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- rdf:value = " El señor PARRA.-
Señor Presidente, voy a emplear algunos minutos en relación con el debate planteado en torno a lo que se llama las experiencias y enseñanzas del caso dominicano.
El tema, claro está, exige meditaciones más profundas que las que se pueden formular en este momento. Pero si no demoro más una opinión, es porque creo que se están deslizando criterios a cuyo encuentro hay que salir con urgencia.
Diversos dirigentes políticos y publicaciones del hemisferio aseveran que el perfeccionamiento del sistema de convivencia interamericano se medirá en función de la rapidez e intensidad con que nuevos mecanismos jurídico-militares sean capaces de reprimir las insurrecciones inspiradas por una ideología o programa político que los organismos interamericanos, a petición de Estados Unidos, califique de comunistas.
Como ya es imposible soslayarlo, estas personas también incorporan el tema del crecimiento económico a la nómina de los problemas que deben ser resueltos en el plano continental. Sin embargo, este agregado se anuncia de manera vaga y declamatoria y con clara subordinación a lo que se estima más importante y preferente: la contención represiva de algo llamado, en globo, comunismo. Es la creación de una fuerza armada interamericana, para estas opiniones, el avance más claro del sistema continental después de la tragedia de Santo Domingo.
Nosotros, por el contrario, señalamos, para empezar, la inexistencia de una base jurídica que permita, incluso bajo el pretexto de pacificación, instalar tropas extranjeras en el suelo de un país americano.
En seguida, la integración de tropas latinoamericanas al contingente de desembarco de la Infantería de Marina de los Estados Unidos -con cualquiera cantidad de hombres que ella se practique-, no modifica, a nuestro juicio, la calificación jurídica que ya en Derecho debe haberle sido asignada a tal acto de fuerza, y que no puede ser otra que la de una intervención ilegítima en los asuntos propios de la soberanía de un estado independiente.
Por otra parte, tampoco concuerda con nuestro criterio quien piensa que al conferirse una futura juridicidad formal a la existencia de tal fuerza de policía interamericana, se camina hacia las soluciones de fondo de los problemas de América.
Hoy es imposible desconocer -especialmente teniendo a la vista la doctrina Johnson recién formulada que una fuerza colectiva tal estaría de antemano destinada a intervenir represivamente en las mismas oportunidades y condiciones en que ahora lo ha hecho, unilateral y aisladamente, la marinería de los Estados Unidos; o sea, entorpeciendo el libre desenvolvimiento de los procesos nacionales y populares que buscan transformaciones inevitables.
Se sitúa en el verdadero centro de las actuales circunstancias de América, quien señale como nuestro problema primordial, preferente y de primera urgencia, la construcción de una distinta sociedad, que reemplace revolucionariamente a ésta en que ahora vivimos, que secreta la miseria "como producto normal de su funcionamiento".
Esta es la única perspectiva que permite aquilatar racional y progresivamente la coyuntura de nuestros países.
La situación que vivimos es revolucionaria. O sea, se trata de un desplazamiento sociológico, mediante el cual los hombres, las clases, las instituciones y costumbres se acomodan dificultosamente a nuevas tareas, a distintas maneras de producir y convivir.
Las convulsiones que nos toca ver no son el mero fruto de artificios ni producto de conspiraciones, sino la exterioridad del rudo proceso social a que aludimos y que tiene dos características fundamentales.
En primer término, se encamina hacia un resultado histórico que presenta rasgos comunes a todo país americano. Ellos consisten en que la modernización de la manera de producir en la tierra y en la ciudad, debe ser financiada provocando en los sectores nacionales ricos un fuerte ahorro interno, con lo que se entablan en el interior del país fuertes tensiones políticas. A esto se agrega que los aportes internacionales adicionales se consiguen, fundamentalmente, en la medida en que todos los pueblos nuevos y pobres ejercen una presión coordinada sobre aquellos países que ya se han industrializado. Esto significa, en todo caso, nuevas tensiones que es preciso resolver.
En segundo término, el proceso revolucionario comprende dentro de sí elementos ideológicos de variada pluralidad. Hay en él marxismo, democracia cristiana, social democracia. Las fuerzas, entonces, que asaltan el mundo del pasado son diversas, actúan simultáneamente, y por provenir de las estructuras más profundas de la sociedad, aunque disputen con acritud por la conducción política del proceso, se comportan ante estímulos exteriores negativos, con cierto involuntario entrelazamiento.
De ahí que, frente a esta complejidad inevitable, el ánimo de reducir las cosas a una dimensión puramente represiva, resulte siempre antihistórico, confuso y contrarrevolucionario.
Los pueblos afectados por intervenciones de este orden deben, como es lógico, rechazar el evento de tal intrusión.
De modo que sólo articulando de una manera positiva los elementos que a nuestro juicio integran la situación revolucionaria de América Latina, puede pensarse en una solución política para el problema actual.
¿Y cómo producir éste proceso de democratización del movimiento revolucionario?
Primero la integración latinoamericana, al poner en libertad nuevas energías políticas y económico-sociales, hace posible iniciar respecto de las regiones industrializadas, la reivindicación de los financiamientos que necesita para mejorar la vida de sus hombres.
La parte específica de este proceso que se refiere a las relaciones con Estados Unidos, debe ser cumplida dentro de un cuadro por entero diferente al actual, reemplazando vigorosamente el objeto con que ahora se justifica la organización común por otro de mayor justicia y que consista en la transferencia continuada de recursos imprescindibles desde el norte hacia el sur.
Un estatuto jurídico elaborado sobre la base de que el hombre es un sujeto del derecho internacional, merecedor por tanto de que un convenio de nuestras naciones le asegure la ejecución de por lo menos sus atributos políticos fundamentales, es el segundo de los únicos dos elementos razonables con que puede construirse un marco de referencia democrática del desarrollo revolucionario. Si cumplidas esas bases la intimidad nacional del proceso es respetada, una experiencia ya vivida nos hace suponer que el resultado será que la vocación histórica de América Latina se manifieste entregando el control del movimiento revolucionario a las tendencias que con mayor dedicación sirvan a la libertad del individuo y sus exigencias espirituales.
Ensayar esta ruta americana es el ánimo de nuestro Gobierno. Todo otro intento, a mi juicio, queda excluido por este severo compromiso. Claro que no hay que hacerse ilusiones. Muchos son los obstáculos subsistentes. Incidentalmente, debo mencionar que suelen ser los propios funcionarios de la OEA los que entorpecen estas sanas rectificaciones. El SecretarioGeneral, don José Mora, por ejemplo, tiene una elevada cuota de responsabilidad personal en la frustración del organismo. Poca imaginación ha demostrado para conferir a la importante oficina que dirige una orientación que en algo difiera del estricto parecer norteamericano. Disponiendo de una frondosa burocracia, no ha sido capaz de conferir a los organismos económicos de la organización el dinamismo y la independencia que tan urgentemente necesitan.
Día a día, sin embargo, nuevas opiniones, muchas de ellas provenientes del sector ilustrado norteamericano, adhieren al enfoque que he planteado anteriormente.
En fin, no creemos que retrocederá la historia aquí en América Latina; al contrario, será éste uno de los puntos de irrupción de la nueva vida del hombre. Todo tendrá que ser rehecho las veces que sea necesario para que ella brote con plenitud.
He dicho, señor Presidente.
"
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