caja de Previsión) la facultad de aplicar multas por infracción a las leyes Sociales y de Previsión. "2,Modificar la ley 16.227 en cuanto entrega a los Juzgados de Policía Local el conocimiento del reclamo por aplicación de multas de esta ley (Sábado Inglés). "3.Modificar la ley 16.455, en cuanto da competencia a los Juzgados de Policía Local y a las Cortes de Apelaciones para conocer de ella, entregando su conocimiento a los Juzgados del Trabajo y Cortes del Trabajo, respectivamente. "4.Modificar el artículo 111 del Código del Trabajo y entregar la competencia de la Junta Clasificadora de los Empleados y Obreros a los Tribunales del Trabajo. "5.Entregar a la competencia de los Tribunales del Trabajo las funciones que el artículo 12 de la ley 7.295 entrega a las Comisiones Mixtas de Sueldos. "6.Restituir a la Corte de Valparaíso y Concepción, su jurisdicción sobre las provincias de Coquimbo, Aisén y Magallanes, respectivamente, y agregar a la Corte de Valparaíso jurisdicción sobre las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, "Sobre este punto que plantean los Tribunales del Trabajo, hacer presente que los Trabajadores en demanda de sus derechos deben actualmente concurrir a las Inspecciones del Trabajo, a las Cajas de Previsión, a Carabineros, a las Comisiones Mixtas de Sueldos, a la Junta Clasificadora de empleados y obreros, a las Juntas permanentes de Conciliación (cuyas resoluciones de todos modos van en revisión a los Juzgados del Trabajo), Juzgados de Policía Local y Tribunales del Trabajo, situación ésta que evidencia la necesidad de una transformación de este sistema que naturalmente provoca desorientación en el Trabajo. "b) Equiparidad de la Judicatura del Trabajo a la Justicia Ordinaria, esto es, reforma del artículo 1º de la ley 15.267 que contempla la escala de sueldos del Poder Judicial, en la que deben figurar los Ministros, Jueces, Relatores y Secretarios en las mismas categorías y grados en que figuran los miembros de la Judicatura Ordinaria. "Esta Judicatura, para este efecto, no tiene inconveniente en someterse a la exigencia que establece el Código Orgánico, de que para ser Juez de simple departamento (3ª Categoría de la Judicatura del Trabajo), los postulantes deben tener dos años de ejercicio profesional. "2.La reunión acordó, asimismo, participar en la redacción del Reglamento de la Primera Convención y acordó proponer la modificación del artículo 21 del Reglamento en el sentido de que la Junta Consultiva Nacional deberá integrarse por un miembro de cada una de las Cortes de Apelaciones y de cada una de las Cortes del Trabajo, En el artículo 23, proponer que la Junta Ejecutiva esté integrada también por el representante de Santiago de los Tribunales del Trabajo. "3.La reunión acordó que, en el plazo de 15 días, las Cortes del Trabajo elegirán un representante cada una de ellas para integrar la Junta Consultiva; sin perjuicio de esto, acordó designar a don Eduardo Lenox, Juez del Trabajo de Valparaíso, para representar a los Tribunales en lo relativo a la equiparidad del Poder Judicial, a doña Alicia Herrera, Secretaria de la Corte del Trabajo de Santiago, para representarlos en la Primera Comisión en lo relativo a la declaración de principios. "4.La reunión acordó, además, que en el en que nuestras justas peticiones no sean acogidas, estimadas éstas prudencialmente, la Judicatura del Trabajo se retirará públicamente de la Convención y acordará celebrar una convención que trate las materias que le son propias." Aparte de esto, voy a dar lectura también a las observaciones que anuncié sobre la jurisdicción de la Corte del Trabajo y la supresión del Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago. Dice así: "El artículo 514 del Código del Trabajo establece: "Habrá Cortes del Trabajo en las ciudades de Valparaíso, Santiago y Concepción, con las siguientes jurisdicciones: Corte del Trabajo de Santiago, con las provincias de Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curicó y Talca"." "Esta disposición se modifica en el artículo 10 del proyecto en el sentido de que la Corte de Apelaciones de Santiago sólo mantiene su jurisdicción sobre la provincia de Santiago, con exclusión del departamento de Maipo. "Esta disposición, que cercena gravemente la jurisdicción de esta Corte del Trabajo, tiene gran trascendencia, ya que significa entregar a la Justicia Ordinaria (Corte de Apelaciones de Rancagua) el conocimiento de todas las causas del trabajo que se promueven en dichas provincias. "El entregar a la justicia civil el conocimiento de las materias laborales provoca en definitiva la terminación de la especialización, principio que inspiró la creación de los Tribunales del Trabajo y que es adoptado por todas las legislaciones modernas. Así lo reconoce el Preámbulo de nuestro Código del Trabajo, en sus números 1° y 8º, en que se lee textualmente: "1º Que constituye atención preferente del Gobierno velar por la general, uniforme y correcta aplicación de las leyes sociales ; "89 Que hay conveniencia manifiesta en extender a todas las leyes sociales los beneficios de una jurisdicción especial y de un procedimiento adecuado a la sustanciación de los juicios que provengan de su aplicación"." "Los conflictos de los trabajadores no pueden solucionarse con el mismo criterio con que se solucionan aquéllos meramente patrimoniales que tienen por objeto intercambio de bienes materiales. En efecto, los trabajadores, que son los mantenedores de la sociedad, necesitan, para lograr incorporarse rápidamente a las fuerzas activas de la nación, que sus conflictos sean resueltos brevemente y por organismos especializados, pues no se trata sólo de garantizar el equilibrio económico entre la empresa y el trabajador, sino también de intervenir en la aplicación e interpretación de las leyes laborales, factores que van más allá de la simple conmutativa, como son los que se refieren a la elevación moral, higiénica y social del trabajador. En la Justicia del Trabajo debe tenerse presente que el contrato laboral constituye una figura jurídica "sui géneris", frente a las ya contempladas en los Códigos de Derecho Privado, por lo que en la aplicación de estos contratos deben coordinarse en forma sistemática las diversas normas, teniendo en vista, como dato central, velar por la dignidad humana del trabajador. En otras palabras, estas relaciones de intercambio deben mirarse bajo una luz nueva, dándole especial relevancia a las normas destinadas a garantizar el respecto a la personalidad humana." ¡Qué raras son estas palabras!, ¿no? "De estos principios debe estar imbuido el Juez del Trabajo, que consigue a través del conocimiento personal de los litigantes. "Dentro de la concepción de la Justicia del Trabajo en la forma recién enunciada, corresponde a las Cortes del Trabajo, por medio de sus fallos, uniformar el criterio de los Jueces, por lo que entregar a las Cortes de Apelaciones la aplicación e interpretación de las leyes laborales es destruir todo lo que hasta aquí se ha hecho por mantener cierta unidad en la interpretación y aplicación de las leyes del Trabajo y Previsión. Este hecho se agrava por la circunstancia de que la Excelentísima Corte Suprema, a quien por precepto constitucional corresponde la plenitud de la jurisdicción, ejerce su potestad interpretativa en materia laboral por una vía inadecuada, cual es el recurso de queja, que la imposibilita, en la mayoría de los casos, para dictar fallos fundados sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por la razón indicada, ha corres dido a las Cortes especiales del Trabajo hacer jurisprudencia en materia laboral en el país, función que se desnaturalizaría si se entregara el conocimiento de estas causas a las Cortes de Apelaciones. Por lo demás, de aceptarse el criterio sustentado en este proyecto, vendría a agudizarse la situación precaria en que se encuentra nuestra justicia laboral, que por la peculiaridad de nuestra geografía, ha permitido ya que cuatro Cortes de Apelaciones conozcan de la segunda instancia en los juicios del trabajo, lo que en definitiva llegará a la supresión de estos tribunales especiales. "La otra función de las Cortes del Trabajo es ejercer la facultad disciplinaria, administrativa y económica sobre los jueces del trabajo y los civiles con competencia en materia del trabajo. Actualmente dependen de la Corte del Trabajo de Santiago 9 jueces especiales del trabajo y 16 jueces civiles de letras de mayor cuantía. De prosperar la iniciativa del proyecto, la jurisdicción de esta Corte quedaría reducida a 7 juzgados especiales del trabajo y a 4 civiles. Ha correspondido a la Corte del Trabajo de Santiago velar porque los jueces de letras mantengan permanentemente al día sus tribunales en el conocimiento de las causas del trabajo y con toda frecuencia se les representan los atrasos en el movimiento de estas causas que pueden observarse. Esta labor de control y supervigilancia desaparecería por la iniciativa del proyecto, con evidente perjuicio para los trabajadores. "La otra iniciativa del proyecto está destinada a suprimir uno de los Juzgados del Trabajo de Santiago, lo que significa reducir a 5 estos tribunales especializados. "Parecería entenderse que el fundamento de este traslado es la falta de trabajo de los Juzgados del ramo de Santiago. Tal afirmación es inexacta, por cuanto, según los datos estadísticos que se adjuntan en hoja aparte, estos Juzgados tienen un ingreso más que suficiente, lo que hace materialmente imposible que se celebren los comparendos dentro del breve plazo que la ley indica. Si no me equivoco, el plazo que tienen es de cinco días. Sin embargo, es de un mes, porque en realidad no dan abasto para cumplir con la ley en este sentido. "La razón de esta demora debe atribuirse a que los jueces respectivos deben actuar personalmente en cada uno de los juicios de que toman conocimiento y es imposible exigirles que intervengan en más de 10 comparendos diariamente, pues aparte del trabajo durante las audiencias, los magistrados deben dictar los fallos correspondientes. El error o defectuosa información de los autores del proyecto de "nuestra referencia" todos los proyectos de este Gobierno son deformados, raríficos proviene de que aplican a la labor de los jueces del trabajo el mismo cartabón que usan para medir el trabajo de los jueces civiles, en circunstancias que la naturaleza y el procedimiento de los juicios laborales hace que las funciones del juez del trabajo sean muy diversas a las del juez civil, ya que tiene que intervenir directa y personalmente en todos y cada uno de los trámites de los juicios sometidos a su conocimiento para hacer posible los avenimientos y para proceder con conocimiento de causa a apreciar la prueba en conciencia. De ser consecuente con el criterio sustentado por el proyecto en cuestión, que crea diversos Juzgados Civiles en atención al aumento vegetativo de la población, deberían aumentarse a doce los Juzgados del Trabajo de Santiago para hacer posible una verdadera justicia laboral y no reducirlos a 5 como lo hace el proyecto. Lo anterior es tanto más evidente cuanto que desde año 1937 hay 6 Juzgados del Trabajo en Santiago y, no obstante el aumento experimentado por la población activa y el incremento de las leyes que corresponde aplicar a estos tribunales, se ha mantenido su número. "Nadie discute la necesidad de crear un Juzgado del Trabajo en San Miguel y tal iniciativa responde a una sentida aspiración de los trabajadores de ese sector industrial de la ciudad de Santiago, y con lo que se da cumplimiento a acuerdos internacionales aceptados por Chile, en cuanto recomiendan la creación de estos Juzgados Especiales, destinados a conocer los conflictos relativos a la interpretación y aplicación de los contratos individuales de trabajo, a los convenios colectivos y a la legislación social en general, acuerdo aprobado en la Cuarta Conferencia de los Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Montevideo en abril de 1949. "Si la iniciativa de crear un Juzgado del Trabajo en San Miguel es feliz, no puede dársele el mismo calificativo a la supresión del 6º Juzgado del Trabajo de Santiago, que en los últimos años ha experimentado un ingreso progresivo que alcanza hasta un 70% en un solo año." Señor Presidente, hemos firmado una indicación del Honorable colega Maira, porque refleja los planteamientos hechos por los personales de los Tribunales del Trabajo que me he permitido leer. Le devuelvo el uso de la palabra al Honorable colega Sepúlveda. El señor PARETO (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Sepúlveda. El señor SEPULVEDA (don Francisco).- Concedo una interrupción al colega señor Olave. El señor PARETO (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, puede usar de la palabra el Honorable señor Olave. El señor OLAVE.- Señor Presidente, la verdad es que este proyecto, que crea la Corte de Apelaciones de Rancagua, es una verdadera sanción para el Poder Judicial de la provincia de Valdivia, Al iniciarse el debate, hice una pregunta al señor Diputado informante. Tuve la suerte de que me fuera contestada por el señor Ministro de Justicia, Mi pregunta tendía conocer qué antecedentes se tuvieron en vista para elevar el número de Ministros en las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta, y La Serena. La respuesta del señor Ministro me satisfizo ampliamente. Señaló que había razones humanas, de trabajo, de salud y otras que, en verdad, justifican plenamente el aumento del número de estos altos magistrados en esas Cortes, en especial en las de Iquique y La Serena, a las cuales se les suprimió un Ministro, lo mismo que a la de Valdivia, para crear la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero a la de Valdivia no sólo se le suprimió un Ministro, sino también un Relator. Esta respuesta del señor Ministro de Justicia resulta un poco inconsecuente con la aseveración que hizo frente al planteamiento de la necesidad de reponer por estas mismas razones, el quinto Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Señaló que tenía mayor importancia crear un nuevo cuarto cargo en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Insistí en conocer los fundamentos en que se basó el Ejecutivo para enviar este proyecto de ley, porque la verdad es que tengo ante mis ojos un estudio muy serio y responsable, hecho por el Colegio de Abogados de Valdivia, en que se indica cuál es la cantidad de causas por Sala, por Ministro y por Relator que se ven en la totalidad de las Cortes de Apelaciones que existen en este momento en el país. En Punta Arenas, cada Sala trata, en un año, 1.530 causas; en Valdivia, 5.007 causas. A pesar de que la Corte de Punta Arenas tiene que ver sólo un tercio de las causas que trata la de Valdivia, el señor Ministro estima que ella está en primer lugar, y no la de Valdivia. En la Corte de Apelaciones de Valdivia, cada Ministro ve 1.252 causas; en la de Punta Arenas, 510, o sea, menos de la mitad. En la Corte de Apelaciones de Valdivia, cada Relator ve 2.503 causas; en la de Punta Arenas, 1.530 causas. Sin embargo, el señor Ministro considera que, en un orden de prioridad de las necesidades de las Cortes de Apelaciones del país, primero está la de Punta Arenas. Creemos, sinceramente, que ella también necesita un nuevo Ministro; pero no aceptamos, a ningún título, que se desconozca el mejor derecho de la Corte de Valdivia, que atiende cuatro provincias, que tenía cinco Ministro y a la que le fue quitado uno por ley. Por este proyecto se les devuelven los Ministros que se les quitaron a las Cortes de Apelaciones de Iquique y La Serena y no se procede en la misma forma con la Corte de Apelaciones de Valdivia. O sea, por esta ley, concluyentemente se sanciona al Poder Judicial en la provincia de Valdivia. Los abogados han hecho un gran campaña en Valdivia y han conmovido a la opinión pública de la zona sur. Sus Señorías ya han escuchado a un Honorable colega parlamentario que expresó el sentimiento de la colectividad de Puerto Montt, que también desea que se cree una Corte de Apelaciones, porque está consciente de que la Corte de Apelaciones de Valdivia está recargada en exceso de trabajo. Sin embargo, los factores humanos que impelieron a aumentar la dotación de Ministros en las Cortes de Apelaciones de Iquique, La Serena y Antofagasta no juegan en el caso de Valdivia, como si los señores Ministros no tuvieran los mismos problemas, las mismas obligaciones de familia, como si no tuvieran más trabajo que en otras Cortes del país, y lo voy a demostrar para que no se diga que esta es una observación hecha a la ligera. Lo haré respaldado por las apreciaciones que ha enviado el Colegio de Abogados al señor Ministro, a través de esta nota muy respetuosa, y que junto con el Honorable colega Eduardo Koenig, de la Democracia Cristiana, hemos apoyado, que tuvo como respuesta del señor Ministro de Justicia la buena intención, en principio, de resolver este problema en una próxima oportunidad. Se lo agradecemos, pero creemos que es absolutamente necesario que se resuelva ahora, porque ahora es cuando la Corte está necesitándolo. Parte de la nota, dice lo siguiente: "La supresión de estos cargos ha suscitado un grave problema en la Ilustre Corte que se encuentra trabajando con muchas dificultades y con mucho sacrificio de los señores Ministros y Relatores, llegando al extremo que los días 5 y 6 de mayo del presente año no se constituyó el Tribunal porque hubo un solo Ministro y ningún abogado integrante. Es normal, dada la extensión de la Jurisdicción de la Ilustre Corte, que algunos de los señores Ministros deban abocarse exclusivamente a ciertos procesos como ocurre actualmente con el del contrabando que tiene a su cargo el Ministro señor Samuel Rodríguez, el de por abusos deshonestos que instruye el señor Faúndez y el de ofensas a Su Excelencia el Presidente de la República que substancia el señor Pineda. Por otra parte, las visitas obligadas a las Notarías y Juzgados les quitan un tiempo considerable por la razón anteriormente mencionada, lo que no ocurre en otras Cortes. Como consecuencia de lo expuesto, la Ilustre Corte se está integrando casi siempre con abogados, lo que lógicamente repercute en su rendimiento. Ahora bien, cuando ocasionalmente el Tribunal funciona completo, se producen los empates que retardan la administración de Justicia." Estas son, en síntesis, las consecuencias que ha traído la supresión del quinto Ministro en la Ilustre Corte de Valdivia. Pero hay también otras argumentaciones que proporciona el Colegio de Abogados, presidido por el señor Rafael Carvallo Lo vera. En efecto, si tomamos el número de provincias, departamentos, extensión territorial, población, número de juzgados y notarías y los comparamos con los de las Ilustres Cortes de Concepción y Temuco, vemos cómo la de Valdivia abarca 4 provincias con 13 departamentos, con una extensión territorial de 72.928 kilómetros cuadrados, 19 juzgados, 16 notarías y una población de '670.281 habitantes; en tanto que la de Concepción, en su jurisdicción alcanza a 2 provincias con 8 departamentos, una extensión territorial de 10.921 kilómetros cuadrados, 14 juzgados, 10 notarías y una población de 628.981 habitantes; y la de Temuco, 2 provincias, con 10 departamentos, una extensión territorial de 568.954 habitantes, en circunstancias que la Ilustre Corte de Concepción tiene 7 Ministros y la de Temuco, 5 Ministros. Y la mayor extensión territorial, el mayor número de Juzgados y la mayor población se reflejan en el ingreso que, en la Corte de Valdivia, ha fluctuado en todos los últimos años en las 5.000 causas, al paso que la Corte de Temuco, por ejemplo, apenas tuvo un ingreso de 3.614 en el año 1966. Esta desproporción se observa en el siguiente cuadro : Causas por Sala Corte de Apelaciones de Iquique, 2.865; de Antofagasta, 1.569; de La Serena, 3.036; de Valparaíso, 3.969 ; de Santiago, 2.683; de Talca, 3.361; de Chillán, 3.090; de Concepción, 3.667; de Temuco, 3.614; de Valdivia, 5.007; Punta Arenas, 1.530. Causas por Ministro : Iquique, 922 ; An tofagasta, 523; La Serena, 759; Valparaíso, 1.134; Santiago, 895; Talca, 840; Chillán, 772; Concepción, 1.048; Temuco, 723; Valdivia, 1.252; Punta Arenas, 510. Causas vistas por cada Relator. Iquique, 1.432; Antofagasta, 1.569; La Serena, 1.018; Valparaíso, 2.646; Santiago, 1.246; Talca, 1.681; Chillán, 1.545; Concepción, 2.445; Temuco, 1.205; Valdivia, 2.503; Punta Arenas, 1.530. Todavía más, los proyectos en tramitación, que asimilan el trabajo de las Cortes de Alzada a los tribunales ordinarios de segunda instancia, y la creación de tribunales especiales para la Reforma Agraria, harán prácticamente imposible el desenvolvimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia con 4 Ministro y 2 Relatores. Por otra parte, cabe hacer presente que la acogida de esta petición no significaría un grave desembolso, si tomamos en cuenta que en el año 1966 se cancelaron 8.976 escudos y hasta el 22 de junio del presente año, 7.200 escudos por integraciones, lo que está indicando que en el curso del año llegaremos por este concepto a una suma aproximada a los 20 mil escudos. Estimo que las razones que da a conocer el Colegio de Abogados han creado esta natural inquietud pública De allí que todos los partidos políticos, sin excepción, estemos preocupados por buscar una solución al problema. Acá no se trata sólo de elevar el número de integrantes de la Corte de Apelaciones de Valdivia por un afán de progreso, por un afán de elevar las condiciones de desenvolvimiento de la Corte. No solamente eso. Se trata de restablecer un derecho; que merecía Valdivia por el excelente trabajo de sus Ministros y de sus tribunales, un derecho ganado por medio de una ley y que Valdivia, callada y resignadamente, aceptó que se le quitara por intermedio de otra ley para crear una nueva Corte en el norte del país, en Antofagasta. Sin embargo, por este proyecto que tratamos hoy se aumenta el número de Ministros de las de Iquique, Antofagasta y La Serena, que tienen, como lo he probado con cifras categóricas, menos trabajo que la de Valdivia, pero se le ha negado el mejor derecho a la provincia de Valdivia. Eso es todo. La señora LAZO.- Pido la palabra. El señor PARETO (Vicepresidente).- Esta inscrito a continuación el Honorable señor Valdés, don Arturo. El Honorable señor Olave estaba haciendo uso de una interrupción que le concedió el Honorable señor Sepúlveda. La señora LAZO.- ¿Nos queda tiempo? El señor PARETO (Vicepresidente).- Sí, señora Diputada. Tiene la palabra el Honorable señor Valdés Phillips. El señor VALDES (don Arturo).- Señor Presidente, quiero referirme, en mi calidad de Diputado por Coquimbo, a lo que este proyecto significa para nuestra provincia. Como lo ha explicado el señor Ministro de Justicia, se devuelve a la Corte de Apelaciones de La Serena el Ministro que se suprimió para integrar la Corte que se creó el año pasado en la provincia de Antofagasta. De esta manera, este tribunal podrá operar como es debido y ejercer sus funciones en una jurisdicción de un territorio sumamente grande, donde los asuntos que lo ocupan ocurren a mucha distancia del tribunal. La jurisdicción de esta Corte abarca una extensión de cerca de 600 ó 700 kilómetros. Igualmente, a partir de 1970, se crea un segundo Juzgado de Letras de Mayor Cuantía en la ciudad de La Serena, cuya necesidad ya se ve por el crecimiento de la población de esta ciudad. Nosotros pedimos al señor Ministro que considerara la posibilidad de crear un Juzgado de Menores, indispensable a juicio de muchas personas, en la provincia de Coquimbo. Los argumentos dados por el señor Ministro, las dificultades económicas conocidas y la seguridad que nos dio en el sentido de que, una vez que se satisfagan otras necesidades más urgentes, se creará este Juzgado en La Serena, nos permiten estar tranquilos en relación con los intereses de nuestra provincia en este sentido. Por lo tanto, en nombre de la provincia de Coquimbo quiero agradecer al Gobierno de la República, por intermedio del señor Ministro de Justicia, aquí presente, su permanente y acuciosa atención hacia los problemas de la administración de justicia de la provincia que represento. Nada más, señor Presidente. El señor PARETO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Fernández, don Sergio. El señor ACEVEDO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PARETO (Vicepresidente).- El Honorable señor Acevedo le solicita una interrupción con cargo al tiempo del Comité Comunista, Honorables señor Fernández. ¿Se la concede? El señor FERNANDEZ.- Con mucho gusto. El señor PARETO (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Acevedo. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, he solicitado esta interrupción, porque durante la intervención del señor Olave eliminó la expresión "Honorable" como lo ha aprobado esta Cámara él se refirió a las causas falladas en diferentes Cortes de Apelaciones. El señor DAIBER.- No está en vigencia aún el nuevo Reglamento. El señor ACEVEDO.- Quiero traer a colación que en la Memoria del Poder Judicial hay una descripción de las causas falladas durante los años 1965 y 1966 y las posibles del año 1967. En las Cortes de Apelaciones del país, el año 1965, se fallaron 52.436 causas; el año 1966, 50.000 y para el año 1967 la posibilidad es de 53.000. Durante la discusión del financiamiento de este proyecto de ley y al tener conocimiento de esta Memoria del Poder Judicial, hicimos una consulta sobre cuantas causas estaban pendientes, qué cúmulo de causas había en cada Corte de Apelación a lo largo de todo el país, porque esto significa una situación inestable para un sinnúmero de ciudadanos. Yo quisiera, en esta oportunidad, pedir que el señor Ministro, para una sesión futura, remitiera por oficio a esta Honorable Cámara un estudio de las causas pendientes en cada Corte de Apelaciones a lo largo de todo Chile; porque, sin duda, hay una relación entre las 52.436 causas del año 1965 y las posibles 53.000 del año 1967. ¿Por qué esta similitud en los números? Naturalmente por el personal, por el número de Cortes y por las posibilidades de despachar esa cantidad de causas. Pero, ¿cuántas causas hay pendientes? Esta es la tragedia, sobre todo, de aquella gente que no tiene los recursos económicos necesarios como para apresurar el fallo de los procesos que están tramitándose. A esto obedecía la interrupción que le pedí al Honorable señor Sergio Fernández y para solicitar también, si fuera posible que se enviara oficio al señor Ministro de Justicia con estas observaciones, destinadas a que él, en el futuro, envíe a la Honorable Cámara el estudio completo de las causas pendientes en cada Corte. El señor PARETO (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar, en nombre del Honorable señor Acevedo, el oficio que ha solicitado, sin perjuicio de que el señor Ministro de Justicia, presente en la Sala, se dé por enterado. El señor ACEVEDO.- En nombre del Comité Comunista, señor Presidente. El señor PARETO (Vicepresidente).- Acordado. Puede continuar el Honorable señor Fernández. El señor FERNANDEZ.- Señor Presidente, el proyecto de ley que analizamos en esta oportunidad tiene, sin duda alguna, fundamental importancia para la administración de justicia en nuestro país. Parlamentarios de diversas corrientes políticas habían estado haciendo presente permanentemente, al Ministerio de Justicia, la necesidad de ampliar la planta de nuestros tribunales ordinarios y especiales, con el objeto de que los ciudadanos que recurran a ellos para impetrar la defensa de sus derechos, pudieran obtener una justicia rápida, expedita y eficaz, ya que la actual situación a veces lo impide, por el excesivo recargo de trabajo que tiene la gran mayoría de los tribunales del país. No había sido posible realizar con anterioridad este trabajo, por cuanto en el Ministerio de Justicia no se contaba con los antecedentes estadísticos suficientes como para poder efectuar una verdadera planificación del desarrollo de la judicatura a nivel nacional, y siempre se había legislado en forma esporádica al crear un juzgado en una determinada provincia u otro tribunal en otra provincia; pero sin buscar, como digo, una solución de carácter nacional que evaluara las necesidades de las diversas zonas del país, que estableciera criterios de prioridad imprescindibles, porque, lógicamente, no es siempre posible resolver todas las necesidades por la limitación de los recursos fiscales. En este sentido, tanto la creación de la Corte de Apelaciones de Rancagua como la de los diversos juzgados, obedecen, a nuestro modo de ver, a una necesidad ineludible y que cuenta con todo el apoyo y respaldo de los Diputados de estos bancos. En mi carácter de Diputado por el tercer distrito de Santiago y, especialmente, del departamento "Pedro Aguirre Cerda", quiero hacer hincapié en el hecho de que, en esta oportunidad, se ha buscado la manera de completar una labor que ya habíamos comenzado el año pasado, en orden a permitir que en ese departamento, ubicado al sur de la zona metropolitana de Santiago la que ha tenido un. crecimiento demográfico explosivo, hasta llegar a una suma de alrededor de 950 mil habitantes en la actualidad, es decir, el 50% de la población de la capital de la República pueda haber una administración de justicia expedita y eficaz. Tiempo atrás existían en el departamento "Pedro Aguirre Cerda" solamente cuatro Juzgados: dos de Mayor Cuantía, y dos de Menor Cuantía. Sin duda alguna, estos Juzgados no podían atender en forma expedita las necesidades de una población especialmente de carácter popular. Tengo aquí los datos de los ingresos de causas en los Juzgados de Letras de Menor Cuantía en 1965. El de La Granja, tenía 4.022 causas en lo civil, y 4.281 causas criminales; en el Juzgado de San Mi guel, 3.008 causas civiles y 3.865 ingresos de carácter criminal. Apareec, pues, a simple vista, que un solo magistrado no puede resolver los problemas judiciales que implica la vista de más de siete mil causas en un solo año de trabajo. El año pasado legislamos al respecto y cambiamos la configuración judicial del departamento "Pedro Aguirre Cerda" al elevar los dos juzgados de menor cuantía, a mayor cuantía, y creando un nuevo juzgado; de manera que, actualmente, el departamento indicado cuenta con dos Juzgados civiles y tres Juzgados del Crimen. Por lo tanto, ahora, completando esta labor, gracias a la iniciativa del Ejecutivo, se crea un cuarto juzgado del crimen y se traslada el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago al departamento "Pedro Aguirre Cerda", labor esta que debe verse complementada por el hecho de que el Gobierno se ha preocupado de adquirir un amplio terreno en la comuna de San Miguel, con el objeto de construir, en el futuro, un conjunto arquitectónico moderno, en que puedan instalarse todos los tribunales del departamento para atender, en la mejor forma posible, los requerimientos de la población. Respecto del traslado del Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago al departamento "Pedro Aguirre Cerda", yo comprendo que pueden ser atendibles, desde cierto punto de vista, las razones que se han dado para oponerse a él; pero quiero señalar que en un solo año, me refiero al año pasado, en la sola comuna de San Miguel, que es quizás menos de la mitad del departamento "Pedro Aguirre Cerda", se concedió personalidad jurídica a cien sindicatos, entre industriales y profesionales; y los señores Diputados comprenderán que en una comuna donde en un solo año se concede personalidad jurídica a cien sindicatos, los problemas del trabajo están a la orden del día, y los trabajadores organizados necesitan de una atención judicial para sus problemas laborales más a la mano, más expedita y lo más cercana posible. Los colegas no deben también olvidar que la configuración de la ciudad de Santiago ha cambiado en estos últimos años, porque muchísimas industrias, fábricas y empresas que estaban instaladas en el centro de la ciudad, han ido buscando su ampliación y ubicación en comunas de los alrededores de la capital y, especialmente, en este departamento, que ha tenido un crecimiento explosivo. Por eso, me parece plenamente justificado este traslado del Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago a San Miguel, lo cual, repito, significará completar una labor que implique una adecuada administración de justicia en el departamento "Pedro Aguirre Cerda". Diversos señores Diputados, entre ellos algunos de mi partido, se han referido a las disposiciones y al espíritu general de la ley que crea nuevos tribunales, por lo que, en esta oportunidad, continuaré mis observaciones en relación fundamentalmente con los problemas generales del Poder Judicial. Nada se sacaría, señor Presidente, con promover, en el futuro, un acelerado desarrollo económico y una transformación estructural de la economía que tuviera importancia y significación; nada se obtendría con organizar a los sectores populares para buscar la manera de adecuar nuestra vieja democracia a los nuevos moldes de la sociedad moderna, si, al mismo tiempo, no se mantiene al Poder Judicial en una situación de dinamismo de renovación y de adecuación a los nuevos tiempos, que le permitiera ir viendo la función trascendental que, sin duda, tiene en una sociedad humanística y democrática cuyo valor fundamental es el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Por eso, los Diputados de la Democracia Cristiana hemos considerado de extraordinario interés el hecho de que los jueces, los relatores y demás magistrados del Poder Judicial hayan