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La señora LAZO.-
En la Ley de Seguridad Interior del Estado se establece que el interventor debe promover el acuerdo entre las partes. Ahora el arbitraje será obligatorio y, como acabo de expresar, habrá dos patrones y un personero del Gobierno contra dos obreros.
¿Por qué la Organización Internacional del Trabajo es enemiga del arbitraje obligatorio? Seguramente, porque es más revolucionaria que los "revolucionarios" que nosotros tenemos. ¿Por qué los tratadistas de Derecho y Legislación del Trabajo, en el mundo entero, se oponen también al arbitraje obligatorio? El artículo 38 de la ley Nº 12.927, de Seguridad Interior del Estado, del año 1958, se refiere a la reanudación de faenas y a la intervención en los conflictos. Pero esta ley, elaborada por un Gobierno reaccionario, sólo autoriza la intervención para promover la solución del conflicto por el acuerdo de las partes. En cambio, en el proyecto en discusión, como en otras cosas, a los amigos democratacristianos se les pasó el tejo.
Sobre el particular, y como conozco la buena intención de algunos colegas, les pediría que aceptaran una indicación al artículo 49, en el sentido de que cada miembro del Tribunal Arbitral tenga acceso a los libros de contabilidad y a la administración de las empresas mientras duren el arbitraje y la intervención; es decir, durante todo el período del arbitraje. Nos alegraría que así fuera, porque sabemos que este proyecto será aprobado de todas maneras.
El señor SOTOMAYOR.-
Muchas gracias.
La señora LAZO.-
No creo que sea mucha gracia pasar la aplanadora por encima de miles y miles de trabajadores muertos de hambre.
En todo caso, hay otras cosas que repugnan a nuestro espíritu. Se habla de que se ha querido beneficiar a los trabajadores. Sin embargo, a través de nuestras palabras hemos probado que no ha habido un solo conflicto gremial que no se haya prolongado hasta la saciedad. Hemos demostrado también que ni un solo gremio ha venido al Parlamento a aplaudir a los legisladores que inventaron el índice del costo de la vida y a los legisladores que inventaron el 25% de reajuste.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-
Lo inventaron hace muchos años.
La señora LAZO.-
Por eso, y por otras cosas más, que posteriormente dejaremos establecidas, este proyecto en discusión pone en evidencia que el Gobierno va mucho más lejos, en su carácter reaccionario, de cuanto podíamos habernos imaginado. Técnicamente, en el curso del debate, ha quedado establecido la monstruosidad de la posición del régimen.
El drama social chileno surge de nuestro subdesarrollo. Hoy día, el 30% de nuestra población activa, es decir, los empresarios, disfrutan de un 62% de todo el ingreso nacional; en cambio, un 70% de ella, los trabajadores, perciben sólo el 38% de nuestra riqueza. Estas cifras, terribles en su proyección humana, de miseria, dolor y la frustración cotidiana, resumen el drama de Chile. Nuestro subdesarrollo ha creado una endémica inflación. No vamos a polemizar, en esta oportunidad, sobre este problema, cuya solución requiere, más que palabras, acción.
La injusticia de la distribución de la riqueza, que es hambre para la mayoría y esplendor para los escasos privilegiados, se ve acrecentada en sus consecuencias colectivas, por la inflación. ¿Qué hace este régimen que se ha proclamado revolucionario, anticapitalista y justiciero? Un gobierno revolucionario, es decir, un gobierno que actuara con el ánimo de hacer cambios acelerados, tendría que encarar de inmediato, como deber moral ineludible, la fijación de remuneraciones que permitan una vida normal a los trabajadores. ¿Cumplen este cometido los salarios actuales? ¡No, señor Presidente! Por lo tanto, ¿qué cosa habría que emprender de partida? El aumento de las remuneraciones, de modo que se redistribuya la riqueza concentrada en pocas manos.
