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- rdf:value = " 7.-PROTECCION DE MENORES.TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL.OFICIOS.El señor BALLESTEROS (Presidente).-
En conformidad con un acuerdo de la Corporación corresponde considerar, de preferencia, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley sobre protección de menores.
Diputada informante de la Comisión de Asistencia Médica Social e Higiene es la Honorable señorita Saavedra.
El informe de esta Comisión está impreso en el boletín Nº 10.2325A.
(El oficio del Senado aparece entre los Documentos de la Cuenta del Boletín de la sesión 44ª, de 18 de enero de 1966).
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
En discusión la modificación del Senado.
La señorita SAAVEDRA.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable Diputada Informante.
La señorita SAAVEDRA.-
Señor Presidente, me corresponde informar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la legislación vigente sobre protección de menores, iniciativa que presentara en la Cámara el Honorable señor Morales Adriasola'.
La Comisión celebró sesión especial el 28 de enero, en la que conoció de la modificación del Senado al proyecto de la Cámara a la cual prestó su aprobación en forma unánime. Previamente había celebrado una sesión en Comité.
En estas sesiones la Comisión fue asesorada por el señor Ministro de Justicia, don Pedro Jesús Rodríguez; el Subsecretario de ese Ministerio, señor Enrique Evans; el Subdirector abogado de Servicio de Prisiones y Asesor de esa Secretaría de Estado en materia de protección de menores, señor César Pinochet; la Presidenta de la Asociación de Mujeres abogados, señora Adriana Olguín de Baltra; doña Marta Ossa, Juez del Quinto Juzgado de Menores de Santiago; el doctor Carlos Nassar, Jefe de la Sección de Menores en situación irregular del Servicio Nacional de Salud; el PresbíteroAlfredo Ruiz Tagle, Director de la Fundación "Mi Casa"; el padre Carlos Hurtado S. J., Presidente de la Federación Nacional de Instituciones Privadas de Protección de Menores, y el Mayor de Carabineros señor Alfredo Vicuña Ibáñez, Jefe del Hogar de Menores de esa institución.
Antes de entrar a analizar detalladamente el proyecto en debate, considero indispensable dar a conocer algunos aspectos de otras legislaciones sobre la materia.
Desde las más remotas civilizaciones, las costumbres primero, y las legislaciones después, han contemplado y establecido la necesidad de protección de la infancia. Ya el Código romano se refiere a la patria potestad y a los derechos y obligaciones entre padres e hijos, y, avanzando en la evolución de las sociedades modernas, todos los códigos, leyes y reglamentos que regulan la vida de la comunidad han establecido normas tendientes a la protección, defensa y atención de los menores desde el momento de su nacimiento hasta su crecimiento y desarrollo. Dentro de esta filosofía, la ley ha considerado la responsabilidad penal de los menores, la defensa de sus bienes materiales, los derechos esenciales del niño, la atención de los menos capacitados física y mentalmente, el derecho a la educación moral y cultural y, en general, la posibilidad de brindarles la oportunidad de una preparación básica para que puedan afrontar más tarde las responsabilidades inherentes a su condición humana y constituirse en personas útiles para la sociedad.
Esta preocupación por los derechos del niño aumentó a fines del siglo pasado, como consecuencia de la intensificación de la delincuencia precoz. En esta etapa histórica aparecen iniciativas para la creación de patronatos e instituciones particulares dedicadas especialmente a la educación de los menores abandonados. Es entonces cuando, entre otras consideraciones, se piensa en la necesidad de mantener cárceles de menores separadas de las de los adultos, y cobra fuerza la teoría de que el menor debe ser sometido a un tratamiento punitivo diferente del que se aplica al adulto.
Estados Unidos, precursor mundial de la protección de menores en situación irregular, fundó en 1899, en la ciudad de Chicago, la "Juvenile Court". Este fue un tribunal especializado para menores delincuentes el primero en su género, y puso en práctica procedimientos en enjuiciamiento totalmente diferentes, tendiendo a corregir y reeducar a los menores que cometían actos fuera de la ley, En 1909, estas "Juvenile Courts" funcionaban en casi todos los Estados de la Unión.
Los jueces de estos tribunales poseían conocimientos especiales sobre pedagogía e imperaba un criterio reformador y tutelar, dejándose de lado la aplicación de penas represivas. Todo este sistema fue revolucionario para la modalidad existente en esa época. Además, se entregaba a la competencia de los jueces de menores asuntos no estrictamente penales.
La influencia de las "Juvenile Courts" fue determinante en las demás legislaciones del mundo y, en un lapso de treinta años, pocos eran los países de Europa y América Latina que no contaban con un tribunal de menores.
Inglaterra, en base a la legislación penal norteamericana sobre delincuencia juvenil, fue el primer país europeo que adoptó las premisas renovadoras para enfrentar el problema y, en 1905, fundó el primer "Juvenile Courts" inglés. Pero la ley inglesa no dejó enteramente de lado la aplicación de penas represivas, sino que combinó este sistema con el de reeducación. En 1908, Inglaterra dicta el "Children Act", que, además de establecer las bases legales de los Tribunales de Menores, legisla sobre la protección de la vida de éstos y la represión de actos de crueldad cometidos en su contra. Conjuntamente con la ley llamada "Prevention of Crimen Act", también en 1908 se organiza en Inglaterra el funcionamiento de Escuelas de "Reeducación.
Pocos fueron los países europeos, apegados a tradiciones y limitaciones de siglos, de historia, que hicieron, en tan breve plazo, innovaciones tan revolucionarias como la de los ingleses. Posteriormente, en 1933, Inglaterra al dictar el "Children and Young person Acts", da a las "Juvenil's Courts" competencia en algunas cuestiones civiles; suprime la pena represiva y otorga carácter educativo al tratamiento de los menores delincuentes.
Francia creó los Tribunales de Menores en 1912, pero, para los niños entre 13 y 18 años. Estos Tribunales son los mismos ordinarios de Justicia en lo Criminal, de Primera Instancia, que se constituyen en audiencia especial, para juzgar a los menores. Deben realizar una investigación sobre la situación moral del menor y de su familia para resolver y deben establecer si el menor obra con o sin discernimiento. Los menores de 13 años son juzgados por el Tribunal Civil Ordinario, que no puede ordenar la prisión del menor y sólo resuelve medidas de tutela, vigilancia, educación o asistencia.
Posteriormente, en 1939, Francia dicta el Código de la Familia, que es un texto maestro donde se encara la protección integral no sólo del niño en situación regular o irregular, sino que se establece la atención y formación de la familia misma, base de la sociedad. El Código de la Familia francés muestra al mundo una fuente más de cultura en la evolución de esa civilización privilegiada.
Rusia, por ley de 1918, estableció comisiones compuestas por representantes de las Comisarías de Instrucción Pública, Asistencia Social y Justicia, que juzgan a los menores delincuentes hasta la edad de 17 años, estableciendo medidas médicopedagógicas. En 1935, una orden del Comité Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios del Pueblo dispuso el enjuiciamiento por los Tribunales Ordinarios y la aplicación de penas comunes a los menores autores de delitos que hayan cumplido 12 años.
Holanda, en 1921, instituyó los Tribunales de Menores para el Juzgamiento de niños hasta los 18 años, inculpados de delitos. La legislación respectiva establece la aplicación de medidas tutelares y educativas.
Las naciones de más reciente formación, como los países americanos, realizaron reformas profundas en la legislación de menores, desde principios de este siglo. Justicieramente, debemos citar a Uruguay, Brasil, Ecuador y Perú por sus Códigos de Menores.
Sin embargo, es el Código del Niño de Uruguay el que merece una mención especial. Fue dictado en 1934. El espíritu de la ley establece, en síntesis, que el niño debe ser, en cierto modo "previsto", procurándose que los padres posean salud completa y buenas condiciones de subsistencia. La madre debe recibir los cuidados necesarios para que el ser engendrado llegue a feliz nacimiento; nacido éste, ha de ser asistido para que pueda desarrollarse normalmente en lo físico, moral y espiritual. Como parte integrante de la familia, debe propenderse a que el niño no sea separado de! hogar; debe ser sometido, durante toda la niñez, a exámenes médicos periódicos; ha de ser atendido en sus enfermedades; debe gozar de condiciones higiénicas y alimenticias suficientes. Si el menor es abandonado por cualquier causa, debe encontrar la protección del Estado. El Código asegura la educación infantil de 6 a 14 años. Si el niño comete falta social no puede ser tratado como delincuente, sino que se le aplican métodos educativos. Se impide su trabajo en edad de aprender; y si trabaja, ha de ser protegido y controlado por el Estado. Además, el Código del Niño de Uruguay establece que al menor delincuente de 18 años no le es imputable falta; lo deja sujeto a régimen de vigilancia y asistencia, que se prolonga hasta los 23 años; elimina la aplicación de penas represivas; somete al niño a examen médicopsiquiátrico y crea el Servicio Social, que colabora con el Tribunal de Menores. El Código del Niño de Uruguay es una de las legislaciones sobre menores más completas y fundamentales y significa un ejemplo a seguir para las otras naciones del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, consecuente con el imperativo de la hora presente, que precisa que todos los países del mundo revisen sus legislaciones de menores, con el fin de procurar la protección y la asistencia de la infancia, reafirmando los principios contenidos en la Carta y confirmando la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, formuló, el 20 de noviembre de 1959, la Declaración de los Derechos del Niño, que fue aprobada y proclamada por unanimidad. En esta declaración se consignan los derechos y libertades de que todo niño debe disfrutar. En uno de sus considerandos establece que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".
El principio sexto manifiesta que "la sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencias", y el principio noveno reafirma que "el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación".
No obstante esta preocupación general y específica de algunos países sobre los derechos del niño, manifestada, como hemos visto, a través de diversas etapas de la evolución de la sociedad y ratificada universalmente, en la edad actual la legislación de menores no está concretada y es necesario estructurarla aplicando las nuevas técnicas que aconseja la sociología moderna.
Se ha dicho que la legislación de menores tiene tres etapas históricas caracter��sticas: la primera, punitiva; la segunda, reformatoria; y la tercera, de prevención del delito, que es la etapa que vivimos. Para ésta deben ser adecuados los preceptos legales pertinentes.
El niño presenta caracteres enteramente propios y no es precisamente "un adulto en miniatura". La sicología infantil estudia lo peculiar de su vida síquica y anímica y estas escuelas conducen al verdadero tratamiento a que debe ser sometido el menor en conflicto, para adaptarlo e integrarlo al medio social.
Nuestro país, señalado universalmente por el alto grado de su evolución cultural, no puede quedar al margen en esta hora de revisionismo y, por ello, en estos momentos, el Congreso se aboca al estudio del proyecto de ley que analizaremos más adelante. Pero, previamente, me permitiré hacer una sucinta historia de la legislación de menores en Chile.
En 1896, se manifiesta la primera preocupación de la legislación social chilena frente al problema de la protección legal del menor en situación irregular, En esa fecha se creó la Escuela Correccional de Niños de Santiago, con el propósito de corregir y educar a los niños varones abandonados, menores de dieciséis años.
Posteriormente, en 1912, se dictó la ley Nº 2.675, hoy derogada, sobre protección de la infancia desvalida, que se preocupó de los menores abandonados, aplicando normas generales para el tratamiento de los niños entregados a instituciones particulares y de iniciativa privada. Esta ley no trató el caso del menor delincuente y fue dictada con el criterio imperante en la época, que desconocía la responsabilidad del Estado en la formación moral, física, cultural y espiritual del menor.
En 1920, surgen algunas iniciativas de protección de menores, que se concretan en 1925 con la promulgación de un decreto ley que crea establecimientos especiales para prevenir la delincuencia juvenil y permite la internación de menores de 14 años, de ambos sexos, que se encuentren en situación de abandono; de los que no asistan a la escuela por desobediencia expresa a los padres, y de los menores que recibieran malos tratos de sus progenitores. Esta ley tampoco considera, específicamente, el caso del menor delincuente, ni su necesidad de protección.
Sólo en 1928, la ley Nº 4.447 aborda el problema de la asistencia de menores y también la protección y prevención de la delincuencia juvenil. La promulgación de esta ley permitió que, a la sazón, nuestro país tuviera una de las legislaciones más avanzadas sobre la materia.
La ley Nº 4.447 introdujo innovaciones de importancia, porque hace consciente al Estado de las funciones y responsabilidades que le caben en el cuidado y la educación de los menores abandonados o delincuentes ; reemplaza el concepto de la sanción represiva por el de protección; tiende a eliminar o reducir las causas de la delincuencia de menores; establece tribunales especiales de menores, reformando las leyes civiles y penales, y crea establecimientos de readaptación y reeducación. Para aplicar las disposiciones que contiene, esta ley creó la Dirección General de Protección de Menores, dependiente del Ministerio de Justicia.
Posteriormente, en el año 1942, el D. F.L. 201412 fusionó la Dirección General de Protección de Menores con otros servicios de beneficencia y educación, encargados de la atención de la madre y el niño. Este decreto creó la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Salubridad, en el ánimo de encargar de la asistencia de los menores a un solo organismo.
En 1952, la ley Nº 10.383 incorporó la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia al Servicio Nacional de Salud.
En 1960, el decreto 6.673 creó la actual Comisión Coordinadora Interministerial de Protección de Menores en Situación Irregular, con las finalidades de:
a) Coordinar la asistencia social que las instituciones fiscales, semifiscales, municipales y privadas presten al menor, en situación irregular;
b) Supervigilar el cumplimiento de los programas elaborados, para asistir a los menores y la aplicación de la legislación respectiva;
c) Fiscalizar la adecuada distribución de los recursos destinados a esta asistencia; y
d) Planificar la asistencia integral de los menores en situación irregular.