tenido la iniciativa de reunirse en una convención, con el fin de analizar, en un ambiente de extrema franqueza, de dignidad y altura de miras, los problemas del Poder Judicial, tanto los de carácter económico como los relacionados con la elevación de la situación profesional de estos funcionarios, con la más adecuada y completa administración de justicia. En esta sesión, diversos señores Diputados han dado lectura a párrafos de discursos que se dijeron en la sesión inaugural de la Convención de Jueces, aparte de los acuerdos que ella adoptó y la oportunidad en que se realizaron. Me parece, sin embargo, que fundamentalmente se ha hecho extremado hincapié en los problemas económicos que se analizaron en esta convención, sin señalar adecuadamente que hubo también en ellos un espíritu de superación profesional y de mejoramiento de la administración de justicia en sí, lo que realmente es significativo y que nosotros calificamos como el mejor augurio para que las jóvenes generaciones que ingresen a la carrera de la magistratura tengan un nuevo espíritu y un nuevo dinamismo que podría, quizás, en el futuro, terminar con un cierto espíritu tradicional y un poco conservador que, normalmente, envuelve a los tribunales, no sólo en nuestro país, sino que en todos los países del mundo. Los miembros del Poder Judicial piensan que es necesario tender al perfeccionamiento del personal dependiente de este poder del Estado, tanto a través de medidas para su mejoramiento material, como de reformas legales. En este sentido han insinuado, por ejemplo, la posibilidad de incorporar a la Constitución Política del Estado diversas disposiciones que consagraran la independencia económica del Poder Judicial, pero que también le dieran ciertas posibilidades de tener una mayor ingerencia en la gestación de la legislación fundamental del país. En relación con este último punto, quisiera exponer un criterio personal, que me parece atinente al efecto: los legisladores veríamos con el mayor interés que en el Poder Judicial hubiere una verdadera preocupación por el mejoramiento de la legislación fundamental que nos rige y polla adecuación de ésta a la nueva situación socioeconómica, cultural y política del país. Desgraciadamente, no ha sido así hasta el presente, y los tribunales de justicia se han limitado, con excesivo rigorismo, a aplicar la letra de las disposiciones legales sin buscar su perfeccionamiento. Así, por ejemplo, quiero señalar que, sin una mayor reforma de la Constitución Política del Estado, que pudiera dar al Poder Judicial iniciativa en muchas materias legales, a través de una aplicación o interpretación extensiva, pero perfectamente legítima y posible, del artículo 5º del Código Civil, el Poder Judicial podría desempeñar un gran papel en la renovación de nuestra legislación fundamental. Efectivamente, el artículo 5° del Código Civil señala que "la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Alzada, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al Presidente de la República de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que noten en ellas." Los sucesivos señores Presidentes de la Corte Suprema han cumplido con este mandato. Pero, según mi personal modo de ver, lo han cumplido ateniéndose a la letra estricta de la disposición; es decir, señalando algunos vacíos de la legislación e indicando algunas de las dificultades que han encontrado en la aplicación de las leyes. Pero nunca ha habido un mayor interés por que este punto de vista pueda ampliarse al hecho de que del mismo Poder Judicial, de aquellas personas que conocen la ley con mucho mayor profundidad y acuciosidad, porque la deben aplicar todos los días, salgan proposiciones concretas que puedan, en un momento determinado, convertirse en reformas sustanciales de nuestra legislación civil, penal, del trabajo, etcétera. Corrientemente, los legisladores debemos recurrir a los profesores universitarios, a las cátedras del Derecho de las diversas Universidades para buscar personas con mayores conocimientos que nosotros, con mayor dedicación a estas materias intelectuales y especializadas, porque nos sabemos limitados, para que preparen proyectos de leyes que, en un momento determinado, hacemos nuestros, transformando así el rostro de la estructura legal fundamental de nuestro país. Por eso, como digo, vemos con especial interés el hecho de que en las generaciones jóvenes de la magistratura haya esta inquietud para que el Poder Judicial adopte criterios más modernos, más ágiles y más acordes con los momentos en que vivimos, a fin de que esté a tono con la dinámica de los cambios fundamentales que vive no sólo nuestro país, sino todo el mundo. Nos han señalado, aquí, los miembros de la Convención de Jueces la necesidad de reformar el Código Civil, el Código Orgánico de Tribunales, el Código Penal y los diversos Códigos de Procedimiento; pero han reconocido, sí, que el Gobierno ha estado fundamentalmente preocupado de estas materias. Justamente hoy día, en esta sesión, la Cámara despachó, en su tercer trámite constitucional, el proyecto de ley sobre reconstitución de inscripciones de los Registros de Conservadores de Bienes Raíces destruidos por incendios u otros estragos. En el Senado de la República está pendiente un proyecto de ley que reduce los plazos de prescripción civil. Y en nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tenemos otros, enviados por el Ejecutivo, con el objeto de modificar el Código Penal, en lo relativo a la pena de muerte y a los delitos contra la salud pública. Existe, pues, de parte del Ejecutivo y de los parlamentarios de Gobierno, un inusitado interés en adecuar la legislación fundamental del país a las transformaciones socioeconómicas que estamos viviendo. En este sentido, saludamos como un paso extraordinariamente significativo éste que dan los miembros del Poder Judicial. Sin duda alguna, otro de los aspectos más interesantes de esta Convención de Jueces fue aquél en que se estudió detenidamente el problema de los nombramientos y calificaciones dentro de los escalafones del Poder Judicial. Ya, en una oportunidad, les hicimos ver a los miembros del Comité Directivo de la Junta Nacional de Jueces nuestro criterio personal, en el sentido de que era útil y necesario legislar sobre la materia y que tendrían todo nuestro apoyo las ideas que quisieran proponer para ir a un sistema de calificaciones y nombramientos, por lo menos hasta en los grados de jueces de cabecera de provincia, que significara una renovación del actual sistema, de manera que pudieran salvarse las inquietudes que ellos tienen sobre el particular. El punto fundamental sobre el cual se ha hecho más hincapié en esta oportunidad es, sin duda alguna, el de la situación económica del Poder Judicial, importante por la urgencia que ella reviste, a pesar de que no por ello debe desconocerse la trascendencia de otros aspectos, que también han estado en la mente de los jueces al provocar esta Convención, en la que se han analizado diversos problemas de la magistratura. A este respecto, se ha planteado, en esa Convención la posibilidad de buscar un nuevo financiarniento para las remuneraciones del Poder Judicial; de establecer las remuneraciones de los jueces en función de sueldos vitales; y de determinar, incluso en la propia Constitución, que un porcentaje del Presupuesto Nacional le sea entregado, en forma permanente, para satisfacer sus propias necesidades. Respetamos estas .opiniones por venir de quien vienen, es decir, de personas especialmente calificadas en el estudio y aplicación de la ley y del Derecho; pero, como legisladores, tenemos que analizarlas en el contexto de las inquietudes, aspiraciones y problemas de todos los sectores de nuestra vida política y social. Desde ese punto de vista, quisiera hacer presente que he estado revisando el monto porcentual de las sumas que, no en este Gobierno, sino en los diversos gobiernos, se han entregado al Poder Judicial para subvenir a todas sus necesidades, tanto de remuneraciones como otras. Y he llegado a la conclusión de que, desde 1956 hasta 1967, este porcentaje se ha mantenido relativamente estable, a pesar de que el Presupuesto de la Nación ha tenido un incremento espectacular. De ello se deduce que, en términos reales, por el hecho de que el Poder Judicial no ha aumentado su personal en la misma proporción, ha habido también, entonces, un aumento considerable de la disponibilidad de fondos que la Nación entera otorga a la Administración de Justicia. Él porcentaje del Presupuesto Nacional dedicado al Poder Judicial va del 0,61% al 0,40% en algunos años, fluctuando, como digo, entre estas dos cifras. Y, al respecto, puedo señalar que hay diversas e importantes reparticiones del Estado que, normalmente, especialmente en el último año, han recibido porcentajes muy inferiores, cuales son: la Presidente de la República, con el 0,10% del Presupuesto Nacional; la Contraloría General de la República, con el 0,2ó%; el Ministerio de Tierras y Colonización, con el 0,15%, y el Ministerio del Trabajo, con el 0,39%. No damos estas cifras con el objeto de ocultar la realidad, o con el objeto de demostrar que aquí no hay problema. Las damos a fin de que los señores parlamentarios tengan todos los elementos de juicio para formarse un criterio adecuado sobre el problema de los magistrados del Poder Judicial. Estamos convencidos de que el Gobierno, el actual Gobierno, ha realizado, en este sentido, una labor importante, pues se ha preocupado del mejoramiento no sólo de las rentas, sino también de la situación material en todo sentido de estos funcionarios públicos. Puedo señalar, a título de ejemplo, porque no quiero aburrir a los señores Diputados, que en el año 1964, la 4ª categoría del personal superior del Poder Judicial ganaba Eº 824, que, reducidos a sueldos vitales, es decir, a valores permonentes, significaban 5,48 sueldos vitales; en tanto que en 1967, la cuarta categoría tiene una remuneración de 1.969 escudos, que, en términos reales, reducidos a sueldos vitales, significan 6,43 sueldos vitales. De tal manera que, en este caso de la cuarta categoría que estamos analizando, desde el año 1964 hasta 1967, ha habido un mejoramiento real de 5,48 sueldos vitales a 6,43 sueldos vitales. Yo desearía que, posteriormente, cuando hubiere quórum en la Sala, se solicitara su acuerdo para insertar en la versión oficial este cuadro, del cual he leído ahora sólo una línea, que hace una comparación, tanto en valores monetarios como en valores reales, de las remuneraciones del Poder Judicial, entre los años 1964 y 1967. El señor PARETO (Vicepresidente).- Así se procederá, señor Diputado. El cuadro, cuya inserción se acordó posteriormente, es el siguiente: "PODER JUDICIAL. Comparación en sueldos vitales. Personal superior. Nº Nº Renta base Vitales Renta base Vitales 1964 1964 1967 1967 (Eº 150,23) (Eº 306,27) F/C. 1.485 9,88 3.540 11,56 1ªC. 1.283 8,54 3.060 9,99 2ªC. 1.107 7,37 2.642 8,63 3ªC. 959 6,38 2.290 7,48 4ªC. 824 5,48 1.969 6,43 Renta base Vitales Renta base Vitales 1964 1964 1967 1967 (Eº 150,23) (Eº 306,27) 5ª C. 722 4,81 1.736 5,67 6ª C. 648 . 4,31 1.584 5,17 7ª C. 587 3,91 1.458 4,76 8ª C. 547 3,64 1.376 4,49 Personal subalterno. 5ª C. 467 3,11 1.209 3,95 6ª C. 373 2,48 976 3,18 7ª C. 336 2,24 881 2,88 1º 300 2,00 787 2,57 2º 275 1,83 723 2,36 3º 263 1,75 691 2,26 4º 243 1,62 639 2,09 5º 225 1,50 593 1,94 6º 209 1,39 551 1,80 7º 196 1,30 518 1,69 8º 162 1,00 430 1,40." El señor FERNANDEZ.- A pesar del reconocimiento explícito de que ha habido un mejoramiento, los Diputados del partido de gobierno no desconocernos, en manera alguna, que es un mejoramiento limitado por los siempre escasos recursos de las finanzas públicas, que no han sido suficientes para satisfacer justas inquietudes y necesidades imperiosas de estos funcionarios, quienes, por muchos motivos porque son de dedicación exclusiva, porque tienen una labor de extraordinaria importancia social y porque deben desempeñarse, muchas veces, en condiciones materiales bastantes menoscabadas, exigen con toda justicia. En este sentido, puedo señalar que la directiva del Partido Demócrata Cristiano ha recibido a! Comité que dirige este movimiento de los jueces, con el objeto de escuchar sus puntos de vista y hacerles ver que estamos realmente interesados en que, a través de los procedimientos que nos parecen más correctos, es decir, el procedimiento de que el Ministerio de Justicia se entienda directamente con la Corte Suprema, que tiene la supervigilancia correccional, administrativa y económica y la representación de todo el Poder Judicial, se encuentre la mejor manera de solucionar este agudo problema económico, que somos los primeros en reconocer, sin olvidar que ha habido un efectivo mejoramiento en los dos años que llevamos de gobierno del Presidente don Eduardo Frei. El señor Ministro de Justicia ha recibido, pues, nuestra opinión, en el sentido de que esperamos que realmente estas conversaciones entre él y la Excelentísima Corte Suprema de Justicia tengan el mejor éxito, para hallar una solución que concilie las justas inquietudes de estos funcionarios públicos, con las limitaciones del Erario y con las posibilidades de la economía chilena, dentro de la política de contención de la inflación que el Gobierno ha estado llevando a cabo durante estos últimos años. Estas son, señor Presidente, fundamentalmente, las observaciones que queríamos hacer en torno de este problema, puntualizando que, para la Democracia Cristiana, la Administración de Justicia cumple, sin duda, un papel trascendental dentro de la vida de la Nación, y que no escatimaremos esfuerzos, a través de nuestra influencia ante el Gobierno de la República, para darles la mejor solución a estos problemas, que nos inquietan, porque, justamente, también inquietan a un Poder del Estado, como lo es el Judicial, Nada más, señor Presidente. El señor PARETO (Vicepresidente).- Se suspende la sesión por quince minutos. -Se suspendió la sesión a las 9 horas y 58 minutos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Se reanuda la sesión. -Se suspende por quince minutos. -Se suspendió la sesión. El señor STARK (Vicepresidente).- Continúa la sesión. -Se suspende por quince minutos. -Se suspendió la sesión. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Continúa la sesión. El señor FUENTES (don Samuel).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo del Comité Radical. El señor FUENTES (don Samuel).- Señor Presidente, nosotros hemos estado intercambiando algunas comunicaciones con el señor Ministro de Justicia respecto del anhelo de una zona de la provincia de Cautín, que fue arrasada por los terremotos de mayo de 1960, de contar con un juzgado. Me refiero a la ciudad de Puerto Saavedra, que tenía un Juzgado de Letras de Menor Cuantía, el cual, después de los terremotos mencionados, fue trasladado a Carahue y, posteriormente, elevado de categoría, pasando a tener la calidad de Juzgado de Letras de Mayor Cuantía. Sobre el particular, envié una nota al señor Ministro, quien tuvo la gentileza de contestarme que en este proyecto, que eleva de categoría a varios Juzgados estudiaría con especial atención la posibilidad de restituir a la ciudad de Puerto Saavedra un servicio tan vital que, por causas fortuitas, perdió, en un momento dado. La ciudadanía y la población de esa zona se han restablecido en forma total y es indispensable la creación del Juzgado de Letras de Menor Cuantía a que me refiero, y que el señor Ministro prometió considerar. En consecuencia, le rogaría que, en los próximos trámites que debe cumplir este proyecto en el Congreso, propiciara la inclusión de una indicación en este sentido. En relación con otra materia, escuché con profundo interés la intervención del Honorable colega señor Fernández, en la que hizo un análisis de las grandes conquistas económicas que había logrado el Poder Judicial durante la actual Administración del Presidente Frei. Con la habilidad que lo caracteriza, trató de convencernos de hechos que no son efectivos, como el de que haya existido mejoramiento económico para los funcionarios de la Administración Pública, durante este Gobierno, en circunstancias que no se han reajustado las rentas del sector asalariado, en el cual se cuenta el Poder Judicial, para compensar el verdadero deterioro que han experimentado por el alza del costo de la vida. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Honorables señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio. El señor FUENTES (don Samuel).- Por esto, y no por otra razón, la mejor respuesta a las afirmaciones del Honorable señor Sergio Fernández es, precisamente, la Convención Nacional de Jueces, Relatores y Secretarios que, de estar conforme con el tratamiento que han recibido, incuestionablemente no habrían realizado, ahora, durante esta Administración, una convención que nunca antes habían efectuado, para plantear ante la opinión pública su difícil situación económica. El señor VALENZUELA (don Ricardo).- Esta es democracia. El señor ARANCIBIA.- ¡Todo tiene que cambiar! El señor FUENTES (don Samuel).- Esta Convención contó con la presencia del representante directo del Presidente de la República, el señor Ministro de Justicia, quien pudo apreciar, debidamente, la inquietud del Poder Judicial en relación con su situación económica, derivada del tratamiento dado a otros sectores. En efecto, los funcionarios, ya sean del poder Judicial, del magisterio o de otras ramas de la Administración Pública, han visto la situación de los de otras organizaciones, como de la Corporación de la Reforma Agraria, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, de la Promoción Popular, de los asesores, los promotores y hasta los subdelegados, a los cuales se les permitió formar parte de la Administración Pública con sueldos fabulosos. El señor IRURETA.- ¿Cuáles son los sueldos "fabulosos"? El señor FUENTES (don Samuel).- Ahora los subdelegados a los que no se les exige preparación humanística alguna, tienen un sueldo de un millón de pesos, sólo por desarrollar una actividad política. Este tratamiento discriminatorio, es lo que ha inducido a los funcionarios del Poder Judicial a reunirse también en una Convención y a plantear su inquietud económica al Ejecutivo, como lo hacen los profesores y el resto de los funcionarios de la Administración Pública que, hasta hoy, no han sido satisfechos en sus justos anhelos de recibir una remuneración que les permita vivir con dignidad y que guarde relación con la situación actual, como lo ha anunciado con gran propaganda el Gobierno. El señor ARANCIBIA.- Hemos dado más del 10% que dieron los Gobiernos radicales. El señor FUENTES (don Samuel).- Como no disponemos del tiempo necesario, sólo deseo recordar a los Honorables colegas de la Democracia Cristiana que, durante el año 1964, cuando ellos buscaban mayores posibilidades electorales, señalaban que el sueldo vital en ese año, fijado por el Gobierno del Presidente Ales sandri según las palabras del actual Senador, señor Gumucio, que era Diputado en ese tiempo debería haber quedado en 304 mil pesos. Pues bien, han transcurrido 2 años; ellos cuentan con mayoría parlamentaria, y el sueldo vital apenas es de 306 mil pesos... El señor VALENZUELA (don Ricardo).- ¿Cuánto era, en ese tiempo? El señor FUENTES (don Samuel).- No recuerdo la cifra correspondiente. Sólo señalo que Sus Señorías o sus representantes, en esa oportunidad, reclamaban sueldos vitales que, según ellos, debieron haberse fijado hace muchos años. El año 1965, el sueldo vital debía haberse reajustado y aumentado de manera que, en estos momentos, alcanzara, aproximadamente, a 525 escudos. Eso debería ocurrir en estos instantes; sin embargo estamos comprobando que, con anuncios y gran propaganda, se ha señalado que, hasta esta fecha,, el costo de la vida llegaría solamente a un 12!%, en circunstancias que, al 31 del mes pasado, ha sobrepasado el 17%. El señor SOTOMAYOR.- Todavía faltan 5 meses para que termine el año. El señor FUENTES (don Samuel).- Por eso creo, que ni aun suprimiendo el consumo de la carne o de todo lo que debe consumir la población para subsistir, bajará el costo de la vida; y por igual motivo, en estos instantes, se ha dado a conocer un proyecto de acuerdo del Honorable señor Phillips para conceder una bonificación compensatoria del alza del costo de la vida para el personal judicial, del Cuerpo de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Por nuestra parte, los Diputados del Partido Radical hemos presentado también un proyecto de acuerdo para solicitar del Gobierno un reajuste compensatorio de remuneraciones para los funcionarios del Poder Judicial y del resto de la Administración Pública, para los jubilados y las montepiadas, como también para los funcionarios del sector privado, ya que el Gobierno y especialmente los Diputados democratacristianos se opusieron a reajustar por ley sus remuneraciones, como era tradicional hacerlo. Desde 1956, cuando se suprimieron los organismos provinciales denominados Comisiones Mixtas de Sueldos, ahora, por primera vez en la historia de los reajustes de sueldos, el sector privado fue olvidado por el Partido Demócrata Cristiano, porque, sin su apoyo, no fue posible incorporar a la ley correspondiente la disposición que les entregaba un reajuste compensatorio. Hemos visto así que el sector privado no ha podido defender sus reajustes de sueldos y que es el gremio más indefenso en la actualidad. Una comprobación precisa de ello es el caso que acaba de señalar mí querido amigo el Honorable señor Mosquera: el sindicato más poderoso del país, el del Banco de Chile, a pesar de haber sido apoyado por la Federación Bancaria, fue arrollado por la Gerencia del Banco, la que le negó la satisfacción de sus justas aspiraciones. Y no fue arrollado con mano cariñosa, sino con las armas, es decir, con los elementos de combate que usa el Cuerpo de Carabineros de Chile para atacar a. los sindicatos que piden compensación económica, por el alza del costo de la vida. El señor IRURETA.- ¿Me permite una interrupción ? El señor FUENTES (don Samuel).- Nosotros hemos presentado un proyecto de ley... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Señor Diputado, el Honorable señor Irureta le solicita una interrupción. El señor FUENTES (don Samuel).- Me queda muy poco tiempo disponible para concedérsela. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Muy bien. Puede continuar Su Señoría. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor IRURETA.- Sólo quiero decirle. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡ Honorable señor Irureta! El señor FUENTES (don Samuel).- Creo que esa historia está muy fresca como para tratar de desvirtuarla. Como digo, nosotros también hemos presentado un proyecto de acuerdo por medio del cual se recaba del Ejecutivo el envío de un proyecto de ley tendiente a compensar, por el resto del año, el deterioro que han experimentado las remuneraciones de los trabajadores de la Administración Pública y del sector privado, los obreros, los uniformados, los funcionarios del Poder Judicial. De esta manera, estos sectores, especialmente los obreros, a quienes dice representar la Democracia Cristiana, que no han sido compensados en sus sueldos y . que no olvidan la actitud de los parlamentarios de Gobierno, tendrán la posibilidad de recibir el reajuste correspondiente. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES (don Samuel).- Quiero decir al Honorable colega señor Mosquera que, desde que soy parlamentario, o sea, desde 1957, jamás he participado en un Gobierno como el que apoyan Sus Señorías. Yo no elegí al señor Ibáñez, no elegí al señor Alessandri ni tampoco he elegido al señor Frei. Sus Señorías, que lo han elegido, tienen la obligación, porque son mayoría, de atender las necesidades y satisfacer los anhelos de todos los sectores asalariados. * Por eso se ha reunido el Poder Judicial y ha expresado su disconformidad con el tratamiento que se le ha dado en esta ocasión. Ellos, con su cultura, con su preparación, naturalmente no han querido decir que su disconformidad nace del tratamiento dado a sectores asalariados de organismos que no tienen otra finalidad que cumplir el programa de actividades políticas del partido de gobierno, como son los que he señalado: la Promoción Popular, el INDAP, la CORA, el CONCI, y cuanta repartición de esta naturaleza existe para distribuir los favores del Gobierno, a fin de satisfacer los apetitos electorales que sus partidarios tienen en estos momentos. Por estas razones, hemos presentado este proyecto de acuerdo mencionado, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Terminó Su Señoría? El señor FUENTES (don Samuel).- He terminado. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez, don Manuel. El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Concedo una interrupción al Honorable señor Irureta. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Irureta, en el tiempo del Comité Democrático Nacional. El señor IRURETA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que está discutiendo la Cámara tiene por objeto crear una Corte de Apelaciones en Rancagua y crear los Juzgados que el mismo proyecto señala, entre ellos el Segundo Juzgado de Letras de Mayor Cuantía para Puerto Montt, lo que el Diputado que habla se felicita porque la creación de este tribunal significa satisfacer una aspiración muy sentida de la zona a la cual yo, precisamente, represento. Pero, haciendo uso de la interrupción que se me ha concedido, quisiera referirme a lo que sobre esta iniciativa hemos oído en el curso de la discusión. Ella es un proyecto de ley tendiente a crear una Corte de Apelaciones y varios Juzgados, lo que requiere de un financiamiento, porque se producen gastos, y el informe de la Comisión de Hacienda establece un financiamiento del orden de los E? 2.000.000. Sin embargo, su discusión ha servido para plantear dos problemas que tienen justamente preocupados a todos los sectores de opinión. No somos los Diputados de Gobierno los que pudiéramos sentirnos menos preocupados que otros sectores, sobre el problema económico de los funcionarios del Poder Judicial y de los miembros de las Fuerzas Armadas, que también se ha debatido largamente esta noche, "a propósito" de la creación de la Corte de Apelaciones de Rancagua y de algunos Juzgados, a lo largo de todo el país. El problema de las remuneraciones, no sólo del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, sino que del magisterio, de los funcionarios de Correos y Telégrafos, del Registro Civil y, en general, de todo el sector público, es antiguo. Quisiera recordar esta noche, para no abundar en detalles, nada más que una referencia a la situación de los asalariados, hecha por el Senador de la Oposición, señor Carlos Altamirano, que no hace todavía un año decía que, entre 1940 y 1966... El señor PHILLIPS.- ¡ Es mal aval! El señor IRURETA.- No lo estoy citando como aval, sino que estoy buscando un testimonio. Su Señoría sabe que los testimonios de la contraparte producen plena prueba. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Honorable señor Phillips, ruego a Su Señoría guardar silencio. El señor IRURETA.- Decía el Senador Altamirano que el poder adquisitivo de los asalariados había disminuido, en nuestro país, a partir de 1940 en un 23%. Esta disminución en lo que tenga de verdadera es una acusación contra los gobiernos que ha tenido nuestro país después del año 1940, lapso en el cual han desfilado por él todos los partidos políticos. El señor PHILLIPS.- ¡ Sus Señorías también! El señor IRURETA.- De suerte que nosotros nos hicimos cargo de este antiguo problema, con la conciencia de que nos afecta a todos; y ningún gobierno como éste, según le consta a la Cámara, ha hecho un esfuerzo más serio y más responsable por disminuir la distancia que media entre lo que cuesta vivir a un funcionario de Estado, cualquiera que sea el sector de la Administración a que pertenezca, y lo que ganaba con anterioridad a este Gobierno. Sí, hemos acortado la distancia que hay entre lo que necesita ganar un funcionario v lo que realmente gana; y esta distancia se seguirá acortando de año en año. Sin embargo, ¿qué sucede? El señor MOMBERG.- Que ya comenzó la fatiga tributaria. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Momberg! El señor IRURETA.- Que a lo largo de este esfuerzo serio y responsable, que va corriendo a parejas con el desarrollo económico y social del país, que comprende beneficios directos para los asalariados, en educación, en salud, en viviendas y en otros rubros menores, que en otros países se imputan al mejoramiento de las remuneraciones, hemos sido flanqueados constantemente por los partidos de Oposición. Primero, en forma insistente, pollos Partidos del FRAP y, últimamente, polla Derecha y el Partido Radical. Persisten en un intento injusto de estimar pequeño, de estimar menguado, de estimar insuficiente todo el esfuerzo que el país, más que este Gobierno mismo, está haciendo por mejorar la situación de los funcionarios del sector público. No obstante, seguiremos en este esfuerzo por acortar distancias para aumentar cada vez más el bienestar de nuestros asalariados, tanto del sector público como del privado, no sólo aumentando las remuneraciones, sino que también disminuyendo el ritmo inflacionario; aumentando el desarrollo económico y la redistribución de la renta nacional, y haciendo tan sustanciales como la que se pone en marcha, a toda máquina, en estos instantes, la reforma agraria. En 1968, las Fuerzas Armadas tendrán un mejoramiento sustancial, como también lo tendrán, según declaración expresa del señor Ministro, el Poder Judicial, porque en este momento se hacen estudios que abren la posibilidad de que a comienzos del próximo año reciba un aumento importante en relación con su situación actual. Ahora paso a referirme en particular al discurso de nuestro Honorable colega Patricio Phillips. El Honorable señor Patricio Phillips, a propósito de este proyecto que crea la Corte de Apelaciones de Rancagua, ha abundado en expresiones de simpatía y de preocupación por el problema económico no sólo del Poder Judicial, sino de las Fuerzas Armadas. Es curioso; pero desde que el Gobierno emprendió la tarea de la reforma agraria, los representantes de la Derecha, a través de sus órganos publicitarios de todo el país, no pierden oportunidad de relacionar la reforma agraria con el problema económico de las Fuerzas Armadas. El señor MOMBERG.- Está equivocado. El señor IRURETA.- Yo no quisiera encontrar una segunda intención, ni ninguna otra cosa, pero la verdad es que cuesta trabajo no divisar en esta campaña derechista, que esta noche ha destacado tan auténticamente el Honorable señor Phillips, como Diputado de la Derecha que es, el ya viejo rencor por el poderoso esfuerzo de este Gobierno en pos de la reforma agraria, rencor que habitualmente se traduce en este intento de enfrentar en materia de remuneraciones a los organismos que tienen que llevarla adelante, en representación del Estado, con los servicios de las Fuerzas Armadas. Si en esto no hay un mal pensamiento, quiero creer que nunca los ha habido expresados de viva voz en los debates de esta Cámara; pero en todo caso no deja de ser sospechoso que cuando vemos convertidos en personaje nacional al coronel N.N.; cuando vemos deslizarse toda clase de rumores que significan el afán indisimulado de que en este país alguien saque la cara de un modo ilegal o inconstitucional en contra de los que estamos haciendo los cambios revolucionarios que el país necesita, venga aquí el Honorable señor Phillips a comparar los sueldos de los funcionarios del INDAP y de la CORA, con los de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial. Esto parece un intento más por crear desmoralización y desconfianza en torno del esfuerzo patriótico y serio que hace ef país por realizar la reforma agraria. El señor MOMBERG.- Su Señoría es una persona responsable como para que diga una cosa así. Está equivocado. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Honorable señor Momberg, le ruego guardar silencio. El señor IRURETA.