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- rdf:value = " El señor SOTA.-
Señor Presidente, a través de mi intervención, en nombre de la representación democratacristiana, quisiera reivindicar para esta Honorable Cámara, toda entera, el mérito de la iniciativa de haber provocado el gran debate nacional sobre la enseñanza superior que se imparte en el país.
En efecto, a comienzos de este año, el 18 de enero, en su sesión 44ª, del actual período legislativo, la Corporación prestó su aprobación unánime a una indicación de este Diputado, proponiendo la investigación de las irregularidades que se habrían producido en el proceso de pruebas de bachillerato, prescritas por la Universidad de Chile. Esa fue la ocasión precisa que marca el comienzo de este gran diálogo nacional, una de cuyas conclusiones está incorporando esta tarde la Honorable Cámara al acervo de la legislación educacional chilena.
Me ha interesado hacer este alcance, porque, lamentablemente, algunos medios informativos de importante difusión, han olvidado esta circunstancia. No sólo me parece de justicia recordarla, sino que destacarla, para mantener viva en la imagen del país, la conciencia que se ha formado de que esta rama del Parlamento interpreta con oportunidad las inquietudes del hombre común, de quien recibe su mandato representativo.
Con posterioridad, se ha hecho presente la voz del Gobierno, a través del señor Ministro de Educación Pública, de los planteles de enseñanza superior, por medio del señor Rector de la Universidad de Chile y de los propios estudiantes, representados por su Federación. Verdadera trascendencia ha tenido el intercambio de opiniones, porque el poder de comunicación, cada vez más importante, de la prensa, radio y televisión se ha volcado con interés, que es justo destacar, al servicio de un asunto tan importante.
Así situado el verdadero origen de este "encuentro de ideas" en torno de la educación universitaria chilena, quisiera recordar algunas acciones que han permitido tomar realidad a conceptos compartidos por la generalidad de los que en él participan.
En efecto, el acuerdo de la Honorable Corporación a que hice referencia, dio pie para solicitar del Ejecutivo la inclusión en la convocatoria de un proyecto de ley presentado por nuestro colega de representación y camarada Luis Pareto, en febrero de 1965, destinado a suprimir las pruebas de bachillerato exigidas para ingresar a las escuelas universitarias. Los Diputados, compañeros de partido, Luis Maira y Mariano RuizEsquide, hicieron las gestiones correspondientes ante el señor Ministro de Educación Pública, y el propio autor del proyecto y el Jefe de nuestro Comité Parlamentario, Honorable DiputadoAlfredo Lorca, obtuvieron del Gobierno la decisión requerida por la Comisión para tratar el proyecto en la Honorable Cámara.
El actual proyecto, que ya ha dado a conocer el señor Diputado informante, contiene mejoramientos sustanciales, introducidos a él en forma de indicaciones.
En suma, la ley consagrará la desaparición de una prueba innecesaria y su reemplazo por un sistema que responde a los conceptos pedagógicos conforme a los cuales se está procediendo a reordenar el proceso educacional.
Pudiera parecer extraño, sin embargo, que la Cámara esté tratando este proyecto sin haber recibido el informe de la Comisión de Educación Pública sobre la investigación que, como anotamos, está facultada para realizar sobre irregularidades cometidas en las pruebas de bachillerato de la temporada de enero de este año. Anotamos, sin embargo, que la comprobación de hechos punibles en relación con este requisito que hoy suprimimos no ha sido la única causa ni la más importante que motive su eliminación.
Sabe la Corporación que la propia Universidad realizó un sumario interno e hizo públicas sus conclusiones.
Puedo expresar, por lo que a nosotros compete, que la Comisión de Educación Pública espera terminar su labor en la reunión ordinaria de mañana y entregar sus propias conclusiones sobre la materia. Podrá así saber el país, una vez más, a través de esta tribuna democrática, que todo un sucio negocio tejido en torno del anacrónico bachillerato quedará sepultado para siempre.
Pero no es este incidente, el de apartar un escollo en el camino, el que determina la ruta de la educación superior. El país ha tomado nota de las posiciones que expresan sus voceros más autorizados en la materia.
Se trata no sólo de modernizar la Universidad chilena, sino de enfrentar, hoy, y por toda la nación, los vitales asuntos de la expansión, diversificación y coordinación de la educación nacional. Para hacer más gráfica la convicción que me anima de despertar una conciencia nacional sobre tema tan importante, afirmo que, si bien la reforma agraria es un desafío a una clase, la reforma educacional constituye un desafío al país.
A este respecto, y concretándose al sector de su propia responsabilidad, el Rector de la Universidad de Chile acaba de expresar conceptos que me permitiré reproducir por su alta significación. Se pregunta, "¿Está la Universidad en crisis?" Y responde: "Lo está, por cierto, como el país entero, como el mundo entero. Hay en todas partes graves incongruencias entre las instituciones que tienden a permanecer inalterables y las realidades sociales, fundamentalmente dinámicas. Entre nosotros el ritmo de desarrollo se ha acelerado en los últimos decenios y se acelera cada vez más, exigiendo cambios verdaderamente revolucionarios en las estructuras básicas materiales y morales, de la sociedad y del Estado".
Es enormemente satisfactorio, eso sí, dejar constancia de cómo en forma progresiva, pero cada vez más consolidada, el país toma conciencia de la conducción que imprime al desarrollo educacional el actual Gobierno, el de la Democracia Cristiana.
El Ministro de Educación Pública, el Subsecretario y las autoridades del ramo saben lo que conviene al país y lo están haciendo. Han comenzado por posibilitar la matrícula total de los niños chilenos en edad de instrucción primaria o básica. Han iniciado las reformas de la enseñanza media para diversificar después del 8º grado las vocaciones propiamente humanísticas, de aquéllas de tipo técnico, industrial, agrícola, comercial u otras.
Y ello se está efectuando dentro de la determinación certeramente expresada por el Ministro señor Juan Gómez Millas, según la cual "toda la educación debe ser regulada por un plan general e integral que permita, en última instancia, coordinar en una oficina central del Gobierno las necesidades de cada uno de los sectores de la educación y esto en relación con los requerimientos y exigencias de las necesidades totales del desarrollo del país."
El desarrollo de los recursos humanos condicionará, en forma dramática, cualquier intento serio de revolución estructural.
No se trata de repetir lugares comunes. Aquí están los estudios del Departamento de Planificación del Ministerio de Educación, los de la Dirección de Planificación de la Corporación de Fomento de la Producción, los de la Oficina Técnica, dependiente de la Rectoría de la Universidad de Chile. Cifras facilitadas por el primero de estos organismos, en cuadros que pongo a disposición de mis Honorables colegas, revelan que entre 1960 y 1970 debe incrementarse en 44.860 el número de profesionales universitarios en ejercicio activo; y en 417.094, para el mismo período, el número de técnicos.
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