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    • rdf:value = " 1.-NORMAS SOBRE REFORMA AGRARIA.- EMPALME DE SESIONESEl señor BALLESTEROS (Presidente).- Cumpliendo con el objeto de la presente sesión, corresponde discutir el proyecto que establece normas sobre reforma agraria. Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización es el señor Silva Solar; y de la de Hacienda, el señor Maira. El proyecto de ley está impreso en los Boletines de Tabla Nºs. 10. 524 y 10. 524-A. (Los informes de las Comisiones de Agricultura y Colonización aparecen entre los Documentos de la Cuenta de este Boletín de Sesiones). El señor BALLESTEROS (Presidente).- En discusión general el proyecto. El señor SILVA (don Julio).- Pido la palabra. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, me corresponde informar, en nombre de la Comisión de Agricultura y Colonización, el proyecto, de origen en un Mensaje del Ejecutivo, que legisla sobre Reforma Agraria. En consideración a la trascendencia del proyecto, la Comisión realizó un detenido estudio de sus disposiciones a través de 50 sesiones, e invitó a numerosas personas representativas de los agricultores, campesinos, técnicos y universitarios, a fin de que expusieran sus puntos de vista sobre el proyecto, lo que pudieron hacer con la mayor amplitud. No podría nombrar a todas las personas que tuvimos el gusto de escuchar en la Comisión, porque son muchas y se mencionan en el informe que está en poder de los señores Diputados; pero puedo decir que en total concurrieron más de 70 personas, de las cuales 40 eran representantes de las sociedades agrícolas del país; seis de los trabajadores e indígenas; cinco, de los estudiantes universitarios. Además, concurrieron alrededor de 20 funcionarios especializados, y profesionales representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos. A todos ellos quiero expresar el reconocimiento de la Comisión por la ilustración que nos proporcionaron. De un modo especial, deseo dejar constancia de la asistencia permanente y la cooperación a las labores de la Comisión de parte del señor Ministro de Agricultura, don Hugo Trivelli; de los señores Vicepresidentes Ejecutivos de la Corporación de la Reforma Agraria, don Rafael Moreno, y del INDAP, don Jacques Chonchol; del señor Director de Tierras y Bienes Nacionales, don Francisco Cumplido, y del asesor jurídico de la CORA, don Jorge Orchard. En relación con los antecedentes que es necesario tener en cuenta para entrar en el análisis del problema de la reforma agraria, me permitiré hacer algunas consideraciones ante esta Cámara. En el año 1900 había en el mundo mil millones de seres humanos. Hoy, 65 años después, hay alrededor de 3. 300 millones, y las proyecciones de las Naciones Unidas calculan que al final de este siglo, en poco más de 30 años, habrá sobre 6. 000 millones, el doble de la población actual. De estos 6. 000 millones, el 80% estará en las zonas llamadas subdesarrolladas: Asia, Africa, América Latina. Según la FAO, no. hay problema más grave en el mundo de hoy, que el de alimentar a una humanidad que crece a un ritmo tan virtiginoso. Cada año hay 63 millones de personas más que deben comer. En el informe de la FAO correspondiente a 1965, se hace un análisis decepcionante de los últimos 10 años. En tanto la población crece en un 2% al año y en algunos lugares, como América Latina, supera el 3%, la tasa más alta de la tierra, la producción de alimentos por persona sólo ha aumentado en las regiones desarrolladas, disminuyendo en las subdesarrolladas. Esto significa que el hambre se extiende y agudiza en el mundo donde se concentra la mayor cantidad de masa humanas. El doctor Sen, Director General de la FAO, señala que, si no se incrementa de un modo sustancial la producción de alimentos, "se romperá el precario equilibrio actual entre crecimiento demográfico y producción, comenzando a producirse en algunas partes del mundo, antes de 1980, hambres en gran escala, contra las que quizás no haya remedio". La FAO afirma que la producción de alimentos por persona en América Latina es inferior a la de preguerra, y desde 1959 acusa un descenso continuo que, en 1964, llegó a 8% (para el período 1959-1964). Para tener una idea del aumento o disminución de la producción de alimentos por habitante, desde la preguerra hasta hoy, en las diversas regiones del mundo, podemos valemos del siguiente cuadro de la FAO. La producción de alimentos por habitante aumentó en la zona que comprende a Rusia y Europa Oriental en un 38%; en Europa Occidental, en un 23%; en Norteamérica, en un 12%; y en América Latina disminuyó en un 11%. Como en el curso de mi exposición tendré que referirme a varios cuadros estadísticos, solicitaré del señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala para insertarlos en la versión. No sé si la Mesa estima más conveniente requerir el acuerdo en el momento que corresponda o de una vez para todos. En todo caso, pido que se acuerde insertar el anterior. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala, para insertar en la versión oficial el cuadro a que se refirió el señor Diputado informante y los demás a que aludirá durante su exposición. Acordado. -El cuadro que se acordó insertar es el siguiente: INDICE DE LA PRODUCCION ALIMENTARIA POR HABITANTE EN AMERICA LATINA   El señor SILVA (don Julio).- Según otro cuadro de la FAO sobre la producción de alimentos por habitante en los diversos países de América Latina en el período 1953-1963, ésta disminuyó en Chile en un 7%. -El cuadro, cuya inserción se acordó anteriormente, es el siguiente: INDICE DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR HABITANTE Y POR REGIONES. El señor SILVA (don Julio).- En reciente artículo publicado en "El Mercurio" por don Eduardo Schijman, despachado con fecha de abril recién pasado desde Nueva York, comentando declaraciones del Secretario de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos, señor Or-ville Freeman, se dice lo siguiente: "De acuerdo con una reciente publicación del gobierno de Estados Unidos, el 70% de los niños en países en desarrollo está sub-alimentado o sufre de desnutrición, y por ello no vive más allá de los seis años de edad, y al paso que vamos, no es aventurado hablar de una creciente hambruna mundial, que es una catástrofe sin guerra, pero que se nos viene encima en abrumadoras proporciones, a menos que se tomen medidas drásticas e inmediatas". Desde hace cinco años, la FAO ha lanzado la Campaña Mundial contra el hambre. Congresos, creación de una conciencia universal sobre el problema. El señor Hernán Santa Cruz, Director Ayudante y Jefe de la FAO para Asuntos Latinoamericanos, llama la atención sobre la dramática situación que vive el continente en estos términos: "... si América Latina no reacciona, de una manera enérgica e inmediata frente al progresivo y alarmante desequilibrio entre los alimentos que produce y come, por una parte, y, por la otra, el crecimiento explosivo de su población, el más rápido del mundo, en cortos años será asolada por una verdadera hambruna... " El mismo señor Santa Cruz declaraba sobre esta materia, a una revista de Santiago, en enero de este año, que los 230 millones de habitantes que hoy tiene América Latina serán cerca de 700 millones en solo 30 años más, y agregaba: "Si las estructuras siguen como hoy día, querrá decir que habrá 600 millones de campesinos y habitantes de poblaciones callampas en las ciudades, que llevarán una vida miserable dentro de una economía paralizada por la falta de consumidores para las industrias. " Y será, cada vez más difícil recurrir a los excedentes agrícolas de otros países, primero, porque son muy pocos los países que aún disponen de excedentes y, segundo, porque la tendencia es que incluso en esos pocos países los excedentes se están reduciendo. En las declaraciones del Secretario de Agricultura de Estados Unidos a que me referí, hace un momento, se dice "que Estados Unidos ya no tiene excedentes agrícolas, sino solamente reservas alimentarias para sus propias contingencias. " Este es, en síntesis, el problema del hambre en una humanidad que crece como nunca antes, todo lo cual está presionando fuertemente sobre la estructura social, siendo la presión de las masas campesinas sobre la tierra y sobre las ciudades la más poderosa de las presiones sociales de esta hora. Esto, en términos generales, es un problema de todo el mundo subdesarrollo, y ha llegado a ser el punto más explosivo del proceso revolucionario de nuestra época. Este es el cuadro general, el marco, dentro del cual debemos ubicar nuestra reforma agraria. Este es un proceso que afecta a una buena mayoría de la humanidad. No es una ocurrencia marxista ni democratacristiana, ni tiene por fin molestar o sancionar a la vieja clase latifundista de nuestro país. Lo cierto es que el régimen agrario vigente se ha hecho incompatible con los hechos a que nos hemos venido refiriendo. Esto no puede ser extraño para nadie, ya que este régimen agrario, esta estructura agraria, en los países subdesarrollados, viene de muy antiguo, de varios siglos. Fue generada en sus bases fundamentales mantenidas hasta hoy, por la sociedad colonial, cuyo ritmo, necesidades y fuerzas sociales, están muy lejos de ser los de la sociedad actual. Se trata de liberar, mediante la reforma agraria, las fuerzas productivas del campesinado, que se han venido acumulando y que están bloqueadas y paralizadas por el régimen latifundista, que concentra la tierra en muy pocas personas, generalmente terratenientes de viejo cuño, de viejos métodos de trabajo y vieja mentalidad. Más de cien millones de campesinos en América Latina, sin tierra o con muy poca, cerca de la mitad de la población del continente, hacen inevitable el derrumbe de la estructura agraria tradicional, que ha revelado su absoluta incapacidad para permitir el acceso de estos campesinos a la tierra y al mercado moderno, para hacer de la agricultura un factor dinámico del desarrollo económico y no un factor negativo, cuyo estancamiento y retroceso productivo obliga a los países latinoamericanos a gastar más de 600 millones de dólares anuales en importar alimentos, para asimilar la tecnología moderna que, como lo expresara el señor Guillermo Jul, a nombre del Colegio de Ingenieros Agrónomos, "ha logrado en los últimos 40 años mayores avances que en todos los siglos anteriores desde que el hombre se hizo agricultor. " El fin irremediable de la vieja estructura agraria de nuestros países queda de manifiesto, si consideramos que en una reunión tan poco extremista como la Conferencia de Punta del Este, donde nació la Alianza para el Progreso, los gobiernos latinoamericanos se comprometieron a realizar con urgencia una reforma agraria integral "orientada a la efectiva transformación de las estructuras e injusto sistema de tenencia y explotación de la tierra, con miras a substituir el régimen de latifundio y de minifundio por un sistema justo de propiedad, de manera que... la tierra constituya, para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad". Don José Antonio Mayobre, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, celebrada en Buenos Aires en marzo de este año, pasando revista a la marcha de la reforma agraria en los países de América Latina, expresó: "A la acción masiva realizada en períodos anteriores por Méjico y Bolivia, se han agregado en años recientes las emprendidas por Cuba y Venezuela. De otra parte, con posterioridad a la Carta de Punta del Este, sancionaron leyes de reforma agraria Brasil, Panamá, Perú y la República Dominicana; pero los avances efectivos del proceso vienen tropezando en muchos de ellos con múltiples obstáculos que le imprimen una marcha muy lenta". En Chile, la idea de la reforma agraria ha adquirido una gran fuerza. La inmensa mayoría del país está convencida de que debe hacerse. Sus enemigos son una ínfima minoría. Todo el pueblo está con la reforma agraria. En los programas de Frei y Allende figuraba como cuestión principal. El Partido Radical, en un programa aprobado en su XXI Convención, efectuada en 1961, se pronuncia por una reforma agraria que signifique "redistribución de la tierra en beneficio de los campesinos... con el fin de eliminar el latifundio y el minifundio... ". Todos los obispos de Chile, en una Pastoral colectiva de marzo de 1962, sobre la situación de los campesinos, se pronuncian contra lo que califican de "hiriente desproporción que existe en la distribución de la tierra cultivable de nuestro país", y agregan: "Los males provenientes del latifundismo han influido de diversas maneras en la depresión del campesinado. Fuera de que los propietarios latifundistas viven generalmente ausentes del campo, ni aún por medio de una completa organización alcanzarán a trabajar la tierra con la intensidad que hoy reclama la comunidad nacional. Por otra parte, mientras mayor es la propiedad, menos se asemeja la empresa agrícola a una comunidad humana y cristiana de vida y de trabajo". Es tal la fuerza de la reforma agraria en nuestro país, que ni siquiera los partidos de Derecha, las sociedades agrícolas, entre ellas la Sociedad Nacional de Agricultura, u órganos de prensa como "El Mercurio", se confiesan enemigos de la reforma agraria. Al contrario, dicen que son partidarios de la idea, aunque no del proyecto del Gobierno. En general, estos sectores consideran la reforma agraria como un proceso de desarrollo de la producción sobre la base de estímulos de diferente orden, especialmente en los precios, que redunde también en beneficio de los campesinos, pero sin alterar de un modo rápido y fundamental la estructura actual de la tenencia de la tierra, problema que subestiman. Este concepto no se aviene con el que los técnicos más autorizados, como son los de la FAO, han formulado sobre la reforma agraria y que se resume en lo dicho por don Hernán Santa Cruz en la reunión de septiembre de 1965, en orden a que "los estudios realizados por la FAO no permitían dudar que los dos problemas que debían recibir primera prioridad y sin cuya solución ninguna otra medida iba a tener pleno efecto, eran la reforma de los sistemas de tenencia de la tierra y el mejoramiento radical y profundo de la educación a todos los niveles". La estructura agraria en Chile, caracterizada por la gran propiedad o latifundio, es una herencia que proviene del sistema de la encomienda introducido por Pedro de Valdivia, hace más de 400 años. Queremos decir que hay una continuidad y que, pese a los naturales ajustes que se han ido incorporando a través del tiempo, el régimen hasta hoy no fue jamás cambiado de un modo fundamental. Por algo el experto francés señor René Dumond señalaba que "en materia agrícola Chile está en una situación comparable con la que existía en Europa en la Edad Media". Como se sabe, la encomienda unida al repartimiento era la asignación de tierras y de las familias indígenas que las ocupaban, a los conquistadores españoles. Según don Luis Correa Vergara, en su obra "Agricultura chilena", se ponía cierto empeño en abultar el número de indios de la encomienda para hacerla más codiciada, y señala que, cuando Pedro de Valdivia se propuso poblar La Serena, ofreció indios que nunca nacieron, según confesó el mismo Valdivia. De esta anécdota se revela la clave del sistema, o sea, asegurarse no sólo la tierra, sino una mano de obra abundante y prácticamente gratuita o casi gratuita, pagada a base de regalías de un pedazo de tierra, vivienda o choza y una u otra ayuda en especies o elementos de trabajo. Es notable observar cómo las normas establecidas por el Virrey del Perú en 1619, para los residentes en las haciendas, a los que llamaba inquilinos, establecen las obligaciones y regalías clásicas que caracterizan hasta hoy las relaciones del patrón con sus inquilinos en los fundos chilenos. Por el hecho de vivir o residir dentro de los dominios del terrateniente y por las regalías que éste le da, el inquilino debe asegurarle el trabajo o mano de obra de uno o dos "obligados", como se dice, cuyos servicios hasta ahora último son retribuidos a la manera feudal o paternalista, o sea, no en dinero, salvo en escasa medida. Esta forma de servidumbre ha mantenido a la masa campesina en una economía de subsistencia, al margen del mercado económico. Sólo en 1953, hace 13 años, se estableció, junto con el salario mínimo agrícola, la obligación de pagar por lo menos el 25% del salario en dinero, y, sólo en mayo del año pasado, este porcentaje en dinero fue subido al 75% del salario. Los salarios reales de los campesinos, desde que se estableció el salario mínimo en 1953 hasta 1964, han disminuido en forma tal que, para cada trabajador agrícola ha significado un menor ingreso de Eº 2. 000 en los once años aludidos, según se desprende del cuadro confeccionado por el sacerdote y sociólogo don Oscar Domínguez, cuya inserción también solicito. -El cuadro, cuya inserción se acordó anteriormente, dice: SALARIOS CAMPESINOS 1953-1964 El señor SILVA (don Julio).- Ya en el Plan Agrario de 1945, preparado por el Ministerio de Agricultura, se consigna que "entre las causas del desamparo en que viven el inquilino y el obrero agrícola, se encuentra el ausentismo patronal", ausentismo que por cierto termina con ese sentido protector del viejo paternalismo que, en su época, pudo mostrar algunas virtudes sociales. Los salarios agrícolas han sido los más bajos en comparación con otras actividades, como se desprende de las estadísticas del Servicio de Seguro Social, y sólo recientemente, a partir del 1° de mayo del año pasado, se igualó el salario mínimo de la industria y el comercio. Se sabe que, en general, las condiciones ambientales, de vivienda, salubridad, educación, han llegado a ser extremadamente críticas y hasta subhumanas. En un seminario sobre la vivienda campesina efectuado en la Universidad Católica en 1958, se llegó a la conclusión de que más de la mitad de las viviendas campesinas debían ser totalmente reemplazadas. Un estudio del Ministerio de Agricultura en fundos de más de cien hectáreas en la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua, cuyas condiciones son más bien superiores a las del promedio del país, estableció que el 37% de las casas tenían piso de tierra; el 60%, ningún tipo de servicio sanitario; el 37% se abastecía con agua de acequia. En una pieza habitaban, hacinadas, hasta seis personas, y el 90% de las camas servía hasta para cuatro personas. Según el censo, de la población en edad escolar en el área rural, de 7 a 14 años, había un 48% de analfabetos, 232. 000 personas, y un 36% de la población rural mayor de 15 años, más de 400. 000 personas, cifras por cierto muy superiores al analfabetismo urbano, 11, 2% de la población mayor de quince años. Según el Servicio Nacional de Salud, la mortalidad infantil en el sector rural ha llegado a la tasa de 129 por mil de niños menores de un año, que mueren por falta de una alimentación adecuada, o por carecer de condiciones higiénicas mínimas para subsistir. Si bajos son los ingresos del sector agrícola en relación con la población ocupada en él, la distribución de estos ingresos es aún peor que la distribución de ingresos en el resto de la economía nacional, todo lo cual determina un ingreso bajísimo para el sector laboral o trabajador del campo. Este sector, que comprende el 92% de la población activa en el campo, recibe apenas el 34 % del ingreso total agropecuario del país, en tanto que el sector patronal, formado por el 7, 6% de la población activa, recibe el 65, 6% de los ingresos, según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, don Hugo Trivelli, a la Comisión de Agricultura. Según otros estudios, en 1960 el promedio de lo recibido por cada persona del sector que hemos llamado laboral o trabajador fue de 380 escudos al año; en cambio, cada persona del sector que hemos llamado patronal recibió 6. 500 escudos, moneda de 1960. Pero esto es en términos globales, porque, según un estudio practicado por el profesor de la Universidad de California señor Marvin Sternberg en el mismo año 1960 se estableció que el ingreso neto de veinte agricultores que poseen más de cinco mil hectáreas entre las provincias de Aconcagua a Colchagua alcanzó a 65. 000 escudos, para cada uno, en moneda de 1960. Según el mismo estudio, estos agricultores dedicaron, en promedio, el 84% de su ingreso neto a gastos de consumo generalmente suntuario, dejando para inversión una parte ínfima, en tanto que los campesinos, con ingresos muy bajos, quedaron al margen del mercado de productos industriales y sin medios para procurarse una vida digna. La emigración masiva de los campesinos a las ciudades, que se calcula en más de un millón de campesinos, entre 1940 y 1960, no se hace tanto bajo el estímulo positivo del desarrollo industrial, sino mucho más por el estímulo negativo de la falta de trabajo, y a menudo de las insufribles condiciones de vida en el campo, durante una época en que el hombre aspira a una vida civilizada que llega, aun a los campesinos más apartados, mediante los medios de información y comunicación que se extiendan a todas partes. La prueba de lo que decimos la encontramos en que la economía urbana no está en condiciones de integrar a estos campesinos y los deja marginados en las llamadas "poblaciones callampas", fenómeno que tampoco es exclusivo de nuestro país, sino que se da también en otros países del continente, y podemos observar que estas "poblaciones callampas" han crecido en forma paralela al éxodo de los campesinos. En efecto, el censo de 1952 registra 130 mil viviendas de este tipo con 640. 000 ocupantes, y en 1960 el número de estas viviendas había aumentado a cerca de 200 mil; y sus ocupantes, a 1. 050. 000, cifra que corresponde casi exactamente a la emigración de 1. 000. 000 de campesinos entre 1940 y 1960, a que aludimos antes. No nos corresponde aquí enjuiciar a los grandes agricultores que han sostenido y aprovechado el régimen de la tierra a que nos venimos refiriendo. Se sabe que el dominio de la tierra les dio durante más de cien años un poder político y social casi incontrarrestable, que, hasta no hace mucho, conservaban en buena medida, y que sus importantes influencias se ejercieron sistemáticamente para resistir a toda política de impuestos sobre la agricultura, para devaluar la moneda a fin de reducir el monto real de sus deudas, y oponerse, en general, a las innovaciones que pudieran amagar las condiciones de su poder económico y político, hasta el punto de haber solicitado con viva molestia, en 1931, por medio de la Sociedad Nacional de Agricultura, nada menos que la derogación del Código del Trabajo respecto a las labores agrícolas y haber conseguido, hasta el día de hoy, que los obreros agrícolas estuvieran imposibilitados de ejercer su derecho elemental a asociarse en sindicatos. Sobre esta materia, han escrito diversas obras autores nacionales y extranjeros. El estudio del señor Ricardo Lagos titulado "Tributación agrícola de Chile" establece, a propósito del problema de los impuestos, que en el año 1940 la participación agrícola en el producto total del país fue de 14, 9% y, en cambio, su participación en la tributación, fue de 5, 7%; en 1950, la participación agrícola en el producto del país fue de 13% y en la tributación, de 5, 9%; en 1960, su participación en el producto fue de 13, 2% y de 4, 9% en la tributación; en 1962, la participación agropecuaria en el producto nacional fue de 9, 1% y en la tributación, sólo de 3, 8%... El señor ISLA (Vicepresidente).- ¿Me excusa que lo interrumpa, Honorable Diputado? El Honorable señor Phillips le solicita una interrupción. El señor SILVA (don Julio).- Se la concedo con mucho gusto. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, ruego al señor Diputado informante que, junto con estas cifras que está dando a conocer, nos indique la rentabilidad del sector agrario. El señor SILVA (don Julio).- Las cifras que estoy dando son las que se contienen en el trabajo del economista señor Ricardo Lagos, en su estudio sobre la tributación agrícola de Chile, y se refieren tanto a la participación agrícola en el producto o en el ingreso del país, como a la participación agrícola en la tributación del país. Desde el punto de vista de la participación en el ingreso, las cifras son del orden del 14, 9%, en el año 1940; del 13%, en el año 1960; y del 9, 1%, en el año 1962. En cambio, la participación en la tributación es de 5, 7%, en el año 1940; de 5, 9%, en el año 1950; y de 3, 8%, en el año 1962. O sea, ambos elementos están en relación para los efectos que se quieren señalar, en el sentido de que lo que corresponde en el ingreso total a la producción agropecuaria, es indudablemente desproporcionado en relación a lo que aporta a la tributación nacional. El señor PHILLIPS.- Prosigo con la venia del señor Diputado informante. No dudo de las cifras que Su Señoría está dando. Pero si no se da el porcentaje de la rentabilidad del sector agrícola, puede ser que la contribución sea nula. El problema de las unidades familiares hay que resolverlo, porque el cálculo proporcionado en la Comisión de Hacienda es bastante a medias. De ahí que le pregunte por la rentabilidad media del sector agrícola del país, frente a las cifras que está dando, para compararlas después con las unidades familiares que se van a asignar y con los cálculos hechos sobre esta materia. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización. El señor SILVA (don Julio).- Más adelante, voy a referirme al problema de la rentabilidad, a través de un estudio que espero no le merezca dudas a Su Señoría. La reforma agraria, al entregar la tierra al campesinado y poner un límite a la extensión o cabida de la propiedad agrícola, terminando así con el latifundio, marcará el fin del régimen agrario tradicional de nuestro país. En efecto, ella removerá las bases mismas de la servidumbre del campesinado, sujeto al poder anacrónico y abusivo de los terratenientes, proporcionándole nuevas condiciones de vida y de trabajo en los campos y haciéndole posible su pleno acceso a la economía del país, como productores y consumidores, y, asimismo, a la vida educacional y a los derechos cívicos y sociales ejercidos libremente. La reforma agraria significa también un paso decisivo en la transformación profunda de todo el sistema social imperante. En las sociedades subdesarrolladas, la reforma agraria es un factor desencadenante de cambio social. En seguida hay una serie de antecedentes, proporcionados a través de diversos estudios y, especialmente, por el Mensaje que el Ejecutivo envió al Congreso... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ...que la Comisión de Agricultura ha podido verificar. Nos referiremos a los principales de ellos. La producción agropecuaria ha dejado de ser un factor dinámico del desarrollo económico, y ha pasado a ser un factor de estancamiento y aun regresivo. Desde luego, el crecimiento de la producción agropecuaria, en los últimos veinte años, ha sido inferior al crecimiento de la población. Mientras la población ha aumentado a un ritmo del 2, 3% a 2, 5% anual, la producción agropecuaria-silvíco-la no ha sobrepasado el 2% anual. Estos son datos proporcionados por la Oficina de Planificación. Esto significa que cada chileno dispone, cada año, de menos alimentos, en forma progresiva. Según el estudio de la FAO sobre "El estado mundial de la agricultura y la alimentación de 1965", en el período comprendido entre 1953 y 1963, Chile disminuyó en un 7% su producción de alimentos por habitante. Este déficit creciente en la producción de alimentos repercute, por cierto, en los niveles de consumo, en la mortalidad infantil y en las condiciones de trabajo y de vida de la población. Se consume hoy menos carne y menos leche por habitante que hace 20 años. Una parte de la población pasa hambre. Se ha establecido que, en países como Chile, se necesitan 2. 600 calorías diarias para mantenerse trabajando en condiciones normales. Pero gran parte de nuestra población trabajadora no alcanza esta cifra. Agréguese a esto que la población del país aumenta, cada año, en 200 mil personas, y que en 1980 la población nacional alcanzará a 12 millones de habitantes. De modo que el aumento de la producción agropecuaria es una tarea inaplazable. Justamente, la reforma agraria pretende crear las condiciones que la hagan posible. De acuerdo con estudios altamente calificados desde el punto de vista técnico, según lo expuesto por el Colegio de Ingenieros Agrónomos ante la Comisión de Agricultura, con la tierra y medios actualmente aprovechables, Chile podría triplicar la tasa de su desarrollo agrícola y alimentar una población por lo menos igual al triple del actual. El rezago de la producción agropecuaria en los últimos 30 años queda también de manifiesto, si se considera la productividad de la población activa que trabaja en los campos, la cual no alcanza al 50% de la productividad promedio del resto de las actividades económicas del país. Con cerca del 30% de la población activa del país, la agricultura aporta sólo el 10, 3% de la producción nacional. Esto se ha traducido en una relación progresivamente desfavorable entre las exportaciones e importaciones agrícolas, con grave detrimento para la economía general del país. El curso acelerado de este deterioro puede desprenderse de los siguientes datos: Año 1939: exportación de los productos de la agricultura: 24 millones de dólares; importación de productos agropecuarios: 11 millones de dólares. Saldo a favor: 13 millones de dólares. Año 1944: exportación 47 millones de dólares; importación, 57 millones de dólares. Saldo en contra: 10 millones de dólares. Año 1961 a 1963 (promedio anual): exportación: 33 millones de dólares; importación, 137 millones de dólares. Saldo en contra: 104 millones de dólares. Año 1964: exportación, 39 millones de dólares; importación, 159 millones de dólares. Saldo en contra: 120 millones de dólares. Se advierte, en primer lugar, que el monto de las exportaciones no ha aumentado en los últimos 30 años. En segundo lugar, hay que señalar que de los 159 millones de dólares que se gastaron en 1964 para importar productos de la tierra, sólo 37 millones corresponden a productos, principalmente tropicales, que Chile no puede producir (café, té, cacao, pina, algodón, etc. ). Y los 122 millones restantes corresponden a productos que se pueden dar en Chile (trigo, carne, leche, mantequilla, azúcar, etc. ). En los últimos 14 años, Chile ha gastado más de mil millones de dólares en traer del exterior estos alimentos, que nuestra agricultura podría producir. Se ha pretendido rebatir las cifras del año 1964, aumentando a poco más de 50 millones el monto de las exportaciones, y aumentando también el monto de las importaciones que la agricultura chilena no podría producir, a un total aproximado de 75 millones. Pero ello no es valedero, ya que entre los rubros que Chile no podría producir, se han incluido el aceite y el azúcar, por un total de 30 millones de dólares, en circunstancias que la experiencia demuestra que pueden producirse en Chile, como lo reconoció en la Comisión de Agricultura don Pedro Enrique Alfonso. Además, entre las exportaciones agropecuarias se incluyó la harina de pescado y la harina de ballena, con un valor de 16 millones de dólares para 1964, que no provienen precisamente de la agricultura. Por lo tanto, hechas las rectificaciones, conservan toda su validez las cifras dadas anteriormente, las cuales reflejan dramáticamente la incapacidad creciente de la agricultura, en los últimos años, para proporcionar al país los alimentos que éste necesita y que la tierra y el trabajo chilenos están en condiciones de producir. Confirma lo anterior el hecho de que la existencia de rubros tan importantes como el ganado vacuno no sólo está estancada, sino que ha disminuido de 2 millones 861 mil 60 cabezas, en 1955, a 2 millones 826 mil 600 cabezas en 1965. O sea, ha disminuido, en 34 mil 460 cabezas aproximadamente, antecedente que en un comienzo fue discutido, pero que aparece confirmado en el cuadro publicado en la revista de la Sociedad Nacional de Agricultura, "El Campesino", de marzo de 1966. También se han confirmado los antecedentes proporcionados en el Mensaje, pues concuerdan con numerosos estudios que se han practicado, respecto al mal aprovechamiento o subutilización de las tierras arables y regadas con que cuenta el país. De la superficie arable, según el censo de 1955, que alcanza a 5 y medio millones de hectáreas, sólo 2 millones se cultivan, mientras cerca de 3 millones están con pastos naturales. Y de las tierras regadas, cerca del 30%, o sea, cerca de 300 mil hectáreas, están también con pastos naturales, lo cual significa disminuir en 4 veces su rendimiento potencial. La concentración de la tierra en manos de un puñado de grandes propietarios es otro de los hechos establecidos. Viven en el campo 2 millones 650 mil personas, aproximadamente el 34, 5% de la población del país. La población activa del campo se calcula en 675 mil personas. Pues bien, conforme al censo de 1955, sólo 6 mil 326 propietarios concentran en su poder el 81% de la superficie total censada, el 51, 1% del total de la superficie arable y el 53% de la superficie regada. Según otro estudio del Comité ínteramericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), 10. 300 propietarios tienen el 65% de la superficie arable y el 78% de la superficie regada y de la 345 mil familias que viven y trabajan en el campo, 312 mil están constituidas por inquilinos, medieros, obreros agrícolas, que carecen de tierra, y por minifundistas o pequeños propietarios, que no sobrepasan la unidad agrícola familiar. Este sector pobre de campesinos sin tierra o con muy poca tierra llega a un total de 312 mil familias, de un total de 345 mil familias que viven y trabajan en el campo. El señor PHILLIPS.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado? El señor SILVA (don Julio).- Con todo agrado. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, solicito que se inserte en la versión oficial de la sesión, junto a los datos referentes a la población agraria que está dando el señor Diputado informante, un cuadro -que tengo en mi poder- sobre la distribución de la propiedad, elaborado por la Dirección General de Impuestos Internos, de acuerdo con el proyecto aerofotogramétrico del cual se ha dado cuenta. Porque lo que Su Señoría está leyendo son todos los antecedentes que ha dado la CIDA., que son bastante "trasnochados", ya que se refieren al censo de 1955, o sea, tienen 11 años de atraso. El señor ROSALES.- Han variado muy poco. Son casi los mismos. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, por mi parte,no tengo inconveniente en que se incluya en la versión ese cuadro. El señor ISLA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala, a fin de proceder en la forma solicitada por el Honorable señor Phillips, insertando en la versión oficial de la presente sesión el cuadro a que se ha referido. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- Estoy solicitando el asentimiento unánime de la Sala para hacer la inserción. ¿Habría acuerdo para proceder en esta forma? Acordado. -El cuadro cuya inserción se acordó es el siguiente:   BIENES RAICES AGRICOLAS, IMPONIBLES Y EXENTOS, CLASIFICADOS POR TRAMOS DE SUPERFICIE (1) BIENES RAICES AGRICOLAS, IMPONIBLES Y EXENTOS, CLASIFICADOS POR TRAMOS DE AVALUOS (1)   El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Silva. El señor SILVA (don Julio).- Como algunas personas sostienen que los datos referentes a la concentración de la tierra, en términos de superficie, no son representativos, porque no se refieren al valor de ella, podemos agregar, en abono de estos mismos datos, que, desde el punto de vista del avalúo fiscal, se reproduce esta misma concentración, en los siguientes términos: 5, 1% de los predios tiene un avalúo igual al 74, 4% del total del avalúo de los predios agrícolas, mientras que el 84, 4% de los predios tiene un avalúo de sólo el 11, 1% del total del avalúo de los predios agrícolas. De modo que, desde el punto de vista del valor de los predios, de acuerdo con estos datos que tengo en mi poder, se llega a la misma conclusión respecto de la concentración de la propiedad que lo que hemos dicho respecto a la concentración de dichos predios en términos de la superficie de tierra acaparada. Lo expresado sobre la concentración de la tierra en manos de unos pocos miles de grandes propietarios es igualmente válido respecto a la concentración de los derechos de agua y del crédito bancario en las mismas manos. Paso a exponer algunos de los conceptos fundamentales que inspiran el proyecto. La reforma agraria es, básicamente, un proceso acelerado de redistribución de tierras, con miras a eliminar el latifundio y otras formas regresivas de propiedad, estableciendo, en su reemplazo, formas de propiedad campesina, individual o cooperativa, y dejando que subsistan otras formas de propiedad que se ajusten al concepto de empresas agrícolas modernas y eficientes. Se persigue, con esto, mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la masa campesina en el orden económico, social, cultural y cívico, y crear las bases para elevar la producción agropecuaria, haciendo de ésta un factor dinámico del desarrollo económico nacional. Desde el punto de vista técnico, el concepto que se ha formulado sobre la Reforma Agraria corresponde al que acabamos de señalar. Así, por ejemplo, el señor Guillermo Jul, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos, exponía ante la Comisión de Agricultura y Colonización de la Honorable Cámara que, en nuestro país, "aún domina en alto grado el sistema técnicamente llamado de hacienda o latifundio", y que él "margina de la producción grandes cantidades de tierra y mantiene al obrero agrícola subutilizado y estagnado en su productividad. Presenta así rigideces estructurales que impiden al sistema agrario asimilar progreso técnico y capitalizarse con la rapidez exigida por las urgentes necesidades vitales del país. Es un sistema que en todas partes ha entrado en su etapa de obsolescencia, y en Chile hay unanimidad de pareceres para su eliminación". Hasta ahí la opinión del Colegio de Ingenieros Agrónomos, expresada a través del señor Guillermo Jul. Debemos agregar que, ante la conciencia pública, el latifundio ha perdido su legitimidad. La cabida o superficie que los agrónomos, a través del señor Jul, proponen para la empresa agrícola no latifundista -de acuerdo, dicen, con la experiencia mundial y nacional- es aquélla capaz de producir 3 mil quintales métricos de trigo o su equivalente monetario en otros productos agrícolas, lo cual según el representante mencionado, corresponde a las 80 hectáreas de riego básicas que fija el proyecto como cabida máxima adecuada para combinar, del modo más eficiente, los factores de la producción. De esta manera, se inducen las inversiones del propietario a la capitalización del predio y a la asimilación de la tecnología moderna, y no a la acumulación de tierras más allá de este límite de 80 hectáreas, que es el máximo social y económicamente aceptable, dadas las condiciones de disponibilidad de tierras en nuestro país. El concepto de otros organismos técnicos, como la FAO, es coincidente con el expresado. Dicha organización internacional, en cuanto a su concepto de reforma agraria, señala, al respecto, lo siguiente: "Los actuales sistemas de tenencia de la tierra que imperan en la mayoría de los países de la región (América Latina), y que tienen como elementos distintivos la concentración de la propiedad en muy pocas manos y la existencia de millares de minifundios antieconómicos, constituyen el freno principal del desarrollo agropecuario y también del crecimiento industrial de esas naciones. Por consiguiente, hay que realizar reformas agrarias profundas, integrales y técnicas que pongan fin a ese estado de cosas, permitiendo el pleno aprovechamiento de la tierra, el agua, los recursos humanos, y el potencial de ahorro; que promuevan la movilidad social, con importantes consecuencias económicas, sociales y políticas; que coadyuven a satisfacer la demanda de bienes -agrícolas e industriales- de una población que crece al ritmo más rápido de todo el mundo; que incorporen a la enorme masa campesina a los beneficios de la vida moderna; y que vayan acompañadas de una política de educación, capacitación, extensión, formación de cooperativas, comercialización y créditos... " Hay consenso, pues, para estimar que el régimen del latifundio y su consecuencia natural, el minifundio, no sólo ha llegado a ser socialmente injusto, sino que económicamente ineficiente y anacrónico. Mucha tierra y mucho trabajo se desaprovechan. Las nuevas formas de propiedad son la base para desarrollar una agricultura más productiva. Sólo sobre esta base nueva resultará eficaz una política de precios, de asistencia técnica y crediticia, etcétera. Por otra Darte, el estudio ya mencionado del CIDA señala, que mientras en las grandes explotaciones el valor de la producción por hectárea regada es de 350 escudos en cifras de 1960, en las explotaciones de tamaño subfamiliar, alcanza a 954 escudos, es decir, casi el triple; por hectárea arable, las grandes explotaciones producen 83 escudos; y las explotaciones subfamiliares, 391 escudos, o sea, casi cinco veces más. A esto debe agregarse, conforme con los datos del censo de 1955, que los inquilinos, medieros y empleados agrícolas con regalías de tierras, más lo minifundios y los predios de tamaño familiar producen, en conjunto, un 40% del valor total de la producción agrícola, contando sólo con el 21% de la tierra arable. Estos datos sobre valor de la producción en relación con el tamaño de los terrenos agrícolas no son válidos solamente para nuestro país, pues son notablemente coincidentes con los estudios practicados por el CIDA en Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y Guatemala. Pido que se inserte en la versión oficial el cuadro correspondiente. -El cuadro, cuya inserción se acordó anteriormente, dice: PRODUCCION AGRICOLA POR HECTAREAS El señor SILVA (don Julio).- Las cifras mencionadas no pueden ser desvirtuadas en su significación fundamental por el solo hecho de que en algunos cultivos extensivos el rendimiento por hectárea sea superior en la propiedad mediana que en la pequeña. Todo esto revela que el minifundo, pese a ser una unidad de producción antieconómica, es menos ineficiente e improductivo que el latifundio, y revela también, lo que es más importante, la capacidad de producción del campesino y del pequeño propietario, quienes constituyen la reserva humana de la nueva agricultura que surgirá con la aplicación de la reforma agraria. Algunos atribuyen la baja producción agropecuaria a una mala política agraria, de modo especial en materia de precios. Generalmente, insisten mucho en esto quienes se oponen a la reforma agraria. Pero olvidan que ellos mismos son, en cierta forma, desde el punto de vista del sector social, los que han manejado la política agrícola del país en los últimos treinta años y desde que Chile se independizó de España. Por lo visto, el problema no es tan simple. El problema de los precios tiene que ver, en el fondo, con el grado de tecnificación del respectivo sector económico, ya que de eso depende, en definitiva, el rendimiento o productividad del trabajo humano. Aparte de eso, si bien ha existido un problema de precios, y el Gobierno lo ha reconocido, debe señalarse también, como ya lo hicimos presente, que la agricultura tributa un porcentaje más o menos equivalente a la mitad o menos del valor porcentual que ésta representa dentro de la producción nacional. La cuestión del precio es relativa. Para los grandes propietarios, acostumbrados tradicionalmente a obtener ganancias considerables, puede no ser compensatorio un precio que para el trabajador agrícola o campesino, en cambio, lo sea ampliamente. En la revista "El Campesino", de julio del año pasado, de la Sociedad Nacional de Agricultura, se publica una carta muy interesante sobre esta materia, dirigida a los agricultores chilenos por el profesor norteamericano del ramo de Economía Agraria de la Universidad de Wisconsin, señor Peter Dorner, quien permaneció algunos años en Chile. El profesor Dorner refuta la teoría de culpar a los precios de la mala situación de la agricultura chilena. Dice, por ejemplo: "Nunca se podrán subir los precios lo bastante como para dar buenas ganancias a productores abiertamente ineficientes". Y agrega, después de algunas comparaciones sobre la rentabilidad de algunos predios en Estados Unidos y de otros predios en Chile... El señor SOTA.- Es una lástima que el Honorable señor Phillips no se encuentre en la Sala, porque había solicitado del señor Diputado informante abordar el tema de la rentabilidad de la agricultura, que ahora está tratando. El señor ISLA (Vicepresidente).- En todo caso, creo que los Honorables Diputados presentes están escuchando con mucha atención el documento e informe del Honorable señor Silva Solar. Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Muchas gracias. Decía, señor Presidente, que en esa carta remitida por el profesor norteamericano señor Peter Dorner a los agricultores chilenos, en relación con la rentabilidad de algunos predios en Chile y otros en Estados Unidos, él concluía: "Así dadas estas comparaciones, yo argumentaría que el nivel de los precios no es demasiado significativo para explicar la modorra del crecimiento de producción de la agricultura chilena. En el sector agrícola, los grandes agricultores son los favorecidos con los créditos bancarios. El argumento de la escasez de capital pierde también su atractivo a medida que uno observa el nivel de gastos de consumo. No me corresponde decir cuáles debieran ser estos niveles, pero es verdad que muchos agricultores muestran todas las señales de prosperidad y riqueza en sus residencias y vida familiar. En estas condiciones, el argumento de escasez de capital pierde valor. También en varios estudios se ha hecho notar la baja tasa de ahorro y los elevados gastos de consumo entre la clase alta de Chile. De modo que no estoy convencido de que los precios bajos y la falta de capital sean los factores claves en la dificultad presente". En todo caso, una comparación seria sobre los precios de los productos de un sector en comparación con las variaciones de otros sectores de la economía debe hacerse sobre la base de un período suficientemente largo, que elimine las influencias de políticas circunstanciales. Se ha intentado demostrar que los precios agropecuarios del quinquenio 1956-1960 se deterioraron con respecto a los del quinquenio anterior, 1951-1955. Pero si tomamos un período más largo, desde 1949 a 1964, vamos que el índice de precios agropecuarios al por mayor tuvo un crecimiento semejante al de otros sectores de la economía, como puede observarse en los cuadros preparados con datos de la Dirección de Estadística y Censos, cuya insertación solicito. "Los cuadros, cuya inserción se acordó con anterioridad, son los siguientes: PRECIOS AL POR MAYOR PRODUCTOS AGROPECUARIOS El señor SILVA (don Julio).- Entre el quinquenio 1947-1951 y el trienio 1962-1964, los precios agropecuarios crecieron 42 veces; los de otros productos, excepto los agropecuarios, crecieron 43 veces; los industriales, 41 veces; y los importados, 44 veces. Al parecer, estos últimos afectan más a la producción industrial nacional y a las personas que viven en núcleos urbanos que a la población rural. En consecuencia, el análisis de precios no puede simplificarse a comparar dos períodos que por su naturaleza distorsionan los resultados. El señor PHILLIPS.- ¿Me permite una breve interrupción? El señor SILVA (don Julio).- Con todo agrado. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia del señor Diputado, tiene la palabra el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, agradezco la deferencia del señor Diputado informante. Es indiscutible que los precios al por mayor de los productos agropecuarios y la del resto de los productos es efectiva; pero no es menos cierto que los precios del sector agrícola han estado deteriorados desde hace más de 50 años. En consecuencia, se puede mantener la relación que dice el Honorable señor Silva, pero el incremento de la rentabilidad no es el mismo que el de los precios al por mayor, porque evidentemente, debido a la mala comercialización existente en Chile, lo percibido como producto de la rentabilidad por el productor agrícola es mucho menos que el índice de alza señalado recientemente. De ahí que no guarde relación una cosa con la otra, dada la deficiente comercialización de la producción agrícola, y que no se pueda tomar como índice de rentabilidad agrícola el señalado por el Honorable señor Silva Solar. Por lo demás, el deterioro de los precios agrícolas, no es un problema originado en este Gobierno, sino latente desde hace más de 50 años, y cuyas consecuencias, es cierto, esta Administración ha tratado de suplir. Esa es la realidad de los hechos. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Extraño mucho la afirmación del Honorable señor Phillips en el sentido de que los precios agrícolas están deteriorados desde hace más de 50 años. En cuanto a la rentabilidad, lamento que no hubiera estado presente cuando me referí al estudio de un profesor norteamericano de Economía Agraria, el señor Peter Dorner, quien, en carta dirigida a los agricultores chilenos, se refirió precisamente a este asunto y refutó la aseveración de que la agricultura chilena tuviera baja rentabilidad o la de que el problema de los precios fuera un problema fundamental para explicar el estancamiento y la regresión del sector agropecuario. El señor PHILLIPS- ¿Me concede una interrupción, Honorable colega? El señor SILVA (don Julio).- Con todo gusto. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, el señor Diputado informante se ha declarado sorprendido por mi afirmación sobre el deterioro de los precios agrícolas. Si él compara los precios agropecuarios del mercado internacional desde hace veinte años, se dará cuenta de que en el mercado interno los productos industriales nacionales han costado el doble o el triple de uno similar importado, traído en las mismas condiciones en que se han internado trigo y leche. Estos elementos nacionales han tenido un valor muy inferior al precio internacional, no pagando ningún impuesto, derecho ni ninguna tributación. Si esta misma medida se aplicara a los precios industriales, podría traerse a Chile, a la mitad del valor, cualquier artículo industrial o textil. Nada más. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Le concedo una interrupción al Honorable señor Sota. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, sólo deseo formular una pregunta al Honorable señor Phillips. Si es efectivo que los índices de precios al por mayor no representan, en verdad, el precio recibido por los productores, ¿quién se ha quedado con la diferencia? El señor PHILLIPS.- Los comerciantes. El señor GONZALEZ MAERTENS.- Los intermediarios. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Silva Solar. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, este proyecto de reforma agraria se funda, asimismo, en el concepto de la función social de la propiedad, el cual se ha venido desarrollando en la legislación moderna de todos los países, incluso del nuestro. El concepto clásico, absoluto, civilista, romano, burgués individualista, o como quiera llamarse, del derecho de propiedad, que sólo contemplaba el interés del propietario, pertenece ya al pasado. En el Mensaje del Ejecutivo se hace una extensa reseña de la legislación extranjera a este respecto, y de ella se desprende que el concepto de la función social se ha desarrollado mucho en el último tiempo, estableciéndose limitaciones, obligaciones y modalidades de diferente índole al derecho de propiedad. La limitación de la extensión de la pro- piedad, la restricción de los actos de disposición, la indivisibilidad de la unidad de producción, la explotación del suelo por el propietario, la obligación dé realizar determinados cultivos, el pago a plazo de la indemnización en caso de expropiación, son algunas de las manifestaciones de la función social de la propiedad que es corriente encontrar en las legislaciones de otros países, según lo demuestra el Mensaje con que se inició este proyecto. Paralelamente, en nuestros días está recobrando su fuerza y vigencia una doctrina que es tradicional en el pensamiento cristiano, pero que estaba como ensombrecida. Esa doctrina señala que hay un derecho primario sobre los bienes y que ese derecho corresponde a toda la comunidad. La propiedad privada es un derecho secundario, subordinado al anterior, y por eso está sujeta al interés común o social, o a su función social si prefiere decirse así, todo lo cual no es sino expresión de este derecho de la comunidad que prevalece sobre el derecho particular. En nuestro país, la ley Nº 15. 020, llamada de Reforma Agraria, estableció conceptos importantes en el sentido que estamos señalando y, desde luego, declaró de utilidad pública y autorizó la expropiación de los predios abandonados, de los mal explotados, de la mitad de los terrenos que se rieguen por obras del Estado, de los predios que pertenezcan a personas jurídicas que no los exploten directamente, de los terrenos ubicados en la zona de aplicación de la Ley de Propiedad Austral, de los predios que queden dentro de un Plan de Desarrollo Regional Agrícola, etcétera. La Reforma Constitucional del año 1963 permitió el pago de las indemnizaciones en caso de expropiación de predios abandonados o mal explotados, con sólo un 10% de contado y el saldo en 15 años. De modo que este concepto también se ha estado introduciendo en la legislación chilena. Si bien la referida Reforma Constitucional permite al Juez autorizar la toma de posesión material del bien expropiado después de dictada la sentencia de primera instancia, ello ocurre sólo cuando el propietario no reclama de la procedencia de la expropiación, razón por la cual en la práctica no se consiguió agilizar el procedimiento. En efecto, la CORA no ha logrado hasta ahora tomar posesión material de ningún fundo expropiado que esté sujeto a juicio. Sólo ha podido hacerlo con respecto a aquellos que han sido objeto de acuerdo con los propietarios. La ley Nº 15. 020, además, no contempla causal de expropiación por tamaño o cabida de predios; deja invariable el régimen sobre propiedad de las aguas y establece a través del D. F. L. R. R. A. 11, un sistema de selección de los asignatarios de tierras que, en el hecho, otorga mayores facilidades para el acceso a ellas a las personas con mayores recursos económicos y no a quienes efectivamente lo trabajan. La ley Nº 15. 020 no logró alterar el ritmo de la política de colonización que venía efectuándose en el país desde 1929, ritmo que, por su lentitud, es incompatible con una política de reforma agraria. Basta señalar al respecto que en 35 años, desde 1929 a 1964, se expropiaron 496. 409 hectáreas (sin incluir 38 parcelas de Magallanes) y, en cambio, en sólo 18 meses de esta Administración, se han expropiado 693 mil hectáreas. En los 35 años mencionados, se otorgaron parcelas a 4. 472 familias, mientras que en los 18 meses últimos se han asentado o están en vías de hacerlo, 4. 526 familias, o sea, un número similar. A ello debe agregarse que éstas son familias campesinas, mientras que las otras sólo lo eran en un 5%, calculándose en un 45% los asignatarios ausentistas, que no trabajan la tierra que se le entregó. Concedo una interrupción al Honorable colega Valenzuela, don Ricardo, señor Presidente. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Ricardo Valenzuela. El señor VALENZUELA (don Ricardo).- Solicité esta interrupción para referirme a lo que breves instantes atrás, hacía presente el Honorable colega señor Silva Solar. El ha criticado y comparado lo sucedido en materia de entrega de parcelas hechas en los períodos pasados y en la actual administración del Excelentísimo señor Frei. Es sabido que en diversas parcelaciones realizadas por la Caja de Colonización Agrícola, anteriormente, y por la Corporación de la Reforma Agraria en el período del Excelentísimo señor Alessandri, la inmensa mayoría de estas parcelas no se entregaron a campesinos o a pequeños empresarios agrícolas, sino que a personas que nada tenían que ver con la agricultura. Se entregaron a profesionales que estimaban que las parcelas eran para su agrado, para ir a ellas un fin de semana a pasear al campo y tomar allí uno o dos inquilinos que las trabajaran. En cambio, con el concepto de avanzada social de la Democracia Cristiana, precisamente, se ha puesto término a esta situación, la que, fuera de ser injusta, no corresponde a un concepto moderno en cuanto a las explotaciones agrarias. Por eso, he solicitado esta interrupción, para dejar claramente establecida la diferencia de conceptos en cuanto a la entrega de tierras hecha en el período anterior y en el período de un año y medio de la Administración del Excelentísimo señor Frei. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Silva Solar. El señor SILVA SOLAR (don Julio).- Señor Presidente, me voy a referir, a continuación, al articulado del proyecto, tratando de señalar los aspectos más esenciales del mismo, ya que es extraordinariamente extenso. En efecto, consta de 160 artículos aproximadamente, El señor PHILLIPS.- Antes que el señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura entre a considerar el proyecto, deseo hacerle una consulta, señor Presidente. El señor ISLA (Vicepresidente).- El Honorable señor Phillips le solicita una interrupción, Honorable Diputado. El señor SILVA don Julio).- Se la concedo con todo agrado. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, me habría agradado que el Honorable señor Silva Solar, que es autor de esta mentada doctrina comunitaria, hubiese ilustrado, de una vez por todas, tanto a la Cámara como al país, en qué consiste la filosofía de esta idea, que el proyecto lleva involucrada dentro de sí. Porque al leer, hace algunos instantes, algo del sistema, omitió lo que él mismo afirma en la página 38 del libro que escribió junto con el señor Jacques Chonchol: que el sistema comunitario es socialista. Quisiera que se clarificara esto de una vez por todas, porque el país, y nosotros, ignoramos lo que dicho sistema significa. El señor SOTA.- No ignora sólo eso, sino muchas otras cosas. El señor PHILLIPS.- Sus Señorías tienen fundos y también un inquilino... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PHILLIPS.- ¡Cuando a uno lo insultan, según Sus Señorías, debe aceptarlo ! ¡ Uno tiene que aceptar todas las insolencias ! ¡Se equivocan, Honorables Diputados! El señor VALENZUELA (don Ricardo).- ¡Fue Su Señoría el que se sintió aludido! El señor PHILLIPS.- ¡No me siento aludido, sino que me molesto por los insultos que profieren Sus Señorías!.... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PHILLIPS.- ¡ No he insultado a nadie! ¡Fueron Sus Señorías los que empezaron! -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PARRA.- ¡Ninguna serenidad es posible... El señor ISLA (Vicepresidente).- ¡Honorable señor Parra! El señor PARRA.- ... mantener después de una actitud tan desatinada como la que acaba de observar la Cámara de parte de Su Señoría. El señor ISLA (Vicepresidente).- ¡Honorable señor Parra, llamo al orden Su Señoría! El Honorable señor Phillips hace uso de una interrupción. ¿Su Señoría va a continuar o no? El señor PHILLIPS.- No, señor Presidente, pues no deseo recibir más insultos. Puede continuar el Honorable señor Silva Solar. El señor SILVA (don Julio).- Concedo una interrupción al Honorable señor Garcés. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Garcés. El señor GARCES.- Señor Presidente, he sido un hombre muy respetuoso de todas las ideas que se expresan en esta Cámara y de las personas, pero cada día me desilusiono más al observar por ejemplo, actitudes como la del Honorable señor Phillips, que lleva varios períodos en la Corporación y cuya experiencia debiera enseñarle siquiera a respetar las ideas ajenas y las personas. Nuestro partido está orgulloso de tener un representante de la clase campesina en esta Sala. Ello demuestra al país que se trata de un organismo abierto, donde todas las ideas son respetadas y donde todas las personas, cualquiera sea su posición, tienen cabida. Es una demostración, también, de que si hoy un campesino se sienta en esta Sala, el día de mañana pueden ser muchos los que hagan otro tanto. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Silva Solar. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, tanto en la sesión de ayer en que discutíamos el proyecto de reforma constitucional, como en lo que acaba de plantear el Honorable señor Phillips, se hace cuestión y se insiste en este asunto de la propiedad comunitaria. No voy a referirme a esta materia, porque, en realidad, es ajena a lo que se trata en este momento, pero diré dos palabras al respecto. Seguramente el Honorable colega señor Phillips no conoce la Declaración de Principios del Partido Demócrata Cristiano. No tiene, en realidad, por qué conocerla, pero esta declaración, que se encuentra vigente desde el año 1957, dice en el punto quinto, que el partido propicia la economía humana que tiende a agrupar a los hombres en comunidades de trabajo, dueñas del capital y de los medios de producción. Y en otro de los acápites de la misma Declaración, se dice que la Democracia Cristiana impulsa el sistema de comunidades y el cooperativismo, respecto de los medios de producción que requieran el trabajo de muchos hombres. De manera que este asunto del sistema comunitario y que corresponde al concepto que acabo de leer, no es un problema de una persona u otra, sino que es una idea incorporada en la Declaración de Principios del Partido Demócrata Cristiano vigente desde el año 1957. De esta manera, es probable que los Honorables colegas que se han referido a esta materia hayan creído ver algo particular, pero no es así. Además, se hace mención del diccionario, en el sentido de que la palabra "comunitaria" no aparece en él, pero el diccionario no es algo inmóvil, porque todos sabemos que, de tiempo en tiempo, se incorporan nuevos vocablos en él. Este es un hecho que ocurre frecuentemente, de manera que no tiene nada de raro que por ahora no figure, siendo probable que después sea incorporada. Respecto de lo que habla el Honorable colega acerca de socialismo comunitario, esta expresión la emplea Erich Fromm, escritor de gran autoridad, y autor de muchos libros y de muy interesantes estudios. Entre otras obras, es autor del "Psicoanálisis de laSociedad Contemporánea", donde emplea la expresión "socialismo comunitario", que nosotros compartimos, en el sentido de que no se trata de un socialismo estatal, sino comunitario. Como lo decía, la indicación que formulamos en la reforma constitucional tiene la característica de incorporar a los trabajadores a la gestión o administración de los bienes sociales y al dominio de las empresas, porque el socialismo puede tener un carácter marcadamente estatista, o bien un carácter comunitario, al incorporar a los trabajadores a la gestión y administración de los bienes sociales. Esto correspondería a la idea de la autogestión. Esto no es una cosa extraña. No veo por qué se hace tanto caudal respecto de esta materia. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, me referiré al articulado del proyecto que nos ocupa. El comienza definiendo una serie de conceptos que serán utilizados a lo largo de sus disposiciones. El artículo 1° define el concepto de predio rústico, incluyendo en él a todo predio agrícola, ganadero o forestal; el de predio abandonado, esto es, aquél que no es objeto de hechos positivos de explotación económica, como cultivos agrícolas, empastadas, crianza de ganado, y agrega que el hecho de que tenga cuidadores no es suficiente para que no sea considerado como predio abandonado; y, define, asimismo, lo que es predio mal explotado, definición que comprende una serie de requisitos para los efectos de precisar concepto. En un sentido general es aquél cuya productividad se encuentra por debajo de los niveles adecuados, con relación a las condiciones económicas predominantes en la región respecto de tierras de análogas posibilidades. A continuación, el mismo artículo 1° contiene conceptos relativos a la explotación de la tierra. En primer término, se refiere a la explotación directa, que es la realizada por una persona natural que explota tierras por su cuenta y riesgo, asumiendo por sí misma la dirección del trabajo. En segundo lugar, explotación efectiva de la tierra es la que realiza una persona natural que, además trabaja de modo habitual en las tierras, constituyendo este trabajo su actividad básica El tercer término, explotación personal es aquella realizada por una persona natural que trabaja de modo continuo en las tierras, constituyendo este trabajo su actividad básica, y solamente con el concurso ocasional del trabajo de otras personas. A continuación se define la explotación por terceros. En seguida, el artículo 1° define el concepto de unidad agrícola familiar, que es la superficie de tierras que, en atención a las diferentes condiciones del suelo, y siendo explotada personalmente por el productor, permite al grupo familiar vivir y prosperar merced a su racional aprovechamiento. Con esta unidad se trata, precisamente de eliminar el problema del minifundio, que es, justamente, una unidad agrícola que no permite a su dueño prosperar y vivir en forma adecuada mediante su explotación. En seguida, el mismo artículo 1º define el concepto de campesino, que es muy importante para los efectos de esta ley. Porque más adelante veremos que las distintas tierras que se asignarán, de acuerdo con este proyecto, solamente podrá serlo a los campesinos, o sea, sólo ellos podrán ser asignatarios de los terrenos afectados por la reforma agraria. De acuerdo con esta disposición, campesino es "el obrero o empleado cuyo trabajo habitual y continuo se realiza en el campo, así como el ocupante, mediero, arrendatario, tenedor o dueño de tierras, siempre que lo sean respecto de una superficie no superior a la de la unidad agrícola familiar". Agrega a continuación: "En ningún caso se considerará como campesino a la persona que esté en posesión de un título profesional universitario. " Después vienen otras definiciones, entre las cuales podemos mencionar la habilitación de tierras para su incorporación a la producción agrícola, mediante trabajos, inversiones y otras obras; asimismo, "el mejoramiento de suelos", concepto que se refiere a adecuar suelos agrícolas ya aprovechados para incorporarlos a una producción intensificada, mediante obras de mejoramiento También se define el concepto de "suelos con serias limitaciones", que tiene importancia para los efectos de la Tabla de equivalencias, y son aquéllos "considerados sólo de cultivo ocasional y más adaptados a la producción de pastos". Se señala cuáles son las limitaciones más usuales para configurar el concepto de suelos con serias limitaciones para su aprovechamiento. En seguida, el proyecto se refiere a las tierras destinadas a la reforma agraria, o sea, en buenas cuentas, a los predios que quedan afectos a expropiación. En primer término, se declaran de utilidad pública y se autoriza la expropiación de aquellos predios que tengan una cabida superior a 80 hectáreas de riego básicas. Esta dimensión tiene que considerarse en relación con la Tabla de equivalencias, que permite adecuar y precisar el concepto 80 hectáreas de riego básicas. El señor SEPULVEDA (don Francisco).