- Nadie más responsable que el Partido Demócrata Cristiano. Por eso ha tratado, trata y seguirá tratando de mejorar la situación económica de las Fuerzas Armadas, en las que vemos, como todos los chilenos, un pilar fundamental de nuestra democracia; en las que vemos un sector postergado a lo largo de sucesivos gobiernos. Lo mismo ha sucedido con el Poder Judicial. Pero que se sepa bien: nosotros creemos que es falta de respeto a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial tratar ele halagarlos y derramar lágrimas de cocodrilo como lo ha hecho el Honorable señor Phillips esta noche, presentando un proyecto, en nombre del Partido Nacional, para "mejorar" la situación de estos servicios con menguados 52 millones de escudos que no existen en ninguna parte. Lo afirmo categóricamente. Este proyecto y su fundamentación que hemos oído es desmoralizante para la opinión pública. Desde luego, no mejora en nada la situación de las Fuerzas Armadas ni del Poder Judicial. Pretende mejorar las remuneraciones, excluidos los pensionados, en un 50% durante el segundo semestre de 1967. Y aquí está el primer error que yo estimo inexcusable en el Honorable señor Patricio Phillips, porque toda la Cámara sabe, y no lo digo por halagarlo, que es un Diputado documentado e inteligente. Sin embargo, esta noche nos viene a decir que las remuneraciones del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, entendiendo por tales las fuerzas en servicio, excluido los pensionados, suman en 1967 más o menos 208 millones de escudos. La verdad es que el Honorable señor Phillips comete un error elemental en esta afirmación, porque tomó un ítem del Presupuesto en el que figura como remuneración del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas una suma aproximada de 208 millones de escudos, pero olvidó que la ley de reajustes es posterior a la de Presupuestos, como olvidó también otras leyes que hay que tener presentes cuando se habla de remuneraciones del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas. Reuniendo datos a la carrera y más o menos en términos aproximados, con muy poco margen de error, los 208 millones de escudos no son tales, sino que hay que agregar otras cifras. Excluidos los pensionados, en 1967, las remuneraciones del personal de la Subsecretaría de Guerra, Marina y Aviación, suman B49 millones de escudos y las de Carabineros, 190 millones, lo que hace un total de 539 millones de escudos. Además, el Honorable señor Phillips no" podía tan fácilmente excluir a los pensionados de las Fuerzas Armadas, al medios por consideraciones de justicia, ya que no debería excluirse á nadie. En los estudios del Gobierno, esperamos que ninguno quedará excluido; pero ya que a la Derecha poco parecen importarle las consideraciones de justicia, quisiera recordarle al Honorable señor Phillips que hay algunas situaciones legales que su proyecto no podía eludir. Los pensionados de las Fuerzas Armadas en una proporción superior a la mitad están amparados por lo que se llama la jubilación "perseguidora", y todos los que gozan de ella se asimilan automáticamente a los beneficios de los que están en servicio. Para este efecto es muy importante tener presente cuánto suman las remuneraciones de los pensionados de las Fuerzas Armadas. Los de Defensa, tienen 290 millones de escudos este año; los de Carabineros, 170 millones. En total, 4>60 millones de escudos. Si sumamos las remuneraciones de guerra, marina y aviación, que ascienden a 539 millones de escudos, con los sueldos de los pensionados, que totalizan 460 millones de escudos, tenemos prácticamente mil millones de escudos. Si deducimos de estos últimos la mitad sé que son más de la mitad tenemos 230 millones, que reducen el total a más o menos 750 millones de escudos. Para el segundo semestre sería algo así como un importe de 375 millones de escudos. En consecuencia, la remuneración o bonificación, como se quiera llamarla del 50% que contempla el proyecto de la Derecha, que hemos conocido esta tarde a propósito de que crea la Corte de Apelaciones de Rancagua, suma la mitad de esta cantidad: 185 millones de escudos. ¿Y qué nos ofrece el Honorable señor Phillips? Un "financiamiento" de 52 millones. Si esto no es demagogia, si esto no es buscar pretexto para hablar contra la reforma agraria, contra los modestos e idealistas funcionarios del INDAP y la CORA, que tienen la grave responsabilidad patriótica de poner en marcha los planes de la reforma agraria, ¿qué significa esta chacota de faltarle el respeto al Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas con un proyecto que necesita un financiamiento cercano a los 200 millones? Pero quiero agregar algo más sobre los 52 millones. Un solo rubro, que está en estudio en los planes de financiamiento del Supremo Gobierno para el año próximo, en relación con las Fuerzas Armadas, y que recordara denantes nuestro Honorable colega Pedro Stark, comentando las palabras del Honorable señor Phillips, mejoraría la asignación de rancho en 40 escudos mensuales. El total por este rubro, sería de 35 millones de escudos más o menos. De suerte que el financiamiento propuesto por el señor Phillips, si existiera, apenas alcanzaría para mejorar el rancho de los servidores de las Fuerzas Armadas; y no sé para qué serviría en el Poder Judicial. Pero quiero seguir adelante. El financiamiento que el Honorable señor Phillips ha venido a proponernos esta noche provendría de un excedente de la Cuenta B2A, ingreso fiscal, sobre regalías y otros ingresos que se devengan de las acciones del Banco Central. En la ley de presupuesto este ingreso figura, como efectivamente lo afirmó el Honorable señor Phillips, contabilizado con 70 millones de escudos para el año 1967. Ese ingreso habría sido prácticamente cubierto en el primer semestre de 1967, de donde el Honorable señor Phillips supone que todos los ingresos provenientes del mismo rubro, en el segundo semestre de 1967, podrían destinarse a financiar los 52 millones de escudos de su proyecto. En todo caso, de existir, no alcanzarían para financiar su proyecto, que es, a nuestro juicio, demagógico, porque no cubre, en modo alguno, las necesidades reales de los miembros del Poder Judicial ni de las Fuerzas Armadas En cambio, si los cubrió, lo afirmo responsablemente, el que está estudiando el Gobierno para que empiece a regir desde el 1*? de enero del próximo año. Pero estos 70 millones de escudos, que figuran como ingresos en la ley de Presupuesto, forman parte de los cinco mil y tanto millones de escudos que constituyen el ingreso total del presupuesto. En consecuencia, no hay excedente, y si lo hubiera sólo lo sabríamos el próximo 31 de diciembre. En caso de haberlo, puedo afirmar responsablemente que, desde que este Gobierno asumió el poder, se destinaron a cubrir las deudas antiguas que tiene el Fisco con el Banco Central. Es historia sabida que en este país la deuda del Fisco con el Banco Central casi existe desde la fecha misma en que esta institución fue creada. Este es un Gobierno que está haciendo, dentro del cuadro general de su lucha contra la inflación, un esfuerzo serio por reducir las deudas que el Fisco tiene con el Banco Central. De suerte que no es posible pretender disponer de esas sumas, porque en el hecho no son excedentes, sino asientos contables que sirven para compensar operaciones entre el Fisco y el Banco 'Central. Pretender otra cosa es intentar el despacho de un proyecto sin financiamiento serio alguno. Por esto, nos parece a los Diputados democratacristianos que este proyecto no es serio, que es una falta de respeto a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial. El único intento serio es el que está haciendo el Supremo Gobierno, dentro del cuadro económico general que lleva adelante con gran esfuerzo y patriotismo, para mejorar, a contar del 1? de enero próximo, la situación de las Fuerzas Armadas, las que, como lo sabemos muy bien los Diputados de Gobierno y lo saben tocios los sectores responsables, ocupan un lugar de preferencia en las preocupaciones de Su Excelencia el Presidente de la República. Quiero agregar una última cosa, antes de terminar mis palabras. Los reajustes, en este Gobierno, son anuales. Este Gobierno se ha echado encima la responsabilidad de planear para cada año una política de precios, una política monetaria, una política crediticia, una política de sueldos y salarios. No nos parece serio que, en cada ocasión que les parece propicia, los partidos de Oposición pretendan alterar esas políticas del Gobierno, porque, en buenas cuentas, perjudican el esfuerzo por el desarrollo económico, por el desarrollo social y por la redistribución de la renta nacional, que es lo único que puede conducir al bienestar general de la nación y también al bienestar de los sectores públicos, tan afectados por su mala situación económica, hecha crónica a lo largo de muchos gobiernos, y no a lo largo de éste, en donde la distancia se ha acortado, como lo dije al comienzo. Es hora de que le pongamos término a la chacota y de que no olvidemos, cuales quera que sean las apreciaciones y los juicios que merezca la política del Gobierno, que éste es un Gobierno que está en guerra contra la inflación, en una lucha decidida por el desarrollo económico, por el desarrollo social, por el bienestar general de la población. Eso es todo. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el Honorable Diputado señor Rodríguez, don Manuel. El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Señor Presidente, en forma muy breve, quiero decir algunas cosas a los Honorables señores Phillips y Fuentes. Siempre nos sacan la CORA, el INDAP, la Promoción Popular, los asesores. Debemos terminar con esto. Los colegas saben perfectamente bien, en especial los Honorables señores Phillips y Fuentes, que para formar los grupos comunitarios estoy pensando en Malalcahuello, en Pichipellahuén, donde no hay micros y a algunas partes hay que llegar a caballo. Ese promotor, que a lo mejor no es culto, está ganando un vital para llegar hasta esos sectores, agrupar a los campesinos en comités y darles orientación en el sistema cooperativo. Estoy pensando, por ejemplo, en la zona de Trovolhue, que representa mi colega Honorable señor Fuentes, donde se están agilizando las cooperativas de agricultores y madereros, y en Toltén, donde los promotores del INDAP están organizando una cooperativa para instalar una bomba de la COPEC. A los campesinos, a los pequeños propietarios, este Gobierno les está dando la posibilidad de obtener créditos, especialmente a aquéllos que no tienen cuenta en el Banco del Estado. Los está haciendo participar en la comunidad. Creo que tenemos que tomar en cuenta estos hechos, fundamentalmente cuando se pretende comparar a los promotores del INDAP actual con los funcionarios del INDAP anterior. No quiero pelar al Gobierno pasado, pero tengo que sacar algunas conclusiones. En ese tiempo, había más de 400 vehículos a través de todo Chile y se trabajaban exclusivamente las ocho horas. Hoy, nuestros promotores trabajan hasta las 11 ó 12 de la noche, y los sábados y domingos, porque a esas horas y en esos días es cuando los campesinos están desocupados y cuando se puede hablar con ellos. En muchas partes, todavía no se han recuperado los vehículos que usó la Administración pasada. No se encuentran. Nunca habíamos querido denunciar esto, pero hay que decirlo ahora, cuando, con ocasión de este proyecto, se traen a colación estos hechos. El señor POBLETE.- No chacotee. El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Esto no es chacota, como dice el colega radical. Ellos también tienen experiencia de gobierno. Ahora, nosotros estamos en el poder y tenemos que actuar con responsabilidad, fundamentalmente respecto de aquellos chilenos incultos, que no saben leer ni escribir, que no tienen derecho a voto, que ni siquiera pueden votar por el Gobierno que los está ayudando. En esta situación está el campesino, el poblador. Esto quiero dejarlo en claro. Siempre se nos saca a los promotores, al INDAP, y a la CORA. A lo mejor, no lo estamos haciendo muy bien, pero la reforma agraria es un hecho y Sus Señorías le tienen miedo. En la Comisión de Agricultura, al final, el Honorable señor Ochagavía dijo que ellos creían que esta reforma había que hacerla. Pero no lo dijeron al principio, sino sólo .al final. Tampoco dijeron nada sobre lo que habían hecho los señores del Partido Nacional o sus administradores, que echaron a perder los terrenos, desgastaron las tierras, desquiciaron las propiedades. Esta es su responsabilidad económica en la agricultura. No se la vengan a achacar a este Gobierno, que está tratando de recuperar los suelos. He estado en Arica perdónenme que me extienda un poco en mis observaciones, donde se están recuperando los terrenos ocupados por las dunas, por el desierto, para incorporarlos a la agricultura chilena. A este esfuerzo que están haciendo los analfabetos, los campesinos, los pobladores, las organizaciones de base, debemos tenerle respeto en esta Cámara, porque cuando el pueblo, con educación, con derecho a voto, se pueda expresar libremente los partidos políticos estaremos realmente representados aquí. El señor MOMBERG.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MOMBERG.- Concedo una interrupción al Honorable señor Phillips. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, voy a empezar por lo que es más breve: por las palabras del Honorable señor Rodríguez Huenumán. Seguramente, si en vez de hacer ese viaje a Arica, se hubiera preocupado de estudiar el informe que debía dar a la Cámara... El señor RODRIGUEZ (don Manuel).- Me preocupé. El señor PHILLIPS.- ...no habría tenido que leer, letra por letra, el que hizo el Secretario. Pero a mí no me preocupan las palabras de Su Señoría. Voy a referirme a la serie de diatribas que he recibido de parte del Honorable señor Irureta. Creo que cuando a un hombre la providencia lo ha dotado de inteligencia, no tiene derecho a "farreársela", a usarla en desmedro de la gente que piensa distinto. Esta actitud la ha tenido permanentemente el señor Irureta, en la Cámara. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PHILLIPS.- Si el Honorable señor Mosquera desea una interrupción, se la doy. He tenido la paciencia de oír al Honorable señor Irureta sin hacerle ninguna interrupción, pese a todo lo que me dijo. Exijo el mismo respeto. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- El Honorable señor Irureta está en silencio respetuoso. El señor PHILLIPS.- Este procedimiento usado por el Honorable señor Irureta no es el "fair play" del Parlamento. Hace algún tiempo, frente a una huelga, cuando las galerías de esta Cámara estaban llenas de gente que trabaja en Madeco y en otras industrias del cobre, después de una intervención del que habla, hizo alusión a la compañía Phillips Brown. Indiscutiblemente, la compañía filial norteamericana tiene ese nombre. La gente de las galerías, por supuesto, la relacionó con el Diputado de apellido Phillips, presente en la Sala, sin saber que, no tengo nada que ver con la firma. Vino después el problema del acero. Entonces atacó al Honorable señor César Godoy Urrutia, imputándole lo que había pasado en tiempos de don Juan Antonio Ríos. El mismo procedimiento empleó hace una semana, cuando fue censurada la Mesa. Yo manifesté que no me parecía justa esa censura estaba pareado y no la voté, como al señor Presidente le consta, porque Su Señoría había recabado el asentiemiento de la Sala. Se lo advertí a un colega de mis filas. Pero hay ciertas cosas que no se pueden decir públicamente. Sabía que si lo hacía, sería pasado al Tribunal de Disciplina, como lo fui una vez por solidarizar con todos los Diputados. A mí no me asusta ser pasado al Tribunal de Disciplina; pero, si uno dice este tipo de cosas, no es de caballero hacerlas públicas para atacar una censura de la Mesa. Esta noche es la cuarta vez que esto ocurre. A mí no me asusta que se me venga a decir que incito a la sedición, porque me preocupo del problema de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Durante mi vida parlamentaria, me he preocupado siempre a mis colegas antiguos les consta del problema de las Fuerzas Armadas, cuando he sido gobierno y cuando he sido oposición. Tal vez por la formación que recibí en la Escuela Militar, tal vez por haber servido en las Fuerzas Armadas, tal vez por tener amigos en ellas, conozco perfectamente lo que ocurre en materia de sueldos. Si Un parlamentario tiene esa inquietud, ¿hay derecho a decirle que anda en sedición? El Honorable señor Irureta dice que la Derecha está en contra de la reforma agraria. Nosotros expresamos nuestro pensamiento; pero hemos visto y en esto teníamos razón que la reforma agraria se aplica a un sector y no a otro, que se hacen odiosas discriminaciones, que no se aplica a los democratacristianos. Tenemos nombres para probarlo. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Falso! El señor IRURETA.- ¡Délos! El señor PHILLIPS.- Le voy a dar uno inmediatamente. En la zona de Aconcagua, a la señora Nena Eastman se le ha expropiado su fundo y a su primo, que está al lado y que es democratacristiano, no se le ha expropiado. El señor IRURETA.- ¿Cómo se llama? El señor CARDEMIL.- ¡Estará bien explotado el fundo! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡ Ruego a los señores Diputados guardar silencio! Honorable señor Phillips, el Honorable señor Irureta le solicita una interrupción. El señor PHILLIPS.- No se la concedo. Voy a continuar mis observaciones. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Cardemil! El señor PHILLIPS.- Los nombres que estoy dando son de conocimiento público y se pueden comprobar cuando se quiera. Yo no disparo arteramente ni supongo intenciones. Hablan varios señores Diputados a lo, vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio! El señor VIDELA.- ¡No debe ser explotador el primo! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Videla! El señor PHILLIPS.- Cuando una iniciativa legal nace de un sector que no es el democratacristiano, es mala, y si existe la posibilidad de plagiarla, se llega a ello, como ha ocurrido en la Comisión de Hacienda con cierto tipo de indicaciones y de proyectos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PHILLIPS.- Creen que nuestro país nació el 4 de noviembre de 1964 y que antes no se hizo nada. ¡Incluso la Independencia de Chile fue realizada por la Democracia Cristiana... ! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PHILLIPS.- Manifiestan que todo es oposición. Jamás han tenido en el Congreso la Oposición violenta que tuvieron otros gobiernos, otros regímenes presidenciales. Han sacado su "viga maestra" y todas las leyes que han querido, con ayuda nuestra y de otros sectores. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- ¿La reforma constitucional? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Sepúlveda! El señor PHILLIPS.- No tienen derecho a decir que la Oposición obstruye. El país no lo cree. Tienen mayoría parlamentaria, y si saben actuar con inteligencia, pueden conseguir lo que quieran. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- ¿En el Senado? El señor PHILLIPS.- ¡ No vengan a decir al país que no tienen mayoría de votos en el Parlamento! El señor VIDELA.- ¿Cuánto vale la "inteligencia" ? El señor MOMBERG.- Estamos en un sistema democrático... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Honorable señor Momberg, Su Señoría no puede hablar. El señor MOMBERG.- ¿Por qué no? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Porque ha concedido una interrupción. Risas. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, el señor Irureta ha manifestado... El señor DAIBER.- ¡El "Honorable" señor Irureta! El señor PHILLIPS.- ¡Sus Señorías lo suprimieron! El señor DAIBER.- Aún no. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Daiber! El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, cuesta mucho manifestó el Honorable señor Irureta no vislumbrar un signo de rencor, poniendo en el pensamiento de uno que fuera golpista, nacista o inclinado a la sedición. A quienes tenemos una formación democrática esto nos hiere en lo más profundo de nuestro ser. Lo digo honradamente esta noche. No tiene derecho el Honorable señor Irureta a venir a dudar de nuestra democracia. Porque si alguna vez hubiera visto una actitud de nosotros en este sentido, podría decirlo. Sobre esto reclamo las reglas del "fair play" a que me refería en un comienzo, frente a esas cuatro oportunidades. Yo no tolero esto y protesto por ello, como cualquier ciudadano. No se puede hacer así no más la imputación de ser sedicioso, golpista o nacista. Cuando pretendemos dar un financiamiento, se nos quiere dictar cátedra. No se acepta nunca una insinuación si nace de la Oposición. Esta es la prepotencia que pierde al partido de gobierno. No hay nadie en la tierra que sea depositario de la verdad absoluta; no hay nadie en este planeta. Porque Dios, decimos, está en los cielos y no se puede equivocar; pero no es posible creer que uno es tan necio como se ha querido hacer aparecer esta noche al que habla. Quiero manifestar que ha habido reajustes por el "ancho de la manga", como hubo en Correos y Telégrafos, cuando se dio determinada suma para arreglar el escalafón. Eso no lo puede negar nadie. El señor IRURETA.- ¿Cuándo? El señor PHILLIPS.- En seguida, está por vencer el plazo para reestructurar la planta de la "ETC", donde sabemos que se mejoran las rentas al cambiar de categorías al personal, porque antes se ha hecho lo mismo, por "a" o por "c" razones ; se sabe que la corrida de grados significa mayores rentas. Es indiscutible que sentimos preocupación por el personal del Poder Judicial. Supongo qiva no será sedición querer aumentar la renta de los jueces. Pero cuando se trata de aumentar la de Carabineros y Fuerzas Armadas, ya se entra en ese otro criterio. Porque estamos conscientes, tan conscientes, que el propio Presidente de la Cámara propició un proyecto con financiamiento para hacer casas para el Poder Judicial de Chile. Naturalmente que el Honorable señor Lorca no está cometiendo sedición por apoyar la construcción de casas para los jueces. En cambio, resulta que queremos poner en parangón a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial por oponernos a lo que es la reforma agraria. ¡Si a nosotros no nos asusta la reforma agraria! Estamos conscientes de la ley que despachó el Congreso. Queremos que se aplique con justicia. Pero no hoy y no a través de proyectos de mejoramiento de sueldos y salarios. Porque se nos califica de demagogos, de sediciosos y de atentar contra el país, contra la democracia si presentamos alguno. Yo, como me jacto de tener buena memoria, algunas veces me acuerdo que, en campañas electorales anteriores, en todo el centro de Santiago había letreros de tocuyo verde que decían: "Cumplieron con los gremios. Vota por Gumucio o Musalem para Senador". Estos dos actuales Senadores, cuando eran Diputados, apenas iniciada la legislatura ordinaria, presentaban proyectos para aumentar al doble el reajuste de los sueldos y salarios del sector privado. Sin embargo, nunca ningún Gobierno, ni nosotros, los catalogó como sediciosos ni como demagogos. Aquí están las versiones de los discursos. Ellos tenían esa inquietud y su propaganda estaba basada en esas cosas. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Hay reajuste del 100% del costo de la vida. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Valenzuela Valderrama! El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, estoy consciente de que el proyecto que presenté esta tarde podía tener su origen en una moción, sino que en un Mensaje. Por eso, pedí que se enviara al Ejecutivo para que lo estudiara. Se pueden revisarlas versiones para ver qué dice este proyecto que ha producido tanto escozor, tanta molestia y tanta diatriba. ¿Qué dice? ¿Por qué se ha de cambiar el contexto de lo que uno escribe o dice? A no ser que se tenga mala intención. Yo nunca hablé de tomar en cuenta el aumento de la ley Nº 16.617, sobre reajuste de sueldos y salarios. El proyecto que se mandó al Gobierno para su estudio dice que el aumento se tomará de la Ley de Presupuestos, o sea, no está incluido el reajuste de sueldos y salarios, porque si uno se está refiriendo a la Ley de Presupuestos y la de reajustes de remuneraciones es posterior, lo lógico es sacar la cifra según la Ley de Presupuestos. No puede tomarse, en consecuencia, lo que establece la ley general de reajustes de sueldos y salarios, porque es posterior a la Ley de Presupuestos. En seguida, se concede esta, bonificación de estímulo al personal que está en servicio activo en el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque lo primero que iban a pensar era que se pretendía arreglar el problema de los Diputados, y lo iban a decir en una radio en que permanentemente se ataca a los parlamentarios. De eso se trataba. No era la intención incluir al Poder Legislativo en este proyecto. El está excluido en forma expresa. ¿Se van a tomar los quinquenios? No, señor. No lo dice. ¿Se van a tomar una serie de franquicias que ellos tienen? Tampoco se dice. Se expresa sólo "lo que aparece en la Ley de Presupuestos como sueldo". Si se revisa la Ley de Presupuestos de 1967, se puede apreciar que figuran las cantidades que se indican en la exposición de motivos. Lo menos que le puedo pedir a una. persona que se ha pensado que habla de sedición, de golpe, etcétera, que mejor no entro a calificar, es que sepa sumar. Si se atiene a lo que está de manifiesto en esto, es indiscutible que las sumas cuadran. Se ha, dicho, más adelante, que esta plata no existiría. Esta afirmación es bastante delicada, porque yo estimo, responsablemente, que esta plata existe. Estas fueron mis palabras textuales. Y creo que la plata tiene que existir, porque el excedente de esta cuenta del Banco Central de Chile ha sido usado en oportunidades anteriores. Me alegro de que esta noche esté en la Sala mi Honorable colega señor Cademártori, porque cuando el Gobierno anterior destinó ese excedente a. las Fuerzas Armadas, pronunció un gran discurso en contra de esta teoría. Además, cuando se realizaron obras de adelanto en la provincia de Cautín en el período pasado, también se financiaron con los excedentes de esta, cuenta. El Gobierno ha fijado para esta cuenta una entrada de 70 millones de escudos; pero resulta que en los seis primeros meses de este año ya se han acumulado sesenta y siete puntos y tantos millones de escudos. El señor IRURETA.- Esperemos hasta el 31 de diciembre. El señor PHILLIPS.- En consecuencia, habrá que ver el superávit que se está indicando, porque el Banco Central de Chile no va a apurar sus operaciones a no ser que el Gobierno esté emitiendo en contra de esta plata que está empozada en dicho Banco, o pagando emisiones anteriores. El señor IRURETA.- No puede emitir. El señor PHILLIPS.- Podría hacerlo, ya que se dijo que no iba a hacer emisiones y se han hecho. El señor IRURETA.- Se hacía en los Gobiernos anteriores, no en el actual. El señor PHILLIPS.- No sé por qué se pierde la calma. Ha habido diarios y revistas de este país en los cuales se ha publicado el número de emisiones inorgánicas que se han hecho. No le hago ningún cargo al Gobierno sobre esto. Puede ser que en determinada oportunidad ciertos ingresos que se calcularon no hayan entrado y haya recurrido a una emisión y, después, con el recaudo de impuestos, haya procedido a retirarla, como ocurrió el año pasado; es una forma de barajar el presupuesto. No es una crítica. Pero pudo habérsele dado este destino; digo esto, porque hace seis meses que estoy pidiendo, a través de la Oficina de Informaciones, antecedentes sobre la. forma en que se ha usado la cuenta única, pues es indiscutible que el traspaso de la cuenta única a otras actividades es inmenso. Y no he logrado por ningún medio, ni, incluso, por la Oficina de Informaciones, que se me den tales informaciones; ni tampoco a través de la Contraloría. No le puedo suponer intenciones al Banco Central ni al Gobierno. No hago juicios temerarios ni me aventuro a suponer intenciones como ocurre con mi colega contradictor. No sé qué destino puede habérsele dado a este dinero; lo lógico es que esté empozado en la cuenta que corresponde. Este superávit tiene que quedar, a no ser que por ley se le dé destino o, de lo contrario, el 31 de diciembre pasará a rentas generales de la Nación, de acuerdo con la disposición legal sobre la cuenta única. En consecuencia, se financiaría este reajuste, mediante el cual el señor Irureta pretende que yo le hago una ofensa a las Fuerzas Armadas. Esto tiene sin cuidado a un hombre que perteneció a sus filas y que no salió por golpista ni porque lo hubieran echado; sino por el contrario. Referente al "rancho" que se quiere dar, como "el chocolate del loro", no cuesta 50 millones como aquí se ha dicho, sino que solamente 12. Tengo los antecedentes completos y le puedo decir que el proyecto de reajuste que mandará el Gobierno tampoco llegará a la suma que ha indicado Su Señoría. De 990 millones, y reduciendo esto al 50%... El señor IRURETA.- ¡No he dicho eso! El señor PHILLIPS.- ...alcanzará a. los 250 millones de escudos, que es justamente lo que estoy solicitando para las Fuerzas Armadas. Pero como el problema no es "apretarse el cinturón" hasta el l9 de enero con la esperanza, era lógico que, habiendo fondos, se pudiera dar esto como una bonificación, en la forma en que la recibe el resto de la Administración Pública por dedicación exclusiva, como la tienen los técnicos. Porque, ¿quién dice que nuestros oficiales, de los institutos, de la Academia de Guerra., no son tan técnicos como un topógrafo, un ingeniero o un agrónomo? Indiscutiblemente que sí, señor Presidente. El señor IRURETA.- ¡ Como la gente de grandes empresas, que ganan 15 a 20 millones de pesos mensuales... El señor PHILLIPS.- ¡No le oigo! El señor IRURETA.- ...de las cuales Su Señoría no habla nunca! El señor PHILLIPS.- ¡No le oigo! ¿Qué es lo que ha dicho? El señor IRURETA.- Si me da una interrupción, se lo repito. El señor PHILLIPS.- ¿Qué dijo? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Phillips! El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, cuando digo algo, yo estoy acostumbrado a decirlo de viva voz y no a media voz... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Honorable señor Phillips, ¿le concede una interrupción al Honorable señor Irureta? El señor PHILLIPS.- ¡No se la doy, porque no la merece! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Le concede una interrupción al Honorable señor Irureta? El señor PHILLIPS.- ¡No le voy a dar interrupciones! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En realidad, Su Señoría tampoco puede conceder interrupciones... El señor PHILLIPS.- ¡Mejor todavía! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Sólo podría consultar al Honorable señor Momberg, que está a su lado y le concedió una interrupción, si podría dársela al Honorable señor Irureta. El señor PHILLIPS.- ¡No me daré esa molestia! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Termino, señor Presidente, manifestando mi desagrado por la forma en que un hombre, a quien creía inteligente, ha hecho uso de eso que la Providencia le ha. dado, esperando que en el futuro lo use para construir y no para denigrar. Nada más, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Momberg. El señor MOMBERG.- Señor Presidente, la verdad es que hoy día hemos sido bastante vapuleados... Un señor DIPUTADO.- Era tiempo ya. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MOMBERG.- Ya estamos acostumbrados. El día de mañana dirá si estábamos justificados o no. Señor Presidente, quiero aprovechar la presencia del Honorable señor Fernández en la Sala, porque recuerdo que, con ocasión de la exposición que hizo antes de la comida, dio una lista con respecto al proyecto en discusión, y solicitó el acuerdo de la Sala, cuando hubiera número, para que se insertara en la versión una información sobre el Poder Judicial. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Un cuadro. El señor MOMBERG.- Un cuadro especial. Ruego, señor Presidente, pedir la autorización necesaria para insertarlo, por una razón muy sencilla y no por el propósito de favorecer al Honorable señor Fernández, sino porque, en realidad, en esta oportunidad es conveniente que el Poder Judicial conozca los datos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para insertar en la versión oficial el cuadro estadístico relacionado con el Poder Judicial que mencionó el Honorable señor Fernández en su discurso. ¿Habría acuerdo? Acordado. El documento a que se refiere el acuerdo anterior aparece en el texto del discurso del señor Fernández. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor MOMBERG.- El hecho de ayudar al Honorable señor Fernández en su petición se debe a la conveniencia de que el personal del Poder Judicial se imponga de esos datos. Porque resulta que las cifras emanadas de ese informe indican que, prácticamente, casi no tendría justificación la inquietud que existe, en estos momentos, en el Poder Judicial. La forma cómo el Gobierno ha aumentado, durante este año y en el anterior, los sueldos del Poder Judicial, demuestra, según Su Señoría, que la inquietud exteriorizada por los miembros de dicho Poder, evidentemente, no se justifica. Los datos en este momento suministrados por al Honorable señor Fernández, revelan que sus sueldos son tan magníficos, que ganan tanto, que uno llega a la conclusión de que es por otros motivos y no por la situación económica por lo que están, en este momento, un poco inquietos. Por eso, es conveniente que el Poder Judicial se imponga., a través de un Diputado democratacristiano, sobre cuál es la opinión del Gobierno con respecto a ellos. Si los sueldos aparecen aumentados en una proporción superior a la de cualquier otro Gobierno no me interesa siquiera fijar la medida más de alguien podría preguntarse por qué el Poder Judicial está inquieto; si el Gobierno anterior les aumentó sus sueldos 2 ó 3 veces y éste los ha aumentado 6 veces, vale decir, numéricamente se han doblado o triplicado, resulta que su poder adquisitivo no ha subido en la misma proporción. O es el mismo o ha aumentado en una mínima parte. Es distinto jugar con los números que jugar con los billetes cuando se quiere comprar, comer o "respirar", en buenas cuentas. Esta es la diferencia que existe en el aumento numérico de esos sueldos. También quiero referirme, en pocas palabras... El señor VIDELA.- ¿Me permite una interrupción? El señor MOMBERG.- ... al planteamiento ... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Pedro Videla le solicita una interrupción. El señor MOMBERG.