Un informe de la Comisión Interministerial llega a la conclusión de que el déficit asistencial de Chile se debe a deficiencias del sistema proteccional mismo y a causas de orden socioeconómico educativo. Entre las deficiencias proteccionales menciona:
a) Carencia de una política asistencial, porque la ley Nº 4.447, vigente en su mayor parte, fue un cuerpo dictado sobre bases de posiciones doctrinarias definidas, pero no creó los medios para una política operativa, clara y precisa;
b) Falta de integración de la protección con la política de desarrollo económico y educacional;
c) Desorganización administrativa, por la cantidad de organismos con funciones similares, algunas veces, y contradictorias, otras;
d) Falta de coordinación en la acción, por carencia de atribuciones de los organismos rectores para imponer sus resoluciones a la diversidad de instituciones públicas y privadas encargadas de la protección ;
e) Déficit de cantidad y capacidad del personal encargado, y
f) Falta de recursos económicos.
Continuando cronológicamente en el estudio de la legislación de menores, debemos recordar la ley Nº 14.550, de 1962, que modificó las disposiciones legales sobre protección de menores, abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, introduciendo modificaciones a la organización y competencia de los Juzgados de Menores.
Finalmente, la ley Nº 14.550 a que nos estamos refiriendo, en su texto refundido con la ley Nº 4.447, es la actual ley Nº 14.907. A ella modifica el proyecto de ley en debate.
En concordancia con nuestra realidad, por el artículo 1? de este proyecto de ley se crea el Consejo Nacional de Menores que estará encargado de patrocinar acciones preventivas de las situaciones irregulares de los menores y medidas de asistencia y protección, para atender las diversas formas de irregularidad que puedan presentarse entre estos menores, y, principalmente, adoptar aquellas resoluciones destinadas a reemplazar o sustituir el ambiente familiar cuando éste no exista o acuse deficiencias.
Es decir, tiene como primer objetivo patrocinar acciones preventivas de la situación irregular, las que, indiscutiblemente, tienden a reforzar el nexo familiar y proteger al menor dentro del ámbito de su propio hogar; pero, cuando esta situación de irregularidad ya se ha producido, debe patrocinar medidas de asistencia y protección, principalmente destinadas a cambiar el ambiente familiar en que vive el menor, cuando ese ambiente adolezca de deficiencias o no exista.
El proyecto coordina bajo un solo organismo ejecutivo, que es el Consejo Nacional de Menores, todos los esfuerzos que nuestra comunidad está desplegando, tanto en el campo estatal como en el privado, para dar solución al grave problema que significa, en este momento, proteger a más de 400.000 niños en situación irregular y evitar que se repita o aumente el número de menores detenidos por Carabineros, que sobrepasó el año recién pasado los 60.000.
Los Honorables colegas pueden examinar las cifras en detalle en los cuadros estadísticos incluidos en el informe.
El proyecto de ley en debate tiene como objetivo fundamental poner término a la mendicidad de los menores y planificar y coordinar la acción de las instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, municipales y particulares relativa a la protección de los menores. Se destinan los fondos necesarios para realizar esta labor, cuya inversión estará sometida a fiscalización. Esas instituciones deberán elaborar los programas de tareas mínimas, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y conforme a sus respectivos estatutos.
En relación con este aspecto, debe señalarse que existen en el país 331 establecimientos encargados de proteger a los menores en situación irregular, de los cuales 235 son privados y 95 públicos. En ellos se alberga a 29.188 menores, de los cuales 21.217 son atendidos por instituciones privadas y 8.951 lo son en establecimientos estatales. Estos datos estadísticos emanan de la Comisión Interministerial de Protección de Menores y fueron controlados por la Sección Técnica de ese organismo.
El proyecto hace más ágil y dinámica una protección que se ha mantenido casi estacionaria a través de los años. Podemos citar, como ejemplo, la Casa de Menores para varones de Santiago, creada en 1928, con capacidad para atender a 250 niños; en la actualidad cuenta con 170 camas y tiene una población de 234 menores. La Casa de Menores para Niñas, creada en diciembre de 1961, con capacidad para recibir 30 niñas, atiende en la actualidad el insignificante número de 32 niñas. El Politécnico de San Bernardo "Alcibíades Vicencio", creado en el año 1929, con capacidad para 460 niños, tiene en la actualidad una población de 310 y atiende a las necesidades de casi la totalidad del país.
Podríamos seguir señalando cifras y destacando hechos, pero sin lugar a dudas que con estos ejemplos que se refieren a Santiago, donde, precisamente, por el desproporcionado aumento de la población, se produce el mayor número de problemas, dan una idea clara ele la realidad.
El proyecto de ley en debate ha sustituido al aprobado por la Honorable Cámara, como lo destacaba anteriormente. El Senado acogió las modificaciones e indicaciones hechas por el Ejecutivo. En su articulado se encara en forma seria, en profundidad y a nivel nacional, uno de los problemas que requieren más urgente solución. Propicia la unificación definitiva de la legislación sobre menores, se encuentren o no en situación irregular y, en esta forma, traza, con toda claridad, el camino para llegar al Código del Niño o de la Familia, tal como existe en Uruguay, Canadá, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda, naciones que están a la vanguardia en esta materia.
El proyecto, en consecuencia, responde ampliamente a una orientación general respecto a este problema y concuerda con las recomendaciones adoptadas en el XII Congreso Panamericano del Niño, efectuado en diciembre de 1963, en Mar del Plata, en el sentido de que es necesario que se adopten las medidas dirigidas a la creación de un organismo ejecutivo que debe tener facultades legales para orientar la acción de la sociedad respecto a la protección y asistencia de todos los sectores de la comunidad, para fomentar y coordinar la acción privada en este sentido, para lo cual requiere contar con recursos propios y adecuados.
La ley Nº 14.907 fija normas en materia de protección de menores y, además, sobre la organización de los Juzgados de Letras de Menores, fijándoles su competencia y atribuciones y determinando el procedimiento en los asuntos sometidos a su conocimiento, respecto de los menores de 21 años de edad.
El artículo 1º del proyecto sustituye los artículos 1º al 11 de la ley Nº 14.907 por las disposiciones contenidas en los números 1º al 16, en los que se establecen las normas de protección, de acuerdo al nuevo criterio que se ha indicado.
En el número I del artículo 1º se crea el Consejo Nacional de Menores, persona jurídica de derecho público, con funciones específicas, tendientes a prevenir situaciones irregulares en la vida de los menores; a asistirlos y protegerlos y, fundamentalmente, a suprimir definitivamente la vagancia y la mendicidad infantil, situaciones estas últimas motivo básico del proyecto presentado por el Honorable señor Morales Adriasola.
Por esta disposición, además, se dota al Consejo de las facultades legales necesarias; se le autoriza para contratar créditos internos o externos, previa aprobación del Presidente de la República, créditos a los que se otorgará la garantía del Estado. Además, se autoriza al Consejo para reconocer o denegar la calidad de colaboradores de la protección de menores a las personas jurídicas o privadas, que atienden a menores.
Se establece también que es función de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Menores cumplir con las funciones específicas de ese organismo. La Junta está compuesta por representantes de los Ministerios del Interior, de Educación Pública, de Justicia y de Salud Pública; del Jefe del Departamento de Policía de Menores de la Dirección General de Carabineros; de las instituciones privadas; un representante directo del Presidente de la República, uno del Colegio de Asistentes Sociales, uno de la Unión de Profesores de Chile y el Jefe de la Sección Menores en Situación Irregular del Servicio Nacional de Salud.
Es necesario destacar algunas medidas que se establecen en este artículo, entre las cuales debo mencionar en forma especial, la creación de Casas de Menores en los lugares asiento de Juzgados de Menores. En estas casas se crean dos secciones totalmente separadas: una para los que hubieren cometido hechos constitutivos de crimen, simple delito o falta; y la otra, en la que ingresarán los menores que sólo necesiten de asistencia y protección.
Este artículo es muy digno de ser destacado, porque pone fin a una costumbre que es altamente perjudicial para los menores, como lo es el reunir menores avezados a veces en actitudes antisociales con aquéllos que sólo necesitan el apoyo de la comunidad, a las que hay que evitar que sufran el impacto de llegar a un tribunal.
Es importante destacar que en cada Casa de Menores funcionará un Consejo Técnico, integrado por el Director de la Casa de Menores, que lo presidirá, un psiquiatra infantil, un psicólogo, un asistente social, un representante de los establecimientos particulares de protección de menores que funcione en el territorio jurisdiccional del juzgado de menores respectivo, un profesor y el funcionario a cargo directo del menor. Un reglamento regulará su funcionamiento, siendo sus atribuciones apreciar la irregularidad que afecta al menor; aplicar las medidas contempladas en el artículo 20 de la ley Nº 14.907 (devolver al menor a sus padres, guardianes o personas a cuyo cargo estuviere, previa amonestación) y también asesorar al Juez de Menores, cuando éste lo requiera.
También es importante destacar en este proyecto la creación de la Policía de Menores, que lleva a la legislación sobre esta materia a una línea de perfeccionamiento. Hasta ahora Carabineros ha hecho una laudable obra en favor de los menores, sin ninguna ley especial, y ha ido creando conciencia en la ciudadanía sobre el problema de la protección de menores. De esta manera Carabineros ha enriquecido su experiencia, especialmente a través de la formación de Clubes en las Comisarías y Hogares.
La presente ley acentúa la labor de la policía, que deberá ser especializada, asignándole responsabilidades específicas, como ser recoger a los menores, ejercer control sobre sitios inadecuados, fiscalizar los espectáculos y centros de diversión, denunciar a los juzgados de menores los hechos penados por la ley. Se crean comisarías o subcomisarías en las ciudades cabeceras de provincia o que sean asiento de un Juzgado de Menores. Es responsabilidad de la Policía entregar, en el plazo de 24 horas, el menor a la Casa de Menores respectiva, salvo que se compruebe que ha cometido una mera infracción y que vive en hogar regularmente constituido, caso en que debe entregarlo a sus padres o guardadores.
La policía debe denunciar a los juzgados los casos en que se ocupare a menores de 21 años en trabajos u oficios que los obliguen a permanecer en cantinas o casas de prostitución o de juego; al empresario de espectáculos públicos en que menores de 16 años hagan exhibiciones de fuerza u otras semejantes con propósitos de lucro y a los padres o personas que maltraten a un menor habitualmente, que lo abandonen sin velar por su crianza o que lo corrompan.
El artículo 3º dispone que los menores de 18 años sólo podrán ser detenidos en las Comisarías o Subcomisarías de Menores y que cuando una persona visiblemente menor esté detenida en otro lugar, el jefe respectivo será sancionado con la suspensión de su empleo.
Es digno de hacer notar el artículo 8°, que establece que los menores declarados con discernimiento deberán cumplir la pena privativa de libertad en Centros de Readaptación. Así se evitará que estos menores están junto a los adultos en los establecimientos penales. El mismo espíritu se advierte en el artículo 2º transitorio, que establece que los menores recluidos en los establecimientos penales deberán ser puestos a disposición del Juez de Menores, o bien pasarán a los respectivos centros de readaptación, a medida que ellos sean creados, para obtener su total separación del resto de la población penal. El Juez, al ordenar su egreso del Centro de Readaptación podrá dejarlo en libertad o enviarlo al Centro de Rehabilitación.
También es importante destacar el contenido de los artículos 10 y 11 que se refieren a la asignación familiar, la que podrá ser percibida por los establecimientos o personas naturales que tengan a su cargo al menor y podrán, también, pedir las pensiones alimenticias. Es una innovación en esta materia.
El artículo 13 declara apelables las resoluciones de los Jueces de Menores en los casos de asignación familiar, pensiones alimenticias, dirección o educación de los menores, apelación que se concede en el solo efecto devolutivo y tiene una tramitación especial.
El artículo 14 crea la plaza de Asistente Social en cada Juzgado de Letras de Mayor Cuantía que funcionen como Juzgados de Menores, la cual, cuando se creen los Juzgados de Menores, pasará a la dependencia de éstos.
En cuanto al financiamiento de este proyecto, se basa en el aumento del impuesto a la compraventa de monedas extranjeras destinadas a viajes, que sube del 4% al 6%. Se mantiene el actual impuesto creado por la ley 15.231 del Juzgado de Policía Local, que destina el 20 % del producto de las multas, a la protección de menores, y se aumenta el impuesto de viajes a países fuera de Latinoamérica, que sube de Eº 60 a Eº 310. En este mismo artículo se establecen las exenciones. Del producto del impuesto a esos viajes se destina un 70% para financiar el proyecto.
Hemos destacado las partes fundamentales del proyecto en estudio. En lo esencial, él crea un organismo especializado y ejecutivo, que permitirá hacer más ágil y dinámica la protección de menores. La tendencia actual es que la asistencia de menores no esté a cargo de un solo servicio, sino que un organismo coordine la labor de todos los demás, a fin de afrontar este complejo problema en sus diversos aspectos, en sus múltiples facetas. Indiscutiblemente, en el problema de la familia y del niño influyen factores de educación, salud, gobierno interior, justicia y servicios de la comunidad. Este proyecto no debe ser considerado en forma aislada, sino integrado dentro de la comunidad, la que debe unir sus esfuerzos con los del Gobierno para buscar las fórmulas y las acciones orientadas a un mejoramiento de la formación y de las condiciones de vida del menor.
Por último, debo informar que, por la urgencia del problema y por la necesidad de remediar cuanto antes la mendicidad y la vagancia infantiles, en la Comisión hubo acuerdo unánime para aprobar sin ninguna modificación el proyecto propuesto por el Senado. Sin embargo, oído el parecer de los asesores invitados y de los miembros de la Comisión, se estableció que el proyecto puede ser mejorado en algunos aspectos, por lo cual se acordó acoger las observaciones y proponerlas al Ejecutivo, a fin de que, por la vía del veto, sean subsanados los vacíos. Todo esto, con la finalidad de no atrasar la promulgación de la ley. El señor Ministro y el señor Subsecretario de Justicia, allí presentes, estuvieron totalmente de acuerdo con este procedimiento.
Cabe recordar, en esta ocasión, las palabras de Gabriela Mistral: "Al niño no se le puede responder mañana. El niño se llama ahora".
Concedo una interrupción al Honorable señor Raúl Morales.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor MORALES (don Raúl).-
Muchas gracias.
Señor Presidente, el informe ha sido bastante completo y, en consecuencia, no es necesario abundar en explicaciones acerca del proyecto de ley o de las causas que lo han motivado.
