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- rdf:value = " El señor MILLAS.-
Señor Presidente, el Honorable señor Silva Ulloa ha llamado la atención sobre aspectos verdaderamente extraordinarios, desconocidos antes en nuestra legislación y contenidos ahora en las observaciones del Ejecutivo al artículo 3º del proyecto de ley en debate.
En efecto, en el Nº 5) de este artículo 3º el Parlamento aprobó la destinación de 200 mil escudos para la terminación de estadios municipales.
El Ejecutivo ha aumentado a un millón de escudos esta cantidad, pero introdujo una modificación sustancial. No se trata de que en la terminación de esas obras se cumplan determinados propósitos. Concretamente se trata de que estos recursos municipales, constituidos por los empréstitos que se entregan a la Municipalidad y que se sirven con el uno por mil de las contribuciones de bienes raíces, sean transferidos al Fisco y dejen de ser municipales. Se propone entregarlos a la Dirección de Deportes del Estado, para que ella cumpla con su finalidad. Ni siquiera se habla del control, tuición, intervención o fiscalización de este organismo en la inversión de esos fondos, sino de su entrega a él. Felizmente, se señala que esa entidad deberá ejecutar las obras en esa comuna. Pero, repito, la gravedad del caso consiste en que los recursos municipales son transferidos al presupuesto de una institución fiscal.
Además, el Ejecutivo adiciona los diversos ítem, suprime algunos y propone que se aporte Eº1.900.000 a la Dirección de Pavimentación Urbana, a la Dirección
de Obras Sanitarias y a otros servicios, en la forma determinada en las leyes orgánicas de esos servicios, tal como se ha establecido en otras leyes, ya que se trata, en este caso, precisamente, de realizar obras de interés comunal. Pero, a diferencia de cualquiera otra legislación sobre la materia, impone una condición extraordinaria: que el plan que elabore la Municipalidad sea ratificado por el Gobernador del departamento Pedro Aguirre Cerda.
Ya no se trata de la tuición ordinaria sobre los acuerdos municipales que corresponde al Intendente de la Provincia, que, en ficción, representa a la asamblea provincial, en determinados aspectos de sus atribuciones, ni de las facultades de fiscalización que competen a la Dirección de Pavimentación Urbana, que elabora los presupuestos y habitualmente efectúa la inversión de los recursos municipales. Aquí se transfieren las atribuciones legales de la Municipalidad a una persona, al Gobernador del departamentoPedro Aguirre Cerda.
El Honorable señor Fernández ha argumentado que el Ejecutivo y los parlamentarios de Gobierno estiman que la distribución propuesta en el veto es mejor que la establecida en el proyecto despachado por el Parlamento. Además, ha hecho presente que, a su juicio, es más conveniente que la Municipalidad de San Miguel no determine sobre esta materia, porque le merece reparos.
Pero el problema de fondo es otro. Como Poder colegislador, el Ejecutivo puede intervenir en los debates de las Comisiones de la Cámara y del Senado, a través de los Ministros de Estado, de los directores de servicios, de los Subsecretarios, y dar su opinión en las Salas de ambas Corporaciones, por intermedio de los Ministros. Sin embargo, nos encontramos con que, sólo ahora, sorpresivamente, en el veto, propone una distribución que no sólo es distinta, sino que también establece que algunos de estos fondos dejarán de pertenecer a la Municipalidad e irán a adicionar el presupuesto de una institución fiscal, como es la Dirección de Deportes del Estado.
En verdad, mucho puede perfeccionarse siempre cualquier distribución de recursos provenientes de empréstitos municipales. En este caso, por una parte, hay interés en que se construya un centro cívico para las reparticiones municipales. Por otra, está la necesidad de completar la urbanización de la comuna, en especial en poblaciones como "Campamento La Victoria", "La Legua", "Colón América" y muchas otras. Además, la Corporación de la Vivienda ha estado entregando sin urbanización una serie de poblaciones, como la "San Joaquín Poniente". Todo esto hace conveniente destinar fondos a estas obras.
Lo grave es que esta distribución se propone como un fardo cerrado. Sin discutir, sin considerar razones, el Ejecutivo formula determinadas proposiciones. Según podemos darnos cuenta, en esto actúan incluso prejuicios. El Honorable colega señor Fernández se ha referido al punto 7 del proyecto despachado por el Congreso, que consignaba la cantidad de 1 millón de escudos para adquirir terrenos destinados a la construcción de poblaciones para empleados y obreros en la comuna. Con el Director de Planeamiento del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, don Juan Honel he visitado los terrenos del futuro Parque Isabel Riquelme. Es un problema gravísimo el que se ha creado en San Miguel por el hecho de que muchas familias sin casa están momentáneamente albergadas en ese lugar, en condiciones horrendas. Si allí se produjera un siniestro, tendríamos que lamentar tragedias terribles. Fuera de esto, gran cantidad de familias sin casa viven, como allegadas, en todas las poblaciones de la comuna. No se encuentran terrenos para resolver este problema habitacional. Entonces, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ...
El señor PALESTRO.-
¡Fue indicación del Regidor democratacristiano de San Miguel!
El señor MILLAS.-
Precisamente, a eso me iba a referir. El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ha planteado que la Municipalidad de San Miguel aporte los terrenos, para él dedicarlos a la "operación sitio" o, en general, a la construcción de viviendas. Esta iniciativa fue acogida por el Regidor democratacristiano y aceptada por todos los demás. Aunque la idea fue resistida al principio en la Municipalidad, porque se estimaba que esto debía ser costeado íntegramente por el Fisco, se consideró conveniente destinar estos fondos a la adquisición de sitios. Por lo tanto, éste era un aporte a la realización de un plan habitacional del Gobierno. Si acaso se hubiera conversado más sobre esto, si se hubiera escuchado la opinión de los propios técnicos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo probablemente, se habría podido encarar en otra forma esta distribución de recursos.
Por otra parte, el Ejecutivo suprime totalmente la construcción de un estadio techado en San Miguel. Sin embargo, allí se ha estado explotando un terreno de propiedad de la empresa "El Melón", del cual se han venido sacando materiales de construcción y que hoy presenta condiciones muy favorables para hacer de él un estadio subterráneo. Convendría construirlo y techarlo, aprovechando el desnivel actual del terreno, como se ha hecho en otras partes del mundo, pues resultaría muy económico. Son también organismos fiscales, como la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, los que tienen diversos proyectos sobre esta materia.
En verdad, en torno de la distribución de estos recursos ha faltado una discusión más amplia y oportuna, con participación de los Diputados democratacristianos del distrito y de los funcionarios de Gobierno, que hubiera permitido despachar un proyecto satisfactorio para todos y atender todas las inquietudes que, desde diversos ángulos, puede plantear cualquier sector de la ciudadanía de San Miguel.
Pero, a juicio de los parlamentarios comunistas, lo más grave es que aquí se establecen modalidades excepcionales, que van en contra del principio de la autonomía municipal.
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