¿Qué pretende, en cambio, el proyecto? En él se sustenta, como superior aspiración, reintegrar a los asalariados lo que han perdido por concepto del alza del costo de la vida en 1965; es decir, se aspira al simple continuismo de la injusticia y la miseria.
Pero, ¿se logra con el proyecto este propósito mínimo, absurdo en un Gobierno que se dice "revolucionario", de reintegrar lo perdido por concepto del alza del costo de la vida? ¡No! Todo el país sabe, a través del hambre desmedida, que el costo de la vida, en el hecho, no ha subido en un 25,9%, sino en un porcentaje mucho mayor. Ya se ha hecho conciencia de que estos índices no sirven. Por lo tanto, el Gobierno no sólo perpetúa la miseria, sino que la acrecienta con su plan de reajuste de remuneraciones. Podría argumentarse que los salarios, en el régimen anterior, eran reajustables sólo en una parte del índice del alza del costo de la vida. Esto no nos interesa. Sólo queremos dejar constancia de que la injusticia tremenda que representa un reajuste "reaccionario" no puede liberar de responsabilidad a quienes se dicen "revolucionarios" y que, además, obtuvieron votos de los trabajadores vencidos y convencidos por su campaña publicitaria.
El proyecto, en la forma planteada, es la negación misma de lo que se debe hacer: redistribuir los ingresos en una forma real y no a través de una fijación teórica de los precios. Un régimen revolucionario no puede aspirar al "statu quo". Esta negación del sentido "revolucionario" de la Democracia Cristiana se acentúa más si se mira otro aspecto del proyecto. En efecto, en él se priva a los trabajadores del ejercicio del sagrado derecho a la huelga, única arma de que disponen para defender sus reivindicaciones. Esta actitud de la Democracia Cristiana es típicamente antiobrera, antipopular y sólo tiene un precedente: el de los regímenes facistas, hoy desaparecidos.
Además, hay otro aspecto. El proyecto rechaza, como principio general, la fijación de precios, y sólo lo acepta, en forma relativa, respecto de determinados artículos. Nadie que se considere de vanguardia puede sostener una posición semejante, tan rígida en materia de remuneraciones y tan reaccionaria que llega hasta la supresión de la huelga; y que, en cambio, es de "manga ancha" para los precios. Una vez más se aprecia la contradición democratacristiana. Por una parte, se declara anticapitalista, pero deja una válvula abierta para el alza de los precios, favoreciendo al sector "empresarial"; y, por otra, se define como "obrera", pero restringe severamente las remuneraciones, procurando, como suprema meta, que esto no implique perjuicio para los sectores "empresariales".
En los hechos, el país comprueba la contrario. En 1966, los trabajadores chilenos, por muchas estadísticas y publicidad que se esgrima, vivirán peor que en 1965.
¿Existe alguna posibilidad de corregir este proyecto en el presente trámite? La respuesta es rotundamente negativa. El partido único de Gobierno impondrá, al igual que en otros proyectos anteriores, su arbitrario criterio, impidiendo la aprobación de todas las indicaciones que tratan de mejorarlo. En la Comisión de Hacienda, por ejemplo, formulamos indicaciones que, a pesar de favorecer a obreros municipales, de la construcción, jubilados, pensionados, ferrovarios, semifiscales, etcétera, fueron rechazadas por la aplanadora democratacristiana, que no oye razones y que vota ciegamente lo ordenado por el Gobierno, aún las ideas más reaccionarias. La única alternativa de los trabajadores para lograr una solución favorable a sus justas inquietudes se presenta en el segundo trámite constitucional del proyecto, en el Senado. ¡Ahí estarán los Senadores socialistas, junto a los demás del FRAP y de otros partidos que tengan interés en los problemas laborales, haciendo suyas esas indicaciones y defendiéndolas!
Por las razones expuestas y en el deseo de dejar claramente establecida nuestra oposición al proyecto, que no es ninguna solución a la angustia popular, en su primer trámite constitucional, los Diputados socialistas abandonamos la Sala, para seguir nuestra lucha junto a los trabajadores!
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