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Señor Presidente, los Diputados comunistas hemos participado con muchísima acuciosidad en el estudio de este proyecto y entendemos que, en realidad, quien conozca !o que ocurre en la provincia de Valparaíso, particularmente en sus dos extremos, debe llegar a la conclusión de que ella merece, necesita, recaba imperiosamente una ley de excepción. Es este el caso de muchísimas provincias del país. Es así como ha ido obteniéndose, para otras provincias, este tipo de legislaciones excepcionales. Nosotros creemos que es bueno tener presente que las obras, no de progreso para Valparaíso, sino que impidan la hecatombe en Valparaíso, llegan a miles de millones de pesos, que, a modo de expresión concreta, deben materializarse, como lo ha dicho el Diputado informante y como hemos tenido ocasión de reiterarlo, junto a nuestro colega Manuel Cantero, en esta Honorable Cámara, en la construcción de abovedamientos de quebradas en Valparaíso, en la construcción de muros de contención para Valparaíso y ya también para Viña del Mar, en la construcción de vías de acceso y en la realización de obras que impidan que se siga deteriorando la geografía, la topografía de Valparaíso.
Por otra parte, en el otro extremo, nos encontramos con que ya resulta una tragedia anual el que, con el primer anuncio del invierno, las poblaciones ribereñas de La Calera, de Quillota, comiencen a sufrir las consecuencias más espantosas, produciéndose cuadros dantescos de tragedia humana, con casas y familias enteras que son arrasadas por las aguas turbulentas del río Aconcagua.
Si esto perjudica y hace lamentable la situación para ese extremo de la provincia de Valparaíso, no lo hace menos tragedias para la provincia de Aconcagua, que, de acuerdo a las informaciones que nos entregaran los parlamentarios de esa zona, está en una situación también realmente grave, causada por la crecida del río Aconcagua en esta época de invierno.
Es decir, el planteamiento que nosotros efectuamos en esta Sala no se relaciona siquiera con la legítima aspiración que debiéramos tener derecho a abrigar en cuanto a realizar obras de progreso futuro, en cuanto a realizar construcciones de edificios públicos o de otro tipo, que son necesarias.
Es cierto que este proyecto habla de obras de urbanización. Pero ponemos el acento, con enorme firmeza, en la construcción de estas obras a que hemos hecho
referencia y que se refieren a la posibilidad de que no se siga hundiendo el futuro de Valparaíso, de que no se sigan derrumbando los cerros, de que no se sigan derrumbando las chozas en que nuestro pueblo vive, colgado en las quebradas, laderas y cerros; de que no se siga hundiendo la ciudad con las lluvias del invierno.
Este es el problema que está planteado. Por eso, frente a este análisis y frente a esta realidad, nosotros tenemos que buscar la manera de sancionar, en los hechos, la dictación de una ley de excepción que permita, realmente, allegar algunos fondos para que estas obras puedan realizarse.
Los Diputados comunistas vemos en este proyecto un comienzo y por eso hemos participado con entusiasmo en su discusión. Y yo debo reconocer aquí que el Diputado señor Giannini y el Diputado señor Cerda, del partido de Gobierno, han estado llanos a que modifiquemos algunos artículos de este proyecto en orden a que se respete el principio del gobierno comunal. Porque, primitivamente, este proyecto de ley autorizaba tan sólo a que el representante del Ejecutivo, vale decir, el Intendente de la provincia, tuviera la tuición sobre toda la posibilidad de obtener empréstitos y la tuición administrativa de estos dineros.
Creemos que es un paso positivo el que sean las Municipalidades de la provincia de Valparaíso, que en un 85% llevarán los ingresos de estos dineros, y las Municipalidades de la provincia de Aconcagua, que recibirán un 15% de estos ingresos, las que determinen, como células básicas, enclavadas en el corazón del pueblo que siente y que clama, las que determinen cuáles son las obras que deben realmente realizarse.
