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El señor TUMA (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.366-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 21 de octubre de 2014.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de este proyecto, según los fundamentos del mensaje en que se origina, es avanzar en terminar con desigualdades estructurales del sistema educativo a fin de que el Estado de Chile garantice a toda su población el derecho a una educación de calidad.
Para ello, la iniciativa se sustenta en tres ejes, que consisten en el fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiamiento compartido, aspectos que apuntan a dar un marco sustentable que permita avanzar en asegurar el derecho a una enseñanza de calidad, reducir las desigualdades y garantizar de manera efectiva la libertad de los padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos, impidiendo la existencia de barreras económicas o de otro tipo para su aprendizaje.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores Quintana, Rossi e Ignacio Walker y los votos en contra de los Senadores señora Von Baer y señor Allamand.
Cabe tener presente que los números 1, 2, 3, 4, 6 -en lo que dice relación con el inciso segundo que se agrega el artículo 12 de la Ley General de Educación, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación-, 7, 8 y 9 del artículo 1°; las letras a) y f) del número 5, y el número 6 -salvo el artículo 7° sexies que considera este numeral- del artículo 2°, el número 4 del artículo 3° y el artículo segundo transitorio del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 354 a 393 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, con relación a la calificación que se ha dado a distintas normas respecto a si son o no de rango orgánico constitucional, corresponde hacer presente
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Entendí que pidió la palabra para hacer un punto de Reglamento, señor Senador.
El señor ALLAMAND.-
Eso es, señor Presidente: la calificación de las normas.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Lo escucho, Su Señoría.
El señor ALLAMAND.-
Señalaba, señor Presidente, que la Secretaría hizo una relación del conjunto de las disposiciones que deben estimarse orgánicas constitucionales.
Al respecto, lo primero que quiero señalar es que con la inmensa mayoría de la calificación efectuada por la Secretaría de la Comisión y por la Secretaría del Senado existe unanimidad y, en consecuencia, no hay controversia. Es decir, la gran mayoría de las normas declaradas orgánicas constitucionales corresponden a una calificación que estimamos correcta y coherente con lo ocurrido tanto en la Cámara de Diputados cuanto en la Comisión y que ahora la Mesa ha hecho suyo.
Empero, existe un problema, señor Presidente. Y me voy a referir más a los contenidos que a la minucia de los artículos. Porque muchas veces los números se confunden, se repiten, y en consecuencia es más fácil, para los efectos de la apreciación de la Sala, proceder de esa forma.
Habiendo -vuelvo a decirlo- virtualmente unanimidad, existen dos o tres normas que, en nuestra opinión, deben también tener el carácter de orgánicas constitucionales.
El fundamento esencial de ese concepto -por así decirlo- es muy simple: cuando se enmienda una ley orgánica constitucional -artículo 66 de nuestra Carta Fundamental-, la norma modificatoria es también de ese rango.
Ese principio general se acogió en todas las indicaciones a artículos que se han declarado, sin controversias, orgánicos constitucionales. Pero hay tres casos en que, por razones que no alcanzamos a comprender, eso no ocurrió.
Y, como expresé, me voy a referir específicamente a los contenidos.
Por ejemplo, una norma de este proyecto establece para los sostenedores particulares subvencionados la obligación de ser propietarios de los inmuebles donde funcionan.
Esa disposición, con el mismo criterio de todas las anteriores que se declararon orgánicas constitucionales, también debió calificarse de igual rango, por una razón muy simple: el artículo 46 de la Ley General de Enseñanza, que establece las normas sobre reconocimiento y ha sido materia de control por el Tribunal Constitucional, se refiere hoy a la situación de los arriendos.
¿Qué dice ese precepto? En simple, que no es obligatorio ser propietario de los inmuebles y que los sostenedores que arriendan deben acreditar que tienen un arriendo inscrito en el Conservador de Bienes Raíces por no más de cinco años.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Perdón, señor Senador.
Entendí el punto de Reglamento. Y debo decirle que la Mesa asumió que las normas que la Comisión declaró propias de ley orgánica constitucional tienen ese carácter.
El señor ALLAMAND.-
Así es.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
El resto no tiene exigencia de ley orgánica constitucional.
Sobre ese punto...
El señor ALLAMAND.-
Perdón, señor Presidente: eso es precisamente lo que estoy diciendo.
El señor ROSSI.-
¡Eso no es un punto de Reglamento, señor Presidente!
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Su Señoría está planteando un punto reglamentario y le dice a la Mesa "Queremos que a artículos...
El señor ALLAMAND.-
¡Eso es!
El señor TUMA (Vicepresidente).-
... no contemplados como ley orgánica constitucional les atribuya ese carácter".
La Mesa -reitero- sigue el criterio de la Comisión.
El señor ALLAMAND.-
Pero, señor Presidente, entiendo que tenemos derecho a formular...
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Eso ya no es punto de Reglamento: implica entrar a la discusión de fondo.
Ya entendí el punto de Reglamento.
El señor ALLAMAND.-
¡No, pues!
El señor QUINTANA.-
¡La Mesa ya zanjó ese aspecto!
El señor ROSSI.-
¡Esa intervención no es para hoy!
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente,...
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Yo estoy...
El señor ALLAMAND.-
... usted resuelve si es o no punto de Reglamento. Pero yo estoy señalando lo siguiente: ¿en qué minuto los Senadores podemos ejercitar nuestro derecho -y creo que al respecto la Sala va a estar de acuerdo- a plantear que a una norma no declarada orgánica constitucional se le dé este carácter? ¡Ahora, al darse cuenta del proyecto!
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Sobre el punto de Reglamento, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Entiendo el planteamiento hecho por el Senador Allamand en el sentido de que a artículos no declarados orgánicos constitucionales se les dé este rango.
Nosotros vamos a votar en general este proyecto, para cuya aprobación se deben reunir los quórums constitucionales de las normas pertinentes, respecto de las cuales la Mesa asumió la definición efectuada por la Comisión.
Ahora bien, el Senador Allamand podrá hacer ver su posición cuando la iniciativa se discuta en particular, al llegarse a las disposiciones que le preocupan. En esa ocasión le será factible pedir una recalificación, y la Presidencia o la Sala resolverá si esas normas son o no orgánicas constitucionales.
Hoy se vota la idea de legislar; o sea, se acoge o no en general lo que determinó la Comisión.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Está claro.