- ¿Me permite una interrupción. Honorable colega? El señor ISLA (Vicepresidente).- Honorable Diputado, señor Silva Solar, el Honorable señor Francisco Sepúlveda le solicita una interrupción. El señor SILVA (don Julio).- Se la concedo con todo agrado, señor Presidente El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Sepúlveda. El señor SEPULVEDA (don Francisco).- Señor Presidente, asistí, hace algunos días, a un congreso de campesinos efectuado en Llanquihue, al cual concurrieron delegados de los trabajadores agrícolas de diversos lugares de esa provincia. Pues bien, allí se nos dio una serie de antecedentes para demostrarnos que la reforma agraria no sería aplicable, de acuerdo con el texto del proyecto, en esa zona. En efecto, ocurre que la Tabla de Conversión hecha de acuerdo con determinados coeficientes, sobre la base de 80 hectáreas de riego básicas, establece que no se podrán expropiar terrenos de cordillera, en la provincia de Llanquihue, con una cabida inferior a 7 mil hectáreas, y en los arables con una cabida mínima de 550 hectáreas. O sea, de acuerdo con la Tabla mencionada, no habría ningún predio afecto a expropiación en esa provincia. Podrá sostenerse que no sólo son éstos los predios que pueden expropiarse para incorporarlos a la reforma agraria, porque también pueden serlo los mal cultivados. Pero como ésa es ya una apreciación subjetiva, que quedará sujeta al juicio de la Corporación de la Reforma Agraria, pueden influir otros factores, si perentoriamente no se determina que tales y cuáles predios pueden ser expropiados, de acuerdo con esta Tabla de equivalencias. Por lo demás, lo que ocurre en la provincia de Llanquihue también puede suceder en otras zonas australes del país Por eso, estimo que debe corregirse este error. Oportunamente formularemos indicación con el objeto de rebajar la cabida de los predios a que me he referido, en la forma solicitada en el congreso de campesinos de la provincia de Llanquihue. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, la primera causal de expropiación se refiere a los predios cuyas superficie exceda de 80 hectáreas de riego básicas. Asimismo, en este sentido, hay que tener en cuenta que los predios de que sean dueños dos o más personas en común también quedan sujetos a esta disposición. Además, los cónyuges serán considerados como una sola persona para los efectos de aplicar el concepto de las 80 hectáreas de riego básicas. Las tierras se suman para aplicar esta causal de expropiación. En seguida, se establece que son expropiables los predios rústicos que se encuentran abandonados y los que estén mal explotados. También lo serán aquéllos que hubieren resultado de la división de un predio de superficie superior a 80 hectáreas de riego básicas, cuando la división se haya efectuado con posterioridad al 27 de noviembre de 1962 y siempre que la explotación no haya sido seguida de una efectiva división, en una fecha no posterior al 1° de mayo próximo al del año en que ésta se haya realizado, y no haya sido explotado personal o efectivamente a contar de esa misma fecha. Esta causal de expropiación sólo será aplicable por el pazo de tres años a contar desde la vigencia de la presente ley, y tiene por objeto afectar a los predios que fueron divididos en forma ficticia en el último tiempo, en razón, precisamente, del temor a este proyecto de reforma agraria, y con el ánimo evidente de burlar sus disposiciones. También son expropiables los predios rústicos de que sean dueñas personas jurídicas de derecho público o privado, salvo las excepciones expresamente establecidas en la presente ley. Se exceptúan todos aquéllos que pertenezcan a cooperativas campesinas, que son personas jurídicas, como los de sociedades de personas que tengan por objeto principal la explotación agrícola o ganadera, y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 6º. Entre ellos podemos mencionar los siguientes: que la dirección de la explotación de la totalidad de las tierras de la sociedad sea efectuada en forma efectiva, por uno de los socios; que ninguno de ellos lo sea de alguna otra sociedad de personas, propietaria de predios rústicos; y que la sociedad esté constituida por escritura pública. En todo caso, repito, esta disposición tiene por objeto que se declaren de utilidad pública y se expropien los predios pertenecientes a personas de derecho público o privado, con la sola excepción de las cooperativas y sociedades de personas a que me he referido. También son expropiables los predios rústicos que se encuentren dados en arrendamiento o cedidos para su explotación por terceros, cuando sus dueños infringieren disposiciones legales que regulan la materia. Además, en otra disposición del proyecto se faculta al Presidente de la República para dictar un reglamento que fijará plazos más o menos extensos y determinará normas respecto a las inversiones y garantías en favor de los arrendatarios. Estas normas serán las que deberán respetarse para no incurrir en la causal de expropiación establecida en esa disposición, y tiende a producir una situación de seguridad para el arrendatario, redundando en el mejor cultivo de la tierra y en una capitalización de los predios. Se establece, también, que son expropiables los predios de que sean dueñas dos o más personas en común, respecto de los cuales no se hubiese puesto término al estado de indivisión en los casos, forma y plazo determinados en la ley. No se aplica esta causal a las comunidades tradicionales de Coquimbo y Atacama, a las comunidades indígenas y otras. El artículo 146 fija un plazo de dos años contados desde la fecha en que se originen las comunidades y para las que ya existen desde la fecha de la ley para que éstas se dividan. Si no lo hacen, incurren en la causal de expropiación a que me he referido. Ello no se aplica a las comunidades originadas por sucesión por causa de muerte, o por disolución de la sociedad conyugal. También son expropiables los predios rústicos ubicados en la zona de aplicación de la Ley de Propiedad Austral donde se hayan producido cuestiones legales relacionadas con el dominio o posesión de la tierra. Como los señores Diputados saben, existe una disposición similar en la ley Nº 15. 020. En seguida, se establece que son expropiables los predios rústicos que se encuentren compredidos dentro de un área en la que el Estado esté realizando o vaya a realizar obras de riego o de mejoramiento del mismo y que sean declaradas áreas de riego. El área de riego será declarada por el Presidente de la República mediante un decreto supremo que apruebe para ella un plan de desarrollo agropecuario, propuesto por el Ministerio de Agricultura Estas son las causales de expropiación. Luego el proyecto establece los derechos de reserva y de adquisición de tierras. En caso de expropiaciones efectuadas en conformidad con el artículo 3º, el propietario afectado tendrá derecho a conservar en su dominio una superficie de terreno qué no exceda de 80 hectáreas de riego básicas. Si tuviere más de cinco hijos que trabajen con él o vivan a sus expensas, el límite máximo de superficie mencionado se aumentará en diez hectáreas de riego básicas, por cada uno de los hijos que excediere de ese número, sin que el total de la reserva pueda ser superior a cien hectáreas de riego básicas. De manera que la reserva de tierras para el propietario llega normalmente a esta cifra de 80 hectáreas de riego básicas. Para que opere el derecho a reserva el predio no debe estar arrendado ni cedido para su explotación a terceros, ni tampoco debe estar el predio abandonado o mal explotado. Si está en estas condiciones, el propietario pierde su derecho de reserva. Si la expropiación recae sobre una comunidad, en conformidad con el artículo 3º, cada uno de los comuneros que estuvieren explotando personal o efectivamente las tierras, tendrá derecho a adquirir en el fundo expropiado una superficie de terreno que no podrá exceder en su conjunto de 80 hectáreas de riego básicas. Si fueren dos o más los comuneros que tuvieren este derecho de reserva, el límite máximo de los terrenos que pueden adquirir en conjunto se ampliará en diez hectáreas de riego básicas por cada uno de ellos. Tampoco opera esta reserva si los terrenos están mal explotados o abandonados En seguida se establece la preferencia del arrendatario para obtener de la Corporación de la Reforma Agraria la venta de hasta 80 hectáreas de riego básicas del predio expropiado en las condiciones que señala este artículo y cumpliendo con los requisitos que en él se consignan, siempre que éste sea expropiado por exceso de tamaño o por pertenecer a una persona jurídica, por arriendo o área de riego. De manera que esta disposición establece el derecho del arrendatario para obtener esta tierra equivalente a la reserva, o sea, a las 80 hectáreas de riego básicas, cuando se expropia el predio que está arrendado. En seguida se establecen ciertas excepciones a la expropiabilidad, entre las cuales se señala a los predios, ya sean de personas naturales o jurídicas, que sean expropiados por exceso de cabida, esto es, porque tienen más de 80 hectáreas o por pertenecer el predio a una persona jurídica y, siempre que exploten directamente el predio y cumplan los requisitos del artículo 16, que se refiere a una explotación óptima del predio desde todo punto de vista: de producción, de condiciones técnicas, de cumplimiento de las obligaciones sociales por parte del propietario con respecto a los trabajadores, de régimen de participación de utilidades, etcétera. O sea, los requisitos del artículo 16 sólo pueden cumplirlos las explotaciones que estén en óptimas condiciones. En este caso, habrá derecho a que se declaren excluidas de la expropiación hasta 320 hectáreas de riego básicas o sus equivalentes en tierras de otra calidad. El derecho a declarar la expropiabilidad se solicita de la Corporación de la Reforma Agraria; en caso de ser denegado, existe un recurso ante el Consejo Nacional Agrario, solicitando la reconsideración. Los artículos siguientes facultan al Presidente de la República para declarar inexpropiables los terrenos que pertenezcan a personas naturales o jurídicas, o comunidades, según los casos que diversos artículos señalan, y que presenten un plan de inversiones para la habilitación de suelos, en unos casos, y el mejoramiento, en otros. O sea, se trata de incorporar al cultivo los suelos que actualmente no están aprovechados. Esas disposiciones facultan también al Primer Mandatario para declarar inexpropiables los terrenos plantados de viñas viníferas más un 20% para rotación, de que sean dueñas desde antes del 22 de noviembre de 1965 sociedades anónimas que tengan el carácter de empresas vitivinícolas integradas, y cumplan no sólo con los requisitos establecidos en el artículo 16, sobre explotación óptima, económica y socialmente hablando, sino que también con los especiales que, para estos fines se establecen en el artículo 18. Las inexpropiabilidades caducan, en todo caso, cuando los propietarios dejan de cumplir algunos de los requisitos o condiciones en que se basa Esta caducidad será declarada por el Tribunal Agrario Provincial. También se declaran inexpropiables los predios destinados a cumplir funciones de estaciones experimentales, de centros de capacitación campesina o de docencia agropecuaria o forestal, los que deberán ser calificados por el Ministerio de Agricultura, y siempre que no se persigan fines de lucro. Se declaran inexpropiables las propiedades agrícolas familiares, salvo por la única causal de que sean declaradas de riego. En todo caso, si hay expropiación, la indemnización se pagará al contado. La propiedad agrícola familiar es equivalente a lo que hemos llamado unidad agrícola familiar, o sea, es la pequeña propiedad rentable, trabajada por su mismo dueño. No son expropiables, por las causales que se establecen en el proyecto, los bosques artificiales, ni los bosques naturales, cuyos dueños estuvieren cumpliendo planes aprobados por el Ministerio, cuando estén en terrenos de aptitud exclusivamente forestal o en terrenos agrícolas no arables. Tampoco serán expropiables, por dos años, los terrenos desarbolados, de aptitud exclusivamente forestal, cuyos dueños estén cumpliendo un programa de forestación aprobado por el Ministerio de Agricultura. En seguida, hay una disposición, que no deja de ser importante. Ella se refiere a los predios pertenecientes a instituciones fiscales, los que también quedan afectados por el proceso de la reforma agraria. Así, por el artículo 23 se autoriza al Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria las tierras susceptibles de uso agrícola o ganadero, pertenecientes a instituciones o empresas del Estado, en la forma y condiciones que determine un reglamento Por el artículo 24, se lo autoriza, además, para transferir gratuitamente a la Corporación de la Reforma Agraria predios rústicos de propiedad fiscal. En seguida, en las disposiciones generales, la ubicación de la reserva fue uno de los problemas que más ampliamente se discutió, porque la reserva a que tiene derecho el propietario en las 80 hectáreas, debe estar ubicada en alguna parte del predio expropiado. Para ello se garantizan los derechos del propietario que queda con la reserva. Una de las normas de la reserva incluye en ésta el lugar donde se encuentra la casa patronal. Si no hay acuerdo para la ubicación de la reserva entre la entidad expropiadora -la Corporación de la Reforma Agraria- y el propietario, resuelve el tribunal competente, en este caso el Tribunal Agrario Provincial, según la pauta que señala el proyecto. El Título II se refiere al acuerdo de expropiación, a sus efectos y a las indemnizaciones. La expropiación es acordada por el Consejo Nacional Agrario, organismo formado, como veremos más adelante, por el Ministerio de Agricultura, el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma Agraria, el Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, el Director de Agricultura y Pesca, y el Director de Tierras y Bienes Nacionales. El acuerdo se notifica por personal de Carabineros, dejando copia autorizada a una persona adulta en el predio objeto de la expropiación. Se publica un extracto de dicho acuerdo en el "Diario Oficial" el día 1° del mes, a menos que fuere festivo, en cuyo caso se publicará al día siguiente hábil, y por dos veces en un periódico del departamento o de la capital de provincia. Para todos los efectos legales, la fecha de la expropiación es la de la publicación del extracto en el "Diario Oficial". Después de este trámite no se podrá alegar contra la notificación. Publicado el extracto, se inscribirá en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces. Desde el momento que se publica el extracto del acuerdo en el "Diario Oficial", el predio no podrá ser objeto de actos de disposición ni de venta en pública subasta, y será nulo todo acto contrario a esta norma. Los propietarios que con posterioridad a la notificación retiraren o dañaren, inutilizaren o destruyeran cercos, sembrados, plantaciones, arboledas, casas, bodegas, silos y otros inmuebles por adherencia, serán sancionados con presidio menor en su grado medio a máximo. En el capítulo II del Título II, se establece el procedimiento para las reclamaciones sobre el acuerdo de expropiación. Cualquiera que sea la causal de expropiación, el propietario afectado tiene derecho a solicitar del Consejo Nacional Agrario la reconsideración de dicho acuerdo. Si se expropiare por exceso de cabida, o sea, porque tiene más de 80 hectáreas, y no se le reconoce la reserva, el propietario podrá reclamar, sobre esta falta de reconocimiento, ante el Tribunal Agrario Provincial. Es el único recurso en el caso de que se aplique esta causal de expropiación. Si lo acoge, ordenará que se fije la reserva, o que la restituya si la Corporación de Reforma Agraria hubiese tomado posesión material de ella. Si a petición de la CORA el tribunal estima que se produce un grave perjuicio con la restitución ordenará el pago del valor de la reserva con un 20% al contado y el saldo en bonos de la clase B, o sea, a cinco años plazo La misma norma se aplicará respecto a los propietarios que fueron expropiados por áreas de riego, y a las sociedades de personas cuyos predios fueren expropiados, en los casos en que no se respete la reserva. Si el Consejo Nacional Agrario rechaza total o parcialmente la solicitud de reconsideración presentada por los propietarios en el caso de expropiaciones por abandono o mala explotación; por división no seguida de división de la explotación; por estar el predio en arriendo y no cumplir con las normas legales; por la causal referente a la zona de propiedad austral, o la sociedad de personas, que cumple con los requisitos del artículo 6º y que, sin embargo, es expropiada en virtud de dicho artículo, o sea, por ser persona jurídica, podrá reclamarse de la procedencia de la expropiación, cosa que no ocurre en el caso de expropiaciones basadas en la extensión de los terrenos sólo puede reclamarse en estos casos del hecho de no haberse concedido la reserva, y podrá pedirse la suspensión de la inscripción del dominio en favor de la CORA y de la 'toma de posesión material. Igual cosa puede hacer el propietario de un predio inexpropiable el que, conforme a lo ya explicado, también puede reclamar ante el Tribunal Agrario Provincial. A continuación se establecen disposiciones relacionadas con la torna de posesión de los predios expropiados. La Corporación de la Reforma Agraria deberá consignar ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía del departamento en que esté ubicado el inmueble, la parte de la indemnización dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación en el "Diario Oficial" del extracto del acuerdo de expropiación. Si no lo hace, el propietario puede pedir al mismo Juez que declare caducado el acuerdo. Efectuada la consignación, el Juez ordenará que se inscriba el dominio a favor de la CORA en el Conservador de Bienes Raíces. Una vez inscrito el dominio, la CORA tomará posesión material del predio, con auxilio de la fuerza pública si hay oposición. En caso de que haya frutos pendientes, se podrá postergar la toma de posesión, para permitir su cosecha, o pagar los perjuicios al contado si no es posible postergarla. De manera que la toma de posesión material del predio se efectúa inmediatamente después de declarada la expropiación y de consignada la suma de la indemnización que debe pagarse al contado En este sentido, el procedimiento para dar curso a la expropiación es extraordinariamente expedito. El capítulo IV se refiere a las indemnizaciones. La indemnización para el expropiado será igual al avalúo fiscal del predio más el valor de las mejoras no comprendidas en él. Las mejoras útiles o necesarias realizadas con posterioridad al 4 de noviembre de 1964, se pagarán al contado. Si la expropiación se hace por exceso de cabida, o sea, por tener el predio más de 80 hectáreas, o porque el dueño es una persona jurídica, la indemnización se pagará con un 10% al contado y el saldo, mediante bonos de la clase A, es decir, a 25 años plazo. Si las causales aplicables son las de abandono o mala explotación, se pagará el 1% y el 5% al contado, respectivamente; y el saldo, en bonos de la clase C, a 30 años plazo. Si la causa es que se ha efectuado la división del predio y ella no ha sido seguida de la división de la explotación, o bien, si se trata de un predio arrendado que no cumple con las normas legales o del predio de una comunidad no dividida en el plazo fijado por la ley, la indemnización se pagará con el 1 % al contado; y el saldo, en bonos de la clase A, a 25 años plazo. Si la causal es la referente a la Propiedad Austral, la indemnización se pagará con el 1% al contado; y el saldo, en bonos de la clase C, a 30 años plazo. Si la causal aplicable es el área de riego, la indemnización se pagará con el 10% al contado; y el saldo, en bonos a 25 años plazo. Si, para realizar obras de riego, se expropia un predio respecto del cual hay una declaración de inexpropiabilidad, la indemnización se pagará con un 33% al contado; y el saldo, en bonos a 5 años plazo. Si, por aplicación de la causal de área de riego, se expropia un predio rústico de cabida inferior a la unidad familiar agrícola, o sea, un minifundio, y su dueño no tiene otros terrenos mayores, conforme a la disposición del artículo 46, la indemnización se pagará al contado. Cuando el dueño haga uso del derecho de reserva o una parte de su predio sea excluida de la expropiación, o sea, cuando se quede con las 80 hectáreas de reserva o consiga la declaración de inexpropiabilidad que le permita mantener 320 hectáreas en su dominio, en esos casos, respecto del resto de su propiedad expropiada, el dueño recibirá al contado sólo el 1% del total de la indemnización, siempre que el valor de los terrenos de la reserva sea superior al monto de la cuota al contado que le habría correspondido si no hubiera habido reserva o no hubiera tenido a su favor esa declaración de inexpropiabilidad. En seguida, se establece que se reputará con título saneado la tierra adquirida por la Corporación de la Reforma Agraria a cualquier título. Por lo tanto, queda saneada esta tierra respecto de cualquier gravamen, hipoteca, embargo o derecho que exista sobre ella. Los derechos de terceros serán considerados en un reglamento que dictará el Presidente de la República, en el que se fijará la forma en que estos derechos concurrirán sobre la indemnización que corresponda pagar. El título III se refiere a la reorganización de la propiedad en las áreas de riego, es decir, a todo el proceso que se desarrolla cuando se expropia porque el Estado está realizando o va a realizar obras de riego en un determinado sector. Estas disposiciones tienden a que el Estado pueda planificar y ejecutar la totalidad de la obra de riego, incluso sus terminaciones, cargando todo o parte de su costo a los beneficiados, que contribuirán así a la realización de la obra, pagando la parte correspondiente de su costo en tierras. Los inconvenientes de diverso orden que se han presentado con las obras de riego construidas por el Estado -los beneficiados no las pagan o no lo hacen en la forma debida, o no ejecutan las terminaciones necesarias para aprovecharlas- justifican ampliamente estas disposiciones, cuya idea básica corresponde a un antiguo proyecto que el Presidente Frei propuso cuando fue Ministro de Obras Públicas, denominado Fondo de Regadío. El propietario afectado por la causal de expropiación de área de riego, tendrá derecho a conservar en su dominio tierras por un valor equivalente al que tenían las suyas antes de la obra de riego, con el límite máximo de 80 hectáreas de riego básicas. No podrá hacer valer este derecho el que tenga su predio abandonado, mal explotado o cedido a terceros para su explotación. Por lo tanto, el propietario afectado por esta causal tendrá derecho a conservar, en las nuevas tierras beneficiadas por la obra de riego, un valor equivalente a las tierras que tenía con anterioridad a esta obra. Si el propietario tiene una superficie de terrenos ya regados, antes de la obra de riego, que exceda la reserva de 80 hectáreas, tendrá derecho a que se declare excluida de la expropiación una superficie equivalente a la que él tiene regada, con un máximo no superior a 320 hectáreas de riego básicas y siempre que cumpla también, naturalmente, con los requisitos del artículo 16, que rige para estos casos en cuanto a la explotación óptima del predio. Al ubicar los terrenos que quedarán en poder del propietario afectado por la causal de área de riego, la Corporación de la Reforma Agraria estimará el valor que tendrán estos terrenos después de realizadas las obras. Para esta estimación, tomará en cuenta la incidencia del costo de las obras y del aumento de la productividad de las tierras por efecto de tales obras. En consecuencia, en las tierras que recibe, como equivalente, el propietario afectado por esta causal, va incluido, por así decirlo, el costo de la obra de riego. Comprende también este título los ajustes que deben realizarse al término de la obra y la forma de resolver las diferencias entre la institución expropiadora y el propietario, si se produjeren. El título IV se refiere al destino y distribución de las tierras, o sea, a lo que se hará con las tierras expropiadas. Estas disposiciones están entre las más importantes del proyecto. El artículo 59 trata de las diversas destinaciones que se pueden dar a las tierras adquiridas para la reforma agraria. Lo fundamental es que estas tierras tienen que asignarse a los campesinos. ¿En qué forma? Se constituirán unidades agrícolas familiares, que serán asignadas, en dominio individual, a los campesinos. Pero, por razones de orden técnico, debidas a la naturaleza de la explotación, o por tratarse de campesinos que sean miembros de comunidades tradicionales, como las indígenas, las de Atacama y Coquimbo, etcétera, la Corporación de la Reforma Agraria podrá asignar las tierras a cooperativas campesinas o, en copropiedad, a cooperativas y a campesinos. Esas son las tres formas de asignación de tierras: a campesinos, en dominio individual, en unidades agrícolas familiares; a cooperativas campesinas, cuando, por razones técnicas, la Corporación de la Reforma Agraria así lo determine, sin dividir la unidad de explotación; y, en copropiedad, a cooperativas y a campesinos. Las tierras podrán ser asignadas en cualquiera de estas dos últimas formas, no sólo cuando, por razones técnicas, la Corporación de la Reforma Agraria así lo determine, sino cuando los propios campesinos seleccionados como asignatarios así lo soliciten. Es decir, hay aquí un principio de voluntariedad. Los campesinos podrán manifestar su voluntad de que las tierras les sean asignadas en dominio individual o en dominio cooperativo. Las asignaciones deberán efectuarse en el plazo de tres años, contado desde la fecha de la toma de posesión material del predio por la Corporación de la Reforma Agraria. En casos calificados, por decreto supremo fundado, el Presidente de la República, podrá prorrogar este término hasta por dos años más. Este lapso, que a lo más puede ser de cinco años, corresponde al período denominado de asentamiento. En las asignaciones mixtas, las tierras entregadas en copropiedad serán inherentes a las de dominio exclusivo o individual e inseparables de su explotación. Los requisitos para ser asignatarios de tierras, señalados en el artículo 63, son los siguientes: ser chileno, campesino, mayor de 18 años, poseer aptitudes para el trabajo del campo y no ser propietario o serlo de una superficie inferior a la de la unidad agrícola familiar. Las causales de preferencia, cuyo puntaje se establecerá en el reglamento que se dictará para determinar el sistema de selección, son las siguientes: haber trabajado en el predio; ser ocupante de él y haberlo explotado durante cinco años consecutivos; explotar personalmente terrenos de superficie inferior a la de la unidad agrícola familiar. En este caso están los minifundistas. Se ha dicho que este proyecto no contempla su situación. La preferencia que aquí se establece a favor de ellos desvirtúa esta crítica. Las otras causales de preferencia son haber demostrado mayor capacidad para el trabajo del campo y ser casado o jefe de familia. En todo caso, todas estas causales jugarán de acuerdo con el reglamento mencionado. Un campesino no podrá ser asignatario de más de una unidad agrícola familiar, salvo que, por su capacidad empresarial, la Corporación de la Reforma Agraria le asigne mayor cantidad de tierras, la que, en todo caso, no podrá exceder el máximo de tres unidades. La asignación es acordada por la Corporación de la Reforma Agraria a través de un acta que sirve de título de dominio y se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. El asignatario de tierras estará sujeto a obligaciones y a prohibiciones. Fundamentalmente, las obligaciones son: pagar el precio de las tierras, explotarlas personalmente, tener su morada en el predio y pertenecer a una cooperativa campesina. Estas cooperativas no son del mis-mor orden de aquéllas a que me he referido anteriormente, sino que están formadas por parceleros, o sea, por propietarios individuales. Son cooperativas para los efectos de la explotación de la tierra y la comercialización de los productos. Al asignatario le está prohibido enajenar las tierras, dividirlas, cederlas, gravarlas, explotarlas en perjuicio de su fertilidad y conservación, y practicar comercio de bebidas alcohólicas. Si el asignatario infringiere alguna de estas obligaciones o prohibiciones, la Corporación de la Reforma Agraria podrá pedir al Tribunal Agrario Provincial que declare la caducidad del título. Aquellos inquilinos, medieros y obreros voluntarios que cumplan con los requisitos señalados en el proyecto para ser asignatarios de tierras, pero no puedan serlo, porque éstas no alcancen para todos, tendrán derecho a una indemnización especial, que el artículo 74 determina. A continuación, el proyecto se refiere a la asignación de tierras a las cooperativas campesinas. El mecanismo es bastante similar al que hemos visto ya respecto de la asignación de tierras al campesino individual. También se hace mediante un acta de la Corporación de la Reforma Agraria, que sirve de título de dominio a la cooperativa. En esta acta se establecen las obligaciones y las prohibiciones, similares a las que ya vimos para el asignatario individual. Si la cooperativa no cumpliere con estas obligaciones o no respetare estas prohibiciones, podrá ser intervenida por la Corporación de la Reforma Agraria y disuelta por el Consejo Nacional Agrario, a petición de la Corporación de la Reforma Agraria. La cooperativa podrá reclamar de esta resolución ante el Tribunal Agrario Provincial. La CORA tendrá derecho preferente para adquirir los bienes de la cooperativa disuelta. Si no hay acuerdo en el precio, el Tribunal Agrario Provincial resuelve. Después viene el capítulo IV, relacionado con el pago de las tierras. Los asignatarios campesinos tienen que pagar las tierras al precio que se establece en la misma acta de asignación. Una parte del precio se paga al contado y, el saldo, a un plazo que no podrá exceder de 30 años. Cada cuota anual del saldo devenga un interés del 3% anual, rea-justándose el 70% del valor de cada cuota, en la variación del índice de precios al por mayor. Los intereses se calculan sobre el monto de la cuota, aumentado en el 50% del reajuste correspondiente. En el Título V, se trata del régimen de aguas. Esta es otra de las materias fundamentales del proyecto y, en la cual, se innova sobre la legislación vigente. Todas las aguas pasan a ser bienes nacionales de uso público. A los particulares se les concede sólo un derecho de uso o aprovechamiento según la aptitud y necesidad de las tierras y de manera que signifique una distribución adecuada del agua en el sector. De modo que el agua deja de ser un bien comerciable y se vincula a la tierra no por pertenecer al mismo patrimonio a que ésta pertenece, sino de un modo natural y para su uso razonable y beneficioso. No se concibe, entonces, un propietario de tierras que disponga de más agua de la que necesita, simplemente porque es dueño de esa agua, ni tampoco un propietario de tierra que, por no tener derechos de agua, no puede usar ni tener acceso al agua que su tierra reclama. En el nuevo sistema, el agua queda unida a la tierra como un solo todo, y no hay una propiedad o dominio aparte sobre las aguas, ni un comercio, ni un acaparamiento de ellas. Como lo señala el Mensaje del Ejecutivo, citando otras legislaciones, hay una tendencia al dominio público del agua, especialmente allí donde ésta es escasa, como sucede en gran parte de nuestro territorio. El Código de Aguas y el Código Civil de nuestro país establecen que las aguas son bienes nacionales de uso público o de dominio particular. Estas últimas son las menos; son las vertientes y corrientes que nacen, corren y mueren dentro de una misma heredad, y lagos navegables por buques de menos de 100 toneladas. Estas aguas pertenecen a los riberanos, es decir, a los propietarios de las riberas. El proyecto en estudio declara que estas aguas, actualmente de dominio particular, son de utilidad pública, y las expropia. De esta manera, todas las aguas, pasan a ser bienes sociales o públicos. Los antiguos dueños de las aguas continuarán usándolas como titulares de un derecho de uso o de aprovechamiento, sin necesidad de obtener una merced. La indemnización, en términos generales, procede respecto a los titulares de un derecho de aprovechamiento de las aguas, según sea el caso, por el daño emergente que se les puede causar, por el perjuicio debido a la disminución de valor que experimenta un predio por destinarse al titular del derecho de aprovechamiento un volumen anual de aguas inferior al que le correspondería aplicando la tasa de uso racional y beneficioso al número de hectáreas que regaba con anterioridad; por el perjuicio causado si el nuevo derecho de aprovechamiento que se le otorgare no fuere suficiente para satisfacer, mediante un uso racional, las mismas necesidades que se satisfacían con anterioridad; y, si se trata de aguas de riego, si no alcanzare a regar, mediante el mismo uso, el número de hectáreas que regaba con anterioridad. Todas las indemnizaciones se pagan con un 33% al contado y el saldo en cinco cuotas anuales iguales, con reajuste total, y 3% de interés calculado sobre la cuota más el 50% del reajuste. El derecho de aprovechamiento sobre las aguas que eran de dominio público, sobre las que se obtenía merced, se había convertido en nuestra legislación en un verdadero derecho de propiedad. Conforme al proyecto, pasa a ser un derecho real administrativo en que el Estado concede el uso de un bien nacional de uso público con sujeción a normas de Derecho Público. Lo que el Estado concede es el uso de las aguas, pero no el dominio sobre ellas. Un régimen como el descrito en el proyecto permite al Estado la máxima utilización de las aguas en beneficio de la co-munidad y una efectiva planificación de la política de riego, destinada, desde luego, a aprovechar plenamente los excedentes a través de embalses y otros medios. El particular, por su parte, conserva su derecho al uso legítimo del agua, pero sin que la propiedad de ella siga creando toda una serie de trabas y obstáculos al mejor y más racional empleo de este recurso tan limitado y tan vital. Se establece que las aguas destinadas al riego sólo podrán extraerse de los cauces naturales en los períodos de riego y en la medida necesaria para estos fines, disposición que tiene por objeto reglamentar el uso de las aguas, por cuanto en la actualidad los particulares pueden extraer agua durante las 24 horas del día y los 365 días del año, tengan o no necesidad de utilizarla, sin otro límite que sus derechos de propiedad de las aguas. La Dirección de Aguas pasa a ser el organismo rector de la política de riego. El artículo 95 del proyecto traspasa buena parte de las atribuciones que el Código de Aguas confiere al Presidente de la República, al Director de Aguas. Esta Dirección amplía considerablemente sus facultades. Se la autoriza para regular las exploraciones que se efectúan con el objeto de alumbrar aguas subterráneas y para prohibirlas en ciertos casos, lo que se justifica por cuanto los alumbramientos realizados sin control pueden ocasionar la intersección de napas, comprometer la calidad del agua y crear otros problemas que limiten la cantidad de agua disponible. Se faculta a las instituciones y empresas del Estado, para que exploren y caven en terrenos privados, con el objeto de alumbrar aguas subterráneas, previa autorización de la Dirección de Aguas. Se establece que esta Dirección podrá exigir a los usuarios de aguas extraídas de cauces naturales, la unificación de bocatomas en dichos cauces y las de sus canales, con lo que se tiende a evitar las pérdidas de agua, tanto por filtraciones como por evaporación, debido a la multiplicación de bocatomas existentes en los ríos y cauces naturales. Se faculta también a la Dirección de Aguas para cambiar la fuente de abastecimiento de cualquier usuario cuando así lo aconseje el más adecuado empleo de las aguas y siempre que las de reemplazo sean de calidad apropiada y en igual cantidad, lo que también tiende a disminuir las pérdidas de este elemento. Se autoriza al Presidente de la República para que pueda declarar zonas de escasez en épocas de extraordinaria sequía, a fin de redistribuir las aguas para reducir al mínimo los daños generales. Se le autoriza también para fijar la tasa de uso racional y beneficioso de las aguas para sus diferentes utilizaciones, concepto técnico que tiende a la mejor distribución y aprovechamiento del agua. Desde el momento en que el Presidente de la República fija la tasa, los derechos de aprovechamiento caducan respecto del volumen de agua que exceda dicha tasa. Igualmente, la Dirección de Aguas podrá declarar caducados, en todo o parte, los derechos de aprovechamiento cuando concurran circunstancias que importen mal uso o infracción a determinadas disposiciones legales. El Presidente de la República podrá establecer por decreto supremo, áreas de racionalización del uso del agua, y con ello quedan extinguidos los derechos de aprovechamiento, sin perjuicio de lo cual los usuarios continuarán utilizando las aguas del mismo modo que anteriormente, hasta que la Dirección de Aguas conceda nuevos derechos de aprovechamiento. Las resoluciones de la Dirección de Aguas producirán sus efectos de inmediato, pero si ellas se refieren a la procedencia de una indemnización o a su monto, se podrá reclamar ante los tribunales ordinarios. También se declaran extinguidas, desde la fecha de publicación de la ley en informe, todas las hipotecas, prohibiciones, embargos y demás gravámenes que afecten a las aguas, sin perjuicio de los derechos que los acreedores puedan ejercer sobre las indemnizaciones que correspondan. El artículo 114 introduce diversas enmiendas al Código de Aguas con el objeto de ajustarlo a los nuevos conceptos ya explicados. Sería inútil y demasiado largo entrar a referirse a cada una de estas enmiendas, porque, en el fondo, lo que persiguen es ajustar la legislación de aguas y también los preceptos pertinentes del Código Civil, a los conceptos establecidos en este proyecto de ley. El Título VI se refiere a los bonos de la reforma agraria. Es un problema de financiamiento, al cual se referirá posteriormente el Honorable señor Maira. El Título VII trata de una entidad estatal que se crea por el proyecto: el Consejo Nacional Agrario. Estará compuesto, como señalé anteriormente, por el Ministro de Agricultura, el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma Agraria, el Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, el Director de Agricultura y Pesca, y el Director de Tierras y Bienes Nacionales. Sus principales funciones serán, fundamentalmente, acordar las expropiaciones de tierras y resolver sobre los reclamos, reconsideraciones y solicitudes, conforme a lo dispuesto en diversos artículos del proyecto. El Título VIII se refiere a los tribunales agrarios, que son especiales, y se crean para los efectos de conocer de los juicios y recursos que proceden contra las expropiaciones. Se establece un Tribunal Agrario Provincial en cada ciudad capital de provincia, cuya composición será la siguiente: un Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil, designado por la Corte de Apelaciones, que lo presidirá; un ingeniero agrónomo designado por el Presidente de la República de entre los que presten servicios en la Administración Pública; y otro ingeniero agrónomo, residente en la provincia, nombrado también por el Presidente de la República a propuesta en terna para cada provincia, por el Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Estos tribunales agrarios son provinciales y de primera instancia. Se crean también Tribunales Agrarios de Apelaciones, que tendrán su asiento en las ciudades de Iquique, La Serena, Santiago, Talca, Concepción, Valdivia y Punta Arenas, con la función de conocer y fallar los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias definitivas de los Tribunales Agrarios Provinciales. Estarán compuestos por dos Ministros de Corte de Apelaciones, designados anualmente por el Presidente de la República y un ingeniero agrónomo nombrado en la misma forma, a propuesta en terna del Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Me permite. Honorable colega? El señor ISLA (Vicepresidente).- Honorable señor Silva, el Honorable señor Zepeda Coll le solicita una interrupción. El señor SILVA (don Julio).- Con todo agrado se la concedo. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría. El señor ZEPEDA COLL.- Señor Presidente, el Honorable Diputado informante sostiene que el ingeniero agrónomo que integrará el Tribunal Agrario de Apelación será designado por el Presidente de la República a propuesta en terna del respectivo Colegio profesional; y que los dos Ministros de Corte de Apelaciones, serán nombrados libremente por el Presidente de la República, de entre los integrantes de la Corte respectiva. ¿No es eso lo que afirmó Su Señoría? El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- En realidad, no es exactamente de esa manera, aunque lo dije así, para abreviar un poco. Pero, efectivamente, los Ministros de Corte de Apelaciones que forman el Tribunal de Apelaciones son designados por el Presidente de la República en las condiciones que señala el proyecto. Estos Tribunales serán siete en total. Los Ministros que integren el Tribunal de Iquique serán designados por el Presidente de la República de entre los que desempeñen sus funciones en las Corte de Apelaciones de esta ciudad o de Antofagasta, y así, sucesivamente, respecto de los demás Tribunales del resto del país. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Zepeda. El señor ZEPEDA COLL.- He entendido perfectamente a Su Señoría. Lo que quiero manifestar a la Honorable Cámara es que el Presidente de la República tiene plena libertad para designar a los Ministros de Corte que pertenezcan a los Tribunales de Alzada que señala la ley. En cambio, existe una especie de limitación con respecto a los ingenieros agrónomos colegiados. Igual limitación se aplica a los tribunales de primera instancia, de los cuales será integrante un ingeniero agrónomo designado por el Presidente de la República a propuesta en terna del respectivo Colegio. Al respecto, tengo algunas dudas. Según se me ha informado, en los últimos años, la directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos ha estado integrada, en su mayor parte, por profesionales funcionarios públicos. De tal manera que, en el fondo, el tribunal de primera instancia estará formado por dos Ministros o Jueces de la confianza del Presidente de la República y -tal como el de segunda instancia- por un ingeniero agrónomo. No puedo decir lo mismo de los miembros de las Cortes de Apelaciones, porque sus Ministros dan plenas garantías. Cualesquiera sean sus convicciones doctrinarias e ideológicas, cuando se trata de juzgar y apreciar hechos, proceden con absoluta rectitud e independencia. En todo caso, lo justo y lógico sería que las Cortes de Apelaciones tuvieran participación en la designación de los miembros que integrarán los Tribunales Agrarios Provinciales y es mejor sistema que el otro. Muchas gracias, Honorable colega. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, respecto de uno de los puntos abordados por el Honorable señor Zepeda, quiero decir que el Tribunal Agrario Provincial, o sea, el de primera instancia, estará formado por un Juez de Letras de Mayor Cuantía, designado por la Corte de Apelaciones; por un ingeniero agrónomo, designado por el Presidente de la República de entre los que presten servicios en la Administración Pública; y por un ingeniero agrónomo nombrado por el Presidente de la República a propuesta en terna por el Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Este último no podrá ser funcionario público. En cuanto a los Tribunales Agrarios de Apelaciones, no hay distinción. El ingeniero agrónomo que los integre, propuesto por el Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos, puede ser funcionario público o no. En seguida se establecen los territorios jurisdiccionales de los Tribunales Agrarios de Apelaciones. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Me permite, Honorable Diputado? Le solicito una interrupción para fijar criterio y no para formular preguntas. El señor SILVA (don Julio).- Se la concedo con mucho gusto. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia del señor Diputado informante, tiene la palabra Su Señoría. El señor ZEPEDA COLL.- Señor Presidente, yo discrepo, precisamente, de la estructura que tienen estos tribunales, porque puede ser juez en uno de ellos un funcionario público y el organismo al cual pertenece puede tener interés en la reforma agraria, en las expropiaciones, en la fijación de indemnizaciones, etcétera. Evidentemente, ese funcionario no debe integrar un tribunal encargado de fallar al respecto. Ese ha sido el motivo de nuestra oposición a la forma cómo se integran estos tribunales. Creemos que los magistrados ordinarios tienen mayor independencia de criterio y una ecuanimidad que no puede ser puesta en duda. Así ha quedado demostrado y así lo señalan los hechos que acontecen cada día. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, respecto a este último punto que ha tocado el Honorable señor Zepeda Coll, quiero señalar que en el Tribunal Agrario Provincial, o sea, en el de primera instancia, el ingeniero agrónomo que puede tener la calidad de funcionario público en todo caso estaría en minoría, porque también integran ese tribunal un Juez designado por la Corte de Apelaciones y un ingeniero agrónomo que no puede ser funcionario público. O sea, de tres miembros del Tribunal, uno solo puede ser funcionario. En cuanto a los Tribunales Agrarios de Apelaciones, el ingeniero agrónomo propuesto por el Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos, si fuera funcionario público -puede no serlo- también estaría en minoría, porque estos organismos están compuestos, además, por dos Ministros de Corte de Apelaciones... El señor ZEPEDA COLL.- Permítame una última interrupción, Honorable colega, no con el ánimo de polemizar, sino para manifestarle que su argumento en el sentido de que, en todo caso, el funcionario sería minoría tanto en el tribunal de primera instancia como en el de segunda instancia, no debe formularlo, por cuanto si se trata de un tribunal debemos velar por la absoluta independencia de todos sus integrantes. Nosotros no podemos calificar al tribunal hablando de mayorías y de minorías, ni aceptar una doctrina para la mayoría y otra respecto a la minoría, porque en esta forma estaríamos desconociendo que lo importante es garantizar la independencia de quienes integran la mayoría del tribunal. Creemos que un tribunal es un todo, un conjunto, y debe estar revestido de tal independencia, que le permita ejercer adecuadamente sus funciones. Ese ha sido y no otro el propósito por el cual hemos abogado. En este sentido, es preferible que los tribunales ordinarios tengan jurisdicción sobre esta materia. Muchas gracias, y perdóneme, Honorable colega. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- La Comisión estimó que estos tribunales estaban revestidos de la respetabilidad y de la independencia que debe tener un tribunal, y el hecho de que integre un tribunal de primera instancia un ingeniero agrónomo que pueda tener un cargo público no le resta ni la independencia ni la solvencia necesarias. En todo caso, otros Honorables colegas podrán tener distinto criterio. El artículo 133 establece las materias de que deben conocer los tribunales de primera instancia y enumera dieciocho, respecto de las cuales se puede deducir reclamación. De doce de estas materias conocerá el Tribunal Agrario Provincial en primera instancia. O sea, respecto de ellas hay recurso de apelación ante el Tribunal Agrario de Apelaciones. Las seis materias restantes serán resueltas por el Tribunal Agrario Provincial en única instancia, de modo que no habrá recurso de apelación en estos casos. El proyecto establece también que las reclamaciones interpuestas ante el Tribunal Agrario Provincial se tramitarán con arreglo a las normas establecidas para el juicio sumario, lo cual es de toda lógica, porque se trata de que el procedimiento sea rápido y expedito. Dispone el proyecto que contra las sentencias de los Tribunales Agrarios de Apelaciones no procederá recurso alguno y que la Corte Suprema, cuando conozca de algunas de estas materias por la vía de la queja, sólo podrá disponer que no se innove cuando, de los antecedentes hechos valer por el recurrente, aparezcan presunciones graves de la existencia de la falta o abuso cometidos. En todo caso, la orden de no innovar que pudiera emitir la Corte Suprema requerirá la unanimidad del tribunal para surtir efecto y deberá ser fundada. También se establece, por indicación del Honorable señor Tejeda, que en los casos de queja la Corte Suprema deberá fallar dentro de diez días hábiles siguientes al del recurso en la Secretaría de la Corte Suprema. En caso de no fallarse dentro de tal plazo, la queja se entenderá rechazada. Todas estas disposiciones tienden al propósito fundamental de hacer este procedimiento lo más ágil y expedito posible, dentro de las garantías que, en todo caso, se establecen para estos efectos. El Título IX se refiere a las entidades cooperadoras de la reforma agraria, instituciones que no persiguen fines de lucro, que colaboran con las funciones de la reforma agraria y que podrán celebrar convenios con la CORA. El Título X se refiere a diversas disposiciones generales. Entre ellas, se prohíbe la formación de sociedades anónimas y de sociedades en comandita por acciones que tengan por objeto principal o accesorio la explotación agrícola o ganadera. Se exceptúa, sin embargo, la formación de sociedades anónimas que tengan por objeto principal la habilitación de nuevas tierras. De acuerdo con los conceptos ya vertidos, la habilitación de tierras consiste en incorporar a la producción aquéllas que actualmente no se estén utilizando. Estas sociedades anónimas podrán tomarse, conforme a un plan aprobado por el Ministerio de Agricultura, para la habilitación y subsecuente explotación de tierras en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o Magallanes. Solamente en esas provincias. Se prohibe la adquisición de predios rústicos por parte de sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones, salvo que se trate de sociedades anónimas existentes a la fecha de vigencia de esta ley, cuyo objeto sea la explotación agrícola o ganadera. En estas disposiciones también se ordena poner término a la indivisión de las comunidades, o sea, a los predios de los cuales sean dueños comunidades; y se da un plazo de dos años, de acuerdo con lo que dije anteriormente, para poner término a la indivisión. Se exceptúan de este precepto las comunidades tradicionales, las hereditarias, las formadas por disolución de la sociedad conyugal y las comunidades sobre predios forestales. En seguida, el artículo 151 establece que, en caso de paralización de las faenas de explotación de un predio rústico, el Presidente de la República podrá decretar su reanudación. Otra disposición es la que exime... El señor MONTES.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor SILVA (don Julio).- Con todo agrado. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, deseo hacer una observación justamente sobre el artículo 151, teniendo en cuenta, como lo señala el propio texto del informe, que la materia a que se refiere este artículo es una de las que más preocupó a la Comisión durante el debate de este proyecto de ley. En todo caso, en la exposición de motivos del proyecto mismo se dan algunas razones que, a mi juicio, tienen una incidencia directa en la materia de que se trata. Por esto, he querido formular una observación y, al mismo tiempo, una consulta al señor Diputado informante. El artículo 151 expresa textualmente: "En caso de que, por cualquier motivo, se paralizaren las faenas de explotación de un predio rústico, el Presidente de la República podrá decretar la reanudación de ellas, con intervención de las autoridades civiles o militares. " Además, en la letra a) del artículo 1° de este proyecto de ley se expresa que predio rústico es todo predio agrícola, ganadero o forestal que esté comprendido en las zonas rurales o urbanas... El señor ISLA (Vicepresidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? Su Señoría quedará con el uso de la palabra. Solicito el asentimiento unánime de la Sala a fin de unir la presente sesión con la siguiente, que está convocada para las 14. 45 horas. Si le parece a la Honorable Cámara, se procederá en esta forma, y se suspenderá la presente sesión desde este momento hasta las 15 horas. Acordado. Se suspende la sesión. -Se suspendió la sesión a las 13. 30 horas. -Se reanudó la sesión a las 15 horas. El señor ISLA (Vicepresidente).- Continúa la sesión. Estaba con la palabra el Honorable señor Montes, en uso de una interrupción que le concedió el señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización. Puede continuar Su Señoría. El señor MONTES.- Señor Presidente, al terminar la mañana, estaba, planteando un problema que, a mi juicio, es importante. Y deseaba, del señor Diputado informante, al final de mis observaciones, una explicación sobre la disposición del artículo 151 del proyecto, que expresa: "En caso de que por cualquier motivo se paralicen las faenas de explotación de un predio rústico, el Presidente de la República podrá decretar la reanudación de ellas, con intervención de las autoridades civiles o militares. " En seguida, me refería a la calificación de predio rústico, porque el artículo 1° del proyecto define lo que es "predio rústico", expresando que es "todo predio agrícola ganadero o forestal, esté comprendido en zonas rurales o urbanas. " El propio informe de la Comisión de Agricultura y Colonización dice acerca de este problema: "Esta disposición fue latamente discutida en el seno de vuestra Comisión, y se tuvo presente la conveniencia de establecerlo, para evitar graves daños que podrían producirse en los predios agrícolas por la paralización de faenas. " Más adelante, agrega: "La explotación agrícola difiere fundamentalmente de otras actividades industriales y/o comerciales, en las cuales la paralización de faenas, si bien constituye un daño para la economía nacional, no implica la pérdida del producto, que en la agricultura corresponde al resultado de un año de labor. " Evidentemente, las observaciones del informe de la Comisión se refieren, a mi juicio, a un problema general de la agricultura, ya que habla sólo de predios "agrícolas", de "agricultura", de explotación "agrícola". Pero en la definición que se da de predio rústico, se habla de "predio agrícola, ganadero o forestal. " Y el artículo 151 dice que en todo predio rústico, que puede ser agrícola, ganadero o forestal, el Presidente de la República podrá decretar la reanudación de faenas, con intervención de las autoridades civiles o militares. Por ejemplo, en la provincia de Concepción, que represento en esta Honorable Cámara, existen muchas explotaciones forestales, cuyos trabajadores ni siquiera son obreros agrícolas, sino industriales. Allí hay aserraderos, donde se elabora la madera. Evidentemente, este tipo de explotación cae dentro de lo que, según la denominación, se comprende por predio rústico, predio rústico forestal. Esto significa, entonces, que los obreros madereros no podrían desarrollar un movimiento reivindicativo que pudiere llegar hasta la paralización de las faenas, porque este artículo establece que, en tal caso, se ordenaría la reanudación de ellas, con intervención civil o militar. Al formular estas observaciones, tenemos en cuenta que, en el propio proyecto, se dispone que las explotaciones forestales quedarán al margen de la ley de reforma agraria. A nuestro juicio, esto haría más grave aún la disposición que comentamos; porque, repito, desde el instante de la promulgación de la ley, los obreros agrícolas o industriales que laboren en predios dedicados a la explotación forestal, quedarían sujetos a la disposición legal que faculta al Presidente de la República para decretar la reanudación de faenas, incluso con intervención militar. Como estimamos que este artículo 151 es de extraordinaria gravedad, desearía que los señores Diputado informantes nos dieran su opinión acerca de si las observaciones que he formulado interpretan, realmente, el contenido de la disposición, o si consideran que el sentido y alcance de este precepto son distintos. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura. El señor SILVA (don Julio).- Concedo una interrupción al Honorable señor Garcés, señor Presidente. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Garcés. El señor GARCES.- Señor Presidente, deseo hacer una aclaración a propósito de lo manifestado por el Honorable señor Montes. En el artículo 22 de este proyecto de ley se expresa, claramente, que no serán expropiables, por las causales de expropiación establecidas en esta ley aquellos bosques artificiales que se sometan a un plan de ordenación de acuerdo con la Ley Forestal. Coincido con Su Señoría -nosotros vamos a hacer indicación al respecto- en que los obreros que participan en la industrialización de la madera no van a poder tener el mismo tratamiento que los obreros agrícolas. Creo que eso, en la discusión particular del proyecto, quedará expresamente establecido. Eso es todo, señor Presidente. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor MONTES.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado? El señor SILVA (don Julio).- Concedo una interrupción al Honorable señor Montes. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia del señor Diputado informante, puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, estimo de importancia la observación formulada por el Honorable señor Garcés, pues parece contener la idea de que existe la posibilidad de modificar, en alguna medida, el artículo al que me estoy refiriendo. Sin embargo, ésta no es una materia tan simple. Quisiera insistir en un aspecto. En la Dirección General del Trabajo existe una antigua, una vieja controversia respecto a la calificación de los obreros que trabajan en las faenas forestales, como agrícolas o industriales. Concretamente, en estas faenas hay obreros que derriban árboles, que trabajan en cuadrillas en el bosque, que, por lo menos, para nosotros, realizan una parte importante -inicial, evidentemente- de lo que pudiera denominarse la actividad industrial. Pero, luego, es elaborada esa madera en los aserraderos que, dentro de un fundo, puedan establecer los industriales madereros. Creo que esta disposición debiera estudiarse de manera que quedara perfectamente establecido en ella que, en esta materia, los obreros forestales, sea cual sea la labor que ellos desempeñen, están absolutamente al margen de la disposición que estamos comentando. Porque debe tenerse en cuenta que las observaciones y argumentos dados en el informe de la Comisión de Agricultura y Colonización se refieren exclusivamente a aquellas actividades de orden agrícola, en forma específica, que no admiten espera, pues no pueden ser realizadas sino en un plazo determinado. Justamente, éste es el argumento básico que invoca la mayoría de los parlamentarios que están a favor de esta disposición, estimando que ella es justa. Nosotros, en general, estamos en contra de ella; pero estamos a favor de todo género de observaciones que tiendan a resguardar, de la mejor manera posible, los derechos de los obreros, sobre todo de los obreros industriales que trabajan en faenas de esta clase. Son posibilidades que nosotros estimamos de interés considerar. En el momento oportuno, nos referiremos a otros aspectos de estas disposiciones, relativos a asuntos y problemas, a nuestro juicio, bastante graves, y estudiaremos también las indicaciones hechas a ellas para mejorarlas. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, respecto de la observación del Honorable señor Montes, debo decir que, en realidad, por lo menos tal como está redactada esta disposición, al hablar de "predio rústico" para los efectos de establecer la procedencia de la reanudación de faenas, comprende a los predios agrícolas, ganaderos y forestales, con arreglo a la definición de la letra a) del artículo 1°. Ahora, el hecho de que en el informe se hable, en este caso, de "predio agrícola", no alteraría mayormente el problema, porque de acuerdo con esa definición del artículo 1º de este proyecto, predio rústico es "todo predio agrícola, ganadero o forestal", comprendido en zonas rurales o urbanas. Cuando el contexto no implique una interpretación diferente, se entenderá que la palabra "agrícola" significa, igualmente, "ganadero o forestal". Quiero, pues, dejar en claro que, tal como está redactada esta disposición, se refiere a estas tres clases de predios. Respecto a la necesidad de esta disposición, se tuvo en cuenta el hecho de que la paralización de faenas, sobre todo en un proceso de reforma agraria, muchas veces no proviene de movimientos reivin-dicativos de los campesinos, sino también de medidas patronales, frente a las cuales es necesario tener algún resguardo en el sentido de que la autoridad pueda actuar para impedir que las faenas continúen paralizadas. Es posible que, en el curso de la discusión de este proyecto, quede esclarecido el punto a que se ha referido Su Señoría. Quería señalar, en estas últimas observaciones, porque, en realidad, estamos ya en los artículos finales del proyecto, que se exime a la Corporación de la Reforma Agraria, a las sociedades que la CORA haga con los campesinos y a las cooperativas, de toda clase de impuestos. Se autoriza también al Presidente de la República para que, dentro de 180 días, dicte normas reglamentarias sobre las siguientes materias: arrendamientos, medierías y otras formas de explotación por terceros; régimen previsional aplicable a los asignatarios de tierras; régimen de cooperativas; participación de obreros y empleados en las utilidades; régimen de propiedad familiar agrícola; y aldeas campesinas. Es decir, el Presidente de la República queda facultado para establecer, a través de los correspondientes decretos, las normas que regulen estas materias. El artículo 157 contiene la tabla de equivalencias de hectáreas de superficie con hectáreas de riego, con arreglo a la cual se hará la conversión a hectáreas de los diferentes terrenos existentes en cada provincia, región o zona, lo que es indispensable para que opere la ley. Esta tabla está traducida a un plano-mosaico, donde las tierras están clasificadas de acuerdo con los términos usados en ella. Esta tabla, que fue explicada en la Comisión de Agricultura, como también lo fue parte del plano-mosaico, es el resultado de una acuciosa elaboración técnica, en la que se barajaron diversas formas de equivalencia, hasta llegar a la más adecuada. Se consideraron, desde luego, los antecedentes del plano aerofotogramétrico respecto de los suelos, y otros elementos, como las condiciones climáticas y económicas y las posibilidades de organización o manejo de los predios, además de otros factores que fue necesario tener en cuenta para determinar esta equivalencia o concepto de 80 hectáreas de riego básicas. El artículo 160 dispone que los campesinos que celebren convenios de explotación de tierras con la Corporación de la Reforma Agraria y los asignatarios de tierras, quedan obligados a imponer en el Servicio de Seguro Social. Estos últimos, o sea, los asignatarios individuales de tierras, pueden acogerse a él como imponentes voluntarios. La CORA hará la totalidad de las importaciones a los campesinos con quienes tenga convenios de explotación de tierras, es el caso de los asentamientos, y las cargará, al final del ejercicio, a gastos generales. Esto viene a resolver un problema que se había presentado -el cual, entiendo, está prácticamente resuelto- a los campesinos de los asentamientos, quienes resultaban afectados en su sistema previsional, porque, desde luego, perdían las asignaciones familiares al dejar de ser imponentes apatronados. En virtud de esta disposición se obvia esa dificultad. La Corporación de la Reforma Agraria hará la totalidad de las imposiciones, tanto las obreras como las patronales, y al final del ejercicio cargará a gastos generales el desembolso que debió hacer por tal concepto. Y en esta forma, también, el Servicio de Seguro Social queda obligado a recibir las imposiciones que en ese carácter se le entreguen, pues también se habían presentado dificultades para su recepción. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado? El señor SILVA (don Julio).- Con mucho gusto. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Zepeda Coll. El señor ZEPEDA COLL.- Quiero consultar al señor Diputado informante qué momento estima oportuno para formularle algunas consultas, pues no tengo deseo alguno de alterar el orden de sus observaciones, respecto de los tribunales y al procedimiento. Si considera que puedo hacerlo de inmediato, continuaré. El señor SILVA (don Julio).- ¡Cómo no! El señor ZEPEDA COLL.- Las actuaciones de los Tribunales Agrarios de Apelaciones están reglamentadas por el artículo 138 del proyecto, el cual establece algunas excepciones a la norma general en cuanto a la redacción de los fallos, los plazos, etcétera. Pero yo no deseo saber si los acuerdos de esos Tribunales se ajustarán a determinados procedimientos o reglas, porque si nosotros planteamos la analogía entre los artículos 138 y 135, que se refiere a los Tribunales de primera instancia en orden agrario, sólo vemos que existen referencias al Código de Procedimiento Civil y no hay tipo de referencia alguna al Código Orgánico de Tribunales. Por eso, pido al señor Diputado informante que nos dé a conocer la forma cómo se tramitarán los asuntos, sobre todo los acuerdos de que trata el artículo 138, porque, desgraciadamente, esta disposición no fija normas para adoptarlos, salvo aquella excepción que he señalado, y ninguno de los dos artículos mencionados se refiere al Código Orgánico de Tribunales. Esa es la primera consulta que deseo formular al señor Diputado informante. Luego le haré otras. