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- rdf:value = " El señor BARRA.-
Señor Presidente, en esta oportunidad voy a dar a conocer una protesta formulada por la Directiva de la Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales del personal de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.
Esta Cooperativa obtuvo la aprobación de sus estatutos y la autorización de existencia legal por Decreto Supremo N9 283, de 29 de enero de 1957, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Posteriormente, modificó sus estatutos para ajustarse plenamente a las disposiciones legales que rigen los organismos do este tipo.
Sin embargo, acaba de ser afectada por una determinación del Ejecutivo que considero muy grave. En efecto, con la firma del Presidente de la República se ha dictado un decreto supremo por el cual se le pone término a su existencia legal, es decir, se ha dispuesto su disolución.
Esta Cooperativa adquirió un predio de 430 mil metros cuadrados en 92 millones de pesos, suma que tiene total y absolutamente pagada. Los terrenos tienen actualmente un avalúo fiscal de 243 millones de pesos y fracción.
Los cooperados, con los medios económicos de que han dispuesto, han ejecutado hasta la fecha los siguientes trabajos:
instalación de alumbrado público en la calle Alejandro Guzmán, que comprende 15 postes con sus respectivas luces; instalación de 11 pilones de agua potable, con el objeto de dotar de este elemento a los actuales pobladores, con una extensión de 1.800 metros de tubería; relleno y estabilizado de las calles Alejandro Guzmán, Eleuterio Ramírez, Segunda Diagonal, Covarrubias y Primera Transversal; instalación y habilitación de 6 sifones para evitar las inundaciones que se producían al desbordarse las acequias de riego; limpieza de acequias y canales, y nivelado de todas las calles de la población, desde Los Morros hasta el fondo de la parcela, con el fin de hacerla transitable, fuera de otras mejoras que han hecho para darles facilidades a los pobladores.
Aparte de lo anterior, que les ha significado sacrificar ingentes medios económicos, han llegado a un acuerdo con la Corporación de la Vivienda con el objeto de que ésta proceda a expropiarles algunos terrenos que no van a necesitar. Con los fondos que obtengan por esta venta piensan ubicar en los terrenos a cerca de trescientos de sus asociados. La CORVI se ha comprometido a consignar en el Cuarto Juzgado Civil de Mayor Cuantía la suma de 197 millones de pesos y fracción, para que sean entregados a la Cooperativa una vez que se dé cumplimiento a los trámites de la expropiación, que ellos van a pagar con aportes en dinero de su peculio.
Así, los cooperados estarán en condiciones de hacer la instalación completa de alumbrado público y de la red de agua potable para todos estos pobladores.
Para demostrar que se ha cometido un atropello contra esta institución y sus integrantes, me basta hacer presente que el 27 de septiembre de 1964, en presencia del Notario José Valdivieso Muñoz y del Inspector del Departamento de Cooperativas don Ornar Moreno, se celebró la última junta ordinaria y extraordinaria de socios. En ella, se dio cuenta de la modificación de los estatutos y de las gestiones realizadas ante la Corporación de la Vivienda, que permitirían realizar las obras de urbanización en la propiedad de la cooperativa. Ofrecida la palabra a los socios, todos estuvieron conformes con esta información y la aceptaron por unanimidad.
Por lo tanto, todas las gestiones efectuadas por la administración y por la gerencia de la cooperativa fueron plenamente respaldadas por todos los integrantes que concurrieron a esa asamblea, en presencia, repito, del Notario y de un funcionario del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Pero lo curioso es que el 12 de marzo de este año se dictó, con las firmas del Presidente de la República y del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción el decreto supremo N9 172, en el cual se dice que la cooperativa "se encuentra en un estado de manifiesta desorganización administrativa y económica y reiteradamente ha trasgredido la legislación sobre cooperativas y el estatuto social". Tengo a la vista todos los antecedentes para probar que el Departamento de Cooperativas nunca le hizo ninguna observación a esta institución, ni jamás intervino en ella, a pesar de que sus dirigentes le enviaban periódicamente, como lo establecen los reglamentos, todas las informaciones relativas a su desarrollo y a las operaciones que realizaba. Fueron ellos, los dirigentes de los cooperados, quienes solicitaron, en resguardo de su prestigio, la designación de un perito con el objeto de que revisara todo el desenvolvimiento económico y las inversiones de la cooperativa. Para tomar todos los resguardos, para demostrar que sus actuaciones se han ajustado estrictamente a las disposiciones reglamentarias, pidieron este peritaje, efectuado con pleno conocimiento de las autoridades respectivas.