Gracias, señor Senador.
En consecuencia, le ofreceré la palabra al Presidente de la Comisión de Educación, para iniciar el debate en general.
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Antes de que informe el Honorable señor Rossi, se está pidiendo la palabra respecto de una materia que entendí zanjada por el señor Presidente en ejercicio.
Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señora Presidenta, el Senador Allamand está señalando que hay normas con rango orgánico constitucional que no se calificaron como tales.
Cuando se emite pronunciamiento sobre la idea de legislar, las normas orgánicas constitucionales deben votarse con el quórum que fija la Carta Fundamental.
El colega Allamand, en ejercicio de su derecho como Senador, está advirtiendo que algunas disposiciones orgánicas constitucionales no se calificaron en esa forma. Frente a ello, la Mesa, contrariamente a lo que dice el distinguido colega Zaldívar, no puede señalar que el punto se solucionará en la votación particular.
Cuando se resuelve en general sobre un proyecto y hay normas orgánicas constitucionales, estas se votan con ese rango. Si no, se produce un vicio de constitucionalidad.
Ahora, como no queremos dejar de decir lo que pensamos y posteriormente tomar medidas sin que Sus Señorías se enteren, solo estamos expresando, en aras de la buena tramitación del proyecto, que hay coherencia absoluta en lo que dice el Senador Allamand: que preceptos de iguales características son considerados orgánicos constitucionales, y los referidos por Su Señoría, no.
Entonces, pido por favor que la Mesa -la señora Presidenta siempre lo ha hecho así- resuelva el punto, pues se trata de un vicio que anulará el pronunciamiento general sobre el proyecto en el evento de que existan normas orgánicas constitucionales y no se voten con el quórum que exige la Carta Fundamental.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Voy a ofrecerle la palabra al Senador señor Zaldívar, quien argumentó anteriormente, para que se explaye y veamos si existen coincidencias.
De lo contrario, llamaré a reunión de Comités, pues creo que debemos resolver el punto en esa instancia.
También está pidiendo la palabra la Ministra señora Rincón.
Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Debemos ser prácticos, señora Presidenta, y no hacer de esto una discusión teórica.
Como este proyecto ya contiene disposiciones orgánicas constitucionales, para su aprobación debe reunirse el quórum exigido por el Texto Fundamental. Entonces, no se va a producir el efecto que señala el Senador Espina.
La situación sería diferente si la iniciativa se votara con quórum de ley común, sin considerar la existencia de normas de quórum especial.
Ahora, la Comisión ya determinó qué preceptos son orgánicos constitucionales y la Mesa acogió el pronunciamiento de dicho órgano sobre el particular.
Por consiguiente, vamos a votar con el quórum exigido y no se producirá el efecto temido.
El señor ALLAMAND.-
Pero no todo el proyecto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
No: se vota en general. No debemos pronunciarnos artículo por artículo.
Aquí, en el Senado, se aplica la norma de que cuando un proyecto contiene disposiciones de quórum especial todo el texto se vota en general conforme a las exigencias de la Carta. No sucede así en la Cámara de Diputados, donde se separan las normas de aquella índole.
En consecuencia, cuando llegue el momento deberemos determinar el quórum correspondiente.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, antes de la señora Ministra.
El señor LARRAÍN.-
Señora Presidenta, si adoptamos el criterio que acaba de señalar el Senador Zaldívar, no hay problema. Es decir, todo el proyecto se vota en general con quórum de ley orgánica constitucional.
En todo caso, debo recordar que en situaciones anteriores se ha dividido la votación.
Pero aceptamos el criterio expuesto por el Senador Zaldívar en cuanto a que toda la iniciativa se vote en un solo acto con quórum orgánico constitucional. No hay problema.
Lo único que queda pendiente es que el planteamiento del Senador Allamand requerirá en su momento la definición sobre otras normas que consideramos orgánicas constitucionales y que no se incluyeron en el informe de la Comisión.
¿Estamos de acuerdo?
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Si existiera acuerdo, no sería necesaria la reunión de Comités. De lo contrario, deberemos zanjar el punto en esa instancia, para evitar cualquier dificultad.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora RINCÓN (Ministra Secretaria General de la Presidencia).-
Señora Presidenta, yo creo que en esta materia nos hallamos ante un problema mayor, pues el Ejecutivo no concuerda con la calificación que efectuó la Secretaría en materia de quórums.
Este punto se debatió ampliamente en la Cámara de Diputados. Y nosotros le hicimos presentes por escrito a la Secretaría las calificaciones realizadas por esa Corporación.
La Constitución enumera en forma clara, estricta las materias relativas a la libertad de enseñanza que deben regularse por una ley orgánica constitucional. Y hay fallos del Tribunal Constitucional que en el pasado ampliaron el ámbito pero a partir de 2007 lo restringieron.
Entonces, ya no se trata solo de la petición del Senador Allamand de ampliar la calificación a otras normas: para nosotros, como Ejecutivo, es clave que se resuelva en torno a materias que en la Cámara de Diputados se calificaron como propias de ley orgánica constitucional y no lo son.
Entonces, consideramos pertinente una reunión de Comités para clarificar el punto.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Celebraremos una reunión de Comités para analizar con calma la situación.
Se suspende la sesión a tal efecto.
)-------------(
--Se suspendió a las 12:49.
--Se reanudó a las 12:57.
)-------------------(
El señor ALLENDE (Presidenta).-
Continúa la sesión.
El señor Secretario informará acerca del acuerdo unánime de los Comités respecto del punto que nos ha ocupado. En cierta manera, se había logrado antes, pero era preferible que fuera ratificado en esa instancia para que no hubiese ninguna duda en cuanto al proceder del Senado de acuerdo con su Reglamento.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Se ha concluido que el proyecto se discutirá en general y que la Sala se pronunciará en una sola votación, en la medida en que tiene que respetarse el quórum orgánico constitucional, porque muchas de las disposiciones revisten este rango. Se necesitan 22 votos a favor, sin perjuicio de lo que después se requiera en la discusión particular, tanto en la Comisión como en el Hemiciclo.
Nada más.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi, Presidente de la Comisión de Educación.
El señor ROSSI.-
Señora Presidenta, voy a dar un breve informe y después realizaré mi intervención, que va a ser bastante distinta, naturalmente.
Objetivos del proyecto
El proyecto tiende a avanzar, según se señala en sus fundamentos, en el término de las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de que el Estado garantice a toda la población el derecho a una educación de calidad.