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Respecto a los acuerdos, el proyecto contiene una disposición que establece que se adoptarían por mayoría de votos. El señor NAUDON.- ¿Me concede una interrupción? El señor SILVA (don Julio).- Con mucho gusto. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia del señor Diputado informante, tiene la palabra Su Señoría. El señor NAUDON.- Señor Presidente, yo creo que las referencias a los acuerdos no se limitan a establecer la forma como se adoptan las decisiones del Tribunal de primera instancia, sino que se relacionan con un conjunto de disposiciones que están establecidas en el párrafo segundo del Título V del Código Orgánico de Tribunales, las cuales, con precisión, determinan la forma en que se adoptarán las decisiones de los tribunales. Como lo sostuvo el Honorable señor Zepeda, en ningún momento el proyecto hace referencia al Código Orgánico de Tribunales, como lo hace, por ejemplo, respecto de otros Códigos, para hacer regir sus normas generales, las cuales deberán ser las que regulan el manejo de todo lo referente a acuerdos. Si nosotros leemos las disposiciones relativas a los acuerdos, vemos que no sólo se trata de la decisión misma del asunto por una mayoría equis de votos, sino del cumplimiento de una serie de requisitos previos cuando no hay concordancia en el primer intento de resolver el fallo, etcétera. Entonces, falta la referencia a la legislación general; o bien, debe procederse a dictar una legislación especial que vaya especificando los casos y la forma en que se tomarán estos acuerdos. Nada más, señor Presidente. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, respecto de esta materia quiero señalar que el artículo 129 del proyecto, en su parte final, dice así: "Los acuerdos de ambos Tribunales" -se refiere al Tribunal Agrario Provincial y al Tribunal Agrario de Apelaciones- "se adoptarán por mayoría de votos y sus actos se regirán por lo dispuesto en los artículos 81, 83, 84, 85, 86 y 87 del Código Orgánico de Tribunales, en lo que fueren aplicables". En consecuencia, ellos deben proceder de acuerdo con esas normas. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Me permite una nueva consulta, señor Diputado? El señor SILVA (don Julio).- No tengo inconveniente. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia del Honorable señor Silva Solar, tiene la palabra Su Señoría. El señor ZEPEDA COLL.- Señor Presidente, el artículo 140 del proyecto regla las condiciones en las cuales la Corte Suprema actuará al presentarse queja respecto de lo obrado por algún Tribunal Agrario. La misma disposición establece que la queja "deberá verse y fallarse dentro de diez días hábiles de ingresado el recurso en la Secretaría de la Corte Suprema, sin audiencia de las partes. Se entenderá rechazada, si no se falla dentro de ese plazo". Sabemos que el procedimiento, el ritual del recurso de queja, exige una serie de requisitos como son la consulta y el informe del tribunal, o de los jueces, sobre quienes se plantean los recursos de queja. Evidentemente, con este plazo de diez días que se da a la Corte Suprema, se le cercenan facultades, ya que nada tiene que ver la parte que intenta el recurso, sino es un asunto que compete solamente a la Corte Suprema, la cual tiene que ver con el plazo del fallo. Creo que este inciso va a ser total y absolutamente inaplicable en la práctica. Deseo que el señor Diputado informante nos absuelva estas consultas indicándonos la forma cómo este recurso, a pesar de lo dispuesto en este inciso, puede tener verdadera vigencia y no convertirse sólo en una aspiración totalmente estéril. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Respecto de esta materia, la Comisión tuvo fundamentalmente en cuenta el hecho de que, a través de estos recursos de queja ante la Excelentísima Corte Suprema no se entrabara el procedimiento de la expropiación, el cual debe ser necesariamente expedito en un proceso de reforma agraria. Con tal objeto se quiso poner un plazo que puede ser, indudablemente, un poco estrecho, si se quiere, pero que responde a esa motivación fundamental. De otra manera, estos recursos podrían utilizarse para entrabar y eternizar las expropiaciones, como ha sucedido y ocurre actualmente con litigios -que los tribunales ordinarios, de acuerdo con la ley Nº 15. 020, deben resolver de modo sumario. Sin embargo, según nos informaba el Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria en la Comisión de Agricultura y Colonización, no se ha conseguido hasta este momento concluir un solo juicio de expropiación, porque, sencillamente, todos sabemos que los procedimientos, judiciales se eternizan. Por estos motivos, la Comisión no quiso posibilitar el uso de estos recursos en forma tal que llegaran a constituir una dilación incompatible con la necesaria agilidad de un proceso de reforma agraria y, por lo mismo, aprobó la indicación formulada concretamente por el Honorable señor Tejeda en ese sentido. El señor ZEPEDA COLL.- Otra consulta, Honorable colega. El señor SILVA (don Julio).- Muy bien. El señor ZEPEDA COLL.- Señor Presidente, en realidad, el Honorable señor Silva señaló claramente la intención de la Comisión de Agricultura y Colonización, en el sentido de que estos procesos no se dilaten de manera tal que obstaculicen la ejecución de un plan de reforma agraria; pero, del mismo modo, también creo que estuvo claro en el ánimo de la Comisión el que no se enerve la posibilidad de entablar ciertos recursos. Si la queja es un recurso que la Comisión reconoce como útil y necesaria en algunos casos, es evidente, entonces que -dentro de la mayor rapidez con la cual la Comisión desea que este recurso sea tramitado, pues, en el fondo, puede ser tramitado- el último inciso del artículo 140 esteriliza totalmente esta posibilidad. Ahora, respecto de lo que nosotros siempre hemos sostenido, la intención de la Comisión es dar agilidad a los procedimientos en los tribunales de derecho. Si ahora se establecen disposiciones que franquean esa agilidad y esa rapidez en los procedimientos que desea la Comisión, se pueden imponer tales normas por medio de un precepto legal a los tribunales ordinarios. Entonces no podríamos nosotros incluir dentro del procepto o, más bien dicho, de la fisolofía de las disposiciones legales que se refieren a los Tribunales Agrarios, el hecho de que deban crearse tribunales especiales para facilitar la expedición de los asuntos de los cuales deban conocer los tribunales ordinarios de Justicia, porque sabemos perfectamente bien que, por medio de leyes, podemos agilizar incluso las actuaciones de estos últimos. Por lo tanto, ése no puede ser un argumento que aconseje la existencia de tribunales especiales. Más aún, señor Presidente, respecto de estos Tribunales Agrarios y de las materias sobre las cuales deban resolver, pues supongo que estamos hablando de Tribunales de Derecho, cuando un juez necesita, con el objeto de obtener mayores antecedentes para sus resoluciones, el informe de personas técnicas y expertas en una determinada ciencia, arte o materia, puede solicitar el concurso de un perito; en consecuencia, la actuación de ingenieros agrónomos podría ser un requisito para resolver los asuntos agrarios, como un informe para los jueces ordinarios que debieran resolverlos; pero aquí se les asigna a los ingenieros agrónomos la facultad de integrar un Tribunal de Derecho, siendo ellos personas que no son hombres de Derecho. Por lo tanto, fuera del vicio que señalamos en la intervención de la mañana de hoy, interrumpiendo al Honorable señor Diputado informante, con el objeto de señalar que, en la práctica, los ingenieros agrónomos integrantes de los Tribunales de Apelación serán funcionarios y, a lo menos uno de estos profesionales que forme parte de los Tribunales Provinciales, los cuales son de primera instancia, también constituirá el de Apelación, subsiste nuestra afirmación de que muchos ingenieros agrónomos formarán parte de organismos que tengan interés directo en los juicios sobre los cuales versarán las resoluciones de estos tribunales especiales. Por eso, vamos a convertir en juez y parte, prácticamente, a las mismas personas. En consecuencia, deseamos que el señor Diputado informante nos explique la filosofía que movió a la Comisión de Agricultura y Colonización de crear estos tribunales; especiales, en circunstancias que, de acuerdo con las leyes que se puedan dictar y conforme con este mismo proyecto de reforma agraria, podría compelerse a los tribunales ordinarios para adoptar un procedimiento rápido y expedito que facilitara el deseo de la Comisión, cual es realizar una reforma agraria por cauces que sean evidentemente rápidos y expeditos. Eso es todo. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- Respecto de la consulta del Honorable señor Zepeda Coll, puedo informar que el criterio de la Comisión de Agricultura y Colonización fue aprobar la existencia de estos tribunales especiales porque, en realidad, se estimaron indispensables para poder realizar la reforma agraria de una manera relativamente expedita. En consecuencia, había necesidad de crearlos. El Honorable colega señor Zepeda Coll debe saber, aun cuando ignoro si ha tenido oportunidad de tomar contacto con los tribunales ordinarios de nuestro país, que éstos no son lentos, porque no haya normas en los Códigos que establezcan plazos perentorios y cortos y que, si se cumplieran, permitirían que los juicios se tramitaran mucho más rápidamente, sino que son lentos por otros motivos: porque tienen muchos procesos, muchas causas de qué conocer y fallar. Si los juicios que se originen en el futuro con respecto a la reforma agraria fueran entregados al conocimiento de los tribunales ordinarios, ello sería simplemente un despropósito absoluto, porque dichos juicios serían prácticamente enredados, paralizados y eternizados. Por eso, era indispensable, entonces, establecer estos tribunales especiales, teniendo como base simplemente la experiencia de lo que ocurre con los tribunales ordinarios. Cualquiera persona, que en un momento dado pueda verse envuelta en un juicio, como acreedor o deudor, puede darse cuenta de esta situación. De modo que en ese sentido, se consideró indispensable el establecimiento de estos tribunales especiales. Además, el recargo de trabajo que para los tribunales ordinarios significaría conocer de los procesos derivados de la reforma agraria haría todavía más lenta la administración de justicia en este aspecto. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Me permite una breve interrupción? El señor SILVA (don Julio).- Como no. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría. El señor ZEPEDA COLL.- Señor Presidente, en realidad, el Honorable Diputado informante ha dado a conocer una serie de propósitos en su respuesta, sobre los cuales es necesario hacer algunas observaciones. El motivo por el cual los tribunales ordinarios retardan muchas veces la administración de justicia se debe a que los procedimientos a que deben ceñirse para realizar sus labores así lo permiten. Pero si existen normas claras y terminantes que faciliten el ejercicio de una rápida y expedita administración de justicia por parte de los tribunales ordinarios, queda sin base la argumentación hecha por el Honorable Diputado informante. Ahora bien, Su Señoría ha reconocido un hecho: el recargo de trabajo que se produciría en los referidos tribunales con motivo de los juicios que se originarán con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. Pero eso no se compadece con algunas disposiciones de este mismo proyecto, ya que el artículo 126, por ejemplo, faculta al Presidente de la República para que, en forma libre, designe anualmente a dos Ministros de Corte de Apelaciones, a fin de que integren los Tribunales Agrarios de Apelaciones que se crean. Esto va a afectar el trabajo de las diversas Cortes de Apelaciones. Por ejemplo, el Tribunal Agrario de Apelaciones de La Serena podrá ser integrado, si así lo desea el Presidente de la República, por dos Ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ahora bien, como nuestro Honorable colega Diputado informante ha reconocido que estos procesos serán muchos, estos dos Ministros de Corte de Apelaciones, en el hecho, deberán estar abocados permanentemente a la integración de este Tribunal Especial de Apelación Agrario. Por eso, el razonamiento que ha hecho en lo relativo a uno de los aspectos de este problema el Honorable Diputado informante sirve como argumento en contra de otras disposiciones y de otra parte de este mismo Título de los Tribunales Agrarios. Porque, evidentemente, nuestro Honorable colega reconoce que se originarán muchos juicios de esta clase. Por otra parte, no me explico el motivo que existe para desconfiar, hasta cierto punto, de los tribunales ordinarios de justicia, en circunstancias que los diversos sectores políticos de la Honorable Cámara siempre han estado contestes en reconocer la rectitud e independencia de los fallos y resoluciones que ellos emiten en cumplimiento de sus funciones. Por eso, causa extrañeza el hecho de que la mayoría de los miembros de la Comisión de Agricultura y de la Honorable Cámara piensen que sea necesaria la intervención de funcionarios con categoría de jueces para agilizar los procedimientos. Pongámonos en el caso del señor Diputado informante y aceptemos su argumentación. Esta se viene al suelo por su base, porque de los tres miembros que integrarán los Tribunales Agrarios de Apelaciones, sólo uno es ingeniero agrónomo y los dos restantes Ministros de Corte de Apelaciones. Es decir, volvemos al mismo punto. En dichos tribunales, por estar integrados en su mayor parte por miembros encargados de administrar la justicia ordinaria, como son los Ministros de Corte de Apelaciones, se presentarán los mismos vicios que se quieren evitar. Yo parto de la base de que esta materia ha sido cuidadosamente estudiada por los redactores del proyecto y que ellos se dan cuenta plenamente de que para agilizar, dinamizar y tener una justicia rápida, sólo basta fijar procedimientos expeditos a los tribunales ordinarios de justicia, y no es necesario sustraer de su conocimiento estos juicios. De acuerdo con la filosofía y el propósito de los redactores del proyecto, yo creo que no existe ningún obstáculo en que sean los tribunales ordinarios de justicia los encargados de aplicar estos procedimientos. El señor ROSALES.- No habría reforma agraria. El señor ZEPEDA COLL.- -La habría, Honorable colega, porque si existe un procedimiento expedito y rápido, los tribunales ordinarios de justicia tendrán que ceñirse a él. Si no fuera así, habría que modificar la integración de los Tribunales Agrarios de Apelaciones, porque la mayoría de sus miembros son Ministros de Corte de Apelaciones. Por eso, a pesar de la profunda versación y talento del señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización, considero que en esta materia no ha sido ecuánime y que existe el propósito de cercenar el estricto derecho y la verdadera justicia en la resolución de las reclamaciones y apelaciones que se interpongan en esta materia. Por estos motivos, manifiesto mi desacuerdo en cuanto al Título ;De los Tribunales Agrarios"; y en conformidad con el derecho que tenemos los Diputados, presentaremos las indicaciones correspondientes. El señor ISLA (Vicepresidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? La Mesa, en el propósito de facilitar el desarrollo del debate y el oportuno despacho del proyecto, se permite hacer presente que en la reunión de Comités no hubo acuerdo explícito acerca de si el tiempo que ocuparan las interrupciones serían de cargo del Comité del Diputado que las solicitara... El señor ARAVENA (don Jorge).- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ISLA (Vicepresidente).- Sin embargo, es costumbre tradicional que las interrupciones -la Mesa entiende que ese fue el espíritu del acuerdo, aunque no la letra- sean de cargo del Comité del Diputado que las pide. Me permito hacer estas observaciones, porque se han concedido muchas interrupciones y ello hace presumir que el debate se prolongará más allá del tiempo previsto. El señor ARAVENA (don Jorge).- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ZEPEDA COLL.- Señor Presidente, yo creo que una materia tan compleja debe ser debatida en su intensidad. Un proyecto que cambia la estructura agraria del país merece la mayor discusión para que todos sus aspectos sean aclarados. Ese ha sido el propósito al solicitar las interrupciones... El señor ROSALES.- Para ello, el Comité Independiente dispone de tres horas. El señor ARAVENA (don Jorge).- Señor Presidente, lo que la Mesa expuso corresponde a lo acordado por los Comités. El señor ISLA (Vicepresidente).- La Mesa estima que es su deber señalar que no es su propósito coartar o tratar de evitar las interrupciones que, indudablemente, pueden ilustrar el debate, sino hacer presente, desde el punto de vista formal, que no ha habido acuerdo expreso sobre la materia, pero que el espíritu y la costumbre es que estas interrupciones se concedan con cargo al tiempo del Comité del Diputado que las solicite. El señor ARAVENA (don Jorge).- Así se acordó, señor Presidente. El señor ZEPEDA COLL.- No hubo acuerdo expreso. Por lo demás, nosotros nos regimos por los acuerdos y no por la costumbre. El señor SILVA (don Julio).- A mí se me informó que las interrupciones se concederían con cargo al tiempo del Comité del Diputado que las solicitara. De manera que en ese entendido las he concedido. El señor ROSALES.- Así quedó establecido. El señor ACEVEDO.- De cargo del Comité que las solicitara. El señor SILVA (don Julio).- Quiero aclarar, además, respecto de la observación formulada por el Honorable colega, que, lamentablemente, discrepo de la posición que él ha sostenido. En primer lugar, el que los tribunales especiales sean integrados en algunos casos por los miembros de los tribunales ordinarios de justicia no quiere decir que el tribunal especial pierda su carácter de tal. De manera que en este sentido, las observaciones hechas respecto de la lentitud de la justicia ordinaria, no implican que estos tribunales especiales no puedan estar integrados por algunos magistrados de la justicia ordinaria. Deseo señalar que en muchos aspectos, en razón de la materia, hay tribunales especiales en el país: hay tribunales del trabajo, tribunales de menores, que son especiales. De manera, que no tiene nada de particular que para este proceso de la reforma agraria se establezcan tribunales especiales. Además, el hecho de que el tribunal sea de derecho no significa que deba estar integrado por abogados, exclusivamente, sino que tiene que fallar de acuerdo con las normas establecidas en la ley y no en conciencia o arbitrariamente. El señor ZEPEDA COLL.- Los tribunales especiales a que se refiere Su Señoría existen, pero tienen relación con los tribunales ordinarios, como en el caso de los juzgados de menores del trabajo. Un señor DIPUTADO.- O en el caso de los juzgados militares. El señor SILVA (don Julio).- Simplemente, se trata de tribunales especiales, y lo son en razón de la materia de que deben conocer. Voy a decir algo más. En materia de la reforma agraria a tal punto es justa esta proposición de que existan tribunales especiales, que ellos fueron establecídos en la ley Nº 15. 020. Precisamente, en los artículos 29 y 30 de dicho texto legal se dispone que estos Tribunales Especiales de Expropiaciones Agrarias estarán integrados por tres personas. Y a tal punto es efectivo lo que afirmaba, en el sentido de que no basta establecer ciertas normas para que el procedimiento sea expedito, que precisamente en dicha ley se dispuso que las causas se regirían por las normas del juicio sumario y, a pesar de ello, no se ha podido avanzar en algunos casos de expropiación efectuados por la Corporación de la Reforma Agraria. De manera que la Comisión estimó que se justificaba ampliamente el sistema de los tribunales especiales y no sólo esto, sino que se estableciera un procedimiento especial expedito para dar curso a esta clase de juicios. El señor ZEPEDA COLL.- Muchas veces no se ha avanzado, porque las causas no son justas. El señor LAEMMERMANN.- Puede ser culpa de los abogados. El señor ARAVENA (don Jorge).- ¿Estamos conversando o estamos legislando? El señor MAIRA.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor SILVA (don Julio).- Con todo gusto. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría tiene la palabra el Honorable señor Maira. El señor MAIRA.- Sólo deseo corroborar lo afirmado por el Honorable colega señor Silva, don Julio. Discutido este punto en la Comisión de Hacienda y traído al debate el articulado de la ley Nº 15. 020, se logró establecer que de estos tres miembros a que se ha referido Su Señoría, dos son exactamente los mismos que preserva la ley, y el único que se ha cambiado es el representante de la sociedad agrícola patronal por un ingeniero agrónomo que no preste servicios en la Administración Pública... El señor ZEPEDA COLL.- En los casos de los Tribunales de Apelación no existe esa distinción; sólo se hace en los tribunales de primera instancia. El señor ARAVENA (don Jorge).- ¡ Señor Presidente, excúsame! No se trata de una conversación. El señor ISLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante. El señor SILVA (don Julio).- En seguida, en el artículo 165 se establece una disposición que tiene importancia desde el punto de vista constitucional que se plantea en el proyecto en debate. Dice el artículo: "Las disposiciones de la presente ley que requieran para su aplicación la enmienda previa de determinadas disposiciones de la Constitución Política del Estado, entrarán en vigencia una vez publicada la Reforma Constitucional que las haga procedentes". Al respecto, debo informar que, cuando llegó este proyecto a la Comisión de Agricultura y Colonización, se planteó el problema de su constitucionalidad. La Comisión acordó no ocuparse concretamente de esta materia hasta no entrar en la discusión particular del proyecto, porque, reglamentariamente, desde el momento de recibirse, la Comisión debía darle curso. Pues bien, cuando se produjo el hecho de encontrar una disposición inconstitucional, ya había llegado la indicación del Ejecutivo, actual artículo 165, por medio del cual se establece que las disposiciones que requieran de la enmienda de la Constitución Política del Estado para su aplicación entrarán en vigencia una vez que dichas modificaciones constitucionales estén publicadas. En esta forma, la Comisión consideró que se salvaba, adecuadamente, el problema de constitucionalidad planteado en el seno de la misma por el Honorable señor Ochagavía. Por último, las disposiciones transitorias del proyecto consisten fundamentalmente en declarar de utilidad pública y autorizar la expropiación de los predios rústicos de superficie igual o inferior a 80 hectáreas de riego básicas que hubieren resultado de la división de un predio de superficie superior a la mencionada, cuando la división se hubiere efectuado entre el 21 de noviembre de 1965 y la fecha ole la vigencia, como ley, del presente proyecto. En este caso, la indemnización de expropiación se pagará con un 1% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "A", o sea, 25 años plazo. Esta disposición tiende a evitar que, a través de las divisiones de las tierras que se han venido practicando últimamente, se burlen, en el hecho, los objetivos de la reforma agraria, respecto de la cual el país ha tenido un conocimiento muy preciso y concreto, desde el 21 de noviembre de 1965, fecha en que se envió al Congreso Nacional el proyecto en discusión. Las demás disposiciones transitorias de este proyecto tienen por objeto hacer aplicables las normas contenidas en la iniciativa en informe, a las expropiaciones hechas en conformidad a las leyes vigentes que estuvieren pendientes, o ante los tribunales, en la actualidad. Se hacen aplicables las normas referentes a la toma de posesión material de los predios expropiados, a la indemnización y a la forma de pago. De esta manera, hemos llegado a las últimas disposiciones de este proyecto de ley. Para terminar mis palabras, debo señalar algo que me parece significativo. Ello consiste en que, probablemente, pocos países estarían en condiciones de dar curso, por las vías parlamentarias y legales, a una reforma que conmueve profundamente una estructura social y económica tan arraigada en nuestro país, como es la agraria. Esto justifica, a nuestro juicio, la filosofía central que inspira la acción de este Gobierno y de muchos hombres en nuestro país, en orden a que las fuerzas favorables a los cambios son tan amplias, que es factible avanzar dentro de los marcos de la ley, de la democracia y de la libertad. Muchas gracias, señor Presidente. El señor PHILLIPS.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor SILVA (don Julio).- Con todo agrado, Honorable Diputado. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, agradezco la deferencia del Honorable señor Silva Solar. En la mañana de hoy, mientras solicitaba algunos antecedentes al señor Diputado informante fui objeto no sé si de un ataque o de una "chirigota" de parte de un Honorable colega democratacristiano al cual me dirigí, y que hizo que mis palabras pudieran interpretarse en el sentido de que yo tenía el ánimo de ofenderlo. Debo declarar que jamás el Honorable señor Canales se ha dirigido al Diputado que habla en términos ofensivos. De manera que mal podría habar tenido el ánimo de atacarlo en alguna forma. Por lo demás el trato que hemos mantenido con el Honorable señor Canales, en las Comisiones ha sido de permanente cordialidad puesto que siempre ha observado un caballeroso comportamiento. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor IBAÑEZ.- Siempre lo ha sido. El señor PHILLIPS.- Por lo tanto, en ningún instante he tenido el propósito de inferirle una ofensa. Deseaba dar estas explicaciones a mi Honorable colega para disipar cualquier duda sobre la materia. Nada más señor Presidente. El señor ISLA (Vicepresidente).- Honorable señor Aravena, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio. Puede continuar el señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización. El señor SILVA (don Julio).- He terminado mi exposición, señor Presidente. El señor MAIRA.- Pido la palabra. El señor ISLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Maira, Diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor MAIRA.- Señor Presidente, en una intervención efectuada durante el desarrollo de la Octava Conferencia Latinoamericana sobre Agricultura y Alimentación, desarrollada en nuestro país en marzo del año pasado, el ilustre economismo francés Joseph Lebret, fundador del grupo "Economía y Humanismo", refiriéndose al problema de la agricultura y a la revolución económica mundial, afirmó que "el verdadero proletariado del mundo estaba hoy día constituido por los trabajadores agrícolas de los países subdesarrollados". Inmediatamente, complementando su juicio, pudo expresar que, pese al hecho de que más de la mitad -y en algunos países más de las tres cuartas partes- de la mano de obra está dedicada a la agricultura, en muchos países subdesarrollados predomina el hambre o una situación rayana en el hambre. Corrientemente las clases agrícolas más pobres constituyen justamente el grueso de la población insuficientemente alimentada. Así sucede -agregaba él- en la mayoría de los países latinoamericanos. Ese es, fundamentalmente, el contexto en el cual se ha planteado la discusión y el debate en torno de este proyecto, de hondas repercusiones nacionales. Y, justamente, compenetrando el sentido del juicio emitido por el ilustre economista francés, el Director de la División Agrícola Conjunta de la CEPAL y de la FAO, señor Jacobo Schatan, pudo expresar, haciendo el diagnóstico de la situación de nuestro continente, las siguientes palabras: "Si damos un corte vertical a la actividad agrícola que predomina en América Latina, nos encontraremos frente a un cuadro francamente desalentador, con métodos de producción arcaicos y, en consecuencia, niveles de productividad muy bajos, ingresos miserables que, en promedio, alcanzan a menos de un cuarto del promedio registrado por los otros sectores, pero que para la gran masa campesina, son apenas la treintava o cuarentava parte de lo que perciben los productores de mayores ingresos. En consecuencia, los niveles de vida de estas masas campesinas son infrahumanos, con alto porcentaje de analfabetismo, de morbilidad y mortalidad, viviendas insalubres, etcétera; los recursos naturales se encuentran mal utilizados; el grado de erosión y la pérdida de la fertilidad del suelo van en aumento, los bosques se destruyen a un ritmo impresionante y las aguas de riego, generalmente escasas, se desperdician; hay enormes extensiones de tierras, muchas de ellas regadas, ocupadas por pastos naturales, de muy bajo aprovechamiento y que podrían utilizarse en cultivos o praderas artificiales; los sistemas de comercialización son defectuosos: hay pocos caminos, la mayoría en mal estado y las comunicaciones son, en general, insuficientes; no hay instalaciones adecuadas de almacenamiento y transformación de productos. En consecuencia, las pérdidas de éstos alcanzan niveles extraordinariamente grandes; la mayoría de los productores no cuenta con capital propio suficiente, y los organismos normales de crédito no alcanzan a llegar hasta los pequeños productores, los que deben depender de intermediarios para conseguir los fondos que necesitan, a tasas de interés generalmente usurarias; existe un grado de desempleo abierto o encubierto; la distribución de los derechos sobre la tierra es extraordinariamente desigual, lo que se traduce en una distribución de ingresos altamente inequitativa". Estas palabras pronunciadas por el señor Schatan representan un verdadero diagnóstico de la situación agropecuaria de nuestro continente, y son, por desgracia, hoy día, en su enorme mayoría, aplicables también a la situación rural de nuestro país. A este respecto, nosotros queremos entregar, en forma muy sintética, algunos índices que constituyen la justificación, de acuerdo con la realidad de este proyecto. Es así como vastos sectores de nuestro país, han tomado conciencia de este problema y, movilizándose por conseguir una transformación, han patrocinado e impulsado la iniciativa que hoy día se discute. La concentración de la tierra en nuestro país permite que sobre una existencia de 150 mil explotaciones agrícolas o fundos haya 76 mil, que corresponden al 50% de los fundos existentes, que sólo tienen el 1 % de la tierra agrícola; y que, en el otro extremo, haya 1. 700 explotaciones agrícolas cuya superficie es superior a 2 mil hectáreas cada una, que constituyen, en proporción, nada más que el 1. 1% de los fundos del país y que, sin embargo, poseen el 60% de la tierra agrícola. El señor ZEPEDA COLL.- ¿En este estudio están incluidas las diversas clases de terrenos? El señor MAIRA.- Me referiré, de inmediato, a los problemas fundamentales y dejaré a disposición de la Mesa todos los antecedentes y cuadros, para un estudio más completo y exhaustivo. Al entregar la evaluación de estas 1. 700 más grandes explotaciones agrícolas de Chile, nos encontramos con que hoy día producen muy por debajo de lo que permite su potencialidad y la calidad de sus suelos. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Me permite una interrupción, muy breve, Honorable colega? ¿Su Señoría se está refiriendo a 1. 700 explotaciones agrícolas en el orden de las áreas regables y de los terrenos de primera clase, o está incluyendo también otro tipo de terrenos? El señor MAIRA.- Señor Presidente, como un procedimiento respecto del desarrollo de este informe, deseo no conceder interrupciones sino al final de cada capítulo, en forma global, a fin de poder expresar coherentemente los distintos juicios que deseo entregar al conocimiento de la Sala. No tendré inconveniente en aclarar todos los antecedentes de carácter estadístico y las informaciones complementarias que cada uno de los Honorables colegas requiera con relación a los cuadros y cifras entregados, en la forma antes expresada. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MAIRA.- Este es el primer hecho fundamental, en materia de concentración de la tierra, que el país ha tenido a la vista para solicitar e impulsar el despacho de un proyecto de reforma agraria integral. -Rabian varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- ¡Honorable señor Rioseco! El señor MAIRA.- El segundo antecedente se refiere a la superficie de riego con que cuenta el país y el aprovechamiento de ésta, desde el punto de vista de su explotación. El país tiene un área regada de sólo un millón 360 mil hectáreas, pero el 42% de esta extensión está dedicada a pastos naturales, es decir, más de medio millón de hectáreas obtienen un aprovechamiento que no guarda relación con la escasez y con la importancia de nuestra superficie regada. Junto a esto se plantea el problema cíe los ingresos de los grandes agricultores. En este sentido, el estudio efectuado por el economista agrario, Marvin Stemberg, permite precisar que los grandes agricultores dedican, en promedio, el 84% del ingreso disponible a gastos de consumo, generalmente suntuarios, ajenos a toda forma de explotación de los predios que poseen. Otro antecedente es el de la utilización de los créditos y el hecho fundamental y cierto, hoy día, de que los que poseen más tierras han tenido hasta ahora opción a un crédito mucho mayor. Los estudios efectuados por el economista Ernesto Feder sobre el crédito agrícola en Chile son categóricos e indican que para el pequeño propietario ha existido una disponibilidad de menos del 1% del crédito agrícola que se otorga en el país, y que 2. 480 grandes propietarios, como contrapunto, obtuvieron un crédito promedio superior a 57 mil 200 escudos a la fecha de este estudio. (1962). En materia de bonificación de abonos tenemos disponibles el dato de que el Ministerio de Agricultura pagó a grupos reducidos de grandes agricultores, que corresponden numéricamente a la cantidad ya mencionada y en las mismas magnitudes, más de 8 millones de escudos, suma que constituyó el 52 % del presupuesto corriente de ese Ministerio en el año 1961. Junto a todos estos hechos y medidas de carácter económico que han tenido, lamentablemente, incidencias en la baja de la producción que ha experimentado nuestra agricultura en los últimos veinte años, y que ha motivado la necesidad de importar alimentos o productos agropecuarios, según datos oficiales, por la cantidad de 156 millones de dólares en 1965, cifra que amenaza llegar, en 1970, a 260 millones de dólares, han concurrido también, y han tenido gran importancia, las condiciones que se derivan de la situación social en que se encuentra la agricultura y el campesino en Chile. Subsiste, como se ha expresado aquí, un sistema de inquilinaje que no alienta ni estimula el progreso del campesino, que lo convierte en un elemento pasivo dentro del desarrollo de la economía nacional y que lo somete, como lo ha sometido hasta la fecha, al antojo y al capricho del patrón, que ha dispuesto de él a su voluntad y a su arbitrio; sistema parternalista que ha tenido como consecuencia provocar una fuerte dependencia del campesino a la autoridad del patrón, que tuvo en el pasado importantes connotaciones políticas que algún día la historia política del país va a recoger, pero que hoy día aún conserva una significación de dependencia económica y social que nuestra nación no puede perpetuar razonablemente; sistema que mantiene en el aislamiento y en el abandono a vastos grupos humanos que representan un tercio del contingente demográfico del país, y que ha permitido también la perpetuación de estructuras anacrónicas y la obstaculización del desarrollo de los procesos de responsabilidades y de "toma de conciencia" de estos mismos grupos, importantes para la marcha del país. Esas razones de contenido económico y social, que nadie hoy día podría: razonablemente desconocer, están avaladas por los más serios y objetivos estudios que puedan invocarse en este instante, producto del trabajo de instituciones nacionales oficiales y privadas, de organismos económicos independientes del Gobierno, 'de instituciones públicas supranacionales, de carácter regional o mundial, que han contribuido a entregar este diagnóstico, sin que, por otra parte, exista como contrapartida de estas informaciones, el aporte solvente de ningún economista destacado en materia agraria que pueda contrarrestar estas opiniones. Nos hemos tomado el trabajo de revisar algunas de las muchas aportaciones que se han efectuado al estudio del problema agrario en los últimos años, y yo debo confesar que no he encontrado un solo economista, especialista en esta materia, por decirlo así, que se declare satisfecho de la situación de la agricultura nacional, que considere que el régimen económico y social de explotación, permita el desarrollo y un resurgimiento de la economía agraria del país. Por éstas y otras razones, estimamos que la realidad del país ha forzado, impulsado y conducido el avance de este proyecto. Además de los aspectos económicos y sociales, hay otro relativo al aprovechamiento de los suelos y a la integridad del territorio nacional, que merece la atención del país y, en especial de la Cámara. En forma sucinta daré algunas cifras y antecedentes sobre las áreas erosionadas o amenazadas de erosión. Entre los antecedentes de que dispuso la Comisión a raíz del estudio de otro proyecto, hay un cuadro, responsablemente confeccionado por organismos dientes del Ministerio de Agricultura, que indica que más de 18 millones de hectáreas, aproximadamente la cuarta parte del territorio, están afectadas por erosión ligera, por erosión ligera dominante, por erosión moderada o por erosión moderada severa. El cuadro estadístico a que me vengo refiriendo, dice: EROSION EN DISTINTOS GRADOS   Según estos índices alarmantes y aterradores, comprobamos cada año que la destrucción de bosques alcanza a 60 mil hectáreas, y la pérdida de tierras agrícolas por avance de las dunas en las playas, a 10 mil hectáreas. Chile es hoy el país más amenazado por las malezas y por los cultivos improductivos. Es el país más enmalezado del mundo y ha perdido más de un millón y medio de hectáreas por el avance de la zarzamora y otras plagas vegetales. Hasta hoy prácticamente no ha sido preocupación fundamental de las autoridades la protección de la integridad del territorio. La acción debe estar enmarcada en un proceso de reorganización de la propiedad agrícola y de orientación de su producción, según un plan consciente y racionalmente dirigido por los organismos estatales, en procura de la preservación y promoción de las áreas útiles, a fin de luchar contra la erosión, enemigo mortal de la integridad del territorio chileno. Por estas consideraciones, el proyec- to de reforma agraria contribuirá a paliar, atenuar y destruir esta situación, por lo que tiene una significación y una prioridad fundamentales. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Terminó la primera parte global de su exposición, Honorable colega? El señor MAIRA.- Sobre esta materia, deseo expresar la profunda impresión que causó a los miembros de la Comisión de Hacienda, conocer, especialmente, que la erosión de cualquiera pulgada del territorio nacional, además de traer consigo la pérdida de la capa vegetal, significa un proceso de recuperación que tarda entre mil y seis mil años en devolver el poder, fecundante a la tierra. Por estas razones y por todos los antecedentes de carácter económico, de los índices de producción, de los índices de aprovechamiento del suelo y por muchos otros datos que ya han sido entregados en forma muy completa por nuestro colega Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización, don Julio Sil- va Solar, y teniendo presente, fundamentalmente, el destino de Chile, y recogiendo el clamor, claramente expresado, de lo que consideramos mayoría nacional, se ha impulsado la discusión de esta reforma agraria. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Puedo formular algunas preguntas ahora, Honorable colega? El señor MAIRA.- Las que guste. El señor ISLA (Vicepresidente).- ¿Me permite, Honorable señor Maira? La Mesa solicita el asentimiento unánime de la Cámara para que, desde este instante, las interrupciones que soliciten los señores. Diputados se computen al tiempo del Comité del Diputado que las obtenga. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARAVENA (don Jorge).- Hay un acuerdo de Comités al respecto. El señor ISLA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en la forma señalada? El señor ARAVENA (don Jorge).- ¡ No, señor Presidente! El señor ISLA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor ARAVENA (don Jorge).- Pido la palabra. El señor ISLA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para conceder la palabra al Honorable señor Aravena. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor ARAVENA (don Jorge).- Señor Presidente, deseo aclarar que en esta materia hay un acuerdo de Comités, comunicado a todos los señores Diputados, en el que se establece la forma como se procederá en el debate de este proyecto. Respecto de las interrupciones se dice que se imputarán al tiempo del Comité que las obtenga. El señor ISLA (Vicepresidente).- Efectivamente, pero ese acuerdo era para el proyecto de reforma constitucional, que fue totalmente despachado en el día de ayer. El acuerdo de los Comités, ratificado por la Sala, no rige respecto de la discusión de este proyecto de reforma agraria. Por tanto, recabo nuevamente el asentimiento unánime de la Sala para que, a partir de este instante, las interrupciones se imputen al tiempo del Comité del Diputado que las obtenga. La Mesa considera que éste sería un tratamiento ecuánime. El señor ACEVEDO- Pido la palabra. El señor NAUDON.- Pido la palabra. El señor ISLA (Vicepresidente).- Solícito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra, por un minuto, al Honorable señor Acevedo. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, los acuerdos de los Comités en la parte referente al trámite del proyecto de reforma constitucional, dicen expresamente que los tiempos de las interrupciones serán computados al Comité del señor Diputado que las solicite. La lectura de corrido que de ellos hizo el señor Secretrio dejó la impresión que se refería a un sólo todo. Sin embargo, después de una lectura detenida del texto del número cinco, en relación con este proyecto de reforma agraria -en que se concede un tiempo determinado a cada Comité- no se establecen las mismas condiciones que rigieron para la discusión de la reforma constitucional. Pero, en la reunión de Comités, en todo instante, se entendió que la norma establecida respecto al primer proyecto valía para el segundo. Ahora, si en este instante, por interpretación de los acuerdos de Comités, los señores Diputados estiman que las interrupciones serán de cargo del tiempo del señor Diputado que las obtenga, habrá que resolver el problema de discrepancia respecto de los tiempos que ya han sido usados. Nosotros tenemos el propósito de dar toda clase de facilidades para que este proyecto de reforma agraria sea despachado lo antes posible por el Congreso. Pero en estos instantes nos vemos abocados a una situación de hecho, ya que si no damos asentimiento respecto a los tiempos ocupados, no habrá acuerdo para el futuro. Esto significaría una serie de interrupciones que prolongarían el debate, no sólo hasta la hora fijada para votar el proyecto, sino hasta las 24 horas de mañana viernes, o sea, hasta el término de la legislatura extraordinaria de sesiones. Precisamente, eso fue lo que se quiso evitar. Por eso, en todo momento, predominó la idea que he señalado. Frente a esta situación, nosotros damos acuerdo para que no se computen los tiempos ya usados, a fin de que, de aquí en adelante, se aplique el mismo procedimiento que en la reforma constitucional. El señor ISLA (Vicepresidente).- Lo que ha dicho Su Señoría es lo mismo que la Mesa ha querido expresar. El señor SILVA ULLOA.- Pido la palabra. El señor ISLA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala a fin de conceder la palabra a los Honorables señores Naudon y Silva Ulloa. Acordado. El señor RIOSECO.- Yo también pido la palabra, con cargo a mi tiempo. El señor ISLA (Vicepresidente).- Oportunamente, voy a recabar el asentimiento de la Sala para concedérsela. Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Naudon. El señor NAUDON.- Señor Presidente, tanto la Mesa como el Honorable señor Acevedo se preocupan, con mucha razón, del tiempo que se ocupa en el debate. Sin embargo, el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, hasta este instante, después de más o menos quince minutos de exposición, no ha entrado en la materia que específicamente le corresponde tratar, cual es el financiamiento del proyecto. Se ha limitado a repetir un planteamiento, con ideas nuevas, muy interesantes, sobre el fundamento político de la reforma agraria. Creo que, con el mismo criterio con que a nosotros se nos restringe, con razón, el uso de la palabra, el Diputado informante debe limitarse a informar acerca del proyecto, en conformidad con el Reglamento, y no dedicarse a hacer un planteamiento general, de tipo, político, sobre la reforma agraria. Nada más. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Silva Ulloa. El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, estoy perfectamente de acuerdo con lo que ha planteado el Honorable señor Acevedo. Sólo deseo adicionar su proposición, pidiendo a la Mesa que recabe el asentimiento de la Cámara para adoptar el acuerdo de declarar cerrado el debate y votar en general el proyecto a las tres de la tarde de mañana. El señor ISLA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para proceder en la forma indicada por el Honorable señor Silva Ulloa. El señor ZEPEDA COLL.- No, señor Presidente. El señor RODRIGUEZ (don Juan).- No. El señor RIOSECO.- No. El señor ISLA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. Solicito la venia de la Sala para conceder la palabra, por dos minutos, al Honorable señor Rioseco... El señor MONTES.- Con cargo a su tiempo. El señor ISLA (Vicepresidente).- ... en cargo al tiempo de su Comité. El señor DUEÑAS.- ¡Ha hablado todo el día! El señor ISLA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor RIOSECO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable señor Maira? El señor MAIRA.- Con todo gusto. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, hace unos instantes, hemos oído a nuestro Honorable colega señor Maira, Diputado informante de la Comisión de Hacienda... El señor ISLA (Vicepresidente).- Excúseme, Honorable señor Rioseco. A fin de ordenar el debate, solicito nuevamente el acuerdo de la Honorable Cámara, a fin de que, a partir de este instante, todas las interrupciones que se concedan sean con cargo al tiempo del Comité del Diputado que las solicite. El señor ARAVENA (don Jorge).- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ISLA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra, por un minuto, al Honorable señor Aravena, don Jorge. Acordado. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor ARAVENA (don Jorge).- Señor Presidente, por la importancia del problema que estamos tratando, me parece que debe haber una reunión de Comités, para establecer la forma en que se tratará este proyecto. No es lógico dilucidar este punto durante el debate mismo. El señor ZEPEDA COLL.- ¡Claro! El señor ISLA (Vicepresidente).- El procedimiento ya ha sido determinado por los Comités. Esta cuestión se ha suscitado por el hecho de que hay una omisión en el texto del acuerdo de los Comités. Precisamente, la Mesa está recabando el asentimiento unánime de la Sala a fin de obviar este inconveniente y continuar la discusión del proyecto. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para proceder en la forma indicada por la Mesa. Acordado. Puede continuar el Honorable señor Rioseco. El señor RIOSECO- Señor Presidente, dejo en claro que estoy haciendo uso de una interrupción concedida por el Diputado informante de la Comisión de Hacienda. El Honorable señor Maira está planteando los fundamentos teóricos, económicos, que justifican una reforma agraria, pero lo hace en forma tal, que del contexto de sus frases, de su discurso, se desprende que por primera vez el Parlamento Nacional discute una iniciativa sobre la materia. La verdad de las cosas es que las cifras, los datos, los antecedentes, inclusive las citas que él proporciona, fueron conocidos por la Honorable Cámara hace mucho tiempo, cuando se discutió el proyecto de la que posteriormente fue la ley Nº 15. 020. En la Honorable Cámara y en el país hay conciencia de la necesidad de realizar una reforma agraria. Pero esta inquietud, ¿es de ahora? El comienzo de la reforma agraria ¿es de 1965, como decían los calendarios que el Gobierno repartió profusamente, por todo el país, durante la última campaña parlamentaria? ¿Acaso la conciencia que se ha ido formando en el país a lo largo de toda su historia, es patrimonio exclusivamente de la Democracia Cristiana? ¿Acaso un correligionario nuestro, Pedro Aguirre Cerda, no planteaba ya en 1923 el problema agrario chileno, en un libro que ha hecho historia en el país y que determinó el potente movimiento del Frente Popular, movimiento que produjo una verdadera revolución en el plano industrial e introdujo algunas mejoras en el sistema de la explotación agrícola, a través de la mecanización y de la utilización del crédito? Y en 1961, ¿no fue sacudido el país por la Vigésima Convención Radical en que el partido proclamó la necesidad de una reforma agraria y acordó ingresar al Gobierno del Presidente Alessandri para realizarla o, por lo menos, para crear la conciencia de esta necesidad en la opinión pública? Después ¿no se reunieron en Punta del Este todos los países de Latinoamérica para analizar este problema, precisamente, sobre la base de las mismas formulaciones teóricas que el señor Maira está haciendo ahora, con aspecto novedoso, repitiendo cifras que están en los boletines, en los avales de la Cámara? ¿No fue ahí donde Chile hizo este mismo planteamiento? ¿No se generó ahí también la ley Nº 15. 020? Los Honorables colegas de la Democracia Cristiana quieren ignorar esta ley. Sin embargo, de sus 104 artículos, han dejado vigente 84. Y esto, porque el problema de la reforma agraria es mucho más profundo que lo que en este proyecto se quiere establecer. La necesidad de una reforma agraria en el país nació hace muchos años. Precisamente, fueron los agricultores chilenos los que impidieron que el sistema de tenencia de la tierra fuese teniendo una estructura menos rígida. Como se negaron sistemáticamente a una tributación adecuada en la agricultura, no se produjo la debida acomodación entre la capacidad empresarial y el régimen de tenencia de la tierra. Las raíces de este problema son, pues, muy antiguas. Pudo ser evitado, si el país hubiera tenido una actitud distinta después de la guerra de 1879, cuando pasó por un proceso de verdadera ebriedad. Creyendo que la riqueza sería permanente, se negó a gravar la producción agraria, la tierra, y vivió exclusivamente de la minería del salitre. Con posterioridad, los agricultores que no entendían su función, negaron sistemáticamente al campesinado la posibilidad de participar en el movimiento social que, en los medios urbanos se generó entre los años 1920 y 1925, y que, a través del Código del Trabajo, permitió relaciones más adecuadas entre el capital y el trabajo. De ahí, entonces, que la estructura agraria nuestra permanezca en una situación de rigidez absoluta y de ahí la necesidad de la reforma agraria, desde este punto de vista. Pero, para superar los gravísimos problemas que ha planteado hoy día el Honorable señor Maira, es indudable que no sólo debe corregirse la estructura de la tenencia de la tierra, sino que deben modificarse todas las condiciones que, desde el punto de vista social, económico y político imperan en el agro. Por eso, extraño que el Honorable señor Maira venga a plantear estas cosas como si fueran una novedad. ¿Por qué no revisa los anales de la Cámara? ¿Por qué no ve los informes, los boletines donde han aparecido repetidamente las cifras que él está dando? Estamos conscientes de la necesidad de una reforma agraria. De ahí que la Democracia Cristiana haya omitido decir que, de la ley Nº 15. 020, se mantienen más de 84 artículos y que, de los 20 restantes, algunos se modifican, en cierto sentido, no sustancialmente. Pero esa rígida estructura agraria que se quiere corregir, ¿es corregida realmente por el proyecto en debate? Yo creo que ésa es la cuestión. Quisiera que el Honorable señor Maira planteara derechamente esta cuestión y también se refiriera a las muchas e inconmensurables situaciones de excepción, respecto de la expropiabilidad, que hay en este proyecto de ley. La señora LAZO.- ¡No puede ser.! El señor RIOSECO.- Así es, Honorable Diputada, y en la discusión particular tendremos oportunidad de demostrar las injusticias que hay detrás de algunos artículos, donde se pretende amparar, yo no sé si por error, determinadas situaciones especiales. Yo quisiera entrar a discutir si este proyecto de reforma agraria corrige o no la rigidez de la estructura de la tenencia de la tierra y ver si acaso no generará otra más rígida, como es la del minifundio, que, por lo demás, no ha sido tocado en esta oportunidad. Pero no nos vengan a decir con cifras manidas, que ellos son los inventores de la reforma agraria, poco menos que en el mundo. Hay conciencia nacional sobre la necesidad de la reforma agraria, porque el Partido Radical la trajo al tapete de la discusión pública, primero, en 1923, con don Pedro Aguirre Cerda, después con el Frente Popular, y últimamente, en 1961, a través de su Vigésima Convención. Muchas gracias, Honorable Diputado. El señor ISLA (Vicepresidente).- Señor Diputado informante, el Honorable señor Pedro Urra le solicita una interrupción. El señor MAIRA.- Se la concedo con todo agrado. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Urra. El señor URRA.- Señor Presidente, seré muy breve. Con mucho respeto, debo decir que lo que ha señalado el Honorable señor Rioseco no es efectivo. El ha manifestado que en los anales de la Cámara consta que la discusión del tema de la reforma agraria ha permitido, en otras oportunidades, por una parte, recibir y, por otra, entregar un gran acopio de antecedentes financieros, económicos o sociales. Eso no es efectivo, y lo puedo demostrar inmediatamente. Tengo en mis manos las actas de la discusión en la Honorable Cámara de la ley Nº 15. 020, y en ellas consta que ni en la Comisión de Agricultura y Colonización, ni en la Sala, hubo tiempo suficiente para conocer los antecedentes que el país en ese momento exigía. Por ejemplo, podría señalar que durante el debate de ese proyecto en la Corporación, cuando el Diputado señor Renán Fuentealba fundamentaba en nombre de la Democracia Cristiana el proyecto de reforma agraria presentado por nosotros en aquella oportunidad, un representante del Frente Democrático se opuso a que se le concediera el tiempo suficiente para exponer en profundidad nuestro pensamiento. La ley N° 15. 020 fue discutida en la Cámara "entre gallos y media noche", diría yo. No hubo tiempo para recibir todas las informaciones. Esto lo pueden confirmar con mayor autoridad los Honorables colegas de estos bancos que formaban parte de esta Corporación en el período pasado. En cuanto a las críticas formuladas al Honorable señor Maira, debo manifestar que la reforma agraria no es una isla ni tampoco una torre de cristal; no es ajena al resto del programa de desarrollo económico ni puede desligarse de consideraciones de orden social y político. Estas tienen que plantearse obligadamente en un informe de esta naturaleza, porque nosotros hemos abierto debate nacional sobre la materia y queremos que el país conozca con exactitud las razones que inspiran este proyecto. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Maira. El señor RIOSECO.- ¿Me concede una interrupción, Honorable colega? El señor MAIRA.- Con mucho gusto. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Rioseco. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, lamento que el Honorable señor Urra haya sido tan casuístico en sus aseveraciones. De los Honorables Diputados de la Democracia Cristiana que formaban parte de esta Corporación en el período pasado, en este momento, lamentablemente, no veo más que al Honorable señor Cancino. Creo que él podría corroborar que en la Comisión de Agricultura y Colonización se entregaron todos estos antecedentes, vale decir, las cifras de erosión, modificadas, lógicamente, tal vez más actualizadas o quizás las mismas; los datos sobre tenencia de la tierra, sus condiciones de productividad, su superficie, etcétera. Todo ello consta en actas. Lamento que el Honorable señor Urra no se haya dado el trabajo de revisarlas, aunque tal vez tenga razones para no hacerlo, porque, influido por la propaganda democratacristiana, cree que la reforma agraria nació el 4 de noviembre de 1964. Además, el antecedente casuístico proporcionado por el Honorable señor Urra, basado en la lectura de un tomo de los boletines de la Cámara de Diputados, puede ser rebatido fácilmente. Quiero recordar que en el período pasado, cuando se discutió el proyecto de reforma agraria en la Comisión de Hacienda, los Diputados de la Democracia Cristiana no concurrieron. El actual Senador señor Gumucio asistió creo que 10 minutos, y después sus parlamentarios votaron en contra, incluso de la idea de legislar. En consecuencia, querían que el proyecto fuera rechazado. Ni siquiera les interesaba perfeccionarlo, para decir, si triunfaba en las elecciones, y como lo hicieron, que ellos eran los padres y señores de esta reforma agraria y de este régimen comunitario que se inicia en Chile. ¡Caramba que son orgullosos! Pero este proyecto sólo es una modificación de la ley Nº 15. 020, porque deja subsistentes más de cien de sus artículos, y modifica 20, cambiando sólo algunos aspectos, como el régimen de asignaciones de las parcelas. Pero en este punto hay problemas bastante discutibles. Así, por ejemplo, el proyecto no considera a la clase media agraria, sin tierras o con tierras escasas, que es tal vez la que en este país tiene la más alta capacidad empresarial. Yo lo puedo decir, porque lo he comprobado en mi provincia. En ella se han hecho dos parcelaciones en virtud de la ley Nº 15. 020: una, con elementos de la clase media agraria, sin tierras, en el fundo "San Gerardo"; la otra, con campesinos, a los cuales, bajo una fuerte presión social, se les entregó un fundo. Ambos predios tenían anteriormente el mismo tipo de administración. Estaban administrados por el Servicio Nacional de Salud, a través de agrónomos, expertos y algunos técnicos alemanes en remolacha. En el predio donde se radicó a colonos de la clase media, la producción ha aumentado en un 200%. En cambio, en el otro, por fallas de diverso orden, de asistencia técnica, de cultura media, de capitales, etcétera, desgraciadamente para el interés nacional y el de los propios asignatarios, la producción ha bajado en más de un 50%. ¿Se cometieron errores en las parcelaciones? Sí, pero su repetición puede costarle demasiado caro al país. De aquí nuestra aprensión por este sistema de reforma agraria que va a dejar excluida, aunque no en la letra de la ley, pero sí en su forma y mecanismo, a este importante sector de la ciudadanía que es la clase media agraria, con o sin tierras. El señor Ministro de Agricultura y el señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma Agraria, han ignorado la existencia de este sector. Ellos dicen que van a crear esta clase media agraria. ¡Lo van a hacer todo! Esa clase media agraria no está estructurada. Por eso no la van a encontrar si siguen sentados en sus escritorios. Pero nosotros, los parlamentarios que vivimos en provincias, especialmente en la zona sur del país, la vemos todos los días. Esa gente está ansiosa por tener tierras, que podría trabajar, pues sabe cómo hacerlo. Sin embargo, en virtud de estas disposiciones, no va a-tener acceso a ella y será defraudada. Por ello, deseo intervenir en el debate, para abordar todos estos aspectos; pero primero debo declarar enfáticamente que no hay novedad alguna en los planteamientos que hoy han hecho el Honorable señor Maira y la Democracia Cristiana. Porque, repito, más de 80 artículos de la ley Nº 15. 020 se conservan intactos en este proyecto y todos los antecedentes socio-económicos fueron entregados oportunamente en el seno de las Comisiones, cuando se discutió esa iniciativa. Si el debate de la Cámara no se pudo realizar en forma amplia fue debido a la oposición del sector de la Democracia Cristiana de aquel entonces. Muchas gracias, Honorable señor Maira. Nada más. El señor ISLA (Vicepresidente.- Puede continuar el Honorable señor Maira. El señor MAIRA.- He concedido una interrupción al Honorable señor Cancino, señor Presidente. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Cancino. El señor CANCINO.- Señor Presidente, como he sido aludido por mi Honorable colega... El señor RIOSECO.- Doble colega. El señor CANCINO.- ..., doble colega, señor Rioseco, deseo formular algunas consideraciones. Ha dado a entender Su Señoría que en el período pasado los Diputados democratacristianos no demostraron mayor interés por el proyecto de reforma agraria de esa época,... El señor LAEMMERMANN- No ha dicho eso, Honorable colega. El señor CANCINO.- ... propiciado por el Frente Democrático. Tal fue el interés nuestro en la Comisión de Hacienda, en la cual participaba el Honorable señor Gumucio y, si mal no recuerdo, también el Honorable señor Lorca, don Alfredo, que presentamos como indicación un proyecto completo de reforma agraria, que reflejaba el pensamiento de la Democracia Cristiana. Por supuesto, esa indicación fue rechazada, porque éramos minoría. Indiscutiblemente, son efectivas en parte algunas de las afirmaciones del Honorable señor Rioseco, porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Es cierto que gran parte de la información acumulada cuando se estudió ese proyecto de reforma agraria, hoy ley Nº 15. 020, fue también dada a conocer en la Cámara de Diputados; pero el Honorable señor Rioseco tendrá que reconocer que, si bien es cierto que ese proyecto se presentó con buen espíritu, el tiempo ha demostrado la inoperancia de la actual ley Nº 15. 020. El señor LAEMMERMANN.- No alcanzó a aplicarse. El señor CANCINO.- Por eso, Honorable colega, estamos modificando estas normas, a fin de procurar que este instrumento legal, que no ha sido operante hasta ahora, llegue a serlo, para poder realizar la reforma agraria en nuestro país. Nada más. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor MAIRA.- Señor Presidente, al proporcionar a la Honorable Cámara ciertas cifras o datos, lo he hecho sólo como una introducción al informe que estoy rindiendo. Es probable que estos antecedentes no sean una novedad. Por lo demás, no pretendo que lo sean. Sin embargo, he notado que frente a este propósito de entregar antecedentes, que son elementos de juicio para la Honorable Cámara, se adopta una actitud que no está en concordancia con el tono en que se desarrolla la exposición. Se quiere desmentir apresuradamente lo que se dice, afirmando, además, que las aseveraciones que se hacen no pertenecen o no son del patrimonio intelectual de quien las exprese. Por cierto que es así. Por otra parte, quien proporciona los antecedentes no lo hace con el ánimo de polemizar respecto de ellos sino con el propósito de entregar datos básicos que conviene tener presentes para referirse posteriormente a las disposiciones del proyecto. El Honorable señor Rioseco ha aludido a una cierta omisión en que habría incurrido al referirme a la ley Nº 15. 020. Por mi parte, declaro que no ha sido el propósito del Diputado informante silenciar esa referencia. No aludí a esa materia, simplemente porque no había planteado aún el problema de la legislación positiva chilena, lo cual haré a continuación. Pero antes, deseo manifestarle al Honorable señor Rioseco que la ley N° 15. 020, promulgada en noviembre de 1962 durante los dos años en que fue aplicada por los equipos económicos que entonces dominaban, arrojó como saldo la constitución de sólo 491 propietarios agrícolas. Dice también el Honorable señor Rioseco que el proyecto que nos ocupa es una repetición de la ley Nº 15. 020 y que nosotros hemos impuesto deshonestamente a esta iniciativa nuestra paternidad intelectual. Al respecto, yo deseo hacer al Honorable colega una sola pregunta. ¿Por qué las sociedades agrícolas, que aceptaron entusiasmadas la ley Nº 15. 020, ahora han desatado en contra de este proyecto -que según Su Señoría sería igual a la ley anterior- una campaña persistente? Y no sólo han atacado las disposiciones de] proyecto en discusión, sino que también a las personas que dirigen la política agropecuaria del país. A mí me parece que esta campaña obedece a una sola razón. Si bien se han recogido ciertos conceptos y expresiones jurídicas bastante adecuadas que contiene la ley N° 15. 020, la formulación teórica del problema es diferente en este proyecto. Además, yo me atrevería a decir, sin el ánimo de ofender ni a Su Señoría ni a nadie, que hay una voluntad distinta para proceder a la aplicación del texto legal. Y es por esta diferente voluntad y disposición de ánimo, y no tanto por el articulado que puede ser similar en parte, que nacen las críticas y se desencadenan los ataques de las Sociedades de Agricultores. Esta actitud proviene del temor de quienes detentan privilegios que no han sido tocados nunca en la historia económica del país y que ahora sí que serán afectados por el proyecto de reforma agraria que el Congreso Nacional va a despachar. El señor SOTA.- Ahí está la diferencia. El señor MAIRA.- He concedido dos interrupciones, señor Presidente: a la Honorable señora Lazo y al Honorable señor Zepeda Coll. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia del señor Diputado informante, tiene la palabra la Honorable señora Lazo. La señora LAZO.