Yo quiero decir que, desde este punto de vista, no puede ser más urgente la dictación de esta ley, considerando que en este instante preciso, apenas iniciándose el octavo mes del año 1966, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso no tiene ni un solo centavo para realizar obra alguna en la comuna. No queda, en las arcas municipales, ni un solo dinero para poder realizar estas obras de progreso, ni la más mínima que pudiera imaginarse, ni siquiera una baranda, ni siquiera la construcción de una acera; no hablemos ya de la construcción de abovedamientos de quebradas, que significan no menos de 11 mil millones de pesos hoy en la comuna de Valparaíso.
Por eso, nosotros decimos que no puede ser más importante el que este proyecto de ley haya sido modificado en la Comisión de Hacienda para darles a las Municipalidades la tuición de estos dineros en toda su administración.
Ahora bien, yo quiero decir, además, que este proyecto de ley recoge también una aspiración muy sentida por la población de Valparaíso. Es lo que se refiere a la aplicación de sendos impuestos, tanto a las empresas monopólicas distribuidoras de gas licuado, cuanto a la empresa productora de cemento de nuestra provincia; me refiero al monopolio de Cemento Melón.
Yo quiero decir que, durante mucho tiempo, hemos hablado y se ha conversado de que es necesario que estas empresas, verdaderos monopolios de privilegio en este país, alguna vez paguen y tributen, y no sólo sigan aprovechando riquezas que son nacionales; en el caso de Cemento Melón, aprovechando una riqueza que está en el corazón de la tierra chilena y que es patrimonio de los chilenos; y en el caso de las empresas distribuidoras de gas licuado, aprovechando un riqueza que es producida por el esfuerzo de todos los chilenos, del Estado chileno, y que, posteriormente, a modo de subproducto del petróleo, se les entrega en bandeja a estos monopolios distribuidores, que ganan ingentes sumas de dinero a costa de los consumidores de este producto.
Desde ahora, y según este proyecto de ley, en la región de Valparaíso el monopolio del cemento "Empresas Industriales El Melón" y las empresas distribuidoras de gas licuado pagarán un tributo para contribuir a este fondo especial destinado a realizar las obras a que nos hemos referido, en las provincias de Valparaíso y Aconcagua.
Hasta el momento, por una u otra razón, no se han aplicado los impuestos correspondientes a estas empresas. No falta aquél que argumenta que estos productos son consumidos por todos ¡os ciudadanos de Chile y que, en consecuencia, es injusto que vaya a beneficiar tan sólo a una región. Pues bien, si existiera una economía planificada en este país, sin duda iríamos a la aplicación de impuestos regionales que deberían pagarse en beneficio de cada región sobre la base de los valores reproductivos existentes en esas zonas. Y yo quiero decir que por esa razón no hemos aceptado, entonces, en la Comisión de Hacienda, que se aplique un impuesto a los monopolios productores de cemento en el país, para que paguen cien pesos por cada bolsa de cemento que produzcan, a fin de formar un fondo común que financie las obras de defensa de los desbordes de los ríos que hay que realizar en todo el país, partiendo por los casos más graves, que serán calificados por el Ministerio de Obras Públicas, y empezando, naturalmente, por las obras de defensa del río Aconcagua.
Pero el Partido Comunista ya había presentado indicaciones y proyectos a este respecto. El Diputado Cantero y el que habla presentamos un proyecto el año 1965, que yace en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, y nuestra colega Gladys Marín ha presentado un proyecto de ley que también se refiere a los impuestos que, de una vez por todas, deben pagar las empresas productoras de cemento.
Nosotros, de todas maneras, estimamos susceptible de perfeccionamiento la indicación aprobada por la Comisión de Hacienda, con los votos del partido de Gobierno, presentada por los Diputados Giannini, Cerda, Iglesias y el que habla. Creemos que esta disposición permitirá integrar realmente en un cuerpo legal un impuesto que signifique gravar a estas empresas que siempre se llevan la parte del león, un impuesto que sirva como base para reconquistarlas para el patrimonio estatal, para el patrimonio del Estado chileno. Mientras tanto, esas compañías irán tributando y marcando el camino hacia esa finalidad.