Para ello, la iniciativa se sustenta en tres ejes, consistentes en el fin del lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del régimen de financiamiento compartido. Tales aspectos apuntan a dar un marco sustentable que permita el avance en asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y garantizar de manera efectiva la libertad de padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos, sobre la base de impedirse la existencia de barreras económicas o de otro tipo para ello.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Excúseme una interrupción, Su Señoría.
Queda absolutamente prohibido un letrero de las características del que se ha desplegado en la tribuna. Así que sus portadores, o lo sacan, o se retiran. Sus términos son inaceptables, de acuerdo con el Reglamento del Senado.
El señor ROSSI.-
Es una falta de respeto tremenda.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
¡No vamos a entrar en una discusión con sus portadores!
El señor ROSSI.-
Lo que presenciamos es un producto de la mala educación.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
¡Señores de la tribuna, les dirijo la última advertencia! ¡Si no, se van!
Pueden quedarse en completo silencio, en cumplimiento de nuestras normas. Si intervienen, voy a pedir que sean desalojados.
Les ruego a los señores Senadores no dirigirse a las tribunas, porque es un tipo de diálogo completamente vedado.
Continúa el Honorable señor Rossi con el uso de la palabra.
El señor ROSSI.-
En definitiva -puntualiza el mensaje-, se "busca avanzar hacia el cambio en el paradigma de la educación, a fin de reconocerla como un derecho social fundamental, poseedora de un valor público y republicano innegable, y que por tanto debe ser garantizada por el Estado, asegurando su provisión gratuita en el contexto de un sistema mixto.".
Sistema de trabajo de la Comisión
En la primera sesión destinada al estudio del proyecto de ley, la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Quintana, Ignacio Walker y quien habla, determinó que, con ocasión de la discusión general y antes de la votación de la idea de legislar, se recibiera en audiencia a los principales actores sociales relacionados con la temática a fin de conocer su opinión y planteamientos particulares en relación con el mensaje. En ese contexto, asimismo se acordó invitar a los ex Ministros de Educación desde el año 1990. Para ello, los miembros del órgano técnico informaron los nombres de las personas e instituciones que proponían.
Como consecuencia de dicho acuerdo, a la Comisión concurrieron representantes de cincuenta y seis instituciones de la más diversa índole: centros de estudio, sostenedores, federaciones de estudiantes, iglesias católica y evangélicas, universidades, académicos, profesores de Derecho Constitucional, organizaciones de padres y apoderados, colegios particulares pagados y agencias de asistencia técnica educacional.
Parte integrante del informe que se ha elaborado son los estudios, investigaciones y análisis que los invitados presentaron a la Comisión, antecedentes que fueron debidamente analizados por todos sus integrantes. Ello motivó un nutrido intercambio de ideas.
Finalmente, cabe hacer presente que todas las sesiones del órgano técnico destinadas a la discusión general del proyecto y a escuchar las exposiciones y planteamientos fueron transmitidas en vivo por el canal de televisión del Senado. Se celebraron diecisiete sesiones, con más de setenta horas de análisis y discusión.
Estructura del proyecto y principales contenidos
La iniciativa consta de cinco artículos permanentes y veintitrés disposiciones transitorias. Los primeros cuatro introducen diversas modificaciones a la Ley General de Educación, la Ley de Subvenciones, la Ley sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Ley de Subvención Escolar Preferencial. El último se refiere al financiamiento.
En lo referente a las enmiendas a la Ley de Subvenciones, cabe destacar el establecimiento del requisito de que los sostenedores estén constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro para ser beneficiarios de subvenciones educacionales. Para garantizar lo anterior, se regulan especialmente los fines y usos de los recursos que reciben los establecimientos.
Asimismo, se establece una nueva exigencia para todos aquellos establecimientos que opten por recibir aportes estatales, referente a la propiedad de los inmuebles y activos esenciales para impartir educación escolar. Dichos bienes deberán ser de propiedad del respectivo sostenedor o del Estado, independientemente de su administración.
Se crea un nuevo sistema de admisión a los establecimientos que reciben aportes estatales, a fin de impedir discriminaciones arbitrarias. De esa forma, y en aquellos casos en donde la demanda supere los cupos disponibles, se aplicará un mecanismo de postulación e ingreso transparente y no discriminador para asignarlos.
Además, se regulan mecanismos de admisión especiales para aquellos establecimientos cuyas modalidades artísticas o características históricas lo justifiquen.
Por otra parte, se deroga todo el régimen referente al financiamiento compartido -después me remitiré al artículo transitorio pertinente para que lo consideremos-, a fin de asegurar la gratuidad escolar para todos los niños y jóvenes.
El proyecto crea una nueva subvención de gratuidad para todos los establecimientos sin fines de lucro que no se sometan al régimen del financiamiento compartido o decidan abandonarlo, con el objeto de facilitar la transición hacia el nuevo sistema.
En cuanto a las disposiciones transitorias, ellas determinan distintas reglas para la entrada en vigencia de cada una de las enmiendas que se introducen a la legislación vigente. De esta manera, se establece un adecuado procedimiento de transitoriedad para los tres ejes de la iniciativa.
Régimen de transitoriedad para la derogación del financiamiento compartido
El copago irá disminuyendo progresivamente en la misma medida en que aumenten la subvención general y los incrementos de ciertas subvenciones. Se extinguirá cuando el monto sea similar o inferior al aporte de gratuidad.
Se contempla también como requisito para ser beneficiario de la subvención preferencial de alumnos preferentes -se trata de los que integren el 80 por ciento más vulnerable que no sean prioritarios- la prohibición de realizar cualquier tipo de cobro a los padres y apoderados.
Régimen de transitoriedad para los nuevos procesos de admisión escolar
Se fija un plazo de dos años para que los establecimientos educacionales puedan adecuarse al nuevo régimen de admisión, el cual se amplía a tres en el caso de aquellos que cumplan las condiciones para restringir el proceso de ingreso a quienes pertenezcan al veinte por ciento de los mejores alumnos de su establecimiento de procedencia, en la forma que indica la ley.
Régimen de transitoriedad para acabar con el lucro con recursos públicos
Se señala un plazo de dos años para que los sostenedores que no se encuentren constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro puedan cambiar su figura a fin de adecuarse al nuevo sistema.