- Señor Presidente, sólo deseo recordarle al Honorable señor Maira que, cuando se decidía el destino de Chile entre una revolución verdadera y otra de pacotilla, la Derecha chilena, la dueña de la tierra en Chile, se definió por la que para ella era garantía, desde el punto de vista económico. Nada más; y muchas gracias, Honorable colega.   -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia del señor Diputado informante, puede hacer uso de una interrupción, el Honorable señor Zepeda Coll. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- ¡Honorable señor Palestro! ¡Honorable señor Sotomayor! Ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio. El señor ZEPEDA COLL.- Señor Presidente, es poco lo que se puede agregar... -Hablan varios señores Diputados a ¡a vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- Honorable señor Sota, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio. El señor ZEPEDA COLL.- ... después de la brillante intervención del Honorable señor Rioseco, quien, en forma elocuente, ha expuesto el punto de vista de su colectividad política frente a un problema tan importante como el que ahora discute la Honorable Cámara. El Honorable señor Maira ha dado lectura a una serie de discursos de estadistas... La señora LAZO.- ¿Para qué nos engañamos ? -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- Honorable señora Lazo, Honorable señor Urra, la Mesa les ruega guardar silencio. El señor ZEPEDA COLL.- ... dando-nos, con ellas, una visión panorámica del aspecto político de la reforma agraria. Su Señoría manifestaba que precisamente esta iniciativa pretende obtener un objetivo que es la clara demostración, por parte del actual Gobierno, de terminar con lo que él llama una especie de "oligarquía agraria", con el poder económico que, según el Honorable colega, detentan, en su mayor parte, los grandes propietarios. Me habría gustado que el Honorable señor Maira hubiera mantenido ayer el mismo criterio que ha sostenido esta tarde en nombre de su partido... El señor MAIRA.- ¡Soy Diputado informante ! El señor ZEPEDA COLL.- ... cuando gran parte da esta Cámara, Diputados integrantes de la minoría, propugnaba por la dictación de normas que impidieran un privilegio notable en favor de otra clase de oligarquía, como es la que representan las compañías extranjeras en nuestro país. La señora LAZO.- La Anaconda. El señor ZEPEDA COLL.- No obstante se nos criticó porque pretendíamos igualdad jurídica y de condiciones frente a las inversiones extranjeras. Pedíamos que tuvieran iguales franquicias las inversiones chilenas. Hemos sido sinceros y francos en nuestros planteamientos. Hemos defendido el derecho de propiedad y no lo hemos negado. Sobre todo, hemos afirmado que es justo respetar el derecho de propiedad de los chilenos y no permitir que se les despoje de él, en circunstancias que hemos amparado ese mismo derecho para empresas que, muchas veces, no están constituidas en nuestro territorio. El señor FIERRO.- Eso es muy grave. El señor ZEPEDA COLL.- Eso mismo corresponde a una filosofía planteada a través de muchos años por actuales dirigentes de la Democracia Cristiana. Porque ayer la minoría de esta Cámara dijo algo muy parecido a lo que sostuvieron, en tiempos pretéritos, personeros de la Falange Nacional, actualmente Democracia Cristiana. Habríamos deseado que el actual partido de Gobierno hubiese mantenido y defendido ese mismo criterio. Incluso me atrevería a aventurar un juicio. Quisiera, por un instante, desdoblar mi personalidad y mi pensamiento para responder al Honorable señor Maira, cuando dice que existen oligarquías agrícolas. Si lo reconociéramos, en todo caso es preferible que en nuestro país impere una oligarquía nacional y no una extranjera. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZEPEDA COLL.- El Honorable señor Maira, al hablar de los latifundios, de los propietarios que poseen más de dos mil hectáreas, dio altas cifras de proporcionalidad respecto de la tierra; pero se cuidó mucho de contestar la consulta que le formulé en el sentido de que precisara si se trataba de superficies aradas o regadas. Porque en un cuadro muy completo, incorporado al boletín en que figura el informe de la Comisión de Agricultura y Colonización, cuya fuente es el Censo Nacional Agrícola Ganadero del año 1955, se habla de proporciones y se clasifican los terrenos. Me gustaría que el Honorable señor Maira estableciera si esos 1. 700 propietarios a quienes se refirió tienen relación con la mayoría de los predios de superficies arables o regadas, o no. Sería interesante que precisara su pensamiento en este aspecto. El Honorable colega señor Maira es muy brillante y elocuente, y, hasta cierto punto, todos le envidiamos su elocuencia, porque desearíamos tenerla también nosotros. Pero queremos que esa elocuencia sea acompañada de datos verídicos acerca de cada uno de los problemas sobre los cuales le consultemos. Uno de ellos es el planteado en mi pregunta, que desearía me contestara. Cuando él hacía esta disquisición política, contaba con el asentimiento, apoyo y respaldo de sus colegas y correligionarios, quienes, en verdad, han faltado en gran número en esta sesión, porque no hay aquí más de doce o trece, por cuyo motivo en este instante la mayoría la constituye, precisamente, la Oposición. En especial tenía el respaldo del Honorable señor Sota. Cuando observo las actitudes del Honorable colega señor Sota y miro sus respetables barbas que le dan un aspecto de patriarca, pienso que a veces se desdobla. En efecto, en algunas oportunidades nos encontramos frente a un patriarca que actúa como bizantino al hacer sutiles disquisiciones respecto de cada problema planteado. Otras veces, con su calma, con su mirada digna de un mártir, nos recuerda el circo de Roma y a los primeros cristianos cuando estaban frente a los leones, o a un gladiador que, dirigiéndose al César, le dice: "Ave César imperator, morituri te salutant. " Mi Honorable colega, por quien siento respeto, porque debo reconocer que le profeso una gran estimación, durante la discusión de cada problema tiene los gestos enigmáticos que le conocemos y que no sabemos si corresponden a una aprobación, a un rechazo o a una simple actitud sarcástica frente a quien habla, porque no hay diferencia en ellos, ya se trate de algún correligionario o de algún contrario. Vuelvo al tema en debate, antes de que la Mesa me llame la atención. Quisiera que mi Honorable colega señor Maira respondiera, concretamente, sí esta cifra de 1. 700 propietarios se refiere a las áreas regadas o a las arables que menciona el informe de la Comisión. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Maira. El señor MAIRA.- Voy a contestar aquella parte de la exposición del Honorable señor Zepeda que tiene relación con la materia en debate. He dado un antecedente fundado, porque he dicho que, de la superficie del territorio nacional con capacidad agrícola, el sesenta y tantos por ciento estaba en manos de 1. 700 propietarios, quienes representaban un poco más del 1, 1% del total de ellos. Es decir, esta cifra global se refiere a aquella parte del territorio nacional susceptible de aprovechamiento agrícola. El desglose de esta cifra indica el área propiamente arable y el área regada, antecedentes que provienen de los mismos estudios, esto es, los correspondientes al censo agropecuario de 1965 y al informe del CIDA, basado en la Dirección de Estadística y Censos de 1960, ' cada uno con los tramos y porcentajes exactos. Estos antecedentes fueron puestos a disposición de la Comisión de Agricultura y Colonización, la que tomó conocimiento de ellos. Por lo tanto, repito al Honorable señor Rioseco que no los elaboré en mi escritorio. Naturalmente, por su complejidad, requieren ser analizados exhaustivamente, pues son susceptibles de una interpretación bastante amplia. En todo caso, las cifras, cuadros y antecedentes que he usado en esta exposición quedarán a disposición de la Mesa, como ya lo están, por lo demás, y cada parlamentario podrá hacer las ponderaciones personales que le parezcan interesantes al tomar conocimiento de la totalidad de estos datos. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Me permite, Honorable colega? El señor MAIRA.- Con todo gusto. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia del señor Diputado informante, tiene la palabra el Honorable señor Zepeda. El señor ZEPEDA COLL.- Precisamente tenía mis motivos para formular esa consulta al Honorable Diputado informante de la Comisión de Hacienda, porque, de acuerdo con la realidad de nuestro país y que se proyecta en casi todas las zonas agrarias, existe una diferenciación profunda en cuanto a las diversas clases de terrenos, sean éstos regados o no. Incluso la propia tabla fijada por el Ministerio de Agricultura y que más tarde fue concretada en una indicación del Ejecutivo hace esta diferenciación. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de 80 o de 100 hectáreas regadas que de 10. 000 hectáreas, que en la práctica, no son aptas para la agricultura. Nací en una zona donde una de las actividades es la agricultura. Y allí vemos permanentemente que muchos predios de una extensión relativa son improductivos cuando no se dan las condiciones climáticas favorables. Ese es el caso de las haciendas cordilleranas, las cuales pueden tener 5. 000 ó 10. 000 hectáreas y no constituir, siquiera, una unidad económica. Por eso, considero muy necesario, frente a cualquier cifra que se esgrima como fundamento de este proyecto, especificar con claridad y precisión a qué tipo o clase de terreno se refieren, si son arables, susceptibles de ser aprovechados agrícolamente o regados, porque las diferencias son profundas. Nada más. El señor ISLA (Vicepresidente).- Señor Diputado informante, el Honrable señor Rioseco le solicita una interrupción. El señor MAIRA.- Previamente quisiera exponer... El señor ISLA (Vicepresidente).- Entonces, la otorgará "a posteriori". El señor MAIRA.- No es mi ánimo polemizar respecto de las cifras, en este momento en que me propongo iniciar el estudio de la parte jurídica del informe. No sé si los demás colegas estarán dispuestos a escuchar una exposición unitaria y coherente de todas las partes referentes al financiamiento y efectuar la discusión al final de la exposición que deseo hacer. Varios señores DIPUTADOS- ¡Exacto! El señor MAIRA.- Señor Presidente, para cumplir... El señor IBAÑEZ.- ¡El Honorable señor Rioseco le ha hecho una pregunta a Su Señoría! El señor MAIRA.- ... los propósitos que se han expresado, destinados a corregir... --Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RIOSECO- Señor Presidente, he pedido una interrupción. El señor MAIRA.- ... las disposiciones y fallas de la producción agropecuaria y la situación social imperante en el campo chileno... El señor IBAÑEZ.- ¡Que conteste la pregunta! El señor MAIRA.- ... es importante tener en cuenta que se requiere contar con un verdadero sistema jurídico, con un conjunto de normas de carácter legal en que se vayan recogiendo distintas iniciativas. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Diputado? El Honorable señor Rioseco tiene dudas acerca de si aceptó o no concederle una interrupción. El señor MAIRA.- Concederé las interrupciones al final de mi exposición; no antes. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor RIOSECO.- La Mesa me manifestó que el Honorable señor Maira me concedería una interrupción ahora. El señor MAIRA.- Diversas disposiciones legales han sido impulsadas y patrocinadas en el curso de los últimos meses... El señor RIOSECO.- ¡No se atreve a contestar! El señor MAIRA.- ... deberán ser motivo de fundamental preocupación, en los próximos años, en el Parlamento chileno y en el debate nacional. En este último tiempo, ha venido naciendo un verdadero sistema jurídico nuevo, cuyos hitos fundamentales son: la ley Nº 16. 250, que equiparó el salario mínimo agrícola con el salario mínimo industrial; la ley Nº 16. 632, de 5 de noviembre de 1965, que mantuvo las regalías y subió el salario mínimo campesino del 50 al 75%; respecto de su pago en dinero y, en el curso de este año, dos textos legales muy importantes, como son la ley Nº 16. 465, de 23 de abril, que prohibe la división, parcelación e hijuelación de determinados predios; y la ley Nº 16. 467, de 3 de mayo, sobre pago del impuesto territorial, que favorece con la exención de la contribución de bienes raíces a los predios de avalúo igual o inferior a 5 mil escudos, favoreciendo a cientos de miles de pequeños y medianos agricultores. Como un complemento de todos estos proyectos, de gran importancia nacional, que han ido surgiendo en estos meses para mejorar la situación de los sectores campesinos y de las áreas rurales, el proyecto de reforma agraria que hoy día conoce la Honorable Cámara aparece como su cúspide y, en algún sentido, podríamos decir que es su centro, su corazón. El proyecto de reforma agraria viene a ser el motor de este conjunto de normas y disposiciones a las que activará, vitalizará y permitirá su más pleno desarrollo y aplicación. Por ello resulta importante saber que junto a él, y como su corolario, tendrán que venir, más tarde, también para su aprobación como ley de la República, proyectos que favorezcan una más amplia sindicación campesina, en reemplazo de la absurda ley Nº 8. 811, y otros, que garanticen, efectivamente, el cumplimiento de la legislación social en los campos, estableciendo mecanismos verdaderamente eficientes y eficaces, en beneficio de los sectores campesinos; y también muchísimas otras iniciativas sobre materias como tributación, créditos agrícola, nueva política agropecuaria, formulada en su integridad, que servirán a la formación y al perfeccionamiento de nuestro mundo rural y al desarrollo de nuestra producción agropecuaria. Dentro de este conjunto de importantes iniciativas, llega hoy el proyecto de reforma agraria, que modificando, complementando y haciendo efectiva en muchos aspectos, la ley Nº 15. 020, ha merecido, más que ninguna otra disposición análoga en la materia que se haya dictado en algún país hermano en América Latina, una recepción y una acogida muy favorable de la opinión pública interna y externa y de los organismos internacionales especializados. Quisiera citar sólo una opinión al iniciar la parte jurídica de mi exposición sobre el proyecto. Ella fue emitida por el señor Hernán Santa Cruz, Director Adjunto de la FAO para América Latina, quien, en la ciudad de Buenos Aires, expresó que coincidían en que el acontecimiento de mayor importancia del año último en esta materia era la presentación del proyecto de reforma agraria del Gobierno de Chile, el que, evidentemente, ha procurado ajustarse, de manera muy estricta, a las normas del sistema interamericano y del de las Naciones Unidas, tanto en los aspectos sociales, económicos y humanos, como en los constitucionales y legislativos. El señor RIOSECO.- Solicito una interrupción, señor Presidente, sobre este punto. El señor MAIRA.- Ya he fijado el procedimiento. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MAIRA.- Es conveniente, por esa razón saber que el proyecto de reforma agraria ha sido ampliamente discutido en esta Corporación, tanto en las Comisiones como hoy día, en la Sala. En la Comisión de Hacienda ha sido estudiado en efecto en su integridad. Ciertamente, ella ha acentuado su preocupación por los aspectos propiamente financieros: su financiamiento e indemnizaciones en caso de expropiaciones. En todo caso, ella ha conocido someramente, el conjunto de disposiciones que, como un sistema coherente y vertebrado, presenta el proyecto, en su característica más esencial. Este análisis, muy elemental, que estoy haciendo es para mostrar la naturaleza del sistema del proyecto y las diferencias que registra en relación a la ley Nº 15. 020. La primera diferencia fundamental que es necesario hacer presente el hecho de que este proyecto de reforma agraria contempla, como única forma de adquirir la tierra, respecto del sector privado, el mecanismo de la expropiación, terminando y suprimiendo un sistema que presentó muchos inconvenientes y que, en no pocas ocasiones, dio origen a deficiencias de carácter administrativo, e incluso a corruptelas, que fueron denunciadas ante la opinión pública, como fue el sistema de la venta privada de tierras, que condujo al Estado a adquirir terrenos inconvenientes y de superficies inadecuadas para aplicar en ellos un proceso de reforma agraria. En estas circunstancias, la Comisión de Hacienda, en su estudio del proyecto, ha tenido en cuenta que hay aquí un complemento también de la ley Nº 15. 020, en lo relativo a las normas para la expropiación; es decir, del sistema de causales que son el mecanismo a través del cual se pone en movimiento el procedimiento que esta legislación nueva estatuye. Y, en este sentido, es importante saber que representa un respaldo y un resguardo muy importante de destacar, respecto de las actividades productivas de los empresarios agrícolas a los que aquí se ha hecho referencia. No obstante, ello no excluye, desde ningún punto de vista, la posibilidad de la expropiación de cualquier tipo de tierra que aconseje el interés social. Lo que sí hace el proyecto, en este punto, es establecer un sistema especial -que más adelante tendré ocasión de demostrar- para pagar, de manera distinta y en diferentes condiciones, a cada uno de los propietarios, según el aprovechamiento que anteriormente haya hecho de las tierras que poseía y según la forma como él ha contribuido, con su esfuerzo y trabajo, a incrementar la cantidad de bienes de que el país dispone en el campo agropecuario. En este punto, cabe destacar en el conjunto del proyecto, la idea básica que deseo reafirmar esta tarde frente a la Cámara, de que el sujeto de la reforma agrario es el campesino, a quien se le reconoce su importancia, sobre todo en un concepto precisado y definido por la misma_ ley. En esto se diferencia de otros proyectos o preceptos de carácter legal de nuestro país y de otros países, en los cuales, junto al campesino, colocado, muchas veces, por su situación social y económica desmedrada, en condición inferior entraban a competir pequeños y medianos agricultores de cierta significación eco- nómica, y lo que es más absurdo, también profesionales, los que, evidentemente, tenían una mayor capacidad desde el punto de vista de los conocimientos, del manejo de la técnica y de las oportunidades sociales y el patrimonio económico para trabajar y obtener la adjudicación de las tierras asignadas por el Estado, con preferencia sobre, los campesinos. Estos, naturalmente, en un sistema de competencia, en la generalidad de los casos resultaban postergados. No deseo cansar a la Cámara con estadísticas. No es ello mi ánimo, ni mi propósito. Pero el país conoce los antecedentes que, primero la Caja de Colonización Agrícola y después la Corporación de Reforma Agraria han proporcionado sobre el origen y condición social y económica de las personas beneficiadas por esos organismos. Ellos prueban palmariamente, sin que haya dudas de ello que sólo una ínfima proporción de campesinos figura entre ellos. Por esa razón, ahora se define con un concepto claro y significativo al campesino en el proyecto, diciéndose que es "el obrero o empleado cuyo trabajo habitual y continuo se realiza en el campo, así como el ocupante, mediero, arrendatario, tenedor o dueño de tierras, siempre que lo sean respecto de una superficie no supe-rio a la de la unidad agrícola familiar. En ningún caso se considerará como campesino a la persona que esté en posesión de un título profesional universitario". Me he permitido explicar esta disposición ante la Honorable Cámara, porque parte importante de la campaña que se ha desencadenado en contra del proyecto de reforma agraria, ha consistido en la afirmación de que en él se entiende la idea de campesino como un concepto restrictivo. En verdad, lo que se hace en este proyecto es conferir el título de campesino, título honroso de aquí en adelante en la legislación chilena, a todas aquellas personas que, con sus manos, trabajan en hacer producir la tierra. Dentro de este concepto, naturalmente, quedan incluidos los ocupantes, medieros, arrendatarios, tenedores y dueños de tierras, con la sola condición de que las cantidades de tierras que ellos posean o de la que sean propietarios, no superen el margen de una unidad agrícola familiar. No es éste, pues, un concepto excluyen-te. No estamos, aquí, ante una legislación que excluya a importantes grupos de nuestro mundo rural. Por el contrario, estamos ante una legislación que los acoge y espera promoverlos, y que coloca en posición de acceso a la tierra a todos los grupos que, diariamente, con su esfuerzo, su sacrificio y sus manos, la están haciendo producir y entregan los alimentos para que se nutra toda la comunidad nacional. Por ello, he estimado útil aclarar ante la Honorable Cámara, antes de perderme en el fárrago de sus disposiciones y el mecanismo que la ley establece, ciertas ideas directrices, que tienen que ser bien entendidas por el país para que desaparezcan los temores que, elementos interesados en impedir quizás el desarrollo de este proceso, han tratado de crear en los campos, para producir incertidumbre y la inquietud. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MAIRA.- De aquí, señor Presidente, que deba, primeramente, subrayar una idea fundamental del proyecto, como es la finalidad suya, consagrada específicamente en las disposiciones que se refieren a las causales de expropiación, de liquidar lo que se conoce técnicamente, por una parte, como el latifundio económico y, complementariamente, como el latifundio social, el cual es un concepto novísimo. Es decir, que la ley de reforma agraria, en su título y capítulo primeros, cuando establece el mecanismo conjunto y armónico de las reglas sobre expropiación y de los predios o tierras afectos a ella, ha fijado con especial preocupación, diversas causales respecto de quienes no realizan un aprovechamiento efectivo, integral y eficiente en beneficio de la comunidad, de los predios que posean, a fin de que no los malgasten y abandonen. Al mismo tiempo, se instituye una sanción severa para quien no cumpla estas disposiciones legales y postergue la promoción del campesino colocado bajo su tuición en virtud del contrato de trabajo. También es importante tener en cuenta esta idea, porque implica un trato distinto, por parte del legislador, para quien ha cumplido su obligación de propietario en el aprovechamiento de la tierra y, también, para quien ha cumplido sus obligaciones contractuales en materia de trabajo, con arreglo a la legislación social vigente. Hay otra de estas ideas directrices del proyecto que establece un criterio diferencial con el de la ley Nº 15. 020, a la que muy brevemente me referiré, porque creo que forma parte del conjunto del proyecto. Es la de la capacitación del campesino, idea que es parte integrante del proceso de la reforma agraria. Durante la existencia de la antigua Caja de Colonización Agrícola, y también durante los primeros años de actividad de la Corporación de la Reforma Agraria, el sistema de expropiaciones se fundaba en la adquisición de un predio, en su división inmediata, en la ejecución de las obras de infraestructura, en la designación de los parceleros favorecidos y, posteriormente, en la entrega de los terrenos. Es decir, el Estado chileno, representado por los organismos correspondientes, compraba tierras, las habilitaba y las entregaba inmediatamente a las personas que habían sido beneficiadas con ellas. Este sistema en la práctica, y no en las lucubraciones teóricas de unos cuantos economistas agrarios, había mostrado sus inconvenientes, porque esas personas a quienes el Estado habilitaba y daba pedazos de tierra no estaban, muchas veces, capacitados y adiestrados convenientemente para proceder a su más racional explotación. Por eso, frente al sistema antiguo de asignación individualista o inmediata de la tierra, surge, en virtud de un conjunto de disposiciones de este proyecto, la idea de un nuevo método, denominado asentamiento, que básicamente consiste en una sociedad entre campesinos y la Corporación de la Reforma Agraria, que representa a la comunidad nacional, interesada en la capacitación de los trabajadores agrícolas para que puedan eficazmente, más tarde, ejercer su derecho individual de dominio. En virtud de este régimen, el cual ya está en aplicación, con éxito, sobre la base de disposiciones reglamentarias y cuyo reconocimiento se lleva hoy al plano legal, la Corporación de la Reforma Agraria adquiere un predio y los jefes de familia que lo habitan realizan una elección secreta para designar libremente un Comité de Campesinos que los represente en sus relaciones con la Corporación de la Reforma Agraria, obligándose, además, a respetar sus decisiones. Ya en esta materia no se trata, como aquí se ha dicho, de buscar la manera de crear una nueva institución o de abrir un camino a través del cual se perpetúe indefinidamente la indivisión de la tierra, asunto que está, por lo demás, reglado en el articulado, sino de establecer una vía mediante la cual se busque la capacitación plena del campesino, para que más tarde, ya sea a través de cooperativas o en forma individual, puedan cumplirse mejor los objetivos de esta ley de reforma agraria y efectuarse con libertad y conocimiento cierto el manejo de las tierras que la comunidad chilena les está otorgando, junto con una nueva perspectiva de vida. Además, es importante también que la Honorable Cámara aprecie y considere que el mecanismo aprobado en relación con los avalúos es uno solo, tanto ara los efectos del pago de tributos que nuestro sistema jurídico establece, como para la determinación de la indemnización por expropiación. Se trata de una disposición trascendental que constituye un efectivo paso adelante que el país, desde hace mucho tiempo, anhelaba dar y que hoy, finalmente, en virtud de esta disposición, consagra y obtiene. Estas normas, junto con los preceptos referentes a la nueva reglamentación del derecho de aguas a los cuales me referiré también brevemente, son las más relevantes... El señor RIOSECO.- ¿Me permite una interrupción? El señor MAIRA.- Ese régimen de aguas, tan anacrónico en nuestra legislación, es debidamente modificado y reglamentado por este proyecto de ley. El señor RIOSECO.- ¿Me permite una consulta? -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, ¿por qué no me pide una interrupción? El señor ISLA (Vicepresidente).- El Honorable señor Maira no desea ser interrumpido. El señor MAIRA.- El Título V de este proyecto modifica el régimen de aguas y plantea la idea de la función social de este derecho de aprovechamiento, incorporando la nueva concepción de que éste es un derecho real administrativo que recae sobre las aguas que el estado concede en su uso, de acuerdo con los requisitos que establece el presente proyecto. La idea de un derecho real administrativo para definir la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento significa la incorporación en nuestra legislación de las más modernas tendencias relativas a los derechos administrativos y reales. Esta nueva idea le quita al concepto civilista de derecho real, entendido de la manera romanista, como hasta ahora lo había sido en virtud de las disposiciones del Código Civil y del de Aguas, su carácter absoluto al establecer que este derecho real de aprovechamiento, si bien será reconocido y amparado respecto de terceros... El señor RIOSECO.- ¿Me permite una pregunta? El señor MAIRA.- ... es un derecho personal pues el Estado chileno sólo concede el uso de las aguas, pero no el dominio sobre ellas. La segunda idea fundamental que contiene el proyecto en debate y que significa una innovación en materia de derecho de aguas, es la que se refiere a la necesidad del uso racional y beneficioso de las aguas El señor LAEMMERMANN.- ¿Cómo se financia esto? El señor RIOSECO.- Que se inserte el resto de la intervención... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MAIRA.- Conforme a la idea del aprovechamiento de las aguas, es posible hoy redistribuir todas las disponibilidades de agua para ajustarías efectivamente a las necesidades de la mayoría de los propietarios agrícolas y al más conveniente financiamiento y aprovechamiento de los predios. El señor RIOSECO.- ¿Me permite una consulta? El señor RODRIGUEZ (don Juan).- No se va a financiar con agua y palabras el proyecto. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MAIRA.- Estas ideas constituyen la parte fundamental del sistema que establece el proyecto de ley en discusión. Por eso antes de entrar a los capítulos relativos al financiamiento, he estimado conveniente que la Honorable Cámara tenga una visión clara de cual ha sido el contexto en el cual ha trabajado la Comisión de Hacienda y cuáles han sido las ideas fundamentales tenidas en cuenta. De esta manera se podrán discutir, posteriormente, en forma más profunda las disposiciones relativas al financiamiento y a las indemnizaciones, que son las que, en estricto sentido, debe reseñar el Diputado informante. El señor LAEMMERMANN.- Así debió haberlo hecho. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MAIRA.- En relación con las afirmaciones que he hecho, yo no tengo inconveniente alguno en sostener todas las polémicas que deseen los señores parlamentarios ni tampoco en absorber la totalidad de las consultas que quieran plantear. Pero, frente a la dispersión de ideas y frente a la absurda forma de interrumpir a cada instante al Diputado informante he estimado de mi deber darle un sentido coherente a mi exposición. Repito, una vez más: estoy dispuesto a conceder todas las interrupciones y a contestar las consultas que los Honorables Diputados deseen formular, pero al final de mi exposición. Y con esto entro a la parte específica del financiamiento. ¿Cuál es el mecanismo del financiamiento que contempla el proyecto? ¿De qué manera se establece? ¿Cuáles son las disposiciones fundamentales que van a regularlo? Me referiré a tres puntos separados en esta materia. El primero se refiere al régimen de indemnizaciones y, para que los señores Diputados se ubiquen en el texto, diré que está contenido en el Capítulo IV, que figura en la página 88 del boletín. El señor RODRIGUEZ (don Juan).- ¡Que se inserte! El señor LAEMMERMANN.- ¿Y Su Señoría leyó el artículo 67 del Reglamento ? El señor MAIRA.- El segundo se refiere a los bonos de la reforma agraria, y aparece en la página 114 del boletín que tienen los señores Diputados. El tercero no figura en el proyecto, porque comprende los antecedentes que para el financiamiento de estas normas entregó el señor Ministro de Hacienda en el seno de la Comisión de Hacienda. Me referiré posteriormente a los aspectos fundamentales de este informe, acogido satisfactoriamente por la Comisión. Entro, pues, a analizar todo cuanto se refiere al financiamiento del proyecto, especialmente en su parte primera, el de las indemnizaciones. El artículo 17 del proyecto contempla las normas generales en la materia, y expresa que "la indemnización a favor del dueño del predio expropiado será equivalente al avalúo del predio para los efectos de la contribución territorial, vigente al momento del acuerdo de expropiación". Luego de esta disposición general sobre indemnización, que aclara el contenido del problema, el artículo se refiere a la situación planteada por las mejoras existentes en el predio y que no estuvieren comprendidas en el avalúo mencionado. Respecto de las mejoras no conprendidas en el avalúo, el proyecto hace una importante diferenciación al hablar de mejoras necesarias y útiles y tratar de manera diferente a las que se hubieren incorporado con posterioridad al 4 de noviembre de 1964, las cuales recibirán la indemnización al contado por su valor al momento del acuerdo de expropiación. Las demás mejoras tendrán el tratamiento general. Las que se hubieren efectuado con anterioridad al 4 de noviembre de 1964 se tasarán por la Corporación de la Reforma Agraria en el valor que tengan al momento del acuerdo de expropiación, estableciéndose un mecanismo compensatorio, naturalmente, respecto de los aumentos o disminuciones de valor que tengan hasta ese instante. Junto a esto, el artículo 38 fija la regla general para todas aquellas indemnizaciones de mejoras que se hayan incorporado con anterioridad al 4 de noviembre de 1964 y establece que se pagará una parte al contado y el saldo mediante los bonos de la Reforma Agraria que establece esta ley. Aquí entra a operar la regulación flexible, que me parece extremadamente novedosa y uno de los aportes del proyecto, la cual se detalla en los artículos siguientes, es decir, desde el 39 hasta el artículo 48. Conforme a esta regulación que se basa en el principio de que la sociedad debe compensar y dejar indemne a los propietarios que hayan hecho un aprovechamien-efectivamente útil de su predio y hayan cumplido con la legislación vigente en el país, y tratar de diferente modo a quienes no lo hayan hecho y hayan perpetuado tierras incultivadas o mal explotadas, la ley va estableciendo en cada uno de los casos las causales de expropiación y reglamenta en la parte inicial de este proyecto una diferente norma de pago en sus porcentajes al contado. En este sentido, el artículo 40 se refiere a la indemnización en aquellos casos en que hay exceso de superficie básica de 80 hectáreas de riego de la zona del valle del Maipo. Se plantea también el caso de expropiaciones realizadas en virtud del artículo 6º del proyecto en debate, o sea, los predios que pertenecen a personas jurídicas, y se determina que la indemnización se pagará con un 10% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "A". El señor RODRIGUEZ (don Juan).- ¡Ya todo esto lo dijo el Honorable señor Julio Silva. Diga algo distinto. El señor MAIRA.- Establece, además, que la indemnización será del 1% al contado en el caso de predios abandonados y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "C". Cuando se trata de predios mal explotados, la indemnización será de 5% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "C". El artículo 41 trata del caso de expropiaciones efectuadas de conformidad con los artículos 5º, 7º y 8°, que se refieren, respectivamente, a la división de predios de capacidad superior a 80 hectáreas de riego básicas, efectuada con posterioridad al 4 de noviembre de 1964 sin que se haya hecho efectiva la división. El artículo 7º se refiere a los casos de expropiación de predios arrendados o cedidos para su explotación a terceros, cuando sus dueños infringieran las disposiciones legales vigentes; y el 8º, a la posibilidad de expropiar los predios en comunidad, cuando no se hubiese puesto término al estado de indivisión en conformidad a la ley. En todos estos casos, bastante más graves, desde el punto de vista del interés social, que los señalados anteriormente, la indemnización se pagará con el 1 % al contado y el saldo mediante bonos de la Reforma Agraria de la Clase "A". Idéntico caso se produce en relación con los predios abandonados, los mal explotados o aquellos rústicos ubicados en la zona de aplicación de la Ley de Propiedad Austral, cuya indemnización se pagará también con un 1% al contado y el saldo con bonos de la Reforma Agraria de la clase "C". Respecto de los bonos y su mecanismo, me voy a referir a ellos, en forma circunstanciada, más adelante. El artículo 42 se refiere a los casos en que la expropiación se efectúe dentro de una zona en la que el Estado esté realizando o vaya a construir obras de riego. Se pagará una indemnización con un 10% al contado y el saldo mediantte bonos de la Reforma Agraria de la clase "A". El artículo 43 regula el caso del área de riego, pero respecto de cuyo predio existiere vigente una declaración de inexpropiabilidad. Fija una indemnización pagadera con un 33% al contado y el saldo en 8712 bonos de la Reforma Agraria clase "B". El artículo 44 se refiere también a un caso especial del área de riego, estableciendo que la indemnización se pagará con un 33% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "B". El artículo 45 contiene una regla importante en cuanto a la forma de determinar la indemnización respecto del valor promedio de una hectáreas de riego básica. Al efecto, establece que el valor promedio de ella se determinará dividiendo el valor total del predio, establecido en virtud del avalúo vigente, por el número de hectáreas de riego básicas del mismo. Finalmente, los artículos 47 y 48 del proyecto fijan normas especiales y específicas para aquellos casos en que el propietario hiciere uso del derecho de reserva o una parte de su predio fuere excluida de la expropiación. En tales casos, los propietarios tendrán derecho a percibir por concepto de cuota al contado, el 1% del valor de la indemnización de los terrenos y mejoras que les sean efectivamente expropiados. El artículo 48 regula también la situación especial que se presenta en cuanto al valor de los terrenos y de las mejoras que el dueño de un predio expropiado conserve en su dominio, o que quede excluido de la expropiación, en virtud del artículo 15. Sobre el particular prescribe que ese valor se detraerá del monto de la indemnización determinada en la forma indicada en el artículo 37 al cual he hecho referencia. Este es, el fundamento y el mecanismo concreto según el cual, frente a distintas causales de expropiación, van a operar las normas establecidas por la ley de reforma agraria. Estas normas se basan fundamentalmente -repito- en el principio de que el porcentaje de pago al contado y la clase de bonos con que se realiza el pago diferido se origina considerando el aprovechamiento social anterior del predio y el carácter y la naturaleza de la causal en virtud de la cual se produce la expropiación. Me referiré ahora, a las normas contenidas en el artículo 120 y siguientes, que determinan lo referente a la emisión de los "Bonos de la Reforma Agraria". El artículo 120 coloca un tope... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- Ruego a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio y tomar asiento. El señor LAEMMERMANN.- Este es el único artículo que interesa... El señor MAIRA.- Señor Presidente, deseo referirme al artículo 120 en la forma que resulte más satisfactoria y convincente para los Honorables colegas que se encuentran inquietos frente a esta materia. El artículo mencionado, que es el primero que se refiere al financiamiento del proyecto, fija en un mil millones de escudos la cantidad hasta la cual se podrá emitir bonos del Estado, denominados "Bonos de la Reforma Agraria". Estos se aplicarán al pago del saldo a plazo de las indemnizaciones previstas en esta ley. Fijado, por el artículo 120, el monto máximo de la emisión de bonos de los cuales el Estado podrá hacer uso para poner en vigencia su proyecto de reforma agraria, el artículo 121 -sobre el cual invito a detenerse a los Honorables colegas- determina, a su vez, el mecanismo fundamental y las normas básicas para realizar la emisión de estos "Bonos de la Reforma Agraria". En primer lugar, vale la pena señalar que, en conformidad al inciso primero del artículo 121 mencionado, los bonos de la Reforma Agraria son de tres clases, denominadas, respectivamente, "A", "B" y "C". Ellas se diferencian en el plazo de amortización, que se hace efectiva en cuotas anuales iguales. Los bonos de la clase "A" se amortizan en 25 cuotas anuales iguales; los de la clase "B", en 5 cuotas anuales iguales, y, finalmente, los bonos de la clase "C", en 30 cuotas anuales iguales. Desde el punto de vista de su naturaleza, estos bonos tienen una característica muy especial, puesto que en el inciso primero del artículo 121, se establece que son nominativos. Pero, en verdad, técnicamente hay que agregar que esos bonos no son nominativos corrientes, sino que se trata de bonos nominativos con transferencia controlada, y este mecanismo se detalla justamente a lo largo del artículo indicado. ¿Cuál es la idea que han tenido en cuenta los redactores del proyecto de ley para darle a este bono la característica de bono nominativo con transferencia controlada? Según se pudo, acreditar en la Comisión de Hacienda, ha sido una muy simple: el temor de que la posibilidad de transarlos libremente, en forma especial en el primer tiempo, condujera a transacciones irregulares que alteraran realmente su significado o el funcionamiento del sistema, en su aspecto económico, cosa que, desde todo punto de vista, aparecía como inconveniente. Por esta razón, la ley establece las salvaguardas y precauciones necesarias en las disposiciones del artículo 121; y para evitar que las transferencias se realicen libremente durante la primera fase de la reforma agraria, les da a los bonos el carácter de nominativos con transferencia controlada. El inciso segundo del artículo 121 del proyecto en debate divide cada uno de los tres grupos de bonos -"A", "B" y "C"- en bonos de primera serie y en bonos de segunda serie. El valor de los bonos de la primera serie se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor determinado por la Dirección de Estadísticas y Censos; en tanto que los bonos de la segunda serie no tendrán reajuste. Esta norma fija también el porcentaje de los bonos de una y otra serie, dentro de una misma categoría, que se pagará como parte de la indemnización, y establece que esa parte se pagará con un 70% en bonos de la primera serie, es decir, sujetos a reajustes y con un 30% en bonos de la segunda serie. El inciso tercero de este artículo 121, tan denso en su contenido y en su regulación, fija el sistema de reajustabilidad de los bonos, al cual ya me referí. Su valor, fundamentalmente, se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor. El inciso cuarto establece una norma especial, respecto del interés que estos bonos devengarán. El será de un 3% anual, que deberá calcularse sobre el monto de cada cuota de las clases "A", "B" y "C". En el caso de los bonos de la primera serie, es decir los bonos reajustables, la cuota será aumentada en un 50% del monto del reajuste, para este solo efecto. En el inciso quinto impone, como obligación a la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, que será el organismo público que fijará y regulará el funcionamiento de este sistema, de llevar un Registro especial, en que se anotarán los bonos que se hayan emitido con indicación de su número, clase, serie, valor y el nombre de la persona a quien pertenezcan. El inciso sexto establece la manera de regular las transferencias de los bonos, y determina que se hará por endoso en el mismo título suscrito por el cedente y por el cesionario, y sólo se perfeccionará con la inscripción en el Registro de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública. De tal manera que el acto de la transferencia se realizará por endoso, quedando su perfeccionamiento entregado a la posterior inscripción en el Registro de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública. El inciso séptimo de este artículo 121 establece el procedimiento para la inscripción de la primera transferencia, la que sólo podrá efectuarse cuando se acredite que el cedente ha adquirido acciones de sociedades anónimas chilenas con posterioridad al endoso del bono por un valor no inferior al porcentaje del valor vigente del bono, que determinará el Presidente de la República en cada caso. En esta materia es importante tener presente la concordancia de esta disposición con la del inciso doce de este mismo artículo, que establece lo siguiente: "El Presidente de la República fijará los montos de cada emisión de bonos, su número, valor nominal, forma de los títulos, fecha y lugar de pago de los intereses y amortizaciones y demás condiciones, modalidades, plazos y requisitos propios de cada emisión. " Agrega que el Presidente de la República determinará, asimismo, las acciones que puedan adquirirse y el porcentaje en que debe hacerse, para los efectos de la adquisición por parte del cedente, en conformidad al inciso séptimo. El inciso octavo establece que "el pago que efectúe el cesionario y la adquisición de acciones por el cedente se harán por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública. " El inciso noveno fija un mecanismo que fue definido como el empozamiento de las acciones adquiridas por el cedente y en virtud del cual ellas tienen que quedar depositadas, en cada caso, en la sociedad emisora respectiva, pudiéndose cursar transferencias hasta concurrencia de un número de acciones, cuyo porcentaje, dentro del total adquirido, corresponda a la proporción de cuotas ya vencidas del bono cedido. El inciso décimo establece la obligación, para la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, de tener a su cargo el control del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, pudiendo sancionar con multas a beneficio fiscal a las sociedades anónimas que infrinjan estas normas. El inciso decimoprimero determina el carácter transitorio de estas obligaciones, las que sólo serán valederas para cada bono, por un plazo de cinco años contado desde la fecha de su emisión. Además, obliga a los cesionarios de los bonos de la Reforma Agraria, dentro de este plazo de cinco años, a conservarlos a lo menos durante el período de un año desde la fecha de la inscripción de su adquisición. Los incisos trece y catorce, -ya me referí al doce- son los finales de este artículo, establecen algunas funciones y aplicaciones de estos bonos de la reforma agraria, disponiendo expresamente que pueden ser entregados en garantía para la ejecución de obras públicas, pero sólo hasta la concurrencia del valor de las cuotas de los bonos que deban amortizarse dentro del plazo del contrato cuya ejecución se garantiza. O sea, según este mecanismo, estos bonos de la Reforma Agraria vienen a complementar el sistema de las boletas de garantía bancaria y el de pólizas de seguros, que hoy día se encuentra vigente y en aplicación. Finalmente, para contribuir también a otorgar un nuevo incentivo a los tenedores de estos bonos de la Reforma Agraria, en el inciso decimocuarto, se establece: "Las cuotas de amortización vencidas de los bonos de la Reforma Agraria, deberán -con lo cual aparece una obligación para el Estado chileno- ser recibidas por su valor reajustado en los términos de este artículo, por la Tesorería General de la República en pago de cualquier impuesto, tributo, derecho, gravamen o servicio de los que se perciben por las aduanas, sean en moneda nacional o extranjera. " El artículo 122, complementa, por último, el sistema, mediante dos formas muy simples. Establece, en primer término que "la entrega de los bonos y el servicio de los mismos se harán por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública. " En segundo lugar expresa: "Para los efectos de dicha entrega será previo el respectivo requerimiento de la Corporación de la Reforma Agraria, el que deberá efectuarse dentro de los sesenta días contados desde que quede a firme la fijación de la indemnización. " Con esto se fija un plazo fatal a la CORA para que efectúe esta operación. Se dispone, finalmente, que el Tesorero General de la República tendrá, en cada caso, la obligación de depositar los fondos necesarios y colocarlos a disposición de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para permitir el pago de las cuotas vencidas de amortización, y favorecer el servicio de los bonos que establece la ley. Esta es, fundamentalmente, la reglamentación jurídica en virtud de la cual se hará posible la Reforma Agraria. En dos palabras consiste en lo siguiente: la indemnización a los propietarios expropiados se pagará en porcentaje variable, pero reducido, al contado, y el saldo en los bonos, a que me he referido: la diferencia entre el valor de dichos bonos y su servicio será cubierta por el Presupuesto de la Nación. El señor NAUDON.- ¿Cómo se paga la indemnización? El señor MAIRA.- Sin embargo, junto a esta exposición de carácter puramente legal, el señor Ministro de Hacienda, invitado por la Comisión de Hacienda para conocer de esta materia, tuvo la gentileza de informar acerca de otros aspectos de la política agropecuaria y financiera del Gobierno y acerca de la forma concreta como el Gobierno piensa desarrollar el programa de reforma agraria en que se encuentra empeñado. En este sentido, el señor Ministro de Hacienda fue muy claro al decir que este proyecto y la utilización que el Ejecutivo haría de él, en forma de un plan de desarrollo agropecuario, tenía como finalidad fundamental la constitución de 100. 000 unidades agrícolas, las cuales, a juicio del señor Ministro, podrían ser colocadas en funcionamiento en un plazo de seis años. Es preciso tener en cuenta que, en los dieciocho meses transcurridos desde que Su Excelencia el Presidente de la República asumió la Primera Magistratura, los organismos de la reforma agraria ya han constituido 2. 000 unidades familiares, cuyos integrantes se han incorporado, como propietarios agrícolas, al proceso de dicha reforma. Ahora se trata de constituir las 98. 000 unidades restantes, en la forma que el señor Ministro de Hacienda extendió en el tiempo, de la manera que voy a explicar. El año 1966 el número de familias asentadas será, según el desarrollo de este plan, de 4. 000; en 1967, 9. 000; el año 1968, 12. 000; en 1969, 15. 000; en 1970, 18. 000 familias; en 1971, 20. 000 familias; y en 1972, también 20. 000 familias. Es un procedimiento de carácter acumulativo y progresivo ascendente, que completará el total de 98. 000 unidades. El señor Ministro de Hacienda, luego de entregar este primer antecedente referente al de este programa en el tiempo, dio a conocer lo que, a su juicio, constituía el costo unitario del establecimiento e instalación de cada una de las unidades agrícolas familiares. Expresó que se habían tenido a la vista, para la determinación de este costo unitario de carácter nacional, ocho costos distintos, de incidencia regional, los que debidamente ponderados daban ese costo unitario y su vigencia para todo el territorio del país, conforme a la programación de la reforma agraria. Según estos antecedentes, el costo total de instalación de una familia campesina que acceda a la propiedad agrícola y cuente con la ayuda del Estado, por intermedio de todos los mecanismos complementarios, es de Eº 40. 250. El señor NAUDON.- ¿Qué se entiende por instalación? El señor MAIRA.- La idea de instalación comprende cinco rubros fundamentales y su valor se desglosa de la siguiente manera: primero, el costo de la tierra que, de acuerdo con antecedentes proporcionados por la Corporación de la Reforma Agraria, se estimó en Eº 18. 030 como promedio; segundo, la infraestructura, concepto también definido en el informe, que el señor Ministro desglosó en la Comisión en distintos rubros como reparación de casas, construcción de viviendas, de galpones, de edificios comunes, de cercos y de caminos, mejoramiento general e instalación de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica, con un valor promedio de 10. 790 escudos; tercero, capital de explotación, aportado por el Estado, por intermedio de la CORA, que asciende a Eº 6. 300 por unidad; cuarto, capital circulante, concepto económico que se refiere a todos los pagos que deberá hacer el nuevo propietario, para lo cual la Corporación de la Reforma Agraria prestará ayuda inmediata, que se estimó en Eº 3. 100; y, finalmente, en quinto término, los gastos de puesta en marcha de la explotación individual una vez terminado el período de asentamiento, que se calcularon en Eº 2. 030. Todo esto arroja un total de Eº 40. 250. A continuación, el señor Ministro de Hacienda explicó el plazo en el cual se debía efectuar esta inversión. Manifestó que, conforme a los cálculos realizados, estos 40 mil escudos y fracción se gastarán a lo largo de 25 años, y que durante ese período la unidad agrícola familiar estaría produciendo, lo cual permitiría ir recuperando algunos fondos invertidos antes de terminar el programa de gastos contemplados. Por otra parte, el señor Ministro agregó que sólo se paga un 10% del valor del terreno, en promedio, al contado, cubriéndose el saldo, de acuerdo con el mecanismo de los bonos ya explicado, en un plazo promedio de 25 años. En consecuencia, sólo será necesario financiar una parte de la instalación de las unidades agrícolas familiares en el lapso que resta del ejercicio del actual Gobierno. Esta última cifra se ha considerado que asciende a Eº 21. 880, lo que se ha desglosado, en el tiempo, en la forma que explicaré: En el primer año, se estimó que se van a gastar sumas más cuantiosas en el establecimiento de los asentamientos, debido a que allí está consultada la mayor parte de los gastos de infraestructura. Dichas sumas ascienden a la cantidad de 11. 860 escudos, más del 50% del costo que tendrá cada unidad durante el actual período presidencial. El segundo año los gastos serán relativamente bajos desde el punto de vista de los costos, porque se supone que va a estar funcionando el asentamiento, y los campesinos ya estarán explotando las tierras. El gasto para este año será de Eº 3. 860. El señor RIOSECO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado? El señor MAIRA.- El tercer año, en que se efectuarán posiblemente, de acuerdo con las disposiciones de este proyecto, las asignaciones en dominio individual, y, en ciertos casos, cooperado, de las unidades y la delimitación de propiedades particulares, el costo es nuevamente más alto: asciende a la suma de Eº 5. 700. El cuarto año el gasto llega a una suma mucho más baja, porque comienza la recuperación por parte de la CORA en virtud de los pagos que empiezan a cancelar los campesinos y alcanza a la suma de Eº 460, lo que da un total de Eº 21. 880, por unidad, en el período que resta del ejercicio al actual Gobierno. Para terminar, deseo formular algunas otras observaciones antes de conceder interrupciones a los Honorables colegas. Deseo referirme al compromiso planteado por el señor Ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda, como, asimismo, por otros personeros de Gobierno, en el sentido de entregar recursos para los asentamientos, y que la CORA aportará cada año agrícola la totalidad del capital necesario para permitir su correcto funcionamiento. Con ello se desvirtúa la maliciosa especie, tantas veces repetida, de que aquí se va a constituir un sistema de asentamientos, y que la CORA no se responsabilizaría de su adecuado funcionamiento, una vez establecido... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MAIRA.- El señor Ministro de Hacienda se refirió también, expresamente, en la Comisión, al compromiso de proporcionar créditos a los asignatarios, y manifestó que la Corporación de la Reforma Agraria les otorgará un crédito inicial para que adquieran su capital de explotación y créditos anuales, durante 10 años, para financiar, en proporción decreciente, sus necesidades de capital, que los asignatarios pagarán en diferentes plazos. Por estas razones, yo puedo decir -sobre la base de los antecedentes entregados- que el proyecto en discusión no sólo constituye un cuadro armonioso y completo de disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de la reforma agraria, como asimismo de normas para su financiamiento, sino que, además, ellas están complementadas en forma muy seria y acuciosa por estudios de orden económico, algunos de cuyos aspectos he tenido oportunidad de entregar al conocimiento de la Cámara, y parte de las cuales me reservo para dar respuesta a las consultas e inquietudes que los señores Diputados deseen plantearme. Dejo constancia de que mi ánimo es acceder a dar respuesta, como Diputado informante, a todas las preguntas que se me hagan, como, asimismo, responder de todas y cada una de las partes sobre las cuales ha versado mi exposición. Por lo demás, debo hacer presente que me negué a conceder interrupciones en el curso de mi intervención, con el propósito de que la Cámara se formara una visión completa, ordenada y coherente acerca de esta materia y también los campesinos, a través de la lectura de la versión de esta sesión. El señor ISLA (Vicepresidente).- Honorable señor Maira, el Honorable señor Rioseco quiere hacerle una consulta. El señor MAIRA.- Con todo agrado. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Rioseco en la forma convenida por la Sala. El señor SILVA ULLOA.- O sea, se concede una interrupción, señor Presidente. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, hace bastante rato, quizás una hora y media o dos, solicité una interrupción del Honorable señor Maira justo cuando hacía un desafío. En ese momento, consideré que había que contestar inmediatamente, máxime cuando había dicho que concedería interrupciones al término de este capítulo, o de este prólogo, según sus propias palabras. Lo curioso es que el Honorable señor Maira, tal vez por su impulsiva juventud, ha querido sobrepasar al señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura, haciendo un discurso más largo, repitiendo muchos de los conceptos que el Honorable señor Silva Solar había expuesto y enfocando sólo tangencialmente el problema en su calidad de Diputado informante de la Comisión de Hacienda. Ahora no extraño que no me haya concedido de inmediato la interrupción, porque el Honorable señor Maira deseaba superar el "record" de la exposición del señor Silva Solar. Pero como en ese momento hacía un desafío, consideré conveniente solicitarle una interrupción. El Honorable señor Maira decía que la ley Nº 15. 020 había sido inoperante y culpaba de ello a los radicales, que la habíamos impulsado. Pero ocurre que la ley fue promulgada el 27 de noviembre de 1962, y nosotros nos retiramos del Gobierno en septiembre de 1963; de manera que sólo estuvimos 8 meses en el Gobierno para aplicarla. ¿Qué hicimos en 8 meses? Impulsar y crear los organismos necesarios para una adecuada materialización de la reforma agraria. Creamos los organismos. No se tocan en este proyecto de ley. Se mantienen. Quiere decir que eran buenos. Hubo que crearlos, impulsarlos, darles su forma, crear sus plantas, etsétera. Es cierto que han aumentado las plantas de promotores y asesores. Pero este Gobierno, que ha mandado tantos proyectos de ley, como el de la Corporación de la Vivienda, nuevo Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; del CONCI, que no sé si es organismo público o privado; reforma del Banco Central; reforma del Estatuto de las Sociedades Anónimas, etcétera, lleva año y medio, y todavía nada. Sin embargo, nos critican porque esta ley no fue operante en 8 meses. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RIOSECO.- Pero esta ley inoperante les ha permitido, sin cambiar en ella una coma, expropiar 168 fundos, tomar posesión de 44... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RIOSECO.- Entonces no es inoperante la ley. La verdad es, como lo dije, hace dos horas, cuando se me concedió la primera interrupción, que de 204 artículos de la ley Nº 15. 020, 84 continuarán en vigencia. Por lo tanto, nuestra concepción de la reforma agraria integral sigue siendo operante, no sólo en el aspecto social de la tenencia de la tierra, sino en los de producción, fomento e investigación. Han cambiado, eso sí, las circunstancias políticas. Si los Honorables Diputados de la Democracia Cristiana han afirmado que la ley Nº 15. 020 es inoperante, ¿cómo explica el Honorable señor Maira una serie de disposiciones regresivas que trae el actual proyecto de reforma agraria? Esta ley declaraba expropiable todos los predios que se encontraren abandonados o mal explotados. Ahora se da un plazo de dos años, y para los que tengan menos de ochenta hectáreas de riego básicas, un año más. Si es un crimen social y económico contra el país la existencia de predios abandonados o mal explotados, ¿para qué se concede un nuevo plazo, mayor que el establecido en la ley Nº 15. 020º ¿No será que se desea dar un tiempo más largo para favorecer a determinadas personas? Cuando el Honorable señor Maira se refería al artículo 5º, nos hablaba de un latifundio económico y social. Yo creo que más bien se trata de una nueva forma de latifundio funciona], es decir, de un predio que, habiendo sido latifundio, por tener más de ochenta hectáreas de riego básicas, se divide jurídicamente, pero continúa como un latifundio "funcional" en explotación común. En el proyecto original se había establecido que, desde el 27 de noviembre de 1962 para adelante, todos los predios que fueran considerados como latifundios serían expropiados. Pero ocurre que, subrepticiamente, y con la apariencia de una enmienda populachera, se cambió la fecha al 4 de noviembre de 1964. ¿Qué sucede? Conozco a muchas personas que, por temor al triunfo de la candidatura presidencial del Senador Allende, dividieron jurídicamente sus predios, sin una técnica real y seria de explotación, pero que ahora continuarán como latifundios funcionales. ¿No hay acaso en la Democracia Cristiana antiguos conservadores socialcristia-nos, cuyos fundos están ubicados en el valle central de Chile? Pero ¿qué pasa ahora con el cambio de fecha? Que todas estas personas, burlando el espíritu de la ley con una división del latifundio hecha en forma jurídica y no funcional, quedan ab-sueltas de todo pecado. Todavía más, ¿qué sucede con los que han burlado subrepticiamente la ley desde el 4 de noviembre de 1964 adelante? ¡Ah! Por ahí hay un "incisito" que les permite también tener tranquilidad a algunas personas cuyas conciencias estaban intranquilas, pues dice que esta causal de expropiación "sólo será aplicable por el plazo de tres años a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley, respecto de los predios que se hayan dividido con anterioridad a ella. " De manera que bastaría con que las personas que han cometido este delito castigado con expropiación, dejaran transcurrir tres años para que no fueran sancionadas. Es curioso. Para mí esto es totalmente regresivo. Pero sigamos, la tabla de categoría de terrenos, sobre la cual ningún Diputado informante nos ha dicho nada, tiene columnas muy curiosas que favorecen a ciertas zonas y perjudican a otras. Por ejemplo, la indemnización, en algunos casos, equivale al avalúo fijado para la contribución territorial. La caracterización de mal explotado se funda también en el avalúo fiscal, como lo establece el número 3 del artículo 1° al referirse a los predios mal explotados. Dice así: "Tener inversiones en capital fijo y realizable cuyo valor global equivalga como mínimo al valor de tasación fiscal del casco del predio. " O sea, se reputa como bien trabajado si tiene inversiones en capital fijo y realizable iguales o superiores al avalúo fiscal. Este concepto, indudablemente, es el más adecuado, porque sabemos la acuciosidad con que se hizo el avalúo aerofotogramétrico. No discuto la situación, porque su pago corresponde al avalúo real. Pero si este concepto resulta valedero para el pago de los predios mal trabajados, ¿por qué no se aplica la tabla de equivalencias en forma más justa? Hay tierras de 80 hectáreas de riego básicas en el valle del Maipo y otras comunas del país, que no están consideradas en el número 3 de la tabla de equivalencias y que comprende suelos arables de riego de la provincia de Santiago que tienen un avalúo fiscal bastante más alto que el de otras provincias. Por ejemplo, en la provincia de Malleco, el valle de Angol se considera prácticamente equivalente al corazón agrícola de Chile; es decir, queda en igualdad de condiciones con el valle del Maipo o la provincia de O'Higgins. ¿Qué se pretende? ¿Beneficiar o perjudicar a alguien? El libro de Ricardo Cruz Coke, titulado "Geografía Electoral de Chile", que no sé si Sus Señorías habrán leído, plantea, desde el punto de vista de las estadísticas y de los mapas, la concentración del poder político en las distintas zonas del país y establece que el del Partido Social-Cristiano o Conservador de la época, estaba radicado precisamente en aquellos lugares en que la tabla de equivalencias es más benévola y estrecha, y que corresponde a una etapa en que no había esta densidad de población democratacristiana, perdón, socialdemócrata que hay ahora... El señor URRA.- ¡Que es diablo Su Señoría! El señor RIOSECO.- Pero hay zonas como la de Osorno, donde vive la gente más rica de Chile, que ha levantado edificios de muchos pisos con el solo esfuerzo personal y con el capital producido por la rentabilidad de la tierra, en las que 500 ó 600 hectáreas no son de riego. ¿Cómo van a serlo si allá llueve normalmente, y las empastadas son buenas por la calidad del suelo y el clima suave? Yo no sé qué relación hay entre esas tierras de Osorno y la técnica o los técnicos. Pero hay más. ¿No fueron las viñas, durante muchos años, el riñon de la oligarquía? ¿No se hablaba en Chile de apellidos vinosos como Undurraga.. y después Yarur? Varios señores DIPUTADOS.- ¡ Ochagavía ! El señor ROSALES.- ¡Larraín! El señor RIOSECO.- Cuando nos imponemos que las viñas que explotan las empresas o sociedades anónimas agrícolas, serán declaradas inexpropiables, debemos entender que, dentro de la filosofía perfecta y de la armonía integral de este proyecto, se han infiltrado, por algunas grietas, intereses bastardos. Quisiera que el señor Diputado informante me contestara sobre esta materia. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Maira. El señor MAIRA.- Señor Presidente, el Honorable señor Rioseco sabe perfectamente bien, ya que pudo comprobarlo en la última sesión que efectuó la Comisión de Hacienda para tratar esta materia, que los cuadros y tablas de equivalencias se hicieron teniendo a la vista, como antecedente fundamental, un estudio serio e inobjetable desde el punto de vista político, como es el proyecto aerofotogramétrico, realizado por dos ingenieros agrónomos. En ese proyecto, tal como se refleja en la tabla de equivalencias, no se han tenido en consideración, como nadie ha podido probarlo, factores de ninguna otra índole. El señor RIOSECO.- Lo acabo de probar. El señor SOTA.- Lo acaba de insinuar, que es distinto. El señor RIOSECO.- No lo he insinuado, lo he dicho. No hay equivalencia entre los avalúos de las tierras de Isla de Maipo y los del resto de Chile. Por eso manifesté que hay grietas por donde se han infiltrado intereses bastardos. ¿Qué ha pasado con las viñas? El señor ISLA (Vicepresidente).- ¿Terminó Su Señoría? El señor LAEMMERMANN.- No se le ha contestado todavía. El señor RIOSECO.- Espero que se me contesten las preguntas que he formulado durante la interrupción que me concedió el Honorable señor Maira. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Maira. El señor MAIRA--Concedo una interrupción al Honorable señor Sota. A continuación, voy a contestar la consulta respecto de las viñas. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción «1 Honorable señor Sota. El señor SOTA.