- Una vez que termine. La interrupción que concedí fue bastante larga y no quiero perder la ilación de mis ideas. El estimado colega Irureta, con su característica fuerza y "punch" para criticar al Gobierno anterior, sobre todo a la Derecha, mencionó una palabra que no nos gusta mucho y que es "sedición". Voy a repetir algunos conceptos de mi Honorable colega señor Phillips. Se dice "sedición" como si la Derecha estuviera proponiendo, a través del proyecto del Honorable señor Phillips, un proceso de inquietud en las Fuerzas Armadas. Da la impresión que quisieran decirnos: "Tengan cuidado, porque ustedes pueden producir algún conato, alguna situación revolucionaria en este país democrático hasta ahora". La verdad de las cosas es que está muy lejos de nuestro ánimo siquiera decirles a las Fuerzas Armadas que estamos con ellas, que nos amparen para que no nos quiten las tierras con la Reforma Agraria, ni nos pidan más con la reforma tributaria. Eso de decir que nuestra actitud es demagógica no viene al caso. Creo que es más demagógico el planteamiento del Honorable señor Irureta, al referirse, en la forma en que lo ha hecho, en esta oportunidad, al problema de las Fuerzas Armadas. ¡ Es como para no creer en la capacidad que las Fuerzas Armadas tienen! ¡ Es insultarlas el que un Diputado de Gobierno de la calidad del Honorable señor Irureta suponga eso! De todas maneras, junto con el colega Phillips, creemos en la capacidad de Su Señoría. El señor PHILLIPS.- Ya no creo. El señor MOMBERG.- Entonces, no en ella. Yo la voy a confirmar después con él Risas en la Sala. El señor MOMBERG.- Yo creo que el problema está mal enfocado. Las Fuerzas Armadas, evidentemente, constituyen un cuerpo bastante colocado en sus cabales, en su responsabilidad frente al proceso del Gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las Fuerzas Armadas sabrán aquilatar no el señor Irureta la finalidad nuestra, que es dar un aumento de remuneraciones a su personal, porque su situación económica está deteriorada. En una revista, cuyo nombre no recuerdo, leí que el Comandante en Jefe del Ejército, el General señor Luis Miqueles, dijo, a propósito de la situación en que se encontraban las Fuerzas Armadas, que ni siquiera podía educar a sus niños en una escuela que estuviese de acuerdo con lo que merecen, porque su sueldo no le alcanzaba para llevar una vida que correspondiere a su categoría de Comandante en Jefe de una de las ramas de las Fuerzas Armadas de Chile. No recuerdo en qué diario salió esta declaración. Un señor DIPUTADO.- En todos los diarios. El señor MOMBERG.- Si el mismo Comandante en Jefe del Ejército tiene estos problemas, es por la situación económica de nuestra oficialidad. De manera que nosotros sólo estamos creando la posibilidad de otorgar mejores rentas a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros. Respecto de Carabineros de Chile, por ejemplo, ¿quién no está consciente del problema de la escasa dotación de personal que existe en provincias y aquí mismo en Santiago? Si recorren las calles en la noche, se encontrarán con que sólo hay un par de carabineros vigilando. ¡ Pero en pleno centro están "cogoteando" y robando automóviles! ¿ A qué se debe el que la gente, en este momento, esté desquiciada en este país? ¿Por qué existe una cantidad tan enorme de "monreros", y de individuos de conducta antisocial, los cuales se están desplazando hacia el centro de la capital? Porque saben que no existe la suficiente cantidad de carabineros para resguardar el orden. Un señor DIPUTADO.- Como los del café "Coppelia". El señor MOMBERG.- Yo pregunto: ¿no es conveniente que se solucione también este problema? Creo que, por ventura, el Cuerpo de Carabineros dispone de plazas y es de toda conveniencia que sean ocupadas; pero, por los bajos sueldos que tienen asignados, ya nadie quiere ingresar en Carabineros. Lo que antes era un honor y una buena oportunidad, hoy día no atrae, por falta de una buena remu ración. Las condiciones no son las mismas; ya no hay postulantes. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Sí, los hay! El señor MOMBERG.- Entonces, quiere decir que existe una gran cesantía en el país. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? El señor IRURETA.- ¡ Hay menos cesantía ! El señor MOMBERG.- ¡ Ah, no hay tantas! ¡ Me olvidé que estaba discutiendo con Su Señoría! Creo que las Fuerzas Armadas y Carabineros necesitan mejores sueldos para poder resguardar un poco el orden en este país. Antes de terminar, quiero tocar un punto que me extraña profundamente, Denantes se nos lanzó un epíteto un poco duro, un poco fuerte, en respuesta a una afirmación nuestra sobre este Gobierno, opinión que debo repetir. Creo que los Honorables colegas de la Democracia Cristiana, después de estos dos años y medio o tres años que están gobernando, están conscientes de que hay inquietud en el país; saben que hay descontentos con el Gobierno, que hay descontento en las instituciones gubernativas, que hay descontento contra los parlamentarios de Gobierno. Yo pregunto una cosa : ¿qué mejor oportunidad se le presentó a la Democracia Cristiana, que cuando contaron con el apoyo de liberales y conservadores, hoy día Partido Nacional; cuando nos trataron como caballeros, como gente respetable, como personas honorables, porque les ayudamos a elegir el Presidente de Chile? Nosotros concurrimos con nuestros votos no porque el candidato era democratacristiano; no porque pudiera tener un programa; no, incluso, por nuestro estimado amigo personal señor Frei. No, señor Presidente, nuestro partido en esa oportunidad liberales y conservadores lo hizo por una razón muy poderosa: porque estábamos viendo, en Chile, muy cerca de nosotros, al comunismo. Por eso, concurrimos con nuestros votos a apoyar al señor Frei. Pero, ¿qué sucede hoy día? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MOMBERG.- ¡ Si van a ganar, no se preocupen! ¡Ya les va a tocar! ¿Qué ha sucedido? Que se han "farreado" tres años de un proceso democrático en Chile. Se los han "farreado", porque han desquiciado al pueblo y lo han estado llevando hacia el marxismo. A la derecha como se ha dicho la han estado atacando infundadamente. También están profundamente equivocados respecto de cuál será el proceso que se gestará en Chile el año 1970, si es que llegamos a tener elección; es decir, habrá elección si no llega el marxismo. Nosotros hemos declarado por principios doctrinarios, porque somos honrados y porque nunca nos vamos hacia donde más nos convenga, que el Partido Nacional, constituido por ex liberales y ex conservadores, es antimarxista; siempre hemos sido anticomunistas y lo hemos declarado en reiteradas oportunidades y en cada ocasión que tenemos de reafirmarlo, lo hacemos : somos antimarxistas, somos anticomunistas; queremos que siga rigiendo en Chile un régimen democrático, como el que, en este momento, tenemos con el señor Frei; como el que ayer tuvimos con el señor Alessandri y los tuvimos anteriormente con los Gobiernos del Partido Radical. Esperamos que la gente democrática d.e Chile y la que no quiere comunismo, la que no desea que, en un momento determinado, aparezca un señor Fidel Castro, porque querernos... Un señor DIPUTADO.- , Heil Hitler! El señor MOMBERG.- No, señor Diputado ; yo fui antihitlerista. Quiero recordar al señor Castro, a ese hombre que recibió ayuda de los Estados Unidos, a quien nosotros aplaudimos y del que dijimos "que siga adelante con su revolución", porque iba a llamar a elecciones en algunos meses más... Han transcurrido más de seis años y no se sabe cuándo se efectuarán. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Independiente. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- He concedido una interrupción al Honorable señor Irureta. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Irureta. El señor IRURETA.- Quiero ser muy breve, señor Presidente. Por supuesto que no me esperaba, ni tampoco la Honorable Cámara, que esto se convirtiera en un problema personal entre el señor Phillips y yo. A pesar de todo lo que ha dicho, él sabe que lo estimo, pasando por encima de lo que ha manifestado esta noche en mi contra. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Cademártori! ¡Honorable señor Tejeda! El señor IRURETA.- Naturalmente, tengo derecho a expresar que no nos parece una casualidad que, a lo largo de dos años, los sueldos de los modestos funcionarios del Estado del sector agrario, del Ministerio de Agricultura, de la CORA, del INDAP, sean siempre puestos en el tapete de la discusión cuando hay que hablar de, problemas económicos de otros funcionarios del Estado y, en especial, del problema económico del Magisterio, del Poder Judicial o de las Fuerzas Armadas. Y habríamos deseado y quiero advertirle al señor Phillips que lo que voy a decir ahora no lo escuchó o no quiso escucharlo antes que él o cualquiera otro personero de la Derecha se lamentara, cuando se habla de la mala situación económica del Poder Judicial o de las Fuerzas Armadas, de la que todos los chilenos nos condolemos en primer lugar, el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano haciendo referencia a las grandes rentas de los ejecutivos de firmas poderosas, que el señor Phillips o cualquier chileno medianamente enterado puede conocer; de gerentes que ganan quince o veinte millones de pesos mensuales; o que alguna vez se hubiese propuesto aquí por la Derecha alguna sanción económica para los que evaden tributos o realizan ciertos negocios, como los que denunció el colega Gustavo Ramírez hace un par de semanas, para poder financiar, con cargo a esos sectores, estos aumentos a que tan legítimamente aspiran las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. ¡No! Siempre tiene" que ser el promotor del INDAP o los funcionarios de la CORA y siempre tienen que ser los empleados del Ministerio de Agricultura, a quienes, hace apenas dos años, recibió este Gobierno ganando míseros sueldos, y un poco más que míseros sueldos en algunos casos con el subterfugio de las horas extraordinarias, que no se crearon, precisamente, en este Gobierno. ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué negarnos a nosotros el derecho a denunciar, como un combate, como un rencor permanente contra la Reforma Agraria, cuando está a la vista, no sólo por las palabras del señor Phillips, sino también en publicaciones que todos los días emiten todos los sectores de Derecha de nuestro país? ¿Quién no oye alguna radio, o no lee revistas o periódicos como para ignorar que el proyecto que ha presentado la Derecha esta noche, aquí ert la Cámara, y lo que esas publicaciones pretenden, son lo mismo? Indudablemente, hay una lamentable coincidencia que nosotros, Diputados democratacristianos, no podríamos silenciar. Por eso, señor Presidente, yo no quiero que se vea en mis palabras el afán de ofender a nadie; pero, sí, quiero que se vea nuestra decisión de denunciar cualquiera expresión, cualquiera actitud que pretenda causar desmoralización en la opinión pública de nuestro país y, sobre todo, en los sectores más afectados por la situación económica a que han estado sujetos no durante tres años, sino a lo largo de decenas y decenas de años; ésa es la clara intención de mis palabras; ése es el sentido exacto. Y por cierto parece innecesario que tenga que repetirlo una vez más no hay nadie más preocupado en este país del bienestar y de la seguridad de nuestros profesores, de los magistrados y de nuestras Fuerzas Armadas, que el Gobierno que rige, hoy día, los destinos de Chile, y el partido que lo apoya. Así, cuando ahora se nos viene a proponer, para mejorar la situación económica de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, un financiamiento de 52 millones de escudos que, vuelvo a afirmarlo, no existe y que el señor Phillips sabe, o debiera saber, que no existe no nos parece una actitud seria, y mucho menos si se pone en un mismo plano a los promotores del INDAP y a las Fuerzas Armadas. Eso es todo lo que quería decir. El señor PHILLIPS.- Pido la palabra, señor Presidente, El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el señor Héctor Valenzuela. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Concedo una interrupción al Honorable señor Videla, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Videla. El señor VIDELA.- Señor Presidente, aunque creo que puede haber pasado un poco la oportunidad, de todas maneras no quiero dejar sin responder algunas aseveraciones de mi estimado colega y amigo señor Momberg, a quien conozco desde hace muchos años, desde que llegara a esta Cámara en manos de un movimiento popular, de un movimiento con características de Izquierda, del movimiento del General Ibáñez... El señor MOMBERG.- ¡Jamás... ! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor VIDELA.- Pues bien, desde esa época, veo que él sigue retrocediendo, siempre más hacia la línea en que ahora está. El señor MOMBERG.- ¡ Fui contrario al régimen del señor Ibáñez! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor VIDELA.- En este instante, lo veo en una línea, que no es la que yo le he conocido en mi vida. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Momberg! El señor VIDELA.- Señor Presidente, deseo extenderme en algunas de las ideas expresadas por mi Honorable colega. Su Señoría es partidario de que se publique en el extracto de la sesión el cuadro presentado por el Honorable colega señor Fernández; y dice que es partidario de ello, porque los números son una cosa y las expresiones son otra. Agrega que las expresiones que se han emitido respecto al régimen anterior se refieren al hecho de que había entonces alzas equivalentes a tres sueldos vitales, en tanto que en el actual Gobierno, hay alzas de un monto de seis sueldos vitales; pero que es diferente el poder adquisitivo de ellos en uno y otro caso, pues en el Gobierno anterior, siendo las alzas más chicas, el poder adquisitivo del sueldo vital era mayor; en cambio, en éste, a pesar de ser mayores las alzas, el poder adquisitivo es menor. Y Su Señoría, que habla de números y matemáticas, no me explica cómo, en un régimen político en el que el alza del costo de la vida llegó hasta un 50% en un año en el presente lo estarnos bajando de 20% el poder adquistivo del sueldo vital pudo ser superior al de ahora. Eso no se lo explicará nadie, dentro de las normas de las matemáticas. También dice que la historia nos juzgará. Creo que al Partido Nacional, en realidad, la historia ya lo ha juzgado. Y no sólo ella, sino también el pueblo de Chile. Ellos deben saber que ya no tienen ninguna posibilidad, ni en la historia ni en el corazón del pueblo, de volver a constituir una mayoría. Por último, debo recordar que sus miembros han dicho que ellos nos apoyaron "por miedo a Allende". Así lo han declarado públicamente. Eso es lo escuché en las calles de Chile y en montones de pueblos en que viven los latifundistas. Conversando con ellos, me decían que, por primera vez en la vida, iban a apoyar a Chile, porque "si con Frei nos van a cortar los brazos, con Allende nos cortan el pescuezo." Bueno, ahora, con una ley de reforma, agraria que ni siquiera comienza, están muertos de susto. No quieren que les cortemos, no ya los brazos, sino ni siquiera 1 las uñas, ni que les saquen nada. Creen que por el hecho de haber apoyado a Frei, éste, como Presidente de la República, les iba a dar todo lo que siempre habían conseguido. Si es esto lo que va a ocurrir en el próximo período presidencial, quisiera que lo pensaran dos veces, que lo pensaran fríamente y que durmieran "con las botas puestas". Y que no nos apoyen de nuevo, si creen que con su adhesión van a hacer lo que quieran con el pueblo y con los chilenos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Terminó Su Señoría? El señor VIDELA. Sí, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Valenzuela Valderrama. El señor TEJEDA.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tejeda. El señor TEJEDA.- Estamos tratando la creación de la Corte de Apelaciones de Rancagua, y a este proyecto me voy a referir; pero, antes, quisiera refutar, muy brevemente, algunas observaciones del distinguido colega señor Isla. El Honorable señor Isla, que parece tenerle cierta alergia a la lectura ostensiblemente se la tiene a los clásicos, dada la forma de su intervención se extrañó de que yo haya leído la mayor parte de mi exposición. Posiblemente, él pretendía que le recitara de memoria algunos acápites del Mensaje del señor Frei, los editoriales de "El Mercurio" y los fallos de los Tribunales y de las Cortes de Apelaciones del Trabajo, como, igualmente, de la Corte Suprema. Esa es una tarea superior a mis fuerzas. Recitar estas cosas de memoria no puedo hacerlo; de modo que le presento a mi distinguido colega mis excusas. En seguida, ello me ha permitido conocer también otras facetas de la personalidad de mi distinguido colega señor Isla. Yo lo conocía como internacionalista brillante y como constitucionalista de nota. Ahora lo conozco como humorista. En efecto, él dice, si no me equivoco, que los comunistas hemos gobernado a Chile. Bueno, esto no estaba en mis libros. Seguramente él se ha querido referir al par de meses, a aquellos dos o tres meses del año 1947 en que tuvimos algunos Ministros. ¿Cree alguien que, por ese hecho de tener dos o tres Ministros en el Gobierno, debimos haber solucionado en 1947 los problemas que planteara la Convención de Jueces en 1967? Si esto no es humorismo, no sé lo que es... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TEJEDA.- En seguida, en otro rasgo de humorismo, sostuvo que nuestra posición era exactamente igual a la del diario "El Mercurio". En realidad, con expresiones de mi amigo don César Godoy Urrutia. "El Mercurio" es "la yegua madrina del Gobierno" y ha sido, muchas veces el altoparlante del propio señor Isla. Recuerdo, que, a raíz de la última elección de Rancagua, el señor Isla hizo unas declaraciones que agradaron mucho a "El Mercurio", por lo cual las publicó en primera página. Dijo lo mismo que la Derecha: que para salvar a Chile del marxismo no queda más que la unión sagrada de "momios" y democratacristianos... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TEJEDA.- También, en otro rasgo de humorismo, mi distinguido colega... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Me permite, Honorable señor Tejeda? Su Señoría habrá observado que la Mesa no le ha llamado la atención, a pesar de no estarse refiriendo a la Corte de Apelaciones de Rancagua, en circunstancia de que esta sesión es para ocuparse del proyecto que crea esa Corte, y del Poder Judicial. El señor CANTERO.- Se acuerda un poco tarde el señor Presidente. El señor TEJEDA.- Ya voy a llegar, como se dice, a Rancagua... El señor GODOY URRUTIA.- ¡Ya va a entrar! El señor TEJEDA.- Finalmente, el señor Isla pretendió esto me duele un poco que yo no habría sido verídico en las afirmaciones que hice durante mi discurso anterior. Eso no se lo acepto, porque cada una de las afirmaciones que formulé las fundamenté en sus fuentes oficiales, las cuales también mencioné. Incluso, las expresiones del señor Frei y los datos fueron tomados del Mensaje Presidencial. Me di el lujo de citar hasta la página en que figuraban. Los editoriales de "El Mercurio" que mencioné los cité también con indicación de la fecha del día en que se publicaron. La hora no me consta, por eso no la pude citar. Ahora, llegando a Rancagua, para satisfacción del señor Presidente, debo decir que, en general, nosotros votaremos favorablemente este proyecto y que algunas observaciones, y de importancia, nos merece su artículo 10. Este modifica el artículo 514 del Código del Trabajo, en forma de apariencia muy inocente, pues dice: "Para intercalar la palabra "Rancagua" entre las expresiones "La Serena" y "Punta Arenas" agregando una coma (,)" Es decir, esta modificación pretende quitar a la Corte del Trabajo de Santiago su competencia para conocer de las apelaciones que se interpongan contra los fallos que recaigan en los juicios del trabajo que se ventilen en los departamentos que comprende la jurisdicción de la Corte de Rancagua. Mi Honorable colega señor Isla, que en la Comisión se opuso a que se mantuviera la jurisdicción de la Corte de Santiago sobre estos juicios, me había prometido estudiar posteriormente este asunto, para ver si podía llegar a una conclusión distinta, porque, efectivamente en la Comisión, lo consideramos muy apresuradamente, debido a que la Cámara nos había fijado un plazo perentorio para dar nuestro informe. La verdad de las cosas es que nosotros impugnamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia esta modificación, porque ella en nada mejora la situación de la Corte de Rancagua, ni en nada beneficia a los trabajadores, puesto que en estos juicios, por regla general, el recurso no se alega. Actualmente, la apelación se hace en primera instancia. Los abogados, que tampoco se perjudican con la norma vigente, entablan la apelación que resuelve la Corte del Trabajo de Santiago. En cambio, los trabajadores ganan con este sistema, porque entra a conocer del recurso un tribunal especializado, como es la Corte del Trabajo. La Convención de Jueces también es partidaria de esto, y así lo establece en sus conclusiones. En la página 13 del folleto, aparece el acuerdo de que debe mantenerse en las Cortes Especiales del Trabajo la jurisdicción de segunda instancia en los juicios del trabajo. Para los trabajadores, no hay ningún beneficio en que esto vaya a la justicia ordinaria, a la Corte de Apelaciones de Rancagua. En cambio, pierden que ello vaya a un tribunal especializado y corren el riesgo de que los jueces de la Corte de Rancagua, que ya van en camino para la Suprema, empiecen también a sentirse tentados de seguir la doctrina del Tribunal. En mi primer discurso, mencioné algunos fallos que demuestran claramente cómo la Corte Suprema, por la vía de la queja, ha ido estableciendo, poco a poco, un nuevo Código del Trabajo contrario a los obreros y ha sentado una jurisprudencia completamente reaccionaria. Desde nuestro punto de vista, y también desde el punto de vista de los trabajadores, podría mencionar no los leeré completos, porque al Honorable señor1 Isla le molesta que lo haga algunos fallos dictados por la Corte Suprema, que comprueban lo que digo. Aparte de los que señalé denantes, hay uno que corresponde al tiempo en que había un salario para el campesino, y otro destinado para el que no desempeñaba labores agrícolas. En él la Corte Suprema sostuvo, modificando el criterio de la Corte del Trabajo, que el patrón de una empresa industrial dedicada a la elaboración de vinos, o sea, a seleccionar, envasar, embotellar, etiquetar y encajonar vinos, debía remunerar a sus trabajadores como obreros dedicados a labores agrícolas, y no como obreros industriales. A nadie se le había ocurrido que los obreros dedicados a envasar, etiquetar y encajonar vinos trabajaban en la agricultura; pero así lo ha sostenido la Corte Suprema. Puedo citar otro fallo. Para reclamar los derechos de los trabajadores del Servicio de Seguro Social, según la ley Nº 10.383, o no existía plazo especial y regían los del Código de Procedimiento Civil o había un plazo de un año. Pues bien, la Corte Suprema, alterando también lo resuelto por la Corte del Trabajo, redujo ese plazo a 6 meses y abrevió los plazos que tenían los trabajadores para hacer valer sus derechos. Eso demuestra un criterio fundamentalmente contrario al interés de los trabajadores. En otro fallo, que también modifica lo resuelto por una Corte del Trabajo, estableció que la ausencia de comprobantes de que se hubiera pagado un sueldo no significaba que ellos no se hubieran solventado. En la práctica, se volvió al criterio que regía en la época en que don Andrés Bello redactó el Código Civil, que entró a regir en 1857, en la que el patrón era creído bajo palabra de honor. Se sabe que los juicios del trabajo se desarrollan verbalmente y ocurre que muchos son de tan escasa cuantía que en ellos siquiera se exige comparecer por intermedio de abogado. Las Cortes del Trabajo, con un criterio social, habían estimado que podía demandarse a los socios de una empresa porque los obreros, por lo general no saben como se llama la firma en la cual estaban trabajando siempre que se notificara a todos ellos. La Corte Suprema, con un criterio estrictamente civilista, ha declarado que estaban mal demandados, lo que ha permitido a los patrones ganar el juicio, porque al dictarse esos fallos ya había prescrito el plazo para interponer nueva demanda. Podría citar otras sentencias, pero me parece ¡innecesario. Es indispensable que un tribunal especializado conozca de otras causas, si se quiere efectivamente favorecer a los obreros. Recuerdo que, cuando discutimos esta materia en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia el señor Ministro de Justicia expresó que el Gobierno no haría cuestión y que aceptaría la disposición en la forma que la despachara la Comisión. Espero que los colegas democratacristianos, con un criterio social, aprueben la indicación que hemos hecho nosotros, que coincide con otra que formuló el señor Maira, y que los Diputados socialistas anticiparon que apoyarían. Ella tiene por objeto suprimir la modificación al Código del Trabajo que le resta competencia a la Corte del Trabajo de Santiago para conocer en segunda instancia de los juicios del trabajo que se susciten dentro de la jurisdicción de la nueva Corte de Apelaciones de Rancagua. Ahora, si el señor Presidente me deja viajar otro poco, puedo continuar hasta Laja. Allí hay un Juzgado de Menor Cuantía que, en realidad, presta muy poco servicios, pero que sería de gran utilidad si se elevara a Juzgado de Mayor Cuantía. ¿Cuánto tiempo me queda, Presidente? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Más o menos 10 minutos, señor Diputado. El señor TEJEDA.- No hay problema, entonces. El señor Ministro había dado a conocer una estadística con un poco de olor a naftalina, que naturalmente provenía de la estadística... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Así lo entiende la Mesa; si no, habría llamado la atención a Su Señoría. Risas en la Sala. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor TEJEDA.- Esta estadística está obsoleta, ya que atribuye a los Juzgados de Los Ángeles la sustanciación de 1.738 causas. La verdad es que los dos Juzgados de Los Ángeles, que tienen que cubrir la comuna de Laja, conocen de más de cinco mil causas. Estoy dando cifras oficiales. El mayor costo que significaría elevar de categoría el Juzgado, me parece insignificante. En cambio, debido al número de causas que atienden los Juzgados de Los Ángeles, cuando se establezcan los Tribunales Agrarios, seguramente va a ser necesario designar nuevos funcionarios para que se ocupen de los asuntos de su competencia. En cambio si se eleva de categoría al Juzgado de Laja, disminuirá el trabajo en los Juzgados de Los Ángeles y no será necesario nombrar mayor personal o jueces que atiendan especialmente los Tribunales Agrarios. A pesar de que el señor Ministro se ha opuesto categóricamente a esta iniciativa, espero que se ablande un poco y dé el sí en esta ocasión. El señor VALENZUELA VALDERRAMA, (don Héctor).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Estaba inscrito el Honorable señor Laemmermann. A continuación podrá usar de la palabra Su Señoría. Tiene la palabra el señor Laemmermann. e El señor LAEMMERMANN.- No tengo inconveniente en que hable el Honorable señor Valenzuela, don Héctor, primero. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- La Mesa dirige el debate, señor Diputado. Puede usar de la palabra Su Señoría. El señor LAEMMERMANN.- He concedido una interrupción al Honorable señor Phillips. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría tiene la palabra el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Había pedido al Honorable señor Laemmermann que tuviera la gentileza de concederme una interrupción, pero después que hablara el Honorable señor Valenzuela, don Héctor, porque había pedido que estuviera presente en la Sala el Honorable señor Irureta cuando me refiriera a sus observaciones. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si Su Señoría deja de hacer uso de la palabra, puede pedirla oportunamente. El señor PHILLIPS.- Sí, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Oportunamente podrá pedir la palabra Su Señoría. El señor LEAMMERMANN.- He concedido una interrupción al Honorable señor Momberg. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Momberg. El señor MOMBERG.- Señor Presidente, solicité esta interrupción para contestar a mi estimado colega y amigo el Honorable señor Videla. Creo que Su Señoría ha incurrido en un error, porque acaba de manifestar que le ha llamado profundamente la atención el predicamento tan derechista que yo habría sostenido. Agregó que anteriormente era mu y distinta mi posición política. Quisiera aclarar los hechos. Respeto mucho la memoria del ex Presidente Ibáñez; pero puedo probar en cualquier momento, con documentos y otros antecedentes, que no estuve con el señor Ibáñez. No lo acompañé jamás en su campaña. Incluso, fui expulsado del Partido Agrario Laborista, voté por el señor Matte. Creo que el Honorable señor Videla aceptará mis explicaciones. Sólo quiero aclarar este punto para que no se vaya a creer que es efectivo que ayer estuve en una posición revolucionaria y que hoy me encuentro en una totalmente contraria... El señor GODOY URRUTIA.- Estamos convencidos de que Su Señoría siempre ha tenido una posición reaccionaria. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Honorable señor Godoy Urrutia, ruego a Su Señoría guardar silencio. El señor MOMBERG.- Si el Honorable señor Godoy Urrutia me habla despacio, le entiendo. Si no me grita le voy a entender. ¿Cómo dice Su Señoría? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa. ¿Ha terminado Su Señoría? El señor MOMBERG.- Estoy hablando al Honorable señor Godoy Urrutia, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Laemmermann. El señor LAEMMERMANN.- Después voy a continuar, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela Valderrama, don Héctor. El señor VALENZUELA VALDERRAMA, (don Héctor).- Señor Presidente, el artículo 514 del Código del Trabajo establece que "habrá Cortes del Trabajo en las ciudades de Valparaíso, Santiago y Concepción, con las siguientes jurisdicciones: Corte del Trabajo de Santiago, con las provincias de Santiago, OHiggins, Colchagua, Curicó y Talca". Esta es la parte pertinente que quería citar. Esta disposición se modifica en el artículo 10 del proyecto, en el sentido de que la Corte del Trabajo de Santiago sólo mantiene jurisdicción sobre la provincia de Santiago, con exclusión del departamento de Maipo. Esta disposición que, en mi concepto, cercena gravemente la jurisdicción de esta Corte del Trabajo, tiene gran trascendencia, ya que significa entregar a la Justicia Ordinaria, vale decir a la Corte de Apelaciones de Rancagua, el conocimiento de todas las causas del trabajo que se promuevan en las provincias de O'Higgins y Colchagua. Esa Corte de Apelaciones tiene que conocer, además, juicios criminales, civiles, de menores, de jurisdicción voluntaria, etcétera... El señor TEJEDA.- Con preferencia para los reos presos. El señor VALENZUELA VALDERRAMA, (don Héctor).- Efectivamente, con preferencia para otras causas. El entregar a la justicia civil el conocimiento de las materias laborales provoca, en definitiva, la terminación de la especializaron, principio que inspiró la creación de los Tribunales del Trabajo y que es adoptado por todas las legislaciones modernas. Así lo reconoce el Preámbulo de nuestro Código del Trabajo, en sus números l9 y 8º en que se lee textualmente: "1ºQue constituye atención preferente del Gobierno velar por la general, uniforme y correcta aplicación de las leyes sociales". "89Que hay conveniencia manifiesta en extender a todas las leyes sociales los beneficios de una jurisdicción especial y de un procedimiento adecuado a la sustanciación de los juicios que provengan de su aplicación." Los conflictos de los trabajadores no pueden solucionarse con el mismo criterio con que se resuelven aquellos meramente patrimoniales que tienen por objeto intercambio de bienes materiales. En efecto, los trabajadores, que son los mantenedores de la comunidad, necesitan, para lograr incorporarse rápidamente a las fuerzas activas de la nación, que sus conflictos sean fallados brevemente y por organismos especializados, pues no se trata sólo de garantizar el equilibrio económico entre la empresa y el trabajador, sino también de intervenir en la aplicación e interpretación de las leyes laborales, factores que van más allá de la simple justicia conmutativa, como son los que se refieren aja elevación moral, higiénica y social del trabajador. En la Justicia del Trabajo debe tenerse presente que el contrato laboral constituye una figura jurídica "sui géneris", frente a las ya contempladas en los Códigos de Derecho Privado, por lo que en la aplicación de estos contratos debe coordinarse en forma sistemática las diversas normas, teniendo en vista, como dato central, velar por la dignidad humana del trabajador. En otras palabras, estas relaciones de intercambio deben mirarse bajo una nueva luz, dándoles especial relevancia a las normas destinadas a garantizar el respeto a la personalidad humana. De estos principios debe estar imbuido el Juez del Trabajo, lo que consigue a través del conocimiento personal de los litigantes. Dentro de la concepción de la Justicia del Trabajo en la forma recién enunciada, corresponde a las Cortes del Trabajo, por medio de sus fallos, uniformar el criterio de los jueces, por lo que entregar a las Cortes de Apelaciones la aplicación e interpretación de las leyes laborales es destruir todo lo que hasta aquí se ha hecho por mantener cierta unidad en la interpretación y aplicación de las leyes del Trabajo y Previsión. Este hecho se agrava por la circunstancia de que la Excelentísima Corte Suprema, a la cual por precepto constitucional corresponde la plenitud de la jurisdicción, ejerce su potestad interpretativa en materia laboral por una vía inadecuada, cual es el recurso de queja, que la imposibilita, en la mayoría de los casos, para dictar fallos fundados sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por la razón indicada ha correspondido a las Cortes especiales del Trabajo sentar jurisprudencia en materia laboral en el país, función que se desnaturalizaría si se entregara el conocimiento de estas causas a las Cortes de Apelaciones. Por lo demás, de aceptarse el criterio sustentado en este proyecto, vendría a agudizarse la situación precaria en que se encuentra nuestra justicia laboral, que por la peculiaridad de nuestra geografía ha permitido ya que cuatro Cortes de Apelaciones conozcan de la segunda instancia en los juicios del trabajo, lo que, en definitiva, llevará a la supresión de estos tribunales especiales. La otra función de las Cortes del Trabajo es ejercer la facultad disciplinaria, administrativa y económica sobre los jueces del trabajo y civiles con competencia en materia del trabajo. Actualmente dependen de la Corte del Trabajo de Santiago 9 jueces especiales del trabajo y 16 jueces civiles de letras de mayor cuantía. Si prosperara la iniciativa del proyecto, la jurisdicción de esta Corte quedaría reducida a 7 juzgados especiales del trabajo y a 4 civiles. Ha correspondido a la Corte del Trabajo de Santiago velar por que los jueces de letras mantengan permanentemente al día sus tribunales en el conocimiento de las causas del trabajo. Con frecuencia, les representan los atrasos que pueden observarse en el movimiento de estas causas. Esta labor de control y supervigilancia desaparecería por el artículo 10 del proyecto, con evidente perjuicio para la clase laboral. Por estas razones, que estimo de estricta justicia, creo que la Corte de Apelaciones de Rancagua no debe tener esta jurisdicción ampliada en la especialidad del trabajo. Señor Presidente, a pesar de que reconozco que la Mesa dirige el debate con maestría difícilmente superada no pretendo sustituirla en esta función me veo... