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- rdf:value = " El señor GUAJARDO (don Ernesto).-
Señor Presidente, como es de conocimiento de la mayoría de los parlamentarios y de la opinión pública en general, en los últimos días se ha producido en Río Turbio, República Argentina, el problema del despido de más de cuatrocientos trabajadores chilenos.
Estos hechos, que adquieren proporciones, porque a los trabajadores se les da un plazo de 30 días para abandonar el territorio argentino, fueron denunciados en la Cámara, tanto por el parlamentario que habla como también por el Honorable colega señor Morales Adriasola.
En su oportunidad, el Gobierno de Puerto Natales puso, como se dice vulgarmente, el grito en el cielo, haciendo ver la gravedad que esto encerraba. Hemos visto que ha venido a Santiago y acá, debido quizás a presiones políticas, ha tratado de reducir la gravedad del problema que se les crea, en forma permanente, a los trabajadores chilenos que laboran en Río Turbio, quienes tienen que vivir con la incertidumbre de no tener trabajo seguro.
Se nos ha informado que, transitoriamente, ha sido solucionado el problema; pero nosotros creemos que, tarde o temprano, se va a repetir, porque, por razones de orden económico, parece que la República Argentina tiene deseos de ir suprimiendo, poco a poco, el personal de trabajadores de ese mineral.
Como no podemos estar con la esperanza de que sea la República Argentina la que conceda trabajo a los chilenos, hemos estimado, en estos días, junto a una delegación que se encuentra en esta capital, integrada por el Alcalde de Puerto Natales, Octavio Castro, el Presidente de la Cámara de Comercio de esa localidad, Humberto Salas Sánchez, y los Presidentes de los Partidos Radical, Socialista y Demócrata Cristiano, plantear la gravedad de este problema ante las esferas administrativas. Pero hay un hecho que es importante señalar. Es el facsímil de un cartel argentino, publicado en el diario La Prensa Austral, que dice, más o menos, lo siguiente:
"Radicación de Extranjeros.- Las normas vigentes permiten a los extranjeros no radicados legalmente en el país solicitar que se regularice su situación migratoria.
"Quienes se encuentren en infracción pueden ser expulsados del país (Artículos 6 y 7 Decreto Ley 4.805/63, Ley 16.478).
"La autoridad aplicará sanciones a los empleadores que den trabajo a los extranjeros no autorizados a realizar tareas remuneradas. (Artículo 173 Reglamento de Migración Decreto 4.418/65)."
Esto es grave, porque junto con colocar en difícil situación a los chilenos que no regularicen su estada en la vecina República, sanciona a los argentinos que tengan hoteles y pensiones y que reciban en ellos a los chilenos que no tengan "carnet" de radicación argentino.
Nosotros queremos señalar, en esta oportunidad, estos hechos, porque los estimamos de extrema gravedad, ya que afectan a más de 2.500 trabajadores chilenos que, permanentemente, son objeto de toda clase de provocaciones. Y no sólo afectan a los 2.500 trabajadores chilenos que laboran en Río Turbio, porque no debemos olvidar que hay más de 250 mil trabajadores chilenos que laboran en toda la Patagonia argentina.
Señor Presidente, en estos últimos días, nuevamente el país ha concentrado su atención en el extremo austral, por hechos que, aunque no son nuevos, se vienen sucediendo con frecuencia y que son provocados deliberadamente por quienes llevan adelante una política de hegemonía, basada en el malentendido americanismo que practica Chile y en su ingenuidad para creer que, a fuerza de concesiones, puede aplacar los apetitos de nuestros vecinos.
Hace ya muchos años que, en todos los tonos y en todas las tribunas de la opinión pública nacional, se ha venido señalando la necesidad de encarar, en forma definitiva, la real nacionalización del territorio fronterizo, mediante una política que termine con el obligado éxodo de trabajadores chilenos a la Argentina, que en forma creciente ha ido aumentando año tras año y que, según cálculos oficiales, sube a muchos miles. Solamente en Río Turbio, yacimiento mineral argentino, hay, como manifestaba, más de 2.500 de nuestros compatriotas y menos de 500 nacionales argentinos. Ellos dejan sus familias en Puerto Natales, ciudad chilena que, en una considerable proporción, vive de lo que perciben, por concepto de salarios, los mineros que, semana a semana, bajan a sus hogares desde el mineral, que queda al otro lado de la frontera.