Pero vale la pena hacer constar en el debate que esta iniciativa no pretende ser un código del menor, ni iniciar el derecho de menores. Sería presuntuoso e ilusorio así proponérselo, porque, durante largo tiempo la realidad chilena ha estado profundamente divorciada de la legislación y, por lo tanto, una ley no puede en ningún caso reparar o reemplazar lo que no se ha hecho en el transcurso de los años.
Sin embargo, la aplicación de este proyecto y la organización que sus primeros artículos establecen darán oportunidad para que el Consejo Nacional de Menores recoja experiencias y aborde paulatinamente los diversos aspectos de este complejo problema, hasta llegar a preparar un código del menor que comprenda todas las situaciones y permita extirpar la lacra social del niño vago, mendigo o explotado.
Creo útil recordar que un estudioso ha dicho que "este problema no es sólo antropológico, psicológico, psiquiátrico, jurídico, penitenciario, pedagógico o sociológico; es la armonía de todo esto, conjugándose en bien del niño".
Considero también oportuno citar algunos conceptos contenidos en el trabajo del abogado señor Julio Pérez Núñez, titulado "El menor imputado de delito y la realidad chilena". En este objetivo y claro trabajo, el autor enumera y analiza las causas de la situación actual, que determinaron la presentación del proyecto de ley que, después de casi dos años de tramitación parlamentaria, llegará a fines de esta semana a manos del Presidente de la República, para que revise sus disposiciones.
Las causas señaladas por el abogado señor Julio Peña Núñez, son las siguientes:
"La falta de una adecuada política proteccional.
"La falta de integración de las acciones que se desarrollan con la política de desarrollo económico y educacional.
"La falta de coordinación en el trabajo de los diversos organismos, públicos y privados, que intervienen, lo que importa, consecuencialmente, desorganización administrativa.
"La falta de establecimientos, en especial diferenciados, para ciertos tipos de niños.
"La existencia de un déficit "cuanti" y cualitativo de personal para la observación y tratamiento de los menores.
"La falta de recursos suficientes para una acción eficaz en extensión y profundidad.
"La inversión deficiente de los recursos actualmente comprometidos, y
"La insuficiencia del actual aparato legal".
Creo que, precisamente, éstos han sido los motivos que el Congreso ha tenido en cuenta para crear un organismo que se dedicará exclusivamente a resolver el problema y tendrá a su cargo la distribución de fondos a las instituciones públicas y privadas que colaboren en esta tarea.
Para ilustración de la Cámara, me parece sumamente útil dar a conocer algunos datos estadísticos que, seguramente, también están en poder del Gobierno, y en especial, del señor Ministro de Justicia, aquí presente. Carabineros de Chile me ha enviado la copia de un informe, con la advertencia de que "los Retenidos, tanto de Santiago como del país, corresponden sólo a una parte de los que debieron haber sido detenidos, ya que de haberse procedido a la detención de todos los que obedecen a las características de abandonados y vagos, no habría sido posible hacerlo, por falta de personal, por escasez de ubicación en las unidades policiales y porque las autoridades judiciales materialmente no pueden resolver este problema".
Para no cansar a la Cámara, no voy a leer todas las cifras, sino sólo algunas.
En 1962, los menores de 15 a 20 años de edad detenidos, es decir, que delinquieron, fueron 73.570; en 1963, 80.180; en 1964, 75.440.
En 1965, disminuyeron a 62.850, porque prácticamente no había establecimientos capaces de contener a tantos muchachitos que habían incurrido en algún delito o que vagaban por las calles de la capital y de otras ciudades.
Estas cifras demuestran lo pavoroso que es el problema. Pero el proyecto me infunde optimismo y esperanza de una pronta solución.
La Comisión de Asistencia Médico Social e Higiene acordó un procedimiento singular, gracias al cual el proyecto podrá promulgarse como ley en marzo. Recomienda aprobar todas las modificaciones propuestas por el Senado, a fin de enviar el proyecto al Ejecutivo para que lo someta a una última revisión. La Comisión comunicará las observaciones de los señores Diputados al Ejecutivo, con objeto de que las considere en el veto.
En la Comisión, el Mayor de Carabineros señor Vicuña nos dijo enfáticamente que, tres meses después de promulgada la ley, no quedará un solo niño vago en Chile. Se trata de la circulación de niños vagos, porque las fuentes generadoras de la vagancia infantil son un problema de suyo complejo, que, por cierto, debe abordarse científica y planificadamente.
En la institución creada por el proyecto recaerá la responsabilidad de que los niños vagos reciban hoy pan, techo, abrigo e inclusive orientación. Carabineros está a cargo de la primera etapa en la solución del problema. Recogerá a los niños y los llevará a las casas de menores, desde donde pasarán a disposición del juez, con el fin de que éste, previos los informes técnicos, determine el tratamiento pedagógico o médico.
Al presentar este proyecto, sus autores tuvimos presentes, fundamentalmente, dos hechos. El primero es que en Chile no habría ni hay ninguna institución directiva dedicada exclusivamente a la materia.
Si un particular, impresionado y conmovido por algún niño que pide limosna y declara no tener padres y vivir en la calle, decide ayudarlo, se encuentra con el primer tropiezo: no halla una institución dedicada exclusivamente a solucionar este problema y debe empezar a golpear las puertas de los Ministerios, porque todos ellos tienen alguna limitada ingerencia en esta materia, y de todas las instituciones privadas que, con gran esfuerzo, están construyendo hogares para albergar a los niños a quienes sus reducidos presupuestos les permiten dar amparo.
El proyecto tiende a resolver este problema a través de la creación del Consejo Nacional de Menores, que ha suscitado polémicas, debates y opiniones encontradas. El Consejo será regido por una Junta Directiva integrada por personas que recibirán una remuneración y destinarán todo su horario de trabajo a atender el problema de los menores en situación irregular, a elaborar un plan y a coordinar las labores de la institución. En la Junta Directiva habrá representantes de instituciones públicas y privadas. Se desea que todas aquellas personas que han vibrado con este problema y han hecho algo por resolverlo tengan representación en ella, para que cada una aporte su cuota de experiencia y esfuerzo, a fin de cumplir, en forma planificada y eficaz, el anhelo de dar a estos niños el amparo que merecen y que, naturalmente, deben tener.
Sin embargo, sería inoperante un Consejo Nacional de Menores que careciera de los recursos económicos necesarios para cumplir los fines de este proyecto de ley, cuales son ayudar a los niños vagos y menores en situación irregular. En consecuencia, se propone la creación de un ítem denominado "Aporte al Consejo Nacional de Menores", con cargo al cual se girarán los aportes a las diversas instituciones públicas y privadas. Naturalmente, esta materia debe ser objeto de revisión por parte del Ejecutivo, el cual puede modificarla a través del veto a la disposición correspondiente. Es preciso examinar las necesidades y las demandas de estas instituciones para que cada una disponga, no de una proporción fijada en un reglamento o en la ley, sino de un presupuesto adecuado para ampliar sus plazas y satisfacer las necesidades más elementales de los menores a quienes proteja.
Esta disposición debe quedar muy clara, aunque deba corregirse mediante un veto del Ejecutivo, a fin de impedir que una discriminación por razones ideológicas perjudique a una u otra organización o persona. La distribución de los fondos debe hacerse de acuerdo con las necesidades de cada institución. Así, por ejemplo, si una agrupación evangélica solicita un aporte al Consejo Nacional de Menores o de su Junta Directiva para habilitar 100 plazas y albergar más niños, orientarlos, darles educación, etcétera, debe bastar esa demanda y su compromiso de instalar y poner en funcionamiento estas 100 plazas, para que el Consejo Nacional de Menores proyecte su acción hacia esa institución. Si "Hogar de Cristo" o la Obra "Mi Casa" demandan también una mayor ayuda, traducida en mayor subvención, y justifica, que pretenden aumentar las plazas, debe también incrementarse sus presupuestos.
De igual manera tendrá que ocurrir respecto de los organismos del Estado. Si el Ministerio de Salud Pública indica que las instituciones del Servicio Nacional de Salud necesitan contar con determinado presupuesto para aumentar las plazas, reparar edificios, levantar casas de menores, etcétera, este Consejo deberá, al igual que con las instituciones privadas, otorgar los fondos que la ley proporciona.
A propósito del financiamiento, y esto será materia de una diligencia que cumpliré personalmente ante el Jefe del Estadoes necesario complementarlo, porque el Senado nos devolvió este proyecto con dos fuentes de financiamiento: una proveniente de las multas por infracciones del tránsito, aplicadas por los Juzgados de Policía Local y otra relacionada con un mayor impuesto a los viajes. Pero el Senado rechazó el financiamiento producido por el pago de una patente fiscal adicional equivalente al 50% de las patentes municipales que graven a los negocios de expendio de bebidas alcohólicas.
Creo que ese financiamiento debe ser repuesto en el veto del Ejecutivo, porque, además de ser justo, ataca directamente una de las tantas causas de la vagancia infantil.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Honorable señor Morales, la Honorable señorita Saavedra desea recuperar el uso de la palabra.
El señor MORALES (don Raúl).-
Con todo agrado, y muchas gracias.
La señorita SAAVEDRA.-
Señor Presidente, quise recuperar el derecho a usar de la palabra, con el objeto de informar a la Sala que terminé mi intervención y estoy a su disposición para contestar cualquier consulta.
El señor TEJEDA.-
Había solicitado la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Advierto a la Sala que cada Comité podrá disponer hasta de 20 minutos para el debate del presente proyecto y el referente a los televisores.
Tiene la palabra el Honorable señor Tejeda.
El señor TEJEDA.-
Señor Presidente, este proyecto de ley, si bien con algunos vacíos de importancia en cuanto a disposiciones concretas destinadas a prevenir realmente las condiciones que colocan a estos menores en la llamada "situación irregular", contiene modificaciones a la legislación vigente que, en todo caso, benefician a los niños.
Asimismo, este proyecto ha llegado hasta nosotros en situación irregular, dado que la modificación del Senado consiste en sustituir la iniciativa de ley aprobada por la Cámara por otra nueva, que la mejora. En efecto, se crea un Consejo Nacional de Menores encargado de planificar, supervigilar, coordinar y estimular el funcionamiento y organización de las entidades y servicios públicos o privados que presten asistencia y protección a los llamados menores en situación irregular, al cual se otorgan muy amplias facultades, en lugar de la engorrosa Comisión Interministerial de Protección de Menores establecida en el proyecto de la Cámara. En general, hace más expedita la ley.
El proyecto pudo haberse mejorado notablemente mediante algunas indicaciones que lo hicieran más operante y permitieran, en especial, abordar en profundidad la manera de eliminar las causas que llevan a los menores a marchar por sendas extraviadas. Por desgracia, en tercer trámite constitucional nada de esto puede hacerse, y no nos queda otra cosa sino aprobar o rechazar las modificaciones que estamos tratando. Por esta razón, los votos de nuestras bancas serán favorables a las enmiendas del Senado.
Este proyecto del Senado da al Consejo Nacional de Menores la calidad de "un servicio público funcionalmente descentralizado", otorgándole así la jerarquía y la autonomía indispensables para desempeñar su cometido, y dispone que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, dejando al Ministerio de Salud Pública lo relativo a la salud física o síquica de los menores en situación irregular.
El proyecto de la Cámara daba también preeminencia al Ministerio de Justicia, lo cual indica que, en general, en estas modificaciones a la ley sobre protección de menores se ha tenido en cuenta, de manera especial, lo relacionado con la delincuencia juvenil, o con aspectos judiciales de los derechos da los menores en lo referente a tuición, patria potestad, alimentos, etcétera.
Para nosotros no existen tales menores en situación irregular, sino una sociedad frente a menores que son víctimas de una organización caduca, en la cual la explotación del hombre por el hombre, el afán de lucro, los salarios miserables, la falta de viviendas, o sea, toda la máquina de explotación del sistema capitalista, conspira en forma despiadada contra la juventud.
La cesantía, el régimen de tenencia de la tierra, la explotación del campesinado, que permiten el verdadero crimen de que niños subalimentados y desnudos trabajen desde los cuatro o cinco años, ayudando a sus padres para no perecer de hambre y aumentar las ganancias del patrón; el tugurio, la promiscuidad en que viven, son los grandes causantes de que menores desgraciadamente la inmensa mayoría de los niños de nuestro país no conozcan de la vida sino sus dolores.
Este proyecto no fue estudiado, como procedía, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde seguramente habría sido objeto de modificaciones que pudieron haberlo mejorado.
Los datos estadísticos que se acompañan al informe de la Comisión de Asistencia Médico Social e Higiene de la Honorable Cámara establecen que, en el año 1965, fueron detenidos 62.850 menores, de los cuales, ¡abísmese la Honorable Cámara !, 9.874 eran menores de siete años; es decir, guaguas arrancadas a sus hogares para una investigación cualquiera, para un denuncio cualquiera. Y de ellos, 1.493 eran mujercitas. Esos niños quedan con un trauma síquico que no se ha de borrar tan fácilmente en el resto de sus días.
Este proyecto de ley no nos hace abrigar grandes esperanzas sobre sus frutos. Desde luego, mientras se mantenga el sistema capitalista ya podrido, mientras subsistan el régimen de tenencia de la tierra y la explotación de los trabajadores, es evidente que el problema perdurará. Es posible que algunos menores se beneficien, en todo caso, con estas reformas, Por eso, daremos nuestros votos favorables, para salvar siquiera unos cuantos niños.
Pero, de una vez por todas, debe prohibirse en forma terminante y efectiva, y no meramente teórica, la detención de los niños en las llamadas "secciones" o "patios" de menores en las cárceles de
Chile, que no son otra cosa que focos de delincuencia.
Un problema de importancia en esta legislación sobre menores es la forma como se tramita la declaración del discernimiento. En la práctica, para determinar si un niño obró o no con discernimiento, se le detiene y se le pone a disposición del Juez del Crimen, después de haber sido interrogado, y a veces apaleado por la policía.
En este interrogatorio previo es frecuente que investigadores inescrupulosos desnuden a las menores y las vejen durante la noche en el cuartel de Investigaciones o en algún calabozo policial. Por ese motivo, muchas niñas han sido vejadas antes de ser puestas a disposición del Juez del Crimen, o el parte es favorable o desfavorable a la menor, según los encantos con que la naturaleza la haya dotado, ¡o la complacencia que haya tenido con los investigadores.
