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El señor PONTIGO.-
Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.-
Señor Presidente, hemos asistido a uno de los debates mas importantes realizados en esta Corporación. En él se ha examinado, sí no en toda su extensión, a lo menos en sus aspectos esenciales, el problema de la justicia chilena y, concretamente, de la Corte Suprema, con motivo del fallo político en la acusación interpuesta en contra del Senador Carlos Altamirano, además de los fallos contrarios a los gremios de trabajadores.
La Democracia Cristiana y la Derecha han declarado que la acusación sería inconstitucional, para tratar de desprestigiarla ante la opinión pública y restarle fuerza. Damos por descontado su rechazo por parte de la mayoría política de esta Cámara, pero no han logrado impedir el debate público sobre la justicia chilena, el que servirá de elemento de juicio para juzgarla.
No por primera vez en la historia del Parlamento se ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de la Corte Suprema en sus fallos. El debate habido demuestra el carácter de clase de la justicia chilena y la necesidad de democratizarla, para hacer de ésta un elemento más expedito, que realmente haga justicia y que no sea -como lo es en la actualidad- un bastión de la reacción, de todo lo arcaico y añejo, un obstáculo en la lucha que libran los sectores progresistas, por los cambios de fondo que Chile reclama para los miles de compatriotas nuestros que sufren en carne propia las injusticias de la justicia chilena.
En 1949 fui llevado a los Tribunales por un teniente de carabineros, acusado por injurias al Presidente de la República, en la ciudad de Combarbalá. Presenté numerosos testigos para demostrar que la acusación era falsa. En mis declaraciones ante el Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, respondí con la verdad. No obstante estuve encarcelado más de tres meses. Después, sorpresivamente, entre gallos y medianoche, un día sábado, en que normalmente no se reúne la Corte, sin que nadie lo supiera, ni mi abogado, el actual Subsecretario de Minería, don Jaime Varela Chadwick, la Corte se reunió; llamó a un abogado derechista de filiación radical; integró el tribunal, y en complicidad con el traidor infame de aquella negra noche que vivió Chile, sin permitirme defensa alguna, me condenó a cumplir tres años y un día de relegación en Chiloé, con la pérdida de mis derechos cívicos y a una multa de tres mil pesos. A consecuencia de este injusto y criminal fallo político, en Chiloé enfermé de reumatismo, y cuando regresé, un hijo menos había en mi hogar.
Ese fallo impuso a mi compañera y a mis hijos los más tremendos sufrimientos y privaciones, que ellos supieron sobrellevar con verdadero estoicismo, alentados por la solidaridad que les entregó la clase obrera y el pueblo.
El fallo contra el Senador Carlos Altamirano no es un fallo contra su persona. Basta leerlo para darse cuenta de que en el fondo se trata de impedir el conocimiento de la experiencia valiosa que representa para los pueblos de América Latina la revolución cubana, y de obstaculizar, aunque sea en un esfuerzo inútil, el paso del capitalismo al socialismo, pretendiendo cerrar las puertas en nuestro país al conocimiento de la verdad socialista, que abre nuevos caminos a los pueblos de todas las naciones y de todos los continentes.
Quiéranlo o no, esta acusación constituye una sanción moral contra los Ministros de la Corte Suprema y la justicia en general. Por consiguiente, constituye una viva expresión del espíritu de lucha contra el atropello, la arbitrariedad y los abusos de una clase que no se conforma con quedar, poco a poco, postergada, y que está llamada a desaparecer en los próximos cambios que vivirá nuestro país y el mundo.
Voto que sí.
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