- Señor Presidente, cuando el señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización hacía su relación, el Honorable Diputadodon Francisco Sepúlveda le formuló una consulta respecto del uso de la tabla de equivalencias para expropiar algunos predios en la provincia de Llanquihue, que él representa. Como me pareció muy grave su afirmación de que esta tabla no se podrá aplicar para hacer expropiaciones en esta provincia, consulté al señor Ministro sobre la materia y le pedí que, ojalá, fuese él mismo quien contestase, concretamente, la consulta del Honorable señor Sepúlveda. Ahora, el Honorable colega señor Rioseco formula ya no consultas sobre la aplicabilidad de la tabla... El señor RIOSECO.- Preguntas no más. El señor SOTA.- Más que preguntas, Honorable colega, Su Señoría hace insinuaciones. Frente a esta clase de insinuaciones, quiero pedirle al señor Ministro que, tal como me dijo denantes, al precederse a la discusión particular del proyecto, dé amplias explicaciones sobre la materia. No es aceptable que, por una habilosa presentación de éstas que califico como insinuaciones, quede establecido, para la historia de la ley, que la tabla de expropiaciones ha sido elaborada, en alguna manera, para favorecer intereses de nuestro partido. Creo que todas las afirmaciones que sectores de Oposición puedan hacer en ese sentido deben quedar totalmente aclaradas. Por eso, pido al señor Ministro del ramo que, al llegar la discusión particular, analice la elaboración de este cuadro y traiga todas las informaciones, que sé que en este instante no tiene en su poder. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Maira. El señor PHILLIPS.- ¿Me concede una interrupción? El señor MAIRA.- Voy a contestar de inmediato la consulta del Honorable señor Rioseco. El señor RIOSECO.- Fueron varias. El señor MAIRA.- La de las viñas. El señor ISLA (Vicepresidente).- A fin de facilitar el despacho del proyecto, la Mesa ruega al Honorable señor Rioseco no provocar diálogos. El señor LAEMMERMANN.- ¿Provocar? El señor ISLA (Vicepresidente).- Provocar o promover. El señor MAIRA.- Señor Presidente, nuestro colega el Honorable Diputado señor Manuel Rioseco, admirador confeso de la ley Nº 15. 020, a la cual rinde permanente culto, nos ha mostrado una contradicción entre su admiración a esa ley y su dominio de la misma, al afirmar que ella no les concedió a las viñas ningún trato preferencial y las dejó siempre afectas a expropiación. Para refutar esta falta de conocimiento de la ley Nº 15. 020, quiero leer, simplemente, su artículo 20, que se refiere a ciertas formas de inexpropiabilidad de los predios rústicos. Dice, a la letra: "No serán expropiables los predios rústicos dedicados a cumplir funciones de estaciones experimentales o de docencia agropecuaria o forestal; aquéllos que, por su naturaleza, deban destinarse preferentemente a plantaciones forestales o que estén dedicados principalmente a la producción de frutas o vinos;... " La misma razón técnica que se tuvo en vista en la ley Nº 15. 020, que tantas veces ha invocado nuestro Honorable colega, se ha tomado en cuenta en este proyecto, pero con una diferencia fundamental. El señor MONTES.- ¡Dejan muy mal al señor Ochagavía! El señor OCHAGAVIA.- ¿Qué dice? El señor MAIRA.- Este proyecto restringe considerablemente el número de los productores de vino que se podrán beneficiar con la inexpropiabilidad, porque la limita a aquellos "terrenos plantados de viñas viníferas más un 20% para rotación, de que sean dueñas, desde una fecha anterior al 22 de noviembre de 1965, sociedades anónimas que tengan el carácter de empresas vitivinícolas integradas", concepto técnico éste que yo, por cierto, no estoy en condiciones de explicar, pero que en la Comisión fue debidamente expuesto por funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario. En seguida -sigo contestando al Honorable señor Rioseco-, coloca además de los requisitos generales del artículo 16, otras limitaciones para acogerse a esta inexpropiabilidad relativa. Dice: "a) Tener un capital propio destinado a las actividades vitivinícolas equivalente, por lo menos, a cuatro veces el avalúo fiscal de los terrenos plantados de viñas". Es decir, se trata de empresas altamente capitalizadas y mecanizadas desde el punto de vista de su funcionamiento y, por lo tanto, eficientes. "b) Tener a lo menos el 95% de las viñas viníferas plantadas con variedades de cepas de calidad autorizada por el Ministerio de Agricultura. " Este es un segundo factor condicionante, que implica subordinación a las orientaciones y directivas técnicas que el Ministerio de Agricultura imparta en la materia, sobre todo en lo referente a la calidad de las viñas, materia que al país le interesa especialmente. "c) Comercializar como vino fino a lo menos el 50% de la producción de las vi��as de la sociedad". Esto guarda relación con todos los preceptos que tratan de estimular las exportaciones que toda la Cámara ha estado conteste en que es necesario aprobar. Esta disposición, perfectamente concordante con aquéllas, permitirá que este tipo de viñas, excepcionales, por su eficacia y eficiencia, se mantengan relativamente afectas a inexpropiabilidad. Pero hay más. En la Comisión de Hacienda no consideramos razonables ni suficientes aun estas limitaciones, y establecimos una cuarta, de alta trascendencia social, que puede leerse en la página 19 del informe. Dice: ''Que los empleados y obreros de la empresa vitivinícola integrada, con excepción cíe aquellos que el reglamento determine, sean dueños de a lo menos el 10% del total de acciones de la sociedad y tengan en el directorio a lo menos un miembro. " Es decir, se contempla una forma de copropiedad y de participación en la gestión de la empresa que, desde el punto de vista social, parece altamente aconsejable, incluso para estas empresas capitalizadas y eficientes de la actividad vitivinícola. Por eso, es muy distinta la lisa y llana causal de inexpropiabilidad que contempla el artículo 20 de "su" ley 15. 020, que Su Señoría ha olvidado, y esta forma, regulada y condicionada, de inexpropiabilidad relativa que establece el proyecto en estudio. El señor ISLA (Vicepresidente).- Señor Diputado informante, le solicitan interrupciones los Honorables señores Phillips y Ochagavía. El señor MAIRA.- Las concedo con todo gusto. El señor ROSALES'.- ¿Por qué no se permite terminar su informe al señor Maira? El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Phillips. El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, voy a referirme, primero, a las sociedades anónimas y, después, al proyecto aerofotogramétrico. Yo comprendo que las sociedades anónimas no sean del agrado de los que sustentan la teoría marxista, porque no corresponden a su doctrina. Este fue el punto que se explicó dentro de la nueva doctrina comunitaria que nace hoy día en Chile, para el mundo. Este sistema dice que las sociedades anónimas, para el campo, son malas, y hace las excepciones que aquí ha indicado el Honorable señor Rioseco. Para rebatirle, se ha hecho mención de la ley Nº 15. 020. Pero esta ley está basada en un sistema totalmente diferente, que permitía las sociedades anónimas, y por eso establece la inexpropiabilidad a que se ha referido el Honorable señor Maira. Ahora, los colegas de la Democracia Cristiana deben decir si, de acuerdo con el régimen que sustentan, están en contra de las sociedades anónimas o no lo están. Si están en contra, estén en contra de todas, y no vengan, con malas explicaciones, a salvar a determinados sectores. Esta es la conducta que debe observarse, y no la de las excepciones, por muy buenas que parezcan ser. En segundo lugar, hemos sostenido que la calificación de las tierras debe basarse en el proyecto aerofotogramétrico. Cuando se le concedió permiso constitucional para ir a una reunión del Banco Interamerica-no de Desarrollo, en Méjico, el señor Molina, Ministro de Hacienda, explicó que estaba de acuerdo con este proyecto, en el cual se basa la tributación que tiene hoy día el país. Las expropiaciones deben hacerse también sobre la base de los avalúos fijados de acuerdo con el proyecto aerofotogramétrico. Yo no sé cómo van a hacer la división de las tierras y la asignación de las unidades familiares que se quieren entregar. Porque hay una discriminación. Yo no insinúo nada; solamente leo. Aquí se habla de terrenos aptos para los cultivos de la zona. ¿Quién va a determinar esta aptitud? Un funcionario. ¿Por qué? ¿Basado en qué? En la disposición legal que se está comentando. ¿No es más justo que el proyecto aerofotogramétrico, que contiene estudios sobre la capacidad de los suelos que todos han reconocido como valiosos y en los cuales se basan los avalúos por los cuales se está tributando, sea el que fije esto, y no que un funcionario diga si un terreno es de primera o de segunda? Yo, simplemente, leo, me remito a lo que dice esta disposición. Espero que el Gobierno cambie en esta materia, porque es indiscutible que el proyecto aerofotogramétrico es un resguardo para todos los sectores y, especialmente, para los asignatarios de las unidades familiares o comunitarias, o como las quieran llamar. Muchas gracias. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Ochagavía. El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, yo deseo formular una observación al señor Diputado informante sobre el artículo que en este momento está siendo analizado y que establece la inexpropiabilidad de las viñas, aun cuando sean de sociedades anónimas, siempre' que cumplan con algunos requisitos que él ha señalado. Pero, previamente, en vista de las expresiones proferidas denantes por un Diputado de los bancos del frente, quiero decir que, aunque mi apellido pudiera hacer pensar lo contrario, no tengo absolutamente nada que ver con ninguna viña. El señor PHILLIPS.- ¡Una lástima! El señor OCHAGAVIA.- Digo esto para que el señor Montes no le falte el respeto a un parlamentario que no hace sino intervenir sobre una materia de interés nacional. Lo que a mí me llama la atención en este artículo, en los términos en que ha sido propuesto por el Ejecutivo, no es el hecho de que se establezca esta inexpropiabilidad respecto de las viñas de sociedades anónimas. Comprendo que la sociedad anónima es el único sistema adecuado a la viña, institución que debe perdurar a través del tiempo, más alla de la vida de una persona, y establecer una marca e introducirla en el mercado, no sólo en el país, sino más allá de sus fronteras, como lo pretende nuestra actividad exportadora de vinos. Entonces, mi observación no se refiere a que el Gobierno haya propuesto una disposición que deja inexpropiables a las viñas de sociedades anónimas, siempre que estén integradas, sino a algo muy distinto, como se lo hice presente al señor Ministro en la Comisión de Agricultura y Colonización. Yo dije que, si se estimaba conveniente que Chile tuviera un desarrollo vitivinícola que le permitiera entrar en el mercado de exportación en términos de que esta actividad se expandiera, no me parecía lógico establecer esta limitación y favorecer sólo a los viñedos que cumplieran con estos requisitos, porque esto sí que era un privilegio, y un privilegio inconveniente para las posibilidades de expansión vitivinícola del país. Si, en este momento, son sólo diez -no creo que lleguen a veinte- los viñedos que cumplen con los requisitos indicados en esta disposición con el otro agregado en la Comisión de Hacienda, ¿por qué no se extiende este beneficio a aquéllos que lleguen a cumplirlos, colmen sus bodegas, su "coupage", realicen propaganda e introduzcan una marca en el mercado internacional? Este privilegio es el que he criticado. Por eso, critico esta disposición. Si al país le conviene desarrollar la vitivinicultura, debe establecerse la inexpropiabilidad de las sociedades anónimas vitivinícolas. Lo que me inquieta es que se haya consagrado un privilegio para unas pocas viñas que en este momento cumplen estos requisitos. Si Chile pretende desarrollar la vitivinicultura, como lo ha dicho el señor Ministro de Agricultura, quien anunció que el Gobierno enviaría un proyecto sobre la materia, no se comprende la inclusión de estas disposiciones, pues significan frenar esa actividad. Para que una empresa pueda desarrollar la vitivinicultura, debe estar constituida como sociedad anónima. Pero no es posible establecer favoritismos respecto de unos pocos privilegiados que en la actualidad reúnen los requisitos que exige el proyecto. Esto se presta para que se diga, como se ha expresado en la Cámara, que esas disposiciones tienen nombres y apellidos. Yo no quiero sostener lo mismo, pero sí deseo insistir en que nos oponemos a esos preceptos, porque los estimamos inconvenientes tal como están redactados. Creemos que deben ampliarse e incluir a todos aquellos que en el futuro cumplan esas mismas condiciones. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado informante. El señor RIOSECO.- ¿Me concede una interrupción, Honorable Diputado? El señor ISLA (Vicepresidente).- Honorable señor Maira, el Honorable señor Rioseco le solicita una interrupción. El señor MAIRA.- Se la concedo. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Rioseco. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- ¿Me permite Honorable Diputado? Quiero explicarles a algunos señores Diputados que han protestado por el hecho de que el señor Diputado informante haya concedido interrupciones, que la Mesa tiene que dar garantías a todos los sectores de la Cámara. El señor Diputado informante puede establecer su método para hacer su exposición. Aquél puede ser bueno o malo. A la Mesa no le corresponde calificarlo. El señor Diputado informante, al comenzar su exposición, dijo que concedería interrupciones al término de ella. La Mesa tiene que dar garantías a todos los sectores de la Cámara, sin excepción. Por eso está dando cumplimiento a lo expresado por el señor Diputado informante. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor GUASTAVINO.- Señor Presidente, ¿por qué no le pregunta al señor Diputado informante, si terminó su informe? El señor ACEVEDO.- Está haciendo uso indebido del tiempo. E señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Rioseco. El señor RIOSECO.- Señor Presidente, yo no he pretendido, ni podría pretender, que la ley Nº 15. 020 sea una panacea; de ninguna manera. Ningún texto legal es perfecto. Aún más, esta ley fue dictada por un Gobierno al cual no pertenecíamos, al que ingresamos, precisamente, para realizar estos cambios de estructura. El país lo ha entendido así. Nuestra conducta contribuyó a hacer conciencia sobre el problema, y por eso hoy día es posible efectuar, sin dolor, la reforma agraria. He manifestado que esa ley tenía un criterio diverso del actual proyecto, pero que era operante. No todas las ideas del Partido Radical están contenidas en ella. Cuando se trabaja en combinación con otros partidos, es imposible que la totalidad de las ideas de una colectividad política queden incluidas en una ley determinada. El Honorable señor Maira, Diputado informante de la Comisión de Hacienda, ha pronunciado un discurso más largo que el del Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización, señor Silva Solar, y, sin embargo, no ha desvirtuado absolutamente ninguna de mis aseveraciones sobre el carácter regresivo de las modificaciones introducidas en el artículo 5° del proyecto, mediante una indicación que lleva su firma. Por ellas se redime de todo pecado a los que no tuvieron miedo del señor Allende, y castiga a algunos, sólo a algunos, porque a otros se los exceptúa a través del artículo final, que, eventualmente, pueden haber recelado de esta reforma agraria. Como digo, el Honorable colega no ha contestado nada sobre el particular. Cuando, por la vía tangencial, argumenté que en muchas oportunidades se hace referencia en el proyecto sólo al avalúo fiscal y le pregunté cuál era la razón de ello, el por qué de las discriminaciones y diferencias, respondió que también se consideró el plano aerofotogramétrico hecho por los ingenieros agrónomos que intervinieron en esta materia. Pero no contestó, derechamente, por qué se emplea el avalúo fiscal para el pago y la caracterización de los predios bien o mal explotados, y no para la tabla. En esa ocasión tuve que aludir, sin hacer ninguna sugerencia, al hecho concreto de que, a mi juicio, se habrían usado también, para confeccionar la tabla, los argumentos y antecedentes dados en el libro titulado "Geografía electoral chilena", de don Ricardo Cruz Coke. Deseo que el Honorable señor Maira me conteste si es regresiva o no la modificación de los artículos 4º y 5º; si es o no justa la no aplicación del avalúo fiscal para todos los efectos legales en los diversos tramos de la ley. Por último, si la ley tiene o no un criterio distinto para resolver situaciones diversas. Ya se ha insistido suficientemente por algunos Honorables colegas en que el. sistema que se crea es discriminatorio y favorece a ciertas y determinadas personas, actuales y vivas. La Comisión de Hacienda acaba de inventar, tal vez, por indicación del Honorable señor Maira, que se podrán declarar también inexpropiables las empresas vitivinícolas en los casos en que los empleados y obreros sean dueños del 10% de las acciones. ¿Qué es esto: cogestión o propiedad comunitaria? Si ésa es la propiedad comunitaria que preconiza la Democracia Cristiana, mejor que esa expresión no figure nunca en e! Diccionario de la Real Academia Española. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Diputado informante. El señor MAIRA.- Señor Presidente, si bien todas las interrupciones de los señores Diputados se computan a su propio tiempo, es preferible que le pidan la palabra a la Mesa, directamente, para facilitar el desarrollo del debate. Por eso, declaro terminada mi intervención. El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Pido la palabra. El señor RODRIGUEZ (don Juan).- Pido la palabra. El señor ZEPEDA COLL.- Pido la palabra. El señor ISLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZEPEDA COLL.- Es de esperar que el señor Ministro conteste lo que se le pregunte. El señor ISLA (Vicepresidente).- ¡Honorable señor Zepeda! Puede hacer uso de la palabra el señor Ministro. El señor ZEPEDA COLL.- Deben ser aclaradas y precisadas las disposiciones que engendran privilegios. El señor MORALES (don Carlos).- Puede ser que el señor Ministro diga algo sobre los privilegios que se están denunciando. El señor ISLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, espero que se haga un poco de silencio en la Sala para iniciar mi discurso. El señor MORALES (don Carlos).- No se ponga tan agresivo como el otro día, señor Ministro. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente,... El señor MORALES (don Carlos).- Si quiere que lo respetemos, que nos respete. El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- ... en la exposición de motivos contenida en el Mensaje enviado a la Honorable Cámara, se dan las razones objetivas que justifican este proyecto. Los Diputados informantes de las Comisiones de Agricultura y Colonización, y de la de Hacienda, Honorables señores Silva Solar y Maira, han expuesto también las razones y objetivos generales de este proyecto y alcance de sus disposiciones. Sin embargo, quiero reafirmar muy brevemente cuáles son los objetivos de esta iniciativa e insistir en que este proyecto es parte de un programa bastante más amplio que la propia reforma agraria, sobre la cual legisla la iniciativa que en este momento discute la Honorable Cámara. Se ha dicho aquí que entre los objetivos de la reforma agraria está el económico. Yo deseo extenderme un poco sobre, esta materia, porque los propósitos económicos que persigue el proyecto no sólo repercuten en el sector agropecuario y en la propia población agrícola. Fundamentalmente, este proyecto de reforma agraria, el programa global de reforma agraria y de desarrollo agrícola, son, a juicio del Ejecutivo, elementos dinámicos que van a acelerar el desarrolle económico y social de todo o! país y de todos sus sectores, incluido el agropecuario, sobre el cusl incide este texto que discute la Cámara. No abundaré en cifras, porque se han barajado muchas en esta Sala, y el Honorable Diputado señor Rioseco ha dicho que las que dio el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda ya habían sido exhibidas en oportunidades anteriores. El señor RIOSECO.- Muchas gracias, señor Ministro. El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- No quiero repetir las cifras, para no cansar a la Honorable Cámara. Este país, del cual todos nos enorgullecemos, cual más cual menos, tiene como patrimonio natural, según los censos -quiero que esto quede bien en claro-, alrededor de 6. 000. 000 de hectáreas arables. Sin embargo, de acuerdo a estudios hechos en base a los mapas aerofotogramétricos y según las propias experiencias de gente especializada, se estima que Chile tiene, más o menos, 10 a 11 millones de hectáreas arables. Por lo tanto, cuando se afirma en la Cámara que las cifras estadísticas señalan 1. 300 a 1. 500 predios de tantas hectáreas de superficie agrícola, ello es efectivo y así consta en el Mensaje. Y cuando se insiste tanto en si estas cifras comprenden o no tierras arables, puedo decir que, desde el punto de vista censal, se incluyen, pero la realidad es diferente. ¿Por qué? Porque el censo considera tierras arables sólo las que se han arado los últimos cinco o siete años y no las que se cultivaron antes o no se araron nunca. Daré un ejemplo. No voy a defender, ni es mi ánimo hacerlo, a la Colonia Dignidad, tan vapuleada y de tanta actualidad en estos días. Pero no podríamos dejar de reconocer que sus integrantes ocuparon tierras de las que nadie hasta ese momento se había preocupado: ni los particulares, ni los hacendados, ni los italianos que llegaron a ellas primero. Ese predio perteneció a la Caja de Colonización; fue sacado a remate por ésta. Lo adquirieron unos inmigrantes italianos, que se quedaron con las mejores tierras y vendieron las peores a estos alemanes. Esas tierras nunca habían sido cultivadas. Pero estos colonos, según informaciones proporcionadas por funcionarios del Ministerio a mi cargo, han incorporado al cultivo alrededor de 500 hectáreas. No sólo podría citar este ejemplo, sino muchísimos otros en que ciudadanos chilenos y aun extranjeros, han incorporado al cultivo tierras que nunca fueron arables. En la provincia de Magallanes, que aparece en el censo con un mínimo de tierras arables, se están cultivando este año 'alrededor de 500 a 800 hectáreas de "raps" y existe la posibilidad de llegar a las 5. 000 o a las 10. 000. Sin embargo, esta enorme cantidad de hectáreas no está considerada como superficie arable. Quien conozca esa provincia, especialmente las regiones húmedas, puede dar fe de que hay muchas tierras que, si bien no han sido cultivadas hasta ahora, serán consideradas arables por el censo una vez que sean objeto de cultivo. Esa es la situación. Los señores Diputados que han recorrido este país saben también que hay inmensas posibilidades para formar praderas artificiales o praderas mejoradas en muchos terrenos no arables. De manera que no sólo se debe computar la cantidad de tierra arable y regada de los latifundistas y excluir la otra, porque tiene también inmensas posibilidades. En este informe de la Comisión de Agricultura y Colonización basta ver los cuadros para darse cuenta de lo que afirmo. El cuadro Nº 1 muestra que las explotaciones de más de 200 hectáreas en Chile suman alrededor de 13. 000, y no más, y que estas 13. 000 representan el 8, 7% de las explotaciones del país. ¿Cuánta tierra tienen? Una superficie que alcanza al total de 24, 4 millones de hectáreas. Esto representa un 88, 4% de la superficie total, un 86, 6% de la superficie agrícola, un 68, 5% de la superficie arable y un 74, 1%: de la superficie regada. ¡No sé si todavía se podrá seguir diciendo que en este país la tierra no está concentrada en pocas manos o que hay muchos terrenos en poder de unos pocos! El señor OCHAGAVIA.- ¿Me concede una interrupción, señor Ministro? El señor BALLESTEROS (Presidente).- Señor Ministro, el Honorable señor Ochagavía le solicita una interrupción. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor BALLESTEROS (Presidente).- -Ruego a Sus Señorías guardar silencio. ¡Honorable señor Montes! -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¡Honorable señor Montes! ¡Honorable señor Guastavino! El señor OCHAGAVIA.- Sólo quiero formularle una, pregunta, señor Ministro. El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¡Honorable señor Montes! ¡Honorable señor Palestro! El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, quiero rogar a los señores Diputados que no interrumpan mi exposición, porque será relativamente breve. Además, hasta donde yo entiendo, y perdonen Sus Señorías mi ignorancia y falta de práctica en el debate parlamentario, estamos discutiendo en forma general el proyecto. Sin embargo, me he dado cuenta de que algunos oradores se han referido en particular a disposiciones específicas de! proyecto. No formulo ninguna crítica y no es mi ánimo hacerlo, pero estoy realizando una exposición de carácter general, porque entiendo que para ello se me ha citado. Cuando sea la oportunidad de discutir expresamente cada una de las disposiciones, tendré el mayor agrado en intervenir... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- ...si el señor Presidente lo autoriza. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Peude continuar el señor Ministro. El señor OCHAGAVIA.- Quería preguntarle si los millones de hectáreas del Fisco están contenidos en ese cuadro. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¡Honorables Diputados! El señor OCHAGAVIA.- ¡Los Diputados de Gobierno tienen los mejores abogados en los bancos de enfrente! El señor GUASTAVINO.- ¡ Sáquense las vendas! -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, quería confirmar este último aserto diciendo que el número de personas que integran el sector agropecuario, por lo menos las computadas en el censo del año 1955, es de alrededor de 345 mil. De estas familias, tenían poca o ninguna tierra el 73%; y solamente el 27% restante poseía grandes extensiones o medianos fundos o propiedades familiares. ¡Sólo el 27%! En otras palabras, el 73% de la población que vive en el campo carece de tierras o, sencillamente, las tiene en tan pequeña cantidad que no le alcanza para absorber, su capacidad de trabajo ni le permite ingresos con que llevar una vida digna y progresar. Esa es la situación concreta. Si analizamos las cifras del censo y no otras, que podrían ser estimaciones subjetivas o estar equivocadas, tenemos que, de los seis millones de hectáreas arables que tiene el país, ¿cuántas se están cultivando al año con cultivos anuales, permanentes o forrajeros? No más allá de dos y medio millones. El resto de la tierra, tal corno se ha dicho aquí, está sub-utilizado en este país. Por otra parte, de esta población activa del sector agropecuario, según estudios y encuestas que se han planteado, el 30 al 35% de la fuerza de trabajo disponible está sin ocupación. Ello no significa que haya un 35% permanente de cesantes. No, señor Presidente. Significa que un 35% de la fuerza de trabajo está subutilizada, no tiene ocupación plena. Lisa y llanamente significa esto. Pero debemos considerar otros factores. Por una parte tenemos tierras sub-utilizadas; por otro lado, mano de obra subutilizada, y muy subutilizada. La mano de obra no es absorbida en el campo, y es natural que así sea, puesto que, a medida que aumenta el progreso, disminuye la proporción de gente que trabaja en la agricultura. Los campesinos prefieren ir a las ciudades a desarrollar actividades bien remuneradas y con mejores medios de vida. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Pero, ¿qué está ocuriendo en Chile, además? Se ha dicho que la población está creciendo a un ritmo de 2, 26% anual y que la producción está aumentando a un ritmo menor. Esto no se ha negado, a pesar de las discrepancias frente a este punto. Yo acepto una discusión sobre esto; no ahora, porque ya lo hemos discutido en la Comisión. Sin embargo, creo discutible que la producción agropecuaria pudiera estar creciendo al mismo ritmo o menor que la población, pero en otras circunstancias. Ahora bien, la demanda está creciendo a un ritmo muchísimo mayor que la producción agropecuaria interna. Esto nadie puede negarlo, porque las cifras están a la vista. En efecto, los balances del comercio agropecuario exterior revelan que hasta 1940 había un saldo neto positivo para Chile, que ha llegado a ser saldo negativo en 1964. En efecto, ese año el saldo desfavorable fue de 120 millones de dólares. Esto prueba que hay rigidez en el sector agropecuario. Hay mano de obra, existen tierras, hay demanda de mayor consumo. Pero para satisfacer esa demanda debe, recurrirse a países extranjeros. Sabemos que gran parte de nuestra población está mal vestida, mal habitada, mal alimentada, mal tratada; y ella corresponde, precisamente, al sector rural. ¿Qué se persigue con la reforma agraria? Liquidar esta rigidez que presenta el sector agropecuario, basada fundamentalmente en una estructura anacrónica de tenencia de la tierra. No quiero entrar en mayores detalles, pero ésa es una razón de la concentración de créditos a que se refería el señor Diputado informante. Esta materia también la hemos dsicutido en la Comisión. En efecto, se ha hablado muchas veces que dos mil quinientos clientes del Banco del Estado de Chile tenían el 66% de las colocaciones de esta institución. Y seguramente esto mismo sucede con la banca privada. Esta rigidez viene, justamente, de la forma de tenencia de la tierra. Además, se reconoce que algunos canales de comercialización están siendo obstruidos, obturados, pero esto afecta más al pequeño o mediano propietario que al grande, y el comercio absorbe en buena parte ese margen de comercialización a que se refería el señor Diputado informante. No es extraño que muchos grandes agricultores sean, más que grandes terratenientes, personas "embarcadas" en estos negocios de comercialización. No hago cargos a nadie, sino que estoy reconociendo hechos... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor OCHAGAVIA.- A ver el co ro... El señor MONTES.- A Sus Señorías no les alcanza para formar un coro. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- No sé si aquí puede más el que grita más; pero la verdad es que no quisiera estar en esta posición. El señor BALLESTEROS (Presidente).- No es ésa la norma de la Honorable Cámara, señor Ministro. El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Sé que no es la norma de la Honorable Cámara, señor Presidente. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar el señor Ministro. El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Ahora, como el Poder Legislativo piensa que la reforma agraria destruirá, precisamente, esta rigidez. ¿Por qué? Porque al repartirse la tierra, por una parte, y al poner terrenos subutili- zados en manos de gente que tiene fuerza de trabajo disponible tendremos una producción que suplirá las exportaciones. Esto dará mayores ingresos al sector agropecuario; no cabe ninguna duda de que así será. Posiblemente, los dará a dos y medio o tres millones de personas. Esto está siendo logrado en parte a través del aumento de los salarios, de aumentos en la asignación familiar. Pero, mediante la reforma agraria misma, la gente trabajará sus tierras y seguramente muchos campos que hoy día se reputan como no arables lo serán dentro de poco. Aumentaremos nuestras tierras arables, nuestra producción; los ingresos del sector rural; las actividades rurales, por este solo efecto. Asimismo, incrementaremos las actividades urbanas, porque en la primera etapa la reforma agraria está reteniendo cierta cantidad de gente en el campo. Es decir, muchas personas que antes iban a la ciudad en busca de mejores salarios, haciendo bajar los del sector industrial, se quedarán por más tiempo en el campo, donde tendrán mejores oportunidades. En consecuencia, sin presionar sobre los salarios de la ciudad, éstos seguirán mejorando y ejercerán también una demanda de mayor producción agropecuaria, con mejores precios para el productor de las tierras reformadas principalmente, porque estarán asociados en cooperativas. Todo este movimiento permitirá abastecer mejor al país y desarrollar la industria, porque el agricultor beneficiario de la reforma agraria o el asalariado del campo tendrán mejores ingresos y podrán ejercer también una demanda importante sobre la industria urbana, que permitirá que ésta crezca, pague mejores salarios a sus trabajadores y baje el precio de sus-productos. Nosotros estamos convencidos de que con la reforma agraria ponemos en marcha un elemento dinámico, no sólo para el progreso del sector agropecuario, sino para toda la economía del país. Este es uno de los objetivos importantes de la reforma; pero no es el único. Hay otros, de carácter social y cultural, tales como el de educación de la gente a través del programa de desarrollo de la comunidad, que ha dado resultados tan evidentes como éste: en el año 1965 se ha logrado construir 1. 500 kilómetros de caminos permanentes, para dar salida a la producción de muchos pequeños agricultores, sobre todo de las provincias de Ñuble al sur, cosa que antes nunca se había hecho y que no figura en el Presupuesto. Tambien, a través de este programa de desarrollo de la comunidad, se han construido 184 escuelas en el sector rural, y muchísimas otras obras largas de enumerar. Esto es parte de la reforma agraria. Porque no se trata sólo de repartir tierras. Hay algo más: hay que educar y promover al sector rural de nuestra población para que pueda progresar y no siga frustrándose como hasta ahora. Por último, como objetivo importante de nuestra política de hacer nuevos propietarios, nosotros estamos perfeccionando el sistema democrático, porque la democracia de un país, especialmente como el nuestro, del que tanto nos enorgullecemos, no se desarrolla y afianza manteniendo la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, si no extendiéndola a muchos propietarios. Antes de terminar, señor Presidente, quiero hacer presente que este programa de reforma agraria, al cual se refiere fundamente el proyecto de ley que está discutiendo la Honorable Cámara, es parte de un esquema mucho más amplio de lo que es plan de reforma agraria y de desarrollo agrícola. En efecto, ¿a quiénes cubre y beneficia este proyecto de ley de reforma agraria? En primer lugar, naturalmente, este programa comprende a los nuevos propietarios, beneficiados directamente por la reforma con la entrega de la propiedad de la tierra. En segundo lugar, cubre tam-biéna los minifundistas y pequeños propietarios. ¿Cómo lo hace? A través del programa que estamos realizando por intermedio del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No quiero repetir ahora cifras que proporcioné hace un par de semanas. El señor RIOSECO.- ¿Y la ley Nº 15. 020, señor Ministro? El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Además, este proyecto alcanza y beneficia a los medieros y pequeños arrendatarios, en favor de los cuales se ha dictado la ley reciente que prohibe las parcelaciones, porque está dentro de ese esquema nuestro el propósito de seguir atendiendo y mejorando la situación de estos campesinos. El programa de reforma agraria y de desarrollo agrícola incluye también a todos los medianos y grandes agricultores que sean eficientes, respeten las leyes sociales y, en definitiva, cumplan la función social de utilizar bien la tierra cuando no la tengan en exceso. En consecuencia, el programa de desarrollo agrícola comprende a todo el mundo que quiera colaborar con eficacia, decisión y vigor en esta iniciativa en que estamos empeñados para sacar del estancamiento en que se encuentra hoy día tanto la producción agrícola como la economía global del país. Este esquema tiene también una serie de medidas de política general, en rubros específicos que solamente voy a nombrar, porque creo que sería inoficioso hacer ahora toda una exposición de lo que es la política de desarrollo agrícola. El Presidente de la República, en su Mensaje del 21 de mayo, la dará a conocer con más detalle que lo que yo pueda hacer ahora. De manera que, por eso, voy a ser muy breve y enunciaré solamente los puntos generales. Estamos empeñados en una política de precios, valiente y decidida, como nunca antes se había hecho, en favor del sector agropecuario. Al mismo tiempo, realizamos una política encaminada a constreñir el alza de los insumos en maquinarias agrícolas, en abonos y en una serie de otros elementos. Nunca antes, por ningún otro Gobierno, se había puesto coto a estas alzas y especulaciones, y a las verdaderas "mafias" que estaban operando con los insumos agrícolas. Dentro de esta línea, estamos canalizando el crédito. Es así como el INDAP ha beneficiado, durante el último año, a alrededor de 50. 000 familias con crédito agrícola. A gente que nunca antes había tenido oportunidad, se le ha dado ahora crédito, sin sentido político, sino, sencillamente, con criterio social y económico. Un señor DIPUTADO.- ¡Con sentido político! El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Estamos mejorando también los canales de comercialización hacia todos lados. Hemos echado a andar un programa de construcciones de infraestructuras en comercialización. Asimismo, hemos impulsado y vigorizado todo el sistema cooperativo. Además, estamos diseñando un programa de otro tipo de inversiones, como obras de riego y de drenaje en el sector agropecuario. Por último, también estamos promoviendo un amplio programa de asistencia técnica en el sector rural. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Aravena, don Andrés. El señor ARAVENA (don Andrés).- Señor Presidente, el Partido Socialista, por mi intermedio, inicia su participación en este debate sobre el proyecto de reforma agraria, enviado por el Ejecutivo, con la satisfacción plena e íntima que da el hecho de ver confirmado por la historia uno de los principios básicos de su programa, es decir, la necesidad de realizar una auténtica reforma agraria en nuestro país, que logre poner fin al actual régimen feudal del latifundio y que permita fomentar la explotación científica y racional de la agricultura y, fundamentalmente, sacar al campesino nuestro de los marcos de miseria, frustración y condiciones subhumanas de existencia. Durante toda nuestra lucha partidaria, es decir, por más de 30 años, hemos insistido, en todos los tonos, en cada circunstancia propicia, en esta necesidad fundamental para el desarrollo de nuestro país. A lo largo de todo este tiempo, hemos afrontado, de parte de nuestros enemigos seculares, que a la vez son enemigos de la Patria, las más infamantes acusaciones, persecuciones y calumnias. Los diarios, las emisoras de la reacción chilena, todos sus medios de publicidad, los testaferros de la oligarquía, a cada instante nos motejaban de "demagogos", de "agitadores profesionales", de "sembradores de odio", de "activistas de países extranjeros". Pero cuando se está al lado de la razón, cuando una profunda convicción anima la lucha por cualquier objetivo de beneficio para las mayorías, sabemos nosotros, los socialistas, que terminará por imponerse el interés común y no el interés de unos pocos, aunque éstos apelen a todos los recursos que otorga el poder político y económico. Y no solamente hemos sido calumniados por exponer francamente nuestra posición insobornable en favor de la reforma agraria, sino que también cuando hablamos y exigimos una verdadera reforma educacional, una reforma industrial y una política exterior libre e independiente de los dictados del imperialismo extranjero. Entonces, también, somos, y seguimos siendo, atacados vilmente, si afirmamos que nuestra Patria sólo podrá encontrar el camino de su progreso cuando efectivamente el pueblo, sus trabajadores, su juventud, sus empleados, técnicos, profesionales, en suma, toda su gente progresista, tomen participación activa y creadora en la función y la gestión de un Gobierno auténticamente democrático y popular. Cuando un Gobierno interpreta al pueblo trabajador, nunca, señor Presidente, hace matar a sus propios hermanos de clase, como fatalmente ocurrió, hace pocos meses, en la "masacre" del mineral de "El Salvador"; nunca mata y hiere a campesinos, como también ocurrió con la muerte del campanero Cereceda, del fundo "Los Cristales", en Curicó, por reclamar, junto a sus compañeros, una seguridad elemental para el desempeño de su trabajo. Ahora, ya no solamente es el Partido Socialista el que sustenta tal necesidad, sino que vastos y mayoritarios sectores del país concuerdan fervorosamente con nuestra posición. Desde luego, es el propio campesinado el que ha despertado ante una nueva conciencia de sus derechos. La voz de los partidos populares, acerada cada día más en la lucha, logró tener eco entre los hombres que trabajan la tierra. Y en memorables oportunidades electorales, en los años 1958 y 1964, éstos votaron por candidatos que incluían en sus programas la realización urgente de una reforma agraria. Claro es que los que votaron por el actual Gobierno, lo hicieron creyendo de buena fe que tal reforma se haría rápidamente, y con la participación del campesinado. Hasta la Iglesia Católica, en muchos aspectos, cuna y sostén de clanes conservadores, ha tenido que hacer oír su voz, reclamando un cambio de fondo en la política agraria seguida en nuestro país. Hasta los organismos más reaccionarios e insensibles, aglutinados especialmente en los ya casi olvidados Partidos Conservador y Liberal, hablan de reforma agraria; pero, naturalmente, de una reforma agraria tal, que no perjudique sus grandes y seculares intereses de señores de la tierra. La juventud, en una mayoría abrumadora, ha llegado a organizarse en un frente común de lucha, con el objeto de impulsar un rápido despacho del proyecto y su pronta y efectiva aplicación. El clamor popular va creciendo en la medida en que transcurren los días, sin que se vea un afán sincero del Gobierno de lograr una pronta dictación de esta ley. El tono conciliador empleado por el Ministro de Agricultura y el propio PresidenteFrei, las concesiones cada vez más amplias otorgadas a aquellos sectores que han acumulado sus riquezas mediante la explotación indiscriminada de la tierra y la explotación inhumana de los auténticos campesinos chilenos, hacen que, a nuestro juicio, estas contradicciones entre la teoría y la realidad democratacristiana sean totalmente funestas para el interés del país. Ya hemos dicho que una mayoría impresionante de chilenos está con esta iniciativa de ley; y, por lo tanto, cuenta con su respaldo objetivo para avanzar sin vacilaciones, sin timidez alguna. Las campanas bélicas, que llaman a la insurrección, sus toques de amenazas y de alarma, son reacciones lógicas de una clase añeja, retardataria, en el ocaso de su vida, en su mayor parte negativa, que usufructo del trabajo ajeno. No puede tenerse, entonces, la ingenuidad de creer que en las luchas económicas, las clases perjudicadas vayan a permanecer indiferentes y tranquilas ante la ofensiva popular, que pugna por una más justa y equitativa redistribución de la riqueza. Pero todo lo que hagan por impedir el cambio será en vano, porque ya el veredicto ha sido dado y las fuerzas progresistas se impregna cada vez más con el afán de realizarlo. Toda demora traerá, como ya ha ocurrido, componendas y transacciones, "muchas veces impulsadas por propios militantes democratacristianos, que son conocidos latifundistas, o que guardan estrechos vínculos y relaciones con representantes del gran latifundio". Por ello, el Partido Socialista afirma que no hay razón valedera y justa para que este proyecto progrese en la forma tan lenta e irritante en que se ha llevado, hasta ahora, por parte de los representantes democratacristianos. El interés común, el interés de la sociedad toda, debe ser el arma imperativa que este Gobierno tiene que usar para su pronto despacho y rápida aplicación. Por lo demás, personeros importantes de la Democracia Cristiana han insistido, públicamente, en declaraciones sobre la materia, en que en la rapidez de la aplicación de una reforma agraria radica, en gran parte, el éxito de ella; por opinar así, estos personeros tampoco han escapado a que se les moteje de "marxistas emboscados"... Hay un punto acerca del cual todos los sectores de la vida nacional... El señor URRA.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorable señor Aravena, el Honorable señor Urra le solicita una interrupción. El señor ARAVENA (don Andrés).- Tal vez más adelante, señor Presidente, pero ahora no deseo ser interrumpido. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor ARAVENA (don Andrés).- Hay un punto acerca del cual todas los sectores de la vida nacional expresan unánime criterio. Y éste es el reconocimiento de que, en nuestro país, existe una dramática crisis agrícola, cuyas profundas raíces han hecho y siguen haciendo estériles cuantos esfuerzos se han hecho por superarlas. Será inútil toda nueva tentativa, si ella no se hace dentro de un sistema político, social y económico diferente; es decir, si no se hace dentro de un Gobierno que luche impulsado y respaldado por la clase trabajadora. Esta crisis afecta, como es fácil suponer, no solamente a la población relacionada directamente con la agricultura, sino que, en una u otra forma, a todos los sectores del país. Está comprobado históricamente que la actual estructura agraria chilena provoca la subutilización del factor tierra, porque la existencia de propiedades de gran extensión que hay en el país... El señor URRA.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor BALLESTEROS (Presidente).- El Honorable señor Aravena manifestó que no desea ser interrumpido, señor Diputado. El señor ARAVENA (don Andrés).- ... determina que la mayoría de los propietarios no demuestren mayor interés por mejorar su productividad por unidad de superficie, por cuanto las inmensas extensiones de tierras que poseen les permite explotar reducidas superficies, naturalmente, escogiendo las partes mejores, y abandonando a los variados fenómenos naturales, entre ellos la erosión, gran cantidad de suelo, el que, con un concepto audaz y progresista, podría incorporarse a la producción agrícola. El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Urra le solicita una interrupción. El señor ARAVENA (don Andrés).- No deseo ser interrumpido, señor Presidente. El Honorable colega puede formular sus observaciones en el tiempo de su Comité. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¡Honorable señor Dueñas! El señor ARAVENA (don Andrés).- Además, suponiendo el caso de que exploten sus predios en su totalidad, lo que constituye la excepción entre los empresarios, no les importa obtener un bajo rendimiento por unidad, por cuanto el crecido número de hectáreas sembradas suple ese bajo rendimiento. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías no interrumpir. El señor ARAVENA (don Andrés).- Así tenemos que el 1 % de los propietarios agrícolas posee el 60% de la tierra. En cambio, al lado tenemos que 76. 000 propietarios reúnen en sus manos el 1% de la superficie agrícola. Al margen de la subutilización que provoca esta absurda estructura agraria, como consecuencia inevitable acarrea que el campesinado, empleado en calidad de obrero e inquilino, forzosamente sufra la explotación más despiada junto a sus familiares. Así, por más de un siglo y medio, se ha desenvuelto la inmensa mayoría del campesinado en medio de la pobreza, la servidumbre y el analfabetismo. Así los obreros agrícolas se han convertido en la clase social más atrasada del país. Las enfermedades que provoca la subalimentación hacen fácil presa de ellos y sus familiares. Resulta paradojalmente cruel que el Servicio Nacional de Salud haya comprobado que el 70% de ellos ofrecen rastros de raquitismo. Por otra parte, de acuerdo con informes sobre desnutrición infantil, emanados de organismos técnicos de la Universidad de Chile, las necesidades del país en materia de leche son superiores a los 3. 000 millones de litros anuales. Las cifras disponibles indican una producción nacional no superior a la cuarta parte de las necesidades del país. Por eso, mueren miles de niños anualmente, registrándose el más alto porcentaje de mortalidad infantil precisamente en el sector agrario. La tremenda falta de alimentación obliga al 13% de los chilenos a vivir de limosna extranjera, a través de instituciones como Cáritas Chile. Todo esto se debe a la falta de utilización de las tierras cultivables. Chile dispone de un número de hectáreas arables por habitante casi tres veces superior, en promedio, al de Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, Japón, etcétera. Sin embargo, tiene que importar productos para poder comer. El Servicio Nacional de Salud ha entregado el siguiente cuadro de déficit alimenticio chileno: Papas.- Se dispone de 80, 5 kilos por habitante y la dieta mínima es de 103 kilos. Por lo tanto, hay déficit de 12, 3%. Señor Presidente, como este cuadro contiene datos similares sobre varios otros productos, solicito que se inserte en la Versión de esta sesión. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala, a fin de insertar en la Versión Oficial de esta sesión el cuadro a que se ha referido el Honorable señor Andrés Aravena. El señor IRURETA.- No hay acuerdo. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Hay oposición. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¡Honorable señor Osorio! Puede continuar el Honorable señor Andrés Aravena. El señor ARAVENA (don Andrés).- Continúo leyéndolo, entonces. Carne.- Se dispone de 28 kilos por habitante y la dieta mínima es de 40 kilos. En consecuencia, existe un déficit de 30%. Huevos.- Se dispone de 59 unidades por habitante y la dieta mínima es de 100 unidades. Hay un déficit de 41%. Frutas.- Se dispone de 31 kilos por habitante y la dieta mínima es de 55 kilos. Por lo tanto, hay un déficit de 43. 6%. Esta situación se agrava si se considera que este déficit afecta al término medio de toda la población, tomando en cuenta a todas las clases sociales, por lo cual el déficit alimenticio de los sectores populares es mucho más trágico, por cuanto las capas pudientes absorben con creces la dieta mínima establecida por el Servicio Nacional de Salud. Todo esto sucede en medio de una tierra generosa que espera ávidamente la iniciativa audaz para entregar la alimentación elemental al ser humano. Ello no ha sido posible, hasta ahora, porque el campesino, para el gran señor de la tierra, es un mero objeto, una vulgar herramienta de trabajo, cuya conservación trata de hacer lo más barata posible. Todavía deben agregarse a esta realidad las inconcebibles e inhumanas condiciones en que viven los trabajadores agrícolas, ya que carecen de lo más elemental para la existencia humana, como se ha comprobado por serios organismos técnicos. Datos entregados por el Ministerio de Agricultura expresan claramente que el 66% de las casas campesinas tienen piso de tierra; el 55% no dispone de servicios sanitarios de ninguna especie; el 70% de los hogares campesinos se abastece sólo de aguas de acequias, y el 90% de los trabajadores del campo y sus familiares duermen de a 3 a 6 personas en una pieza y hasta de 2 a 4 en una misma cama. También deben considerarse los bajos salarios, que en gran porcentaje son burlados por los patrones y los robos de asignaciones familiares. Sólo por vía de ejemplo, puede señalarse que, en el año 1961, únicamente, trescientos mil obreros agrícolas eran presentados en planillas para el cobro de asignación familiar, quedando al margen de este beneficio social trescientos noventa mil. En ese mismo año se dejaron de compensar 300 mil cargas familiares, lo que significó para nuestro campesinado menores ingresos por un valor superior a los 20 millones de dólares. Si agregamos a todo esto los horarios de trabajo, de "sol a sol", y los medios rudimentarios empleados para el trabajo, sólo comparables a los usadas en el antiguo Egipto, debemos concluir que cerca de la tercera parte de la población nuestra, chilenos como nosotros, necesitan urgentemente, y lo están exigiendo rebeldemente, que el Gobierno, que, repetimos, fue elegido para terminar con las lacras que amarran el carro de nuestro progreso, inicie resueltamente una acción decidida en favor del trabajador agrícola. Se resta así al país, al mismo tiempo, un vasto y valioso mercado para la industria nacional, ya que se coloca al margen del poder comprador a tan numeroso conglomerado de habitantes, cuyas rentas apenas sí les permiten adquirir parte de lo más elemental para la subsistencia; y la industria, naturalmente, se ve obligada a marchar a un ritmo muy inferior al de su capacidad y rendimiento normal. Incluso muchas deben obligatoriamente cerrar en forma definitiva sus talleres o, sencillamente, laborar con menos turno de trabajadores. Consecuencia de ello es la cesantía, la angustia y la pobreza dentro de los sectores de trabajadores industriales, con todas las resultantes en la vida de un país. Las negativas condiciones de vida del campesinado, por otra parte, han hecho que su juventud encamine sus pasos hacia los sectores urbanos, especialmente a centros poblados, como Santiago, Valparaíso y Concepción, atraídos probablemente por la ilusión de mejores fuentes de trabajo y, por lo tanto, de mejores condiciones para el desenvolvimiento de sus vidas. De acuerdo con un estudio publicado en 1962 por el Centro Latinoamericano de Demografía en el año 1920 la población chilena se distribuía así: población urbana, 46, 4%; población rural, 53, 6%. En el año 1960 los porcentajes eran: población urbana, 68, 31%; población rural, 34, 7%. Es decir, año a año importantes sectores campesinos invaden los centros industriales del país, provocando todos aquellos problemas que ya son algo tradicional en cada ciudad nuestra: déficit habitacional, cinturones de poblaciones marginales, falta de fuentes de trabajo, carencia de elementos tales como agua, alumbrado eléctrico. En suma, frustración y promiscuidad. En el plano educacional también el abismo se va ensanchando entre estos dos tipos de poblaciones. Así, según el Censo de Población de 1952, de la población urbana de 15 y más años de edad sólo el 11, 2% era analfabeto; en cambio, en las zonas rurales este porcentaje era del 36%. Además, como es fácil deducir, el término medio de escolaridad primaria es más bajo en el sector rural que en el urbano. Distintas serían estas realidades, si realmente fuera cierta la ostentación del "espíritu progresista" de que publicitariamente hacen gala durante este último tiempo los grandes poseedores de la tierra. Si efectivamente dieran buen trato social a los trabajadores agrícolas, naturalmente que ellos no se verían impelidos, al menos tan extraordinarios porcentajes, a emigrar a las ciudades buscando un "confort" mediano a sus existencias. Si realmente vibraran con el bienestar y felicidad de sus trabajadores, sencillamente no existiría tan elevado número de analfabetos. ¡Siglo XX, señor Presidente, época maravillosa, de la tecnología, del avance científico; siglo de luz, de viajes audaces y maravillosos fuera del planeta nuestro; y Chile, con su campesinado oscuro, sin horizontes, sin expectativas, con una constante explotación de más de siglo y medio! En los fundos, en las grandes haciendas, el profesorado rural lo sabe: el gran señor no da facilidades para la creación de escuelas, no hay ayuda para el modesto profesor o profesora que, con su inmensa abnegación y amor al prójimo llega a los lugares más distantes a cumplir con su apostolado. El gran señor no se preocupa; no hay ayuda del fundo; no hay alimentación para aquellos niños que, recorriendo kilómetros y kilómetros desde sus hogares, van a la escuelita insalubre y desnuda a recoger el significado de las letras y de los números. Para el latifundista no hay problemas, pues sus hijos concurren a los colegios particulares, pueden llegar a las Universidades, pueden tener títulos y asegurarse una vida de comodidades. Muy pocas son las excepciones que pueden encontrarse sobre estas actitudes y constituyen gestos honrosos que no vacilamos en destacar. Respecto a la productividad del campo, ya sabemos, pues ha sido repetido hasta la majadería, que el ritmo de crecimiento de la población es superior al porcentaje de crecimiento de la agricultura. En efecto, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Economía Agraria, resulta que la tasa de promedio anual de crecimiento de la producción agropecuaria ha sido, en los últimos años, del orden del 2, 29%, mientras que la del crecimiento de la población ha sido del 2, 71%. En otras palabras, se desprende que la agricultura ha sido incapaz de hacer frente al aumento de la demanda de productos agropecuarios, con la consecuencia de que el déficit ha tenido que ser suplido por una mayor importación de los mismos. De acuerdo con estudios hechos por la propia Corporación de la Reforma Agraria, en 15 años Chile ha tenido que gastar 1. 500 millones de dólares en importación de alimentos, lo que equivale, haciendo una comparación gráfica, al total de las inversiones efectuadas por Alemania con los aportes del plan Marshall, para producir el resurgimiento de ese país durante los años 1948-1954, denominado "el milagro alemán". Es lo mismo que si Chile hubiera sufrido un terremoto cada tres años, de las mismas características y consecuencias del ocurrido el año 1960; es decir, es como si se hubiera visto obligado a invertir 400 millones de dólares en cada oportunidad por concepto de reconstrucción de hopitales, caminos, edificaciones, etc. Es interesante agregar que el crecimiento que se observa en la agricultura se ha debido, en gran parte, al aumento de siembras de remolacha, raps y maravilla, notándose apenas un ligero aumento en las leguminosas. No es de extrañar que esta insuficiencia para abastecer el mercado interno pese poderosamente en el comercio exterior, la cual va en ritmo creciente cercenando la disponibilidad de divisas del país, como lo demuestra un cuadro confeccionado con informaciones del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, que señala, por ejemplo, cómo en el período 1924-44 las exportaciones produjeron 25, 8 millones de dólares y las importaciones significaron 35, 6 millones de dólares, dejando un déficit de 9, 8 millones de dólares; en cambio, en el lapso 1960-64, las exportaciones alcanzaron a 40, 1 millones de dólares y las importaciones a 131, 8 millones de dólares, con lo cual el déficit llegó a 91, 7 millones de dólares. En suma, actualmente se puede afirmar que, desde el punto de vista económico, la agricultura está frenando en gran medida la economía del país, ya que los valores obtenidos por las exportaciones, a contar del año 1942, han sido insuficientes para equilibrar los precios cada vez más altos de las importaciones, que actualmente son del orden de los 100 millones de dólares. Y si a ello se agregan las divisas requeridas para la importación de maquinarias, vehículos y motores agrícolas, el déficit aumenta considerablemente, debiendo emplearse divisas producidas por otras actividades del país. Es decir, la agricultura chilena ya no aporta divisas, sino que utiliza recursos de otras fuentes de producción, compensando así su incapacidad de producir y crecer. Los representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, durante los debates habidos en la Comisión de Agricultura, expusieron claramente, con espíritu técnico, la necesidad dramática de realizar con urgencia una profunda reforma agraria, agregando que de mantenerse la tasa actual de crecimiento, la importación de productos agrícolas igualará la actual producción total del campo chileno en el plazo de 24 años, razón por la cual deberá destinarse a esta actividad la mayor parte de divisas que producen otros sectores. Esto originará, como consecuencia, la detención de la vida productiva del país. Para paliar o evitar esta verdadera paralización nacional, consideran ello que, por lo menos, deberíamos obtener un crecimiento agropecuario del orden del 5, 3% anual. Pusieron de manifiesto cuán angustioso es el plazo de que disponemos para cambiar radicalmente de rumbos sobre esta realidad que nos coloca en la disyuntiva trágica de tener que afrontar en un futuro cercano una terrible escasez de alimentos. En el propio diario "El Mercurio", vocero fiel del latifundista chileno, se publicó el día 3 de abril de 1966, que faltan 220. 000 toneladas de trigo para cubrir las necesidades del consumo interno en el resto del presente año, ya que con lo que actualmente cuenta el país apenas alcanza para satisfacer la demanda hasta el mes de agosto. Asimismo, lo que es más alarmante y pone en evidencia la política de "boicot" seguida en contra de este proyecto de ley, que hoy día discutimos, y la falta absoluta de patriotismo de los señores de la tierra, el señor Gerente de Operaciones de la Empresa de Comercio Agrícola manifiesta en el mismo artículo que la cosecha agrícola nacional ha rendido un 15% menos que el año pasado. Si se considera, agrega el artículo, que la producción de 1963 y 1964 fue de 15 millones de quintales métricos de trigo; la de 1964-1965 de 12 millones 800 mil quintales métricos y que la de la actual cosecha difícilmente sobrepasará los 10 millones de quintales métricos, significaría que este descenso de productividad de trigo implicaría una pérdida neta de 75 millones de dólares para la economía de Chile. Este solo dato debería hacer meditar al Gobierno y comprender que en la demora, precisamente en la demora, está el factor que beneficia a la clase latifundista para entorpecer y hacer fracasar una reforma agraria que, como se ha dicho, cuenta con el respaldo mayoritario del país. No necesitamos, en esta parte de nuestras observaciones, mencionar otros artículos alimenticios que, debiendo producirse en abundancia en nuestro propio país, nos vemos en la necesidad de importar en forma cada vez más creciente, como leche, aceite, papas, carnes, pollos, importaciones que encierran, como es de conocimiento público, estruendosos escándalos del régimen. Pero, estas consecuencias, delineadas así, "grosso modo", tienen como causa una que es fundamental y que es la que pretende atacar -desgraciadamente no muy a fondo- el presente proyecto de ley: La actual estructura de la tierra en nuestro país. Ya sabemos que el sistema predominante en Chile es el llamado de "hacienda o latifundio" y es el que existe, además, en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. Resumiendo, sus características principales -opiniones éstas que son compartidas por la totalidad de los organismos técnicos en la materia, particularmente, ©1 Colegio de Ingenieros Agrónomos- son las siguientes: Subutilización y baja productividad de la tierra. Pobreza y estado de servidumbre del obrero agrícola, al que no se le ha permitido usar del derecho a organizarse. Llena está la historia del campesino chileno con los abusos más incalificables practicados en su contra por parte de los latifundistas, verdaderos amos y señores de típico corte feudal. Deficiencia del sector empresarial. Este sector no ha sido capaz, pese a los incentivos recibidos, de impulsar el verdadero progreso en el campo. En miles de casos ni siquiera tienen su residencia en el campo; incluso algunos de sus personeros viven en el extranjero. e) Escasísima reinversión de las utilidades y bajo nivel de inversiones de capitales. Los créditos, en su mayor parte -como veremos más adelante- no los han empleado para impulsar el desarrollo agrícola, sino que los han destinado en inversiones suntuarias, viajes al extranjero, etcétera. De estas simples y reales conclusiones, podemos inferir que el sistema de latifundio margina de la producción grandes cantidades de tierra agrícola y mantiene al obrero, que en ella trabaja subutiliza-do y estagnado en su productividad y desarrollo personal y familiar. Esta rigidez estructural impide, en consecuencia, que se asimile el progreso técnico y la capitalización que tan urgentemente necesita el país. De una simple ojeada que se dé al actual sistema de tenencia de la tierra, se desprende la cruda realidad que golpea al país, y la urgente necesidad que existe de modificarla a la brevedad. Las características de la concentración de la tierra -de acuerdo con el Censo Agrícola y Ganadero de 1955, que son a las que alude el señor Kurt Ulrich en su "Ensayo sobre la Agricultura Chilena", publicado el año recién pasado- son las que señalaré. Solicito, señor Presidente, se sirva recabar el asentimiento de la Sala para omitir la lectura e insertar el cuadro. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala, a fin de insertar el cuadro. El señor OCHAGAVIA.- Nosotros queríamos hacer lo mismo. Yo no tengo inconveniente en que se tome el acuerdo, pero que se adopte en forma general. La señora LAZO.- ¿Me permite una pequeña interrupción? Solicito que se incluyan también los cuadros cuya inserción pidió con anterioridad. El señor OCHAGAVIA.- En esas condiciones, no. El señor BALLESTEROS (Presidente).- En este momento, hay ambiente para permitir la inclusión de todos los cuadros aludidos. En todo caso, la Mesa desea, por razones obvias, que las inclusiones sean breves. El señor OCHAGAVIA.- No hemos preguntado la magnitud de los cuadros. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Su Señoría sabe por qué hago la observación, pero en todo caso habría que conocer los cuadros cuya inserción se solicite. La señora LAZO.- No hemos puesto condiciones. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se adoptará este acuerdo en forma general para todos los cuadros cuya inserción se solicite en forma expresa a la Mesa en este debate. Acordado. -El cuadro estadístico, cuya inserción se acordó, dice como sigue: DISTRIBUCION DE LA TIERRA POR ESTRATOS DE TAMAÑO El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor ARAVENA (don Andrés).