Pasados los menores al Juez del Crimen, en la práctica son interrogados por un funcionario subalterno, quien los pone a disposición del Juzgado de Menores. El Juez de Menores, en algunos casos, es otro Juez del Crimen, quien interroga al muchacho o niña, no lo mira, no lo ve, no conoce su problema, no lo oye, y se limita a colocar una providencia que dice: "informe el Delegado de la Casa de Menores", quien, por lo menos, algo se preocupa del menor, lo ve, conversa con él, y algunas veces se informa en el propio hogar de su situación. Debo reconocer que algunas visitadoras sociales se preocupan con verdadero interés del menor. Evacuan su informe y, lógicamente, llegan a la conclusión de que el menor obró sin discernimiento, porque esa es la realidad en la mayoría de los casos.
¿Qué hace entonces el Juez del Crimen, que oficia a la vez como Juez de Menores?
Atareado por sus múltiples problemas, recargado de trabajo, actuando en locales casi inhabitables, no oye al menor, no lo mira, no lo interroga, ni siquiera lo ve, y aunque el informe del delegado de la Casa de Menores dice claramente que "obró sin discernimiento", la resolución del Juez es implacable: "Vistos, lo informado por el representante de la Dirección de Menores, se declara que el menor obró "con discernimiento".
Y, desde ese momento, el menor queda fichado como un delincuente, comienza su calvario, es sometido a proceso, y muchas veces condenado sin ninguna razón, lo que lo marca como un futuro reincidente, a quien después se le aplica también en forma despiadada la Ley Valdovinos, si vuelve a verse envuelto, por razones del ambiente, en otra redada policial.
Durante los 38 años que he ejercido como abogado en lo criminal, me ha correspondido defender miles de menores. Así, he podido conocer cómo, en el hecho, de nada les sirve esta legislación protectora.
Hace un par de años, me correspondió defender a un menor acusado por un boticario de haberle sustraído perdón, Honorable Cámara un frasco de "Aflojol" y tres preservativos.
El dictamen de la representante de menores fue claro en el sentido de que no hubo allí otra cosa sino una mera curiosidad infantil y que, por lo tanto, no cabía hablar de discernimiento. El juez, naturalmente, declaró que, con el mérito de ese informe que le negaba discernimiento, el menor había obrado precisamente "con discernimiento"; y, después de un proceso en que se escribieron centenares de páginas, se condenó al menor como autor de hurto, aunque en el mismo fallo se le perdonó la pena.
El menor, para sacarse esta mancha de una condena, pudo haber apelado; pero no tenía recursos para hacer alegar la causa en segunda instancia y, además, corría el riesgo de que la Corte, por falta de defensa, le subiera la pena. Debió quedarse con la condena, que figura en su certificado de antecedentes, lo cual, además de hacerle correr el riesgo de ser "valdovineado" por cualquier involuntaria reincidencia, lo condena prácticamente a la cesantía, porque se ha hecho una costumbre inveterada de los patrones pedir el certificado de antecedentes para el más insignificante de los empleos.
Estas son las realidades, que son mucho más fuertes que la ley.
Se necesita dotar de medios indispensables y adecuados al Consejo Nacional de Menores para que pueda realizar una labor efectiva.
De nada sirven las leyes teóricas cuando, en el hecho, no se cumplen. En el papel ha quedado la Ley de Estados Antisociales. Teóricamente avanzada con respecto a nuestra anticuada legislación penal ; pero, en la práctica, letra muerta.
Señor Presidente, el artículo 16 de este proyecto dispone que el Presidente de la República podrá crear algunos juzgados especiales de menores. Aprovecho la presencia en la Sala del señor Ministro de Justicia para pedirle que uno de estos juzgados especiales se establezca en la ciudad de Los Angeles. La industrialización de la zona, el funcionamiento de la Papelera del Laja, la ampliación de las obras de la ENDESA en la Central Abanico y el Toro, el aumento de la producción remolachera, han llevado gran afluencia de población a la región. Por otro lado, y paralelamente, hay problemas de cesantía en el campo de la construcción. Todo esto, agregado a los bajos salarios y las condiciones misérrimas de vida y a la falta de habitación, hace que los menores estén continuamente en situación de delinquir, y que, en los casos en que incurren en pequeñas contravenciones, no se les dé el tratamiento adecuado por falta de un tribunal especial para ellos.
Solicito, desde luego, que se oficie al señor Ministro de Justicia, transcribiéndole estas observaciones y, en especial, esta petición.
Quiero agregar, todavía, que contribuye a una deficiente administración de justicia la situación de indigencia en que se mantiene a los funcionarios del Poder Judicial. El personal subalterno tiene, sencillamente, salarios de hambre, y los jueces ganan, en realidad, sueldos miserable. Paralelamente, se les aumenta su labor, agregándoles cada día más atribuciones, que envuelven mayores responsabilidades. Hay jueces del crimen que son, a la vez, jueces civiles, jueces del trabajo y jueces de menores. ¿Cómo puede esperarse, humanamente, que desarrollen una mejor labor? ¡Ni siquiera tienen la compensación de un sueldo digno!
Termino....
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Sala a fin de enviar un oficio, en nombre de la Corporación, al señor Ministro de Justicia.
Acordado.
El señor TEJEDA.-
Termino, señor Presidente, reiterando que aunque no nos hacemos grandes ilusiones sobre esta ley, mientras no se corrijan las fallas que hemos señalado y mientras no se vaya al fondo de la cuestión, que no es otra cosa que el ambiente de miseria y de explotación en que nace, se desarrolla y muere la inmensa mayoría de los niños y de la juventud de nuestro país, nosotros daremos nuestros votos favorables al proyecto, que tiende a mejorar, en parte, la situación que he descrito.
Nada más, señor Presidente.
El señor PONTIGO.-
Muy bien.
El señor TEJEDA.-
El resto del tiempo lo ocupará la Honorable señora Maluenda, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de la interrupción la Honorable señora Maluenda.
La señora MALUENDA.-
Señor Presidente, tal como ha señalado el Honorable colega señor Tejeda, nosotros votaremos en favor de este proyecto, aun cuando tenemos plena conciencia de que él no solucionará el problema de fondo que afecta a miles de niños en nuestro país. Las cifras pavorosas que presenta el informe de la Comisión de Asistencia Médico Social e Higiene de la Honorable Cámara respecto a los niños detenidos y en situación irregular en nuestro país, constituye una acusación quemante contra el régimen de explotación en que vive la inmensa mayoría de los trabajadores en nuestra Patria. En efecto, si el padre o la madre no pueden mantener sus hogares en buenas condiciones y contar con las comodidades mínimas elementales para el desarrollo tranquilo y feliz de sus hijos, en forma normal y bien alimentados, es imposible la solución radical de este problema.
De todos modos, consideramos que el paso que implica este proyecto contribuye, en alguna manera, a acercarnos a esa solución.
Además de estos factores económicos y sociales que influyen en el desarrollo del niño, también hay que considerar la exaltación de la brutalidad que ven los niños en el cine, especialmente norteamericano, la radio y la televisión, porque, desgraciadamente, incluso en los canales de televisión de nuestras Universidades, hay algunos programas que, indudablemente, no son apropiados para los niños de nuestra patria y no contribuyen a su sana formación.
Por estas razones, nosotros continuaremos luchando en pro de una solución definitiva, que sólo se logrará cuando cambien realmente las estructuras de nuestro país y, entonces, todos los padres puedan ofrecer a sus niños iguales posibilidades de vida, cultura, salud y alegría.
En todo caso, nos felicitamos de este paso que se da al aprobar este proyecto, el que, sin duda, tendrá que ser corregido a través del veto, en todo aquello que sea posible en las actuales circunstancias.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
A continuación, está inscrita la Honorable Diputado señora Inés Aguilera. Tiene la palabra Su Señoría.
La señora AGUILERA.-
Señor Presidente, hoy nos encontramos discutiendo y luego, seguramente, lo aprobaremos el proyecto de ley sobre protección de menores en situación irregular.
¡Cuántas esperanzas y cuánto optimismo han puesto miles de mujeres y madres de nuestra patria en este proyecto! ¿Y por qué esperanzas y optimismo? Porque nosotras que hemos visto, por años y años, en las calles de Santiago y de las ciudades de provincias, deambular niños hambrientos y harapientos, hemos pensado muchas veces acerca de cuál es el mal que estos niños han hecho a la sociedad para que así los maltrate. Pero la verdad es que el daño no se lo han hecho, ellos a la sociedad, sino la sociedad a ellos. Y cuando culpo a la sociedad, me baso en los siguientes antecedentes: razones económicas, razones sociales y razones educacionales.
En las razones económicas residen las verdaderas y principales causas de la vagancia infantil, pues la injusticia cometida contra los padres de estos niños pollos pésimos salarios que se les paga en la industria y en los campos, repercute en el niño, que de pequeño siente el azote de la miseria en su hogar. Y esto hace que el niño, muchas veces, se vea en la necesidad imperiosa de salir a buscar el pan de cada día en una limosna esquiva y despreciativa, la limosna que, algunas veces, dan personas caritativas, y otras veces, dan quienes desean descargar su conciencia cediendo algunos pesos.
Como cansa de orden social de la vagancia infantil figura el problema de dos hogares mal constituidos. Además, creemos que los padres viciosos pueden influir también poderosamente en la mente de los niños. La existencia de los hogares mal constituidos o deshechos es un problema que debemos enfrentar con honestidad, en el futuro, porque, por falta de una legislación operante que vele y resguarde a los hijos y, también, ayude a solucionar el problema sentimental, legal y social de los padres, no podemos, en estos casos, evitar que haya niños que queden desamparados, "acomplejados" y desambientados socialmente.
En el aspecto educacional, podemos mencionar como causas de la vagancia infantil las fallas pedagógicas y psicológicas que hemos tenido hasta ahora. Es necesario que tales fallas se enmienden, enseñando en las escuelas, en forma constante, puericutlura y principios de convivencia en familia y en comunidad, y, lógicamente, moral y religión.
Estos tres factores, a mi modo de entender, y otros que por escasez de tiempo no puedo analizar como hubiera sido mi deseo, son las causas de que veamos en las calles a más de 365 mil niños, algunos de los cuales, muchas veces, cometen delitos, en tanto que otros se encuentran expuestos a cualquier tipo de degradación. Para comprobarlo, diremos solamente que, durante los años 1962 a 1965, fueron detenidos 73.753 niños en Santiago, y 291.940 niños en todo el país, en este mismo período.
Este es un índice pavoroso del problema del niño en situación irregular. Por eso, aunque estimamos que este proyecto, que modifica la ley Nº 14.907 del 5 de octubre de 1962, no es totalmente satisfactorio, le prestaremos nuestro apoyo para aprobarlo. Pero, en el futuro, esperamos hacerle las enmiendas que corresponda, ya que deseamos que salga rápidamente, sin demorarlo con un trámite más en el Senado de la República.
Esperamos que este proyecto permita poner mano firme respecto de los cines, la televisión y de todos aquellos espectáculos que contribuyen a corromper a los niños pequeños, sin que las autoridades se preocupen de ello.
Debemos destacar la cooperación desinteresada de organismos privados porque es de justicia hacer lo que están y han estado ayudando a la rehabilitación y readaptación de cientos de niños vagos, pues al Estado le resulta imposible, hasta el momento, dar abasto a las peticiones de la comunidad para sostener todos los hogares de menores que son necesarios. Es así como deseamos poner de relivie, esta tarde, la labor magnífica de muchas personas, que son verdaderos apóstoles de los niños desvalidos, como el padre RuizTagle y el padre Carlos Hurtado. Al dar a conocer estas cosas, queremos dar las gracias a todos los que están cooperando con el Estado en esta misión, pues sabemos que de 29.188 niños en situación irregular internados, sólo 8.979 menores son mantenidos por el Estado, es decir, aproximadamente el 30%.
Creemos, pues, que es de justicia reconocer estas iniciativas particulares y seguir ayudándolas.
Pero, sobre todo, señor Presidente, debemos tratar todos, en conjunto, en una labor patriótica, pero no demagógica, de ayudar a nuestro Gobierno a levantar los niveles de vida de los hogares de los trabajadores, para que, así, ellos puedan cumplir, en forma íntegra, con sus deberes del hogar. Porque todos sabemos que el caldo de cultivo de los niños vagos se encuentra en las poblaciones y conventillos, que es donde existen más problemas sociales y económicos.
De aquí, señor Presidente, que estimemos que con la creación del Consejo Nacional de Menores, encargado de proteger a la infancia, satisfaremos, en primer término las esperanzas y anhelos de las mujeres y hombres de nuestra patria; y, también, cumpliremos los acuerdos y recomendaciones de conferencias internacionales; por ejemplo del IX, XI y XII Congresos Panamericanos del Niño, celebrados en Caracas, en 1943; en Bogotá, en 1959, y en Mar del Plata, en 1964; además de las primeras Jornadas Rotarías, realizadas hace dos años en Chile.
Quisiera dar término a mis palabras, señor Presidente, con la mente puesta en la imagen, siempre viva, de Gabriela Mistral, cuya sonrisa buena, según creo, está en el ambiente de esta Sala de sesiones, porque su clamor ante el desamparo de los niños pobres de Chile, que se mantiene ardiente en sus versos: "Piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío", ha comenzado a tener en esta tarde, mediante nuestra aprobación a este proyecto, la respuesta y acogida necesaria para la solución definitiva y feliz de la vagancia infantil.
La señora DIP.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora DIP.-
Señor Presidente, quisiera esta tarde dar especial realce al proyecto de ley de que está conociendo la Honorable Corporación, relativo al niño en situación irregular.
Esta iniciativa de ley reviste extraordinaria importancia, pues viene a solucionar el grave problema que, a diario, podemos observar en nuestros pueblos y aun en la capital, donde el niño vaga por las calles, sin encontrar jamás el cariño familiar y sin la menor esperanza de un futuro mejor.