Nosotros estimamos que no es buen argumento decir aquí que esto podría producir también un alza del costo de la vida y que podría significar un alza de los productos gravados. Es gracias a estos argumentos que permanentemente se esgrimen en esta Cámara, en supuesta defensa de los bolsillos de los consumidores, que, al fin y al cabo, permanecen incólumes los monopolios a que nos estamos refiriendo, Diputados de bancos que sabemos defienden los monopolios en nuestro país, saltan para decir que hay que proteger al consumidor, que hay que impedir que sean alzados estos productos el día de mañana y que "para eso vamos a estudiar más a fondo una legislación que permita armonizar estos intereses." Pero pasan los años, los quinquenios y los decenios, y no se toca a estos monopolios.
Este proyecto de ley establece en forma taxativa que la aplicación de estos impuestos no podrá significar un alza en el precio del cemento ni de la distribución de gas licuado. Será responsabilidad, pues, del Gobierno, si esta disposición es aprobada por personeros de Gobierno y de Oposición, el que se haga cumplir el espíritu del legislador, tal como ha ocurrido con la ley 14.572, que ya ha gravado, en mínima parte, la distribución de gas licuado, así como impedir que por la aplicación de este impuesto se produzca un alza en el precio del cemento y del gas licuado.
Y yo quiero dar otro argumento, que por los pasillos se comenta un poco, que es el hecho circunstancial y transitorio de que hoy, debido a problemas de la Caja Fiscal, el Ministerio de Obras Públicas ha tenido que iniciar trabajo lento y paralizar diversas obras públicas. Como consecuencia de esto, se ha producido una situación especial en las empresas productoras de cemento del país y se dice, entonces, que no es buen momento para aplicar este impuesto. Ante eso, no tenemos sino que mantener la actitud vigilante, altiva y patriótica de no permitir ningún subterfugio para que con argumentos falaces permanezcan incólumes estos monopolios a que hemos hecho referencia.
Y por eso nosotros decimos que esta situación es circunstancial y transitoria, y en todo caso, hay que recordar que estas empresas se han quejado de tener problemas, incluso, cuando han trabajado sobre la base de toda su capacidad industrial instalada, en circunstancia que ellas como ha ocurrido en los últimos años han llegado a ganar 12 mil millones de pesos en el último ejercicio de 1965.
Es decir, aquí se trata de tener en cuenta, antes que nada teniendo presente la posibilidad de perfeccionamiento de estas disposiciones en los ulteriores trámites legislativos a esos pobladores de La Calera y Quillota, provincia de Valparaíso, que en estos momentos ven sus viviendas arrasadas por el río, el cual, durante el invierno, se lanza contra ellos, y que en el invierno del próximo año, cual espada de Damocles, les corta la perspectiva de vivir con tranquilidad. Ya que muchos no tienen oportunidad de educar a sus hijos, de mantener a sus familias, que por lo menos tengan la seguridad de que los terrenos donde viven, donde están ubicadas sus chozas, no serán inundados, ni sus casas arrasadas por las aguas.
Por eso digo que, frente a esta legislación, hay que tener presente, en especial, a los pobladores de los cerros y de las quebradas de Valparaíso y Viña del Mar. Yo creo que no hay punto de comparación; que una mínima escala axiológica obliga, antes que nada, a defender a estos pobladores.
Junto con otros parlamentarios, deseamos que esta legislación sea aprobada en esta Cámara en este primer trámite. Este proyecto de ley, en una u otra forma, está dando la posibilidad de satisfacer el interés popular. Y por eso nosotros, los Diputados comunistas, aunque buscamos otro tipo de metas respecto de la materia a que se refiere este proyecto, estimamos que significa un paso adelante, por cuanto vacia a las provincias de Valparaíso y Aconcagua una cantidad de dinero que en estos instantes está reclamándose de manera imperiosa y dramática. Por eso, propongo que, escuchados los informes de la Comisión de Hacienda y de Gobierno Interior, procedamos a votar, ya que hemos conversado con los parlamentarios de los diferentes partidos de las dos provincias y estamos plenamente de acuerdo en que obtengamos por lo menos este cuerpo legal en beneficio de esas provincias.
Nada más.
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