Se determina un plazo de tres años más para que los sostenedores que opten por seguir impetrando la subvención o recibiendo aportes estatales cumplan con el requisito de ser propietarios del inmueble en el cual desarrollan su actividad educativa.
Por último, se consideran disposiciones especiales para aquellas personas jurídicas actualmente constituidas sin fines de lucro, como también para el traspaso de derechos y obligaciones generados en el antiguo régimen.
Eso es lo que puedo informar, de manera bastante sucinta, con relación a la iniciativa en debate.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señora Presidenta, después de haber escuchado a cincuenta y seis personas e instituciones que han ido a entregar su aporte a la Comisión de Educación, he confirmado una convicción que imagino que abrigamos todos los parlamentarios de la Nueva Mayoría y la inmensa cantidad de chilenos que votaron por un programa de gobierno en diciembre recién pasado, en cuanto a que los objetivos, fundamentos y justificación de este proyecto de ley sobre inclusión han quedado absolutamente acreditados -por esa razón, voy a votar a favor de la idea de legislar-, de lo cual no me cabe ninguna duda, a la luz de todos los antecedentes que hemos recibido.
Sin embargo, en materia de mecanismos, de instrumentos, de modalidades -es decir, lo que atañe a la discusión particular-, evidentemente que hay mucho "paño que cortar", por así decirlo, y trabajo por hacer. Nos asiste mucha confianza de que las indicaciones que el Ejecutivo tiene que presentar a más tardar el 31 de diciembre próximo van a recoger muchas de las sugerencias -su sentido es muy transversal, por lo demás, y no dicen relación solo con la Democracia Cristiana- que hemos formulado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Vamos a completar ocho meses de debate de la iniciativa en unas semanas más, en enero, y tenemos el compromiso de despacharla antes del 31 del mismo mes. Ello, entre otras cosas, porque las comunidades educativas, padres y apoderados, profesores, sostenedores, empiezan a decirnos, con razón, que quieren reglas del juego claras y estables y un horizonte despejado para poder empezar, ojalá desde marzo, un año escolar que permita una definición.
¿Cuáles son los dos grandes objetivos del proyecto, uno de ocho que conforman la reforma educacional?
Voy a decir a mi manera el que a mi juicio es el primer gran propósito que se persigue: que el nivel socioeconómico -para decirlo más claro: el bolsillo- no sea un impedimento para acceder a una educación de calidad, pero para todos.
Algunos han preguntado qué tiene que ver ello con la calidad. Tiene mucho que ver si consideramos que esta última debe ser para todos. La iniciativa se refiere al "para todos", es decir, a la calidad con equidad. Ese es el sentido del proyecto sobre inclusión, en cuanto a sus objetivos, fundamentos y justificación, más allá de que en los mecanismos, instrumentos, modalidades, hay diferencias, matices, puntos de vista, y eso vamos a verlo en enero. Entre el 5 y el 20 de enero, el Senado se abocará a la discusión particular.
Y el segundo gran objetivo -muy importante no solo para la Democracia Cristiana, desde luego- es que se permita conciliar el derecho a la educación, que es un derecho social, un bien público, con la libertad de enseñanza, entendida en su esencia.
Al final, ¿qué es la libertad de enseñanza? Es el respeto por la autonomía y la diversidad de los proyectos educativos. Incluye, de acuerdo con el artículo 19, número 11° de la Constitución Política, el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Y, por cierto, también queda comprendido el derecho de las familias, de los padres, a escoger el colegio de sus hijos. Pero seamos claros: tiene que ser una opción real, sin que medien barreras de entrada, selecciones arbitrarias, impedimentos que signifiquen, en la práctica, que el nivel socioeconómico es el que puede elegir la calidad. Queremos alejarnos de tales obstáculos.
Y todo lo anterior dice relación con un sistema de provisión mixta, pública y privada, lo que significa que el Estado tiene la obligación de garantizar que el derecho a elegir va a ser real en dos sentidos: no será un obstáculo el nivel socioeconómico y se ejercerá entre buena educación pública y buena educación privada. Porque la hay buena y mala en uno y otro caso. Y eso ha quedado absolutamente de manifiesto, empíricamente demostrado, en la Comisión. Por lo tanto, no es que la educación privada sea buena y la educación pública sea mala.
Señora Presidenta, quiero decirlo en una frase, despejando muchos mitos y fantasmas: un solo país en el planeta Tierra -no dos, ni tres, ni cuatro- cuenta con un sistema que combina el lucro con fondos públicos en educación, copago y selección: Chile. No hay otro.
Un solo país en el mundo exhibe un copago obligatorio: Chile. No hay otro.
Dos países en el mundo registran lucro con fondos públicos en educación: Chile y Suecia. Pero Suecia viene de vuelta.
Y un solo país en el planeta Tierra combina estas tres cosas.
En consecuencia, la presente reforma educacional, en lo que atañe al proyecto, con sus objetivos, fundamentos y justificación, no es un capricho del Gobierno de la Presidenta Bachelet o de la Nueva Mayoría.
¿Qué significa el fin del lucro con fondos públicos en la educación? Implica cuatro cosas:
1.- Que los sostenedores privados con fines de lucro van a pasar a ser sostenedores privados sin fines de lucro y se van a sumar al tercio de la actual educación particular subvencionada que ya es sin fines de lucro: fundaciones y corporaciones.
2.- Que todos los fondos públicos destinados a educación van a ir al proyecto educativo (artículo 3° de la ley).
3.- Que el sostenedor privado, por cierto, va a poder recuperar su inversión.
4.- Que, más aún, vamos a remunerar la gestión del sostenedor privado.
Eso es el fin al lucro, dicho en positivo, y tiene amplia justificación.
¿Qué significa el fin al copago?
Pongámoslo en positivo: aumento de la subvención (1.200 millones de dólares más el primer año); dos subvenciones nuevas (preferente o de clase media y asignación de gratuidad), que se sumarán a la general, y la educación particular o preferencial.
Hoy el Estado de Chile destina más de 6 mil millones de dólares, vía subvención, al 92 por ciento de la matrícula en Chile. Eso va a aumentar fuertemente en los próximos años.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Se ha cumplido su tiempo, señor Senador.
Le voy a dar un minuto más, para que redondee.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Gracias.
Entonces, es lógico que, en la medida que aumente la subvención, disminuya el copago.
¿Y qué significa el fin a la selección?
Cuatro cosas.
