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El señor OLAVE.-
Señor Presidente, tal como lo señalamos en la Comisión de Vías y Obras Públicas, los parlamentarios del Partido Socialista, conscientes de la urgencia que viven los habitantes de la zona afectada por el sismo del 28 de marzo pasado, estamos aquí para apoyar todas aquellas iniciativas que la beneficien, pero también para precisar, en forma seria y responsable, nuestro pensamiento frente a este proyecto.
Creemos que él carece de vuelo e imaginación. Las normas permanentes para los casos de catástrofes o calamidades públicas sólo constituyen un conjunto de facultades amplísimas para el Ejecutivo, y no tocan algunas cosas vitales, como la seguridad industrial y planes de movilización nacional, como los que posee el Ejército para enfrentar una emergencia bélica.
En el presente y para el futuro, las facultades extraordinarias requieren gobernantes y ministros de calidad excepcional, insospechables de hacer ilícito uso de ellas. En honor a la verdad, nosotros no aceptamos esta teoría, porque en un régimen democrático, como el nuestro, cada Poder tiene las atribuciones necesarias para actuar conforme lo que le fija la ley.
Nos preocupa este exceso de atribuciones, porque no existe absoluta armonía entre las declaraciones hechas por el señor Frei y las de sus Ministros o jefes de servicio. Un ejemplo: el señor Ministro de Justicia declara un día que "no se derogará la Ley Mordaza"; posteriormente, el señor Frei asegura que se derogará.
Pero suma y sigue: en el discurso pronunciado el 7 de marzo del presente año, el señor Frei ha dicho: "Dejemos que el Gobierno disponga de leyes normativas, no para perseguir a ningún empleado de ninguna doctrina, sino para realizar reformas que permitan agilizar nuestra Administración Pública y darle al país los elementos para que pueda trabajar con eficacia".
Sin embargo, funcionarios subalternos están desmintiendo esta política. Cuando menos, en Valdivia, provincia que represento en la Cámara, hay persecución gremial: se hacen sumarios, se traslada y se rebaja de grado a quienes no apoyaron a los candidatos de la Democracia Cristiana.
El señor AYLWIN (don Andrés).-
¡ Precise!
El señor OLAVE.-
En mi provincia, los afectados pertenecen a las siguientes instituciones: Banco del Estado, Servicio Nacional de Salud, Fundación de Viviendas y Poder Judicial.
El señor AYLWIN (don Andrés).-
¡ Señale casos concretos!
El señor OLAVE.-
Por estas y otras razones, los socialistas no aceptamos el inciso cuarto del artículo 1? del proyecto, que entrega al Presidente de la República atribuciones excepcionales, que le permiten suspender o modificar el Estatuto Administrativo, única arma legal con que el empleado y el obrero defienden su derecho al trabajo.
En cuanto a los tributos, éstos recaen fundamentalmente en las capas medias de la población y está ausente en este esfuerzo nacional el gran capital, cuyos intereses no se tocan.
En el proyecto, se habla de la construcción de 13 mil viviendas provisionales y definitivas. Como muchos compañeros de la zona nos han expresado que algunas ha sido imposible habitarlas, porque aún no están instaladas, nos interesaría que el señor Ministro de Obras Públicas nos informara en qué lugares se encuentran situadas esas 13 mil viviendas.
En la confianza que nos dan las palabras que pronunció el señor Presidente de la Cámara, en el sentido de que las minorías serían respetadas, hemos hecho una serie de indicaciones al proyecto, en el afán de entregar algo de este esfuerzo de todos los chilenos a aquellas provincias del sur que fueron sacudidas por los sismos de mayo de 1960, y especialmente a Valdivia, que no sólo sufrió un terremoto, sino que también fue afectada por un moremoto y una inundación. A cinco años de la tragedia, esta provincia vive una violenta crisis. En todo este período, no se ha levantado un solo establecimiento para la educación secundaria. Los niños mueren en las poblaciones, porque el hospital de emergencia ya no da abasto para contener tantos enfermos y porque aún no se termina de reconstruir el hospital regional. Los comerciantes llegan a la cárcel, porque no pueden pagar sus tributos; la cesantía supera los diez mil desocupados, y día a día aumenta la delincuencia juvenil, ante la falta de pan y comida.
Ojalá estas indicaciones no sean miradas con criterio político y cuenten con el apoyo de todos los sectores, por encima de credos y doctrinas.
He dicho.
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