Pese a la gran labor realizada para solucionar este problema por instituciones religiosas, particulares, fiscales, y, muy especialmente, a la encomiable actitud del Cuerpo de Carabineros de Chile, que, siendo una institución de Orden y Seguridad, se ha preocupado en forma especial del niño, creándole hogares para orientarlos así hacia una vida de progreso y bienestar, esta situación sigue aún latente.
Sin embargo, en el actual proyecto de ley no he visto disposición alguna que se refiera claramente a la niña en situación irregular. Podrá decírseme que se habla del niño en sentido general; pero, creo que debe definirse claramente qué se hará con el niño en situación irregular y, expresamente también, cómo se procederá frente a la niña en esas mismas condiciones.
Está de más decir aquí que las medidas que se adopten deben ser diferentes en ambos casos. La mujer necesita un ambiente distinto, una educación y una formación también distinta y, por qué no decirlo, más delicada.
Una gran cantidad de niñas se encuentran actualmente entregadas a su propia suerte, pues es muy difícil conseguirles una ubicación o internarlas en alguna institución que pueda mantenerlas y guiarlas.
Mis Honorables colegas tendrán que estar acordes conmigo en que si aquí en Santiago es complicado colocarlas en algún internado, en provincias ello es prácticamente imposible, dada la escasez de este tipo de hogares. Por lo demás, a mi juicio, esta materia debiera ser objeto de preocupación preferente de todos nosotros, pues el futuro de las esposas y madres de Chile es el que está en juego.
No debemos olvidar, Honorables colegas, que casi no existen entidades que tengan específicamente a su cargo la readaptación de la niña en situación irregular.
Ahora bien, esta circunstancia se hace mucho más aguda en las regiones portuarias; por ejemplo, en la que yo represento, donde estas niñitas de hoy, mujeres de mañana, están expuestas, por la naturaleza misma de las actividades diarias a tantos peligros y a ver tantos actos que atentan en contra de la moral.
Considero que tanto los estadistas y políticos como los sacerdotes y sociólogos deben dar una solución integral a esta realidad, cuya prolongación se hace ya insostenible.
En consecuencia, hago un llamado serio a mis Honorables colegas, de todos los sectores, para que se unan a mi petición y se busque una solución justa, que dignifique a la niña en situación irregular, pues el día de mañana, ella será la mujer chilena que deberá intervenir en todos los actos de la vida cívica, fundamentalmente en el hogar, donde debe dar ejemplo a su familia.
Con tal objeto, será preciso crear hogares de readaptación de niñas, en todas las zonas donde sea necesario.
Señor Presidente, creo que al exponer estas apreciaciones sobre este problema, estoy cumpliendo con todos quienes tuvieron fe en nosotros. Al mismo tiempo, cumplo con mi conciencia doctrinaria y con mi deber de mujer y de madre.
He dicho.
La señora RETAMAL.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Restan cinco minutos al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora RETAMAL.-
Señor Presidente, seré breve en mi intervención.
Ya se ha manifestado que este proyecto, a pesar de su importancia, no contempla todos los casos que es preciso considerar en esta materia. Sin embargo, sabemos que si no se aprueban las modificaciones del Senado, tardaremos mucho en convertir en ley esta iniciativa.
Y, en relación con esta materia, es conveniente destacar la perseverancia del Honorable señor Morales, don Raúl, autor del proyecto, para impulsar su despacho. Mas, a pesar de su importancia, esta iniciativa legal ha permanecido un año y medio en el Congreso Nacional para cumplir dos trámites constitucionales. Por eso, esta tarde deseo llamar la atención del Senado sobre esa demora. ¿Por qué esa rama legislativa retarda tanto la tramitación de mociones o mensajes que con un poco de esfuerzo, se traducirán en leyes beneficiosas para la patria?
Como aquí se ha dicho, éste es un problema sumamente complejo, que no puede ser considerado tal cual aquí se ha intentado demostrar como exclusivo de naciones regidas por un sistema capitalista o propio de un país subdesarrollado y de repúblicas sometidas a la dictadura. Es difícil atacar las causas de este mal, pues él no se origina solamente en familias que perciben bajas remuneraciones. La Dirección General de Carabineros ha informado que, en el día, hay cierta clase de vagancia infantil y que, en las noches, existe otra categoría de delincuencia o vagancia infantil. Y no todos estos niños vienen de las clases humildes, ni de las poblaciones "callampas". También jóvenes que han vivido en la opulencia y cuyos padres siempre les han proporcionado todo andan vagando por las calles y son delincuentes.
Este es un profundo problema y, en mi opinión, todos los habitantes de Chile, es decir, los hombres y mujeres adultos, deben preocuparse de su solución.
Aunque dispongo de muy pocos minutos para plantear algunas observaciones sobre este candente tema, aprovecho esta oportunidad para pedir a la prensa, que con grandes letras se dedica a destacar cuanto crimen se comete en el país, que coopere, en parte, a resolver este problema, mediante sistemáticas publicaciones sobre la responsabilidad de la familia en la conducta de los niños vagos delincuentes. Porque las mujeres y también los hombres deben comprender que sólo la unión familiar y el buen ejemplo pueden evitar estas tragedias de sus hijos.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
La señora RETAMAL.-
Yo estimo que una amplia campaña en tal sentido podría complementar las disposiciones que esta tarde aprobaremos y que después vendrán perfeccionadas, seguramente, al ser revisadas por el Ejecutivo y ayudar en la solución del problema de la vagancia infantil. En otros términos, como lo dijo ya la Honorable Diputada informante, la comunidad entera tiene que vibrar frente a esta gravísima situación; los alumnos, los profesores, los apoderados, los partidos políticos, las instituciones religiosas, los médicos y profesionales y todas las organizadones fiscales deben contribuir con su grano de arena en la planificación científica de los métodos para derrotar esta verdadera lacra social, a fin de evitar que muchos de los niños que llegan al mundo se conviertan en delincuentes o vagos.
Esta ley pretende solucionar muchas de las situaciones que preferentemente conducen al delito y, por ello, yo digo que estas disposiciones quitan niños a las cárceles para convertirlos en fuerza motriz productora, en los probables genios que, el día de mañana, colaborarán con su inteligencia en la industria y en todas las actividades de progreso nacionales.
He dicho.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Queda un minuto al Comité Demócrata Cristiano.
La señorita PALUZ.-
Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señorita PALUZ.-
Señor Presidente, comparto plenamente lo expresado por las Honorables colegas que me han precedido en el uso de la palabra.
No deseo ahondar más sobre este problema, del cual tanto se puede decir. Sin embargo, mi inquietud como mujer y como parlamentaria, me mueve a solicitar de la Honorable Cámara la aprobación de este proyecto que hará posible avanzar en esta tarea. Algún día llegará a constituir para nosotros una honra y un orgullo haber dado a los niños desamparados de Chile la posibilidad de formarse, de ser felices y de ser útiles a nuestra sociedad.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor MONCKEBERG.-
Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente y Honorable Cámara, el proyecto de ley que nos ocupa esta tarde es de la más alta trascendencia social y humana, por lo cual todos los sectores representados en esta corporación estamos vivamente interesados en su pronto despacho.
Por desgracia, la vagancia, la mendicidad y la delincuencia de menores han llegado a constituir una verdadera lacra nacional, que ni los organismos del Estado ni las abnegadas instituciones particulares de asistencia social, con los medios de que actualmente disponen, han logrado extirpar. Para comprobar esto no son necesarias las estadísticas ni los estudios sociológicos realizados sobre la materia. Basta recorrer las calles de Santiago y de otras grandes ciudades de Chile para que nuestro espíritu se sobrecoja de impresión al contemplar los dolorosos cuadros, indignos de un país civilizado, de niños y adolescentes harapientos y abandonados, durmiendo, durante el crudo invierno, acurrucados unos contra otros o arrimados en el hueco de alguna puerta; vagando por la vía pública en procura de limosna; cultivando precozmente toda clase de vicios y entregándose, muchos de ellos, a la delincuencia y a la prostitución.
Al presenciar estos desgarradores espectáculos, no podemos dejar de pensar que estos menores serán los hombres del mañana, a los cuales la desidia de la sociedad está lanzando por el camino de la miseria, de la degradación y de la criminalidad. Por eso, es necesario poner término cuanto antes a este estado de cosas y legislar con la mayor urgencia para solucionar, hasta donde sea posible, el problema de los menores en situación irregular.
Desde que llegué a la Honorable Cámara he aportado toda mi experiencia de médico para tratar de resolver los múltiples problemas que aquejan a la madre y al niño de nuestra patria. Consecuente con esta actitud, firmé, conjuntamente con parlamentarios de todos los partidos, esta moción, que patrocinó con encomiable entusiasmo y dedicación el Honorable colega, y entonces Presidente de esta Cámara, don Raúl Morales Adriasola. El Senado estimó conveniente reemplazar íntegramente el texto primitivo aprobado por esta Corporación, conservando sólo algunas de sus ideas matrices. Sobre este nuevo proyecto nos corresponde pronunciarnos en tercer trámite constitucional.
Aunque discrepamos de algunas disposiciones incluidas por el Honorable Senado, debemos reconocer que, en líneas generales, la moción original ha sido notablemente mejorada por la Cámara revisora. Estamos plenamente de acuerdo con la idea básica de esa Alta Corporación, consistente en sustituir la Comisión Interministerial de Protección de Menores, formada por una verdadera asamblea de funcionarios y representantes, por un organismo más ágil y eficaz, como es el Consejo Nacional de Menores. También se ha logrado perfeccionar, precisar o complementar varias formas de la Ley de Protección de Menores, en términos que harán más expedita su aplicación práctica.
No obstante estos aspectos positivos, es necesario dejar constancia de los principales puntos en que no compartimos el criterio del Senado o en los cuales consideramos indispensable que se llenen ciertos vacíos o se acelere el alcance de algunas disposiciones.
En primer término, el artículo 5º impone a las instituciones privadas del ramo, la obligación de disponer hasta de un 20 % de sus plazas para admitir a los menores que los Tribunales respectivos o los Consejos Técnicos destinen para su internación en ellos, pero no indica "qué compensación económica van a recibir tales entidades por este servicio.
También es injusto lo dispuesto en el artículo 7º, por cuanto pretende que las capellanías, clases de religión y de moral o asesorías religiosas y espirituales, que son de tanta importancia para la formación y rehabilitación de los menores internados, serán ejercidas gratuitamente.
Por otra parte, es inaceptable y contrario a todo principio de equidad, que se limiten los aportes a las instituciones privadas, como lo hace el artículo 17, inciso tercero, a sólo un 10% de los recursos que se destinen a subvenciones, pasando por alto la reconocida eficiencia y profundo sentido espiritual y humano que tienen estas entidades, contrastando a menudo con el carácter burocrático y frío de ciertos organismos fiscales congéneres. Al respecto, nos referiremos sólo a un hecho objetivo numérico e inobjetable, cual es el que mientras se pretende otorgarles sólo el 10% de los recursos disponibles, estas instituciones del sector privado atienden actualmente al 60,8% de los menores en situación irregular, internados o en régimen de colocación familiar, sin contar a los que reciben atención diurna o son atendidos temporalmente en colonias de vacaciones o preventorios. Cabe agregar, además, que resulta mucho más económico para el Estado que esta función de asistencia y protección a los menores se cumpla subvencionando en una pequeña parte de sus presupuestos a entidades privadas, que manteniendo establecimientos propios a un costo enormemente más elevado. Desde todo punto de vista resulta, por la tanto, injusto e ilógico que el proyecto pretenda limitar en la forma indicada los aportes a estas instituciones, como resulta también engorroso y superfluo que se desee establecer la obligación, como lo hace el artículo 17, de que la Ley de Presupuesto, especifique y detalle cada dos años cuáles serán las entidades que recibirán dichas subvenciones.
Finalmente, debo observar que el proyecto del Senado se limita a crear un nuevo organismo administrativo, pero no señala los principios que deben inspirar su acción ni da ninguna pauta orientadora de una política de protección de menores, aspectos que deben considerarse en forma preferente al legislar sobre esta materia. Se echa de menos, también, la existencia de disposiciones que fomenten el sistema de colocación familiar, que es, tal vez, el mejor instrumento de rehabilitación de los menores en situación irregular; y el establecimiento de normas más eficaces que las actuales para individualizar y sancionar a los explotadores de la mendicidad infantil, cuyas actividades constituyen uno de los principales factores que generan esta triste lacra social. Por último, consideramos un error haber restringido al ámbito de aplicación de la ley a los menores de 18 años en lugar de abarcarlos hasta los 21 años, como lo establecía la moción aprobada en primer trámite y como lo dispone el artículo 3º de la ley Nº 14.907.
No obstante todas estas observaciones, y fuera de otras reservas que podríamos formular sobre ciertos puntos de carácter procesal, los Diputados de estas bancas daremos nuestros votos favorables al proyecto del Senado, porque, en líneas generales, es mejor que el texto aprobado por la Honorable Cámara y, sobre todo, porque no queremos demorar el despacho de esta importante iniciativa.
Como decía al comenzar esta intervención, es indispensable y urgente legislar sobre esta materia, aunque no estemos en condiciones, agregaré, de dictar una ley suficientemente eficaz y completa.
Por las razones indicadas, aprobaremos el proyecto en debate, confiando en que por la vía del veto o mediante futuras modificaciones legales se subsanen los vacíos y defectos que observamos en el texto ya despachado por el Honorable Senado.
Asimismo, y antes de terminar, creo que es la ocasión para rendir homenaje al Padre RuizTagle, al PadreHurtado, representantes de las instituciones particulares, y hacerlo extensivo al Honorable señor Morales Adriasola, quien, viendo que, pese a las iniciativas de las instituciones privadas, no era posible dar solución a este problema, ha ideado y trabajado en la moción que dio origen al proyecto.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma
El señor TUMA.-
El proyecto en debate es uno de los más interesantes y humanos que he conocido durante los cinco años que llevo en la Honorable Cámara.
Quiero felicitar al Honorable señor Morales Adriasola por esta iniciativa; asimismo, no deseo dejar pasar la ocasión para congratular también a mi viejo y buen amigo el padre don Alfredo RuizTagle, con quien hemos conversado muchas veces sobre esta materia y cambiado numerosas ideas.