Primero: es la familia la que elige el colegio, no el colegio el que elige a la familia.
Segundo: fin a la selección como discriminación arbitraria.
Tercero: fin a la selección socioeconómica, porque ahí está el "descreme".
Cuarto: fin a la selección en básica.
Por lo tanto, hay una selección arbitraria que es repudiable, pero hay una selección que no es arbitraria. Los 2 mil 400 colegios de educación especial no seleccionan arbitrariamente. Está el tema de los colegios emblemáticos, artísticos. Nosotros añadimos el de los proyectos educativos, con sus particulares características.
Por todas estas razones, señora Presidenta, y sin perjuicio de lo que aleguemos en la discusión particular, vamos a votar a favor de este proyecto de ley.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señora Presidenta, Honorable Senado, hay veces en que una frase vale más que mil palabras.
Quizás algunos pensarán que me voy a referir a aquellas lamentables expresiones del señor Ministro de Educación, cuando, para justificar la iniciativa que hoy votamos, aludió a que había que "quitarles los patines" a algunos niños en vez de dárselos a todos. O aquella otra frase en que la autoridad señaló que los padres de familia eran "arribistas", que elegían colegios particulares subvencionados porque "el color de pelo promedio iba a ser un poquito más claro". O tal vez aquella otra en que afirmó que nuestro sistema educacional estaba "organizado sobre la ignorancia intelectual".
Todas estas son expresiones textuales del señor Ministro de Educación y han marcado a fuego este proyecto y el debate acerca de la reforma educacional.
Pero no lo voy a hacer. No voy a ahondar en estas frases, tan lamentables. Sin embargo, sí voy a hacer referencia a otras, particularmente contingentes a la votación de hoy día, como son aquellas que manifestaron algunos académicos que han impulsado este proyecto y que han instado a este Senado, al momento de esta votación, a optar.
¿A optar entre qué? Según ellos, entre la "opinión de los padres y el interés general". Es decir, una disyuntiva completamente falsa. Pero otros han dicho algo más. Han señalado que en este proyecto se trata de "ir contra la voluntad de muchos padres de clase media". Otros han ido más lejos aún y hablan de "derrotar la dictadura de los papás y las mamás".
Lo que hay detrás de estas expresiones, señora Presidenta, es el verdadero telón de fondo de este proyecto: que este es un proyecto prisionero de la ideología y de la arrogancia.
¡De la peor ideología! ¿Cuál es esta? La que hace presumir que lo que arrojan las pantallas de los computadores de algunos expertos iluminados es más importante que aquello que surge de la realidad.
¿Y cuál es la peor arrogancia? Suponer que "los padres no saben lo que les conviene a sus hijos", pero que sí lo saben los funcionarios de algún Gobierno en alguna época determinada.
Señora Presidenta, el Gobierno no entiende por qué mientras más explica este proyecto más aumenta el rechazo ciudadano.
Y yo lo quiero expresar ahora aquí. Ese rechazo ciudadano, hoy abrumador, tiene una justificación muy simple: este es un proyecto contrario a la lógica y al sentido común de la propia ciudadanía.
El Gobierno no entiende que los padres prefieren una educación de calidad, más allá de que el colegio sea una entidad de beneficencia, una iglesia o una sociedad educacional. Porque aspiran a la calidad.
No entiende que los padres prefieren elegir el colegio de sus hijos, y que para ello quieren que se conozcan, y no que se oculten, los resultados de los establecimientos educacionales.
No entiende que los padres consideran que el respeto y la disciplina deben guardarse en los colegios, y que, en consecuencia, los directores deben tener atribuciones para hacerlo.
No entiende que los padres creen que sus hijos deben acceder a liceos de excelencia -como el Instituto Nacional o los "Bicentenario"- en base a su esfuerzo y no en base al azar o a una tómbola.
No entiende que los padres creen que mientras la subvención del Estado sea tan baja es absurdo que se les impida aportar para que sus colegios sean mejores.
En definitiva, el Gobierno no entiende que los padres aprecian que la verdadera libertad de enseñanza es aquella que se expresa en la identidad y en la diversidad de los proyectos educativos, y que estos deben ser respetados y no torpedeados por el Estado.
Señora Presidenta, el Gobierno hoy, más que aprobar un proyecto, va a imponer un proyecto, a sabiendas de que este resulta enormemente impopular en la ciudadanía.
Pero no es solo eso. Además es un proyecto equivocado, es un proyecto irresponsable y es un proyecto inconstitucional.
¿Por qué es equivocado?
Ya se ha dicho en todos los tonos. Hasta la propia Presidenta lo señaló. Esta no es la prioridad correcta en la reforma educacional. Nunca debió serlo. Debimos partir por la educación pública.
Pero hay más.
Bajo el eslogan de fin al lucro, fin a la selección, fin al financiamiento compartido, no se expresa la verdadera realidad.
Tras el llamado "lucro" no hay simplemente abuso. Lo que hay es la legítima retribución a miles de sostenedores que han volcado sus vidas para que existan colegios, a lo largo de todo Chile, que impartan educación de calidad.
La verdadera cara del financiamiento compartido no es la segregación: es el compromiso de los padres, que están dispuestos a aportar para que los colegios sean mejores.
La verdadera cara de la selección no es la discriminación arbitraria: es, precisamente, el valor de la libertad de enseñanza y el mérito que debe subsistir siempre en todo nuestro sistema educacional.
¿Cuál es la señal que estamos dando en esta materia? ¿Qué le estamos diciendo a ese estudiante que se quema las pestañas y se esfuerza por tener mejores notas, para que le vaya bien?
¡Le estamos diciendo que no lo haga! Que, mucho más importante que su esfuerzo, es un sorteo, es una tómbola.
¿Y qué les estamos diciendo, con este proyecto, a los padres de esos estudiantes esforzados? ¿Les estamos dando una palabra de estímulo?
¡Por supuesto que no!
¿Y qué les estamos diciendo a todos esos profesores que se han transformado en sostenedores a lo largo de Chile? ¿Les estamos reconociendo el enorme esfuerzo que han hecho durante tantos años?
¡Por supuesto que no!
A todos ellos, el proyecto los descalifica. A todos ellos, el proyecto nada les reconoce. Hay una ola de descalificaciones hacia ellos y hay una marea de desconfianza.
¿Y por qué sostengo, señora Presidenta, que este proyecto es irresponsable?
