El señor FUENTES (don César Raúl).- Muchas gracias. Señor Presidente, la verdad de las cosas es que me incomoda tratar el tema que voy a tener que exponer en esta sesión, pero las obligaciones y las responsabilidades parlamentarias nos obligan a veces a ir en contra de nuestros sentimientos. El problema fundamental es el siguiente. Hay una comunidad de pequeños propietarios, que está ubicada en la comuna de Ñiquén, departamento de San Carlos. Esta comunidad de pequeños propietarios está integrada por 53 jefes de familia, que tienen, en total, 165 hectáreas. Son 53 familias. Con 6 personas por familia, suman alrededor de 300 personas. Esta gente, y sus antecesores, desde hace 53 años, han estado regando con aguas que escurren por este lugar y que se encuentran inscritas, o se encontraban inscritas, hasta hace algunos días, a nombre de don Jovino Parada Quintana. Estos pequeños propietarios, no obstante que tenían conocimiento de las normas que rigen actualmente el sistema de distribución de las aguas, fundamentalmente en lo que a su propiedad se ¡refiere, a pesar de que tenían en claro que estas aguas son bienes nacionales de uso público y que los particulares poseen sobre ellas sólo un derecho de aprovechamiento, querían de alguna manera, asegurar para el futuro la continuación del goce de las aguas que habían tenido durante tantos años; porque se sabía que el señor Jovino Parada vendería ¡estas aguas a otra persona. En definitiva, esta gente obtuvo del señor Parada la seguridad de que continuaría gozando las aguas; pero, lamentablemente, de un día para otro, el señor Parada vendió a otra persona. "Ejerce un derecho", dirán algunos; "tiene esa facultad", dirán otros. Lo que se quiera; pero, en contra de todas las normas, de todos los principios que han estado en juego y que ha conocido la ciudadanía, en contra de las normas fundamentales que indican que estas aguas son bienes nacionales de uso público, en contra de la utilidad social y de la finalidad que deben tener estas aguas, sobre todo en beneficio de los más modestos de nuestro país, se ha burlado el interés de estos pequeños propietarios -50 y tantos jefes de familia-, se ha liquidado el pan de 300 personas. Y esto no puede ocurrir en presencia de todo el movimiento nacional y de lo ocurrido en esta misma Cámara, cuando se aprobó el proyecto sobre reforma agraria, con tantas y tan vivas esperanzas para el pueblo y para el campesinado chileno. Yo creo que esto es burlar los intereses de los más humildes, burlar los derechos fundamentales del hombre y los principios de la equidad natural. Por estas consideraciones, para cuando llegue la oportunidad del caso y el Es-estado chileno pueda recobrar lo que a él le pertenece y pueda realizar la finalidad útil de las aguas, solicito, desde ya, que se oficie a la Corporación de la Reforma Agraria, a fin de que estos pequeños propietarios sepan que, por lo menos, la próxima siembra podrán hacerla en condiciones que les permitan asegurar su sustento. Pero hay algo que quisiera decirlo con entera claridad, desde esta alta tribuna. Todavía se conservarán las caducas estructuras y existirán los derechos tradicionales, que burlan los derechos fundamentales del hombre. Yo declaro, desde aquí, que lucharé, en una o en otra forma, para que estas 300 personas puedan tener también este año seguro su sustento, realizar sus siembras y cultivar sus campos, a fin de que el derecho más fundamental, que es el derecho a existir, les quede asegurado. El señor ISLA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio a la Corporación de la Reforma Agraria, por intermedio del Ministerio de Agricultura. Ha terminado el tiempo del comité Demócrata Cristiano.