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En ésa ni en ninguna otra. Risas en la Sala. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- ...en la necesidad de concederle una interrupción al Honorable colega señor Isla, a fin de que conteste las interpretaciones que sobre su intervención realizara el Honorable señor Tejeda. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Isla. El señor ISLA.- Señor Presidente, hace un rato y mientras mi Honorable colega señor Tejeda, don Luis, hacía una larga digresión, leyendo un discurso que, como lo hice presente en su oportunidad, sin duda alguna fue rigurosamente revisado antes de pronunciarlo... El señor TEJEDA.- Desgraciadamente, no lo hice asi. El señor ISLA.- ...él se refirió, con duros acentos, al Gobierno de la República y a la política que el Primer Mandatario ha sustentado en relación con la inflación. El señor LAEMMERMANN.- También con la Corte Suprema. El señor ISLA.- También, de paso, como dice el Honorable colega, disparó a la bandada... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡ Honorable señor Momberg! El señor ISLA.- ...y usó, asimismo, duros epítetos para referirse a los Ministros de la Corte Suprema, desde un punto de vista que le expresé era inconveniente para el concepto que los chilenos tenemos de la judicatura. El Honorable señor Tejeda me negó mi calidad de abogado y ahora me concede la condición de humorista. Yo le digo que, en realidad, es más difícil ser humorista que abogado, porque, como todos sabemos, el trabajo del humorista es de un género literario y artístico muy difícil. Yo fui mucho más generoso que él y le expresé que muchas veces lo habíamos aplaudido en la Cámara. La verdad es que el Honorable colega no ha sido un contendor leal... El señor TEJEDA.- ¿Cómo así? El señor ISLA.- ... porque pretende borrar con una mano lo que no digo escribió, sino dijo, en el sentido de que yo acostumbraba a leer poco. El atacó al Presidente de la República sosteniendo que su política antinflacionaria era impopular e iba en contra de los intereses del pueblo. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Tejeda! El señor ISLA.- Traté de demostrarle que las afirmaciones que hacía eran injustas. Tengo aquí el texto de su discurso, que no voy a leer en su totalidad, porque es muy largo; pero puedo repetir algunos párrafos que no son citas, como afirma, de editoriales o documentos que tenía en su poder, sino que pertenecen a su propia cosecha. El Honorable señor Tejeda dijo lo siguiente: "Ahora bien, ¿cuál es la verdad? ¿A dónde ha llevado al país esta tozuda política del Gobierno de mantener sumida en el hambre y la miseria a la población, so pretexto de controlar la inflación, so pretexto de mantener un alza del costo de la vida de un tanto y de un cuanto por ciento? ¿Están contentos los servidores públicos? ¿Está satisfecho el sector privado?" El señor TEJEDA.- ¡ Está muy bien dicho! El señor ISLA.- "La respuesta la ha dado el país, no la hemos dado nosotros." Más adelante expresaba: "Si tales sueldos, que nosotros consideramos insuficientes, le parecen al Poder Judicial aceptables, ¿cómo no han de serlo los de la inmensa mayoría de la población que gana salarios ínfimos, que tiene fijados salarios mínimos de Eº 4,80, y sueldos vitales de Eº 300 y pensiones de Eº 165?" Creí de conveniencia, justamente, en un plano muy elevado, refutar estas afirmaciones del Honorable colega. Le dije que lamentaba que, en su afán de crítica y de oposición, coincidiera con sectores que él estima como los más reaccionarios. El Honorable señor Tejeda sostuvo que "El Mercurio", en su tono mercurial, según dijo, defiende siempre los intereses reaccionarios; la manifesté que estaba coincidiendo con "El Mercurio", porque en el día de hoy aparece un artículo editorial donde se dice precisamente lo contrario de lo que expresaba el señor Tejeda, justamente para atacar al Gobierno. El señor TEJEDA.- Entonces, ¿cómo? El señor ISLA.- "El Mercurio" dice que la política antinflacionaria de este Gobierno pone el acento en los precios y no en los sueldos y salarios. Por eso, le preguntaba... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Tejeda! El señor ISLA.- ..a mi colega: ¿cómo se entendía esta contradicción en un Diputado del Partido Comunista ? Y, cuando hablaba sobre la Convención Nacional de Jueces, le expresaba que su colectividad política era responsable, porque estuvo en otros gobiernos y nunca hizo algo siquiera por el Poder Judicial. ¡ Cómo es posible que coincida, aunque de distintos puntos de vista y con diferentes argumentos, con la Derecha, para demostrar que este Gobierno no está haciendo una política antinflacionaria en beneficio de los sectores populares! El Honorable señor Tejeda ha pretendido lanzarme una cortina de humo para silenciar lo que dijo. Estimo que las observaciones del Honorable señor Tejeda son injustas. He dicho que este Gobierno ha hecho un esfuerzo que no se hizo a lo largo de 50 años a esta parte, para detener la ola inflacionista, que es el más grande problema de este país. El señor TEJEDA.- No lo ha conseguido. El señor ISLA.- Evidentemente, se han cometido errores. Dije que el Gobierno lo ha reconocido, pero también expresé que es el esfuerzo más grande que se ha hecho en los últimos 50 años, sólo para dar una cifra. Bajo la apariencia humorística que todos le reconocemos y celebramos al Honorable señor Tejeda, él ha cometido una gran injusticia y lo digo con toda serenidad, como lo manifesté denantes. Yo dije que un hombre honorable, inteligente y culto como el señor Tejeda, a quien respeto y considero,, no puede lanzar estos ataques que, a nuestro juicio, son injustos. Porque, como lo dije lo repito y con esto termino, nosotros sabemos que la democracia es Gobierno y Oposición. En ese juego de Gobierno y Oposición, ésta tiene que buscar cualquier subterfugio para atacar la labor del Gobierno. Pero hay un hecho que ni el Honorable señor Tejeda ni los más caracterizados personeros de la Oposición pueden' desconocer y ése es que este Gobierno se ha preocupado de los sectores populares y ha puesto el acento ele su política en la defensa de los trabajadores, en la extensión de sus derechos y en el mejoramiento real de sus salarios. Yo lie citado el caso específico de los campesinos. He recordado que este Gobierno fue el primero en darles un reajuste de remuneraciones correspondientes al ciento por ciento del alza del costo de la vida y en nivelar sus salarios con los de los obreros industriales. He mencionado, además, que las asignaciones familiares de que goza ese sector actualmente, jamás antes se las habían realmente entregado; y, en relación concreta con la posición del Honorable señor Tejeda, su partido, nunca intentó siquiera hacerlo. Por eso, termino diciendo que, en una persona como el Honorable señor Tejeda, sus palabras indican falta de responsabilidad. Pero yo creo, a pesar de todas las expresiones que se puedan propalar, que este hecho el del esfuerzo desplegado por el Gobierno democratacristiano para ayudar a los sectores populares está en la conciencia del pueblo de Chile, de los trabajadores y nosotros, que estamos en contacto con toda la ciudadanía, podemos afirmar que nuestro pueblo tiene la convicción de que este Gobierno ha hecho todo el esfuerzo posible para detener el proceso inflacionario. Indudablemente, se han cometido errores y se seguirán cometiendo; pero, en la conciencia del país está claro que este Gobierno ha realizado una sacrificada labor, como nunca la hicieron los partidos que anteriormente gobernaban, ni los pertenecientes a la Oposición; y, por supuesto, tampoco la colectividad a que pertenece el Honorable señor Tejeda. Por eso, en forma tranquila y guardando seriedad, digo que esta realidad se encuentra firme en la conciencia del pueblo de Chile y nadie puede decir lo contrario, porque el pueblo tiene una intuición y un sentimiento para comprender quiénes realmente quieren defenderlo. Nada más, señor Presidente. El señor LAEMMERMANN.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LAEMMERMANN.- Le concedo una interrupción al Honorable señor Phillips. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Agradezco la deferencia del Comité Radical. Señor Presidente, no es mi ánimo abrir una polémica en el debate, pero, habiendo sido aludido, debo contestar. Por ello le pedí al Honorable señor Irureta que estuviera presente en la Sala para que escuchara las observaciones que voy a formular. Quienes llevan varios períodos en la Cámara saben que jamás acostumbro a atacar antes de recibir. Naturalmente, siendo una ínfima minoría en esta Corporación, cada vez que somos objeto de un ataque que consideramos injusto, tenemos la obligación moral, por lo menos el que habla, de contestar, defendiendo los puntos de vista que siempre hemos mantenido. Frente a las observaciones que me fueron hechas, referentes a los sueldos de los gerentes, y al supuesto de ser exclusivos representantes las que denantes no alcancé a oír, y si expresé mala disposición de ánimo fue porque no entendí lo que se me quiso decir puedo manifestar que la gente que es Gobierno y que tiene una inmensa mayoría en la Cámara no tiene más que presentar un proyecto de ley que modifique las reglas del juego para poner los impuestos que estimen convenientes a las rentas excesivas; se liquiden las exenciones y se eviten las evasiones. Pero no se nos venga a decir que nosotros somos los representantes de todos los gerentes y cosas por el estilo, pirque el país está consciente de que hoy día la llamada Derecha Económica no está con nosotros, ya que esa gente se coloca por donde nace el sol y que nosotros vivimos en una lamentable orfandad. Señor Presidente, se ha traído a colación la situación de la industria automotriz. Recuerdo que el Gobierno del señor Alessandri presentó tres o cuatro proyectos destinados a modificar la legislación que la rige, los cuales no contaron justamente con los votos de los Diputados democratacristianos. Un señor DIPUTADO.- En esa época no eran convenientes. El señor PHILLIPS.- Se ha mencionado a la industria automotriz como que nosotros fuéramos sus representantes. Si me hiciera eco de un folleto titulado "Felonía en Libertad", podría decir que no son Diputados de estos bancos los que han recibido letras de Nun y Germán, como sale ahí. Me pregunto: ¿se puede hacer un cargo...? El señor IRURETA.- ¿Quiénes de estos bancos las han recibido? El señor PHILLIPS.- No estoy diciendo que Sus Señorías las hayan recibido. Me estoy refiriendo a un hecho concreto del cual se da cuenta en un librito que se publicó, al cual hemos tenido la deferencia de no hacerle caso, porque sabemos que no se ajustan a la realidad los ataques arteros que contiene, de los cuales incluso el Presidente de la República ha sido víctima, sin que ninguno de Sus Señorías haya sido capaz de defenderlo. ¡Ninguno! Lo repito esta noche. No tiene derecho, señor Diputado, a imputarnos un cargo que Su Señoría sabe es inefectivo. .El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Honorable señor Phillips, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, y eso lo sabe el país: que se ha escrito un folleto sobre eso. Mal se puede hacer un cargo tan artero a la gente de Derecha, entonces. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PHILLIPS.- Yo les rogaría que leyeran la carta de la señora Devés, publicada ayer u hoy en "El Mercurio". En ella se expresa el pensamiento y la inquietud de gente de Gobierno,, no de la nuestra frente al problema económico nacional. Y si vamos más lejos, como dijo el Honorable señor Momberg, ¿no fue el propio Comandante en Jefe del Ejército quien se refirió a la situación económica de las Fuerzas Armadas? ¿Van a considerar eso sedición? No he sabido que el Presidente de la República le haya pedido la renuncia por haber señalado la situación económica en que se encuentran las Fuerzas Armadas en nuestro país; ni siquiera ha sido objeto de una crítica, o de un llamado de atención. Sin embargo, cuando un parlamentario tiene una inquietud y trata de contribuir a solucionar en algo este problema, se le califica como a mí esta tarde. Creo que esto es injusto. Permanentemente, cada vez que algún Diputado no perteneciente al partido de gobierno tiene una idea, ella es mala. Si se dice algo acerca de la forma como están aplicando la reforma agraria y se habla contra los funcionarios, de inmediato surgen las expresiones más duras para nosotros. Pero, si se revisan las versiones de la Cámara, se verá que en 1966, cuando se trató el proyecto de reajustes de ese año, manifestamos que gente sin preparación, actuando en los organismos destinados a aplicar la política agraria, tenía sueldos más altos que funcionarios antiguos de la Administración Pública. No estábamos expresando que esas remuneraciones no fueran justas o no correspondieran; pero sostuvimos, desde antes de la presentación del proyecto de ley sobre reforma agraria de este Gobierno, que iba a producirse una distorsión. Y esto lo recordaré a Sus Señorías en un tiempo más, cuando llegue al Parlamento el nuevo proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones. ¡Veremos si acaso el Ejecutivo no varía su criterio! El tiempo lo dirá. Respecto del aprecio que dice tenerme el Honorable señor Irureta, le ruego que no lo demuestre tanto, porque, a lo mejor, de tantos cariños amanecerá muerto. Una persona tan inteligente como el Honorable colega no debe usar esos procedimientos. Tengo una mentalidad democrática, formada dentro del espíritu que debe animar a esta Corporación; al Congreso de Chile. Por lo tanto, a pesar de los "parra fitos" que me han dedicado esta noche por pedir un aumento de remuneraciones pala el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y Carabineros, sé que esos sectores me entienden y saben cuál es la intención de los Diputados de estos bancos. El Honorable señor Irureta también sabe que estas indicaciones fueron formuladas por el Partido Radical, al cual, como sus parlamentarios forman un grupo más numeroso esta noche y no está sólo uno, como el que habla, ni siquiera ha sido nombrado. ¿Por qué? Porque siempre hay que culpar a esta minoría esporádica; ahora sólo hay un parlamentario. Pero, algún día, cambiarán las cosas en este país. Sus Señorías siempre están hablando contra esta Derecha; en todo momento tratan de culparla de todos los males y denuncian ante el país a la Derecha tradicional, olvidándose que gran parte de la Derecha económica está muy metida en el partido de gobierno. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Le quedan dos minutos al señor Laemmermann. Puede continuar Su Señoría. El señor LAEMMERMAN.- Le vamos a conceder el resto de nuestro tiempo al Honorable señor Momberg. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Momberg por dos minutos. El señor MOMBERG.- Señor Presidente, solamente quiero aprovechar la oportunidad, para contestar al Honorable señor Irureta. El manifestó denantes, también, que siempre el problema de la Derecha lo representamos nosotros. Yo creo que, para analizar correctamente el problema de la Derecha, hay que tener un poco de cuidado. Para Sus Señorías todo el que maneja un capital, toda institución o persona jurídica o particular que dispone de un bien raíz o de un capital que está funcionando pertenece a la Derecha. Cito, en este momento, el caso que habría planteado nuestro Honorable colega del frente. Bastó que se denunciara un hecho engorroso, evidentemente, de evasión de impuestos, para que sostuvieran que nosotros éramos los culpables de eso. Pero resulta, señor Presidente, que entre los comerciantes de automóviles no solamente hay gente de Derecha, sino también perteneciente a la Democracia Cristiana, al Partido Radical e independientes. La comprobación de este hecho resulta muy sencillo si se analiza la composición del Partido Demócrata Cristiano. Yo creo que hay más gente de Derecha entre ellos que entre nosotros. Es un hecho bien sencillo. Nosotros podremos representar a la Derecha política, podremos representar a la Derecha ideológica, pero yo pregunto: ¿dónde está la Derecha económica. En esta materia, podríamos aceptar que durante el Gobierno del señor Alessandri la Derecha económica estuvo con nosotros; era natural, pero ahora en la Administración del señor Frei se trasladó especialmente al Partido Demócrata Cristiano, porque tiene que estar buscando la mejor manera de que no le vayan a lesionar sus intereses.. . El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Radical. Tiene la palabra el Honorable señor Tejeda. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- i Honorable señor Phillips, terminó el tiempo de Su Señoría! El señor TEJEDA.- Señor Presidente, quiero ocupar menos de un par de minutos para referirme a la última intervención del señor Isla. Ahora hablo en serio y, así, con buenas palabras nos vamos entendiendo. Pero siempre van a ir quedando algunas cosas que es necesario aclarar. En primer término, al señor Isla parece que le ha dolido un poco el término "tozudo". Yo no sé si él cree que este término se aplica a quien tenga mucha tos. La verdad es que el diccionario dice que "tozudo" significa "obstinado", y el señor Frei ha dicho que... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Isla, ruego a Su Señoría guardar silencio! El señor TEJEDA.- ... se va a mantener obstinadamente en su política de precios y salarios. De tal manera que al llamarlo” tozudo" yo le quiero decir, sencillamente, "obstinado", que es el significado que le da el Diccionario de la Academia. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TEJEDA.- Es posible que tenga otra acepción que Su Señoría puede aplicar, si quiere. Pero yo lo tomo como "obstinado"; me parece conveniente. En cuanto a la coincidencia que nos atribuye en relación con "El Mercurio", quiero manifestar qué o no me ha escuchado bien o, sencillamente, no ha leído "El Mercurio". Yo he manifestado que encuentro esta coincidencia bastante rara. ¿Qué dice el diario "El Mercurio" en el fondo? Sostiene que la causa de la inflación es el aumento de los sueldos y salarios. Y yo, ¿qué dije? Afirmé que nosotros teníamos la opinión manifestada en el editorial de "El Siglo" del 18 de agosto último que leí denantes y voy a volver a leer. En él se expresa que "el gobierno persiste tozudamente, en oposición a lo que muestra la experiencia, en culpar de la inflación a los reajustes de sueldos y salarios que han obtenido diferentes sectores de trabajadores después de "ímprobas luchas". O sea, hemos sostenido, precisamente, lo contrario de lo que afirma el diario "El Mercurio" que defiende al gobierno. Es lo único que quería decir. El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).- Pido la palabra, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, voy a ser extraordinariamente breve, porque creo que todos los Honorables Diputados, y con razón, están bastante fatigados con este largo debate, pero la verdad es que no puedo omitir algunas palabras sobre la materia, aunque, repito, en forma muy somera. El proyecto que nos preocupa propone a la Honorable Cámara la creación de una Corte de Apelaciones, de siete plazas de Ministros en las Cortes de Apelaciones, la creación de once Juzgados de Letras de Mayor Cuantía y la elevación de cinco Juzgados de Menor Cuantía a Mayor Cuan tía. Me parece que no se ha subrayado suficientemente el esfuerzo que importa este proyecto de ley, el volumen que implica, el aporte que significa a la capacidad de trabajo del Poder Judicial la creación de los diversos tribunales que por él se proponen. Me parece, sin temor a equivocarme, que este proyecto de ley es el que, en un solo acto, crea el mayor número de juzgados, conforme a nuestros anales legislativos. Esta iniciativa tiene extraordinaria importancia, en lo que se refiere a los funcionarios judiciales, él permitirá, en alguna medida importante, aliviar el trabajo agobiador a que se encuentran sometidos muchos de ellos en el desempeño de sus funciones; y, por otra parte, permitirá que el Poder Judicial ofrezca un servicio más a tono con las necesidades del país. Este proyecto representa la culminación de un esfuerzo que ha sido llevado adelante por el Ministerio de Justicia, a través de bastante tiempo, por cuanto él fue precedido por un trabajo que, realmente, podríamos llamar de investigación, con el objeto de establecer, en la forma más acuciosa posible, cuáles eran las necesidades del Poder Judicial y, dentro de ellas, las más apremiantes. Este trabajo se ha realizado no solamente por el Ministerio de Justicia, sino también con la colaboración muy importante del Poder Judicial que, en cada momento y oportunidad, estuvo debidamente informado de nuestros esfuerzos. Sin embargo, estamos conscientes de que este proyecto de ley no satisface íntegramente las necesidades del Poder Judicial; lamentablemente, ellas son muy vastas aún en la materia concreta a la que me estoy refiriendo, pero no era posible para el Gobierno, en la situación actual, disponer de los fondos necesarios como para crear todos los organismos judiciales indispensables para llegar a una solución plenamente satisfactoria. Quiero manifestar con esto, señor Presidente, que el Gobierno está plenamente consciente de que hay necesidades del Poder Judicial que quedan insatisfechas por este proyecto; pero, al mismo tiempo, debo agregar que el Ejecutivo está plenamente consciente de que, en la medida de sus posibilidades, las soluciones que propone corresponden a las necesidades más urgentes. Para demostrar que hay otras necesidades que esta oportunidad no se cubren bastaría solamente con mencionar que la Excelentísima Corte Suprema, en un acuerdo que adoptó, conociendo este proyecto que le envió el Ejecutivo para su estudio, propuso la creación de dos plazas más de Ministro de Corte, una en Valdivia y otra en Punta Arenas; igualmente la elevación del Juzgado de Menor Cuantía de Coelemu a Mayor Cuantía y la creación de 10 Juzgados de Letras para Santiago. En seguida, propuso también la creación de un Segundo Juzgado de Menores en el departamento Pedro Aguirre Cerda. Por otra parte, aquí mismo se ha expresado el deseo de algunos señores parlamentarios de crear la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de aumentar la dotación de la Corte de Apelaciones de Valdivia, tanto en Ministros como en Relatores, de que el Juzgado de Menor Cuantía de La Laja pase a la categoría de mayor cuantía y crear nuevamente el Juzgado de Menor Cuantía de Puerto Saavedra. En realidad, señor Presidente, éstas son algunas de las peticiones, porque otras se han formulado directamente al Ministro que habla. No ha sido grato, ciertamente, para mí, tener que negarse tozudamente, y repito, aquí la palabra que ha empleado el Honorable señor Tejeda en el sentido que ha señalado, a las peticiones formuladas, pero resulta imposible para el Gobierno extender este proyecto más allá de lo que está realmente planteado. Así, por ejemplo, en el caso del Juzgado de La Laja, como en el de otros tribunales, se han dado muchas razones, pero yo puedo demostrar, si el tiempo lo permite, que existen otras necesidades aún más urgentes que la elevación de categoría del Juzgado de Laja y que la ampliación del personal de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Por señalar sólo un dato, por ejemplo, en lo que se refiere al Juzgado de Menor Cuantía de Laja, el Honorable señor Tejeda ha hecho gran caudal en el sentido de que se ha usado por parte del Ministerio una estadística que para él es demasiado antigua, pero que no lo es tanto, porque es de hace sólo un año. Ella es realmente del año 1965 y él tomó la de 1966 que evidentemente es distinta. Pero, ¿qué ocurre? Que la única que tenemos de todos los tribunales de la República es la de 1965. En consecuencia, y como para hacer este estudio teníamos que medir a todos los tribunales con una misma vara, fue preciso tomar en cuenta la estadística de un mismo año, No podríamos hablar de mejorar el Juzgado de Menor Cuantía de Laja, de medirlo con un metro distinto y más favorable para ese tribunal. En estas condiciones, naturalmente, todo resulta discutible, y los señores parlamentarios, que son buenos defensores de los intereses que representan, tienen que abundar en razones para sostener sus puntos de vista. Lamento que el Gobierno no pueda ir más allá de lo que efectivamente se propone en este proyecto. Ello no significa desatender las peticiones que se han formulado o considerarlas sin fundamento. Por el contrario, estoy de acuerdo en que muchas de ellas tienen fundamento plausible, y tendremos que esperar una oportunidad mejor para darles satisfacción. En lo que se refiere a la Primera Convención Nacional de Jueces, Relatores y Secretarios, quiero expresar muy brevemente que la posición del Gobierno, desde el primer instante, fue favorable a la iniciativa. Fue así como tuve oportunidad en el primer párrafo del discurso que pronuncié en el acto inaugural, de decir lo siguiente: "Invitados para concurrir al acto inaugural de la Primera Convención Nacional de los funcionarios judiciales, el Ministro que habla no vaciló en aceptar agradecido la oportunidad que se le brindaba para expresar el pensamiento del Poder Ejecutivo, frente al temario que centrará los debates y a los problemas que afligen al Poder Judicial". Quisiera agregar algo más, señor Presidente. En la ocasión que recibí en mi despacho a los miembros del comité ejecutivo organizador de esta asamblea, les expresé, en nombre del Gobierno, que su iniciativa de agruparse y de organizarse estaba dentro de la orientación general del Ejecutivo que estimula, justamente, la formación de grupos para que, a su vez, por este camino pueda organizarse la comunidad, en el entendido, ciertamente, de que estas agrupaciones no sólo velan pollos intereses muy respetables de los miembros que las componen, sino también por el interés general del país y sus alcances; actuaciones y sus proyecciones han de concordar y han de resultar de la convergencia de estos dos puntos de vista: el interés de los grupos y el interés general del país. No deseo extenderme en un análisis de las conclusiones a que llegó esta Convención. Solamente quiero expresar que ella representa un repertorio bastante completo de los problemas que afligen al Poder Judicial. No hay, evidentemente, en este repertorio ninguna novedad substancial. No creo tampoco que los señores magistrados han pretendido descubrir cosas que se ignoraban en el mundo de los demás. Muchas de sus iniciativas actuales han preocupado ya antes a la Excelentísima Corte Suprema y están registradas en los discursos de inauguración del año judicial, en el mes de marzo de cada año, y otras se encuentran en estudio en el Ministerio de Justicia. Todo ello está demostrando que existe una labor convergente y cierta similitud de opiniones sobre la materia, lo cual constituye, justamente, un buen augurio para poder emprender una acción mancomunada que resulte realmente eficaz a corto plazo. En cuanto al problema de las remuneraciones de los miembros del Poder Judicial, quiero recordar que, desde el primer instante en que el Ministro que habla ocupó la Cartera de Justicia, no ha escatimado oportunidad para expresar, por la radio, en la prensa y en ocasiones como ésta, que, a juicio del Gobierno y del Ministro debe hacerse una revisión de las remuneraciones que perciben los miembros del Poder Judicial, por razones de justicia y de buen servicio. En esta materia he sido claro, categórico y hasta majadero. Por razones de justicia, porque, efectivamente, las remuneraciones, unas más que otras, son inadecuadas y no constituyen una retribución que corresponda a la calidad de las funciones que se desempeñan, ya se consideren ellas en sí mismas o en relación a nuestro sistema democrático de convivencia, en general. Y por razones de buen servicio, porque es evidente que, para estimular el interés por ingresar a la carrera judicial de los mejores elementos con que cuenta el foro, deben ofrecerse entre otros alicientes, porque éste no es el único, un sistema de remuneraciones satisfactorias. Al referirme a este punto repito he sido claro y preciso. Y para el Gobierno resulta muy grato comprobar, después de este extenso debate, que existe unidad de parecer sobre la materia. En efecto, no solamente hay unidad de opiniones en el sentido de que el mejoramiento económico del Poder Judicial constituye una necesidad que debe ser satisfecha, sino que ésta es una necesidad urgente. Lo que ocurre es que, naturalmente, esta exigencia no ha podido resolverse de una manera inmediata y en forma total y absoluta. El año pasado el Gobierno hizo un esfuerzo y logró obtener para el Poder Judicial un aumento de sus remuneraciones, que podríamos llamar discriminatorio, no en un sentido despectivo, hiriente, o desagradable, sino en el sentido de ser especial, distinto, y mayor que el de los demás funcionarios públicos. Por consiguiente, el Ejecutivo logró en alguna medida que reconocemos modesta, pero que, en todo caso, expresa una tendencia y una orientación del Gobierno, mejorar la posición del Poder Judicial mediante una elevación de su sistema de remuneraciones. Este camino, que se comenzó el año pasado, está ahora en marcha. En el momento actual, el Ministro que habla, después de haber sido recibido en la Excelentísima Corte de Apelaciones, ha iniciado conversaciones que están en curso y mediante las cuales esperamos llegar a conclusiones que puedan materializarse más tarde en un proyecto de ley, que podremos traer oportunamente a conocimiento del Congreso. Naturalmente, estas gestiones no van encaminadas a conceder un aumento de remuneraciones en el curso del presente año, porque, lamentablemente, ello no es posible, a juicio de los que manejan la hacienda pública, pero sí podrá otorgarse este mejoramiento en 1968, lo cual no impide que nos ocupemos de esta iniciativa desde luego. Quisiera terminar, reiterando lo que manifesté hace un instante. Creo que todo este debate ha sido constructivo, en el sentido de que el Parlamento ha demostrado coincidiendo con el pensamiento del Gobierno, expresado a través de mis palabras ahora, una posición de preocupación y de interés por el Poder Judicial y un propósito de abordar la solución de su problema económico, solución que tal vez pueda no ser la definitiva, pero que, en todo caso, puede significar un progreso relativo dentro de la situación actual. Nada más, señor Presidente. El señor OLAVE.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor OLAVE.