Por una razón muy simple. Porque hasta ahora, después de un año, el Gobierno no ha sido capaz de determinar en forma clara cuál es el monto del lucro que supuestamente hay que eliminar del sistema. Y tampoco ha dicho cuánto cuesta suprimir ese lucro.
El Gobierno tampoco sabe cuál es el efecto que va a tener, en la forma en que está planteado, el fin del financiamiento compartido, el que, tal como algunos Honorables Senadores han advertido, lejos de ayudar, terminará perjudicando aún más a la educación pública.
Han sido los propios partidarios del Gobierno los que le han advertido, una y otra vez, que el proyecto, como está, generará consecuencias -cito textualmente- "imposibles de anticipar". Es decir, se le está diciendo, con todas sus letras, que este es un proyecto equivocado, cuyos efectos no se pueden anticipar.
Pero, frente a eso, sordera total. Desde la Antigüedad se sabe que los dioses ciegan a quienes quieren perder.
Y, por último, este es un proyecto inconstitucional, como lo demostraremos sobradamente, porque amenaza el corazón de la libertad de enseñanza; porque transforma en letra muerta la autonomía para organizar colegios, y porque establece requisitos para la subsistencia de los establecimientos particulares subvencionados que estos no se hallan en condiciones de cumplir, pues, entre otras cosas, dependen de la voluntad de terceras personas.
Señora Presidenta, quiero terminar señalando que este proyecto no ayuda en nada a la educación pública; solo afecta el corazón de la libertad de enseñanza; hace inviable la educación particular subvencionada; castiga gravemente los esfuerzos de la clase media, y perjudica al país en su conjunto.
Por todas esas razones, voy a votar que no.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Quiero advertir a las tribunas que está prohibido hacer cualquier tipo de manifestación.
Ya lo dije una vez. Lo digo ahora, por segunda. Y no lo voy a repetir una tercera.
Por lo tanto, los presentes quedan advertidos. Se halla prohibido efectuar cualquier tipo manifestación, a favor o en contra.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señora Presidenta, hoy votamos el proyecto que pone fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. No votamos el sueño que cada uno tiene respecto de lo que hay que hacer en educación en Chile. Hoy votamos un proyecto concreto, con efectos concretos.
Entonces, la pregunta que nos debemos formular es por qué votar a favor o en contra de esta iniciativa en particular.
¿Es necesaria una reforma educacional para mejorar la calidad de la educación chilena y para asegurar que el acceso a una educación de calidad no dependa de los ingresos de los padres?
Claramente, sí.
¿Va a garantizar esta reforma la educación gratuita y de calidad que prometió la Presidenta Bachelet durante su campaña?
Después de escuchar a expertos, a distintos actores de la educación y a ex Ministros del ramo, puedo decir, con responsabilidad, que, claramente, no.
¿Es una reforma que cuente hoy con el apoyo mayoritario de la ciudadanía? No. ¿Y por qué, si al principio del Gobierno de la Presidenta Bachelet sí contaba con él? Porque va en contra del sentido común, por cuanto, según palabras de la propia Jefa de Estado, debiéramos haber empezado por mejorar la calidad de la educación pública y por aumentar los sueldos de los profesores, ligándolos al desempeño, y no por ahogar la educación particular subvencionada.
Entonces, si no mejora la calidad, no asegura la gratuidad, no se ocupa de la educación pública, ¿cuál es la inspiración de esta reforma? ¿Cuál es su lógica?
Se trata de una reforma ideológica, de ideología de izquierda, que iguala lo público con lo estatal. Y, por lo tanto, lo que busca es que predomine el Estado en la educación, no mejorando la que este entrega, como sería lo lógico, sino ahogando al sector particular subvencionado.
Como es una reforma ideológica, no tiene compasión. ¿Y qué es la compasión? Es ponerse en el lugar del otro. Y no tiene compasión con los efectos que pueda generar en la realidad de miles de familias chilenas de escasos recursos y de clase media que hoy educan a sus hijos en colegios particulares subvencionados.
Estamos frente a una reforma ideológica, hecha por teóricos de izquierda, desde un escritorio en Santiago. Y la ideología impide ver la realidad. Por lo tanto, esta reforma está llena de improvisaciones, sin ninguna claridad de los efectos prácticos que puede ocasionar; que no se hace cargo de las realidades que presentan los colegios a lo largo del país y que son extraordinariamente diversas.
Pero eso les da lo mismo a los ideólogos y teóricos que están sentados detrás de sus escritorios en Santiago, porque su mantra es: "Hay que sacar adelante la reforma cueste lo que cueste, afecte a quien le afecte".
Vamos a los puntos específicos.
Fin a la selección.
Este punto es de verdad extraño, porque hoy la ley prohíbe la selección hasta sexto básico. Entonces, ¿qué busca en realidad este proyecto?
Primero, terminar con los procesos de admisión ligados a los proyectos educativos. ¿Cuál son los efectos prácticos? Ya los podemos observar.
Fíjense que en Valdivia tenemos una escuela municipal de música. Ese establecimiento realiza cada año una prueba de admisión para saber cuáles son las habilidades musicales de los postulantes. La Superintendencia, después de haber aceptado ese proceso, lo objetó, luego del reclamo del padre de una niña que fue rechazada. Resultado: por la presión de dicho organismo, el colegio aplicó la tómbola. ¿Cuál fue el efecto práctico? Una de las niñas aceptadas por sus habilidades para la música quedó fuera de la escuela, con posterioridad a la aplicación de tal sistema.
Por lo tanto, ¿cuál es la compasión a la que yo los llamo hoy día?
La madre de esa niña, llorando, me dijo: "Senadora, yo no tengo plata para pagar el conservatorio. El talento musical de mi hija se va a perder".
Este es solo un ejemplo que muestra que esta reforma no tiene compasión; compasión con aquellas familias que se sacan la mugre para entregarles una educación de calidad a sus hijos y que no disponen de recursos para financiarla; compasión con aquellos padres y apoderados que desean elegir libremente el proyecto educativo para sus hijos.
Fin al copago.
Estamos de acuerdo en que el acceso a una educación de calidad no debe depender de los ingresos de la familia. Pero, ¿cuál es la verdad? Primero, el Ministro tuvo que reconocer que el copago termina recién el año 2034. Por lo tanto, la educación gratuita, prometida durante la campaña presidencial, no será una realidad.