Nuestros compatriotas viven en permanente incertidumbre, amenazados de ser privados de trabajo en cualquier instante, porque se les soporta como extraños solamente porque no pueden ser reemplazados en las duras faenas del mineral. Sin embargo, ahora el Gobierno militar argentino anuncia el despido masivo de los chilenos que laboran en Río Turbio y, según fuentes oficiales de Santiago, tal propósito será una realidad a corto plazo.
Los chilenos que cruzan la frontera no lo hacen por el simple gusto de viajar en busca de aventuras o emociones, sino que para enfrentar duras y difíciles condiciones, para ganarse la vida. Tienen que enfrentar privaciones en condiciones discriminatorias y humillantes en la mayoría de las veces, soportar malos tratos y vejámenes. En general, su existencia fuera de la patria es sacrificada y áspera, pero tienen que soportarlo con resignación y paciencia, pues, de lo contrario, se verían privados de trabajo seguro y permanente, que no encuentran en su país.
No es desconocido por los sucesivos gobiernos chilenos que, desde hace un cuarto de siglo a la fecha, han gobernado la nación, el problema grave que encierra el éxodo de compatriotas a la República Argentina y las secuencias que debilitan la nacionalización del territorio austral. Sin embargo, nada, pero absolutamente nada han hecho para abordar a fondo el problema, y por el contrario, con una desidia que puede calificarse de antipatria, no sólo se han desentendido de la paulatina desnacionalización de esas zonas fronterizas, sino que han hecho oídos sordos para impulsar obras de progreso y ocupación de brazos en los pueblos nuestros, donde, como en Puerto Natales, viven las familias de los hombres que están privados de estar junto a los suyos.
Pero es necesario enfrentar este problema. Nuestro Gobierno tiene que encararlo en forma definitiva, prodúzcase de inmediato o no el despido en masa de los trabajadores chilenos de la mina El Turbio. No es posible desentenderse de lo que mañana la historia puede acusar como criminal desidia para resguardar con previsión la soberanía nacional. Ha llegado la hora de abordar soluciones que terminen con el éxodo de trabajadores nuestros, que no sólo entregan su esfuerzo y sus energías a la producción ajena, sino que van formando contingentes humanos para crear nuevos centros poblados en el extremo sur argentino, a costa de la despoblación de ciudades chilenas y la desnacionalización de sectores fronterizos, en vez de servir de dique a la marejada ex-pansionista territorial que en toda la zona magallánica se hace presente por parte de la Argentina.
Está probado, en todas sus formas, que el éxodo de chilenos desde la zona sur hacia el territorio argentino deriva del precario desarrollo económico que caracteriza a esas zonas de nuestro país. Aparte de la Empresa Nacional del Petróleo y la actividad ganadera de Magallanes, no existen, en las cuatro provincias más australes de Chile, fuentes importantes de producción y de trabajo. Allí radica la razón de que los índices de población se mantengan estacionarios, cuando no disminuyen, convirtiendo a esa región en la menos poblada de Chile, en proporción a su extensión territorial.
Las fuentes de riquezas naturales están ofreciéndose en todo ese territorio a la mano del hombre, y no solamente pueden ser capaces de dar ocupación a los compatriotas que, contra su voluntad, están exilados en Argentina, sino de absorber hasta parte de la cesantía del resto del país. Allí está la riqueza minera del carbón, cobre, mármol, hierro, plomo, etcétera, cuyo volumen es incalculable; la pesca y la industria conservera, con su inagotable venero de productos marinos en ricas aguas y costas; bosques inconmensurables, que ofrecen explotaciones de grandes perspectivas; inmensas extensiones de tierras aún inexploradas, etcétera.
La incorporación activa de esas fuentes
valiosas de riqueza y trabajo a la economía nacional, junto a una política gubernativa de desarrollo y progreso del territorio austral, representa la única solución para el grave problema que significa el hecho de que miles de nuestros conciudadanos se vean obligados a entregar el fruto de su esfuerzo y su trabajo en tierras extrañas.