- Señor Presidente, se desprende de las cifras que se indican en el cuadro que he mencionado, el gran contraste que existe en la distribución de número de explotaciones de diferentes tamaños y en la distribución de los distintos tipos de tierra. Tenemos que las explotaciones de tamaño menor a 5 hectáreas significan el 37% del total de las explotaciones del país. Sin embargo, este 37% sólo posee el 0, 3% del total de la tierra agrícola, el 1% de la tierra arable y el 2, 1% de la tierra re-gada en el país. Ahora, las explotaciones inferiores a 200 hectáreas representan el 91, 3% del total. Sin embargo, sólo poseen el 26% de la tierra regada, el 31, 4% de la tierra arable y solamente el 13, 4% de la tierra agrícola. Con posterioridad, se han producido algunos cambios, pero no inciden mayormente en el panorama general Sobre el sistema de tenencia de la tierra en el país. Otro dato importante comprobado por las estadísticas oficiales es que la concentración de mano de obra está dirigida en los predios superiores a las 20 hectáreas, por lo que se concluye que los predios pequeños son trabajados directamente por los miembros del grupo familiar. Son interesantes y desde todo punto de vista revisten la máxima seriedad, los datos entregados por los representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, quienes se refirieron a las inmensas posibilidades agropecuarias de que dispone el país, para iniciar una política que elimine la aguda crisis que atravesamos. Exponen que disponemos de suficiente tierra productiva en relación con nuestra población total y las necesidades de empleo del sector rural. El año 1961, la disponibilidad de suelo arable era de 0, 8 hectáreas por habitante, comparado, por ejemplo, con 0, 6 hectáreas para Dinamarca. Sin embargo, agregan, menos de la mitad de nuestro suelo se cultiva anualmente. Y hablando sobre la inmensa posibilidad de mejoramiento de nuestra productividad agrícola, y a manera de ejemplo, agregaban que California, cuyo territorio agrícola es de una notable similitud ecológica con la región Malleco-Coquimbo de nuestro país, obtuvo ya en 1954 la suma de 425 dólares por cada una de las 5. 300 hectáreas de cultivo, cifra fácilmente tres veces mayor que la de Chile en la actualidad. En cuanto a los recursos de las aguas de riego de nuestro país, comprobaron como ellas están siendo utilizadas sólo en un bajo porcentaje, lo que indica que, empleado este vital elemento en forma racional y bajo una política de bien común, coloca a la nación chilena en una situación muy favorable para una fuerte expansión en el uso de este recurso. Y textualmente agregaron: "La extensión del área cultivable y cultivada y el aumento de la productividad del suelo son potencialmente más que suficientes para nuestras necesidades de mayor consumo y, por lo tanto, de producción. ". Desde el punto de vista de la tecnología misma, la existencia en el país de tres mil ingenieros agrónomos, de excelente preparación y experiencia, aseguran la aplicación efectiva de la última técnica en el campo chileno, siempre, eso sí, que se les libere de tareas netamente administrativas, dándoles los medios de acción y no comprometiéndolos en labores de carácter social, que los desvían de las funciones específicamente técnicas para las cuales estudiaron. Por estas y otras condiciones potenciales, entre las cuales destaca la extraordinaria calidad y espíritu de superación del obrero agrícola, se concluye fácilmente que disponemos de todo lo necesario para dar a Chile una acción agraria que no solamente satisfaga las necesidades internas, sino que también se transforme en país exportador de artículos alimenticios. De ahí que el desafío está planteado. Es un desafío que por el bien de sus resultados no admite demoras ni vacilaciones; el camino está claro y sólo espera la voluntad y férrea decisión del Gobierno del país. En todo caso, señor Presidente, el sector de trabajadores agrícolas no está dispuesto a aceptar que se le siga tramitando en el logro de sus reivindicaciones. Esto lo expresé al comienzo de mis palabras y ha sido corroborado por algunos dirigentes campesinos democratacristianos, como ocurrió en la concentración divisionista "de bolsillo" de las fuerzas adeptas al señor Frei, durante la conmemoración del 1° de mayo en la Plaza Bulnes. Ya está dicho que el despertar sacude las conciencias campesinas; y en múltiples acciones de hecho, han expresado su afán incontenible de ser los protagonistas de cambios revolucionarios. Precisamente, esta evidencia indiscutida pesó fundamentalmente en el ánimo del actual Gobierno para presentar este proyecto de ley al Parlamento. En múltiples ocasiones al dirigirse al país, y en la propia exposición de motivos del proyecto, el señor Presidente de la República ha manifestado que es imperioso legislar rápidamente sobre la materia, si no quiere verse abocado el país a presenciar la irrupción violenta del proletariado agrícola en demanda de sus legítimos derechos. Es decir, si se quiere buscar legítimamente el origen del por qué los últimos Gobiernos han demostrado preocupación por la política agraria, como lo hizo el Gobierno pasado del señor Alessandri, con la ley número 15. 020, "Ley de Reforma Agraria de Macetero", como la llamó la siempre justa picardía popular, y como ahora lo hace el Ejecutivo, ello no ha obedecido a un afán de sentida y sincera convicción de llevar justicia al agro chileno, sino que ha sido ante el temor claro de que las fuerzas trabajadoras empleen medios reñidos con las disposiciones burguesas que arrojarían violentamente del Poder a la clase parasitaria y explotadora. En otras palabras, es el eco respondido de la táctica de pequeñas concesiones que para la América Latina se delineó a través de la "Alianza para el Progreso", cuyo creador fuera el extinto Presidente de Estados Unidos, John Kennedy. El problema es simple para las fuerzas y los sectores capitalistas e imperialistas: "si no cedemos algo a los necesitados de América Latina, si no les entregamos algo de lo mucho que ganamos, corremos el grave riesgo de perderlo todo, ya que los brotes de rebeldía están apareciendo con demasiada frecuencia, arrastrando tras sí a gruesos y cada vez más abundantes sectores de ciudadanos. " Por eso, el Partido Socialista, en declaraciones públicas, dadas a conocer en varias oportunidades, ha manifestado que los verdaderos autores de este proyecto de ley se encuentran en las propias fuerzas campesinas, especialmente las agrupadas en la Federación Campesina e Indígena, que a través de la lucha, su organización y su espíritu de combate, han terminado por hacer la presión necesaria, lo que les ha permitido ser escuchados, aunque sólo sea en parte. Importante papel en esta lucha de años, como es testigo todo el país, le ha correspondido cumplir a los partidos populares y, en forma muy especial, al Partido Socialista. Digo que los trabajadores agrícolas han dado categóricas muestras de su justo afán de cambios, e impacientes por una demora fraudulenta que buscaron su verdadero destino en la toma directa de algunas haciendas, como las del Choapa, San Antonio de Naltagua, Huechún, Bajo de Melipilla, Culiprán, Los Arcángeles, Los Cristales, El Porvenir, y otras. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Fue acaso una peste la que asoló esos campos?;, Llegó con ello una maldición al país? ¿Se cercenó la libertad de trabajo de los latifundistas? ¿Se destruyó la familia? ¡No, señor Presidente! Todo lo contrario; por primera vez llegó la alegría y la esperanza a esos rudos campesinos que inician en Chile la conquista de la tierra para quienes efectivamente la trabajan. Por primera vez se fueron y siguen yendo contentos al trabajo, cada amanecer. Por primera vez, junto al esfuerzo físico exhiben la sana satisfacción de estar creando riquezas para ellos y para la patria. Ya no van los productos de esos predios, en su mayor parte, a llenar las faltriqueras del latifundista; y la producción bajo el sistema de asentamiento, aspecto básico con el cual concordamos plenamente, desarrolla el esfuerzo creador y colectivo del trabajador nuestro. Ha llegado para ellos la etapa del desarrollo humano; ya no son simples herramientas agobiadas del surco que no les pertenece. Ahora estudian, planifican, dan expansión a sus iniciativas, recuperan tierras abandonadas; y la producción, no por un milagro, sino por una consecuencia lógica y absolutamente racional, se duplica, se triplica. Y se tienen así, entonces, pruebas cada vez más aplastantes acerca del único camino posible que hay que recorrer para corregir nuestra enfermedad agraria. Sabido es, señor Presidente, que los grandes agricultores del país están perfectamente organizados, y su Organismo Central es la Sociedad Nacional de Agricultura, cuyo poderío e influencias en la vida nacional han sido, y aún siguen siendo inmensos. Sólo como acotación debo anotar, que a los 600 mil campesinos que no poseen tierras, hasta la fecha ni siquiera les ha sido posible conquistar el derecho a sindicalizarse libremente. Apenas esos señores supieron que existía el propósito de enviar al Parlamento el actual proyecto en discusión, alarmados ante posibles lesiones a sus tradicionales intereses, se agruparon en el "Comité Coordinador de Organizaciones Agrícolas", que preside el tristemente recordado ex candidato a la Presidencia de la República señor Pedro Enrique Alfonso. Fue así como desplegaron una campaña publicitaria extraordinaria a través de "El Mercurio", "El Diario Ilustrado", de radioemisoras, de boletines, planfletos, etcétera, sólo digna de comparación con la desplegada por este Gobierno, en sus afanes por convencer al país de que está cumpliendo el programa revolucionario ofrecido al pueblo. Por lo demás, esto pone de manifiesto las cuantiosas fortunas amasadas a costa del trabajo ajeno. De manera que ahora esos señores rasgan sus vestiduras, apelando a variados y pintorescos argumentos para frenar y evitar que Chile inicie una política de cambios en el regresivo sistema agrario que actualmente tenemos. Uno de los argumentos que más han esgrimido los organismos representativos del latifundio, en contra de la reforma, y que es de carácter filosófico-ideológico, se basa en la naturaleza de la propiedad privada y de los derechos que ella inviste. Al respecto me voy a permitir dar a conocer una opinión del profesor de Economía Agraria de la Universidad de Wisconsin y del programa de Estudios Económicos Latinoamericanos, Peter Dorner, quien permaneció en Chile durante los años 1963 y 1964. Después de su estada en Chile, dirigió una carta abierta a los agricultores chilenos, en la cual expresa: "Este argumento está bien presentado en una declaración firmada por un grupo de grandes agricultores y publicada en el diario "El Mercurio", de Santiago, del 16 de enero de 1965. En esa declaración se sostiene que la propiedad privada es un derecho natural y dado por Dios; que un ataque a la propiedad privada es un ataque a la unidad básica de la sociedad: la familia; que la propiedad privada es el pilar de la civilización. Me es difícil imaginar que los signatarios de esa declaración crean realmente lo que dicen: se trata de personas inteligentes. "La propiedad privada es una creación del Estado. Sin un Estado que la proteja y haga cumplir las leyes, la propiedad privada simplemente no existiría. Esta evidencia surge en el análisis histórico cuando en ausencia de Estados-Naciones, los señores feudales debían mantener sus propios ejércitos para proteger "su propiedad". Así, la propiedad privada no es un derecho absoluto, y de hecho en todos los países se le imponen muchas restricciones. Algunos países de Europa Occidental han establecido enormes limitaciones sobre la propiedad privada, e incluso la han eliminado completamente en algunos sectores de la economía, sin destruir por ello la familia ni la civilización. Además, sus economías están creciendo a un ritmo acelerado. Ciertamente, hay más restricción sobre la propiedad privada en Estados Unidos que en Chile. "Ahora bien, si los autores de esa declaración creen lo que dicen acerca de la propiedad privada, si ella es verdaderamente la base para la familia y la civilización, entonces deben admitir que no puede cumplir muy bien esta función, si la gran mayoría de la gente carece de ella. No es posible defender la libertad y la propiedad sobre esta base, tratando a continuación de reservar el máximo posible para los ricos. "No; es imposible que los autores de esa declaración puedan realmente creer en estos puntos acerca de la propiedad privada: don de Dios básico para la familia y la civilización. Si lo creyeran, la lógica de su propio argumento llevaría a sugerir su distribución más amplia. De esta manera el argumento en verdad es solamente intentar justificar el "statu quo". ". He apelado a la posición de un técnico norteamericano, no porque dicha opinión para nosotros sea más legítima, sino para comprobar cuán arraigado está el sentimiento de una reforma revolucionaria, ya que incluso grandes personeros de la técnica y del intelecto del país más típicamente representante del capitalismo comparten plenamente nuestra posición filosófica. Otro argumento que exhiben, como culpable directo del verdadero caos de la producción agropecuaria, es el que se refiere a que el Estado les ha negado un crédito abundante y barato. Si bien en la actualidad, como producto de un sistema político que hace agua por todas partes, el crédito que se logra entregar a los pequeños propietarios es altamente caro, la verdad de fondo es que, hasta no hace poco tiempo, este crédito fue entregado abundantemente a los grandes propietarios. Sobre esta materia, en un serio estudio que hizo la Federación de Estudiantes de Chile, se expresa: "Don Teodoro Schneider, en una obra que fuera premiada por la Sociedad Nacional de Agricultura, "La Agricultura en Chile", señalaba textualmente, lo siguiente: "Las propiedades fueron hipotecadas, pero los capitales así obtenidos, lejos de invertirse en mejorarlas, se emplearon en gran parte en la construcción de edificios suntuosos, carruajes, recepciones y espectáculos y en los demás dispendios de lujos. Fuertemente endeudados, los ricos terratenientes de Chile, se transformaron en la principal fuerza de presión para desvalorizar la moneda, junto a los sectores bancarios, imperialistas y monopolistas; de esta manera se endeudaban caro y pagaban barato. La historia de este viejo mal chileno, que es la inflación, y que tan caro ha costado a nuestro pueblo, indica como uno de sus principales causantes a los latifundistas.. De lo que se trataba, según lo señalara un ex Diputado, don Enrique Mac-Iver, en la discusión de uno de los tantos proyectos de devaluación monetaria que los agricultores presentaban y hacían aprobar en el Congreso, era de vender caro el fruto de sus tierras, pagar barato el sudor de sus inquilinos y pagar sus deudas con una moneda desvalorizada. Esta situación de abuso y privilegio con respecto al crédito, se ha mantenido hasta hace poco tiempo. En efecto, los agricultores, como lo reconoce hasta el propio Presidente del Comité Coordinador de Organizaciones Agrícolas, se llevan el 40% del total del crédito del país. Según datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos, durante el año 1964 los créditos agrícolas se distribuyeron así: 80. 000 pequeños propietarios no reciben nada; 35. 700 propietarios (INDAP y CORA), Eº 21. 000. 000, el 8, 4%; 24. 965 medianos propietarios, Eº 16. 204. 805, el 6, 4%; 10. 198 medianos y y grandes, propietarios, Eº 71. 793. 920, el 28%, y 2. 480 grandes propietarios, Eº 142. 069, 208, el 57%. Como es sabido, estos préstamos están efectos a un interés anual que varía entre el 12 y el 18% anual. Ahora, si consideramos que, durante los últimos diez años, la devaluación monetaria ha sido superior, en promedio, al 35%, resulta claro que quien obtiene un crédito recibe, igualmente, una subvención. Es fácil anotar, además, que esta subvención la reciben, casi en su totalidad, los grandes beneficiarios del crédito, pero la paga todo el sistema bancario nacional. Agregan, además, los señores de la tierra, que un estímulo fundamental para obtener prosperidad en sus actividades empresariales sería "la exención tributaria" o una tributación muy baja. El pago de impuestos -dicen- acarrea solamente la ruina de las empresas o entraba su crecimiento. Pero ello es totalmente falso: ninguna actividad económica ha gozado por más largo tiempo de privilegios en lo relativo a tributación. Un estudio hecho por el Instituto de Economía de la Universidad de Chile señala que, mientras la agricultura produce sobre el 15% de la producción total del país, solamente tributa menos del 4% del total que recibe el erario, sin considerar todavía lo proveniente en la Gran Minería del Cobre. Pero lo que resulta aún más irritante es el hecho de que los tributos provenientes del total de la agricultura, y que pagan todos los agricultores, se invierten, principalmente, en beneficio exclusivo de la minoría compuesta por los latifundistas. Por ejemplo, el año 1961 se recolectó por concepto de impuestos, a través de la tributación de 261. 364 predios, la suma de Eº 8. 124. 621. Durante ese mismo año, el Ministerio de Agricultura concedió bonificaciones de abonos por una suma superior al monto recaudado por impuestos, pero con la gran diferencia de que, mientras los tributos los pagaron todos y, como es costumbre, más duramente los pequeños agricultores, dichas bonificaciones de abonos, como siempre, también se las llevaron unos pocos privilegiados, en general, grandes latifundistas. Por ello, resulta sencillamente absurda la justificación de su fracaso, argumentando que la ruina de la agricultura del país ha sido motivada por un exceso de tributación. Sabido es que hasta el año 1940, la agricultura no exhibía un déficit tan agudo, y que ese proceso comenzó a acelerarse en forma ascendente a contar de esa fecha. La razón de ello consiste en que, agotados los terrenos fértiles y de más fácil cultivo, los latifundistas no fueron capaces de arrebatar una mínima porción de suelo a los bosques y á las malezas que cubrían y cubren las zonas del sur. Recordemos cómo las provincias del sur, desde Concepción hasta Temuco, eran consideradas el granero del país. También recordemos cómo tuvo que venir el emigrante alemán, con su esfuerzo y su innegable sentido del progreso, a transformar, siquiera, en parte, para la agricultura, extensas regiones del sur. Sin embargo, los latinfundistas de las zonas centrales, enriquecidos abundantemente con la venta de sus productos en los mercados internacionales como el Perú y California, fueron incapaces de destinar siquiera parte de sus cuantiosos ingresos a mecanizar sus faenas y a conquistar, para la Patria, vastas extensiones de suelos cubiertos de inmensos y riquísimos bosques. Sólo el lujo, el derroche y la vida fácil les preocupaban. No resulta extraño, entonces, que tal desidia por cautelar el futuro agrario, agotadas cada vez más las tierras fértiles de fácil acceso, por falta de mecanización de las faenas, tuviera como consecuencia la pérdida de los mercados externos y la disminución acelerada de la propia producción. De ahí que nuestra aristocracia terrateniente, con su desidia y falta absoluta de previsión, sea la única gran responsable de esta herencia dramática, que ya llega a límites insostenibles. Naturalmente que para quienes no les agrada la intervención estatal en la reforma agraria, no significa que al Estado no le atribuyan una función especial como mantenedor del orden. Para los latifundistas, "el orden y la normalidad constitucionales" significan y han significado el poder contar con la tranquilidad necesaria para amasar sus cuantiosas fortunas, en desmedro de la clase trabajadora y del porvenir del país. Y este orden institucional, como el país entero lo sabe, fue el que les permitió, a la mayor parte de ellos, transformarse en los más grandes y más cínicos corruptores de la democracia por más de un siglo y medio. Sabemos que fueron los más grandes cohechadores electorales; los que controlaban todo el aparato político del país, apoyados siempre en los votos de los propios campesinos que explotaban. En cada ciudad de la zona central o sur del país, existen leyendas negras acerca de estos verdaderos señores feudales. El Parlamento chileno fue en el pasado, y hasta no mucho tiempo atrás, un Parlamento de grandes agricultores. No es que neguemos el derecho a que un agricultor llegue a ocupar un sitio en la Cámara o en el Senado, pero ocurría en un porcentaje sencillamente abrumador de representantes de estos clanes feudales. Con una inmensa mayoría, impedían las iniciativas de los parlamentarios populares para legislar, por ejemplo, sobre salario mínimo, horario humano de trabajo, asignación familiar, derecho a sindicarse, etcétera. Por tener mayoría, sólo aprobaban leyes que los beneficiaban directamente, como la de la rebaja de los intereses hipotecarios. Para estos señores el orden institucional significaba que los cientos de miles de campesinos no tuvieran derecho a organizarse legalmente, que las características electorales facilitaran el cohecho de un conglomerado de trabajadores agrícolas incultos y analfabetos. Para mantener este estado de cosas sí que demostraron audacia, iniciativa, esfuerzo e imaginación... ¡menos para impulsar un desarrollo patriótico en tan vital e importante actividad! Obstinada resistencia ha puesto siempre la derecha tradicional a permitir aumento de salarios. Es principio fundamental del capitalismo que, pagando bajos salarios, las utilidades del empresario aumentan, permitiendo así una mayor capitalización dentro de la vicia económica, lo cual beneficiaría a todos. Este argumento cae hecho pedazos por la realidad práctica del sistema, porque al final somete al proletario a la miseria más atroz, estancando y destruyendo todo intento de progreso que logre perfilarse. Ya sabemos la inversión que han dado a sus utilidades los adoradores de este principio. Por todo lo señalado, que obviamente es una parte reducida de la gran culpabilidad del terrateniente chileno, el Partido Socialista, una vez más, niega a estos señores toda autoridad moral para opinar siquiera sobre una materia que ellos mismos han llevado a una peligrosa y aguda pendiente de crisis. Ellos lo tuvieron tocio: grandes extensiones de tierra natural, mano de obra barata, ayuda crediticia abundante, poder político por muchos años; y también tranquilidad institucional necesaria, que añoran tan ardientemente. Sin embargo, nos entregan ahora una agricultura que crece más lentamente que la población, que obliga al país a comprar a otros Estados lo que los latifundistas fueron incapaces de producir en el país. Entregan a Chile una población campesina de más de dos millones de chilenos al margen del mercado, de la civilización y del progreso. Al no ser invitados a tomar parte en la redacción del proyecto sencillamente han sufrido el castigo, con la misma vara de la ecuanimidad con que trataron a los trabajadores. Como ya se dijo, ellos impidieron por todos los medios que el campesinado se organizara. Jamás se preocuparon, durante la discusión de las leyes, de preguntar al obrero modesto si ellas convenían a sus intereses. Todo lo contrario, los ignoraron, porque nunca tuvieron la sensibilidad y la comprensión necesarias para mirar al peón agrícola como un ser que siente, tiene sentimientos, sufre y ama como cualquier humano, y que, por lo tanto, tiene derecho legítimo o ser feliz. El Partido Socialista concuerda plenamente con muchas disposiciones contenidas en este proyecto de ley, entre otras, con las siguientes: La declaración categórica de la función social de la tierra, que implica una nueva y más moderna versión de lo que podría ser este derecho, supeditado al bien común antes que al utilitarismo individual; La inexpropiabilidad o venta forzada de la tierra que no se encuentre cumpliendo esta función social, ya sea porque está abandonada o ha sido mal explotada; La entrega de la tierra expropiada a los campesinos; ch) El reconocimiento de alternativas de tenencia, según los deseos e intereses de los campesinos, y la posibilidad del trabajo colectivo como una vía de solución práctica de la reforma agraria; y d) Un cambio decisivo y justo en la legislación referente a las aguas de regadío. Pero en el proyecto también hay disposiciones regresivas o faltan otras, que no contemplan aspectos indispensables, como: La participación directa del campesino como ejecutor de la reforma agraria, ya que incluso en los Tribunales Agrarios no aparecen representantes del campesinado que garanticen su ejecución real y defiendan sus intereses específicos; El establecer, como meta del proyecto, hacer cien mil nuevos propietarios, lo que implica una clara intención de fortalecer el régimen capitalista, transformando a los micropropietarios en guardianes del sistema, a costa de dejar a cientos de miles de campesinos sin acceso a la tierra y sin otra alternativa que vivir de la paga o jornal; c) El proyecto no fija plazos y deja entregado al arbitrio del Gobierno la aplicación de sus disposiciones. ch) No se considera en el proyecto el problema del minifundio que afecta a una considerable masa de agricultores; por el contrario, con el criterio que sustenta el Gobierno, este problema tenderá a agravarse más; Se entrega una serie de facultades al Presidente de la República, las que por su importancia y proyecciones pueden prestarse para acciones de las más variadas índoles; La facultad que se entrega al Gobierno para hacer intervenir a las fuerzas militares en caso de paralización de faenas en un fundo o hacienda, constituye la esencia y demostración más clara de una política futura tendiente a anular las luchas reivindicativas del campesinado; f) La indicación presentada por los parlamentarios de Gobierno para declarar inexpropiables los viñedos de superficies de más de 320 hectáreas, más un 2% adicional para el replanteo, es otra concesión más del Gobierno hecha a los grandes señores de la tierra, ya que favorece directamente a seis de los grandes empresarios vitivinícolas; g) El proyecto no hace mención, en parte alguna, del prolongado y dramático problema de la raza indígena, la que, polla voracidad insaciable de los latifundistas, vive arrinconada y frustrada en los roqueríos y oquedades del sur. Son cientos de miles de compatriotas nuestros, que esperaban confiados ser incluidos en este proyecto de ley. El señor Ministro de Agricultura y el propio Presidente de la República, en múltiples ocasiones, han expresado al mapuche que serán atendidos en forma preferente. Porque son tan campesinos como los más, porque necesitan urgentemente que el Estado les tienda la mano de la justicia, el Partido Socialista reclama que en esta hora de decisiones-se les dé el trato a que tienen legítimo derecho. En cuanto a las expropiaciones, éstas, a nuestro juicio, deben seguir un triple camino: Si las tierras son susceptibles de ser explotadas en pequeñas unidades por la naturaleza de los cultivos para los que son apropiadas, por la clase de los suelos y la ubicación de los mismos en relación con los centros de consumo, patrocinamos la subdivisión en unidades económicas que deben ser entregadas a los campesinos que hoy las trabajan en calidad de arrendatarios, mecheros, inquilinos-medieros u obreros agrícolas; Si las tierras expropiadas no son susceptibles de dividirse para ser explotadas económicamente, en razón de la naturaleza de los suelos, cultivos o ubicación, somos partidarios de que las grandes unidades expropiadas sean entregadas a los campesinos que las trabajan para ser explotadas por ellos colectivamente en forma de cooperativas de producción; Si las tierras expropiadas constituyes grandes empresas explotadas en forma capitalista, con gran inversión de capital y trabajadas con obreros agrícolas, con valiosas instalaciones, o son dedicadas a bosques, viñedos, frutales o explotaciones ganaderas modernas, como las magallánicas, los socialistas pensamos que las tierras deben ser entregadas a los organismos públicos pertinentes, para que se trabajen por cuenta del Estado, "como propiedad de todo el pueblo". En esta forma se aprovechan las ventajas evidentes de la gran empresa agraria sobre la pequeña, y se asegura, lo que es muy importante, el control del Estado sobre un sector importante de la producción agrícola que le permita operar e influir en el abastecimiento alimenticio de la población en general. El Partido Socialista valoriza el proyecto de reforma agraria y está resuelto a apoyarlo y a mejorarlo de acuerdo con las indicaciones que oportunamente haremos llegar a la Mesa. No es el ideal que contemple cabalmente nuestras expresiones de principio, las que, naturalmente, mantenemos en toda su integridad, pero es un paso efectivo hacia adelante. Consecuentes, entonces, con nuestra progresista posición, anunciamos nuestros votos favorables, reiterando que lucharemos por conseguir las rectificaciones necesarias y por salvar todas las omisiones, a fin de Que el proyecto resulte después una ley completa y operante. Igualmente, reafirmamos el principio de que las aguas de riego son un bien que pertenece a la Nación toda, y su uso debe ser racionalmente distribuido por el Estado. Los equinos, implementos de labranza, semillas, desinfectantes, hervicidas, fertilizantes, créditos, asistencia técnica, etcétera, no pueden ser elementos de especulación y, por lo tanto, deben estar al alcance de todos los agricultores que ios necesiten. La comercialización de los productos de la agricultura tampoco puede ser fuente de enriquecimiento de intermediarios, especuladores y agiotistas, sino que, por canales adecuados de distribución, debe llevar a las grandes masas consumidoras el beneficio de una producción mayor, de más bajo precio y de mejor calidad. Señor Presidente, vamos ya a cumplir siete meses desde que el Ejecutivo enviara al Parlamento este proyecto de ley; siete largos meses en que la Derecha tradicional, contando con la anuencia contemplativa del Gobierno, ha torpedeado desde todos los ángulos su rápida tramitación. El señor OCHAGAVIA.- ¡Eso es falso! El señor ARAVENA (don Andrés).- Además de la propaganda artera a que ya me he referido, pusieron aquí en práctica una verdadera obstrucción al proyecto. Varias censuras tuvo que sufrir la Mesa de la Comisión de Agricultura. En el Senado, los parlamentarios del Frente de Acción Popular debieron realizar un esfuerzo sistemático y persistente para doblar la mano a la reacción y conseguir el despacho del desglose del número 10 del artículo 10 de la Constitución, trámite que hemos considerado indispensable para poner en práctica las disposiciones de la Ley Agraria. Sin embargo, este aspecto que tiene que ver fundamentalmente con el derecho de propiedad, va a tener un trámite más dilatorio, porque los representantes de la Democracia Cristiana le agregaron indicaciones que obligará a nuevos estudios y debates, a pesar de que las modificaciones no tienen atinencia con el derecho de propiedad. Así vemos, entonces, cómo de una u otra forma se busca demorar el proyecto en el tiempo, lo que nos permite pensar, sin ser agoreros, que ni siquiera este año tendremos ley de reforma agraria. Queremos dejar, además, claramente establecido lo que en forma breve dije, hace unos momentos, y es que no nos hacemos demasiadas ilusiones con los resultados prácticos de este proyecto. Para nosotros, una reforma agraria sólo podrá dar buen resultado cuando, paralelamente, se adopten otros cambios estructurales, que signifiquen, en su conjunto, una verdadera y auténtica revolución social, política y económica, y todo ello, naturalmente, contando con la ayuda, con la participación directa de los propios trabajadores y sectores progresistas. En el mundo, no menos de doce países, entre ellos algunos americanos, como Bolivia, Cuba y Méjico, cumplieron esta acción maravillosa, pasando por encima de añejas concepciones conservadoras e inspirados en el siempre remozado adagio romano de que "la salud del pueblo es la suprema ley". No podríamos terminar estas palabras, que pronuciamos en nombre de nuestro partido, en esta hora en que, ante la mirada expectante del país, se discute este proyecto de ley, que queremos los socialistas salga de este hemiciclo mejorado, para el bien común de los chilenos, sin antes volver la mirada y los pensamientos hacia los años transcurridos en el agro chileno. Posamos la mirada sobre los miles de rudos trabajadores que han escarbado sus riquezas, sobre los rostros amargados y nobles de sus compañeras, sobre los niños que no conocieron la felicidad ni la alegría a que todos los niños del mundo tienen derecho, sobre aquellos queridos compañeros campesinos, que, pese a la obscuridad de sus vidas, supieron encender en sus pupilas la llama rebelde del que espera y confía en el destino superior de la Patria. Pensamos en los heroicos combates sostenidos contra los insensibles señores de la tierra. Pensamos en aquéllos que, como en Ránquil, allá en el sur, murieron bajo las balas asesinas de lacayos del sistema; en aquéllos que murieron sin conseguir un pedazo de tierra generosa, que abrazaban las gavillas que no eran suyas, que entregaron sus existencias sin siquiera recibir un trato humano; en aquellos campesinos que se han ido y que vivieron una vida sin sentido; en aquéllos que miraron al partido como símbolo de un futuro inevitable. Los socialistas detenemos la acción por un instante para rendirles a todos ellos un homenaje, porque lo dieron todo y porque su Sucha, sus gritos de rebeldía, quiéranlo o no reconocer los enemigos del progreso, impregnan cada esfuerzo de los sectores que realmente anhelan marchar de acuerdo con las exigencias de la civilización y del progreso colectivo. Ahora bien, de todos es conocido que muchas leyes que benefician a los sectores de trabajadores son comúnmente burladas por la Derecha económica. A través de las mil martingalas jurídicas que ellos mismos han creado, los patrones logran escabullir el cuerpo a las obligaciones sociales y económicas para con los asalariados. De ahí que, para el solo cumplimiento de lo dispuesto por mandato soberano de las leyes, sea menester, en múltiples ocasiones, ir a paros o huelgas, y formular reclamos ante las inspecciones del trabajo y juzgados respectivos. Solamente su unidad y su decisión de lucha les permite a los trabajadores, de vez en cuando, hacer que las disposiciones legales se cumplan. En el caso concreto que ahora nos preocupa, también es fácilmente presumible que él no será la excepción en lo que a dicho cumplimiento se refiere. Por eso, el socialismo chileno hace un llamado de alerta a todos los trabajadores del campo. No pueden esperar ellos que la justicia y el bienestar, a que legítimamente aspiran, les lleguen por medio de un Gobierno que, durante sus 19 meses de mandato, ha dado pruebas concretas de no tener afección sincera para con los trabajadores. El señor AYLWIN (don Andrés).- ¡Eso es absolutamente falso! El señor ARAVENA (don Andrés).- Sólo en la lucha organizada, a través de los organismos populares, sólo en la unidad y en la firme convicción de vencer, radica el procedimiento, históricamente comprobado, para desterrar para siempre de Chile a los culpables directos de su atraso social y económico. -Aplausos en la Sala. El señor ARAVENA (don Andrés).- Le concedo una interrupción al Honorable señor Tuma. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Turna. El señor TUMA.- Señor Presidente, dentro del poco tiempo de que dispongo, trataré de improvisar sobre dos temas referentes a este proyecto de reforma agraria. En primer término, me quiero referir al problema indígena y a la ley Nº 14. 511. He leído todos los capítulos del proyecto relacionados con las asignaciones. En ninguno de ellos aparece alguna disposición favorable al sector indígena. De acuerdo con el articulado de la ley Nº 14. 511, las comunidades indígenas pueden solicitar la división de sus predios. Actualmente, se estima que los indios ocupan entre 250 y 300 mil hectáreas. Cuando se les entregaron los títulos de merced, en el siglo pasado, les fueron asignadas 486 mil hectáreas. Pero las ventas, unas efectivas, y otras falsas, y la usurpación de tierras de que han sido víctimas, han reducido la superficie de este sector de ciudadanos de nuestra patria. La población indígena se ha multiplicado. Sin embargo, hoy día, las comunidades poseen menos tierra que hace 60 ó 70 años. Además, sus tierras están totalmente erosionadas. La llamada Ley de Indios, la 14. 511, no sólo no ha resuelto el problema, sino que lo ha agravado, porque no ha hecho otra cosa que multiplicar los minifundios, ya que cuando una comunidad solicita la división, a cada comunero se le asigna una superficie irrisoria. ' Si se descuentan las acequias, los cercos de picapica, que ocupan mucho terreno, los caminos, los senderos, las lagunas, los montes, la superficie aprovechable de cada comunero es, generalmente, la mitad de la que se le asigna. Como en las divisiones les corresponde muy poca tierra, la mayoría de los mapuches, que también son chilenos, se ven en la obligación de trabajar permanentemente un mismo terreno muy pequeño. Muchos deben alimentar una familia, un grupo familiar, como se llama en este proyecto. Sin embargo, en la división de su comunidad, se les han asignado 3 ó 4 hectáreas, Hay casos en que a algunos no les ha correspondido más de una hectárea. Fácil es, entonces, comprender que deben sembrar y laborar todos los años en forma intensa, esa poca extensión de tierra. El Instituto de Desarrollo Agropecuario conoce este problema. Lo conocen también los funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria, y lo conoce plenamente el Ministerio de Agricultura. Los técnicos del Instituto de Desarrollo Apropecuario han opinado que el peor servicio que se les podría hacer hoy día a los mapuches sería entregarles semillas para sembrar sus tierras, porque eso significaría aumentar la erosión, y que lo lógico sería entregarles nuevas tierras, y aquéllas que ellos poseen, reforestarlas, a fin de recuperarlas para la producción nacional. Pero, como no se ha aplicado ninguna medida, ni se ha estudiado ningún programa que favorezca a los sectores indígenas, este problema, se seguirá agravando permanentemente. El proyecto que estamos discutiendo, en el artículo 64, sobre asignación de tierras a campesinos, dice: "Serán causales de preferencia para la selección de asignatarios las siguientes: "a) Haber trabajado en forma permanente en el predio objeto de la asignación, por lo menos tres de los últimos cuatro años anteriores a la fecha del acuerdo de expropiación o de adquisición de dicho predio por la Corporación de la Reforma Agraria. " Gomo los mapuches viven en sus propias tierras, no son inquilinos, arrendatarios, ni aparceros, ni, por lo general obreros de los fundos, a nuestro juicio, quedarán al margen de los beneficios que otorga el capítulo II del título IV del proyecto de reforma agraria. Por otro lado, siguen las divisiones indiscriminadamente, por aplicación de la ley Nº 14. 511. No es posible crear la unidad familiar, sobre todo cuando es muy poca la tierra de la comunidad. Ahí empiezan, entonces, las dificultades familiares. No entiendo por qué el Ejecutivo, que conoce este problema, no ha querido incorporar en este proyecto una disposición que entregue a la Corporación de la Reforma Agraria la facultad de resolver en esta materia, antes que el juez de indios adopte una resolución favorable a la división. A nuestro juicio, esta institución debe intervenir en cada una de las divisiones solicitadas al juez de indios respectivo. Ella debe determinar y crear la unidad familiar, de acuerdo con la ubicación geográfica del predio o comunidad, la calidad del suelo y la aptitud del comunero o heredero, como se le llama en la ley Nº 14. 511. Nosotros presentaremos oportunamente la indicación correspondiente. Debo expresar que, en la Comisión de Agricultura y Colonización, presenté una indicación en la cual se establecía que las divisiones sólo se podrían hacer con el informe previo de la Corporación de la Reforma Agraria. Lamentablemente, esta iniciativa no tuvo éxito, porque el señor Ministro de Agricultura, ahora también presente, manifestó que se estaba estudiando la reforma de la Ley de Indios. Esta respuesta me recuerda lo que le ocurre a un niño indigente que está frente a la vitrina de una pastelería, donde todo el mundo está consumiendo golosinas y a la cual él no puede entrar, porque no tiene plata para comprar un dulce, un chocolate o un "tongo" de helados. Se le hace agua la boca esperando que alguien le regale una golosina. Pero, cuando la pide, le dicen: "Vaya a mi casa; aquí no se la puedo dar. " Tanto el señor Ministro de Agricultura como el señor Director de Tierras y Bienes Nacionales, don Francisco Cumplido, han reconocido que es necesario modificar la ley. Pero, por otra parte, se dice que se va a hacer esta innovación en la Ley de Indios, cuyo estudio está entregado a un grupo de técnicos del Ministerio de Agricultura. Sostenemos que el artículo 147, del proyecto de ley en discusión, que habla de la división de las comunidades, debe ser completada con una indicación que incorpore a los indios en esta disposición. También debe modificarse el artículo 148. Creemos que la exclusión de los indígenas de esta ley de reforma agraria significa mantener inactivo a un grupo valioso de habitantes, y sin producir, a una apreciable porción de tierra. Estos sectores son ios que más necesitan la ayuda técnica y la atención del Estado, a través de la educación que se les puede proporcionar en las escuelas y por medio de la creación de estas cooperativas en las tierras indígenas. He conversado muchas veces con personeros de este Gobierno. Me han manifestado que la idea es buena y me han dado la razón; sin embargo, siendo magnífica mi indicación, no la incorporan a la ley. Yo habría preferido que me dijeran que mi idea es mala para convencerme que estoy equivocado pero nadie me lo ha dicho. Incluso, cuando el señor Leighton se desempeñó como Vicepresidente de la República, en ausencia del Excelentísimo señor Frei, los dirigentes de los indios lo visitaron y le entregaron un memorándum a él y a los señores Ministros de Agricultura, de Justicia, de Salud, de Educación Pública... El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¿Me permite Honorable Diputado? El Honorable señor Urra le solicita una interrupción al Honorable señor Aravena, don Josa Andrés. El señor ARAVENA (don José Andrés).- Está haciendo uso de una interrupción el Honorable señor Tuma. El señor TUMA.- Yo dispongo de poco tiempo. El señor BALLESTEROS (Presidente).- En todo caso, es con cargo al tiempo del Comité de quien la solicita. El señor TUMA.- Prefiero terminar mis observaciones. El Honorable colega puede usar de la palabra dentro del tiempo de su Comité. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor TUMA.- Espero que el Ejecutivo acepte la modificación a la ley Nº 14. 511 y comprenda que los indios no tan sólo sirven para asistir a las concentraciones. El Partido Demócrata Cristiano lleva a los indios a estas reuniones y les hace promesas que hasta aquí no ha cumplido. Ni siquiera ha demostrado el ánimo de solucionar sus problemas. La segunda observación que quiero hacer, se refiere al problema de los bonos de la reforma agraria, Esta mañana, el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda decía que el ingreso total agropecuario era, más o menos, del 13%, que la tributación era, aproximadamente, un 5% y que este sector aportaría a la economía el 10% de la renta nacional. Tomé estas anotaciones, porque yo no escribo mis intervenciones, sino que las improviso. Señor Presidente, nosotros comprendemos que la ley de reforma agraria resolverá un problema social, un problema político... El señor LAEMMERMANN.- Más lo último que lo primero. El señor TUMA.- ... y también un problema sentimental, pero no resolverá el problema económico de la Nación. En muy pocos países, tal vez sólo en Argentina, el aporte de la agricultura a la economía nacional puede ser superior a un 30 o a un 40%. En nuestro país creo que, en el mejor de los casos, con reforma agraria y todo, dando por aceptado que esta ley tendrá éxito -así lo deseamos- en ningún caso el ingreso de esta rama de la producción llegará al 25%. En consecuencia, estimamos indispensable promover otras fuentes de producción o de ingreso para Chile, porque estamos quedando rezagados en el desarrollo industrial, respecto a otros países sudamericanos. En los últimos años no se ha hecho nada. Puedo asegurar que no ha habido visión para aumentar nuestra producción a través de la explotación de nuestras riquezas naturales, de nuestras materias primas básicas. Tampoco ha habido talento para programar un plan de explotación de nuestras costas. Tenemos más de 5 mil kilómetros de litoral y más de 15. 000 ó 20. 000 kilómetros de periferia en islas y archipiélagos que no han sido debidamente aprovechados. Pese a toda esta tremenda riqueza potencial, no hay un cajón de conservas para exportar. Nada se ha hecho por industrializar en gran medida el cobre, en esta era moderna, para abastecer al mercado de la ALALC y de Europa con el cobre elaborado para la industria electrónica u otros fines. No se ha hecho absolutamente nada para desarrollar la industria química pesada, y la petroquímica. Hace quince años que está durmiendo un proyecto sobre el particular. Hace pocos días, el señor Sáez, Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción, en una exposición que hizo en una reunión a la que asistieron personeros del Gobierno, manifestó que iba a echar a andar el proyecto de la industria petroquímica. Hace quince años que este proyecto está estudiado. Me consta. Lo puedo probar. Pero no se ha impulsado. No se ha promovido en forma intensiva el desarrollo de la industria de celulosa pese a que tenemos una reserva forestal no explotada. Tampoco se ha fomentado la industria del azúcar de remolacha, etcétera. Un señor DIPUTADO.- Y la AZUFRON... El señor TUMA.- Sí, la Asociación Azucarera de la Frontera. Esta ley habla de emitir mil millones de escudos en bonos. Pensamos que parte de ellos se podrían utilizar en ese objetivo. Parece que el Gobierno ha recogido algunas de las ideas que he expuesto en carta enviada a Su Excelente el Presidente de la República. El artículo 121, del Título VI, dice que la Caja de Amortización de la Deuda Pública, deberá proceder a la inscripción de la primera transferencia sólo cuando se acredite que el ce-dente ha adquirido acciones de sociedades anónimas chilenas. Yo pregunto: ¿cuáles son éstas? Los bonos de la reforma agraria pueden ser invertidos solamente cuando venzan o estén próximos a vencer. Porque el accionista de una fábrica tendría que estar malo de la cabeza para vender sus acciones y cambiarlas por estos bonos que se van a pagar a plazo diferido. Nosotros creemos que los bonos de la reforma agraria no pueden permanecer inactivos. No puede hacerse una emisión de mil millones para que los agricultores expropiados los guarden debajo de la almohada. -Hablan vanos señores Diputados a la vez. El señor TUMA.- Nosotros comprendemos que si el Gobierno le pide dinero prestado a un país extranjero para hacer la reforma agraria, naturalmente que le van a negar esos recursos. Lo lógico sería que tuviéramos capital para realizar la reforma agraria. No lo tenemos; pero es indispensable realizar esa reforma. Sin embargo, tampoco podemos mantener inactivo dichos bonos. Porque, ¿qué sucedería si fuésemos con estos bonos a cualquier país extranjero, para ser girados dentro de un plazo promedio de doce años y medio? Porque si hablamos de veinticinco años en cuotas anuales, significa quince años promedio. A esos plazos, nosotros podemos conseguir las plantas industriales que queramos en el exterior, para ponerlas a disposición de los expropiados, por medio de una comisión permanente que podría crearse en este proyecto o a través de la Corporación de Fomento de la Producción. Dicho organismo podría estudiar esos planes de industrialización, a fin de adquirir esas maquinarias con el respaldo de estos bonos que cederían los mismos agricultores expropiados, que ya dejarían de ser agricultores. Aquí se habla de que los. bonos de ellos van a servir para pagar impuestos. ¡Qué impuestos van a pagar si esas personas no tendrán tierras! Estos bonos pueden invertirse en una planta de celulosa, en la instalación de treinta o cuarenta fábricas de conservas a través de nuestro litoral, en una usina siderúrgica, en una fábrica de productos químicos o petroquímicos. En eso deben invertirse los bonos. Extraño, que, a pesar de que hemos planteado este problema en las esferas de Gobierno y ante los señores Ministros, no se nos quiera escuchar. Parece que no nos quieren entender que ésta sería una solución, una palanca para movilizar el país entero a través de la industrialización, que lograríamos utilizando el capital que representan estos bonos en poder de los expropiados. Podríamos hacer lo mismo que la República Argentina, que acaba de adquirir maquinaria, a veinticinco años plazo, para modernizar sus ferrocarriles. Por eso, señor Presidente, como me resta poco tiempo, voy a terminar diciendo que presentaré nuevamente una indicación en este sentido. Ojalá que tenga mejor suerte. A mí no me quita nadie esa idea de la cabeza, porque me han amamantado con negocios y, por lo tanto, no puedo dejar de hablar de los problemas económicos... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TUMA.- Lamento que no esté presente el señor Ministro de Hacienda, a fin de que pueda tomar nota de estas observaciones. En la discusión particular nos ocuparemos nuevamente del problema a que me he referido. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rosales. El señor ROSALES.- Señor Presidente, los Diputados comunistas estamos plenamente conscientes de que entramos a un debate de la mayor importancia y de innegable trascendencia para la vida de nuestro pueblo, para sus masas de campesinos y para el destino de toda la nación. Creemos no exagerar si afirmamos que éste es el debate de mayor significación que se haya realizado en la vida y en la historia del Parlamento chileno. Lo creemos así, porque el proyecto sobre reforma agraria que entramos a discutir está destinado a cambiar el actual sistema de tenencia de la tierra en nuestro país. Como dijera en esta misma Sala, hace sólo algunos días, nuestro Honorable colega señor Robles, los comunistas fuimos los primeros en levantar en Chile la bandera de la reforma agraria. Desde hace medio siglo venimos hablando de este problemas y de la necesidad de acabar con el latifundio, cuando decir estas cosas era una especie de herejía. En todo los congresos plenos y reuniones de nuestro Partido ha estado siempre presente este tema y hemos abogado por satisfacer la urgente necesidad de llevar a cabo en Chile una auténtica y profunda reforma agraria. Estas ideas fueron haciendo conciencia en la clase obrera, en los campesinos, en la masa ciudadana y en la opinión pública, y nos alegramos muy sinceramente de que otros partidos y otros sectores hayan en-arbolado también esta bandera y hoy nos encontremos debatiendo un proyecto de ley sobre reforma agraria. Los comunistas siempre hemos dicho que una auténtica reforma agraria, como la que se ha hecho en los países del mundo socialista, donde gobierna el pueblo y donde están en el poder los trabajadores, o como la que se ha operado en Cuba, aquí en nuestro propio continente, debe reunir tres condiciones esenciales: 1°.- Acabar de una vez y para siempre con la lacra maldita del latifundio, responsable del atraso, de la miseria y del hambre que sufre nuestro pueblo; 2°.- Entregar, efectivamente, la tierra a los hombres que la trabajan y que son capaces de hacerla producir con su esfuerzo y sacrificios; en lo posible, en forma gratuita ya que no puede exigírsele el pago de un terreno a un campesino que recibe salarios miserables. Pero, junto con entregar la tierra a los campesinos, los comunistas hemos planteado que es indispensable también proporcionarles todos los elementos necesarios para trabajarla y hacerla producir en buenas condiciones, como herramientas, animales, maquinarias, semillas, aperos, abonos, créditos etcétera, y 3°.- Una auténtica reforma agraria debe dar a las masas campesinas la organización adecuada y conveniente para que puedan luchar contra sus opresores y defender las tierras que se les asignen. Hemos afirmado, en muchas ocasiones, que la nación chilena y nuestro pueblo tienen dos grandes, poderosos y mortales enemigos: el imperialismo norteamericano, que saquea nuestras riquezas, atenta contra nuestra soberanía y lesiona nuestra dignidad e independencia; y el latifundio, que condena a nuestro pueblo a vivir en el atraso y en la miseria. Estos dos enemigos siempre han marchado juntos, se han amparado y se han protegido. Nunca ha habido pugnas entre ellos, como pudiera desprenderse de las palabras que esta tarde escuchamos al Honorable señor Zepeda Coll. No, señor Presidente. Y hay un hecho reciente que lo demuestra: los convenios del cobre fueron posibles y se perfeccionaron y promulgaron -estos convenios que dan más ganancias, más privilegios y utilidades a las empresas imperialistas- gracias al apoyo de la oligarquía. Por eso nadie puede llamarse a engaño. Hemos dicho también que no podrá haber progreso ni avance ni bienestar para las masas campesinas ni democracia ni paz social, ni libertad, mientras no seamos capaces de erradicar definitivamente este cáncer del latifundio que corroe el cuerpo social de nuestra nación. Así lo han entendido incluso países del mundo capitalista. Al definir las tareas que es necesario cumplir en la lucha antiimperialista el programa de nuestro partido dice textualmente: "Luchamos decididamente por todas las reivindicaciones de los obreros agrícolas y de las demás capas trabajadoras del campo. Solidarizamos con el combate por la tierra y por el agua que sostienen las grandes masas campesinas, incluidos los indígenas. Apoyamos las acciones de los inquilinos, medieros, peones y voluntarios contra los intentos de reducir y aun de eliminar las regalías que tradicionalmente les han correspondido. Respaldamos decididamente la organización sindical de los asalariados agrícolas y la movilización por sus reivindicaciones. "Valorizamos la constitución de la Federación de Campesinos e Indígenas y la unidad en ella de las capas antifeudales del campo. Nos pronunciamos en favor de la inamovilidad en la tierra de los inquilinos, medieros, arrendatarios y colonos, y de todo lo que tienda a arrebatar privilegios a los latifundistas y a extender el crédito y la ayuda técnica, los medios de trabajo, la posibilidad de disponer de aperos, semillas, abonos, maquinarias, etcétera, a los sectores rurales, incluso a los propietarios que no sean grandes latifunditas. "Sostenemos la necesidad de desahuciar el Convenio Agrícola con los Estados Unidos, construir caminos que pongan en comunicación a los sectores abandonados del campo con los centros de consumo, fomentar el regadío mediante una amplia red de tranques y canales, ampliar y poner al servicio de los campesinos equipos mecanizados, instalar silos, estimular el cultivo de forrajes e internar reproductores para fomentar la ganadería, mantener la integridad de las comunidades indígenas amenazadas de división, detener el avance de las dunas y del desierto en el Norte Chico, defender la riqueza forestal del país, combatir la erosión y propender al desarrollo agropecuario del Norte Grande y de las provincia de Aisén y Magallanes. " Y refiriéndose concretamente a la reforma agraria, en el programa de nuestro partido se expersa: "La reforma agraria, que constituye uno de los objetivos fundamentales e inaplazables de la actual etapa de la revolución chilena, debe confiscar las tierras y los medios de producción anexos (edificios, maquinarias, aperos, etc. ) de los grandes terratenientes y entregarlos a los obreros agrícolas, inquilinos, ocupantes, campesinos pobres y técnicos agropecuarios. Los grandes fundos, racional o intensamente explotados en forma capitalista, y las estancias ganaderas de Aisén y Magallanes, también serán confiscados; pero se entregarán a cooperativas de obreros agrícolas o pasarán a poder del Estado como granjas modelos para impulsar determinados cultivos al más alto nivel técnico de producción. A las comunidades y ocupantes da tierras fiscales se les entregarán títulos gratuitos de dominio. A los mapuches y demás indígenas se les devolverán las tierras usurpadas, se les asegurará la enseñanza en su propia lengua además del idioma español, y se desarrollarán sus tradiciones y cultura nacionales. "La reforma agraria no afectará los intereses de los agricultores que no sean latifundistas. Se expropiarán los latifundios y a sus actuales propietarios se les dejará una cantidad de tierra suficiente para que ellos puedan vivir trabajándola. "La realización del lema "La tierra para el que la trabaja" puede tener diferentes formas prácticas. La entrega de la tierra a los obreros agrícolas será, en general, sobre la base cooperativa. Una gran parte de los campesinos recibirá, con la reforma agraria, individualmente, determinados mínimos de hectáreas de acuerdo con la zona y calidad de los suelos a fin de que puedan mantener a sus familias alcanzando un nivel de productividad más elevado que el actual. Pero ello no basta. Se requiere organizar en gran escala la entrega a los campesinos de ayuda y medios de trabajo. Además, el progreso de la agricultura y el bienestar da! campesino exigen que éstos adopten, sobre la base de la más absoluta voluntad, diversas formas de cooperación en su trabajo. "Los comunistas somos partidarios del desarrollo de una gran agricultura colectiva, basada en cooperativas constituidas democráticamente, que aprovechen todos los medios de la ciencia y de la técnica y faciliten el acceso de las masas agrarias a la cultura y al progreso. " Esto es lo que dice en el programa de nuestro Partido sobre las materias que entramos a debatir. Otras instituciones se han pronunciado también en favor de la reforma agraria, incluso la Iglesia Católica. Ahí está para demostrarlo, lo expresado en las últimas encíclicas papales, o lo que dijeron los Obispos del Episcopado chileno en la tan conocida y comentada Pastoral del año 1962, titulada "La Iglesia y el problema del campesinado", que fue recordada aquí por el Honorable Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización, nuestro estimado amigo don Julio Silva Solar. Condenando, expresamente, las injusticias que se derivan del actual sistema de tenencia de la tierra en nuestro país en el Nº 21 de esa Pastoral se dice textualmente: "Cuando es impedido el ejercicio de los derechos primarios y naturales al uso de los bienes de la tierra y los hombres viven deprimidos por la miseria, la ignorancia o el desprecio, se está cometiendo la más grave de las injusticias y se pone en gravísimo riesgo la paz social. Dios ciertamente no puede querer que unos disfruten de todas las comodidades procuradas por el progreso moderno, mientras otros, con cuyo sudor y trabajo se han producido, en buena parte, aquellas comodidades, vivan en condiciones de necesidad y de miseria. No es conforme a la naturaleza de las cosas que un gran número de seres humanos viva en peligro de frustrar su destino personal. La liberación del hombre de la miseria es el primer y más urgente objetivo de la acción social que el cristianismo tiene por tarea". Más adelante, analizando las diferencias que separan a los dueños de la tierra de los campesinos, en el Nº 24 de esa misma Pastoral se expresa... El señor ISLA (Vicepresidente).- ¿Me permite, Honorable señor Rosales? La Mesa propone a la Honorable Cámara adoptar los siguientes acuerdos: Unir la presente sesión con las dos sesiones a que ha sido convocada la Cámara para mañana. Suspender la sesión de hoy a las 24 horas y reanudarla mañana a las 10 horas, en vez de un cuarto para las 11. Acordado. Puede continuar el Honorable señor Rosales. El señor ROSALES.- Decía, señor Presidente, que más adelante se expresa en esta misma Pastoral: "Nos es doloroso comprobar un desequilibrio pronunciado, que no puede subsistir sin convertirse en amenaza de rupturas violentas entre el propietario de la mayor parte de las tierras cultivables en nuestro país, y el campesino que las trabaja directamente. Aquél vive en la ciudad casi todo el año; éste es un extraño en la ciudad. Los adelantos y comodidades son para aquél, no para éste". Por su parte, el estudioso sacerdote señor Oscar Domínguez, en su celebrado libro titulado "Sociología Rural", tiene también palabras de condenación para el latifundio en Chile. Desde luego, este sacerdote afirma que este sistema, ya anacrónico en el mundo y que ha merecido la reprobación universal, se basa en el robo y el despojo. Historiando sus orígenes, el sacerdote señor Domínguez expresa textualmente, al referirse a los actuales propietarios de la tierra: "Al atribuir a la propiedad un valor casi religioso, olvidan que en su origen los hacendados fueron los beneficiados por la reforma agraria que despojó a los indios de sus tierras". Ya hemos dicho que el latifundio es el responsable del atraso y del hambre que sufre nuestro pueblo. No podemos olvidar que en el agro chileno se encuentran los más altos y aterradores índices de mortalidad infantil. Los niños de nuestros campesinos nacen y crecen desnutridos y raquíticos, porque, muchas veces, se da el caso de que la mujer campesina que ordeña la vaca del patrón no dispone de un vaso de leche para darles a sus hijos. Ocurre también el hecho insólito de que el campesino que prepara la tierra, que siembra el trigo, que lo riega, que lo cuida, que lo siega, que lo cosecha, muchas veces no dispone del pan suficiente para alimentar a su familia. Podemos afirmar, sin caer en exageraciones, que el 60 ó el 80% de los niños campesinos se acuestan con hambre y, lo que es mucho peor, ¡van a la escuela con hambre! El latifundio también es el responsable de la ignorancia en que han vivido y viven las masas campesinas, ya que los índices de analfabetismo acusan porcentajes del 40 y hasta del 50% en algunas regiones del país. Además, el latifundio es el responsable de que en nuestra Patria falten los alimentos esenciales para nuestro pueblo. En el curso de este año, como en los anteriores, faltará trigo, carne, leche, mantequilla, papas. ¿Por qué ocurre esto, señores Diputados? ¿Es que en nuestro país no se da el trigo, ni se pueden cultivar las papas, en cantidades suficientes para po-der alimentar convenientemente a nuestra población? Técnicos extranjeros que han recorrido nuestro país, especialmente su territorio agrícola, han dicho que aquí podrían vivir, bien comidos, bien alimentados, bien vestidos y con un alto "standard" de vida, 30 ó 40 millones de habitantes. Somos poco más de 8 millones y vivimos a medio comer. Y si los señores Diputados me permiten la expresión podría decir que vivimos a "media tripa". ¿A qué se debe esta situación? A una razón muy sencilla: a que la mayor parte de la tierra cultivable en Chile se encuentra acaparada por un puñado de latifundistas que no la trabajan, que no la hacen producir, que la mantienen, por lo general, abandonada y ociosa, y que ni siquiera viven en sus tierras. Desde hace algunos años, se viene acentuando la escasez y la falta de alimentos en nuestro país. Cada vez son más grandes las. sumas que debemos invertir en importar estos alimentos desde el extranjero. En el propio informe, se dice que, en el año 1960, Chile debió gastar la considerable suma de 117 millones de dólares en traer alimentos desde otros países, aparte de aquéllos que se recibieron por la vía denigrante de la caridad internacional. Esta cifra aumentó a 126 millones, en números redondas, en el año 1961; se elevó a 127 en el año 1962; ascendió a 181 millones de dólares en el año 1963; volvió a subir en el año 1964; y fue del orden de los 190 millones de dólares el año pasado. Durante el presente año, se batirán todos los "records", ya que ella sobrepasará los 200 millones de dólares, calculándose las cantidades que se indican para la importación de los productos que se señalan: Trigo, para un déficit calculado entre 6 y 8 millones de quintales, 65 millones de dólares. Carne, 50 millones de dólares. Leche, para un déficit calculado entre 500 a 600 millones de litros, 45 millones de dólares. Aceite, 10 millones de dólares. Azúcar, 20 millones de dólares. Todo esto da un total de 190 millones de dólares, sin tomar en consideración importaciones de otros productos, como cueros, grasas, cebos, productos tropicales o subtropicales, lo que hace que esta extraordinaria sangría de dólares aumente considerablemente. De estos guarismos se desprende que, en los últimos seis años, Chile ha gastado más de mil millones de dólares en importar alimentos que el país está en condiciones de producir si se cultiva convenientemente la tierra y se elimina la lacra del latifundio. Los señores Diputados pueden imaginarse lo que se podría hacer, o construir, en el agro chileno, con la extraordinaria suma de dinero que el país debe pagar para traer, desde otras naciones, los alimentos que nuestro pueblo necesita. ¡Cuántas obras de infraestructura se podrían realizar; cuántas escuelas, puentes, hospitales, caminos, postas de primeros auxilios, obras de agua potable, de alumbrado público, de alcantarillado, de pavimentación, construcción de silos, adquisición de herramientas, semillas, aperos, abonos, etcétera, destinados a mejorar la explotación agrícola y la situación económica y social de los trabajadores de la tierra! No queremos abrumar con estadísticas a la Honorable Cámara. Ya el señor Diputado informante ha proporcionado antecedentes abundantes para demostrar la aberración y la injusticia que significa la actual tenencia de la tierra en Chile. Sólo queremos agregar, a manera de simple ilustración, que el 1% de los propietarios agrícolas tienen en sus manos, en nuestro país, el 60% de la tierra cultivable; mientras que, por otro lado, hay 76 mil predios que tienen menos de 10 hectáreas. A esto podríamos agregar que del millón trescientas mil hectáreas regadas que hay en Chile, el 42% está en manos de grandes y poderosos latifundistas, y que 500. 