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención los planteamientos hechos por el señor Ministro con respecto a la Corte de Apelaciones de Valdivia. Pero quiero sostener que sus expresiones, en cuanto a medir con la misma vara los problemas de todas las Cortes de Apelaciones del país, son injustificadas, ya que, cuando se creó la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se quitó un Ministro a la de Iquique, uno a la de La Serena y otro a la de Valdivia. En este momento, y a través de este proyecto, sólo se reponen los Ministros de las Cortes de Iquique y La Serena, y el de Valdivia es definitivamente eliminado. Se baja de cinco a cuatro el número de Ministros, lo cual, en realidad, es una gran injusticia porque la Corte de Apelaciones de Valdivia trata en su Sala 5.007 causas anuales, mientras que la de Iquique ve 2.865 causas y la de La Serena, 3.036 causas. La Corte de Apelaciones de Valdivia ve, también, un promedio de 2.000 causas más y, sin embargo, se ha dicho que todas las Cortes de Apelaciones del país deben medirse con la misma vara, a pesar de que nos encontramos con el hecho concreto de que la de Valdivia, es la que ve en total, un mayor número de causas entre las 11 que existen en el país, es la que tiene un mayor número de causas por Ministro, el cual alcanza a 1.252, cifra que ninguna de las 10 Cortes restantes está en condiciones de superar, y también en el tribunal que tiene un número de causas por Relator de 2.503, el más alto que se registra en el país. A pesar de estos datos estadísticos que emanan del mismo Poder Judicial y que han sido registrados por el Colegio de Abogados de Valdivia, no existe el deseo de superar esta situación en forma inmediata y de hacer justicia, como se hace en las Cortes de Apelaciones de Iquique y La Serena, a las cuales se les repone un Ministro en virtud del proyecto en debate. La Corte de Valdivia, por su parte, no está pidiendo la creación de una nueva plaza, sino la reposición de un Ministro y de un Relator que les fueron suprimidos para crear otra Corte. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar al Ejecutivo el oficio pedido por los Honorables señores Fuentes, don Samuel, y Momberg, en el sentido de que se restablezca el Juzgado de Letras de Menor Cuantía de Puerto Saavedra, provincia de Cautín. Acordado.Se va a dar lectura a las indicaciones procedentes. El señor CADEMARTORI.- Que se omita la lectura, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para omitir la lectura de las indicaciones procedentes e insertarlas en la versión, al igual que las indicaciones improcedentes. Acordado. Las indicaciones procedentes a que se refiere el acuerdo anterior son las siguientes: De los señores Aylwin; Valenzuela don Héctor, Videla, Demarchi y Acevedo, y las señoras Dip y Lazo, para agregar al artículo 55, letra f), que aparece en el artículo 9° del proyecto, la siguiente frase, después de un punto aparte : "No obstante, en materia laboral el departamento de Maipo dependerá de la Corte del Trabajo de Santiago". De los señores Morales don Carlos, Naudon, Tejeda y señora Lazo, para suprimir en el artículo 10 la modificación al artículo 514 del Código del Trabajo. De los señores Aylwin, Videla; Valenzuela, don Héctor; Maira, Suárez, Demarchi y señoras Dip y Lazo, para modificar todos los artículos del proyecto que dan jurisdicción a la Corte de Rancagua sobre el departamento de Maipo de la provincia de Santiago: Artículo 99En el artículo ¡55 letra e) suprimir la frase "exceptuado el departamento de Maipo." En el artículo 55 letra f) suprimir la frase: "y el departamento de Maipo de la provincia de Santiago." De los señores Maira, Valenzuela, don Héctor, y señora Lazo para que en el artículo 10 se suprima la modificación del artículo 514 del Código del Trabajo contenido en el inciso 1º del artículo. Suprímese en el inciso final, frase primera, la expresión "Rancagua". Suprímese la frase final del inciso: "La Corte de Apelaciones de Rancagua comprenderá, además, para estos efectos, las provincias de Curicó y Talca. De los señores Aylwin, Videla, Valenzuela, don Héctor; Suárez, Acevedo, Demarchi y señora Dip, y Lazo: Artículo 10.En el artículo 514, para modificar la frase que substituye el inciso tercero en el sentido de suprimir la frase "exceptuado el departamento de Maipo." De los señores Phillips, De la Fuente, Basso, Morales, don Carlos; Laemmermann, Vega y Ochagavía, para agregar el siguiente artículo nuevo, a continuación del artículo nuevo que el Ejecutivo propuso incluir después del artículo 12 del proyecto: "Artículo... El aso de la facultad a que se refiere el artículo anterior no podrá significar, en caso alguno, expiración de funciones para el personal en actual servicio, ni disminución o supresión de los cargos contemplados en la planta del Consejo de Defensa del Estado en vigencia, ni disminución de las remuneraciones de que goce su personal, ni alteración del lugar de residencia actual del mismo. La modificación de plantas dispuestas en el artículo anterior no hará perder los derechos contemplados en los artículos 59 y 60 del D.F.L. Nº 338, de 1960, de que gozare el referido personal, ni su derecho a jubilar en conformidad al artículo 132 del mismo texto legal, siempre que a la fecha de su encasillamiento cumpliere los requisitos que el citado artículo exige". Las indicaciones improcedentes a que se refiere el acuerdo anterior son las siguientes: Del señor Olave, para agregar un inciso nuevo al artículo 2?, que diga: "Auméntase a cinco, el número de miembros de la Corte de Apelaciones de Valdivia". Del mismo señor Diputado, para suprimir en el inciso segundo del artículo 56, la frase "y Valdivia" y para reemplazar el texto del número 3º por el siguiente: "3ºLas Cortes de Temuco y Valdivia tendrán cinco miembros". De los señores Téllez, Koenig, Irureta y Daiber, al artículo 9º, en la parte que reemplaza al artículo '56, suprimir, en el número 2, la Corte de Valdivia y agregar, en el número 3: "las Cortes de Temuco y Valdivia tendrán cinco miembros". De los señores Phillips, Laemmermann, De la Fuente, Rioseco, Morales, don Carlos; Lorca, don Gustavo; Ochagavía y Vega, para agregar los siguientes artículos nuevos: "Artículo... a) Destíñanse los recursos que se consultan en los artículos siguientes exclusivamente para financiar un aumento de remuneraciones para el personal dependiente del Poder Judicial. "Artículo... b) Recargase en un 400% el impuesto que afecta al poder y delegación del poder en juicio. "Artículo... c) Establécese un impuesto que afectará al patrocinio de abogado en juicio, sea que se designe abogado patrocinante o se asuma el propio patrocinio en causa o gestión, de acuerdo con la siguiente escala: a) De Eº 5 para los juicios de menor cuantía; b) De E° 10 para los juicios de mayor cuantía, y c) De Eº 15 para las gestiones voluntarias y administrativas. "Artículo...d) Establécese un impuesto del 1% que afectará a la masa de bienes en las separaciones convencionales. "Articulo... e) Establécese un impuesto especial que gravará a las siguientes demandas: De Eº 200 a la demanda de nulidad de matrimonio; De Eº 150 a la demanda de divorcio perpetuo; y De Eº 100 a la demanda de divorcio temporal. Estos impuestos deberán pagarse al momento de ingresar a distribución las correspondientes demandas. "Artículo....f) Establécese impuesto de Eº 30 a los permisos provisorios para conducir que extiendan los Tribunales del Crimen "del país. "Artículo....g) Establécese un impuesto de Eº 100 a las recusaciones de abogados integrantes de la Corte Suprema y de Eº 50 a las recusaciones de abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones. "Artículo....h) Establécese un impuesto de Eº 50 a la suspensión de la vista de la causa en la Corte Suprema y de Eº 35. en las Cortes de Apelaciones. "Artículo....i) Sustitúyense las penas privativas de libertad de corta duración, hasta de presidio, reclusión o relegación menores en su grado mínimo por multas de hasta medio a tres sueldos vitales mensuales del departamento correspondiente al tribunal que las imponga. En caso de que el condenado se niegue o no pueda pagar la multa, se le aplicará la pena corporal correspondiente. "Artículo...j) Establécese un impuesto del 5% del valor del documento, que afectará a las sentencias absolutorias o de sobreseimiento definitivo en causas criminales por giro doloso de cheques. "Artículo...k) Establécese un impuesto del 2,5 % sobre el valor de los cheques que se presenten para su aclaración en el Boletín Comercial". El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En votación general el proyecto. Si le parece a la Cámara, se aprobará en general. Aprobado. Quedan aprobados en particular, por no haber sido objeto de indicaciones, los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, y 11; y 2º, 4º, 5º y 6º transitorios. El señor SOTOMAYOR.- Yo, había pedido una votación nominal, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Oportunamente se votará la petición de votación, nominal Honorable Diputado. El señor PHILLIPS.- ¡Sólo para saber cuántos vinieron a esta sesión. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión los artículos 4º y 5°, de la Comisión de Hacienda, refundidos en uno solo. El señor VALENZUELA, (don Ricardo).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VALENZUELA, (don Ricardo).- Muy brevemente deseo indicar que los artículos 4º y 5° del proyecto se refunden en uno solo, a indicación de la Comisión de Hacienda, en vista de que el Ejecutivo hizo la indicación del caso en esa Comisión, para que todos estos Juzgados; comiencen á funcionar el l9 de enero de 1968, o sea, anticipándose a los plazos que se habían mencionado antes, lo que beneficia indudablemente a estos tribunales o juzgados. Por eso, solicitaría se aprobase la indicación de la Comisión de Hacienda. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Se ha pedido votación nominal para este artículo. En votación la petición de votación nominal. Durante la votación: El señor PHILLIPS.- ¡ Es un abuso, es una falta de deferencia! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿ Me permite, Honorable Diputado? Hay que cumplir con el Reglamento de la Cámara. Hablan varios señores Diputados a la vez. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 26 votos; por la negativa, 14 votos, El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Aprobada la petición de votación nominal. En votación nominal los dos artículos, en conformidad con la indicación de la Comisión de Hacienda. Durante la votación: El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, por cinco minutos, por ser Comité. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, la Mesa hizo una proposición en la sesión de ayer, destinada a buscar un procedimiento que permitiera despachar en el día de hoy, de acuerdo con el artículo 203 del Reglamento, un proyecto que venía devuelto del Senado, tendiente a crear la Corte de Apelaciones de Rancagua, y el proyecto destinado a modificar el Reglamento de la Cámara. La Mesa nos hizo una proposición respecto del tiempo de que podía disponer cada Comité, con el objeto de que, en este Orden del Día de la presente sesión, pudiera, también, tratarse el problema económico que afecta a quienes trabajan en el Poder Judicial. Pero hemos llegado hasta la 1 hora 15 minutos de la madrugada sin haber ocupado aún la Hora de Incidentes, y los señores Diputados de la Democracia Cristiana, que forman mayoría, han pedido votación nominal. Esto significa demorarla votación, puesto que podíamos haber despachado el ^proyecto sólo en dos votaciones, de no haber existido indicaciones en los otros artículos, ya que solamente habría habido que votar los artículos 9º y 10 y las indicaciones de la Comisión de Hacienda, las que, evidentemente, por nuestra parte íbamos a votar favorablemente... El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Y el artículo 8°. El señor ACEVEDO.- y podría ser también el artículo 8°, como anota el Honorable señor Valenzuela Valderrama, don Héctor. ¿Qué persiguen los Honorables colegas de mayoría? Utilizar a toda la Cámara, para controlar a los parlamentarios de sus bancos, presentes y ausentes. No tenemos la culpa... El señor CANTERO.- Ni tampoco la tiene el personal de la Cámara. El señor ACEVEDO.- ..de que el país equivocadamente haya elegido a 82 Diputados de los cuales un gran número viene "tarde, mal o nunca"... Hablan varios señores Diputados a la ve. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡ Ruego a las señores Diputados, guardar silencio! El señor ACEVEDO.- Para Sus Señorías sí que ha habido una "revolución en libertad"... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ACEVEDO.- Por eso se han indisciplinado.................... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- La Mesa hará borrar de la versión todas las expresiones antirreglamentarias. El señor ACEVEDO.- No lo digo pollos que están aquí presentes; por los ausentes. Que ellos respondan, pero no podemos aceptar este procedimiento que sólo está destinado a controlar la asistencia de los parlamentarios de un partido. Para esto he pedido la palabra, para dejar expresa constancia de que lo que se busca con este sistema, es aplicar multas de carácter interno a los Diputados de la Democracia Cristiana que no saben cumplir con sus obligaciones. El señor PENNA.- Proporcionalmente, somos más en esta sesión... La señora AGUILERA (doña María Inés).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, hasta por cinco minutos por ser Comité. La señora AGUILERA (doña María Inés).- Señor Presidente, en primer término, voto que sí. La verdad es que las palabras del Honorable colega Acevedo han pasado todo límite, porque está culpando a los Diputados democratacristianos de un mal que no sólo se da en estos bancos. Esto es lo honrado. Si miramos hacia los bancos de Sus Señorías y los contamos, ¿cuántos hay? ¿Son por eso irresponsables todos los que no están ? ¡ Cuántos de Sus Señorías jamás están presentes en las sesiones! Podría dar muchos nombres. Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora AGUILERA (doña María Inés).- Yo creo, en esto quiero ser muy honesta, que si muchos faltan por negligencia, otros lo hacen seguramente, porque están cumpliendo distintas funciones, ya sea en Santiago o en sus respectivas provincias. Por eso, me parece que esta acusación del Honorable colega Acevedo no es afortunada. Yo espero que no se vuelva a repetir por la amistad y fraternidad que debemos mantener dentro de este recinto. Muchas gracias. El señor CAMUS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CAMUS.- Señor Presidente, el procedimiento usado en esta oportunidad, de pedir votación nominal con el objeto de saber cuántos Diputados democratacristianos están ausente de la Sala, es criticable, porque se pudo seguir otro, que nos evitara esta pérdida de tiempo, sobre todo cuando el personal de la Cámara ha estado sometido a una labor excesiva, que pudo ser abreviada con acuerdos previos de los Comités. Voto favorablemente. El señor PHILLIPS.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, hasta por cinco minutos por ser Comité. El señor PHILLIPS.- Gracias; pero no voy a ocupar todo ese tiempo. Señor Presidente, es lamentable que a esta altura de la sesión se haya pedido votación nominal, sabiendo que el Partido Comunista había pedido el cambio de su tiempo, porque hay gente en tribunas, que ha venido de la ciudad de Valparaíso a escuchar el planteamiento de los problemas que la aquejan, y que ha tenido que esperar hasta esta hora de la madrugada. El señor MUGA.- ¿Por que no lo hicieron antes? El señor PHILLIPS.- No comparto en muchas cosas el criterio del Partido Comunista; esto lo saben ellos y nosotros. Pero creo que el Honorable colega que me interrumpe y que es antiguo en el Parlamento podía enseñarles a los nuevos que con el Congreso no se chacotea; que deben ser más serios y formales, no como en la sesión de esta mañana, en que para discutir la reforma del Reglamento de la Cámara la Democracia Cristiana no había dado número. Esta noche, so pretexto de saber quiénes no están, obligan al resto de los parlamentarios a someterse a una votación nominal, cuando el problema administrativo de Sus Señorías podría resolverse de otra manera. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MUGA.- Olvida Su Señoría cuando radicales y liberales se negaban a dar número. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Muga! ¡Honorable señor Phillips! ¡Honorable señor Momberg! ¡ Estamos en votación! El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Quiero fundar mi voto. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- El Comité de Su Señoría ya hizo uso de los cinco minutos; sólo podría hacerlo con la venia de la Sala. ¿Habría acuerdo para que el Honorable señor Eduardo Sepúlveda funde su voto? Varios señores DIPUTADOS.- ¡No, señor Presidente! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- No hay acuerdo. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Voto que sí, señor Presidente. El señor SOTOMAYOR.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SOTOMAYOR.- Señor Presidente, voy a referirme a lo manifestado por ciertos oradores. Yo, como Comité, y haciendo uso de un derecho que me da el Reglamento, pedí votación nominal. Pero no por eso podemos aceptar las expresiones del Honorable señor Acevedo, que está molesto, no porque no hayamos respetado la anticipación de los 15 minutos del turno del Comité Comunista de la Hora de Incidentes, sino porque no pudieron usarlo en su oportunidad, cuando al término de la discusión del primer proyecto del Orden del Día, por una razón muy sencilla, porque sus visitas, que ahora están en las tribunas, no habían llegado. Este es el motivo del enojo del Honorable señor Acevedo. Si Sus Señorías no querían que estas personas trasnocharan, la solución la tuvieron en su mano, pero no con estos cinco o diez minutos que va a durar la votación nominal. Por eso no podemos aceptar las expresiones del Honorable señor Acevedo, sobre todo cuando sabemos que los parlamentarios del Frente de Acción Popular que en gran número han faltado a esta sesión están agitando huelgas de campesinos. En cuanto a la dieta parlamentaria, Su Señoría no tiene derecho a hablar nada, porque su partido se las retiene, y no es culpa nuestra que no sepan cuánto ganan. El señor ACEVEDO.- A alto honor lo tenemos. El señor SOTOMAYOR.- Voto que sí. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, por dos minutos. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, sólo dos palabras, porque se ha dicho algo que vale la pena recoger. El señor CADEMARTORI.- ¡Ya está bueno! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Cademártori! El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Resulta realmente abismante... El señor CADEMARTORI.- ¡ Que hable otro! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable Diputado, le ruego guardar silencio! El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Resulta abismante que por haber hecho uso el Comité Demócrata Cristiano de un recurso reglamentario, rasguen sus vestiduras radicales y liberales, que en otras oportunidades también lo emplearon. El señor PHILLIPS.- ¡Jamás! El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pero lo que resulta realmente intolerable son las expresiones del Honorable Diputado Acevedo. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- En los países totalitarios no existe esta auténtica representación popular que es el Parlamento, y en aquéllos en donde lo tienen como fachada, si alguien no cumple con sus obligaciones, tiene una sanción, que es el machetazo y el tiro en la nuca. Hablan varios señores Diputados a la vez, El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Se ha dicho por los comunistas que todos los demás cobramos la dieta; pero ni el monto dado por el Honorable señor Acevedo corresponde a la realidad. Y resulta que ellos también la cobran y con ella financian a un partido que trabaja para destruir la democracia chilena y sus instituciones. El señor CANTERO.- ¡ No acepto esas palabras...! El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Por eso, levanto mi voz de protesta por la intolerable actitud del Honorable señor Acevedo. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- La Mesa borrará las expresiones antirreglamentarias. El señor CAÑAS (Secretario).- Señor Valenzuela Valderrama, ¿cómo vota Su Señoría? El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Voto que sí. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- ¿Quién es el Honorable señor Vega? Parece que es un Diputado nacional, y también cobra la dieta. ¿Quién es el Honorable señor Naranjo? ¿Quién es el Honorable señor Marambio? ¿Dónde están los Diputados socialistas? Todos vienen a cobrar la dieta religiosamente. El señor OLIVARES.- ¡Están junto a los trabajadores, y no como Sus Señorías que están en los patrones! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Honorable señor Valenzuela! ¡ Honorable señor Olivares! Los puntos suspensivos que aparecen durante la votación nominal corresponden a expresiones suprimidas en conformidad con el artículo 12 del Reglamento. Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos. Votaron por la afirmativa los siguientes Diputados: Acevedo, Aguilera, don Luis; Aguilera, doña María Inés; Alvarado, Arancibia, Astorga, Aylwin, Cademártori, Camus, Cancino, Cantero, Cardemil, Cerda, don Carlos; Cerda, don Eduardo; Corvalán, De la Jara, Demarchi, Dip, doña Juana; Fernández; Fuentes, don Samuel; Galleguillos, Giannini,, Godoy Urrutia, Irureta, Isla, Jarpa, Laemmermann, Lorca, don Alfredo; Momberg, Monares, Muga, Olave, Olivares, Penna, Pereira, Phillips, Poblete, Ramírez, Retamal, doña Blanca; Rodríguez, don Manuel ; Sanhueza, Sepúlveda, don Francisco; Sotomayor, Stark, Tejeda, Téllez, Torres, Valdés, don Arturo; Valenzuela, don Renato; Valenzuela, don Ricardo; Valenzuela, don Héctor, y Videla. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- 'Aprobada la indicación de la Comisión de Hacienda. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio! En discusión el artículo 7º con la indicación de la Comisión de Hacienda. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por aprobado. Aprobado. El señor ACEVEDO.- Con la misma votación anterior. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Por unanimidad. El señor ACEVEDO.- Evidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión el artículo 8° con las indicaciones de la Comisión de Hacienda. Ofrezco la palabra. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Cerrado el debate. Si no se pide votación, se dará por aprobado. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En votación. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡Señores Diputados, les ruego mantener la serenidad, porque nadie va a saber qué se está votando si no escuchan! En el artículo 8°, hay tres indicaciones de la Comisión de Hacienda. ¿Se votaría el artículo 8° con las tres indicaciones en conjunto? Acordado. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pero no ofreció la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- La ofrecí dos veces. Su Señoría a lo mejor no escuchó, porque estaban hablando al mismo tiempo varios señores Diputados. En votación el artículo 8Q con las tres indicaciones de Hacienda. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MOMBERG.- .¡El señor Olivares no deja escuchar! El señor IRURETA.- Unos son de Ampuero y otros son de Allende, pero todos están pareados con la Derecha. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Después hablan de que vienen a votar a favor del pueblo. El señor OLIVARES.- ¡Tenemos la hombría de venir ! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡ Honorable señor Olivares! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡ Honorable señor Olivares, estamos en votación! Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 40 votos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Rechazado el artículo 8º con las indicaciones de la Comisión de Hacienda. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el artículo propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Aprobado. Se va a dar lectura a las indicaciones al artículo 9º El señor CAÑAS (Secretario).- 'Respecto del artículo 9º, se han presentado las siguientes indicaciones: De los señores Aylwin, Videla, Valenzuela, don Héctor; Maira, Suárez, Acevedo, señor Dip, Demarchi y señora Lazo, para que la letra e) del artículo 55 del Código Orgánico de Tribunales, que se modifica por este artículo, se suprima la frase "exceptuado el departamento de Maipo". De los mismos señores Diputados, para que en el artículo 55, letra f), se suprima "y el departamento de Maipo de la provincia de Santiago". De los señores Aylwin, Videla, Valenzuela, don Héctor; señora Dip, señor Demarchi, señor Acevedo, y señora Lazo, para agregar además, en la misma letra f), una frase que diga "No obstante, en materia laboral, el departamento de Maipo dependerá de la Corte del Trabajo de Santiago." El señor FERNANDEZ.- ¡ Son contradictorias ! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión el artículo 9º con las indicaciones. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Se va a votar el artículo 9º con la indicación a la letra e), que suprime una frase. El señor GIANNINI.- Votemos en conjunto las indicaciones a las letras e) y f)'I El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si me permiten los señores Diputados, se van a votar una por una, para hacer en mejor orden la votación. En votación el artículo 9º con la indicación a la letra e). Efectuada la votación en forma económica, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Hay dudas sobre el resultado. Se va a repetir la votación por el sistema de pie y sentados. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¡ Señores Diputados, estamos en votación! ¡ Les ruego guardar silencio! Repetida la votación por el sistema de sentados y de pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 24 votos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Rechazado el artículo con la indicación. En votación el artículo con la primera indicación a la letra f). El señor MONARES.- Que se rechace con la misma votación. Varios señores DIPUTADOS.- ¡ No! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si les parece a los señores Diputados, se rechazará con la misma votación. Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la indicación. El señor CAÑAS (Secretario).- La indicación consiste en suprimir, en la letra f), la frase "y el departamento de Maipo de la provincia de Santiago". El señor GIANNINI.- En consecuencia de lo anterior. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Es consecuencia de lo anterior, pero los señores Diputados tienen derecho a pedir votación. Solicito el asentimiento unánime de la Sala... El señor VIDELA.- No, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativo.18 votos; por la negativa 25 votos. El señor LORCA don Alfredo (Presidente).Rechazado el artículo 9º con la indicación. El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Aylwin, Videla, Valenzuela, don Héctor; Acevedo, Demarchi, señora Dip y señora Lazo, para agregar, en la misma letra f), una frase final que diga: "No obstante, en materia laboral, el departamento de Maipo dependerá de la Corte del Trabajo de Santiago." El señor LORCA, don Alfredo (Presidente. Si les parece a los señores Diputados, con la misma votación anterior, se rechazará el artículo con esta indicación. El señor AYLWIN (don Andrés).- No. El señor VIDELA.- No. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- ¡ Es otra materia, señor Presidente! El señor GIANNINI.- ¿Me permite, señor Presidente, para hacer una consulta? El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Está cerrado el debate, señor Diputado. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra... Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- No hay acuerdo. El señor GIANNINI.- Es consecuencia... El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Los señores Diputados piden votación. En votación el artículo 9º con la indicación. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 7 votos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Aprobado el artículo 9º con la indicación. Se van a leer las indicaciones correspondientes al artículo 10. El señor CAÑAS (Secretario).- Respecto del artículo 10, se han formulado las siguientes indicaciones: En primer término, indicación de los señores Aylwin, don Andrés; Valenzuela, don Héctor; Videla, Suárez, Maira, Acevedo; señora Dip, señor Demarchi y señora Lazo, para que en la sustitución del inciso tercero del artículo 514 del Código del Trabajo que se modifica por este artículo se suprima la frase "exceptuado el departamento de Maipo". En seguida, indicación de los señores Maira, Valenzuela, don Héctor; y señora Lazo, para, que se suprima la modificación del artículo 54 del Código del Trabajo contenida en el inciso primero, o sea, toda la enmienda que dice: "Sustituyese el inciso tercero por el siguiente: "Corte del Trabajo de Santiago, can la provincia de Santiago, exceptuado el departamento de Maipo, y"". Indicación de los mismos señores Diputados para suprimir en el inciso final, frase primera, la expresión "Rancagua". Es decir, en la frase "Las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, La Serena, Rancagua", se suprimirá "Rancagua". Indicación de los mismos señores Diputados para suprimir la frase final, que dice: "La Corte de Apelaciones de Rancagua comprenderá, además, para estos efectos, las provincias de Curicó y Talca." La Comisión de Hacienda, además, ha formulado indicación para agregar en este mismo inciso, después de las palabras "Curicó" y "Talca", la frase final: "y el departamento de Maipo de la provincia de Santiago", reemplazando el punto por una coma. Además, hay una indicación de los señores Tejeda, por una parte; Morales, don Carlos, por la otra; y del señor Naudon y de la señora Lazo, para suprimir la modificación que se introduce en el artículo 514 del Código del Trabajo. Hay también una indicación de la Honorable Comisión de Hacienda en la enmienda al artículo 515 del Código del Trabajo, que figura en el informe respectivo para reemplazar la frase: "las expresiones "seis" y "dos" por "cinco" y "uno", respectivamente", por la siguiente: "la expresión "dos" por uno".". Y, en el inciso segundo, de la modificación, reemplazar "las expresiones "Viña del Mar, San Miguel", seguidas de una coma", por "la expresión "Viña del Mar", seguida de una coma." El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión el artículo 10 con las indicaciones. El señor VALENZUELA (don Ricardo).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela. El señor VALENZUELA (don Ricardo).- Señor Presidente, en forma breve deseo referirme a la causa por la cual la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia consideró oportuna la indicación del Ejecutivo, en el sentido de dar la jurisdicción del trabajo a la Corte de Rancagua. Este problema se debatió más o menos largamente en la Comisión, en la que el Honorable señor Tejeda dio las razones que en la discusión general ha repetido. Otros señores Diputados dieron argumentos parecidos. Asimismo, otros Honorables colegas, entre ellos, el Honorable señor Isla, el Diputado que habla y varios más que en este instante no recuerdo, consideramos que ante la circunstancia de que los trabajadores, en especial los campesinos, debido a la promoción que viene realizando el Gobierno de la Democracia Cristiana, están obteniendo ca.da día mejores condiciones de vida, y que los elementos patronales ponen toda clase de dificultades, se tiene necesariamente que llegar a algunos juicios del trabajo. Por lo tanto, es preciso dar la mayor facilidad posible para que las apelaciones de los juicios del trabajo sean rápidas, expeditas y no signifiquen mayor gasto a los trabajadores. Se ha dicho que estas apelaciones no requieren grandes alegatos y que precisan de un mero y simple trámite, pero todos sabemos que los trabajadores se sienten bastante inquietos, y con justicia, cuando se ven estas materias, pues deben ir a los lugares donde tienen que ventilarse sus casos con el objeto de que el abogado se preocupe de la presentación de los escritos y sientan, en fin, la inquietud natural del que trata de obtener una solución satisfactoria a sus intereses. Tengo a la mano el número de causas ingresadas en la Corte del Trabajo de Santiago desde los años 1963 a 1966. Ellas varían en estos años, desde 636, 536, 562, hasta 701 en el año 1966, lo que quiere decir que estas causas son muy pocas. Esto nos está indicando, a lo mejor, que las razones que dimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia eran justas, significaban una realidad; o sea, decididamente existe indefensión para los trabajadores, que no puedan hacer sus apelaciones y que se conforman, ante la imposibilidad de venir a Santiago desde Talca, por ejemplo, con la sentencia de primera instancia. Comprendo que es discutible el problema. Por eso, no como Diputado informante, sino como Diputado de la Democracia Cristiana, expreso que en esto tenemos absoluta libertad para votar, porque es discutible el problema. Pero entre que los trabajadores queden en la indefensión o que haya un tribunal especializado, nosotros estimamos que es preferible que no queden en la indefensión. Por otra parte, no creo tanto en esta separación neta del derecho. Estimo que el derecho social tiene que ir penetrando cada día más en el derecho civil, en el derecho comercial y en todas las ramas del Derecho, porque es la forma como éste tiene que adecuarse a las modernas concepciones que van avanzando en la época actual, y nuestro país no es ajeno, felizmente, a los avances de este tipo. Por eso doy las explicaciones del caso a la Honorable Cámara del porqué la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aceptó y aprobó la indicación que venía en el proyecto original del Ejecutivo. Nada más. El señor TEJEDA.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor TEJEDA.