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- rdf:value = " El señor MILLAS.-
Gracias.
Nosotros hemos meditado seriamente sobre el peligro que significa la posibilidad de que, aprobada la observación por la mayoría de esta Cámara, pero rechazada en el Senado de la República, ante las razones, muy serias, por las cuales tiene que merecer reparos, quedara la comuna de San Miguel sin ley sobre la materia. En efecto, otros artículos, que no han sido observados, establecen que la inversión de los recursos deberá ceñirse a la distribución determinada en el artículo 3º. Al no haber artículo 3º, ni distribución de los fondos, la ley no podría aplicarse, no sería operante.
Por eso, exactamente igual que los colegas del Partido Socialista, nosotros nos tendremos que abstener en esta materia, pero queremos dejar sentada nuestra protesta. Sabemos que los recursos municipales son muy reducidos y que entre ellos se cuenta el uno por mil de las contribuciones de los bienes raíces, con cargo al cual se financia el servicio de los empréstitos. No es buen procedimiento que el millón de escudos destinado a estadios y a satisfacer necesidades deportivas, sea dedicado a incrementar el presupuesto de la Dirección de Deportes del Estado, que debería efectuar otras obras en la comuna, y sea arrancado del control y de la fiscalización democrática de la Municipalidad de San Miguel. Los colegas democratacristianos y el Gobierno deberían comprender que la Municipalidad es la representante del vecindario de San Miguel. No debieran mirar si el Alcalde es comunista o socialista, o si los Regidores son del "FRAP", sino considerar a la Municipalidad como organismo, con su integración anterior, la de hoy y la de mañana. Lo lógico es que ella administre los campos deportivos de la comuna, de acuerdo con las normas de la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades.
Siempre, y aún más claramente, de acuerdo con la ley, recién despachada y promulgada, que ha creado el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, las inversiones en pavimentación, en obras de equipamiento comunitario, se han efectuado a través de organismos como la Dirección de Pavimentación Urbana, la de Obras Sanitarias, etcétera. No es justo que la de San Miguel aparezca como la única Municipalidad de Chile en interdicción, cuyas inversiones tengan que ser realizadas con la anuencia de un funcionario que es el representante del Presidente de la República en el departamento.
Por esto, los parlamentarios comunistas estimamos que esta observación sienta un pésimo precedente, rompe el criterio establecido en toda nuestra legislación sobre la materia y viola el principio de la autonomía municipal.
En defensa de este precedente tan funesto, es pobre argumento señalar la existencia de críticas a la Municipalidad en cuestión. Ellas pueden dar margen a denuncias a la Contraloría General de la República; a observaciones del Intendente de la Provincia, autoridad que, de hecho, en muchas de sus atribuciones representa a la asamblea provincial; a una discusión pública; a una denuncia sobre la inversión de los fondos. Por lo demás, cualquier inversión tendría que ser autorizada por la mayoría municipal. El Municipio de San Miguel está integrado actualmente por un Regidor radical, uno democratacristiano, uno socialista y uno comunista. No hay allí mayoría absoluta de ningún sector en este instante.
Pero, en lugar de entablar un debate democrático sobre la materia, en vez de considerar a ese Municipio como un organismo democrático permanente, se ha preferido establecer normas excepcionales que, en verdad, resultan odiosas.
Por eso, los parlamentarios comunistas nos abstendremos de dar nuestros votos a la observación formulada por el Presidente de la República.
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