La verdad es que la iniciativa es magnífica y el proyecto, en general, es bueno. Evidentemente, incurre en algunas omisiones, susceptibles de ser enmendadas por el Ejecutivo mediante el veto aditivo.
También quiero hacer presente que en la Comisión Especial Antialcohólica de la Cámara, creada el año pasado, y que preside la Honorable colega doña Wilna Saavedra, también habíamos contemplado la necesidad de legislar sobre esta materia, especialmente en lo que se refiere a la represión del alcoholismo. Porque la vagancia infantil, el abandono del hogar y la delincuencia de menores, muchas veces, deriva del hecho de que los niños tienen padres alcohólicos.
Por estas circunstancias, si dentro de la Comisión Especial Antialcohólica llegamos a conformar un cuerpo legal para someterlo a la consideración de la Honorable Cámara, tal vez podamos tener oportunidad, si es que el Ejecutivo no lo hace a través del veto aditivo, de remediar algunas de las omisiones de este proyecto.
Varias de las observaciones hechas por el Honorable señor Monckeberg me parecen atendibles. Solicito que sus observaciones sean transcritas al señor Ministro de Justicia, en nombre de la Corporación, para que puedan ser consideradas en un veto aditivo.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar oficio al señor Ministro de Justicia, en nombre de la Cámara y en los términos señalados por el Honorable señor Turna, don Juan.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor TUMA.-
Ampliando nuestras ideas sobre este proyecto, pienso que, por medio del veto aditivo, podría establecerse que el Ministerio de Tierras y Colonización entregara a la institución legal que se crea, algunos predios fiscales rústicos.
Estimo que los menores en situación irregular y los delincuentes precoces podrían ser recuperados a través del trabajo. Para ello, nada mejor que crear hogares campesinos, hogares agrícolas, donde los productos naturales de nuestros campos, como la madera, se podrían explotar racionalmente con niños mayores de 15 años, hasta de 18 años; establecer algunas industrias artesanales para fabricar juguetes; transformar la madera en muchos objetos y, tal vez, instalar talleres mecánicos. Además, podrían hacerse labores agrícolas por los niños en estas colonias de recuperación de menores, en las cuales practicarían y aprenderían el cultivo de la tierra.
La misma producción de estos predios papas, trigo y hortalizas, por ejemplo serviría para la mantención de los menores. Y así, por medio del trabajo, encontraríamos, tal vez, el mejor camino para la recuperación de estos elementos, de los cuales la sociedad no se había preocupado hasta este momento.
Por estas razones, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Tierras y Colonización para pedirle que estudie la entrega al futuro Consejo Nacional de Menores de algunos predios fiscales para crear en ellos hogares de recuperación de menores.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para enviar, en su nombre, el oficio a que se ha referido el Honorable señor Turna.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor TUMA.-
Otra objeción que nos merece el proyecto es la relativa a los escasos recursos que se entregan al Consejo Nacional de Menores. Para cumplir sus objetivos necesitará ingentes medios económicos, y los que se determinan en el articulado, en base a un ítem en el Presupuesto del Ministerio de Justicia que se consultará anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación son, hasta cierto punto, inciertos, porque tememos que pueda ocurrir lo mismo que con la Dirección de Asuntos Indígenas, por ejemplo, cuyos recursos se obtienen de la misma manera. Este año, sin ir más lejos, la partida que se destina a esa Dirección es inferior a la de 1965.
Sobre todo, me llama la atención en este proyecto los escasos recursos que se destinan a becas y a gastos varios para la adquisición de vestuario y alimentos para los menores.
Si los fondos no se establecen por ley, generalmente es una ilusión contar con ellos por otra vía. Por lo tanto, me habría gustado que se hubiera determinado alguna cifra mínima siquiera en el Presupuesto de la Nación para los fines que persigue la iniciativa. De lo contrario, aparecemos despachando un proyecto que no podrá más tarde cumplir sus objetivos por falta de recursos.
Tenemos entendido que necesitamos crear más hogares donde albergar a estos menores. Ahora mismo, si se pone en práctica esta ley, los jueces se van a enfrentar con el problema de no tener dónde enviar a los niños, porque esos hogares no existen.
El Juez del Cuarto Juzgado de Santiago, don Jorge Pica, me ha contado un caso: tenía a un ciudadano recluido porque fue denunciado por prácticas inmorales; pero, como no se le pudo comprobar el delito, no fue condenado.
Se estableció que padecía de una enfermedad mental, y que, por lo tanto, debía ser recluido en un hospital siquiátrico. Sin embargo, hace un año que se espera haya un establecimiento donde enviarlo; lamentablemente, no lo hay ni los familiares pueden llevarlo a su casa. Por eso, nos vamos a enfrentar a este mismo problema, si la ley no crea los hogares necesarios para contener a 62 mil niños, que fue la cifra de los detenidos durante el año 1965; y no se detuvieron más, según reza el informe, porque los carabineros, como consecuencia del último terremoto, fueron destinados a las preocupaciones derivadas de la reconstrucción. La mayor parte de esos niños fueron recogidos en la provincia de Santiago.
Estas son mis observaciones. Lamento que, por circunstancias obvias, no haya tenido oportunidad de hacerlas antes, pero la verdad es que me interesa mucho la aprobación de este proyecto. Por eso, aun cuando tiene vacíos, los miembros del Comité Socialista aprobaremos la modificación del Senado que, en cierto modo, mejora la redacción del proyecto original.
Concedo una interrupción a mi Honorable colega señora Allende.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Con la venia de Su Señoría, puede usar de la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, el proyecto en debate, en su tercer trámite constitucional, se refiere solamente al menor irregular, a las medidas de protección para este tipo de niño y a su adaptación a la vida normal. Sin embargo, con los recursos que a él se destinan, sólo se podrá dar solución a una pequeña fracción de la gran cantidad de niños que se encuentran en esta condición.
Serán atendidos unos 100 mil niños cuando es necesario atender a unos 600 mil. A pesar de esto, los socialistas estamos dispuestos a apoyarlo, en consideración a que es un adelanto dentro de la actual legislación, y a que estamos de acuerdo con la modificación introducida por el Senado, que mejora el proyecto de la Cámara.
Revolucionario habría sido encarar este problema con un sistema diferente; pero, como es tradicional, aquí se discuten modificaciones a regímenes establecidos anteriormente. Este es un proyecto propio y específico de un sistema capitalista, con medidas correctivas y de readaptaciones, que sólo da soluciones parciales, pero que no va al fondo del problema.
¿Por qué existe el niño irregular? Los niños no nacen divididos en buenos y malos. El niño irregular es producto de una mala situación económica, en especial de la familia obrera.
La solución debe ir a las causas específicas.
Hay que dar asistencia especial a la mujer embarazada que sin una alimentación adecuada jamás podrá tener una guagua bien conformada y sana.
El Código del Trabajo establece para la mujer que trabaja, las salas cunas, pero éstas sólo son destinadas a los lactantes de hasta un año. ¿Y qué ocurre con el niño de uno hasta cinco años? Para él hay el abandono, la calle, porque la mujer obrera, mientras está en su trabajo, deja solas a sus pequeñas criaturas. Hay una falta total de asistencia. Actualmente se construyen sedes sociales en las poblaciones, pero más importante sería que se levantaran guarderías y jardines infantiles. La madre que, obligada por la miseria, trabaja, deja a sus hijos a la deriva, vagando por las calles, donde adquieren malos hábitos y costumbres.
El niño, como el árbol, debe ser conformado desde su nacimiento. De ahí la gran importancia que tiene el período parvulario.
Hay una disposición, la del artículo 3º de la ley Nº 15.228, que dice: "Facúltase a la Corporación de la Vivienda para que, con cargo a los aportes fiscales, construya los edificios de utilidad pública necesarios para el desarrollo social de las poblaciones y los transfiera gratuitamente a las instituciones estatales o municipales o los enajene o arriende a otras instituciones de acuerdo con sus leyes orgánicas".
Como el artículo habla de la construcción de edificios "para el desarrollo social", la Corporación de la Vivienda debiera construir las casas con guarderías o jardines infantiles.
Por este motivo, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a fin de que se ordene aplicar el artículo 3º de la ley Nº 15.228, dándose prioridad a la construcción, "para el desarrollo social", de locales, en cada población, que sirvan de guardería o jardín infantil destinados a los niños de uno a cinco años; y que no se entregará ninguna población sin este esencial requisito social.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Corporación para enviar al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo el oficio solicitado por la Honorable señora Allende.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, deben crearse jardines infantiles para preparar al prescolar desde su formación física y moral hasta su ingreso a la escuela; todo esto bajo el control de profesionales idóneos. Igualmente, debe atenderse al estado de su salud, en el amplio sentido de esta acepción.
El Estado debe tener preocupación preferente por el niño en todas las etapas de su desarrollo, porque el elemento humano es el mejor y mayor capital que posee una nación. Y esto sólo se alcanzará cuando el hombre y la mujer obreros, tengan un salario justo que compense en forma su trabajo, porque la miseria, que acosa a la familia, obliga a que la mujer trabaje y deje solos a sus hijos.
Si no existen los llamados jardines infantiles o guarderías, los niños de las mujeres que trabajan se van a la calle. Y no sólo los de éstas. ¿Cuántas veces no han llegado madres hasta nosotros a pedirnos ayuda para atención médica o cualquier otro servicio, y con suma urgencia han tenido que regresar a sus casas a ver a sus pequeños de tres o cuatro años que han dejado en la pieza con llave o a cargo de un hermano un poco mayor?
Por estas razones, debe dictarse alguna vez una legislación que atienda a la niñez abandonada y le dé asistencia necesaria en la edad preescolar.
Mucho se habla de todo esto y muchos proyectos siguen durmiendo en el Congreso. Por eso las mujeres deseamos que ahora se legisle para la familia, a fin de que la juventud, el hombre del futuro, llegue a ser un adulto con la preparación y la formación moral necesarias. Y al legislar en esta forma, lo hacemos pensando en la frase de Fidel Castro: "El niño nació para ser feliz", y en la que tuvimos durante la campaña presidencial: "El único ser privilegiado debe ser el niño".
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El señor MORALES (don Raúl).-
Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Raúl).-
Concedo una interrupción al Honorable señor Palestro.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Palestro.
El señor PALESTRO.-
Señor Presidente, el Honorable compañero Tuma y la Honorable señora Allende han planteado algunos aspectos y consideraciones sobre el importante proyecto en debate, que tiende a solucionar el grave problema de la vagancia infantil, que tan profundamente golpea la sensibilidad de los hombres.
Los Diputados socialistas votaremos favorablemente esta iniciativa, cuya paternidad corresponde al Honorable colega señor Raúl Morales. Pero antes deseamos plantear que es el Estado y así sucede en los países más avanzados e incluso en los del mundo capitalista el que toma el control para solucionar un problema tan grave, de incidencia decisiva en el futuro de los pueblos.
Nosotros respetamos la intervención de entidades particulares y privadas que se han preocupado por este problema. La respetamos, porque hasta ahora ningún Gobierno, absolutamente ninguno, le ha buscado una solución de fondo e integral.
Por eso valoramos en toda su dimensión la iniciativa del Honorable señor Morales. Pero estimamos que si el Estado no toma parte activa o principal en la solución del problema, el proyecto en debate, al igual que otros tan bien intencionados como éste, será, simplemente, un parche nuevo en un traje sumamente viejo. El traje viejo no es otro que el mundo capitalista, el sistema económico que nos rige, y los parches nuevos son estas leyes que vamos colocando en la estructura de un mundo que habrá de derrumbarse con todas las aberraciones que encierra.
Naturalmente, apoyaremos este proyecto, porque contiene una gran finalidad; es como colocar algunos hitos en este largo camino, a fin de arreglar los grandes problemas de Chile, de su juventud y de su niñez. Por eso, repito, aquilatamos en toda su dimensión la magnífica iniciativa del Honorable señor Morales, que constituye un avance, un paso hacia adelante, en la solución total del niño en situación irregular.
Tal como lo dijeron en su intervención la Honorable señora Allende y el Honorable señor Turna, los socialistas votaremos favorablemente la modificación del Senado, porque esta iniciativa debe convertirse rápidamente en ley, para que empiece a operar con la mayor brevedad posible.
Muchas gracias.
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Puede continuar el Honorable señor Raúl Morales; a continuación, la Diputada informante, Honorable señorita Saavedra.
El señor MORALES (don Raúl).-
¿Cuántos minutos restan al Comité Radical?
El señor ISLA (Vicepresidente).-
Dieciséis minutos, Honorable Diputado.
El señor MORALES (don Raúl).-
Señor Presidente, agradezco muy sinceramente las palabras de los Honorables señores Monckeberg, Tuma y Palestro, y de nuestra distinguida colega señora Retamal, por los modestos esfuerzos que he realizado para impulsar una legislación en favor del niño abandonado o en situación irregular.
Ahora quiero aprovechar el tiempo del Comité Radical para analizar una inquietud planteada por el Honorable señor Tejeda, de suyo difícil, y que fue motivo de debates en el Senado al discutirse modificaciones introducidas por el Ejecutivo; me refiero al discernimiento de los menores en situación irregular.
Precisamente, se desea modernizar la legislación sobre esta materia. El Juez de Menores dictará sus resoluciones de acuerdo con los informes técnicos que se le presenten, sobre cada uno de los niños recogidos. Y se crearán nuevos Juzgados de Menores a lo largo del país, a medida que sea necesario.
Entre estos informes técnicos, van a estar los del psiquiatra, del psicólogo, de la asistente social, etcétera, de tal manera que el Juez procederá, en todo caso, con mayor conocimiento de causa y con antecedentes mejor fundados en la realidad.
El Honorable señor Tejeda nos planteaba su inquietud, a pesar de que ahora sería el Ministro de Justicia el encargado de esta materia, y concluida que esto podría significar que cambiara la orienta ción de la ley hacia fines más correctivos que los que establecía la antigua legislación chilena sobre la materia.