Si el peritaje hubiera arrojado alguna sombra o duda sobre la actuación de estos ciudadanos, lo lógico habría sido instruir un sumario y adoptar todas las demás medidas del caso. Pero se hizo todo lo contrario: en una actitud que resulta incomprensible en los organismos técnicos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y en el propio señor Ministro, lisa y llanamente, se les canceló la personalidad jurídica. ¿Qué significa esto? Dejar totalmente desamparados a los integrantes de la cooperativa, colocándolos incluso en la situación de tener que liquidar sus bienes y de perder la oportunidad de que la Corporación de la Vivienda les pague la expropiación, con lo cual iban a completar las redes de alumbrado público, agua potable y alcantarillado.
A gente modesta, de trabajo, humilde, se le ha aplicado, en forma precipitada, una medida irregular, causándole serios daños. Digo esto porque, sin duda, en la situación en que estos ciudadanos se encuentran actualmente, la Corporación de la Vivienda no finiquitará la expropiación, lo que los privará de una suma cuantiosa y de la posibilidad de instalar las redes de alumbrado público, agua potable y alcantarillado. Yo he tenido en mis manos los presupuestos que ya les han entregado por estas obras, pero todos sabemos que, para su aprobación, ellos tienen una vigencia limitada a 30 días, o menos, en algunas oportunidades.
Después de ese plazo, quedan nulos y se recargan por el alza de la mano de obra y de los materiales. Este Gobierno habla constantemente de promoción popular, de que dará a los trabajadores la oportunidad de urbanizar sus poblaciones, de que concederá con mayor facilidad la personalidad jurídica a sus organizaciones.
Por eso, resulta inexplicable que, en este caso, se la quite a estos ciudadanos, impidiéndoles que, organizadamente, lleven adelante lo que, en un ciento por ciento, es fruto de sus propios esfuerzos, porque hasta el momento ningún organismo estatal ha aportado un solo centavo para el mantenimiento de la cooperativa ni para financiar ninguno de los beneficios que les corresponde a las personas que ocupan en forma precaria, esos terrenos, a los cuales ya tienen derecho, puesto que están totalmente pagados.
Según informaciones que me han proporcionado dirigentes de la cooperativa, los Senadores Aniceto Rodríguez y Víctor Contreras se entrevistaron con el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para hacerle presente esta irregularidad y solicitarle la anulación del decreto supremo N° 172, que liquida a la cooperativa y la priva de su carácter legal.
Comprendo que en las actuales circunstancias, en que el Gobierno debe solucionar problemas por demás urgentes, como son las de las provincias donde miles de nuestros conciudadanos sufren los efectos del último terremoto, no es posible pedirle a un Ministro de Estado que destine 1 algunos minutos a resolver favorablemente esta petición. Sin embargo, las autoridades competentes del Departamento de Cooperativas, cuyo jefe, según entiendo, debe ser uno de los responsables de la medida adoptada, tienen la obligación de asumir también la responsabilidad que les corresponde y ver la manera de enmendar el error cometido.
Por eso, pido que se transcriban mis observaciones al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y, en mi nombre, se le solicite que resuelva este problema con la mayor brevedad posible. Pido también que se dirija un oficio al señor Contralor General de la República, para que se curse con prontitud la petición hecha por los Senadores nombrados en el sentido de que un funcionario de ese organismo investigue los procedimientos empleados por el Departamento de Cooperativas, que han causado tan serio daño a estos modestos ciudadanos, en su mayoría obreros que prestan servicios en la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios, en nombre de Su Señoría, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y al señor Contralor General de la República.
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