000 hectáreas, más o menos, tienen pastos naturales. Deseamos agregar estos otros antecedentes abismantes: 696 propietarios, que representan apenas el 0, 5% del total, son dueños aproximadamente del 55% de toda la superficie agrícola del país; mientras que el 85% de los propietarios, desde aquellos que poseen menos de una hectárea hasta los que tienen 99, son dueños apenas de un 0, 8% del total de la superficie agrícola y, frente a todo esto, hay 350 mil y tantos campesinos, trabajadores de la tierra que viven en condiciones de parias, que no tienen una sola pulgada de tierra. Con esto hay que terminar. Esto es lo que no puede seguir. No podemos tolerar que haya en Chile hacendados que tienen 4 ó 5 fundos, con miles y miles de hectáreas que no se cultivan, que no se trabajan; en tanto que, frente a este pequeño grupo de privilegiados, que son verdaderos "zánganos" ociosos, haya miles y cientos de miles de campesinos que trabajan los suelos ajenos y que no tienen más tierra propia que la que llevan pegada a sus ojotas. Por eso, nosotros, los comunistas, hemos dicho -y lo repetimos aquí esta tarde- que no podrá haber progreso y bienestar en nuestra patria mientras no seamos capaces de liquidar de una vez y para siempre el latifundio. Y por eso, también decimos al país, desde alta tribuna, que no hay en este instante en Chile una tarea más noble, más urgente y más revolucionaria que la de luchar por la implantación de una auténtica y profunda reforma agraria. Y ésta no es una apreciación caprichosa de nuestra parte, sino que es ampliamente compartida por la abrumadora mayoría de la opinión nacional. Así quedó plena y definitivamente demostrado y ratificado en la última elección presidencial. El millón de votos que alcanzó el candidato popular, compañero Salvador Allende, se pronunció clara y categóricamente por una auténtica y profunda reforma agraria. Y del millón cuatrocientos mil votos que obtuvo el candidato señor Frei, por lo menos, un millón estuvo también por la modificación de la actual tenencia de la tierra. Lo mismo podría decirse con respecto al pronunciamiento ciudadano en la elección parlamentaria de marzo del año pasado; y si a todo esto sumamos la posición del Partido Radical, quiere decir que el 95% de los chilenos está exigiendo y reclamando la realización de la reforma agraria. Este verdadero clamor nacional no puede ser desoído. Y es que la reforma agraria no sólo interesa a los miles y cientos de miles de campesinos sin tierras, a los medieros y a los arrendatarios que trabajan la tierra ajena, a los inquilinos, a los voluntarios o a los minifundistas que tienen poca tierra. La reforma agraria interesa también al obrero de la ciudad, al trabajador minero, al que labora en las fábricas, en los talleres, en las industrias, a la dueña de casa, al estudiante, al profesional, al técnico, al comerciante; porque, si hay más producción en los campos, habrá más que comer en la ciudad. Si la tierra chilena produce en abundancia, habrá más materias primas para las industrias; si el campesino tiene un más alto "standard" de vida y aumenta su poder de compra, podrá adquirir los artículos que producen las fábricas: zapatos, vestidos, muebles, radios, televisores, etcétera, como ocurre -y lo hemos visto- en los países del mundo socialista, donde el obrero campesino, liberado para siempre de la explotación y dueño de la tierra que cultiva, vive confortablemente con su familia, disfrutando de todos los adelantos de la técnica y de la ciencia. Eso queremos también para nuestros hermanos campesinos y para ello deseamos que se implante en Chile una auténtica y profunda reforma agraria. Pero no sólo es necesario terminar con el monopolio de la tierra acaparada en unas pocas manos; es urgente terminar además con el monopolio de las aguas de riego, que también han sido acaparadas por la oligarquía terrateniente y feudal. Las aguas que, en tiempos de la Colonia, fueron bienes nacionales de uso público, pasaron a ser, con el correr del tiempo, propiedad exclusiva de los que acapararon la tierra, y hoy nos encontramos con hechos absurdos y aberrantes como el que los dueños de las aguas de riego pueden disponer libremente y a su antojo de este vital elemento en la fecundidad de los suelos. Pueden venderlas, arrendarlas, transferirlas o simplemente botarlas y, por lo general, es esto último lo que hacen con mayor frecuencia y con un desprecio absoluto por el interés y bienestar de la humanidad. Se da el caso, por ejemplo, de que en los ríos de Chile no se pueden realizar trabajos o proyectos de mejoramiento o almacenaje en tranques nocturnos, porque todas las mercedes de esos ríos pertenecen a oligarcas de la tierra; o hechos tan irritantes como el que ocurre en la zona de Calama, donde dos o tres personas disponen de todas las aguas de riego de ese lugar. Esto tampoco puede continuar, porque constituye un atentado odioso en contra del interés común y del progreso de nuestra Nación. También es conveniente dejar constancia del aprovechamiento inicuo que han hecho los terratenientes de las obras de regadío realizados con el aporte y el sacrificio de toda la población. Conviene hacer presente a la Honorable Cámara que, durante cuatrocientos años, los oligarcas de la tierra sólo lograron incorporar al territorio agrícola regado una superficie inferior a un millón de hectáreas; en cambio, en menos de treinta años el Estado de Chile, con dinero de todos los contribuyentes, ha logrado regar cerca de medio millón de hectáreas. Esto demuestra la indolencia de la clase terrateniente... El señor OCHAGAVIA.- O sea, ha hecho menos que los empresarios. El señor ROSALES.- ... que se concretó a realizar las obras de riego de más fácil ejecución, mientras el Estado ha realizado aquéllas de alto costo y que en su mayoría han servido para valorizar grandes latifundios, en provecho de hacendados poderosos. Refiriéndonos ahora al proyecto en debate, debemos señalar que los comunistas le hemos prestado nuestro apoyo desde que llegó al Congreso. Públicamente, hemos dicho que él no representa el máximo de las aspiraciones de las masas campesinas, pero hemos manifestado que esta iniciativa significa un paso hacia adelante, representa un avance de importancia, abre caminos, despeja vías y, por sobre todo, constituye una posibilidad de cambio en la actual tenencia de la tierra y una posibilidad también de la entrega de esa tierra a los campesinos que la trabajan. Creemos, sin embargo, que este proyecto llegó demasiado tarde al Parlamento. Se dejó transcurir un año entero y sólo en noviembre último llegó al Congreso, para su tramitación. Estimamos que éste un gran error, porque significó una conciliación con el latifundio y la oligarquía, que fueron aplastados y barridos en sucesivas campañas electorales. En vez de darles a esos enemigos tradicionales de nuestra Patria el golpe de gracia que los hubiera hundido para siempre, se les dio una tregua, que ellos supieron aprovechar muy bien. Durante todo este tiempo, los oligarcas de la tierra se dedicaron a reorganizar sus instituciones, a fortalecerlas, a reunir cajas multimillonarias, a constituir superorganizaciones, como la presidida por Pedro Enrique Alfonso, para luchar contra la reforma agraria. El país ha sido testigo de una de las más violentas y envenenadas campañas de prensa y radio, en contra de esta iniciativa. Y el diario "El Mercurio", que apadrina en Chile todas las causas sucias en contra del interés nacional, ha publicado desde entonces más de cuatrocientos artículos y editoriales en sus páginas mercenarias, para combatir el proyecto que hoy debatimos y defender los intereses y los privilegios de una casta que ha manejado a Chile como si fuera un fundo de su exclusiva propiedad. Ellos no sólo han detentado el poder económico, sino que también han usado y abusado por más de un siglo del poder político. Todos sabemos que de esa cueva de la oligarquía, que es la Sociedad Nacional de Agricultura, salieron muchas candidaturas presidenciales; y para ser Presidente de Chile, se requería, antes que el voto ciudadano, el visto bueno de los latifundistas. No es extraño, que en medio de su soberbia y de su prepotencia, los terratenientes hayan llegado a decir que lo prefieren todo, incluso la guerra civil, antes que la reforma Y para demostrar lo que acabamos de decir, conviene tener presente lo que escribió uno de estos enemigos de Chile en la revista "El Campesino", órgano oficial del latifundio chileno. En el Nº 1, correspondiente al mes de enero del año en curso, bajo el título sugestivo "¿De quiénes tenemos que defendernos?", en carta dirigida al Director, termina diciendo: "Señor Director, con todas estas amenazas, la parte moral está mala y el ánimo mucho peor; por eso quiero preguntarle lo siguiente: ¿de quiénes tenemos que defendernos primero? ¿De los argentinos que nos balean? ¿De los bolivianos que nos amenazan ? ¿ O de los chilenos que nos gobiernan? Por todos son argumentos especiales o por la fuerza quieren adueñarse de la tierra ajena. " Pero los latifundistas no sólo se han dedicado durante todo este tiempo a organizar campañas, a lanzar amenazas y provocaciones y a conspirar abiertamente en contra del régimen democrático, sino que han ido mucho más lejos: han intensificado su campaña de odio en contra de los trabajadores de la tierra. Miles de campesinos, como ocurre en estos mismos momentos, han sido lanzados a los caminos en esta época del año, con sus mujeres y con sus hijos, en una actitud de inhumana crueldad. Otros han sido perseguidos y hostilizados, privándoseles de sus derechos o de sus beneficios previsionales, aumentando su triste condición de parias y de explotados. Pero hay algo más; aprovechándose de las vacilaciones del Gobierno y de una política que se ha caracterizado por la conciliación, los terratenientes se han burlado de los campesinos, de la opinión pública y del país, realizando parcelaciones o divisiones brujas, hijuelando o rematando sus predios. Estas maniobras en contra del interés nacional comenzaron durante la campaña presidencial misma. Centenares de grandes haciendas fueron divididas apresuradamente ante el temor de la victoria del candidato popular, Salvador Allende; y continuaron siéndolo después, con el evidente propósito de burlar las disposiciones de la reforma agraria, como quedó en evidencia cuando discutimos en esta Sala el proyecto destinado a paralizar esas maniobras. Transcurrieron, sin embargo, muchos meses antes de que el Gobierno se decidiera a poner atajo a esta vergüenza y a este escándalo. Durante ese tiempo fueron rematados, divididos a parcelados, haciendas y fundos que sumaron cientos de miles de hectáreas, que se han restado para siempre a la reforma agraria, y con lo cual se cometió una doble estafa a los campesinos de esos predios, ya que se les privó de sus derechos legítimos a la tierra que ellos trabajaron durante muchos años, y se les estafó también en su derecho a reclamar una justa indemnización. Para cometer estos abusos, los terratenientes han contado con el poderío de sus organizaciones y con la tolerancia de muchas autoridades. Para ellos no ha existido mano dura, ninguno ha ido a parar a la cárcel. En cambio, muchos campesinos, privados de sus organizaciones, indefensos ante sus explotadores, han sido perseguidos por la fuerza policial, lanza dos de los predios, y también encarcelados por luchar en defensa de sus derechos, en defensa del pan de ellos y de sus hijos. Por otra parte, todos sabemos que el proyecto que discutimos, ha sido objeto de una larga y fatigosa tramitación. Hace más de 6 meses que llegó a esta Cámara y solamente ahora está cumpliendo su primer trámite constitucional. Además, tenemos que decir que de su paso por las Comisiones de Agricultura y Hacienda, esta iniciativa ha salido indudablemente desmejorada. Se han hecho, a nuestro juicio, las siguientes graves concesiones. 1°.- Se ha declarado la inexpropiabilidad de las viñas con el evidente propósito de favorecer y amparar los privilegios de un reducido grupo de poderosos viñateros, que ocupan las mejores tierras del valle central, so pretexto de conservar la calidad de sus vinos de exportación. Esto ha significado restar centenares de hectáreas a la reforma agraria, lo que es muy grave si se consideran las propias declaraciones que en reiteradas oportunidades ha hecho el señor Ministro de Agricultura, don Hugo Trivelli, en el sentido de que existe poca tierra que repartir en Chile. Ahora con la inexpropiabilidad de las viñas, habrá, por cierto, mucho menos. 2°.- Se ha permitido que los terratenientes puedan incluir en sus reservas las casas patronales, lo que también consideramos grave, por cuanto, en el sector que ocupan dichas casas, se encuentra lo que podríamos llamar la cabeza y el corazón de los predios, porque allí están todas las más importantes instalaciones, como bodegas, talleres, galpones, silos, etcétera. Esto es mucho más injusto si se considera el ausentismo patronal, ya que, se demostró en la Comisión de Agricultura, el 40% de los latifundistas no viven en sus predios. El señor OCHAGAVIA.- Su Señoría estuvo en otra Comisión. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ROSALES.- 3º.- Se ha modificado la tabla de equivalencias, incorporando a última hora una nueva categoría de sueldos que va a permitir entregar justamente el doble de la extensión de tierra que en la reserva había contemplado el proyecto primitivo. 4.- Por una indicación formulada en la Comisión de Hacienda, a iniciativa del Gobierno y firmada por Diputados democratacristianos, quedarán al margen de la reforma agraria todas aquellas tierras de predios que fueron divididos, parcelados e hijuelados entre el mes de noviembre de 1962 y el 4 de noviembre de 1964. No se ha dicho cuál es la extensión que cubren estas tierras, pero no cabe duda de que se trata de muchos miles de hectáreas, que ya tampoco podrán ser entregadas a los campesinos. A esto abría que agregar que el proyecto de reforma agraria en discusión deja intacto el latifundio en aquellas zonas en que su existencia es mayor, como ocurre en Magallanes, por ejemplo, donde, como saben los señores Diputados, se encuentran ios latifundios más grandes del mundo, como el que tiene en su poder la Sociedad Explotadora de Tierras del Fuego, que ha llegado a acaparar un millón de hectáreas, de los cuatro millones aprovechables de esa región. Sin duda, es también grave la disposición contenida en el artículo 151, a la cual se refirió esta mañana nuestro Honorable compañero señor Jorge Montes, que afecta los derechos sindicales de los campesinos, que borra los compromisos internacionales suscritos por nuestro país en el sentido de conceder a las masas campesinas los mismos derechos que tienen los obreros industriales. Esta disposición amaga el derecho de huelga, que teóricamente se ha concedido a los campesinos en el proyecto de sindicación, aprobado por la Honorable Cámara. La disposición del artículo 151 no sólo es agresiva, anacrónica y profundamente reaccionaria, sino también abiertamente peligrosa y abusiva, por cuanto faculta a las autoridades para intervenir con la fuerza militar en los conflictos campesinos. Esta disposición es mucho más grave si se considera que se trata de enfrentar a campesinos indefensos con la fuerza armada del Ejército, y creemos que después de la trágica y dolorosa experiencia que dejó la "masacre" de El Salvador, debieran los responsables de la mayoría parlamentaria meditar profundamente en las consecuencias que podría tener esta disposición legal incorporada al proyecto que estamos debatiendo. Con todo, los Diputados comunistas votaremos, en general, favorablemente esta iniciativa, reservándonos el derecho de formular todas aquellas indicaciones tendientes a mejorarla. No lo hicimos en las Comisiones, con el objeto de no retardar su despacho, porque nos interesa fundamentalmente que este proyecto se convierta, dentro del más breve plazo, en ley de la República. Entregaremos, al final de este debate, todas las indicaciones que hemos preparado, para que sean consideradas en el segundo informe. Daremos nuestros votos favorables a la idea de legislar, porque estamos también profundamente convencidos de que serán las masas campesinas, será la unidad obrera-campesina, serán los trabajadores de la tierra, será la lucha unitaria de nuestro pueblo, de nuestra clase obrera, de las mayorías nacionales, las que dirán la última palabra y decidirán la suerte de este proyecto en su aplicación práctica, para establecer en Chile una auténtica y profunda reforma agraria. Los comunistas tenemos una confianza ilimitada en la capacidad de lucha y de trabajo de nuestros campesinos. Ellos son los que han trabajado hasta ahora la tierra ajena; ellos la han hecho producir; ellos, con su esfuerzo y sacrificio, han acumulado ganancias para enriquecer a una casta minorista de explotadores. Ellos son los que, ahora mismo, en los asentamientos, están demostrando cómo se puede aumentar la producción, a pesar de los muchos problemas que se han presentado y de las mil dificultades que han debido enfrentar y vencer. Mañana, cuando se les proporcione la ayuda necesaria, podrán hacer mucho más. Esto, por otra parte, está definitivamente incorporado a la experiencia que se ha vivido en los países del mundo socialista, donde las masas campesinas han alcanzado su total liberación. Los campesinos, en nuestra patria, tendrán que ser los motores de la reforma agraria. Sin ellos no se puede llevar adelante esta histórica empresa de cambiar la tenencia de la tierra. Sería lo mismo que tratar de hacer pan sin harina. Comprendemos, sin embargo, que ésta no será una lucha fácil. Así lo han entendido, en primer lugar, los campesinos que se han puesto de pie a lo largo de todo el territorio nacional para combatir por la conquista de la tierra. Habrá que vencer la resistencia enconada de los latifundistas que hoy, incluso, se reagrupan políticamente para defender y conservar sus privilegios, para seguir explotando a los campesinos, controlando el crédito y las ayudas que siempre han recibido del Estado. Algunos hombres de Gobierno tienen plena conciencia de que ésta no será una lucha fácil. A comienzos del año pasado, hablando en una reunión a que convocara la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dijo el señor Ministro de Agricultura, don Hugo Trivelli, -ahora presente en la Sala- en Viña del Mar: "Todavía persisten en nuestros países centros o verdaderos focos de poder que, aunque representando a un mínimo de gente, un mínimo de intereses, son tan extraordinariamente poderosos que se convierten en focos de resistencia que están bloqueando, trabando e inhibiendo la acción o la decisión de los Gobiernos, para llevar adelante la reforma agraria. " Y a renglón seguido, el señor Ministro agregó: "Hay una serie de medidas que es muy posible pudiesen tomar o adoptar los Gobiernos en contra de estos centros de resistencia. Estas medidas podrían ser, entre otras, llevar adelante y conseguir la participación efectiva y democrática del pueblo y especialmente del campesinado en estos procesos de cambio. Yo quiero explicarme mejor -dijo el señor Ministro- "en este sentido. Mientras estos grupos de poder económico y financiero sigan interfiriendo en todos los canales o límites de decisión que el Gobierno pueda utilizar para realizar la reforma agraria, va a ser muy difícil llevarla a cabo, a menos que se produzca una tremenda presión desde abajo". Así habló el señor Ministro. Los Diputados comunistas compartimos ampliamente estos conceptos del señor Ministro de Agricultura, don Hugo Trivelli. Eso es lo que hace falta, señor Ministro. Precisamente, lo que ha dicho, cortar la interferencia de los grupos del poder económico, cerrar los canales y las vías que utilizan los latifundistas para sabotear e impedir la reforma agraria, acabar con la verdadera conspiración que se hace en esos centros de resistencia, que sirven de guarida a los poderosos, y apoyarse en el pueblo, en los campesinos, en los trabajadores de la tierra. Desencadenar lo que ha insinuado: ¡La tremenda presión desde abajo! Señor Presidente, no podría terminar estas palabras, expresadas en nombre y representación de los Diputados comunistas, sin rendir aquí, esta noche, un homenaje emocionado a todos los que han caído a lo largo de la lucha, que no ha tenido tregua ni cuartel durante muchos años, por la conquista de la tierra. A los cientos de campesinos que cayeron traspasados por las balas asesinas en matanzas inhumanas y horrorosas. El ejemplo que ellos nos dieron con el sacrificio de sus vidas tendrá que ser y servir como el mejor aliciente en esta lucha histórica por conseguir que la tierra sea, en Chile, de los hombres que la trabajan. Y en este combate en nuestra patria, los comunistas como ayer, como hoy y como siempre sabremos cumplir con nuestro deber. Nada más. El resto del tiempo los ocupará el Honorable señor Tejeda, quien se referirá a los aspectos jurídicos del proyecto en debate. El señor ISLA (Vicepresidente).- El Honorable señor Tejeda puede hacer uso de la interrupción que le ha concedido el Honorable señor Rosales. El señor TEJEDA.- Señor Presidente, nuestro compañero, el DiputadoCarlos Rosales, acaba de reiterar, en forma muy clara, la posición de nuestro partido frente al proyecto en discusión. Mi intervención tiene por objeto dejar en claro algunos aspectos jurídicos de este proyecto de ley. Como sabe la Honorable Cámara, la Sociedad Nacional de Agricultura, que reúne en su seno a los grandes latifundistas, desencadenó una campaña sediciosa destinada a impedir que la reforma agraria pudiera ser realidad. Desató una campaña de prensa, insolente, procaz y mentirosa, que no tuvo otra finalidad que sembrar el terror entre los propios pequeños y medianos propietarios, y hacer creer que se está en presencia de un despojo que rebalsa todos los límites de lo tolerable en un Estado de derecho. Se publicaron en el país millares de artículos de prensa para desorientar a la opinión pública, destacándose, por su odiosidad, los que emanaban del llamado "Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas de Chile", que preside el ex Vicepresidente de la República y enemigo número uno de toda reforma, don Pedro Enrique Alfonso. Tengo a la mano centenares de estos artículos, publicados en el diario "El Mercurio". Vale la pena mencionar algunos de sus titulares, varios de los cuales son verdaderamente pintorescos. El 31 de enero de 1966, bajo el título "Ahorraremos Dinero", se expresa lo siguiente: "La. intensa propaganda oficial ha dicho que con la Reforma Agraria podremos producir nosotros mismos lo que actualmente estamos importando, ¿Podremos producir caucho algún día, corcho, yerba mate?, ¿terminará la Reforma Agraria con el contrabando de la fiebre aftosa traída de Argentina?". El 29 de enero último, también en un aviso pagado, se afirma que hay una lista secreta de 3. 500 propietarios que serían expropiados, y agrega que "los condenados sólo sabrán que están en esa lista cuando ELLOS" -es decir, los funcionarios de la CORA y el propio MinistroTrivelli- "quieran revelarlo". Y en seguida, para atemorizar, añaden que "ELLOS también podrán hacer otras listas". En un artículo publicado el 28 de enero se expresa, bajo el sugestivo título "21 mirones de Pollos" y una fotografía en que se ven muchísimas gallinas, mejor alimentadas que los inquilinos, que en los últimos diez años la producción de maíz aumentó a 970. 430 quintales métricos, lo que permite alimentar 21 millones 565 mil 100 pollos. Los contaron todos, no se les escapó ninguno. Es decir, esta gente se opone a la Reforma Agraria, porque ha logrado producir maíz suficiente para alimentar cada año dos pollos y medio por habitante. En la publicación del 26 de enero, se dice con letras de dimensiones desvergonzadas: "Amenaza de hambre y no 3 millones de clientes espera al país que adopte una Reforma Agraria colectivista" y luego las embiste contra Rusia, China, Cuba y Bolivia. En el aviso del 16 de enero dicen los latifundistas que "el ganado no se produce en las parcelas"; pero, simultáneamente, el mismo diario "El Mercurio", de ese mismo día, está lleno de avisos de los mismos latifundistas que ofrecen vender parcelas a precio de oro. Es decir, por un lado combaten el sistema de parcelar la tierra cuando no conviene a sus intereses, y, por el otro, hacen el más pingüe de los negocios parcelando fundos. El 14 de enero de 1966 pretenden culpar a la Reforma Agraria Cubana de la circunstancia de que la República Popular China no hubiera renovado sus tratados sobre abastecimiento de arroz, "mistificando" hechos internacionales para tratar de confundir la conciencia pública, que reclama profundos cambios agrarios en Chile. La campaña de "mistificación" fue subiendo de tono y en el mes de febrero de este año, la mayor parte del diario "El Mercurio" estuvo plagada de avisos y artículos en contra de la Reforma Agraria, y así en un cuarto de página aparece una vaca esquelética, herida por varias flechas, que representan las bonificaciones al ganado extranjero, la fiebre aftosa atribuida también a la internación de ganado, el contrabando, y una última flecha apunta a unas nacidas ubres, representando lo que llama la "falta de una política ganadera estable". Y como lectura, puesta bajo las patas de esta vaca con cuerpo de galgo, que aparece desmayándose, dice lo siguiente: "la "opinión pública no debe creer que la Reforma Agraria es capaz de solucionar el problema alimenticio de la carne". No quiero cansar a la Honorable Cámara leyendo otros títulos de esta propaganda multimillonaria, pero pongo a disposición de los señores Diputados alrededor de unos 400 ó 500 artículos que tengo a la mano, en este instante, para aquellos Honorables colegas que pudieran tener alguna honorable duda. El señor OCHAGAVIA.- Honorable Diputado, solicite que esos antecedentes se inserten en la versión... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TEJEDA.- Simultáneamente, "El Mercurio", tanto en crónicas informativas tendenciosas, como en artículos de redacción y editoriales, atizó, mañosamente, esta campaña para dar la impresión de que en Chile se estaba viviendo al margen de las normas que rigen los Estados de derecho. Sostuvo, desde luego, que el proyecto de reforma era desconocido, que no se había estudiado, que se estaba estudiando a espaldas del país, cuando la realidad es que nunca se ha discutido en Chile un proyecto de ley que haya concitado una mayor participación de la opinión pública. En efecto, centenares de foros realizados en centros universitarios, por medio de la televisión y de la radio, en los organismos agrícolas; conferencias de prensa, editoriales, revistas, folletos, inserciones en la prensa, artículos de crónica en casi todos los diarios del país, congresos campesinos y acuerdos de los partidos políticos, dejan en claro que éste es el proyecto de ley más ampliamente debatido, y en el que el pueblo y todos los interesados han tenido mayor participación que en cualquier otro proyecto, desde el establecimiento de la República. Incluso, este proyecto ha sido debatido hasta en el extranjero, de manera que es una verdadera "frescura", por no decir desvergüenza, pretender que se está discutiendo y tratando a puertas cerradas, a espaldas del país. Otra objeción en que se ha insistido hasta la saciedad, es que el proyecto sería inconstitucional. Se hace consistir esta objeción en que, estableciendo la Constitución Política la inviolalidad del derecho de propiedad, sería atentar contra ella, si no se pagara previamente a cada propietario una suculenta indemnización, reajustable, y a corto plazo. Al efecto, han contratado "juristas" de todos los pelajes para sostener que no podría el Congreso discutir la reforma, no obstante que, ya aprobada por ambas ramas del Parlamento la reforma constitucional respectiva, el proyecto de ley establece, de expresa manera, que sus disposiciones en lo que pugnan con la actual Carta Fundamental, no estarán en vigencia sino una vez que rija dicha reforma constitucional. Sobre esto se ha hecho gran alharaca y en la propia Comisión de Agricultura se pretendió negar al Parlamento el derecho de discutir, no sólo las disposiciones objetadas como inconstitucionales, sino la totalidad del proyecto de reforma agraria, lo que demuestra que se trata de una nueva maniobra inaceptable de los latifundistas, que han recurrido a todos los trucos imaginables, para retardar el despacho de esta ley, que el país tanto reclama. El Grupo FIDUCIA, en su Manifiesto publicado el 26 de febrero en "El Mercurio", considera la Reforma Agraria -óigalo bien la Honorable Cámara-no sólo como inconstitucional, sino como un terrible pecado, puesto que la ley Divina, dicen, ordena "no codiciar los bienes ajenos", y los campesinos, al reclamar la tierra que trabajan, estarían codiciando lo que no les pertenece y faltando a las leyes de Dios. El grupo FIDUCIA y los Honorables colegas que en este recinto han obstruido la Reforma Agraria y siguen sus inspiraciones lo están haciendo, sin duda, no por defender sus intereses de clases, sino por salvar el alma de los campesinos de los tormentos del infierno... El señor GUASTAVINO.- ¡Qué piadosos! El señor TEJEDA.- Aunque parezca increíble, la pretendida inconstitucionalidad no tiene otro fundamento que lo que acabo de expresar. No se requiere ser abogado para refutarla. En las últimas etapas de la campaña antirreformistas, el ataque al proyecto evolucionó, llevándolo al terreno del concepto de la indemnización. Desde este momento, los latifundistas y aquella prensa que le hace coro estridente, consideraron que lo esencial en el problema de la Reforma Agraria no era otra cosa que la forma en que debía ser indemnizado el propietario para ser expropiado de sus tierras, sosteniendo que, de ningún modo, el dueño podría ser privado del valor pecuniario de las cosas de su dominio, de modo que su patrimonio debía permanecer intacto. Invocaron a este respecto, entre otras, algunas opiniones del Profesor de Derecho Civil, don David Stichkin, quien sostiene que se atenta contra el contenido económico propio del dominio, consistente en el valor pecuniario de la cosa, si la norma jurídica autoriza su privación en forma que el titular no reciba el valor de reemplazo. Es decir, para los latifundistas la Reforma Agraria no presenta inconvenientes, la producción no sufre, los pollos pueden seguir proliferando, las parcelas dejan de ser improductivas y, en último término, la Reforma Agraria es conveniente y patriótica si los dueños del fundo reciben de contado la indemnización, y deja de tener tales virtudes si, por el contrario, su pago es a largo plazo y a bajo interés. En otras palabras, no se persigue ni se busca en las objeciones a la Reforma el interés nacional, sino que se defiende el bolsillo de los propietarios de los grandes fundos. El patriotismo queda a salvo cuando el pago es de contado. Estos latifundistas estiman que la única forma de hacer una Reforma Agraria justa sería que se comprara todo el territorio nacional, se pagara de contado y se distribuyera entre los campesinos. Olvidan que el territorio nacional no les pertenece a ellos; olvidan que es patrimonio de toda la Nación. Olvidan, además, que en ningún país del mundo se ha hecho la Reforma Agraria de la manera que ellos pretenden, y que afirmar, como lo hacen, que la desean, pero oponerse a las expropiaciones, no es otra cosa que un engaño para encubrir su oposición a los cambios. La reforma constitucional, aprobada ayer por la Honorable Cámara, autoriza el pago a largo plazo de las expropiaciones, de acuerdo con la realidad y con el interés nacional, y el proyecto que discutimos consagra, precisamente, los mismos principios ya aprobados por esta Cámara en cuanto a la forma de indemnizar a los propietarios. Es, pues, completamente jurídico y no deteriora ningún principio fundamental de derecho, el que la indemnización se pague a largo plazo. Se ha sostenido, además, que los propietarios estarían indefensos, y que, en la práctica, se trataría de un despojo, pero la verdad es que el proyecto indemniza sobradamente a los propietarios. Los latifundistas, por más de un siglo, expropiaron, sin ninguna indemnización, la fuerza de trabajo de los campesinos. Y a su costa se enriquecieron. El valor de la tierra lo recibieron con creces; de tal manera que sería una verdadera obra de justicia, y no se pecaría ni venialmente, si esas tierras fueran devueltas a los campesinos, sin indemnización alguna, por los señores feudales, lo cual sería sólo una pequeña recompensa por la explotación secular de que han sido víctimas los trabajadores agrícolas. No hay en el proyecto de reforma ninguna disposición que pueda merecer el nombre de despojo, ya que, precisamente, se ha cuidado de que ningún propietario pueda recibir como precio de sus tierras menos del valor que ellos mismos determinaron para el pago de las contribuciones de bienes raíces. Además, resulta inmoral que los despojadores vengan a hablar de despojo. Y todavía el proyecto les permite cobrar una indemnización separada por las mejoras, que en su mayor parte, por no decir en su totalidad, son el producto del trabajo de los propios campesinos. En verdad, pocas leyes de auténtica reforma agraria son tan generosas con los latifundistas como ésta. La pretendida indefinición de los latifundistas, no pasa de ser otra cosa que un cuento. Desde luego, pueden reclamar y ejercitar recursos tanto administrativos como judiciales; pueden reclamar contra la procedencia de la expropiación; contra las resoluciones que no les reconocen los derechos de reserva; contra el acuerdo que les desconozca el derecho de adquisición; contra la resolución que fija definitivamente la ubicación de la reserva o de los terrenos que eximan de la expropiación; contra la procedencia y monto de la indemnización de perjuicios; contra al acuerdo del Consejo Nacional Agrario que establezca una forma de pago distinta de la legal; contra cualquier tasación o estimación de valor que no esté conforme a derecho. El número de recursos que establece la ley excede de treinta -no puedo precisarlo con exactitud por haber carecido del tiempo necesario para comparar el proyecto en la forma como salió de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, con el proyecto primitivo acompañado al Mensaje en lo que respecta a esta materia- y contra todos estos recursos, y contra los fallos de éstos, hay recursos de reconsideración en algunos casos, de apelación en otros y, como si fuera poco, se da "carta de ciudadanía" a los recursos de queja ante la Corte Suprema. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Le parece poco a Su Señoría... ? El señor TEJEDA.- Esto significa que ya los recursos de que disponen los latifundistas no serán treinta o cuarenta, sino infinitos, porque, por la vía de la queja, todo podrá llegar a la Excelentísima Corte Suprema. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?   El señor GUASTAVINO.- Sería demasiada benevolencia. El señor TEJEDA.- Desgraciadamente, este proyecto establece en forma expresa el recurso de queja. Y, si bien es cierto que en la Comisión de Agricultura, con el fin de atenuar los efectos perniciosos y los entorpecimientos que para realizar la Reforma significará el uso y el abuso de estos recursos,... El señor ZEPEDA COLL.- Su Señoría fue quien redactó el recurso de queja. El señor TEJEDA.- ... se acogió una indicación nuestra para limitar a 10 días el plazo... El señor ZEPEDA COLL.- Yo le voy a quitar algunas vendas a Su Señoría. El señor TEJEDA.- ... para su tramitación y fallo, es verdadero que, por medio de recursos sucesivos, podrá, a veces, dilatarse hasta lo infinito el proceso jurídico de la expropiación. Esto nos obligará a examinar esta situación en forma exhaustiva durante la discusión particular, y a proponer las indicaciones necesarias... El señor ZEPEDA COLL.- ¿Todavía quiere hacer más indicaciones Su Señoría? El señor TEJEDA.- ... destinadas a conseguir que la queja establecida por el legislador con otro fin, se desvirtúe con el propósito de enervar los fallos o resoluciones de los Tribunales Agrarios. Estos Tribunales son de primera y segunda instancias. El Tribunal Agrario de primera instancia... El señor ZEPEDA COLL.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado? El señor TEJEDA.- ... es un Tribunal colegiado que se denomina Tribunal Agrario Provincial. Como su nombre lo indica, tendrá asiento en cada una de las ciudades capitales de provincia. Están formados por un Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo civil, designado por la respectiva Corte de Apelaciones. Este Juez preside el Tribunal, que lo integran, además, un Ingeniero Agrónomo designado por el Presidente de la República de entre los que prestan servicio en la Administración Pública, y un segundo Ingeniero Agrónomo, residente en la provincia, que también es nombrado por el Primer Mandatario, pero a propuesta en terna del Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Ambos Ingenieros duran un año en sus funciones, pero nuevamente pueden ser designados en la misma forma. El Tribunal de segunda instancia se denomina Tribunal Agrario de Apelaciones. Habrá un Tribunal Agrario de Apelaciones en cada una de las ciudades de Iquique, La Serena, Santiago, Talca, Concepción, Valdivia y Punta Arenas. Estos Tribunales de segunda instancia se integran con dos Ministros de Cortes de Apelaciones, que anualmente designa el Presidente de la República; y con un Ingeniero Agrónomo, designado también por el Jefe del Estado, a propuesta en terna del Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. No puede decirse, de consiguiente, que los latifundistas están en indefensión, ni que los propietarios carecen de recursos, ya que hay todo un sistema procesal y de tribunales de derecho, donde hacer Valerios. Es un sarcasmo que los latifundistas hablan de indefensión en plena sociedad capitalista. Debe observarse, finalmente, que estos tribunales están bajo la tuición de la Excelentísima Corte Suprema y que los latifundistas podrán usar ante ella el nefasto recurso de queja, que hará que, en último término, sea este último tribunal, y no los especializados; el que resuelva los problemas de orden práctico que se presenten en la aplicación de la ley de reforma agraria. Me he permitido calificar de nefasto este recurso, porque, como lo manifesté al discutirse la reforma constitucional, entró por la ventana en nuestras prácticas judiciales, ya que ni el constituyente ni el legislador pensaron jamás que, invocándolo, pudiera enervarse lo resuelto en uso de sus atribuciones privativas por los tribunales correspondientes. En los juicios del trabajo hay, sobre esto, una amarga experiencia. En la práctica, coexisten dos Códigos del Trabajo: uno que dictó el Congreso, y otro que difiere sustancialmente de éste, formado por la jurisprudencia que ha establecido la Corte Suprema al anular sin forma de juicio y por la vía de la queja, lo que han resuelto los Tribunales del Trabajo. Esta circunstancias nos hace mirar con serias aprensiones el que este proyecto de ley acepte la queja como uno de los recursos de que los latifundistas puedan echar mano. Debemos también señalar que consideramos indispensable que estos Tribunales Agrarios, como igualmente todos los organismos que participan en la reforma agraria, se integren también con representantes del campesinado, por lo cual, en su oportunidad, presentaremos las indicaciones correspondientes, ya que no puede concebirse un proceso de reforma agraria, sin la participación principal y directa, fervorosamente revolucionaria, de los propios campesinos. En cuanto al régimen de aguas, en la discusión particular haremos indicaciones que tiendan a mejorar las disposiciones del proyecto y, en especial, las que se refieran a radicar, sea en los Tribunales Agrarios o en Tribunales Especiales, la competencia en todo lo relativo a las aguas, eliminando a la justicia ordinaria del conocimiento de esta materia, ya que el proyecto mantiene la jurisdicción de estos últimos. El problema del agua es inseparable del agrario; de consiguiente, deben ser unos mismos tribunales los que conozcan de estas materias. Reconocemos que este proyecto es un paso adelante en la conquista de la tierra por los campesinos, y sus proyecciones fueron ya analizadas por el Honorable señor Rosales, al anunciar el voto favorable de nuestro partido. No obstante, este proyecto tiene también importantes deficiencias, como las ya mencionadas en nuestras intervenciones y como las que analizaremos en la discusión particular, cuando fundamentemos las indicaciones que presentará nuestro partido. Desde luego, no podemos silenciar nuestro desacuerdo más profundo y categórico con el artículo 151, que impugnamos con mucha energía en la Comisión de Agricultura. Por esta disposición se autoriza la intervención de las autoridades civiles y militares en el caso de paralización de faenas en la explotación de un predio rústico, por cualquier motivo. El Presidente de la República puede dictar, sin ninguna limitación, los decretos del caso, por la sola paralización de faenas, aunque sea la consecuencia de una huelga legal y justa. Esta disposición acusa rasgos negativos de conciliación reaccionaria. Hace pocos días, despachamos en esta Sala un proyecto de ley de sindicación, que da a los campesinos el derecho de huelga; pero todos esos derechos se reducen a paja picada y desaparecen si aprobamos el artículo 151 a que me refiero. Nunca ha sido conveniente la intervención militar en los asuntos laborales, y es de la esencia del derecho que de la fuerza pública sólo puede hacerse uso por orden de los tribunales competentes. Entregar a la autoridad administrativa el derecho de usar indiscriminadamente de la intervención militar y a su arbitrio, es ir por la senda de la negación de la democracia. Cuando parte del pueblo llevó al Poder a este Gobierno, no lo hizo para que se le enfrentara con las fuerzas armadas. El campesino y el obrero que le dio su voto lo hicieron en la esperanza de que los cambios ofrecidos fueran una realidad. El papel de las instituciones armadas nada tiene que ver con los conflictos laborales. Su papel es otro. La historia de los movimientos obreros en nuestro país, y los hechos muy recientes de El Salvador, demuestran la inconveniencia de seguir este camino. Expresamos también nuestra disconformidad con el artículo 158 que delega en el Presidente de la República, por 180 días, la facultad, propia del Parlamento, de dictar leyes sobre arrendamiento u otra forma de explotación por terceros o medie-rías; sobre régimen previsional aplicable a los beneficiarios de tierras asignadas conforme a las disposiciones del artículo 59; sobre régimen de las cooperativas; sobre régimen de participación de obreros y empleados en las utilidades provenientes de la explotación de predios rústicos; sobre régimen de la propiedad familiar y aldeas campesinas. El Gobierno, en los instantes mismos en que se discutía en la Comisión de Agricultura este artículo, vetó la ley que ordenaba el pago de salarios a los campesinos en los días de lluvia, y ha vetado también otras leyes de beneficio de los trabajadores. Se opuso a las disposiciones que realmente establecían la inamovilidad de los trabajadores, lo que está ocasionando en este momento despidos masivos de trabajadores en el centro y sur del país. Estos son otros rasgos de conciliación reaccionaria, que denunciamos con energía. No podríamos dar a un Gobierno, que ha mostrado tener insensibilidad social en estos aspectos, facultades para dictar este tipo de leyes. Por lo demás, invariablemente nos hemos opuesto a esta delegación inconstitucional de facultades que importan ir avasallando las atribuciones del Parlamento. Se nota en el proyecto en discusión la ausencia desgraciada de disposiciones que beneficien a los indígenas, asegurándoles la devolución de las tierras que les han sido usurpadas, y garantizándoles cánones de trabajo y de vida dignos y estables, por lo cual apelaremos a la reflexión consciente de los Honorables señores Diputados cuando presentemos las indicaciones respectivas. Quiero finalmente expresar que, entre las grandes omisiones de este proyecto de ley, cabe señalar que, mientras al latifundista se le ha restringido la extensión de los suelos de su dominio, no se le ha prohibido la explotación de grandes extensiones de tierra mediante contratos de arrendamiento u otros, que les permitirán seguir explotando al campesinado. He querido decir estas palabras, complementando la intervención del Honorable Diputado, camarada Carlos Rosales, como un anticipo de lo que será, en sus grandes líneas la posición del Partido Comunista en los perfiles jurídicos de la discusión particular de este proyecto. Nada más. Si nos queda algún tiempo, señor Presidente, lo reservaremos para la sesión de mañana. El señor ISLA (Vicepresidente).- Le quedan treinta y un minutos y medio al Comité Comunista. Tiene la palabra el Honorable señor Garcés. El señor GARCES.- Señor Presidente, consciente de la importancia del vasto programa de realizaciones efectuadas por el Supremo Gobierno, he creído conveniente hacer un resumen que contiene una información general sobre el problema de la reforma agraria. Esta reseña permite una visión objetiva, de conjunto, de la forma efectiva en que se está llevando adelante el programa gubernativo. La convicción justificada de que este importante problema, de positivo interés para los destinos patrios, está siendo desfigurado por algunos sectores con el propósito, mal encubierto, de crear confusión respecto a los métodos y sistemas de innovaciones impuestos por el Gobierno, me llevan a entregar este estudio a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados. El señor ZEPEDA COLL.- ¡La confusión la están creando los agitadores del Gobierno! El señor GARCES.- Para analizar la real importancia de este problema, es necesario reconocer, primariamente, que nadie mejor que el agricultor conoce las pérdidas que ocasionan a su empresa los afanes gastados en obtener el pago de sus productos o conseguir los créditos para su explotación. Conscientes de que las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno en el aspecto agrícola llevarán efectivo alivio a los pequeños, medianos o grandes agricultores, podemos esperar confiadamente un aumento de la producción agrícola nacional. Sabido es que la agricultura mal explotada no alcanza a abastecernos, obligándonos, año tras año, a traer productos agrícolas de otros países y a gastar dólares que, en conjunto, podrían habernos permitido construir un vasto número de casas de tipo popular y económico y superar, hace muchos años, el déficit habitacional. Sin embargo, con un espíritu visionario y realista de la verdadera configuración social, política, económica y administrativa del país, el Gobierno actual introdujo reformas, en el aspecto agrícola, que han redundado en beneficio directo y práctico del pueblo. Así fue como dispuso que las instituciones fiscales y semifiscales comenzaran a entregar a la Corporación de la Reforma Agraria todos los fundos de su propiedad, con el notable fin de ampliar el radio de acción mancomunada de la reforma agraria, mientras se aprobaba la nueva legislación y se iniciaba, en forma masiva, el programa consultado. De esta manera, se incorporaron al proceso 270 mil hectáreas, que sumadas a las reservas registradas por la CORA, computan un total de 390 mil hectáreas para la aplicación de su nueva política. Mediante el sistema de asentamientos, se ha puesto en marcha definitiva una organización social independiente, que constituye, para los campesinos de nuestro país, un concreto apoyo, estímulo y garantía de progreso cierto. Se ha logrado, además, mantener y aumentar la producción intensiva de los predios, ya que la tierra no permanece inactiva en ningún momento. Múltiples estadísticas nos han demostrado que los grandes propietarios, qué poseen el 78% de la superficie regada, producen sólo el 60% de la producción agrícola nacional El señor ZEPEDA COLL.- ¿A qué llama Su Señoría gran propietario? ¿Qué extensión de tierra es para Su Señoría una gran propiedad? El señor GARCES.- El 40% restante se produce a través de la mediería, inquilinos y pequeñas propiedades. El señor ZEPEDA COLL.- ¿Me permite una interrupción? El señor GARCES.- No deseo ser des-cortés con mis colegas, pero el poco tiempo que tiene nuestro Comité me hace imposible conceder interrupciones. El señor ISLA (Vicepresidente).- Honorable señor Zepeda, el Honorable señor Garcés manifiesta que no le es posible conceder interrupciones. El señor ZEPEDA COLL.- El único que absolvió consultas y concedió interrupciones fue el señor Silva Solar. No lo hizo el señor Ministro de Agricultura, ni el Diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor GARCES.- Yo no tengo ningún inconveniente en dejar en claro este problema en el curso de la discusión particular. El señor ZEPEDA COLL.- Pero Su Señoría hizo un afirmación que no ha fundamentado. El señor GARCES.- La participación directa del campesino, con el aporte de su experiencia, ha intensificado la explotación del suelo. Esto ha constituido una auténtica e inmediata promoción del trabajador agrícola, que ha asumido así sus primeros derechos y responsabilidades como propietario. Para cumplir con este programa de reforma agraria, ha sido necesario desvirtuar enérgicamente la desconfianza que existe en cuanto a la tenacidad y capacidad del campesino chileno. Sabido es que, si el propio campesino no es capaz de cultivar la tierra en forma inteligente y acuciosa, aprovechando la oportunidad que le brinda un Gobierno auténticamente democrático, de nada servirá la reforma agraria. Pese a este clima de desconfianza, acrecentado por una campaña disociadora, existen actualmente cálculos que desdicen tal fracaso y permiten apreciar la extraordinaria capacidad de trabajo del obrero agrícola, si se le compara con el propietario de grandes extensiones de tierra. Ya se están viendo los primeros resultados del sistema de asentamientos. Un ejemplo palpable de los éxitos obtenidos por estas reformas es el fundo Tranquilla, que forma parte de la hacienda Choapa. Allí siempre se producía pérdida. Sin embargo, en el año recién pasado, 1965, con el sistema de asentamientos, mejoraron notoriamente los jornales y se obtuvo una utilidad bastante alentadora. El señor ZEPEDA COLL.- Pero no olvide Su Señoría que el propietario anterior era el Servicio Nacional de Salud. Hay que señalar eso al hacer la comparación. El señor GARCES.- El proceso de asentamiento dura, generalmente, dos años, al término de los cuales los propios comités de asentamiento valoran la actividad comunitaria de los asentados, su capacidad de trabajo y todos aquellos demás requisitos que se estiman indispensables para otorgarles sus títulos definitivos de propietarios. El señor ZEPEDA COLL.- Eso habrá que discutirlo algún día en la Cámara, Honorable colega. El señor GARCES.- Este sistema concreta la efectividad de que los campesinos de Chile están participando activamente en la reforma agraria. En lo que se refiere a las tierras distribuidas, durante la Administración pasada, desde el 15 de noviembre de 1962, fecha en que se promulgó la ley Nº 15. 020, hasta el 4 de noviembre de 1964, la Corporación de la Reforma Agraria entregó sólo 491 parcelas, con una superficie total de 22 mil 700 hectáreas. Estas cifras, agregadas a las de la colonización que venía realizando desde 1929, o sea, desde hacía 35 años, arrojan un total de 1 millón 19 mil hectáreas, distribuidas en 5 mil 316 familias. A falta de otros datos estadísticos más actualizados -porque no quiero traer cifras de expropiaciones recientes, sino de lo que la Corporación de la Reforma Agraria ya tiene realizados en su programa- puedo asegurar que, desde que asumió el Gobierno el Excelentísimo señor Frei hasta el mes de septiembre de 1965, esta institución, en ese pequeño lapso, había distribuido 571 parcelas, con una superficie de 152 mil hectáreas, lo que, sumado a la distribución de los asentamientos campesinos, da un balance halagador del actual proceso de reforma agraria, ya que 500 mil hectáreas han sido incorporadas a él en beneficio directo de 4 mil familias auténticamente campesinas. Esto se ha realizado aun con todas las dificultades de la actual ley, y existen amplias y concretas posibilidades de que estas cifras se vean notoriamente aumentadas este año. En pos de una mayor productividad y de mejores condiciones de vida para los campesinos, dentro del desarrollo de un programa agrícola adecuado, la CORA ha dedicado su atención intensificada a numerosas obras de las llamadas de infraestructura. En estas realizaciones, sólo en el año pasado, se invirtieron 4 millones 514 mil escudos en obras civiles, tales como la construcción de casas, galpones, caminos y cierros, que beneficiaron a más de 2 mil 800 familias campesinas. Ajustada siempre a una política gubernativa de real participación de la comunidad en las obras de desarrollo del país y de absoluto beneficio genuinamente popular, la CORA, para lograr un mayor impulso de sus actividades, ha firmado convenios con diversas instituciones: con el Instituto de Investigaciones y Ensayos Eléctricos, en lo que se refiere a la electrificación de sectores rurales; con la Empresa de Comercio Agrícola, para conseguir una más efectiva comercialización de los productos de parcelas y asentamientos; con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, para elaborar proyectos de villorrios y viviendas campesinas; con la Federación de Estudiantes de Chile, con el fin de realizar un trabajo combinado sobre organización de comunidades campesinas; con los Ministerios de Salud Pública, de Obras Públicas, de Educación Pública, de Agricultura y de Trabajo y Previsión Social y con la Consejería Nacional de Promoción Popular, en el trazado de un plan nacional de desarrollo comunitario en las zonas de la reforma agraria. Para palpar concretamente las vastas proyecciones del proyecto de reforma agraria, hay que reconocer que, por primera vez en 36 años, desde que se dictó la Ley de Colonización, en 1929, se ha puesto efectivamente en marcha un programa de expropiaciones sin el consentimiento previo de los propietarios afectados. Cabe señalar que la Ley de Colonización no contemplaba disposiciones de esta naturaleza, y en cuanto a la actual ley Nº 15. 020, la Administración anterior jamás hizo uso de sus disposiciones en ese sentido, basada en un erróneo respeto hacia los fuertes intereses creados y en desmedro del auténtico interés proletario. Por su parte, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) ha reorientado totalmente su programa de asistencia técnica y crediticia, hasta el extremo de que la voz elocuente de las cifras nos indica que, en 1964, atendió aproximadamente a 19 mil campesinos, mientras hasta septiembre de 1965, había atendido a alrededor de 35 mil, finalizando el año con una atención definitiva de más de 46 mil beneficiados. Estos hechos aislados nos están demostrando, con la efectividad de una realización justa, que el Gobierno ha superado el mayor desarrollo humano, social y económico de la comunidad, a fin de darle al campesino, al hombre que trabaja la tierra, con sacrificio, a lo largo de la angulosa fisonomía territorial de Chile, una vida más humana, más digna y completa, que le permita obtener mayor rendimiento y mayor cuota de producción de sus tierras. Las experiencias recogidas en otros países en materia de expropiaciones nos están demostrando sus halagadores resultados. Tenemos los casos de Francia, con la ley que instauró la concentración parcelaria forzosa; de Gran Bretaña, con la evolución del concepto del derecho de propiedad; de Dinamarca, con la legislación de 1951 sobre propiedad rural, que prohibe aumentar la extensión de las grandes explotaciones; de Austria, con la legislación que establece que sólo se autorizará la compraventa de tierras "cuando se den garantías de que se realizará un cultivo sistemático"; de Holanda, cuya legislación no concede la autorización para enajenar un predio cuando el contrato sea contrario a los intereses generales de la agricultura; de Suecia, con la legislación que prohibe apropiarse de una finca o predio con el solo objetivo de hacer inversión de capitales, y no la explotación personal de las tierras; de Suiza, con la legislación que no autoriza la venta de un predio si el comprador quiere hacerlo con fines de especulación o acaparamiento de tierras. Todos estos ejemplos que traigo a colación corresponden a países que se caracterizan por una agricultura floreciente y que, igual que otros países europeos, como Bélgica, han sido seguidos por otras naciones que han debido emprender una reforma de la estructura agraria. No está de más citar las leyes de reforma agraria impuestas por Italia (1950), India (1960), Egipto (1952), Siria (1956), Irak (1958), Japón (1952), Pakistán (1959), Perú (1964), Filipinas (1955), Ecuador (1964), etcétera, que han establecido la expropiación de predios en razón a su superficie, precisamente, con el objeto de limitar la acumulación de tierras. Por otra parte, estudios bien detallados, efectuados por el Comité integrado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), han demostrado, en lo que se refiere a los sistemas de tenencia de la tierra en Chile, que las empresas que se clasifican como subfamiliares y alcanzan a 56 mil, o sea, al 37% del total, disponen -¡óigalo bien Honorable colega señor Zepeda!- del 1% de la superficie arable del país y del 2% de la superficie total regada. El señor ZEPEDA COLL.- Solicito una interrupción, señor Presidente, porque he sido aludido... El señor GARCES.- Según estos mismos estudios, las empresas familiares, que, en número levemente superior a 60 mil, representan el 40% del total, disponen del 12% de la superficie arable y del 7% de la superficie regada; las empresas medianas, que, en número superior a 24 mi!, representan el 16% de la superficie regada; y, finalmente, las grandes empresas, cuyo número alcanza a 10 mil 300, o sea, al 7% del total, son dueñas del 65% de la superficie arable y del 78% de la superficie regada. Si nos mueve un espíritu cristiano, debemos recordar que la Encíclica Quadragesimo Anno dice claramente: "... para que, gracias a esta institución" (la propiedad privada) "los bienes puestos a disposición de la Humanidad por el Creador cumplan efectivamente su destinación, lo que no puede ser realizado sino por el mantenimiento de un orden cierto y bien regulado. " De este principio brota, como clara consecuencia, que la propiedad debe cumplir una función que ha sido denominada como social, ya que este derecho, como lo ha establecido también el reciente Concilio, no es sólo de los propietarios, sino de todos los hombres. Nadie puede desconocer que los artículos 27 al 58 del proyecto de reforma agraria dejan claramente especificados los derechos que legalmente le corresponden al propietario afectado para hacer valer sus prerrogativas de reserva de adquisición que establece la ley. El artículo 30 señala concretamente que el propietario de un predio expropiado en conformidad con cualquiera de las causales establecidas en esta ley... El señor ZEPEDA COLL.- Solicito una interrupción, señor Presidente, para referirme a la misma Encíclica. El señor GARCES.- ... puede solicitar del Consejo Nacional Agrario que reconsidere dicho acuerdo. Además, el artículo 31 expresa que, si no se reconociera al propietario el derecho de reserva que le correspondiera, podrá éste reclamar ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación. En lo que se refiere al artículo 37 sobre indemnizaciones, se especifica que la indemnización a favor del dueño del predio expropiado será equivalente al avalúo del predio para los efectos de la contribución territorial. En el artículo 52 del Título III, que trata de la "Reorganización de la propiedad en las áreas de riego", se deja establecido que "en el caso de expropiaciones efectuadas en conformidad con el artículo 10, el propietario de un predio rústico expropiado, que sea persona natural, tendrá derecho a conservar en su dominio terrenos, incluidas las mejoras en ellos existentes, que, una vez terminadas las obras de riego, tengan un valor equivalente al que tenía su predio a la fecha del acuerdo de expropiación, calculado en la forma indicada en el artículo 37. " De la revisión de todos estos artículos de la ley, queda de manifiesto claramente el ánimo de absoluta justicia e imparcialidad que inspira al legislador. Con el objeto de afianzar estas disposiciones basadas en un absoluto sentido de equidad legal, se han creado, de acuerdo con el artículo 124 del Título VIII, Tribunales Agrarios Provinciales en cada una de las ciudades capitales de provincia. El señor ZEPEDA COLL.- Respire, Honorable colega. Su Señoría ha hablado en un solo resuello, desde el comienzo de su discurso. El señor GARCES.- Todas estas realizaciones vienen a solucionar el grave problema campesino. Nuestro Parlamento conoce las condiciones inaceptables, marginadas de ventajas y beneficios, en que, durante muchos años, se ha desenvuelto el sector campesino, que alcanza un número superior a dos millones de personas. Señor Presidente, voy a conceder una interrupción al Honorable señor Zepeda, con todo gusto, con cargo al tiempo de su Comité. El señor ISLA (Vicepresidente).- Así es el acuerdo de la Corporación, Honorable Diputado. El señor ZEPEDA COLL.- Muchas gracias, Honorable señor Garcés. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Zepeda. El señor ZEPEDA COLL.- Señor Presidente, nuestro Honorable colega se ha referido, primeramente, y los ha repetido en forma reiterada, después, a los datos que dio a conocer ante la Honorable Cámara, tanto el señor Ministro de Agricultura como el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda, relativos a los porcentajes de dueños de predios agrícolas, relacionándolos con el área de tierras cultivadas. Nuestro Honorable colega ha sido más explícito que las personas mencionadas y ha aludido a las áreas regadas. Por mi parte, quisiera que el Honorable señor Garcés nos precisara, en primer lugar, qué entiende por "grandes propietarios", porque el Honorable señor Maira, cuando empleó este término, señaló en forma clara y terminante que se estaba refiriendo a quienes poseían más de dos mil hectáreas de terrenos. Por eso, desearía que se nos indicara en forma más precisa qué debe comprenderse por "grandes propietarios". En seguida dio lectura a determinados acápites de la Encíclica "Quadragesimo Anno", del Papa Pío XI. Pero cabe recordar que ella versa también sobre otros aspectos. Voy a citar algunos párrafos de la referida Encíclica: "Y, sin embargo, queda en la filosofía social, fijo y permanente, aquel principio fundamental, que ni puede ser suprimido ni alterado: como es ilícito quitar a los particulares lo que con su propia iniciativa y propia industria pueden realizar para encomendarlo a una comunidad, así también es injusto y, al mismo tiempo, de grave perjuicio y perturbación del recto orden social, avocar a una sociedad mayor y más elevada lo que pueden hacer y procurar comunidades menores e inferiores. Todo influjo social debe por su naturaleza prestar auxilio a los miembros del cuerpo social, nunca absorberlos y destrutirlos. "Por tanto, tengan bien entendido esto los que gobiernan: cuanto más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, quedando en pie este principio de la función supletiva del Estado, tanto más firme será la autoridad y el poder social, y tanto más próspera y feliz la condición del Estado". Señor Presidente, si nosotros hemos objetado en muchas ocasiones las afirmaciones sobre la inspiración cristiana de este proyecto de ley, es porque se puede demostrar, en forma clara y terminante, que esta iniciativa hace posible la colectivización de las granjas, en circunstancias que en el programa del actual Presidente de la República y en concentraciones de campesinos en que han participado personeros del Gobierno, se ha manifestado que se trata de establecer la propiedad individual. En cuanto al clima de agitación a que Su Señoría se refería... El señor GARCES.- Está equivocado, Honorable colega. El señor ZEPEDA COLL.- Al principio de sus observaciones tocó este punto, Honorable colega. El señor GARCES.- Mis palabras no envuelven cargos contra el Partido Nacional, ni el Liberal, ni el Conservador. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZEPEDA COLL.- Su Señoría se refería a los agricultores. El señor GARCES.- No he hablado tampoco de los agricultores. Voy a leer nuevamente las frases pertinentes de mi discurso: "La convicción justificada de que este  importante problema, de positivo interés para los destinos patrios, está siendo desfigurado por algunos sectores con el propósito, mal encubierto, de crear confusión respecto a los métodos y sistemas de innovaciones impuestos por el Gobierno, me llevan a entregar este estudio a la consideración de ¡a Honorable Cámara de Diputados. " Esto fue lo que manifesté. Yo creo que Su Señoría está demasiado nervioso y susceptible. El señor ZEPEDA COLL.- Pero en esto hay fondos fiscales... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ISLA (Vicepresidente).- ¡Honorable señor Garcés! ¡Honorable señor Zepeda Coll! Pese al ambiente familiar que reina en la Sala, ruego al orador dirigirse a la Mesa y conceder las interrupciones en forma reglamentaria. El señor ZEPEDA COLL.- Creí que contaba con el asentimiento tácito de Su Señoría. En tal caso, no habría habido ninguna dificultad. Quienes distorsionan y provocan ese clima, son agentes financiados con fondos de instituciones fiscales. El Honorable señor Garcés ha sostenido que los derechos de los propietarios están amparados por los tribunales. Al respecto, en la mañana de hoy hubo un lato debate en la Sala. El señor Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización, don Julio Silva, el Honorable señor Tejeda, se refirieron a este problema. El Honorable señor Tejeda afirmó que los propietarios quedaban plenamente garantizados por estos tribunales. Trató de demostrarlo y concluyó diciendo que no había motivos para quejarse. Tanto se convenció de sus propias argumentaciones que al final anunció que presentaría indicación, con el objeto de que este derecho de defensa no sea tan efectivo. Yo no deseo prolongar mi intervención, pero quisiera que el Honorable colega me contestara las siguientes preguntas: ¿qué entiende por gran propietario agrícola? La proporción que Su Señoría señaló, ¿se refiere a la superficie regada? ¿Coinciden esas cifras con las dadas por el Honorable señor Maira, Diputado informante de la Comisión de Hacienda? Finalmente, Su Señoría citó la hacienda Tranquilla, de Salamanca, pero no debe olvidar que ésta perteneció al Servicio Nacional de Salud. Evidentemente, estaba mal explotada. Pero no podemos utilizar como antecedente estos predios explotados por el Servicio Nacional de Salud, mejor dicho, por el Estado, por funcionarios públicos. No se pueden usar como ejemplo para demostrar que hay predios particulares mal cultivados. El señor ISLA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Garcés. El señor GARCES.- Señor Presidente, quiero decirle al Honorable señor Zepeda Coll que, de acuerdo con el censo de 1955, 6. 326 propiedades tenían una superficie superior a 500 hectáreas, cada una. Es decir, prácticamente tenían más del 81% de la supedficie que se ha anunciado. Estos son datos estadísticos. El señor OCHAGAVIA.- ¿Me concede una interrupción Honorable Diputado? El señor GARCES.- Quisiera seguir contestando al Honorable señor Zepeda. Su Señoría ha dicho que hay funcionarios del Gobierno dedicados a crear un clima de agitación y a pertunbar la labor en el campo. Sin duda que ha querido referirse a los funcionarios del INDAP y de la CORA, siglas que todos conocemos. Creo que hay consenso unánime en el sentido de que esta gente está efectuando una promoción campesina y haciendo respetar las leyes que hasta hoy día no se habían cumplido en muchos sectores. El señor FUENZALIDA.- Exacto. El señor GARCES.