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"Honorable Cámara:
Uno de los más graves problemas que afecta a la humanidad, es el denominado explosión demográfica.
Es un hecho comprobado que el ritmo de producción de alimentos en el mundo no crece en forma paralela con el crecimiento de la población. Frente a este fenómeno hay quienes sostienen que es posible mediante el avance de la técnica y el aprovechamiento de los recursos aún no explotados dar solución a este problema. Por otro lado, hay quienes afirman que por el momento hay que ir en forma inmediata a evitar el aumento indiscriminado de la población.
Frente a esta materia se encuentran profundamente divididas las opiniones. Algunos propician las medidas de control natural, fundadas en el ritmo biológico; otras los productos químicos de carácter anticonceptivo y finalmente el empleo de instrumentos o elementos de tipo mecánico. Todas estas medidas tienen por objeto limitar la natalidad.
En nuestro país, una de las medidas que la población femenina usa con mayor intensidad es el aborto, el que tiene una raigambre económica, social y cultural.
La sociedad chilena no tiene cabal conciencia de las proyecciones trágicas para la familia, para la descendencia, para la salud y para la economía nacional que implican los problemas de las miles de mujeres que frecuentan los servicios hospitalarios del país a consecuencia de abortos clandestinos.
Las estadísticas demuestran que los más altos índices de mortalidad provienen de interrupciones de embarazos realizados por agentes inexpertos sin las más mínimas condiciones sanitarias ni profilácticas.
Uno de los factores que inducen a la mujer fundamentalmente en las clases modestas y mediasa recurrir al aborto provocado, es la crítica situación económico social por la que atraviesan los núcleos familiares, que no pueden soportar un aumento de la natalidad más allá de sus reales medios económicos y todos los medios preventivos han resultado ineficaces.
La verdad es que la atención clínica adecuada sólo está al alcance de los sectores económicamente poderosos, que pese al clandestinaje tienen acceso a médicos, lo que desde un punto de vista clínico social resulta preferible porque con ello se está resguardando la vida y la salud de la mujer, pese a los riesgos inherentes a este tipo de intervenciones.
Otro factor de suma importancia es el de los prejuicios sociales. La tradición religiosa, una educación sexual insuficiente, una falta de madurez sicológica, una falta de responsabilidad de los padres en la formación de los hijos, ha creado un prejuicio sobre la madre soltera ya que la sociedad, hipócritamente, no acepta la infracción a ciertos tabúes de tipo moral, aun cuando todos aquellos que las repudian son los primeros en infringirla.
Es interesante hacer un somero enfoque estadístico de la realidad médicosocial sobre el particular.
Los doctores doña Tegualda Monreal y don Rolando Armijo, de la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile, han realizado un acabado estudio sobre el particular.
Las estadísticas demuestran que el aborto provocado aumenta su curva entre las mujeres de 20 a 35 años y es mayor en las mujeres casadas.
En Chile, en el año 1963, de un total de 294.775 niños vivos fallecieron por parto 803 mujeres, lo que da un porcentaje de 27,3% por cada diez mil niños vivos de mujeres fallecidas por causa de aborto. La tasa total de mortalidad por abortos ha llegado hasta el 38,8%.
Las estadísticas del Servicio Nacional de Salud, de un total de 60.508 enfermas por causa de aborto, 54.127 corresponden al Servicio Nacional de Salud y 6.318 a clínicas particulares, con una mortalidad de 296 casos que en cifras globales corresponde al 81%, lo que significa que en definitiva de 3 partos atendidos en maternidad, uno corresponde a aborto.
Las encuestas realizadas por los investigadores mencionados establecen que el 71% de los abortos realizados en un período determinado corresponden a casadas; 16% a solteras y el saldo a anuladas, viudas, divorciadas y separadas.
Desde el punto de vista de niveles culturales, las estadísticas demuestran que el 66% son mujeres de escolaridad primaria o analfabetas y el 28,5% tienen estudios secundarios.
En cuanto a actividad laboral, el 73% son dueñas de casa y el 18% empleadas.
Respecto a índices económicos, el 50% corresponde a mujeres que trabajan y perciben menos de un sueldo vital; el 32% gana hasta dos sueldos vitales.
En lo relativo a régimen previsional, el 64% lo tenía y el 35% carecía de él.
En un historial clínico de abortos hecho en Santiago en 1962, se llegó a la conclusión de que de 2.212 abortos practicados por las mujeres encuestadas, 1.395 eran provocados, de los cuales el 41% tenían antecedentes de hasta tres abortos anteriores y el 13,4% a 10 y más abortos provocados con anterioridad.