- Señor Presidente, como no soy rancagüino puedo opinar con mayor libertad que el Honorable colega Valenzuela. La verdad es que no hay ninguna facilidad y ningún beneficio para el trabajador en el hecho de quitarle a una Corte de Apelaciones del Trabajo la jurisdicción para entregársela a la justicia ordinaria.. Desde luego, no va a ganar en prontitud el juicio ni andará más rápido, como lo ha manifestado el Honorable señor Valenzuela... El señor LAEMMERMANN.- Todo lo contrario. El señor TEJEDA.- ..porque la justicia ordinaria tiene su trabajo de rutina y la Corte de Apelaciones tiene la obligación, por ley, de dar preferencia a los casos donde hay un detenido o un preso, es decir, a la mayoría de las causas criminales. En segundo lugar, no significa ningún gasto, ni cinco centavos más, que las apelaciones se vean aquí, porque en estos casos el abogado que los ha defendido en primera instancia es el que conoce el juicio, quien decide si se apela, y al cual corresponde presentar la apelación por escrito. La. Corte del Trabajo sólo tiene que fallar. Por último, los campesinos y obreros se sienten mucho más garantidos cuando estas apelaciones se van a fallar en Santiago, porque allá, dentro de la mentalidad del grueso de la gente, se estima que los patrones no cuentan, en estos casos, con amigos o influencias al estar más distante de sus fundos estos tribunales que fallarán las apelaciones. Dentro de este criterio y, además, por las razones expresadas denantes por el Honorable señor Héctor Valenzuela Valderrama, quien hizo un estudio sobre el alcance jurídico de esta cuestión, en su calidad de Presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Social y especialista en la materia, me parece que debemos aprobar la indicación en debate, en especial la que cuenta con mi firma, porque comprende a todas las otras presentadas sobre la misma cuestión. Al aprobarse esta indicación, las cosas quedan como están en materia del trabajo. Nada más, señor Presidente. El señor CADEMARTORI.- Que se vote, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Honorable señor Cademártori, acaba de hablar el Honorable señor Tejeda. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, comprendo y respeto el interés de los señores Diputados que representan a la provincia de O'Higgins por darle mayor categoría a la Corte de Apelaciones que se crea por el proyecto en debate. Lo entiendo. Pero no comparto el criterio de mi estimado colega don Ricardo Valenzuela, quien dice que hay libertad para votar en esta materia, porque se trata de una cuestión de procedimiento. Yo pienso que esto es más que un asunto de procedimiento. Aquí existe una cuestión de principios jurídicos. Por eso la defiendo con calor. No voy a repetir los razones que hice denantes. Sólo quiero dejar sentadas dos ideas: primero, que el entregar a la justicia civil el conocimiento de cuestiones laborales provoca, en definitiva, la. terminación de la especialización del Derecho del Trabajo, principio que inspiró la creación de los tribunales del trabajo, los cuales constituyen, en el fondo, la herramienta más adecuada para defender los intereses de los trabajadores. En segundo lugar, los conflictos de los asalariados no pueden ser solucionados con el mismo criterio con que se resuelven aquellas cuestiones meramente patrimoniales, que tienen por objeto el intercambio de bienes materiales. Los principios que rigen la especialización jurídica concerniente al Derecho del Trabajo son otros. Por consiguiente, tratar de que el conocimiento de las cuestiones del trabajo, especializadas en beneficio de los propios trabajadores, sea entregado a la justicia ordinaria, creo que es un error que perjudica a los trabajadores, por las razones que di denantes. Y una última y brevísima observación, que es el fruto de la experiencia que uno puede haber adquirido en el ejercicio de la profesión, en esta especialidad del trabajo. Si hay algo rápido, son justamente las apelaciones en los juicios del trabajo, como acotó el Honorable colega señor Tejeda. Nunca demora la Corte del Trabajo más de 15 ó 20 días en resolver las apelaciones que han sido elevadas a su criterio. Y éste es un hecho que no puede ser rebatido, porque refleja exactamente la realidad que nosotros, los abogados, podemos comprobar cada día. Esto es un beneficio para la clase trabajadora. Pero, ahora, si acaso se traslada este asunto a la jurisdicción de la justicia ordinaria, que conoce, como denantes dije, cuestiones criminales, civiles, patrimoniales, en general cuestiones de familia, siempre habrá alguna razón asilada en disposiciones precisas de derecho que les va a dar preferencia a otras causas sobre las que vayan en apelación en materia especializada del trabajo. Por estas razones, y resumiendo el planteamiento que formulé denantes, no sé con cuál de las indicaciones quedarme, ya que se presentaron varias. Sólo pido que se busque la manera de que el artículo 514, en su inciso tercero, quede tal como está; vale decir, que la Corte del Trabajo de Santiago tenga jurisdicción, como la tiene hoy, en las provincias de Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curicó y Talca. Esto beneficia a los trabajadores; por eso lo defiendo con calor. El señor ACEVEDO.- Que se vote la más amplia. La señora DIP.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. La señora DIP.- Concedo una interrupción al Honorable señor Videla. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Videla. El señor VIDELA.- Señor Presidente, entiendo perfectamente bien el deseo de los colegas de las provincias de O'Higgins y Colchagua de crear una Corte de Apelaciones en la zona, para que se vean más rápidamente los asuntos judiciales que pudieran sufrir dilación al ser fallados en Santiago, salvo el caso de los juicios de carácter laboral. Pero creo que la indicación presentada por la Diputada del cuarto distrito, acompañada de otros parlamentarios, se debe a que con la creación, con la anexión en el orden jurídico, del departamento de Maipo a la Corte de Apelaciones de Rancagua, se está cometiendo una dolorosa injusticia con sus habitantes, especialmente con los de más escasos recursos. Porque nadie puede suponer que con este cambio de jurisdicción se ha de favorecer a personas que se encuentran aisladas ele Rancagua hasta geográficamente, mucho más que las de Colchagua; que cuentan con una muy buena locomoción hacia Santiago; que están asistidas permanentemente por abogados de la capital que viajan a Maipo; y que, de pronto, se ven compelidas a someter sus asuntos de orden judicial a la jurisdicción de la Corte rancagüina. Indudablemente, el cambio propuesto creará confusión, porque si para realizar cualquier diligencia de orden administrativo o de naturaleza no judicial los habitantes del departamento de Maipo tienen que venir a Santiago, no es posible que para el solo efecto de litigar tengan que viajar a Rancagua. Por las razones expuestas, los Diputados del cuarto distrito de Santiago, que es el más olvidado, hemos presentado la indicación leída. No queremos que por una sola materia, se cercene de Santiago a este departamento. Quisiera que los señores Diputados que no comparten nuestros puntos de vista, demostraran ese mismo interés para incorporar al departamento de Maipo, y a todo el cuarto distrito, en los beneficios de la ley del cobre. Nunca han pensado siquiera en esta posibilidad, pero cuando se trata exclusivamente de dejar en la indefensión jurídica a los vecinos más menesterosos del departamento mencionado, no tienen inconveniente en someterlos a. la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Señor Presidente, como abogado que siempre me ha interesado, en forma, muy especial, por los problemas del trabajo, coincido plenamente con lo manifestado tanto por el Honorable señor Tejeda como por el Honorable señor Valenzuela Valderrama... El señor CADEMARTORI.- Entonces votemos. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Realmente, en beneficio del principio que establece la Judicatura del Trabajo, se hace necesario dictar una norma consecuente con lo que hasta ahora se ha mantenido. Pienso, al igual que mis Honorables colegas señores Valenzuela Valderrama y Tejeda, para innovar en esta materia sería peligroso. Por ello, creo que la Honorable Cámara debiera aprobar el artículo en debate en los términos propuestos por el Honorable señor Valenzuela Valderrama. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Se va a votar el artículo 10 con la indicación que suprime las modificaciones del artículo 514 del Código del Trabajo. Si fuera desechado, se votaría con las indicaciones pertinentes. En votación. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 6 votos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Aprobado el artículo .10 con la indicación que suprime las modificaciones al artículo 514 del Código del Trabajo. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la enmienda al artículo 515 del Código del Trabajo, propuesta por la Comisión de Hacienda. Varios señores DIPUTADOS.- Que se vote. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En votación. Si le parece a la Honorable Cámara, se rechazará la indicación de la Comisión de Hacienda y se aprobará el artículo en la forma original. ¿Habría acuerdo? Aprobado. En discusión el artículo 12 con la indicación de la Comisión de Hacienda, que lo reemplaza. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el artículo 12 con la indicación de la Comisión de Hacienda. Aprobado. El señor ACEVEDO.- Que se vote el resto de las indicaciones de la Comisión de Hacienda en una sola votación... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- ¿Me permiten, Honorables Diputados? En discusión el artículo, nuevo, de la Comisión de Hacienda. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el artículo, nuevo, propuesto polla Comisión de Hacienda. Aprobado. Se va a leer una indicación que consiste en agregar un artículo nuevo. El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Phillips, De la Fuente, Basso, Morales, don Carlos; Laemmermann, Vega y Ochagavía, para agregar el siguiente artículo, nuevo: "Artículo... El uso de la facultad a que se refiere el artículo anterior, no podrá significar, en caso alguno, expiración de funciones para el personal en actual servicio, ni disminución o supresión de los cargos contemplados en la planta del Consejo de Defensa del Estado en vigencia, ni disminución de las remuneraciones de que goce su personal, ni alteración del lugar de residencia actual del mismo. La modificación de plantas dispuesta en el artículo anterior no hará perder los derechos contemplados en los artículos 59 y 60 del D.F.L. Nº 338, de 1960, de que gozare el referido personal, ni su derecho a jubilar en conformidad al artículo 132 del mismo texto legal, siempre que a. la fecha de su encasillamiento cumpliera los requisitos que el citado artículo exige". El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 33 votos. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Rechazada la indicación. En discusión el artículo 1º transitorio con las indicaciones de la Comisión de Hacienda. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el artículo con las indicaciones de la Comisión de Hacienda. Aprobado. El señor CADEMARTORI.- Que se voten en una sola votación todas las indicaciones. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Está aprobado el artículo 1? transitorio con las dos indicaciones de Hacienda. En discusión el artículo 3? transitorio con la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en reemplazarlo. El señor GIANNINI.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor GIANNINI.- Señor Presidente, la indicación de la Comisión de Hacienda sobre este artículo está en contradicción con lo ya aprobado por la Honorable Cámara en relación con el artículo 6º. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Honorable Cámara, se rechazará la indicación de la Comisión de Hacienda y se aprobará el artículo en su forma original. Aprobado. En discusión el artículo 7º transitorio con las dos indicaciones de la Comisión de Hacienda. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el artículo con las dos indicaciones de la Comisión de Hacienda. Varios señores DIPUTADOS.- No hay acuerdo. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En votación el artículo 7º transitorio con la primera indicación de la Comisión de Hacienda. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará. El señor GIANNINI.- Sin las indicaciones, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el artículo en su forma original, sin las indicaciones de la Comisión de Hacienda. ¿Habría acuerdo? Aprobado. Terminada la discusión del proyecto. 11.- PRIMERA CONVENCION NACIONAL DE JUECES, RELATORES Y SECRETARIOS. PROYECTOS DE ACUERDO El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Se va a dar lectura a los proyectos de acuerdo relativos a la primera Convención de Jueces. El señor CAÑAS' (Secretario).En relación con el debate de la Primera Convención Nacional de Jueces, se han formulado los siguientes proyectos de acuerdo que corresponde tratar en este instante: De los señores Morales, don Carlos; Fernández, Laemmermann, Basso, Fuentes, don Samuel; Acuña y Tejeda, apoyados por los señores Poblete, Comité Radical ; y Acevedo, Comité Comunista: "La Honorable Cámara, después del debate habido con relación a los acuerdos adoptados en la Primera Convención de Jueces, Relatores y Secretarios, acuerda: 1°.- Expresar su solidaridad' con los acuerdos que tienden a mejorar nuestra legislación sustantiva y procesal y propugnan por el mejoramiento socioeconómico de las personas que trabajan en el Poder Judicial. 2°.- Enviar oficio a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda y Justicia, con el fin de que tengan a bien estudiar las resoluciones aprobadas en la Convención de Jueces y enviar al Congreso Nacional los mensajes respectivos que contengan esas ideas, sin perjuicio de las mociones que puedan presentar los señores Diputados, y 3º.- Que en el envío de tales mensajes, el gobierno dé preferencia a aquel que mejore la situación económica del personal que trabaja en los tribunales del país, por cuanto sus exiguas remuneraciones así lo determinan, con el fin de hacer justicia a. funcionarios especializados y competentes, como son los que laboran en el Poder Judicial. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo a que se ha dado lectura. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará. Aprobado. El señor CAÑAS (Secretario).- Proyecto de acuerdo suscrito por los señores Morales, don Carlos; Fuentes, don Samuel; Jarpa, Camus, Rioseco, Basso e Ibáñez, apoyados por el señor Poblete, Comité Radical: "Considerando: Que el alza del costo de la vida al 31 de agosto último excederá del 17% ; Que diversos sectores de funcionarios públicos, entre los cuales se incluye el Poder Judicial, han analizado en Convenciones recientes su difícil situación económica ; Que, en iguales condiciones, lo han analizado los sectores de jubilados y montepiadas, La Honorable Cámara acuerda: a) Recabar del Supremo Gobierno el envío de un proyecto de ley que contemple, por el resto del año y a contar desde el 1º de septiembre próximo, una bonificación compensatoria, no inferior al 17%, para los funcionarios del Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Carabineros, funcionarios civiles de la Administración Pública y para los sectores de jubilados y monte piadas; en base no inferior a un sueldo vital de Santiago como mínimo y hasta de tres sueldos vitales como máximo también de Santiago; b) Esta bonificación les será pagada mensualmente y no estará afecta a ninguna tributación previsional; c) Igual beneficio y en idéntica forma les será otorgado a los empleados del sector privado, y d) Una bonificación similar se les abonará a los obreros del sector privado en proporción a sus salarios vitales." El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Para votar este proyecto de acuerdo se necesita el asentimiento unánime de la Honorable Cámara, porque se refiere a una materia distinta de la del debate. ¿Habría acuerdo? Varios señores DIPUTADOS.- No, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- No hay acuerdo. Terminada la lectura y votación de los proyectos de acuerdo. Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para que, inmediatamente después del tiempo que le corresponde al Partido Comunista en la Hora de Incidentes de la presente sesión, los turnos restantes se acumulen a la Hora de Incidentes de la primera sesión ordinaria. El señor RIOSECO.- No hay acuerdo. El señor LAEMMERMANN.- No, señor Presidente. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Hay oposición. 12.- SITUACION DE POBLADORES DE LAS POBLACIONES "VILLA DULCE NORTE" Y "VILLA DULCE AMPLIACIÓN DE LAS ACHUPALLAS", DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAISO, POR ACTITUD DE DENUNCIA CONTRA LA SOCIEDAD PROMOTORA DE VIVIENDAS ECONOMICAS PROVIEN.- OFICIOS. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- En la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Comunista. El señor CANTERO.- Pido la palabra. El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CANTERO.- Señor Presidente, los parlamentarios comunistas deseamos hacer, en esta oportunidad, una denuncia bastante grave, de hechos que afectan los intereses de centenares de familias de Viña del Mar. Junto con el Honorable señor Luis Guastavino, he sido invitado a diversas asambleas realizadas por los vecinos de las poblaciones "Villa Dulce Norte" y "Villa Dulce Ampliación de Las Achupallas", de Viña del Mar. Estos vecinos han conversado con varios parlamentarios, de distintos partidos, a quiénes han expuesto sus problemas, que se arrastran desde hace muchos años, como también al Presidente de la República, sin que hasta el momento se les haya escuchado, se les haya hecho justicia, o se haya puesto coto a los abusos de que son víctimas. Las Juntas de Vecinos de las poblaciones que he mencionado se han unido y hoy armonizan su criterio y su acción para luchar contra lo que ellos estiman una estafa indignante de la Sociedad Promotora de Viviendas Económicas (PRO VIEN), entre cuyos ejecutivos se cuenta el miembro de esta Corporación, señor Rubén Hurtado. El Diputado señor Rubén Hurtado ocupa en esa firma el cargo de Presidente Gerente. El señor POBLETE.- ¡Qué grave! El señor CANTERO.- En el diario "La Unión", de Valparaíso, del 18 de julio último, se hizo una detallada publicación por los adquirentes de "PROVIEN", titulada: "Pobladores de Villa Dulce Norte exponen sus problemas con PROVIEN". El diario El Siglo" y otros diarios han entregado también algunos antecedentes acerca de este grave problema, que nos hace recordar la frase de Shakespeare "Algo huele mal en Dinamarca", en este caso, en Las Achupallas. El propio Diputado señor Rubén Hurtado se vio obligado a publicar en "La. Unión", de Valparaíso, una aclaración, que aclara muy poco y que, en los hechos, no aclara absolutamente nada. La lucha de estos centenares de familias, que han recurrido a todas las autoridades, como es de conocimiento de muchos parlamentarios de distintos partidos, se arrastra ya desde hace varios años. Por ejemplo, hace algunos años, Viña del Mar se vio conmovida por una ruidosa manifestación de protesta, realizada por mujeres y hombres adquirentes de viviendas de PROVIEN, frente a las oficinas de esta Sociedad, en la cual los afectados acusaron a esta empresa del Diputado señor Hurtado de haberlos estafado. ¿Qué parlamentario de Valparaíso, repito, no hemos sido testigos de las acusaciones e indignación de esta gente sencilla, que crispa sus puños con rebeldía al reclamar de lo que considera un engaño y un robo, para ella y sus familias, de parte de PROVIEN? Son centenares los vecinos y pobladores de "Villa Dulce" que se han trasladado, ya por tercera vez, a Santiago, desde Valparaíso, para exigir de los parlamentarios que expongamos crudamente esta denuncia, aquí, en la Cámara, a fin de que, a través de los oficios que nosotros pediremos, se les haga justicia de una vez por todas. Voy a leer las partes más fundamentales de un documento elaborado por los propios afectados, que dice lo siguiente: "1ºQUe, para satisfacer nuestro más caro anhelo de contar con una casa propia al alcance de nuestros medios y dado que la Sociedad Promotora de Viviendas Económicas en Comandita por Acciones, PROVIEN, cuyo plan de construcciones llegó a ser tan perfecto que fue puesto como ejemplo de cooperativismo bien organizado en varios países de América. Latina, no trepidamos en hacernos accionistas de ella, para lo que suscribimos cuatro acciones de 10 escudos cada una en el año 1960. Posteriormente dicha Sociedad inició el año 1962, su ambicioso plan de construir 1.885 viviendas, para lo que consiguió dos millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, con lo que financió un 37 % de la construcción, y para el 63% restante consiguió fuera, financiada por la CORVI. Para obtener los dineros de este organismo, se hizo hincapié en que la Sociedad sería la empresa constructora, evitando así intermediarios que harían subir el costo de las casas e, incluso, se montó una fábrica de bloques y maquinarias para tal efecto. A su vez, para cimentar mejor la operación, se pidió a cada postulante a vivienda que aportara 10 escudos mensuales hasta que ésta le fuera entregada, y también que aquéllos que tenían terrenos, o sea, los 500 metros cuadrados ya distribuidos y cancelados, con título entregado, en el sector de autoconstrucción de Achupallas, lo aportaron a la operación "construcción de casas", con el compromiso de descontar su valor total de la vivienda." "2ºQue, con el correr del tiempo, todo este castillo de sueños continúa la denuncia se diluyó en sólo promesas y la PROVIEN empezó a actuar con manejos turbios. Vendió por su cuenta y riesgo la maquinaria, pesada comprada para la urbanización; vendió terrenos y derechos a dos o más personas; recibió aportes al mejor postor para incluirlos en la lista de los privilegiados; vendió terrenos a entidades particulares y estatales... Contrató los servicios de la. Empresa Constructora de don Alfredo Dünner para que se hiciera cargo del plan habitacional. Como si esto fuera poco, empezó a presionar a los futuros adquirentes para pedirles dinero a destajo como condición previa para entregarles las futuras casas que, en un total de 652, como primera etapa, se construyeron en Villa Dulce Norte. Es así como, más las sumas aportadas anteriormente, estos aportes llegaron a ser del orden de los 3 mil escudos y más, excluyendo de sus planes a aquellos accionistas que no disponían de buena solvencia económica, reemplazándolos por otros a los cuales hizo socios de la noche a la mañana, con todas las prerrogativas de los antiguos". "3°Cobraron, además, 80 escudos mensuales, a título de arriendo y lo que solamente ingresaría a sus arcas, sin derecho a reclamo por parte de los ocupantes." "4ºQue con subterfugios... lograron endosar a la CORVI todas las construcciones terminadas para que este organismo cobrara sus dividendos y se las arreglara. directamente con los engañados adquirentes, sin tomar en cuenta para nada los dineros aportados anteriormente." "5ºQue, una vez entregadas las casas, la PROVIEN obligó a los adquirentes a firmar la escritura de compraventa, división de mutuo y deuda, totalmente en blanco, cobrando por ella Eº 750 y más, suma que fue cargada a nuestra cuenta corriente" dicen los vecinos de esta población. Se debió firmar también un acta de entrega provisoria, en la que éste el adquirente reconocía el dividendo provisorio de 80 escudos, que se recibía de la casa conforme a los planos y especificaciones aprobados..., todo esto sin derecho a posterior reclamo y pon la amenaza de no adjudicársela si no cumplía con estos requisitos previos. "6ºQue las construcciones son de pésima calidad, no ajustándose ellas a las especificaciones aprobadas por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar..." Por estas construcciones de mala calidad "se nos cobra actualmente cerca de los 30 mil escudos, considerando el terreno que ya era nuestro, como se dice en el Nº 1º de esta exposición, más 699 cuotas CORVI reajustables que se cobran por reparaciones a las casas dañadas por el sismo, las que aún no se efectúan, cobradas a todos por parejo en circunstancias que la segunda etapa, esto es, las 697 casas de ampliación Villa Dulce Norte, recién estaban en sus bases y, por lo consiguiente, no sufrieron daños de ninguna especie... Su dividendo oscila entre los Eº 160 a los Eº 190 mensuales, valor casi imposible de cancelar por los modestos pobladores, en su mayoría jubilados, obreros y empleados. "7ºQue la Sociedad no da cumplimiento a sus estatutos en lo referente a sus balances anuales e informaciones a los accionistas, los que desconocen totalmente el estado financiero de ella." Finalmente, señalan los afectados: "Nuestro movimiento no tiene carácter político de ninguna especie y solamente nos guía el derecho de luchar por conseguir se dé el verdadero valor a las viviendas y, desde luego, un dividendo que esté al alcance de nuestros modestos medios económicos. "Con tales antecedentes, y mientras no se nos solucione este grave problema, hemos dejado de cancelar los dividendos provisorios a la PROVIEN, e, igualmente, seguiremos morosos con la CORVI, dejando en claro, eso sí, que no dejaremos de cancelar nuestra, deuda una vez finalizado nuestro movimiento". Agregan que "cada poblador tenía como dije anteriormente un sitio de 500 metros cuadrados nominales, que, posteriormente, quedó en 450 metros cuadrados; pero la construcción en definitiva quedó en un promedio de 250 metros cuadrados". Y los pobladores se preguntan: Y el resto de los metros cuadrados que corresponde a cada poblador, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde está? Se trata, pues, de un hecho público, de un malestar real, de un problema insoslayable, especialmente si se toman en cuenta aspectos como los que describen un cuadro en el que tiene que ver un número de muchos miles de familias. Se trata de un problema social, como es el de la vivienda; se trata de un negocio público de muchos miles de millones de pesos, en el que participan instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CORVI, la CORMU; que tiene que ver con la. honorabilidad y la honestidad cuestionadas de un representante público, de un parlamentario, miembro también de esta rama del Congreso Nacional. Todas estas consideraciones hacen obligatorio que nos preguntemos: ¿qué hacer con todos estos antecedentes, que han sido entregados a un gran número de parlamentarios por los afectados? ¿Es posible silenciar una situación de esta naturaleza? ¿Qué actitud nos impone la moral pública fiscalizadora? Los comunistas nos caracterizamos por alzar nuestra voz, siempre y ante cualesquiera circunstancias, en defensa de los pobladores, del esclarecimiento y rectitud de los procedimientos empleados en problemas que dicen relación con dineros y anhelos del pueblo y con dineros fiscales. Es por esto que deseamos una. exhaustiva y minuciosa investigación; y queremos que ella sea solicitada por la Cámara a la Contraloría General de la República, como lo hizo en el Senado el Honorable Senador Luis Bossay Leiva... El señor STARK (Vicepresidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Comunista. El señor CANTERO.- Pido que se envíe oficio a la Contraloría General de la República. El señor STARK (Vicepresidente).- Se dirigirá el oficio solicitado por Su Señoría. El señor CANTERO.- En nombre del Comité Comunista. El señor OLAVE.- Y del Comité Socialista. El señor BASSO.- Y del Comité Radical. El señor STARK (Vicepresidente).- Se despachará el oficio en nombre de los Comités Comunista, Socialista y Radical. El turno siguiente corresponde al Comité Independiente, que lo ha cedido al Comité Radical. El señor CAMUS.- Pido la palabra. El señor STARK (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CAMUS.- Señor Presidente, los Diputados radicales no hemos .querido mantenernos ajenos al debate suscitado con la intervención del Honorable Diputado señor Cantero. Efectivamente, su denuncia se refiere a una situación muy antigua planteada en la provincia de Valparaíso, concretamente en la ciudad de Viña del Mar. Como en la actualidad no tenemos la suerte de contar en nuestras filas con un Diputado que represente a la provincia de Valparaíso en la. Cámara, no hemos recibido los antecedentes suficientes para intervenir con la claridad y profundidad con que lo ha hecho el Honorable colega señor Cantero, quien, como hemos podido apreciar, ha estudiado y conoce este problema. Sin embargo, algunos de los antecedentes proporcionados por el mismo Diputado señor Cantero y otros que tiene el parlamentario que habla acerca de este problema nos permiten intervenir en este debate para apoyar esta denuncia, por considerarla totalmente justificada. En verdad, se trata de una buena iniciativa, que fue desvirtuada completamente, desde su origen, y se ha convertido en una operación perjudicial para los que intervinieron, con toda inocencia, en el manejo y adquisición del fundo Las Achupallas, con la esperanza de que iban a adquirir allí sus casas, concretando una aspiración largamente sentida, por modestos trabajadores de Viña del Mar y de la provincia de Valparaíso, en general. Esta iniciativa nació en la Confederación de Sindicatos de Viña, del Mar, organismo que existía no sé si aún subsiste desde hace muchos años y que se constituyó sobre la base del Sindicato CRAV. que era bastante poderoso y solvente y actuaba al margen del movimiento sindical y de la Central Unica de Trabajadores, en Viña del Mar. En él participó el actual Diputado señor Rubén Hurtado que fue elegido con una buena votación en Viña del Mar justamente apoyado por estos elementos, que quisieron elegirlo como su representante en la Cámara, para facilitarle las gestiones destinadas a materializar esta aspiración. Pero, a medida que transcurrió el tiempo y se fueron sucediendo los hechos, tanto la Confederación de Sindicatos como el mismo Sindicato CRAV y esta iniciativa . se desviaron de su primitivo objetivo y se convirtieron en un negocio manejado con toda la técnica de los monopolios, de los "trust" americanos. Yo atribuyo el viraje que tuvo esta iniciativa a la desviación sindical y conceptual de la Confederación de Sindicatos, como del Sindicato CRAV y de sus dirigentes. Estos se vincularon con las organizaciones americanas, que les enseñaron su técnica, su forma de trabajo, los desvincularon del movimiento gremial de aquel entonces e hicieron de ellos una especie de "capos", de señores que buscaban su beneficio personal, que trataban de obtener ventajas pecuniarias de su gestión. Esto explica la dramática situación en que se encuentran estos trabajadores después de largos años de sacrificios, de un esfuerzo inmenso y una paciencia realmente impresionante. Porque sólo ahora la. Cámara ha venido a conocer esta situación que ya planteó en el Senado el Senador Luis Bossay, que representa a la provincia de Valparaíso. Sólo ahora la Cámara empieza a preocuparse de los pobladores de Las Achupallas, que están desesperados, porque ven frustradas sus esperanzas, sus anhelos y se dan cuenta que han perdido gran parte de lo que ahorran con grandes sacrificios para tener su casa, y mejorar su situación. Por eso, los Diputados radicales apoyaremos esta iniciativa de los Diputados comunistas para que la Contraloría General de la República investigue este oscuro negocio, que es un engaño más a modestos trabajadores que cometieron la ingenuidad de creer que podrían obtener5 un mayor bienestar alejados de los organismos de lucha de la. clase trabajadora. ¡Qué esto les sirva de lección! Pero, en todo caso, como lo ha dicho el Honorable colega Manuel Cantero, tenemos que respaldar a este sector de nuestro pueblo. Por eso estamos dispuestos a continuar la batalla para que se satisfagan las aspiraciones de estos pobladores de Las Achupallas, en Viña del Mar. 13.- SITUACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO. El señor OLAVE.- ¿Me permite, señor Diputado? El señor CAMUS.- Le he concedido una interrupción al Honorable señor Laemmermann. El señor LAEMMERMANN.- Le con, estío una interrupción al Honorable señor Olave, señor Presidente. El señor STARK (Vicepresidente).- Su Señoría, no puede conceder interrupciones, porque está haciendo uso de una. El señor LAEMMERMANN.- ¿Cuántos minutos quedan, señor Presidente? El señor STARK (Vicepresidente).- Restan seis minutos a su Comité, señor Diputado. El señor LAEMMERMANN.