Por mi parte, quiero decirle a Su Señoría, porque es útil aclarar una duda de esta naturaleza, a fin de que ella no quede flotando en el ambiente, que el Ministro de Justicia va a presidir el Consejo Nacional de Menores, sólo por razones de carácter formal, consecuentes con la columna vertebral del proyecto. Porque los Juzgados de Menores van a recibir antecedentes y a determinar el destino del niño y el tratamiento médico o pedagógico al que se le someterá. Por consiguiente, serán los Jueces, quienes, basados en los informes técnicos de profesionales responsables, determinarán, repito, el destino del niño y la naturaleza de su tratamiento. Naturalmente, le será mucho más fácil al Ministro de Justicia que al de Salud Pública poner en marcha este engranaje, a través de los Jueces de Menores.
Además, señor Presidente, ¿por qué vamos a desconocer un hecho?
El Ministro de Salud Pública tiene la misión principal de representar al Gobierno en las materias propias de su Cartera y presidir los Consejos del Servicio Nacional de Salud y del Servicio Médico Nacional de Empleados.
El Servicio Nacional de Salud cuenta con un modesto Departamento que se encarga da los menores en situación irregular. Dados los múltiples problemas de que se ocupa esa institución, como son los relativos a la salubridad y sanidad de la población, no puede dedicarle atención preferente a los menores en situación irregular. En consecuencia, ha sido nuestro propósito que una Comisión técnica, dedicada exclusivamente a la materia, sea la que tenga a su cargo el financiamiento de este engranaje que la ley irá creando.
Antes de conceder las interrupciones que me han solicitado, quiero referirme también a otra crítica que se ha formulado. ¿Por qué puede calificarse, justamente, esta legislación como incompleta e insuficiente? A medida que vamos conociendo más la trayectoria de los proyectos en el Congreso de nuestro país, nos damos cuenta de que, en muchas oportunidades, es más importante salvar cierto trámite legislativo que detenerse a perfeccionar los preceptos de una iniciativa. Así, por ejemplo, se presentó la moción en la Honorable Cámara. Esta Corporación la despachó en el lapso de cuatro meses en el período parlamentario pasado. Nuestro objetivo fue que se aprobaran la creación de una Comisión u organismo central dedicado exclusivamente a la solución de este problema; y el financiamiento adecuado de esa entidad, con ayuda de instituciones públicas y privadas. Esto se logró. En el primer trámite constitucional se respetaron esas ideas básicas. De esa manera, el proyecto con muchas imperfecciones, llegó al Senado.
Después, cambió el Gobierno. En consecuencia, dos Ministros de Justicia y dos Presidentes de la República tuvieron a su cargo el estudio de esta iniciativa. Sin embargo, cabe destacar especialmente la actuación del Ministro de Justicia, señor Pedro J. Rodríguez aquí presente. Ellos realizaron un estudio prolijo y detenido de todas sus disposiciones. Con el Primer Mandatario sostuvimos varias conversaciones sobre el particular, ya que estaba especialmente interesado en que se aprobara el proyecto. Pese a los reparos que se le podían formular, el proyecto salió de la Cámara con las ideas esenciales ya señaladas. Posteriormente, con la cooperación de los parlamentarios y el Gobierno, se mejoró el proyecto en el Senado. Allí se le agregaron y se reemplazaron sus disposiciones, agilizando su aplicación para cumplir más eficazmente la finalidad que la ley persigue.
Este es el tercer trámite constitucional del proyecto. Evidentemente que todavía es imperfecto; sin duda que es incompleto y que se pueden formular críticas a su articulado. Es imposible, por la escasa legislación chilena sobre esta materia y la falta de experiencia al respecto, elaborar de inmediato un cuerpo legal que contenga todas las disposiciones necesarias para dar una solución definitiva al problema de la vagancia infantil. Pero la Comisión de' Asistencia MédicoSocial e Higiene, inspirada en el mismo propósito que se tuvo presente en el primer trámite constitucional, aprobó las modificaciones del Senado, para que este proyecto pueda convertirse en ley en 1966.
Pero éste no será, seguramente el texto definitivo. El Presidente de la República revisará sus disposiciones. Durante la discusión del veto del Ejecutivo podremos pulir el proyecto y despachar, en definitiva, una ley que satisfaga a los señores Diputados y Senadores y a la opinión pública interesada en la materia.
Todavía más, después de su promulgación será posible modificar la ley, de acuerdo con la que aconseje la experiencia. Esta será la primera ley que se dicte en el país para proteger a los menores en situación irregular, a través de una institución que se ocupará de este problema en forma exclusiva. Más adelante, será la experiencia la que permitirá dictar un verdadero código de menores, y perfeccionarlo.
En consecuencia, al cabo de algunos años podremos mejorar o complementar las disposiciones de esta ley, en forma que satisfaga las inquietudes de los diferentes sectores.
El Consejo Nacional de Menores tendrá a su cargo la planificación y orientación de las medidas que proceda adoptar para el cumplimiento de sus funciones. Este organismo recibirá, también, las insinuaciones de entidades públicas y privadas y tendrá las demás atribuciones que la ley le entrega. Por simple decreto podrá adoptar las decisiones que sean necesarias para ir resolviendo todos los problemas relacionados con los menores en situación irregular.
Le encuentro razón a los Honorables colegas cuando dicen que el origen de la situación irregular de los menores es esta sociedad imperfecta. Pero, precisamente, en nuestra democracia, a través de la ley, se pueden corregir estas imperfecciones en el debate abierto o a través del diálogo permanente. La ley, poco a poco, se encarga de eliminar los vicios.
Creemos que en nuestra sociedad hay defectos que deben corregirse. Este proyecto es un avance hacia una solución que todos anhelan. Seguramente, con la experiencia que recoja el Consejo Nacional de Menores, y gracias, también, al espíritu patriótico y a la sensibilidad de nuestro pueblo frente a este problema, podremos establecer, en definitiva, un estatuto o un código de menores.
Por el momento, creo que estamos despachando un proyecto que dará solución formal y en el fondo, inmediata y mediata, a este problema que nos preocupa.
Inmediata, porque se crea una institución que, en el transcurso del año, deberá recoger a todos los niños vagos de Santiago y de provincias, para proporcionarles pan, techo, abrigo o la atención pedagógica o médica que necesiten. Esto es algo concreto que nos llena de optimismo y esperanza.
El proyecto en debate entrega también una posibilidad mediata de encarar el problema, porque el Consejo Nacional de Menores estudiará y analizará las causas mismas de la vagancia infantil y de la situación irregular de esos menores.
En consecuencia, creo que podemos estar tranquilos, ya que estamos concurriendo con nuestros votos y voluntades a la aprobación de un proyecto de ley que, si bien es imperfecto por las razones ya indicadas, en todo caso permitirá la educación y reincorporación a la sociedad de muchos niños.
Señor Presidente, el Honorable señor Garay me ha pedido una interrupción. Se la concedo con mucho gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Garay.
El señor GARAY.-
Señor Presidente, en el curso de la última campaña presidencial, en la que teníamos la certeza de que nuestro candidato, señor Eduardo Frei, sería elegido Presidente de la República, vimos a esos niños vagos, que son una lacra social y la manifestación de la mala organización de un país. Pensamos, entonces, que por el hecho de tener el título de médico debíamos buscar solución a este gravísimo problema, de incalculables consecuencias para la sociedad chilena.
En esa época, teníamos ya conocimiento del proyecto de nuestro Honorable colega señor Raúl Morales Adriasola y, tal vez por eso, no presentamos una iniciativa al respecto; pero llevábamos, dentro de nosotros, el deseo de encontrar una solución, lo más completa posible, para terminar con este vicio social, que no sólo nos hace sentir resquemor hacia la sociedad que lo permite, sino que es un espectáculo indigno de un país civilizado, que deben presenciar los ciudadanos extranjeros que nos visitan.
Este proyecto de ley tiene un mérito extraordinario y felicito a mi colega de representación provincial, Honorable señor Morales Adriasola, por haberlo presentado. Debo manifestar que le he ofrecido todo mi esfuerzo y mi colaboración más entusiasta para resolver este problema. Hago público este hecho y pido a la Honorable Cámara, al igual como lo han hecho otros Honorables colegas con anterioridad, porque no quiero abundar en argumentaciones que ya se han dado, que pongamos todo lo necesario de nuestra parte para que este proyecto sea una realidad.
Quiero aprovechar la presencia del señor Ministro de Justicia en esta Sala, para hacer algunas breves consideraciones, pues no deseo prolongar demasiado mi intervención.
Al revisar los datos referentes a la delincuencia en Chile, hemos podido comprobar que aumenta cada vez más la participación de muchachos menores de 18 años en la comisión de hechos punibles. Frente a esta situación, quiero preguntar: ¿hasta qué punto es compatible con las actuales normas del Código Penal sobre la edad que determina la responsabilidad de una persona? Hago esta consulta, porque no tengo ni los antecedentes ni los conocimientos suficientes para pronunciarme sobre este particular. Pero en la Sala hay Honorables colegas y Ministros de Estado con versación jurídica que pueden responder esta interrogante. Se trata de precisar el concepto de niño vago y saber desde qué edad vamos a considerar responsable al menor. Porque en los últimos tiempos hemos conocido actos delictuales cometidos por menores de 18 años a los cuales no se les ha podido aplicar la pena correspondiente al delito, en virtud de no ser considerados responsables.
Creo que con motivo del despacho de esta ley, el Ministerio de Justicia debe revisar la legislación vigente sobre la responsabilidad penal en razón de la edad, porque va a llegar el momento en que vamos a tener que fijar y considerar la posibilidad de aplicar un nuevo criterio al respecto, para que se impongan las sanciones que correspondan a los delitos cometidos.
Termino haciendo votos porque esta Cámara entregue al Gobierno un arma poderosa que contribuya al mejoramiento de las capas más necesitadas de nuestra sociedad, ya que como hombres conscientes del mandato que nos confirió el pueblo, tenemos que conceder herramientas legales como ésta, para remover las lacras sociales y promover el progreso del país.
El señor TEJEDA.-
¿Me concede una interrupción, Honorable señor Morales?
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Morales, don Raúl. Advierto que le resta medio minuto al Comité Radical.
El señor MORALES (don Raúl).-
Si el Honorable señor Tejeda quiere hacer uso del medio minuto que nos queda, le concedo la interrupción con el mayor agrado.
El señor TEJEDA.-
Muchas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Tejeda.
El señor TEJEDA.-
Señor Presidente, deseo referirme a las observaciones que acaba de hacer el Honorable señor Morales en relación con el problema del discernimiento. En realidad, este nuevo proyecto no modifica fundamentalmente la situación actual. Soto introduce una ligera variación al aumentar un poco los informes técnicos. Pero, por otra parte no obliga a los Jueces a acatarlos.
Además, mantiene en plena vigencia el inciso tercero del artículo 19, que establece que en caso que el juez estime que el menor obró sin discernimiento, la resolución será revisada, en consulta por la Corte de Apelaciones.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Ha terminado el tiempo del Honorable señor Morales.
El señor TEJEDA.-
Podemos continuar en el tiempo de nuestro Comité, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede continuar Su Señoría, en el tiempo del Comité Comunista.
El señor TEJEDA.-
De este modo, la nueva ley de menores mantiene la preeminencia de la resolución judicial sobre la validez de los informes técnicos en el problema del discernimiento. En esto no se observa un gran adelanto en esta iniciativa legal.
Respecto a la intervención o a la preeminencia que se da al Ministro de Justicia, que no me parece mal, creo que he sido erróneamente interpretado por el Honorable señor Raúl Morales. Tengo la versión taquigráfica de lo que dije. En síntesis, es lo que sigue: La circunstancia que tanto el proyecto de la Cámara como el del Senado den preeminencia al Ministro de Justicia significa tal como decía el Honorable señor Morales que en esta materia el proyecto se ha limitado a hacer modificaciones en los aspectos judiciales de las pensiones alimenticias, delincuencia infantil, abandono de la familia y otros aspectos meramente judiciales. De tal manera que en eso hemos coincidido.
Finalmente, deseo aprovechar la oportunidad para reparar una injusticia. Aquí se ha rendido homenaje a personas que han participado en el estudio y despacho de esta iniciativa legal, pero se ha omitido y silenciado el nombre del verdadero padre de la Ley de Menores, del padre de la legislación de menores. El fue el primer Juez de Menores don Samuel Gajardo Contreras, a quien conocí en la época en que se redactaba la primera ley sobre esta materia. El señor Gajardo, merece en este momento, el homenaje de toda la Honorable Cámara.
Nada más.
La señorita SAAVEDRA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señorita Saavedra.
La señorita SAAVEDRA.-
Señor Presidente, deseo referirme brevemente a algunas observaciones hechas por la Honorable señora Laura Allende en relación con este proyecto.
La Honorable señora Diputada decía que esta iniciativa tendía más que nada a la asistencia de los menores en situación irregular, y no a evitar que ella se produzca.
Al respecto, debo decirle que las atribuciones y responsabilidades que se dan al Consejo Nacional de Menores están encaminadas, precisamente, a prevenir la situación irregular de los menores.
Estoy de acuerdo con la Honorable Diputada en el sentido de que en este momento debemos luchar en contra de un estado de cosas semejante. Por eso, estamos luchando desde ya contra el régimen imperante en esta materia. t Quiero destacar que la política de nuestro Gobierno en este problema de la situación irregular de los menores es, justamente, buscar soluciones, no sólo a través de una legislación como ésta que saldrá aprobada por la Honorable Cámara. También lo está haciendo a través de otras leyes que han sido ya aprobadas. Por ejemplo, mediante la que creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, uno de cuyos objetivos es el equipamiento comunitario, que no sólo permitirá disipar las inquietudes que la Honorable colega Allende manifestaba con respecto a los jardines infantiles, sino que también contribuirá a darle otra fisonomía a las poblaciones, conforme a lo que el Presidente Frei manifestó durante su campaña electoral en el sentido de que no quería ver en su gobierno casas en hileras, sino verdaderos barrios dentro de las poblaciones.
Creo que es importante destacar esto, porque estoy convencida de que a través de una nueva estructura social, mediante una política económica planificada, un nuevo plan habitacional, una reforma educacional, y un sinnúmero Se medidas que ayudarán a cambiar el actual estado de cosas, podremos prevenir realmente la situación irregular de los menores, puesto que hay que atacar verdaderamente las causas que la provocan, que son innumerables.
Esto es todo lo que quería decir.
