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- rdf:value = " El señor PHILLIPS.-
Señor Presidente, entro al debate manifestando mi desaprobación porque los funcionarios de la CORA encargados de entregar los antecedentes económicos de la reforma agraria y que fueron solicitados por el que habla, hace dos meses, hasta ahora no los han hecho llegar a esta Honorable Corporación.
Es nuestro deseo que la reforma agraria que pretende hacer el Gobierno tenga éxito. Las consecuencias contrarias serían lamentables para Chile. Pero, para estar cabalmente conscientes, era indispensable conocer la parte económica de ella. No queremos minifundistas hambreados que no tengan con qué pagar lo que, en tierra, es menos del 25% de una explotación agraria. Por eso, queríamos conocer el resto de estos estudios económicos, que, desgraciadamente, no nos han sido proporcionados.
Decimos esto con el cabal conocimiento de la responsabilidad que significa emprender, en gran envergadura, una reforma agraria. Las personas a que van a ser entregados los suelos van a tener que aprontar los costos de producción, las imposiciones de orden social y los pagos que deberán hacer, según el sistema de esta reforma. Es indiscutible que, si no tienen la rentabilidad necesaria, va a ser imposible que hagan estos pagos. Si el valor de los terrenos que les van a ser asignados alcanza, según los datos, sólo a 18 millones de pesos en cada unidad familiar, van a estar incapacitadas para pagar lo que se les va entregar y para aumentar la producción, como se quiere. Esta es, principalmente, nuestra inquietud.
También se ha hablado aquí de los pagos de las expropiaciones.
Es indiscutible que se debe tener un criterio común, dentro de la línea de gobierno, para el pago de las expropiaciones. Para la reforma agraria, se establecen dos tipos de bonos, que serán reajustables en un 70% del total que reciba el expropiado.
Si hacemos una comparación somera con las industrias extranjeras, como, por ejemplo, CHILECTRA, a la que la deuda le ha sido pagada en dólares, con el total del reajuste correspondiente y en un plazo infinitamente menor; si analizamos el caso de las empresas del cobre; si examinamos detenidamente el sistema de las reinversiones y si analizamos también el proyecto sobre la industria automotriz, nos vamos a encontrar con que al capital extranjero se ofrecen franquicias y garantías que no tiene ningún ciudadano chileno y que en el pago de las expropiaciones a estas industrias extranjeras, cuyos servicios son vitales para el país, se aplica un procedimiento totalmente distinto al empleado con los ciudadanos chilenos.
Como es natural, esto nos llama la atención, porque consideramos tremendamente injusto que al capital foráneo se den toda clase de facilidades, en perjuicio de los productores nacionales.
Hemos visto con alarma el monto de los fondos destinados a las instituciones encargadas de realizar la reforma agraria. Basta ver los balances o las plantas de funcionarios para darse cuenta del aumento de burocracia que esto significa y la distorsión que, en materia de sueldos y salarios, representa frente al resto de los funcionarios de la Administración Pública, como lo expresé durante la discusión del proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones.
El esfuerzo del Gobierno por otorgar a aquéllos un mayor reajuste, a través de la ley correspondiente, vino a demostrar cómo estos servicios habían roto la armonía dentro de la Administración Pública, lo cual originó reclamos de todos los sectores.
En efecto, no podríamos comparar, por ejemplo, los sueldos de los miembros del Poder Judicial o de las Fuerzas Armadas, con los que hoy se pagan a los funcionarios de estos organismos que aplican la reforma agraria.
Señor Presidente, ayer y anteayer, los diarios de la capital dieron a conocer, espantados, la suspensión de faenas en algunas obras públicas o la disminución de una parte de ellas, especialmente las relativas a la construcción de viviendas, que indiscutiblemente deben ser objeto de principal preocupación de parte de todos los Gobiernos. El Ejecutivo ha anunciado la disminución de las obras públicas y de las construcciones por realizar a través de la Corporación de la Vivienda. Ayer se reunió la Cámara Chilena de la Construcción, organismo muy allegado al Gobierno, para protestar contra estas medidas.
Pero estamos viendo que estos fondos son gastados, sin tasa ni medida, en otros organismos, incluso a través de la entrega de aportes o nombramiento de funcionarios ad honorem, a honorarios, a contrata o a jornal, cuyas listas no han sido entregadas al Congreso Nacional. Hace algún tiempo, solicité antecedentes sobre los estudios económicos hechos por la Corporación de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario en relación con los futuros asignatarios y, además, las listas de su personal, es decir, de los funcionarios de planta, a contrata, a honorarios y a jornal. Ninguno de los organismos nombrados ha proporcionado dichas nóminas.
Los excesos cometidos en estos servicios traen malestar no sólo a ciertos sectores, sino a toda la Administración Pública.
De ahí que, si no existe austeridad de esos organismos y hacen aportes indebidos a otros, me pregunte por qué el Instituto de Desarrollo Agropecuario le está entregando fondos al CONCI, entidad respecto de la cual no sabíamos, hasta este momento, cómo se financiaba. Yo me he encontrado con la sorpresa que el INDAP le da dineros al CONCI, organismo que no sé si es del sector privado o del público; que no tiene presupuesto ni personalidad jurídica. Sin embargo, el INDAP le ha entregado 200 millones de pesos en el primer semestre del presente año.
Sabemos nosotros que el CONCI realizó un congreso, en Santiago, al cual trajo delegados de distintas partes del país, con un fin muy laudable. Pero, jurídicamente, estos procedimientos no tienen explicación.
Ningún organismo del Estado puede entregar recursos económicos a una institución cuya situación jurídica nadie conoce y que, desgraciadamente, es presidido por un señor Diputado.
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