Un elemental principio de resguardo de la soberanía nacional exige que el Gobierno no continúe la política realizada hasta ahora, dejando librados a su propia suerte a los chilenos que ya no podrán continuar ganándose el sustento fuera de su patria. No es posible esperar que los hechos queden consumados para que, en medio de lamentaciones y apremios, busquemos medidas de caridad para los compatriotas que vuelvan a su tierra natal. No es posible que los hombres responsables del destino del país, ya sea el Ejecutivo o el Parlamento Nacional, se desentiendan de este instante crucial para hombres, mujeres, ancianos y niños que, con su presencia en inhóspitos lugares, mantienen vivo el espíritu nacional, que de otra manera ya estaría enajenado, como ocurrió cuando perdimos casi toda la Patagonia, por falta de visión de los gobernantes de la época.
Sería largo analizar las consecuencias inmediatas y futuras que acarreará mantener el actual estado de cosas en el territorio austral chileno, especialmente en lo que se refiere al éxodo de nuestros compatriotas y a la inanición en que se van sumiendo las poblaciones chilenas fronterizas, como es el caso específico de Puerto Natales.
Concretamente, quiero referirme, a la localidad anteriormente mencionada y que, en importancia, es la segunda de la provincia de Magallanes. Allí hay una población de más de 15.000 habitantes, y en lugar de recibir la atención gubernativa que se merece, desde hace aproximadamente 20 años ha visto disminuidas sus fuentes de trabajo. Esto no obstante, ha evidenciado un extraordinario aumento vegetativo de su población, producido en especial porque, año tras año, han llegado a la zona varios miles de personas del norte del país, especialmente de Chiloé. Por supuesto que el incsntivo de esa inmigración fue el abundante trabajo que ofrecía hasta hace poco la República Argentina.
En la misma época que en Puerto Natales se cerraba uno de sus frigoríficos, el vecino país puso en marcha su industria carbonífera de Río Turbio. Así, mientras Argentina creaba cuatro guarniciones militares, diseminadas en el territorio de Santa Cruz, creaba industrias y realizaba cuantiosas inversiones en obras públicas en sus pueblos fronterizos, en nuestro país disminuía la ocupación de brazos en la industria ganadera y frigorífica de Ultima Esperanza, para terminar últimamente con la reducción casi total de las faenas de temporada que realizaba el frigorífico Bories, que es el único establecimiento industrial que iba quedando en el departamento.
Todo ello ha encajonado la economía de Puerto Natales en una dependencia casi total del trabajo que sus obreros tienen en la República Argentina.
La reducción de faenas que ya ha puesto en práctica el Gobierno argentino en el mineral El Turbio es una parte de las medidas que irá realizando para terminar con la presencia de chilenos, y éstos, vueltos a su tierra, corren la triste suerte y destino de ambular por las calles en busca de ocupación o de ayuda para enfrentar sus necesidades.
Creo que ha llegado el instante de que se aúnen las voluntades para hacer efectivamente patria en el extremo austral de la República. No bastante los proyectos y los buenos propósitos. Ha llegado el momento de las realidades. Creemos que nadie se negará a proporcionar su ayuda, si de ella depende dar solución a la angustiosa situación creada.
Las autoridades de Ultima Esperanza, jefes de partidos políticos y representantes del comercio de Puerto Natales, han viajado a Santiago para lograr la atención que se merece la población natalina. En ese predicamento, están interviniendo ante los organismos del Gobierno y parlamentarios para lograr acuerdos que permitan llevar a la práctica un plan de de emergencia capaz de absorber en parte la cesantía paulatina que irán experimentando nuestros compatriotas que laboran en la mina El Turbio. Ese plan de emergencia aconseja la conclusión de obras ya iniciadas y otras con financiamiento inmediato; creación de actividades destinadas a dar nuevas fuentes de trabajo, como pueden ser un plan extraordinario de pavimentación, extensión de redes de agua potable y alcantarillado y servicios eléctricos. . .
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