- Por ejemplo, en mi provincia, y esto lo puede corroborar el Honorable colega señor Fuenzalida, no se ha creado un clima de agitación, sino que se han hecho cumplir las leyes y se han reconocido los derechos de los campesinos. En ningún momento he visto que haya un clima de agitación provocado por elementos u organismos del Estado. Al contrario, creo que se ha realizado una gran promoción en favor de los pequeños y medianos agricultores, y de los campesinos en general. En cuanto a la tercera cuestión planteada por el Honorable señor Zepeda Coll, debo manifestar que me referí a la Encíclica en forma resumida. Considero que no es esta la ocasión de discutir los términos generales o particulares de ella. Hice una clara referencia al pensamiento de la Iglesia, al contenido de las Encíclicas y a los acuerdos del último Concilio respecto de la tenencia de la tierra. El señor LAEMMERMANN.- El pensamiento del Honorable señor Zepeda Coll es más completo. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor GARCES.- Continuó, señor Presidente. En materia de viviendas, nuestra población campesina es, sin duda, la más postergada. Estudios recientes efectuados por el Ministerio de Agricultura señalan que en fundos de superficie superior a 100 hectáreas, en una comuna rural de condiciones superiores a las normales y, lógicamente, al promedio del país, el 66% de las casas campesinas tenía piso de tierra; un 55% de ellas no disponía de servicios sanitarios y un 70% se abastecía de agua de acequias, cuyo consumo puede provocar graves epidemias y enfermedades. Además, es de conocimiento general que más del 53% de las familias campesinas chilenas no son dueñas de ningún pedazo de tierra. En contraste con lo anterior, cabe señalar que la mayor proporción de tierras regadas subutilizadas se encuentra en las grandes expoliaciones. En efecto, entre las provincias de Aconcagua a Ñuble, las explotaciones multifamiliares grandes poseen el 78% de la tierra regada, y el 30% está cubierto con pastos naturales. Esto representa una superficie subutiliza-da de 181 mil hectáreas en un total sub-utilizado para esa zona de 245 mil hectáreas. Frente a estos hechos inauditos, hay que reconocer que existen en la agricultura chilena tierras productivas no utilizadas, hombres desocupados y capacidad empresarial desprovista de recursos para realizarse, junto a una necesidad creciente de alimentos. Para solucionar esta dolorosa situación, es imprescindible realizar una efectiva reforma agraria. El Gobierno no solamente se ha preocupado de resguardar los intereses de los campesinos, sino que también ha considerado en el proyecto de reforma agraria diversas medidas de estímulo, ayuda y cooperación técnica para aquellos agricultores que secundan lealmente su labor nacional, trabajando en forma eficiente sus tierras. Es un hecho establecido que la experiencia técnica, el conocimiento científico, la capacidad de manejo, deben ser estimulados al máximum y, sobre todo, reconocidos. Somos decididamente partidarios de que exista un claro derecho a la propiedad sobre las tierras productivas de nuestra patria. Esta propiedad debe cumplir una clara función social. No se pretende en ningún momento destruir o lesionar este derecho. Por el contrario, se le quiere extender, perfeccionar y reforzar, de tal manera que el mayor número de miembros de la comunidad pueda tener acceso a la institución de la propiedad, contribuyendo con ello a la consolidación de una sociedad justa, productiva y estable. Aquellos propietarios de grandes predios que están cumpliendo con su labor en forma digna y adecuada, encuentran en el Gobierno la cooperación extensa y efectiva que su labor requiere. Tanto es así, que el Ministerio de Agricultura ha intensificado en forma notoria su acción de asistencia técnica a los agricultores, para la realización de obras de conservación de suelos y aguas en todo el país. El año pasado solamente, se atendieron 3. 183 predios rurales con trabajos de esa naturaleza, que están totalmente terminados y beneficiaron a 195. 345 hectáreas. El Gobierno, en conocimiento de la» necesidades de los agricultores en todo su hondo contenido humano, ha dispuesto una ampliación en los préstamos concedidos por el Banco del Estado de Chile, que desempeña un papel preponderante en el crédito agrícola del país, tanto por la magnitud en valores que otorga como por las características y tipos de su crédito. Dada la enorme proporción del crédito agrícola y la urgente necesidad de colaborar con la expansión socio-económica del país, en especial del sector agrario, se están realizando innovaciones para agilizar y controlar ese crédito agrícola. Entre estas innovaciones y cambios se puede citar la solicitud única de crédito, cuyo principal objetivo es crear una mentalidad empresarial en los agricultores exigiéndoseles que anticipen un plan completo de explotación de su predio. La redistribución del crédito es uno de los medios más eficaces y rápidos que se han implantado para contribuir efectivamente al desarrollo agrícola, abarcando a todos los estratos de agricultores. A través del crédito agrícola regional, créditos operacionales para la comercialización de productos agrícolas, créditos para proyectos específicos, servicio de crédito supervisado, etcétera, se ha intensificado la ayuda para los agricultores, como un justo estímulo y cooperación a quienes trabajan bien sus tierras y contribuyen al programa de grandeza económica de nuestro país. Por su parte, los técnicos especializados del grupo de ganadería del Consejo Superior de Fomento Agropecuario han trabajado intensamente en el estudio de programas de producción pecuaria y desarrollo ganadero. Su labor se relaciona con: a) Elaboración del plan nacional de control de desarrollo ganadero para la zona afectada por el último sismo; Estudios relacionados con el programa de desarrollo ganadero para la zona afectada por el último sismo; Estudios sobre intercambios de productos pecuarios con Argentina; Actuación de la Secretaría Técnica de la Comisión Avícola Nacional, en labor destinada a hacer recomendaciones específicas a organismos que actúan en ese campo; Actuación, con los mismos objetivos, de la Secretaría Técnica Nacional Porcina, y f) Información básica para productos de desarrollo regional. Además, el Gobierno está estudiando actividamente una política de precios que esté de acuerdo con los programas de desarrollo agropecuario y de control de la inflación. Los estudios correspondientes están a cargo de la sección "precios" del Consejo Superior de Fomento Agropecuario. Estas y otras medidas adoptadas en el sentido de otorgar adecuado y efectivo asesoriamento a los agricultores demuestran ampliamente el sano espíritu de equidad justiciera que anima al Primer Mandatario para reconocer los derechos individuales de la ciudadanía, favoreciendo tanto al buen agricultor como al campesino anheloso de su dignificación. En lo que se refiere al riego, el Ministerio de Agricultura está llevando a cabo diversas obras beneficiosas para el país, tales como la "tecnificación" del regadío de los valles de Lluta y Azapa, en el norte; de Melozal, en Linares; Duqueco-Cuel y Bío-Bío, en la provincia del mismo nombre, y los de Pillanlebun-Lautaro y de Allipén, en Cautín; los estudios de hidrología y de reguiarización de riego en Chincolco, que benefician a 900 hectáreas; los trabajos que se ejecutan en el Río Putaendo para mejorar el regadío en 2. 500 hectáreas; la reconstrucción de los canales del sistema Catemu; los trabajos de drenajes y saneamiento de la Vega Chivilcán, en Cautín, que habilitarán 485 hectáreas; la puesta en riego del canal Quiepe Sur, en la misma provincia, que beneficia a 5. 000 nuevas hectáreas, y las prácticas de "tecnificación" de regadío de Allipén, con lo cual se incorporarán al cultivo no menos de 10. 000 hectáreas. El Ministerio de Agricultura ha terminado los estudios agronómicos de obras de puesta en riego en diversas zonas del país. En el proyecto del canal Maule Norte se han efectuado los estudios de 120. 500 hectáreas, de las cuales 40. 000 serán beneficiadas con nuevo riego. En el proyecto Diguillín y La Punilla, en Ñuble, las obras en ejecución permitirán el regadío de 80. 000 nuevas hectáreas, para lo cual fue necesario estudiar 200. 000. Se ha iniciado, asimismo, la clasificación de suelos para determinar las superficies aptas para el riego con el embalse Digua, lo que hará posible incorporar 24. 000 hectáreas de nuevo riego y mejorar otras 24. 000 con riego eventual. No sólo se ha abarcado el problema de redistribución de tierras en este programa; también se ha mejorado con criterio objetivo, justo y democrático, el "standard" de vida del campesino chileno, para lo cual este Gobierno ha dictado leyes y medidas administrativas en su beneficio, entendiéndose por tal el obrero agrícola y el pequeño empresario agrícola. Entre ellas podemos citar el reajuste de salarios que dispone el artículo 79 de la ley Nº 16. 250, publicada el 21 de mayo de 1965, y que comprende el alza del salario agrícola, pago del 75% en dinero, exclusión del salario de la regalía de casa, mantención de regalías, según el artículo 1° de la ley Nº 16, 362, publicada el 5 de noviembre de 1965. Como dato ilustrativo, hay que señalar que durante la Administración Alessandri, la asignación familiar obrera ascendía a Eº 0, 17 diarios -170 pesos- por carga y que a comienzos del Gobierno del señor Frei fue elevada a Eº 0, 33, lo que representa un aumento del 94, 11%. En diciembre de 1965 se aumentó a Eº 0, 41 diarios, lo cual constituye un real incremento del 170, 58% en relación con el monto que tenía en la pasada Administración. La ley Nº 15. 966, publicada el 12 de diciembre de 1964, establece el beneficio de la asignación familiar durante todo el período de embarazo de la madre. Una iniciativa de inmenso valor para el campesinado es el artículo 88 de la ley Nº 16. 250, que extiende a los obreros agrícolas las normas sobre limitación de la jornada de trabajo diario propia de los demás obreros, establecida en los artículos 24 y siguientes del Código del Trabajo, dentro de una promedio anual de 8 horas diarias de trabajo, y fija la forma y procedencia del pago de las horas extraordinarias. La ley Nº 16. 350, publicada el 20 de octubre de 1965, extiende, además, a 30 días el exiguo plazo de 6 que establecían anteriormente los artículos 10, 12 y 13 del Código del Trabajo, para avisar el desahucio del contrato o para indemnizar el despido inmediato. En virtud de la ley Nº 16. 424, publicada el 8 de febrero de este año, el obrero con más de 15 años trabajados y más de 60 de edad, tiene derecho a un feriado mínimo de 25 días. Consciente de la importancia del trabajo de la mujer chilena, el Supremo Gobierno ha dispuesto en la ley Nº 16. 434, mediante una modificación del artículo 309 que protege la maternidad obrera, que el subsidio maternal y descanso postnatal de maternidad se prolongará por seis semanas más. Profundas innovaciones en las leyes, convierten en un seguro social el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que dejan de fundamentarse exclusivamente en la responsabilidad del patrón, para basarse en las responsabilidades de la sociedad y medirse las prestaciones por la cruel necesidad del accidentado. Todas estas conquistas sociales a favor del pueblo, de la gran masa trabajadora que invariablemente había sido postergada a través de diversas administraciones, han sido realizadas, con un invariable espíritu de justicia social, de respeto profundo a la dignidad de la persona y con total conocimiento de la urgencia histórica que vive el país y que nos impulsa a cambiar nuestra condición de pueblo sub-desarrollado logrando la proyección de una mejor superación económica nacional en la que exista un común denominador de justicia y de libertad democrática en beneficio de todos. Todas las leyes aplicadas por el Gobierno tienden a reconocer plenamente la responsabilidad que les corresponde a los agricultores dentro de la función social que la propiedad debe cumplir. Esta función incluye responsabilidades frente a los trabajadores expresadas substancialmente a través de la legislación social y frente al conjunto de la población consumidora, que necesita progresivamente de mayores cantidades de alimentos y materias primas de uso industrial. Esta posición de responsabilidad para el empresario agrícola plantea dos órdenes de consecuencias. La primera es que la reforma agraria debe recaer sobre aquellos empresarios que no cumplen debidamente esta función social; y la segunda consiste en que, a la inversa, debe merecer respeto aquel empresario que cumple debidamente sus obligaciones frente a sus trabajadores y cultiva eficientemente sus tierras. Hay que reconocer que en Chile sólo un tercio de la tierra se cultiva normalmente. Con un bien definido criterio legalista y jurídico, se establece que uno de los objetivos principales de la reforma agraria, será el de difundir la propiedad agrícola, lo que significará hacer 100 mil nuevos propietarios. A ellos se les ayudará técnicamente y se les proporcionará otros elementos. El señor OCHAGAVIA.- ¿Con qué plata? El señor GARCES.- De este modo y en el transcurso de la hora de la responsabilidad para el trabajador de la tierra chilena, el Gobierno ha puesto su destino en las manos duras de estos rudos hijos de la patria que por muchos años han carecido de una auténtica oportunidad de alcanzar plenamente dignificación social. Para los campesinos se ha abierto un nuevo horizonte, un camino de esperanzas concretas por el cual sabrán caminar orgullosos de ser responsables de su destino y deseosos de dar un ejemplo vivido lleno de sacrificios, a sus compañeros los campesinos de los otros países del continente. Una de las disposiciones del proyecto de ley en debate que más atención ha merecido por parte del Gobierno es la que establece que las aguas de regadío son bienes nacionales de uso público. La función social de la propiedad también debe considerarse respecto a los derechos de aguas. Como otros derechos, ellos deben ser limitados por el interés social, lo que exige que el uso de las aguas de riego se amplíe al mayor número de personas y quede subordinado a los intereses de la comunidad. Este proyecto de ley de reforma agraria, después de establecer que todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público, agrega que el uso de las aguas en beneficio particular sólo puede hacerse en virtud de un derecho de aprovechamiento concedido por la autoridad competente. Todo esto no es una novedad. En la legislación de países tan avanzados como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Occidental, Austria e Israel, este último uno de los más áridos del mundo, las concesiones de aguas son permisos sujetos a condiciones muy estrictas, en cuanto a su otorgamiento, y caducables en el caso de no ser bien aprovechadas. El problema del riego es mucho más grave de lo que se calcula -si se analiza el uso que se da a la tierra regada- ya que de un tercio de millón de hectáreas regadas, el 42% está en pastos naturales. Es decir, más de medio millón de hectáreas regadas, prácticamente, no son usadas, ya que, si comparamos la productividad que se puede obtener en estos mismos terrenos con praderas artificiales o forrajeras, tenemos que, para alimentar una vaca lechera con pastos naturales, necesitamos entre dos y ocho hectáreas, mientras que una hectárea de forrajera puede alimentar hasta tres vacas lecheras durante todo un año. Según el programa nacional de desarrollo de la CORFO, se estima poder aumentar el área en 395. 500 hectáreas entre 1961 y 1970, con una inversión de 134 millones de escudos. Mientras tanto, se da el hecho de tener tierras de riego abandonadas en una extensión superior a las trescientas mil hectáreas. En resumen, la aridez que encierran las cifras de este estudio, hecho en forma sintética y reducida, me impide extenderme en la consideración de una serie de factores que reafirman la importancia que tiene para Chile la inmediata aplicación de la ley de reforma agraria, el único medio de conseguir que nuestro país adquiera un normal desarrollo en sus labores agrícolas, que sea la base de una auténtica riqueza nacional que permita a Chile alzarse por sobre su ficticia postración económica. Ello irá en beneficio de los intereses del pueblo, y muy especialmente de la clase mayoritaria campesina que indefectiblemente ha visto postergadas en las Administraciones pasadas sus justos anhelos de dignificación social y económica. Frente a toda esta vasta etapa de transformaciones, cabe señalar la dura responsabilidad que le cabe al campesino chileno para con quienes les están entregando la virtual herramienta de su propio destino histórico. Una de las ideas básicas de la reforma agraria es ayudar a los campesinos a organizarse, porque una revolución en libertad, como la que está desarrollando este Gobierno, no puede realizarse si el pueblo no está organizado, y consciente de sus derechos. Nada sacamos con entregarles los medios de superación de la actual etapa de necesidades que vive el campesino chileno, si él no está previamente predispuesto a responder con eficiencia, sacrificios, responsabilidad y disciplina en su traba-Jo, a la construcción definitiva de un Chile más grande y más próspero. El futuro de Chile está entregado a las manos de su pueblo; y éste no puede defraudar a quienes, embistiendo heroicamente contra poderosos intereses creados, no han vacilado en proporcionarle los medios para su resurgimiento. En un mancomunado trabajo de sacrificios y de lucha patriótica, estamos dispuestos a colocar a Chile en el justo sitial de superación y dignificación nacional, social y económica, que le corresponde en el concierto de los países latinoamericanos. El campesino chileno conoce su responsabilidad. De su esfuerzo depende el futuro de sus hijos, el bienestar de su clase y el claro porvenir que se asoma para nuestra República en el recodo del camino que le ha trazado la "Revolución en Libertad" del Gobierno de la Democracia Cristiana y del PresidenteEduardo Frei. Concedo una interrupción al Honorable señor Fuenzalida, señor Presidente. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Fuenzalida. El señor FUENZALIDA.- Señor Presidente, la evidencia de los bien logrados propósitos obtenidos por medio de la ley de reforma agraria, nos enfrentan, hoy más que nunca, al dilema crucial de tener que definir con exactitud nuestra aceptación o nuestra disconformidad con la institución de la propiedad, y más específicamente, con la propiedad privada; y establecer, al mismo tiempo, las formas concretas de acción de la autoridad como reguladora del bien común. Siendo el Gobierno partidario decidido de que exista un claro derecho de propiedad sobre las tierras productivas de nuestra Patria, propiedad que debe cumplir una clara y bien determinante función social, no ha vacilado en resguardar los derechos del campesinado chileno, entregándole los factibles medios de su propia superación social y económica. Sabido es que, en Chile, han existido muchos textos legales que establecen limitaciones a la propiedad privada agraria; por ejemplo, las leyes Nºs. 5. 604 y 7. 747 y el decreto con fuerza de ley Nº 76, de 1961, que reorganizó la entonces Caja de Colonización Agrícola, los cuales contienen limitaciones a la adquisición de terrenos en pública subasta, compra directa o expropiación. Todas estas leyes trataron el problema agrario sólo en forma parcial, surgiendo, con posterioridad, en 1962, la ley Nº 15. 020, que estableció un conjunto de disposiciones sobre reforma agraria, en las que quedó de manifiesto, claramente, que el legislador de esa época, aún con las limitaciones que esta legislación establece para su aplicación práctica, tenía el propósito de regular la propiedad agraria chilena. Ha sido el actual Gobierno del Excelentísimo señor Eduardo Frei el que ha logrado poner en práctica las efectivas realizaciones de esta nueva conquista social y económica, que permitirá al hombre campesino, lenta, pero en forma segura, lograr la justa solución de su problema vital. ¿Cuál es este problema? Es la existencia de un sistema de explotación agrícola que fue concebido en tiempos de la Con-qusta y que, por tanto, no resiste las inquietudes de transformación social y económica del hombre actual, cuyo problema, aparte de la falta de horizontes para sus hijos, consiste en el fondo en que, constituyendo un "ser de la tierra", no puede dirigir la tierra y debe trabajar suelos ajenos, al margen de los beneficios que éste produce. A su vez, el gran problema nacional de la agricultura se traduce en la notoria falta de alimentos necesarios para la población del país, que no producen nuestras tierras, debiendo importarse alimentos, con un creciente gasto de divisas. Como resultada de esta situación, hay un sector de la vida nacional, el 30% de ella, que está virtualmente marginado de la economía, de la cultura y del poder. La reforma agraria está destinada a captar estos dos factores, el económico y el social. Nosotros tenemos el mandato histórico de hacerla rápida y drásticamente. Tenemos la obligación contraída con el pueblo, de arriesgarnos. No podemos, en ningún momento, esperar que todas las ecuaciones cuadren, como en un frío proceso matemático. Hay quienes, guiados por inconfesables móviles de oposición al Gobierno, pregonan, a los cuatro vientos de la maledicencia, que nuestro campesino es incapaz de responder a este mandato de superación de su propio subdesarrollo, que su capacidad y perseverancia tendrán que fracasar ante la dura responsabilidad que cae sobre sus hombros en demanda de su bienestar familiar. Nosotros confiamos, y tenemos la obligación de hacerlo, en su capacidad de empresa, en sus inquietudes, en su constancia y en sus esperanzas; porque nuestro poder emana del espíritu mismo del pueblo, muy especialmente de los campesinos, que creyeron y creen en nosotros. Históricamente, las revoluciones han tenido éxito en la medida en que han cambiado la estructura de la producción agraria. Y ello es natural, debido a que en esas arcaicas estructuras ha radicado siempre el poder de las clases reaccionarias. Manos callosas están esperando la tierra para producir. 845 mil familias que viven de la agricultura chilena, de las cuales unas 185 mil son constituidas por inquilinos, medieros, afuerinos y trabajadores especializados, nos acompañan en esta nueva conquista, con la plena y sincera lealtad de sus justos anhelos de dignificación. Treinta años de lucha nos obligan a cumplir. Tenemos una meta fundamental, que es la de ubicar, en un plazo de 5 años, a 100 mil familias de campesinos. La reforma agraria, en Chile, a través de la Corporación de la Reforma Agraria, está destinada a solucionar los problemas, de diversa índole, que, en este momento, se les está planteando a alrededor de 200 mil familias de pequeños propietarios y minifundistas, labor que está siendo realizada por el INDAP. No sólo estamos impulsando la mecanización agrícola y promoviendo el desarrollo agrícola, aunque entendemos, naturalmente, que el desarrollo agrícola y económico tienen que acompañar este proceso de reforma agraria, para lograr un mejor éxito en sus proyecciones. En este proceso, hay una cosa, que es básica: la fe en el campesino. Si partimos de la base de dudar de la tenacidad y espíritu empresarial del campesino nuestro, como un elemento capaz de cumplir las metas económicas, sociales y políticas de la reforma agraria, que hemos planteado a través de la CORA, es inminente el fracaso de esta gran conquista, que se proyecta en el horizonte de nuestras clases trabajadoras con nítidos resplandores de esperanza y resurgimiento económico. Así como existe en la conciencia cristiana de nuestra población un credo religioso, yo diría, que nosotros deberíamos tener un credo respecto del campesino, basado en la fe en su capacidad individual y colectiva, en su condición de miembro de la comunidad y de elemento de valor para el desarrollo económico de este país. Como parlamentario representante de una provincia eminentemente agrícola, conozco perfectamente la idiosincrasia del campesino chileno. He convivido, durante mucho, con sus malogradas esperanzas de dignificación y de superación del ambiente de subdesarrollo, afrentoso en muchos casos, en que se le había sumido a través de años de postergaciones. Se rebajó el nivel de estos miles de compatriotas a un terreno de inferioridad injusto e incompatible con una sociedad que, como la nuestra, pretende ser progresista, justa y democrática. Sabido es que nuestra población campesina, que alcanza a un número superior a dos millones de personas, vive, en general, en condiciones inaceptables, marginados de las ventajas y beneficios que otorga la civilización de nuestro tiem-pto, salvo escasas excepciones. La agricultura ocupa poco menos del 30% de la población activa, y aporta sólo entre el 8 y el 10% de la riqueza que se produce anualmente en el país. Esto demuestra, en forma nítida e irrefutable, que esta actividad económica se caracteriza por una baja productividad de la fuerza de trabajo que ella ocupa. Esta baja productividad se debe, en parte, a que los trabajadores agrícolas chilenos no logran laborar un promedio de más de 180 a 200 días de los 365 días que tiene el año, aparte de que una proporción importante de ellos gasta su tiempo en ocupaciones que no significan otra cosa que ocupación disfrazada. En resumen, se puede afirmar que alrededor de un tercio de las fuerzas de trabajo disponibles en la agricultura permanece ociosa, y debido a la mala distribución de la tenencia de la tierra que prevalece en nuestros campos. Este y otros factores de importancia, han producido, como inexorable consecuencia, un éxodo creciente hacia las ciudades, como lo dejó en claro el Honorable Diputado informante en su exposición, y también hacia países vecinos, con la esperanza de conseguir mejores horizontes. Así, tenemos que, entre 1940 y 1950, más de 450. 000 personas emigraron de los campos a las ciudades, creándose un problema de cesantía dramático; y, entre 1950 y 1960, estas emigraciones alcanzaron a 550. 000 personas. La deficiente explotación de la tierra ha puesto en videncia un nuevo y grave problema, cual es el de la alimentación. Para demostrar esto, puedo citar el detrimento que se ha producido en el consumo de carne de nuestra población. Por lo tanto, se puede afirmar que el chileno medio de hoy está menos alimentado que el de hace algunos años. Así es como, en el trienio 1945-1947, el chileno medio consumía 52, 8 kilos de carne al año; en el trienio 1957-59, este consumo había descendido a 33, 9 kilos de carne por persona; y hoy, este consumo es inferior a los 30 kilos por persona al año. En estas cifras está considerada tanto la producción nacional como las importaciones, cuya magnitud ha sido decreciente. De acuerdo con estos hechos y antecedentes, expuestos en forma sintética, yo quiero reafirmar que, tal como ocurre con el aprovechamiento y utilización de los recursos disponibles en las demás ramas de nuestra economía, en la agricultura chilena disponemos de tierras productivas no utilizadas, hombres desocupados y capacidad empresarial desprovista de recursos para realizarse. Esto, añadido a la necesidad creciente de alimentos y de otros productos agrícolas y a la inadecuada distribución de las tierras y cíe las aguas, exige la realización efectiva, urgente y concreta de la reforma agraria que constituye, por cierto, una razón de orden cívico. En este proyecto de ley, se ha hecho sentir también el criterio justo y ecuánime, democrático y patriota del legislador, que permite que sus beneficios alcancen a los propietarios de predios dispuestos a cumplir con la ley en forma honrada y eficiente. Así es como se está intensificando la concesión de nuevos y amplios créditos, asistencia técnica para organizar y calificar la producción, los abonos necesarios, así como la semilla, el transporte, la organización comercial y un amplio desarrollo cooperativo, además de la aplicación de una política de nuevos precios justos y estimulantes para los productos agrarios. No creo necesario extenderme en datos estadísticos y cifras para demostrar, en forma concluyente, la franca disposición de beneficio colectivo implantada por el Supremo Gobierno en su inquietud y en el afán de promover la superación económica del país. Entre centenares de iniciativas, cabe destacar el Plan de Desarrollo de la cuenca del Maule, en el cual el Grupo Central de Planificación Regional ha elaborado los estudios correspondientes para cubrir las necesidades de desarrollo de las provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule. Esos estudios pueden resumirse en la elaboración del proyecto denominado "Maule Norte", que cubre el desarrollo económico y la reforma agraria del área que va a ser regada por el canal Maule Norte, de próxima terminación. La planificación integral del área de las cuatro provincias se está realizando en combinación con la Misión Chile-California, la Oficina de Planificación Nacional y los distintos ejecutivos que actúan en la zona. Otro aspecto de la labor del Grupo Central de Planificación Regional, relacionado con las cuatro provincias, es la concurrencia de organismos ejecutivos del sector rural para coordinar el trabajo de 200 profesionales técnicos. En materia de regadío, el Gobierno tiene un plan intensivo de 5 años. Como ejemplo de este plan, según se ha dicho, puedo señalar los proyectos de los tranques de Diguillín y La Punilla, en la provincia de Ñuble; del tranque "El Manzano", en Curicó; etcétera. Estos embalses sólo representan un aumento de disponibilidad de divisas del orden de los 20 millones de dólares. Durante el primer año de este Gobierno, se terminaron obras como la de San Pedro de Atacama, que mejora 500 hectáreas e incorpora otras 1. 500 a la producción; la segunda etapa del canal Bío-Bío Sur, que riega 28. 000 hectáreas; además, se terminaron obras que permitirán la incorporación a la producción agropecuaria de 117. 450 hectáreas, y el mejoramiento de otras 297. 000, en zonas en las cuales el riego era deficiente. Esta reforma agraria es, pues, una palanca poderosa que se facilita al país, y que permitirá cambiar totalmente la fisonomía de Chile en su vida económica y social, colocando a nuestra patria a la vanguardia de las naciones creadoras de un nuevo concepto de cooperación internacional. En estas circunstancias, existe la imperiosa necesidad de la unificación de la ciudadanía en torno de un anhelo generoso de resurgimiento económico para Chile, como justo y leal respaldo a la inquebrantable decisión del Gobierno de alcanzar las rutas de un destino mejor para el pueblo, que pasará a la historia y nos lo agradecerán las futuras generaciones, porque habremos dejado una buena herencia a nuestra patria. Concedo una interrupción al Honorable señor Zorrilla, señor Presidente. El señor ISLA (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Zorrilla. El señor ZORRILLA.- Señor Presidente, al referirme a la reforma agraria chilena, considerándolo en parangón con las reformas latinoamericanas, y considerando la perpetuación de estructuras que condicionan su estado de subdesarrollo, nos parece que no está de más repetir, otra vez, que el común denominador de todas las auténticas revoluciones que menciona la historia ha sido la crisis de su sistema agrario. En todos los tiempos, la tenencia de la tierra ha sido el objeto de la principal preocupación de los pueblos en los grandes cambios históricos que han experimentado. Esto vale particularmente para América Latina. No extrañemos que hoy así sea también en esta revolución chilena, como lo fue ya en la revolución mejicana y en la revolución boliviana, y como lo acaba de ser en la cubana y, seguramente, lo será en los demás países de América latina, donde sobreviven antiguas estructuras que determinan su estado de subdesarrollo. La reforma agraria chilena no hace sino reafirmar, en esta materia, ese aspecto común de todas las revoluciones. Pero le agrega un factor que la época actual exige: la necesidad de hacerla no sólo con miras a una redistribución de la tierra, sino también en función de un incremento del desarrollo agrícola que promueva, a su vez, el progreso económico y social del país. He aquí, pues, donde empiezan las diferenciaciones. Además, esta reforma agraria es condicionada por un tercer factor esencial: su real y auténtica promoción. Las reformas agrarias no se impulsan desde arriba, ni se imponen desde el exterior, como condición previa a una operación de crédito internacional. En estos casos, tal como sucedió en el gobierno pasado y tal como sucede en otras Repúblicas latinoamericanas, ellas no pasan de ser "voladores de luces". Esta reforma agraria parte promovida por la filosofía de un movimiento revolucionario que llega al Gobierno a cambiar las estructuras arcaicas del país y, en parte, por la conciencia del campesinado chileno. Existe, pues, una voluntad de cambios que la respalda. Diferenciemos, pues, esta reforma agraria chilena. Las revoluciones latinoamericanas que han distribuido tierra a los campesinos han sido hasta ahora eminentemente indigenistas, es decir, han procedido a restituir a los indios, que integran la mitad o más de su población, las tierras que por milenios ellos habían cultivado. Las revoluciones mejicana y boliviana son de inspiración auténticamente indígena. Los objetivos en ellas son los mismos: la tierra, la parcelación de las haciendas, sin indemnización. La reforma agraria indigenista, al restituir al indio a la tierra que ha sido su centro de gravedad, lo ha reintegrado a la actividad nacional y ha devuelto con ello la paz social a esos países. Este ha sido el carácter étnico-sociál y los alcances de estas reformas agrarias indigenistas destinadas a estabilizar al medio social indígena. El fracaso económico inicial queda allí sobradamente justificado con la solución de los conflictos étnicos, sociales y la consolidación de la paz social. Como vemos, nada tiene que ver la reforma agraria chilena con este tipo de reforma indigenista que la anteceden en América Latina. Tampoco tiene relación alguna con otras reformas agrarias latinoamericanas, salvo la venezolana, también impulsadas desde el exterior en países hermanos donde sobra la tierra y no existe una verdadera voluntad de cambios. En Chile, por el contrario, escasea la tierra y la reforma agraria no puede hacerse a costa de un fracaso agrícola. Además, la reforma agraria chilena no es colectivista; no se hace contra nadie; y, a diferencia de la cubana, está destinada a crear nuevos propietarios, y no entrega tierra al Estado. Tampoco pretende despojar de su tierra al actual propietario, sino indemnizarlo, a fin de que no se pierda un potencial de iniciativa útil a ¡a nación. Las transformaciones son dolorosas, sin duda. Pero, ¿qué cambios trascendentales se han hecho sin dolor? Con todo, creemos también que las garantías de inexpropiabilidad para las propiedades medianas de 80 hectáreas básicas bien trabajadas y las de 320 hectáreas, óptima y eficientemente laboradas, dejan un campo suficiente para la iniciativa del empresario moderno agrícola, quien reorientará, intensificará y racionalizará su explotación hacia nuevas metas de producción agrícola, que vendrán a incrementar los niveles y volúmenes básicos de esta actividad. ¿Qué busca la reforma agraria chilena? Busca romper una estructura de subdesarrollo que tiene raíces propias y que obedece a causas autóctonas americanas que significan la perpetuación de estructuras arcaicas. No se equivocan los economistas modernos cuando consideran que una reforma de estructuras agrarias es previa a todo avance industrial tecnológico. El razonamiento es válido. Y las reformas son válidas para todos los países en estado de subdesarrollo. Lo que nos lleva a verificar que en todos los lugares ha existido, en diferentes épocas, un mismo fenómeno: la sujeción de las masas campesinas a un tipo de feudalismo. Feudalismo ha existido tanto en Europa, Rusia, China, Japón, como en América Latina y, en cierto modo, su clima y medio han sido la extensión geográfica, el dominio del señor feudal y la adscripción del campesino a la tierra. El feudalismo latinomericano, perpetuado por el "pongaje" e inquilinaje, nace de la encomienda para resolver los problemas de la posesión de la tierra por los conquistadores hispánicos. Los indios se convierten por la fuerza en campesinos y servidores de los nuevos señores feudales. El indio debe trabajar en forma gratuita para el conquistador, a cambio del proceso civilizador a que será sometido, pues la legislación indiana obliga al hispano al compromiso de someter al indio a la lengua, la fe, las costumbres, el trabajo, el sistema de vida europeo. No hacemos aquí crítica; sería absurdo. En todos los tiempos y las épocas ha habido amos y siervos, pueblos dominantes y sometidos. Pero lo que interesa destacar es cómo nació en América Latina y en Chile el sistema de explotación del agro. La vida pública y privada rural del período colonizador gravitó en torno de pequeños núcleos familiares occidentales rodeados de indígenas, donde el padre de familia ejercía y desplegaba toda clase de facultades omnímodas: empresario agrícola, juez, jefe militar y educador, señor supremo de siervos, esclavos y servidores. En ese proceso de arraigamiento, nació el nuevo régimen de tenencia de la tierra. Podríamos sintetizar diciendo que la sociedad hispanoamericana, blanca y mestiza, se sobrepuso a la sociedad indígena. El orden social surge así de la amplitud del marco geográfico que explica la constitución de las grandes haciendas y latifundios, la presencia de grandes señores feudales, asesorados por ministros, mayordomos, caporales, capataces. Yo no estoy analizando aquí tampoco el proceso civilizador de "aculturación" del sistema que, en todos los tiempos, se ha repetido cuantas veces una raza ha invadido y ocupado tierras ajenas e impuesto su civilización. Sólo deseo establecer cuáles fueron las instituciones feudales nacidas de la conquista hispana y del período colonizador, la firmeza de las estructuras y cómo han llegado ellas a nosotros casi intactas a través del sistema de explotación agrícola del inquilinaje, que adscribe de cierto modo al campesino a la tierra y le paga su trabajo en raciones y regalías antes que con un sueldo. Y nos preguntamos cómo han podido sobrevivir aquí en Chile esas estructuras agrícolas feudales que no responden ni social ni económicamente a las necesidades de nuestra época, y que han ido arrastrando por imposición del medio y de la fuerza de la costumbres. Esto constituye un anacronismo de nuestra vieja herencia feudal. Quizás ello se perpetúe, porque nuestros inquilinos han estado mentalmente esclavizados a estas viejas estructuras feudales y son ellos los que defienden hoy la ración de galleta negra, la ración de porotos, los talajes, el goce del suelo, la casa, las raciones de chacra y trigo que desde el tiempo de la Conquista vienen recibiendo, manteniéndolos marginados de la vida nacional, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, en estado de subocupación, de desinterés, abulia, apatía; yo diría, en sonambulismo, social. Esto es francamente desalentador y podemos asegurar que no sólo cabe romper las estructuras de tenencia de la tierra semiimproductiva, de gran extensión, mal trabajada o abandonada a veces, sino tambien cabe destruir las estructuras que ligan al campesino y adscriben al inquilino a la tierra. Por ello, es preciso liberarlo de esas cadenas, a fin de despertar de una vez las energías potenciales del campesinado chileno. Los profundos cambios que reclama el siglo en que vivimos no deben llevarnos a la simpleza de renegar del pasado. Sabemos que el orden estructural de nuestra sociedad fue condicionado por el agro y, en las antiguas formas feudales, se plasmaron nuestras nacionalidades y los sentimientos e ideas locales y regionales; en suma, nuestras formas sociales y económicas estuvieron adecuadas a necesidades históricas, pero su perpetuación constituye hoy un verdadero lastre para nuestro desarrollo y un peligro para nuestra psicología. Nuestra Revolución en Libertad viene a liberar y acude hacia el campesino para incorporarlo de lleno a la comunidad nacional. Viene a desatarlo de las ataduras semifeudales sobrevivientes que le amarran al pasado y que le impiden actuar con su pleno potencial humano. Le ofrece la tierra a cambio de su trabajo; pero sin regalársela y sin robársela a su prójimo y con el fin de convertirlo en propietario. Para alcanzar el desarrollo es preciso, previamente, quebrar y transformar las estructuras impuestas por un orden histórico superado. No tenemos por qué ir muy lejos. Las causas de nuestro desarrollo se relacionan directamente con nuestras estructuras agrícolas. En América Latina, el 60% de la población vive aún sobre el agro; en Chile, el 30%, lo que es, en relación con otras naciones, un avance. Pero es necesario avanzar más. Es preciso liberar energías hoy desperdiciadas e impulsar el proceso de producción agrícola; y, por ello, la reforma agraria se transforma en motor del desarrollo del sector agrícola, sin cuyo despertar se haría imposible todo verdadero desarrollo industrial. Lo que pretendemos es superar el subdesarrollo y pasar, de una economía agrícola estancada, a una economía industrial. Esto presupone transformaciones de nuestras arcaicas estructuras agrícolas y una ruptura con el pasado, con el fin de liberar y despertar nuevas energías humanas. La incorporación de nuevas fuerzas sociales a los procesos del desarrollo, como lo será, entre otros, el acceso de 100 mil nuevas familias campesinas a la propiedad y a la producción, va a permitir esta coyuntura e iniciar así la etapa de desarrollo. Porque al reorientar e intensificar el sector agrícola e incorporar a él nuevos empresarios y dotarlo de una mayor capacidad de consumo, nuestra reforma actuará como factor de expansión económico, permitiendo iniciar un auténtico desarrollo industrial, motor de todo desarrollo integral. Se dice que, al formar nuevos propietarios agrícolas, vamos en contra de la corriente del siglo, que tiende a despoblar el campo y aumentar la extensión de la propiedad mediante el proceso de mecanización. Pero esto es relativo. La organización en cooperativas ha permitido, en Europa, el manejo, en grande, de pequeñas extensiones agrícolas, y si es verdad que esto ha producido una merma de trabajadores en el campo, no ha habido éxodo, por cuanto se ha planificado simultáneamente el desarrollo industrial a nivel regional, a fin de absorber la cesantía y producir un aumento de la renta "per cápita" de esos sectores rurales más retrasados. Bastaría con dar ejemplos. La afirmación anterior, válida para Estados Unidos, en su fabulso desarrollo tecnológico-industrial, no lo es para nuestro país, donde tenemos que los campesinos pertenecen históricamente a otra etapa evolutiva, en la que no alcanzan aún la propiedad que los emigrantes anglosajones obtuvieron desde su llegada a Norteamérica. Creer que podría ocurrir en Chile este fenómeno de desarrollo agrícola sin haber pasado nuestro campesino por la fase evolutiva que lo lleve a la propiedad, que lo libere de sus trabas históricas, no resiste el más simple de los análisis históricos. Voy a terminar haciendo una advertencia. Estamos encarando la reforma agraria, dejando atrás un pesado lastre. Es el lastre que significa la perpetuación de formas de trabajo y estructuras semifeudales, que denominamos inquilinaje. Este sistema no puede mantenerse. En esta operación revolucionaria, no podemos dejar ese quiste maligno en el cuerpo social de nuestra agricultura. Yo quiero llamar la atención hacia esa contradicción evidente. No porque el inquilino, en su desconocimiento de la dinámica del siglo, defienda una situación neutral, nosotros debamos ampararla. Bajo ese aspecto se hace evidente e imperioso cambiar este orden de cosas que mantiene adherido al inquilino a la tierra bajo una forma de servidumbre totalmente inoperante para la dinámica económica e incluso atentatoria a su propia dignidad. En tal sentido, presentaremos, en compañía del Honorable Diputado señor Lorenzini, un proyecto que permita dar un paso mayor hacia la liberación del campesinado, con el fin de incorporar en forma masiva a los inquilinos del país, si no es a la tierra, puesto que no hay tierra para todos, por lo menos, a la propiedad de un pedazo de suelo donde puedan ellos construir su casa, a fin de convertirse también en propietarios y formar a la vez modernos villorrios agrícolas. Nada más, señor Presidente. El señor FUENTEALBA.- Pido la palabra. El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, en razón de que varios señores Diputados de mi partido intervendrán también en este debate, no me referiré muy profundamente a la materia que nos ocupa, pero sí haré algunas observaciones que tiendan a aclarar nuestra posición frente al proyecto de reforma agraria. Ya los señores Diputados informantes de las Comisiones de Agricultura y Colonización y de Hacienda, el señor Ministro del ramo, los señores Diputados, por la vía de la interrupción y después ocupando el tiempo de sus respectivos Comités, han hecho un exhaustivo análisis del proyecto. También han dado a conocer a la Honorable Cámara sus opiniones, sus pensamientos frente a este problema. Algunos, los más entusiastas en sus observaciones, han tratado de convencer a la Cámara para que ella esté en favor de este proyecto. La verdad es que una enorme mayoría de los miembros de la Honorable Cámara de Diputados, al final, votará favorablemente el proyecto, y las cosas que se han dicho, indudablemente tendrán mucha im-portancia para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Nosotros, los que hemos actuado en las Comisiones, conocemos todas las cifras que aquí se han dado nuevamente; por eso, no voy a repetirlas, porque sería ocioso volver sobre el particular. Pero es necesario que las corrientes de opinión representadas en esta Corporación den a conocer sus puntos de vista para saber cuál es su pensamiento. El Partido Radical, teniendo cabal conciencia de la época que está viviendo la humanidad, no puede desentenderse al comprobar que el avance de nuestra civilización ha conducido al mundo a un enfrentamiento con un nuevo orden social, en el que, sobre el interés individual, se considere, preferentemente, el de la colectividad. Nuestro partido no sólo no se ha opuesto a los cambios que cada época exige para el logro de un mejor bienestar humano, sino que los acepta y los ha impulsado cada vez que ha podido hacerlo: cuando ha sido Gobierno, cuando ha participado en estas tareas e incluso siempre que ha desarrollado una democrática oposición. Hoy, al participar en el debate del proyecto sobre reforma agraria, reitera su posición de avanzada y le prestará su total apoyo para mejorar el sistema de tenencia de la tierra, para cumplir con sus postulados programáticos y con los acuerdos de sus Convenciones. Tenemos conciencia también de que, al cumplir con nuestros principios, lo hacemos absolutamente libres de expresar nuestros puntos de vista, sin otro compromiso que el que nos señala la obligación de velar por el futuro económico del país y por conseguir el bienestar general de todos los chilenos. Entramos, pues, en la discusión de este proyecto, con el ánimo de hacer un examen acucioso, objetivo, y con la serenidad que nos proporciona nuestra posición política actual. Analizaremos los puntos con los cuales concordamos y formularemos las observaciones pertinentes en aquéllos que nos merezcan reparo. El deseo de introducir modificaciones en la estructura jurídica del sistema de la propiedad rústica, en razón del atraso de esta actividad, ha llevado a los legisladores de diversos países a dictar leyes especiales que ordenen equitativamente la distribución de la propiedad agrícola, rescatándola de los grandes propietarios para ponerla en manos del campesino que la haga producir. Estudios de los hombres de ciencia y de los economistas han señalado como única solución de la agricultura, en algunos países, la puesta en marcha de un plan de reforma agraria masivo y rápido, arrancando estas reformas de un punto de partida común: la función social de la propiedad, que debe rendir para la comunidad y no para satisfacciones individuales y, además, debe producir lo suficiente para alimentar la población. Sabemos que la agricultura, la ganadería y la pesca, constituyen la base de sustentación de la vida de los pueblos. Estas ramas de la economía nacional nos proporcionan los alimentos, los vestidos y otros productos imprescindibles, por lo que consideramos que deben tener preferente atención del Poder Público. La situación deficiente en que se encuentran estas actividades trae como consecuencia un inadecuado nivel alimenticio de la población, un bajo "standard" de vida, un desequilibrio en la balanza de pagos, etcétera. En el transcurso de la discusión del proyecto se han dado cifras de fuentes de organismos internacionales, que prueban claramente los conceptos que estamos exponiendo y que no queremos volver a repetir. El sistema arcaico del funcionamiento de esta actividad vital en Chile, la falta de una producción suficiente para alimentar la población, el estado de pauperismo en que vive el campesino, la falta de elementos de cultivo, el analfabetismo de la población del campo, la falta de un ajuste en el sistema de trabajo con la mecanización moderna, el mal aprovechamiento de las técnicas, de la química, el mal aprovechamiento del esfuerzo humano, el poco interés por parte de los agricultores por enseñarles a los obreros agrícolas normas que hagan más rendidor y aprovechable su esfuerzo, son las razones fundamentales para poner en marcha un plan de reforma que contemple una transformación de estos sistemas. Ha sido preocupación constante del Partido Radical y de los hombres que lo han dirigido, el estado en que se desenvuelve la agricultura chilena. Este tema ya fue tratado por nuestro ex Presidente de Chile, don Pedro Aguirre Cerda, en su libro "El Problema Agrario", publicado en el año 1929. Ya en esa época Pedro Aguirre Cerda formulaba críticas al latifundio, daba ideas y señalaba intenciones referentes a la educación agrícola rural, a la ciencia aplicada en la agricultura, al problema social del campo. Pedro Aguirre Cerda se preocupaba también en este libro del crédito para la agricultura, de la industria agrícola, de los transportes y de varias otras materias que se están poniendo en práctica hoy día. Observe la Honorable Cámara cómo hombres de nuestras filas hace más de 40 años planteaban públicamente, a través de la cátedra y de la literatura técnica, el problema del agro y proponían soluciones en favor de nuestras masas campesinas. En las convenciones que el partido ha celebrado, se ha debatido la reforma agraria intensamente. Y hoy que estamos adhiriendo a la Social Democracia, doctrina que propende principalmente, en lo económico, al aumento de la producción, a la ocupación plena, a la elevación del nivel de vida, a la seguridad social y a una justa distribución de las entradas y de los bienes, reiteramos nuestra aprobación al proyecto en debate. Una de las condiciones que planteó el Partido Radical para ingresar al Gobierno del señor Jorge Alessandri fue, entre otras, la reforma agraria. Muchas críticas ha recibido el radicalismo por este paso, pero una cosa ha quedado en pie: la ley Nº 15. 020 y sus 26 reglamentos de la reforma agraria. Ochenta artículos de los 104 que contiene, como aquí se ha expresado, han resistido los embates de las teorías inciertas de los ideólogos de la Democracia Cristiana. Cabe dejar constancia, en esta ocasión, de que en el Gobierno del señor Alessandri no se pudo conseguir todo lo que se aspiraba en esta materia, y por eso estamos dispuestos a concurrir con nuestros votos a mejorar la ley que, aunque de "macetero", como se la denominó, ha servido al Gobierno del señor Frei como punto de apoyo desde donde se han desplazado el señor Vicepresidente del INDAP y el señor Vicepresidente de la CORA hacia el campo chileno, para empezar sus experimentos que pueden ser básicos para el funcionamiento futuro de la reforma agraria. Quedaron en pie iniciativas que están sirviendo y servirán más adelante a esta nueva reforma: el Consejo de Fomento Agropecuario, con sus atribuciones de formular planes generales y regionales de reforma agraria, de promover y coordinar la acción de los distintos organismos, etcétera; la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), con su estructura y disposiciones reglamentarias que la rigen; el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que otorga asistencia técnica y crediticia, y tiene otras atribuciones que no se han puesto en práctica, como la de administrar en común los minifundios; el reconocimiento de la propiedad familiar agrícola; el saneamiento del dominio de la pequeña propiedad agrícola; la disposición que faculta al Presidente de la República para fijar los salarios y asignaciones familiares en la agricultura; la habilitación de edificios para escuelas; el tratamiento de los parceleros y de los pequeños y medianos agricultores; las franquicias tributarias; la bonificación fiscal a favor de los desinfectantes, abonos y semillas; el tratamiento para los artesanos y la industria doméstica; la nueva estructura del Instituto de Vivienda Rural; los villorrios agrícolas; el plan habitacional agrario y varias otras de utilidad indiscutible y que el Gobierno del señor Frei no ha despreciado y sigue aprovechando. Este proyecto, como cualquier otro sobre reforma agraria, lesiona los intereses del latifundio chileno. Los propietarios de los grandes predios agrícolas iniciaron un movimiento contra la dictación de esta ley, a fin de impedir el avance social que su aplicación representa, pero todos los esfuerzos desplegados no han logrado, hasta la fecha, impedir la formación de un clima propicio en las mayorías nacionales del país para este cambio que con urgencia necesita nuestra agricultura. Ellos, que no tuvieron la sensibilidad social necesaria para otorgar un trato más justo a la población campesina, que no tuvieron la responsabilidad empresarial para que la agricultura, en su conjunto, pudiera abastecer las necesidades de nuestra población; ellos, que no tuvieron consideraciones ni miramientos para terminar con las condiciones subhumanas en que han vivido sus inquilinos y obreros, no tienen derecho a solicitar un trato preferencial en la formulación de estos nuevos planes. Por otra parte, la evolución ha ido cambiando las estructuhas económicas, sociales y políticas de las instituciones que nos rigen. Este principio nos produce inquietud, y nos preguntamos si estamos en presencia de un proyecto de reforma agraria que pueda aumentar la producción de la tierra, en los próximos años. La dinámica de la ciencia y la mecanización moderna nos permiten suponer que, el día de mañana, se emplearán otros métodos, otros sistemas se pondrán en práctica y, bien pudiera ser, que el Gobierno del Excelentísimo señor Frei sea, en un futuro no muy lejano, responsable de haberle dado a la tierra una estructura que no permita la aplicación de esos métodos y sistemas que puedan lograr, en otra forma, un mayor bienestar humano y el aumento de la producción. Llamamos la atención de la Democracia Cristiana hacia el hecho de que este proyecto de ley carece de un plan coordinado, que se desarrolle simultáneamente con las otras actividades principales del país, como son la educación, la industrialización, el transporte, las comunicaciones, la comercialización, etcétera, bases elementales de toda planificación económica dirigida por el Estado. En los debates suscitados en las Comisiones respecto de este proyecto de ley, hemos tenido como principal punto de vista la defensa de los medianos y pequeños agricultores, y, a pesar de que se les ha querido hacer creer que se atenta contra sus predios, hemos comprobado que el proyecto no representa ninguna amenaza para estos propietarios agrícolas. No obstante, es necesario dejar constancia de que, a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos podido conseguir que se consulte un tratamiento especial para todos aquellos elementos que trabajan hoy día como medieros, arrendatarios, o administradores, ya que cuentan con una valiosa experiencia en la materia, y con animales y útiles de labranza. Sus servicios serían muy valiosos para la economía nacional, si se aprovechan de inmediato. Hemos tratado de conseguir que se considere y tome en cuenta el problema del minifundio y se le dé una solución. El proyecto no considera, como era de esperar, una planificación seria. En la Comisión, hicimos presente al señor Ministro que no bastan las disposiciones del artículo 12 de la ley Nº 15. 020 para corregir este mal, ya que hay 70. 000 pequeñas propiedades que deben ser ampliadas, para aprovechar la experiencia de estos campesinos. No contempla este proyecto de ley un tratamiento conveniente para las comunidades de las provincias de Coquimbo y Atacama, ya que hay 50. 000 campesinos ubicados en ellas, que llevan una vida sub-humana, sin ninguna posibilidad de obtener un mejoramiento. Al anunciar nuestros votos favorables a la idea de legislar en esta materia, hacemos presente que formularemos las indicaciones del caso, encaminadas a mejorar el proyecto, a fin de entregar fórmulas jurídicas que signifiquen un mejoramiento en la distribución de la tierra y en la condición de los hombres y mujeres que la trabajan. He dicho. El señor BALLESTEROS (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Sotomayor. El señor SOTOMAYOR.- Señor Presidente, en el Mensaje del proyecto de ley sobre reforma agraria Su Excelencia el Presidente de la República hace presente, en primer lugar y en forma destacada, que está destinado a corregir uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de nuestra economía, por el déficit creciente de la producción agropecuaria y, en especial, de la alimentaria. Pasa, en seguida, a referirse a las diversas razones que motivan el envío de este proyecto y expresa, a ese respecto, que la primera de ellas es de carácter económico. No me referiré a los aspectos social y cultural de la reforma agraria que ya han tratado y tratarán, oportunamente, otros señores Diputados de mi partido, sino, exclusivamente, a la parte económica, en lo que respecta a la producción misma, a sus defectos y a la manera de corregirlos. En la página 2ª del Mensaje aludido, el Primer Mandatario hace referencia a los estudios realizados por la Oficina de Planificación Nacional, de los cuales es preciso destacar algunos antecedentes. La producción agropecuaria, entre 1939 y 1965, aumentó en una tasa de sólo un 2%, mientras que la población lo hizo en un 2, 26%, produciéndose un notorio desajuste, que ha obligado al país a importar una creciente cantidad de alimentos. Mientras en 1939, Chile tenía un superávit de 13 millones de dólares, entre lo que importaba en alimentos y exportaba por productos agrícolas, esta diferencia de importación-exportación, en 1964, dejaba un saldo, en contra nuestra, ascendente a 120 millones de dólares. Esta cifra representa el 20% del valor de todas nuestras importaciones. Más adelante expresa que, para apreciar dichas cifras, en los últimos catorce años Chile gastó en importar productos agropecuarios que se puede producir en el país, una cantidad superior a los mil millones de dólares. La inmensidad de esta suma se puede medir en que con esos recursos se habrían podido instalar dos nuevas usinas en Huachipato, tres plantas de celulosa, tres de azúcar de remolacha y dos refinerías de petróleo, lo que habría proporcionado trabajo a más de veinte mil personas. Además de las consideraciones que más adelante expresa el referido Mensaje, nos encontramos que, de acuerdo con el Censo del año 1955, un tercio de la superficie arable del país no se cultiva, o se la explota en forma muy rudimentaria. En los terrenos dedicados al "talajeo" entre Santiago y Cautín, ese mismo tercio está cubierto con pastos naturales, en circunstancias que, si se contara con praderas mejoradas o pastos artificiales, su capacidad talajera aumentaría en cuatro veces. Se refiera también el Mensaje a la enorme gravedad que reviste para el país que la masa ganadera bovina esté estancada desde 1955, lo que ha obligado a importar carne, anualmente, por un valor de 35 a 40 millones de dólares, a fin de satisfacer las necesidades de la población, la que incluso ha disminuido su consumo en forma alarmante. De todas estas consideraciones, se deduce que, teniendo en vista los datos que más adelante expondré, Chile ha sufrido un gran mal, que es necesario remediar, a objeto de que a este proyecto de ley que hoy estamos discutiendo y que nosotros aprobaremos no le suceda lo mismo que han acontecido a otras iniciativas similares, en diversos países sudamericanos, que han pretendido realizar una reforma agraria, lo que incluso ha ocurrido en Rusia y China Roja, aunque esta última ha solucionado el problema. Este gran mal se debe a que, en Chile, no ha existido jamás una política agraria y a que con el sistema de precios políticos instaurado en el país, desde el advenimiento del Frente Popular, se ha desquiciado la agricultura, ya que esta política de precios ha tenido en vista sólo los intereses del consumidor y no los del productor agrícola, cuando debían haberse conjugado ambos factores. Este productor se ha sostenido solamente gracias a las grandes extensiones de tierras que trabajaba, y que ahora, con esta ley, no va a poder disponer de ellas, como tampoco las va a tener esa inmensa cantidad de nuevos propietarios que queremos formar, y que sólo podrá subsistir merced a una serie de medidas que expondré más adelante. Quiero hacer un paréntesis para demostrar lo que estoy afirmando. Según antiguos estudios de la CORFO -y entiendo que también del Banco Central de Chile-, la rentabilidad de la agricultura se calcula en un 8%. Pero la de las propiedades de renta es del 11%, y la de ciertas compañías que la tienen fijada por ley, como la de Teléfonos, es del 10%. Para los efectos tributarios, para el pago del impuesto a la renta que se aplica sobre el casco del predio, es del 10%. Si nosotros nos atenemos al proyecto que estamos tratando, de que los predios agrícolas deben tener una inversión por lo menos igual al valor del casco, quiere decir que dicha inversión está rentando solamente un 6%, lo que hace de ella un pésimo negocio, muy por debajo de los índices de inflación. Por eso, nada obtenemos con repartir tierras, sin que paralelamente les demos a esos nuevos productores las herramientas necesarias para que desarrollen sus actividades en forma óptima. Estas herramientas, en gran medida, las debe proporcionar el Gobierno, como ciertamente vemos que lo está haciendo, ya que la agricultura es la única actividad productiva del país que no puede fijar sus precios de acuerdo a sus costos, como ocurre con todas las demás, por lo que, lógicamente, es muy sensible a cualquiera fijación de precios a sus productos. El Gobierno está consciente de este problema, y sabemos que remediará la situación con decisión y valentía. Índice de producción y de precios.- Para poder saber qué ha pasado con la agricultura en un determinado período, no tenemos sino que estudiar sus índices de producción y de precios, y nos vamos a encontrar con cifras que nos demuestran que el mal está, como decía denantes, en la falta absoluta de una política agropecuaria. En el estudio del trigo, que es el artículo de mayor producción del país, nos encontramos con lo siguiente: en 10 años, de 1950 a 1960, su rendimiento aumentó en un quintal por hectárea; entre los años 1960 a 1965, aumentó en otro quintal, sus áreas sembradas aumentaron, en promedio, un 10%; y su precio o valor bajó en casi un 10%. Después recupera su valor solamente en la cosecha de 1966, gracias a la nueva política que, a este respecto, está aplicando el Gobierno. En esta materia hay que ser objetivo, ya que, si hablamos de escudos de 1965, el valor en 1950 fue de Eº 28, 73, bajando a Eº 22, 93, en 1963; y a Eº 22, 71, en 1964. Yo pregunto a mis Honorables colegas: ¿hay algún productor industrial que resista que le bajen sus precios en casi un 25%, sin que vaya a la quiebra? Esta es una de las razones más importantes que, a mi juicio, han liquidado, en gran parte, la producción agrícola. Con los datos estadísticos vemos que la producción por hectárea ha aumentado, lo que significa mejor trabajo y empleo de la tierra; pero si la producción no ha aumentado, en general, se debe a que no ha tenido alicientes económicos, que son los únicos reales y efectivos. Producción de ganado.- Aquí nos encontramos, tal como expresa el Ejecutivo en el Mensaje de este proyecto, con que la masa ganadera se ha mantenido prácticamente estancada desde 1950, lo que es sumamente grave para un país joven y lleno de recursos como el nuestro. Pero no sólo se ha mantenido estancada la crianza de ganado bovino, sino también la de cerdos que, en el decenio de 1950 a 1960, subió en un 12%, lo que, a todas luces, es insuficiente. En cuanto a la de ovinos, que siempre hemos considerado más que suficiente, ha disminuido en un 4%, en el decenio 1950 a 1960, lo que demuestra la absoluta gravedad de la situación a este respecto. Solamente la producción de carne de aves aumentó, en el mismo lapso, en un 14%, pero, gracias a la nueva política del Gobierno en esta materia, creemos que este aumento será sustancialmente mayor en el presente año. Estos antecedentes demuestran, hasta la evidencia, que la producción agrícola aumenta sólo cuando tiene precios remunerativos y mercados estable, con un poder comprador asegurado. Volviendo al ganado bovino, debemos decir que su mantención, en el mismo número de cabezas, hay que tomarlo, en realidad, como disminución, ya que en el lapso indicado aparecieron vacunas mejoradas contra la fiebre aftosa, y se desarrolló su producción en forma masiva. Asimismo, se inició la fabricación de casi todos los remedios y vacunas y, lógicamente, su perfeccionamiento ha permitido abaratar sus costos, y mantener al ganado en mucho mejores condiciones sanitarias que hace quince años. Pero veamos qué dicen los precios. Si nos basamos en el índice 100, que corresponde al quinquenio 1956-1960, y lo comparamos con el del quinquenio 1951-1955, que fue de 135, 05, resulta que el precio del ganado bovino bajó, para el productor, en un 35%. Señor Presidente, solicito que se prorrogue la hora para dar término a mis observaciones. El señor ISLA (Vicepresidente).- No hay número en la Sala para adoptar acuerdos, Honorable Diputado. Su Señoría continuará con el uso de la palabra cuando se reanude la sesión. "
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