Ya sé, me van a decir: "Pero, Senadora, más del 80 por ciento de los colegios serán gratuitos". ¿Gratuitos y de calidad? Lo dudo. Y quiero explicar por qué.
En primer término, porque, como muestran los estudios, el copago tiene un efecto sobre la calidad cuando es más alto. Y ello resulta bastante lógico, pues educar a un niño con calidad cuesta entre 150 mil y 200 mil pesos en Chile. ¿En cuánto está la subvención escolar general hoy día? ¡60 mil pesos! ¿Y en cuánto quedará después de este proyecto, con reforma tributaria y todo? Aumentará en solo 27 mil pesos. Por lo tanto, llegamos -fíjense, Sus Señorías- a casi 90 mil pesos.
¿Se puede educar a un niño con calidad con 90 mil pesos?
No, dicen los expertos.
Entonces, la educación va a ser gratis para la mayoría. Es verdad. Pero, ¿será de calidad? No. Y nadie quiere que la educación sea gratis si no es de calidad, como lo señaló la propia Presidenta Bachelet hace un par de semanas.
¿No creen que es injusto que los papás capaces de costear un colegio particular -como la mayoría de los que estamos sentados acá- puedan aportar para que sus hijos tengan una educación de calidad, y que los papás que no puedan hacerlo se hallen impedidos de asegurar una educación de calidad para sus niños mientras el Estado no pueda hacer el esfuerzo necesario?
¡Yo creo que es injusto! ¡Esta es una reforma injusta!
Fin al lucro.
Primero, no hay evidencia -como decía el Senador Ignacio Walker- que demuestre que los colegios particulares subvencionados con fines de lucro sean mejores o peores que los que no lo son o los municipales.
¿Qué dicen los estudios?
La diversidad es inmensa.
¿Cuál es la lógica de esta medida, entonces?
Primero, una ideológica. Porque mira con desconfianza a los privados en la educación y prefiere la supremacía del Estado. Que el Estado eduque, que el Estado decida todo.
Segundo, plantea el argumento de que toda la subvención debe dedicarse íntegramente a la educación.
Podemos pensar que estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, en este contexto de verdad no se entiende que ahora, en la discusión en particular, se quiera permitir el arriendo a entidades sin fines de lucro. Porque ¿qué hacen esas entidades sin fines de lucro? Sacan parte de la subvención escolar para entregarla a un proyecto que no tiene que ver con educación. Puede estar relacionado con otros temas, como en el caso de la Iglesia católica; pero con temas educativos no tiene que ver. Entonces, ¿en qué quedamos?
También se ha dicho que ahora se va a aceptar el lucro en los colegios pequeños. Esto es para solucionar el problema gigantesco que genera este proyecto de ley y no cerrar colegios. Pero esto es realmente poco coherente, pues vamos a aceptar algo así como "el lucro chico".
¿En qué quedamos, entonces, con la coherencia de este proyecto de ley?
Sin embargo, lo más dramático es que acá, durante toda la tramitación, no nos quedó nunca claro cuántos colegios particulares subvencionados con y sin fines de lucro hay; cuáles retiran utilidades; cuántos arriendan, y por cuánto, qué cantidad de colegios pueden verse obligados a cerrar. No sabemos. La verdad es que no tenemos idea.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque el Ministerio no nos entregó las cifras durante toda la tramitación en la Comisión. No tenemos idea.
¿Qué hacemos?
Avanzamos hacia un barranco, con una venda en los ojos.
¿Pero quién va a caer en el barranco?
Nuestros hijos no. No los hijos de los Ministros. No los hijos de la Presidenta. Los que se verán afectados son los hijos de miles de familias vulnerables y de clase media que han elegido educar a sus hijos en colegios particulares subvencionados.
Y acá se muestra nuevamente la falta de empatía de este proyecto. Porque pueden cerrarse o transformarse en particulares pagados -lo han anunciado- colegios de mejores resultados que los colegios particulares pagados, como el Camilo Henríquez, en Temuco, o el Domus Mater, en Valdivia.
Señora Presidenta, esta reforma es injusta y poco compasiva, que no nos va a afectar a nosotros, sino a los niños de miles de familias de clase media. Por lo tanto, no puedo ser cómplice de ella, ni responsable por sus efectos.
Por eso, voto en contra.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señora Presidenta, ha sido una larga discusión, un extenso debate, como decía el Presidente de la Comisión en su informe: 56 invitados, 17 sesiones, más de 70 horas solo para la discusión en general.
No recuerdo que haya existido un proyecto tan discutido como este en la Comisión. Y a estas alturas, cada uno ya se habrá formado una opinión y convicción.
A mí me preocupa que de pronto se tergiversen las versiones y las declaraciones de nuestros invitados.
Quiero partir con la mala, inexacta cita, que hizo el Senador Allamand respecto de uno de los invitados, el último, el abogado Fernando Atria. Lo que este planteó es que los padres velan por el interés de sus hijos, de su familia. El interés general es responsabilidad del legislador. Este debe velar por esos hijos, que son preocupación de sus padres, pero también por todos los hijos.
Esa óptica debe tomar el legislador, según Fernando Atria. Y creo que cualquier mirada seria, que quiera tomar un poquito de distancia del populismo, debe hacerse cargo de eso.
Nuestra preocupación es mirar por el interés general, y de ahí que nuestro deber sea procesar todas las exposiciones.
Deseo recordarles a algunos Senadores de la Alianza que el propio Arturo Fontaine, ex director del CEP, dos años atrás, a propósito de un proyecto que iniciamos junto con la Senadora Lily Pérez, volvió al Senado e insistió en que el lucro solo le ha generado dificultades a la educación de Chile.
Fue el propio Instituto Libertad -aquí, al parecer, la Derecha hoy día no quiere escuchar- representado por su Director, Antonio Horvath Gutiérrez, el que señaló su coincidencia con los aspectos conceptuales de este proyecto. ¡Y para qué voy a citar más investigadores!
Entonces, tratar de interpretar o tergiversar las palabras, como se ha hecho en innumerables ocasiones con respecto a las expresiones del Ministro, francamente no hace bien. El debate público que hemos tenido no ha sido bueno, a diferencia del que tuvimos en estas 56 sesiones, donde efectivamente se ha logrado profundizar en los principales aspectos del proyecto.