Las edades que fluctúan los abortos provocados en su mayor índice, está entre los 20 y 35 años. En cuanto al tiempo en que se efectuaban, el 98% corresponde a los tres primeros meses de embarazo y dentro de este lapso de preferencia el segundo mes.
De los abortos provocados, el 50,3% fue efectuado por matronas, el 27,3% por aficionados, el 11,5% por médicos y el 11% por automaniobras.
Respecto a procedimientos empleados, el 46,1% por sondas, el 39,6% por raspado uterino, y el resto por medicamentos, lavados y otras automaniobras.
De estos abortos, el 73% fue autorizado por el marido o conviviente y el 26% restante sin el consentimiento, conocimiento ni autorización de ellos.
En cuanto a los factores que motivaron estas determinaciones, relativas a interrumpir el embarazo, figuran los siguientes:
Problemas conyugales, 11,1%;
Madres solteras, 9,1%;
Exceso de familia, 8,7%;
Salud de la madre, 7,2%;
Niños no deseados, 4,7%;
Causas ajenas, 2,3%, y
Problemas económicos, 56,5%. Sobre 1.402 mujeres encuestadas, el 51,3% de ellas se pronunciaron a favor de la legalización del aborto en Chile por razones de salud, económicas y multiparidad.
Dentro de un cuadro total de 1.501 mujeres encuestadas, 577 reconoció usar anticonceptivos y el resto no.
El empleo de estos productos aumenta en los niveles socioeconómicos elevados y es muy bajo en las clases económicamente débiles, aun cuando en este último tiempo ha aumentado su uso por el desarrollo de los planes de control de natalidad del Servicio Nacional de Salud.
Las estadísticas practicadas por el doctor Sergio Manubens y el doctor Guillermo Adriazola, ex Director de la Escuela de Salubridad, comprueban que en un año, de 270.000 partos hubo 120.000 abortos.
La sanción para el delito de aborto, regulada en el Código Penal, es mínima en su aplicación práctica.
La estadística practicada en el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, demuestra que el ingreso de 1966, ocho correspondieron a abortos y de esas causas cinco llegaron a sentencia.
El Instituto Médico Legal de 2.980 autopsias practicadas en 1966, 254 correspondieron a abortos y de estas autopsias. 122 a aborto criminal.
Si se aplica el índice de abortos en Santiago al resto del país, de un total de 6.531 autopsias, más de mil corresponden a madres que perdieron la vida por una interrupción del embarazo, que por regla general fue hecha en condiciones deficientes.
En un estudio publicado por la Revista Médica, correspondiente a septiembre de 1968, se expresa por los doctores doña Tegualda Monreal y don Rolando Armijo, la necesidad de plantear el aborto inducido por los servicios de salud en presencia del fracaso a veces de los anticonceptivos.
"Esto significa que la lucha contra el aborto provocado debe plantearse con una nueva mentalidad que considere su incorporación en los programas de prevención" (sic) p. 621.
El proyecto que se somete a vuestra consideración modifica el Código Penal, con el objeto de que sea lícito la práctica de maniobras abortivas en los casos previstos en el Código Sanitario.
El artículo 2º modifica el Código Sanitario y consagra la noción que permite efectuar abortos no sólo por razones terapéuticas sino que también por razones socioeconómicas y éticas.
Hay países en el mundo, de elevado nivel cultural y económico, en los cuales el aborto está legalizado y se puede practicar gratuitamente en las clínicas médicas del Estado, como una manera de salvaguardar un bien precioso como es la vida de la madre.
Por estas consideraciones, someto a la aprobación de la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 344 del Código Penal por el siguiente:
"La mujer que fuera de los casos previstos en el Código Sanitario causare su aborto o consintiere que otra persona se lo causare, será castigada con presidio menor en su grado medio".
Artículo 2º.- Sustituyese el artículo 226 del Código Sanitario por el siguiente:
"Artículo 226.- Sólo con fines terapéuticos, económicosociales y éticos podrá interrumpirse un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer.
Para proceder a estas intervenciones con fines terapéuticos se requerirá la opinión documentada de dos facultativos.
En los casos que se practique por razones económicosociales, deberá requerirse la opinión documentada de dos facultativos y un asistente social.
En los demás casos, se requerirá un informe de dos facultativos y además de un psicólogo cuando se trate de una menor de 18 años.
En todo evento se requerirá la autorización escrita de la mujer, de su marido si fuere casada y de sus representantes legales, tutores o guardadores si fuere menor de 18 años.
Cuando no fuere posible proceder de la manera antedicha, por falta de facultativos, asistente social o psicólogo en la localidad, se documentará lo ejecutado por un médico y dos testigos.
Los Servicios Médicos Asistenciales del Estado deberán practicar estas intervenciones cuando ellas sean requeridas en conformidad a esta ley".
(Fdo.): Héctor Campos P."
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