- Señor Presidente, de nuevo me veo en la obligación de distraer el tiempo de la Cámara para llamar la atención de los señores Diputados y del Gobierno sobre la grave y apremiante coyuntura que está viviendo la provincia de Arauco, a la que tengo el honor de representar. En numerosas oportunidades me he referido al problema y, con evidente desencanto, debo declarar que las autoridades del Ejecutivo han prestado oídos sordos a nuestras denuncias. Más bien diría que, en ciertos aspectos, algunos funcionarios han hecho todo lo contrario de lo que señala la sensatez y la cordura para superar aquellos problemas. Me refiero a la decisión, que traduce un sentimiento de soberbia y de menosprecio hacia los más desvalidos, de parte de la gerencia de la COREO, que lentamente va aplicando su plan para cerrar el mineral de Pilpilco, empujando a la cesantía, la desesperación y el hambre a unas cinco mil personas. Consta a los señores Diputados las reiteradas advertencias que sobre este problema he formulado. Han sido inútiles las gestiones directas ante la CORFO y ante el Gobierno para impedir que esta demostración de insensibilidad social sea consumada. Es de tal gravedad la medida en referencia, que hasta un sector juvenil del partido único de Gobierno ha llamado a las puertas del Ministerio del Interior, al parecer inútilmente, para pedir que se derogue el acuerdo de clausurar aquellas minas de carbón Hace poco viajaron a la zona el señor Ministro de Obras Públicas y el señor Subsecretario del Interior, quienes se ocuparon del tan pregonado Plan de Integración de la Cuenca del BíoBío. Como bien saben los señores Diputados y todo el país, pocos gobiernos han demostrado ser más partidarios que éste de elaborar planes, rodeados de una manifestación de pirotecnia que los publicistas gubernativos montan en adecuada tramoya para confundir y desorientar al país, procurando convencer a los más incautos, que ya van siendo cada día menos, sobre una fingida preocupación por el destino de los más pobres y de los más postergados. Parece evidente que, si los funcionarios se preocuparan menos de la teoría y recurrieran más a la práctica, el país estaría mucho mejor. Esta afirmación es evidente en lo que se refiere a Arauco. La agricultura decae y languidece de manera tal, que parece imposible que se recupere si no se realiza un esfuerzo serio y coordinado. Los mejores fundos de la zona ya fueron expropiados por la CORA. Los resultados no sólo son desalentadores, sino nulos Mientras tanto, el Jefe del Estado que ahora ve cuán distinto es gobernar a hacer oposición afirma, en una concentración, que la Ley de Reforma Agraria no ha sido elaborada para perseguir a los mejores agricultores, sino para cumplir con el postulado de que sólo deben ser afectados los que tienen sus predios en evidente estado de abandono. En Arauco, los funcionarios dependientes del Jefe del Estado no sólo desconocen esta norma sino que la violan y, ahora, han llevado al agro un sentimiento de frustración, que se expresa en la creciente cesantía que afecta al campesinado. Por lo demás, este fenómeno del desempleo es tan extenso que leo, en una edición del diario "El Sur" de Concepción del lunes pasado, que las autoridades dispondrán la ejecución de encuestas múltiples y simultáneas para determinar el número de personas sin trabajo. Es bien sabido que este Gobierno tiene pasión por las cifras y por los estudios estadísticos; de modo que, empujado por esa afición, puede hasta tratar de convencer al país que el alza del costo de la vida es mínimo y que, en los cinco próximos meses, no sólo congelará el índice de precios al consumidor, sino que también lo hará bajar, para dejarlo en un 17%, como acaba de adelantar, con inefable buen humor, el señor Hernán Lacalle, jefe de la DIRINCO. En consecuencia, es de presumir, con esta mentalidad, que las encuestas y estadísticas nos traerán la feliz sorpresa de que no hay cesantía en Arauco, y quién sabe si hasta nos contarán que hay demanda laboral. Lo evidente es que el campesino de Arauco, tan olvidado y rezagado, no tiene donde trabajar y debe emigrar de la provincia hacia otras zonas, donde también tropieza con el mismo problema de la cesantía, como ocurre en Ñuble, BíoBío o Malleco, regiones notoriamente afectadas por la disminución de la producción maderera. En Arauco, los aserraderos, se ven obligados a llevar una vida lánguida, casi desfalleciente. La otrora próspera industria de la madera corre el peligro de desaparecer y de que los bosques de Arauco dejen de ser la fuente de trabajo y desarrollo económico que fueron en otras épocas. Me explico: el establecimiento que BIMA poseía en Antihuala, en la comuna de Los Alamos, con 400 obreros, ha cerrado. Con el término de esa explotación habrá que cerrar el Retén de Carabineros, la Escuela Pública, los Servicios Sanitarios y otros de las infraestructuras, quedando ahora sólo huellas y ruinas. En los aserraderos de Colcura y Victoria, ele Lebu, que son de propiedad de la CORFO, junto a los varios otros de propiedad privada, impera un clima de estancamiento y de retroceso, porque la industria maderera va perdiendo lentamente sus mercados en América, debido a que el "dumping" polaco y soviético invade los mercados, como el argentino, por ejemplo, y porque Canadá, en cuanto a la celulosa se refiere, asume una política expansionista que se extiende agrevisamente por todos los mercados. Y el plan habitacional del Gobierno de construir 360 mil casas ha fracasado totalmente. Cuando el Excelentísimo señor Frei recorrió la provincia de Arauco en calidad de candidato presidencial dijo que le causaba profunda impresión el grado de pobreza y pauperismo. Exaltado al solio presidencial, mis coterráneos, sanos de alma y de adecuada fortaleza espiritual para enfrentar todas las contrariedades, se mostraron ilusionados y satisfechos. Ha.n pasado ya dos años y medio de esta Administración, y si el Excelentísimo señor Frei se tomara un poco de tiempo y viajara a Arauco, las conclusiones a que llegaría serían mucho más desalentadoras. Tal es el fruto de las promesas que formuló y que se fueron empujadas por el viento, como tantas otras formuladas al país. Pero, como vivimos en un período de ofrecimientos, parece que los técnicos del Gobierno fuesen todos "volterianos" y, en vez de mentir todo el tiempo, como aconsejaba el famoso filósofo, ellos prometen y prometen, administrándole al país la droga que habrá de adormecerlo por otros tres años y medio más, como único recurso para evitar que la ciudadanía despierte antes y ponga término a tantas frustraciones e incumplimientos. Es lo que fatalmente habrá de ocurrir en los próximos comicios presidenciales, cuando el país, cansado de toda esta historia en colores, ponga término a un período que la historia habrá de recoger como el de las "promesas no cumplidas". El señor STARK (Vicepresidente).- Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo concedido al Comité Radical. 14.- PUBLICACIONES DE PRENSA DE LA COMPAÑÍA SALITRERA ANGLOLAUTARO El señor STARK (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano. El señor CORVALAN.- - Pido la palabra El señor STARK (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CORVALAN.- - Señor Presidente, el domingo pasado la opinión pública del país fue sorprendida con una extensa publicación que ordenó la Compañía Salitrera AngloLautaro en los principales diarios de Chile. Yo pienso que gran parte de la ciudadanía no tuvo tiempo ni interés de examinar en detalle lo que esa publicación representa. Pero me parece que ningún señor Diputado habrá dejado de reparar en el hecho de que se trata de una publicación tendenciosa y provocativa para la acción democrática y política de Chile, porque tal esfuerzo de la Compañía Salitrera An gloLautaro representa el interés de polemizar con el Partido Demócrata Cristiano. Y en el encabezamiento de esa inserción se expresa claramente que, por existir un documento de circulación interna en el partido de gobierno que aconseja algunas medidas en torno de la industria salitrera, ellos se han visto en el deber, en la necesidad de publicar antiguos documentos y dar también a la publicidad una serie de cifras. Se trata, en mi opinión, de una declaración inoportuna, toda vez que el documento a que se alude y se pretende replicar es un informe político destinado a plantear sugerencias al Ejecutivo. Cuando una empresa extranjera interviene e intenta cortar este diálogo directo, vital y soberano entre los chilenos que han asumido la responsabilidad de gobernar, es el instante en que debemos levantar nuestra protesta y denunciar esta actitud como viciosa e incalificable. Creo interpretar el sentimiento general de la Honorable Cámara al expresar nuestro repudio a esta acción, porque en Chile no aceptamos que algunas compañías, que gozan de la concesión de una parte del territorio nacional, pretendan asumir el tutela je de la opinión política del país. Y estoy haciendo esta denuncia, porque su polémica armada con argumentos efectistas, como la maniobra de publicar documentos administrativos y opiniones añejas, son una burda estrategia de presión, destinada a perturbar las resoluciones chilenas y a confundir a la opinión pública con acentos alarmantes sobre el cierre de la industria, la crisis y la cesantía. Se trata, en realidad, de un juego político, porque si la empresa estuviera sólo en el ánimo de rectificar algunos conceptos del Partido Demócrata Cristiano, procurándose un trato justo y conveniente en sus relaciones con el Estado chileno, no habría tenido para qué hacer este impresionante despliegue de publicidad, con que intenta apabullar a la opinión de los organismos internos del partido de gobierno. Esta inserción de la Compañía Salitrera Anglo Lautaro es un documento inoportuno, tendencioso y equívoco. Su naturaleza queda delatada, porque con esta campaña pretende adelantarse al debate público de materias y situaciones que debemos encarar el próximo año. Se lanzó seguramente con el ánimo de confundir al Gobierno y a la ciudadanía del norte, cuando el país está afrontando otros problemas y en momentos en que el Gobierno, en el cuadro de las eventualidades administrativas, con los reducidos equipos de técnicos y economistas mineros de que dispone, debe resolver problemas de mayor urgencia, como lo son los programas de la pequeña minería de] cobre, del desarrollo del azufre y un nuevo estatuto para las empresas del hierro. En el fondo, el alegato de la Compañía Salitrera AngloLautaro tiene algunas inconsistencias que me parece impostergable rebatir, para que la opinión pública no crea que los Diputados somos inadvertidos ante tales argumentaciones. Afeamos. En el párrafo segundo se expresa que las inversiones alcanzarán a la suma de cuarenta y un millones de dólares y que este plan ha contado en todo momento con la aprobación del Servicio de Minas del Estado y con el visto bueno del Directorio de la COVENSA, teniendo el voto conforme de todos los directores fiscales. Y, a renglón seguido, el abogado redactor de la empresa se permite decir: "El plan de inversiones continúa a pesar del ambiente de incomprensión e incertidumbre en que se mantiene a la empresa". ¿En qué quedamos ? ¿ Ha gozado la compañía de autorizaciones y apoyo del Estado s. través de los Directores fiscales de COVENSA, o han sido objetados sus primitivos programas? ¿Cuál es la comprensión que la Compañía AngloLautaro reclama? Una segunda observación de fondo es que su aclaración apunta al argumento de las cifras, que si bien son irrebatibles desde el punto de vista aritmético, son vulnerables y denunciables como engañosas desde el ángulo de su capacidad probatoria. Porque la Compañía AngloLautaro dice que, habiéndose comprometido a invertir veinticinco millones de dólares, va a resultar invirtiendo cuarenta y un millones de dólares y, seguramente, hasta cuarenta y cinco millones de dólares al término del trato legal. Los habitantes de Antofagasta y los pampinos, en especial saben que para obtener 'el apoyo al referéndum salitrero, la compañía estuvo planteando y divulgando un programa de modernización del método industrial y un plan de viviendas y transformaciones de sus campamentos. Y sabemos, efectivamente, que lo programado fue una imagen indefinida y calificada sólo por aproximaciones en las complejas apreciaciones de los costos en monedas extranjeras. Es fácil y muy lógico suponer que, en materia de cotizaciones, las cifras han jugado una tendencia alcista en favor del argumento de la Compañía. En otras palabras, que la empresa ha podido construir menos en Chile, mejorar menos sus instalaciones y haciendo la gracia de invertir más de lo pactado. Pero conviene analizar que de los ocho puntos que se convinieron en el anexo del referéndum salitrero, han tenido una vigencia irritante y nula los artículos 79 y 89, en los que a la letra se expresa: "7°Ampliación y modernización de los campamentos mediante la construcción de nuevas casas para empleados y obreros, escuelas y otras instalaciones de servicio social destinadas a mejorar el nivel de vida de los trabajadores. 8°Ampliación de los servicios auxiliares para la producción del salitre..." El señor STARK (Vicepresidente).- Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Eduardo Sepúlveda le solicita una interrupción. El señor CORVALAN.- Termino inmediatamente, Honorable colega. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar Su Señoría El señor CORVALAN.- Si bien es cierto que estos rubros no son los fundamentales en la consolidación de la industria, no es menos verdadero y de la más clara evidencia que éstos son los más palpables por el pueblo chileno y, finalmente, son los resultados que más directamente interesaban y afectan a los obreros, a los empleados y a los habitantes del norte. Y ¿qué ha ocurrido? Que las inversiones que en estas materias debía realizar la Compañía Salitrera AngloLautaro no fueron definitivas o cuantificadas. Así tenemos que, en materia habitacional, han sido escasas las construcciones; que los personales siguen viviendo en una espantosa promiscuidad y abandono sanitario, increíble en algunos casos. Y, por otra parte, si hiciéramos el cálculo de lo invertido en estas obligaciones, concluiríamos que esta empresa ha gozado de un trato preferencial y privilegiado, porque las otras industrias que laboran en la zona están obligadas a la reinversión de un porcentaje de sus utilidades y al depósito de un 5 % de ellas para la edifacición de viviendas. Esta imagen de lo que ha ocurrido con el referéndum salitrero y algunas concepciones de lo que es nuestra tesis política movieron a la Comisión PolíticoTécnica a redactar esa proposición a la Junta Nacional, para que el Gobierno estudie la posibilidad de nacionalizar la industria del salitre. Lo que se resuelva en un proceso objetivo y realista de lo que conviene a Chile, en el futuro desarrollo de la industria salitrera, será informado al país y consultado a este Parlamento con toda oportunidad. Entonces podremos abundar en estos conceptos y clarificar nuestros criterios. Este episodio de la presión publicitaria que la empresa ha querido ejercitar sólo sirve para que anunciemos, nosotros, los Diputados democratacristianos y particularmente quien habla, como parlamentario de la zona salitrera que estamos alerta y consideramos con la mayor responsabilidad el interés nacional en el futuro desarrollo de esta industria. Y podernos proclamar que, aunque se reconoce que el mercado del salitre no tiene las perspectivas del pasado, sabemos que tampoco se trata de la hecatombe en una actividad que tanto significa para el país, en su desarrollo en el norte. He dicho. 15.- ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD PROMOTORA DE VIVIENDAS ECONOMICAS (PROVIEN). EN VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAISO. ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULADAS SOBRE EL PARTICULAR EN LA PRESENTE SESION. OFICIO. El señor CORVALAN Concedo una interrupción al Honorable señor Sepúlveda, señor Presidente. El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Sepúlveda, don Eduardo. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- ¿ De cuántos minutos dispongo, señor Presidente? El señor STARK (Vicepresidente).- Exactamente de. 5 minutos. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Señor Presidente, me referiré al tema planteado por el Honorable Diputado de mi zona, señor Cantero. Lamento la ausencia en el hemiciclo del Honorable Diputado señor Rubén Hurtado, no sólo por su calidad de parlamentario, sino porque también pertenece a estos bancos. Puedo manifestar que comparto las inquietudes de los pobladores desde hace tiempo. Hace más de un año solicité, junto a los Honorables colegas Ballesteros y Cardemil, que se dirigiera un oficio a la Corporación de la Vivienda, requiriéndole una amplia investigación sobre la materia. Por el conducto regular interno de mi partido, como por el conducto que ya he señalado, hemos tratado de aclarar esta situación que tiene en tela de juicio a ese parlamentario desde hace tiempo. No dudo de que, en una próxima sesión, ante la Cámara y el país entero, él hará observaciones acerca de esta situación que hasta ahora aparece injustificable. Si esta situación existiera y se comprobara en la investigación solicitada a la Contraloría General de la República, a la que también adhiero, indudablemente que las personas implicadas serán sancionadas en la forma más drástica, porque, como el país sabe, los Diputados democratacristianos no estamos aquí para amparar ninguna clase de irregularidades. Si han ocurrido hechos lamentables, exigimos que, con la brevedad posible, se despeje la situación que afecta a muchísima gente en Viña del Mar, cuyos derechos han sido postergados y conculcados. Junto con adherir a la investigación solicitada a la Contraloría General de la República, pido a la Honorable Cámara que, en mi nombre se envíe oficio a la Corporación de la Vivienda, la que también, al parecer, debe dar su opinión sobre la consulta hecha hace ya un año. Eso es todo. El señor STARK (Vicepresidente).- Se enviará al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo el oficio solicitado por Su Señoría. 16.- SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PAÍS El señor STARK (Vicepresidente).- Restan dos minutos al Comité de Su Señoría. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Señor Presidente, aprovechando los minutos que me restan quiero hacerme cargo de lo expresado por mi Honorable colega del Partido Radical. En su exposición, él lo ve todo sumamente oscuro; se expresa en un lenguaje de pesimismo y, en realidad, los hechos le están demostrando que no tiene la razón Para él todo ha fracasado. La verdad es que ése es el propósito que ha mantenido el Partido Radical desde hace mucho tiempo; sus personeros siempre señalan que en este país no se avanza, que aquí todo está llamado a la destrucción. Y nosotros les preguntamos: ¿qué aporte positivo han hecho ellos al Gobierno, a lo que se ha propuesto para sacar a la nación del retraso económico en que se encuentra, que justifique esta permanente diatriba, esta frecuente ofensa en contra del programa y del Gobierno? Yo creo que la pasión los está cegando y que el pueblo de Chile, como se vio demostrado en las últimas elecciones de O'Higgins y Colchagua, nos está reiterando su palabra, pues nos tiene fe y confianza. Reconocemos que hemos cometido errores, que hemos cometido injusticias; pero también nadie puede negar nuestros buenos propósitos de enmienda, nuestros buenos propósitos de rectificar. Y éstas no son palabras vanas. Desde hace un tiempo a esta parte, nuestro partido está haciendo su examen de conciencia, como lo hace todo hombre, toda institución, en su oportunidad. Nosotros no hemos tenido la experiencia de otros partidos, cual es la de haber gobernado durante largo tiempo este país. Hemos iniciado recientemente nuestra actuación en el Gobierno y no es igual la acción que se desarrolla en la Oposición a la que enfrentamos ahora. Como lo dice bien el adagio popular, "otra cosa es con guitarra". Nosotros quisiéramos contentar a todos los sectores y responder a todas las necesidades del país en este momento; pero también existe la realidad histórica y la realidad económica, o sea, el estado en que encontramos las arcas nacionales, lo cual, junto a la situación de la producción nacional, no han permitido, hasta hoy, poder retribuir al país en la forma que éste necesita. El señor STARK (Vicepresidente).- • Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. 17.- SITUACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO.- OFICIOS. El señor STARK (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Radical. El señor LAEMMERMANN.- Pido la palabra. El señor STARK (Vicepresidente).- ; Tiene la palabra Su Señoría. El señor LAEMMERMANN.- Señor Presidente, contestando al Honorable señor Sepúlveda, don Eduardo, con respecto a lo que sucede en la provincia de Arauco, deseo manifestarle que me gustaría que fuera a visitar la zona y vería que me asiste toda la razón. En esta forma comprendería el pesimismo que tengo respecto del avance económico de la mencionada provincia. En estos últimos tres años, casi nada se ha hecho, y la provincia de Arauco ha disminuido su "standard" de vida en forma tal, que hasta los propios partidarios del Presidente Frei han llegado a Santiago para hacer presente esta situación. Precisamente, en estos instantes hay una Comisión presidida por el propio Intendente de la provincia que ha venido a conversar con Su Excelencia el Presidente de la República para exponerle los graves problemas que señalo. El señor CORVALAN.- ¿Me permite una interrupción? El señor LAEMMERMANN.- Señor Presidente, voy a distraer sólo dos minutos la atención de la Honorable Cámara a fin de terminar mi intervención. Recuerdo que en 1965 el Gobierno dijo que estaba terminada la operación financiera para levantar una planta de celulosa en Lebu. Como es habitual, el aparato propagandístico de esta Administración procedió a fijar carteles en el sitio donde habría de construirse la industria. Todavía permanece el letrero "Celulosa Cholguán Lebu". El señor CORVALAN.- ¿Me permite una interrupción? El señor LAEMMERMANN.- Con todo agrado. El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable Diputado. El señor CORVALAN.- Señor Presidente, creo que es justa la inquietud de los Diputados de la provincia de Arauco. Pero para que esta noche no sea tan triste para el colega, es bueno que reciba también el testimonio de un militante del partido de gobierno en el sentido de que más que promesas, hay decisión de encontrar salida a estos problemas de las provincias. Estoy haciendo estos comentarios con la venia del Honorable señor Laemmermann para aclarar que algunos parlamentarios de distintas posiciones políticas estamos agitando en el país un programa para aumentar el consumo de carbón. Esta puede ser una decisión que el Gobierno adopte y que, indudablemente, vendría a solucionar los problemas de Arauco y también el relacionado con el desarrollo de la provincia de Antofagasta. Ahora bien, para no seguir hablando sólo de buenas intenciones, quiero hacer presente esta noche, y lamento que no haya número en la Sala para adoptar acuerdos, que esta mañana, junto con el Honorable señor Meló, Diputado por Concepción, hemos estado considerando la posibilidad de crear en Santiago un comité permanente para propiciar el consumo de carbón en las industrias que se instalen en el norte. Por eso, he intervenido en este debate, a fin de hacer presente mi entusiasmo al Diputado por Arauco, porque considero conveniente que el país sepa que está en nuestras manos la solución de algunos problemas económicos. En los convenios del cobre hay un capítulo en el cual se establece que la Corporación de Fomento de la Producción impulsará el consumo de carboncillo en las plantas térmicas que se están construyendo en el norte. Y uno ve cómo el interés provinciano de los ciudadanas, posiblemente algunos sean radicales, otros militantes de mi propio partido y en general miembros de todas las colectividades políticas, están haciendo presión para que se inviertan fondos públicos en la construcción del muelle que se necesita en Tocopilla, a fin de dar posibilidad a las provincias carboníferas de tener una demanda de 200 mil toneladas semestrales. Creo que si, junto a las críticas que tienen pleno derecho a hacer los Diputados de Oposición, nos unimos y exigimos del Gobierno que se dé solución a estos problemas, y también solicitamos la cooperación de nuestros correligionarios que hacen centralismo y tratan de impedir el desarrollo de las provincias, y logramos que la distribución de recursos fiscales, en general, se realice en forma ecuánime, podríamos sacar adelante algunos programas, como el relativo al carbón, al cual atribuyo importancia tanto para Arauco como para la provincia de Antofagasta. El señor STARK (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Laemmermann. El señor LAEMMERMANN.- Agradezco la intervención del Honorable señor Corvalán, y aprovecho la oportunidad para expresarle que, durante todo este tiempo he seguido con mucha simpatía su interés por que se instale en Tocopilla una planta termoeléctrica, la que tendrá un gran consumo de carbón. Celebro que el Diputado del norte esté con una vibración simpática hacia las provincias de Concepción y Arauco, que son productoras de este combustible. Espero que él, como hombre de Gobierno, pueda traducir en realidad esta aspiración, porque, en verdad, expresiones de buenos propósitos escuchamos muy a menudo. Deseo que tengamos éxito, porque la suerte del carbón depende de la construcción de plantas termoeléctricas que se instalen en el país. Continuando mis observaciones respecto de la planta de celulosa de Arauco, hasta la fecha nada se ha hecho en forma efectiva. Se anunció que la planta de celulosa de Lebu se construiría en el año 1965. No fue así. Ahora se habla de que se instalará en la localidad de Los Horcones, en la comuna de Arauco. Notarán los señores Diputados que, por lo menos, tuvieron el pudor de cambiar la ubicación de la nueva planta. Pasó la elección, "el plebiscito nacional", como alguien anticipó con jactancia, y nadie ha vuelto a hablar de la nueva fábrica. Ojalá también que a la brevedad se cristalice esta gran aspiración que reclama la provincia de Arauco, a fin de absorber en parte la gran cesantía que en estos instantes ella sufre. El nuevo Intendente de Arauco parece ser tan aficionado a la ciencia ficción como su antecesor y, en general, los expertos de este Gobierno. Ahora acaba de inventar que las autoridades ejecutivas proyectan establecer una planta pesquera en la desembocadura del río Lebu, procediendo previamente al dragado de esa vía fluvial. Es una lástima que los funcionarios se dejen seducir con cualquiera idea y, antes de exponerla al país, no busquen la asesoría de técnicos responsables. Si el Intendente señor Estrada Roa hubiera observado esta norma, sabría que el dragado del río Lebu es una obra tan costosa que, prácticamente, es irrealizable, porque no tendría ninguna justificación económica. Me permito sugerirle a ese funcionario que busque el asesoramiento del Instituto de Obras Hidráulicas que funciona en el Ministerio de Obras Públicas o en la Dirección de Obras Portuarias. Así se evitará en el futuro encender este volador de luces del dragado de la desembocadura del río Lebu. Naturalmente que tanto el Ministro de Obras Públicas como el Secretario del Interior no pueden seguir ignorando esto.: problemas; y junto con hablar de los proyectos que enumero, también se refirieran a prospecciones petrolíferas. La ENAP y el Departamento de Puentes y Vialidad han invertido hasta ahora cerca de 1.500 millones de pesos en los puentes de Tubul y Raquin y en el camino de Arauco a Llico. Pero, para terminar este programa, se requieren por lo menos otros 3 mil millones de pesos. ¿Podrán la ENAP y el Ministerio de Obras Públicas hacer frente a este compromiso? Lo dudo, señor Presidente, porque tengo conocimiento de que esa entidad adeuda a una firma constructora, señores Bacarreza y Arellano, por trabajos hechos conforme al plan de' prospección, la cantidad de 800 millones de pesos. Bien claro resalta que, si no se tienen 800 millones para pagar compromisos cumplidos, menos posibilidad hay de que se logren 3.500. Este desolador panorama que vengo trazando resulta aún más negativo si se considera que la casi totalidad de las obras públicas se hallan paralizadas, como, por ejemplo, las vías camineras, la construcción de los hospitales de Cañete y Lebu; el primero está en ejecución desde hace seis años. El comercio padece por la falta de poder adquisitivo de la población y las restricciones crediticias han infligido un tremendo golpe a todas las actividades. En la localidad de Contulmo, la población vive prácticamente aislada por no tener comunicaciones telefónicas. No existe ni un solo aparato telefónico al alcance del público. Proveerlo de uno significaría una inversión de no más de cien millones de pesos. ¿No podría el Gobierno, señor Presidente, disponer que, en vez de derrochar millones de escudos en subvencionar viajes de funcionarios, centros de madres, giras de conjuntos folklóricos por el exterior, adquisiciones de costosos televisores para hacer demagogia, se tienda la línea telefónica que uniría a los habitantes de Contulmo con el resto de la nación? Este cuadro, tan penoso como negativo, tiene también otra faceta: la Isla Mocha, que carece de abastecimiento continuado y oportuno por falta de una embarcación que sea destinada a ese fin. Sólo la abnegada preocupación de la Armada Nacional permite periódicamente superar esta dificultad. Sin duda alguna que la Fuerza Aérea, con esa dedicación que todos le reconocemos y admiramos, podría vincular también la región con el continente, si el Ejecutivo hubiera destinado los fondos necesarios para que se habilite allí, en Isla Mocha, una posta de aterrizaje adecuada y con elementos de seguridad necesarios. Pero como se trata de modestos labriegos y empeñosos pescadores, no hay ningún incentivo para que las autoridades tiendan una mano fraternal a los habitantes de la isla. ¡Cuán distinto es el actuar de este Gobierno, sembrador optimista de promesas, si se le compara con las realizaciones positivas de las administraciones radicales! Fueron ellas las que electrificaron la zona, impulsaron la producción del carbón en Pilpilco y Llico, alentaron la forestación de los bosques que se ha transformado en una gran reserva de riqueza y que ahora no rinde los frutos adecuados porque la política gubernativa en materia de construcción, como lo acaba de señalar el Jefe del Estado, se halla estancada debido a que la incertidumbre, la jactancia y la amenaza impiden que sigan levantándose viviendas al ritmo que lo hicieran otras administraciones. Solicito que se dirijan oficios a los señores Ministros del Interior, Obras Públicas y Defensa Nacional con respecto a las peticiones que he formulado y, en especial, haciéndoles presente la necesidad imperiosa que existe de que se tienda la línea telefónica en Contulmo y se remiden las obras de los puentes que se encuentran paralizadas. El señor STARK (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. 18.- ACCIDENTE DEL TRANSITO EN LA GRAN AVENIDA "JOSE MIGUEL CARRERA", DEL DEPARTAMENTO PEDRO AGUIRRE CERDA, PROVINCIA DE SANTIAGO. OFICIO El señor LEMMER1VIANN. Concedo una interrupción al Honorable señor Acevedo El señor STARK (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, puede usar de la interrupción el Honorable señor Acevedo. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, quiero aprovechar los últimos minutos de la sesión, a pesar de lo avanzado de la hora, pero por circunstancia que conoce la Cámara, hemos llegado hasta estos instantes, a tratar los problemas de la Hora de Incidentes. Los diarios de hoy día informan sobre un accidente del tránsito ocurrido en la Gran Avenida General "José Miguel Carrera", es decir, en la vía que une a Santiago con San Bernardo. Este accidente ha tenido resultados trágicos: un muerto y 28 heridos, y es consecuencia del grave problema de la movilización colectiva y de la no revisión periódica de las máquinas. En efecto, según las informaciones aludidas, una de estas máquinas no habría sido revisada oportunamente y el sistema de frenos no respondió cuando el piloto quiso hacer uso de él. Las fallas mecánicas son susceptibles de reparar, no así las vidas que se pierden. Por otra parte, muchos accidentados pueden quedar inválidos. Es posible que algunos de ellos tengan una actividad y un régimen de previsión que les conceda ciertos beneficios, pero otros no. En todo caso, señor Presidente, quiero referirme en seguida a otra cosa muy importante. Cada vez que los empresarios de la movilización colectiva piden aumentos de tarifas, prometen toda clase de garantías para los pasajeros Lo lamentable es que las autoridades al conceder las alzas, lo hacen sobre la base de que esas promesas se van a cumplir; pero luego de ser puesto en práctica el aumento, la autoridad es sorda y ciega y no se preocupa de hacer cumplir lo dispuesto en el documento, resolución o decreto respectivo. Una de las cosas fundamentales que se tuvo en vista por la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para dictar el último decreto de alza de tarifas, fue, precisamente, la de establecer un seguro en favor de los pasajeros y también un control sobre la venta de boletos, al disponer que éstos serían confeccionados por el Departamento de Especies Valoradas de la Casa de Moneda. Hasta ahora nada se ha hecho sobre el particular. En el poco tiempo que me resta, pido que se envíe oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que remitan a la Honorable Cámara todos los antecedentes relacionados con el último decreto de alza de tarifas, del año próximo pasado, y se sirva informar cuáles disposiciones de ese decreto han sido cumplidas y cuáles están pendientes. Eso es todo. El señor STARK (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. Ha terminado el tiempo del Comité Radical. El turno siguiente corresponde al Comité Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haber llegado la hora de término de la sesión, se levanta. -Se levantó a las 3 horas 16 minutos, del día jueves 10 de agosto Roberto Guerrero Guerrero, Jefe de la Redacción de Sesiones 0|T . 2119 Instituto Geográfico Militar 1967