Concedo una interrupción al Honorable señor Cancino, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Cancino.
El señor CANCINO.-
Señor Presidente, es una realidad, cuya evidencia tenemos que reconocer, la existencia de una gran cantidad de niños en situación irregular, ya sea por causas físicas, síquicas, ambientales o de abandono familiar.
Hasta el momento, instituciones particulares y el Estado habían tratado de solucionar, en parte, este problema tan grave. Pero, del gran número de niños que se encuentran en esta situación, unos cuatrocientos mil, esas instituciones sólo habían podido lograr la tuición de un diez por ciento.
Por eso, el Honorable señor Morales, don Raúl, ha tenido el mérito de captar esto y de traducirlo en un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara y cuyas ideas matrices se mantienen con las modificaciones del Senado. También el mérito es de nuestro Gobierno, porque él envió al Senado las modificaciones para sustituir gran parte del articulado que había sido ¡aprobado en esta Honorable Cámara, lo cual significa, en síntesis, que los esfuerzos dispersos que efectuaban los distintos organismos del Estado y particulares se coordinarán en una acción planificada y ágil, para llevar a cabo una tarea de envergadura que puede dar una solución efectiva a este grave problema.
Si bien es cierto que éste no es un proyecto perfecto, ninguna obra humana lo es creo que con su aprobación se dará un paso trascendental en la legislación vigente, al crearse el Consejo Nacional de Menores y entregarle facultades para actuar en la planificación, coordinación, supervigilancia y funcionamiento de las organizaciones que de él dependerán. Al mismo tiempo, al contrario de lo que aquí se ha dicho por algunos colegas, este Consejo contará con los recursos adecuados.
Por tales razones, considero que esta tarde vamos a aprobar una ley muy importante, que tendrá la virtud de recuperar para la comunidad, para la vida útil y digna, a muchos niños que hoy vagan por las calles. Como se afirmó en la Comisión y se ha repetido en la Sala, a partir de la aplicación de esta ley, en un lapso muy breve, terminará la vergüenza que constituyen para el país los niños vagos que pululan por nuestras calles. Y el propio señor Vicuña, jefe policial encargado de este problema, manifestó que en un plazo de tres meses se le dará solución.
Por estas razones, consideramos que estamos en presencia de un proyecto trascendental, un proyecto más en el que le ha correspondido una acción decisiva al Gobierno.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede continuar la Honorable señorita: Saavedra.
La señorita SAAVEDRA.-
He terminado, señor Presidente.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).
Señor Presidente, seré muy breve, por cuanto el informe de la Comisión de Asistencia MédicoSocial e Higiene, la Honorable Diputada informante y los Honorables Diputadas que me precedieron en el uso de la palabra, han abordado el tema en sus diversos aspectos. Quiero decir, por lo tanto, sólo algunas palabras sobre el particular para exponer el pensamiento del Gobierno acerca de este proyecto de ley.
Es evidente que la preocupación por la situación de los menores en situación irregular no data de ahora. Me parece que el año 1927 se dictó la ley Nº 4.447, patrocinada por el Juez señor Samuel Gajardo. Con posterioridad, numerosas otras iniciativas legislativas han abordado este problema en sus diversas fases. La acción estatal, por otra parte, se ha expresado a través de la Administración Pública, la que, por medio de diversas instituciones, llámense éstas Juzgados de Menores, Casas de Menores, etcétera, han abordado el problema en cuestión. También la iniciativa particular ha contribuido poderosamente a paliar los efectos de este problema social.
Sin embargo, la verdad es que todos estos esfuerzos tenían y tienen varios defectos capitales. Por una parte, existe entre ellos la más completa anarquía y falta de coordinación que vienen a agravar el segundo defecto que, evidentemente, se presenta en este caso, y es la falta de recursos humanos y materiales suficientes para abordarlo. Se hace, pues, evidente y necesario crear una estructura, un organismo administrativo adecuado, con bastantes atribuciones para coordinar la acción estatal y particular en procura de obtener el máximo resultado en los esfuerzos.
Una iniciativa con tal fin fue la de la Administración pasada, en cuanto creó la Comisión Interministerial, que todavía existe. Pero, sea porque esta Comisión tuvo su origen en un decreto, sea porque la organización que se le dio fue demasiado frondosa y, en consecuencia, inoperante, sea porque carecía de recursos suficientes, el caso es que la idea no tuvo mayores proyecciones en la práctica.
Entretanto, el problema de los menores en situación irregular crecía en magnitud y en volumen y también en proyecciones para el futuro. Fue así como el Honorable Diputado señor Morales Adriasola, entonces Presidente de la Honorable Cámara, patrocinó un proyecto de ley que fue rápidamente despachado por esta rama del Congreso Nacional y que tuvo por objeto, fundamentalmente, crear un organismo administrativo adecuado, eficaz y ágil y, además, proporcionarle los recursos suficientes.
Este proyecto de ley, despachado rápidamente por esta rama del Poder Legislativo, se encontraba en el Honorable Senado cuando el actual Gobierno asumió sus funciones. La preocupación de la actual Administración por este problema ha sido ya expresada en diversas oportunidades. Cuando se impuso de que este proyecto de ley estaba en tramitación, no obstante estar en desacuerdo con algunos de sus términos, creyó que era posible superar y mejorar aun más sus disposiciones. Así, tomó contacto con el Honorable Diputado señor Raúl Morales Adriasola para revisarlas, con el objeto de lograr un articulado que permitiera una organización lo suficientemente capaz de solucionar el problema de que se trata.
De allí surgió el proyecto que, en definitiva, aprobó el Senado y que en este momento conoce la Cámara, en tercer trámate constitucional.
¿Qué aporta este proyecto a la solución del problema de los menores en situación irregular? Fundamentalmente, dos cosas. En primer lugar, dota a la Administración Pública de un ente autónomo, el Consejo Nacional de Menores, con facultades suficientes para coordinar y planificar todos los esfuerzos, tanto estatales como privados, tendientes a resolver el problema. No se trata de crear un organismo que preste asistencia a los menores. No es eso. Esta institución será esencialmente normativa.
Por otra parte, el proyecto dedica a esta materia recursos más cuantiosos que los que actualmente se le destinan.
Los Honorables Diputados estarán contestes con el Gobierno en que este proyecto, que tan buena acogida ha tenido en esta Sala, no es la herramienta adecuada para solucionar definitivamente el problema, cuyas causas son muchas y extraordinariamente graves. Ha de ser considerado como una etapa más en el camino legislativo hacia la solución final. Desde este punto de vista, evidentemente, constituye un avance notable, si se le compara con la legislación actual. Pero, como digo, no aporta elementos suficientes para llegar a la solución definitiva.
Seguramente, corresponderá al Consejo Nacional de Menores una tarea importante en lo que se refiere a la atención que el Estado preste en lo futuro en esta materia. En la coordinación y planificación de los esfuerzos, este organismo llegara a tener un conocimiento cabal de las tareas que es preciso abordar y una evaluación completa y detallada de todos los recursos que es necesario aplicar para realizarlas con seriedad y responsabilidad.
Como consecuencia de estos estudios y de estas conclusiones, el Consejo estará en situación de recabar de los Poderes Públicos las medidas legislativas y los recursos adecuados para lograr una mayor aproximación a la solución final. Sólo conociendo detalladamente las necesidades, podrá saberse cuáles son los recursos patrimoniales de que es indispensable dotar en el futuro al Consejo para que realice una labor acorde con las tareas que está llamado a cumplir.
Finalmente, el mismo Consejo podrá proponer al Ejecutivo y al Legislativo, es decir, a los Poderes colegisladores, las normas para el tratamiento del menor frente a la ley y, más adelante, una legislación suficientemente adecuada sobre la familia.
En estas condiciones, el proyecto de ley ha sido favorablemente informado por la Comisión respectiva1 de esta Honorable Cámara y ha merecido la aprobación de los Honorables Diputados que me han precedido en el uso de la palabra.
Como digo, creo que él constituye un avance notable dentro de nuestra legislación, que nos habilitará, a su vez, para programar, dentro de un lapso relativamente breve, una nueva etapa, mejor construida y más sólidamente presentada, sobre la base de antecedentes más completos.
Agradecemos a quienes lo patrocinaron la oportunidad que nos han dado para avanzar hacia la solución de un problema de tan extraordinaria importancia.
Nada más.
El señor GODOY URRUTIA.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-
Señor Presidente, lamento verdaderamente que el cumplimiento de otro trabajo, en una sala vecina, en el Senado, me haya impedido seguir todo el curso de la discusión de esta materia, en la cual tenia extraordinario interés, como se probó en la reunión en comité que la Comisión de Educación Pública realizo con una cantidad de expertos en el asunto.
En aquella oportunidad, en nombre de nuestro Partido, el Comunista, al cual representé, en ausencia del Honorable señor Melo, que debía atender otro trabajo en la Cámara, dije que el problema de los menores, como ha quedado demostrado en este debate, es eminentemente socioeconómico. La "irregularidad'' de que habla el proyecto es sólo una consecuencia de la organización, del sistema económico social. Naturalmente, mientras la causa se mantenga en pie, tendremos que asistir a este espectáculo que a algunos los hiere: el de los menores abandonados, el de los niños vagos, que caen en situaciones delictivas. Claro que, una vez que los niños desaparecen de la circulación, sea que estén en una casa de menores o recogidos en instituciones particulares protectoras de la infancia abandonada, a estas personas se les tranquiliza la conciencia, como si el hecho ya no existiera.
Acabamos de oír decir al señor Ministro que, siendo éste un paso jurídicamente positivo,...
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
¿Me permite, Honorable Diputado. Ha terminado el tiempo de su Comité.
El señor GODOY URRUTIA.-
Solicito que se me concedan dos minutos más, para terminar mis observaciones.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Cámara a fin de acceder a la petición del Honorable señor Godoy Urrutia.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Votemos !
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
No hay acuerdo.
Solicito el asentimiento unánime de la Cámara a fin de conceder la palabra, por tíos minutos, a la Honorable Diputada señora Allende.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Votemos !
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor MONCKEBERG.-
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.-
Concedo un minuto al Honorable señor Raúl Morales.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Morales.
El señor MORALES (don Raúl).-
Señor Presidente, el ánimo de los señores Diputados es votar inmediatamente las modificaciones propuestas por el Senado.
Yo comparto este deseo. Pero, al término del debate, después de casi dos años de tramitación parlamentaria del proyecto, no puedo dejar de expresar mis agradecimientos a una institución y a una persona. La primera es el Cuerpo de Carabineros, el cual, desde la iniciación de esta iniciativa, en 1964, me ha prestado colaboración permanente, diaria. Inclusive, sin su experiencia y asesoría, no me habría sido posible conocer el problema en toda su complejidad. También deseo agradecer especialmente la cooperación, asesoría y estímulo que he recibido del PresbíteroAlfredo Ruiz Tagle, quien, durante la preparación del proyecto y durante su estudio en la Cámara y después en el Senado, ha estado permanentemente dedicado a la materia.
Hago constar, pues, mis especiales agradecimientos al Cuerpo de Carabineros y al Presbítero Alfredo Ruiz Tagle, que me hicieron posible llevar adelante esta iniciativa.
El señor MONCKEBERG.-
Concedo dos minutos a la señora Allende.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, he pedido estos dos minutos para contestar a la señorita Wilna Saavedra.
Pero, antes, deseo felicitar al señor Raúl Morales por esta iniciativa, que constituye un avance muy importante.
Yo expresé que esperaba que se hubiesen presentado algunas indicaciones respecto a los niños que no se encuentran en situación irregular, porque el Gobierno no se preocupa de ellos. En las poblaciones, he visto niños abandonados, a causa de que no hay guarderías. La señorita Wilna Saavedra sostuvo que había disposiciones para dar asistencia a estos niños. Pero en el proyecto no las he encontrado. En ninguna población se han construido hogares destinados a guarderías infantiles. He estado en "José María Caro. Allí se ha edificado un enorme local para la Promoción Popular, donde hay un teatro y una escuela de líderes, es decir, de dirigentes de pobladores, los que, se me ocurre, son muy necesarios para la Democracia Cristiana. Pero, no hay guarderías para los hijos de los obreros que quedan abandonados.
Por eso, debería obligarse a la CORVI a dotar a cada población de un local para guardería infantil.
Además, se necesitan otras medidas, como la de igualar la asignación familiar de los obreros con la de los empleados, a fin de ayudar a la madre obrera que, si abandona a sus hijos, es por la miseria en que vive.
El menor en situación irregular es el que, durante los años en que fue párvulo, no recibió asistencia y quedó abandonado en la calle. Sin embargo, en este momento, no hay guarderías infantiles en las poblaciones, y no parece que se pretenda construirlas.
Esas fueron mis palabras. Espero que la señorita Wilna Saavedra se preocupe de esta situación, a fin de que, antes de edificar sedes sociales para las Juntas de vecinos, la Promoción Popular construya guarderías infantiles, que son tan necesarias, para ayudar en esta forma a la mujer obrera.
El señor MONCKEBERG.-
Concedo dos minutos a la señora Aguilera.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-
Puede nacer uso de la interrupción Su Señoría.
La señora AGUILERA.-
Señor Presidente, deseo expresar a la colega Allende que sus informaciones no están muy ajustadas a la realidad. La verdad es que existen algunas guarderías infantiles. Ella dice que ha recorrido las poblaciones. Yo laminen las he visitado y he tenido la suerte de encontrar una guardería infantil magníficamente bien organizada, en todos los aspectos, en la población Lo Valledor Norte. En la población "Pedro Aguirre Cerda'", hay otra, y se construirán mas en diversas poblaciones.
Quiero decirle también a la Honorable colega que existe una institución particular, llamada. Guarderías Infantiles Irene Frei de Cid", que está colaborando estrechamente con el Gobierno para llevar adelante ei plan de construcción de estos establecimientos, en beneficio de las mujeres que trabajan.
Gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación.
Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara a fin de omitir la votación secreta, que procede en este caso.
Acordado.
Como el Senado ha substituido íntegramente el texto del proyecto, corresponde tomar una sola votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobarán las modificaciones del Senado.
Aprobadas.
Terminada la discusión del proyecto.
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