Se ha dicho majaderamente que esta iniciativa no trae calidad. Pues bien, lo que hace es definir los fines educativos taxativamente. Y cuando se halla definido a dónde van los recursos para la educación, evidentemente que la posibilidad de distraerlos, de lucrar, desaparece.
Los Senadores de la Alianza planteaban recién: "Es que el Gobierno ha sido impreciso en entregar información respecto de cuánto es el lucro". La verdad es que la información de que se dispone, construida sobre la base de gastos reportados por el Servicio de Impuestos Internos, nos permite concluir que los retiros alcanzan a algo así como cuatrocientos millones de dólares al año. Estamos hablando de las utilidades de uno de los grandes grupos económicos del país.
Sin embargo, no es lo más preocupante, señora Presidenta. Lo más preocupante es que respecto de la subvención general, que representa en algunos casos -depende de otras subvenciones complementarias que tenga el establecimiento- el 40 o incluso el 50 por ciento de los ingresos públicos que le llegan a ese colegio, no se rinde cuenta.
Por la subvención general -probablemente quienes han estado siguiendo de una manera desapasionada e independiente este debate no saben lo que voy a afirmar ahora- no se rinde cuenta pues no es tributable. No es tributable.
Por lo tanto, lo que sucede acá no ocurre en ningún otro ámbito.
A un emprendedor de la educación, que hace un gran esfuerzo con otro empresario, el Estado le pone el capital de trabajo, y al mismo tiempo no le pide rendir cuentas. Porque la subvención general finalmente es un fondo de libre disposición.
Por eso el Senador Montes y otros Senadores han planteado la necesidad de que en este proyecto exista una contabilidad completa, tal como lo señaló la Senadora Lily Pérez, los Senadores Horvath y muchos otros también de la Alianza hace dos años, que escucharon no solo el ruido de la calle, sino el sentimiento profundo de un país que -tal como lo señalaba el Senador Ignacio Walker- no resiste más. Porque este modelo es único en el mundo.
Entonces, cuando la Senadora Von Baer dice que este proyecto es ideológico, elaborado por la Izquierda, ¡por favor! Si lo único ideológico es un modelo que lleva 33 años, que fue elaborado ¡ustedes saben por quién¿!
Es el experimento de Friedman en Chile. Ahí surge este sistema educativo. Y siempre he creído que la Derecha es consecuente en esto -quiero reconocerlo-. Porque probablemente va a dejar caer el binominal, pero va a morir con las botas puestas en el tema del lucro en la educación.
Ese es el tema de fondo.
Cuando en la fase previa a esta discusión, el Senador Allamand plantea legítimamente, y por supuesto con sólidos argumentos, aspectos reglamentarios de constitucionalidad, ¿se preocupa de los aspectos del derecho a la educación? No, solo del derecho de propiedad. ¡Solo del derecho de propiedad!
En consecuencia, el debate real se da entre quienes creen que la libertad de enseñanza, que esconde detrás, por cierto, la libertad del negocio -somos el único país en el mundo que ha hecho negocios con la educación-, y otros que creemos, a diferencia de lo que planteó el Presidente Piñera, que la educación debe dejar de ser un bien de mercado, de consumo, y pasar a ser un derecho social.
Por eso ha sido tan importante este debate en la Comisión, donde participaron distintos investigadores. Por ejemplo, Cristián Bellei, ¿qué nos dice frente al lucro?: "No existe evidencia de haber aportado diversidad y calidad en los proyectos educativos".
Aquí no estamos mirando colegio a colegio ni caso a caso, sino -repito, por si alguno no sabe-, el interés general del país. Y este recae en que tenemos la educación más segregada del mundo, más que el barrio, y eso ya es mucho decir.
Por lo tanto, lo que planteamos acá no es un tema ideológico, sino uno referido a si realmente queremos avanzar como nación en otorgar mayores oportunidades a niños y jóvenes.
Una de las miradas más conservadoras que hemos escuchado -lo digo pues es alguien de mi partido a quien le tengo gran aprecio- es la de José Joaquín Brunner, quien dice que al menos el 40 por ciento de los estudiantes hoy no tiene capacidad para alcanzar estándares mínimos de comprensión lectora. De esos jóvenes hemos de preocuparnos.
Asimismo, de los guetos en que se halla transformada la educación.
Yo no les puedo pedir a algunos sostenedores que entiendan la presente discusión, porque su mirada responde a un interés económico sobre reglas que el Estado de Chile fijó hace 33 años. Y ellos efectuaron una gran contribución -debo decirlo-: han cooperado en la gestión gubernamental en educación.
En algunos casos lideraron proyectos educativos con grandes resultados, que seguramente cuentan con infraestructura propia, y muy interesante. Cuando exista un proyecto educativo exitoso, no va a cerrar. ¿Quién puede entender que con más recursos provenientes de la subvención de gratuidad, que con más dineros que llegarán por la vía de la subvención de clase media alguien liquidará colegios? ¿Me van a asegurar que a una persona que cierra un establecimiento le importa la educación? ¡No! Le interesa solamente el financiamiento, el fondo de libre disposición en que se ha transformado en 25 años, con la complicidad de este Congreso, la subvención general.
Por eso, en buena hora que estemos dispuestos a dar este paso. Porque vamos a tener un país mucho más inclusivo, pues les vamos a entregar oportunidades a jóvenes que hoy día carecen de ellas.
Alejandra Mizala nos dice también que el financiamiento compartido restringe la oportunidad de escoger y es la mejor forma de seleccionar por la capacidad de pago. Esta misma investigadora nos señala que el 52 por ciento de los establecimientos, aunque no debiesen seleccionar antes de 6° año básico, lo siguen haciendo. Y vulneran la ley.
De ahí que la normativa en proyecto debe ser a prueba de cualquier subterfugio y extremadamente clara en relación con el fin del lucro, del copago y de la selección.
Respecto a la selección, un minuto.
Ninguno de los investigadores, de los expositores, de los representantes de las instituciones que recibimos nos ha señalado que exista aquí una selección virtuosa o una selección positiva.
Nuestros socios, con los cuales nos comparamos de verdad, los países de la OCDE, en cuyos estándares queremos situar a millones de jóvenes, no hacen selección antes de los 15 años. ¿Por qué? Porque eso significa simplemente dejar a niños en el camino. Y el sistema escolar, cuando es enteramente heterogéneo, diverso, no puede seleccionar.
Lo que hoy hacemos con la prueba de selección universitaria es una aberración. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Lo considero muy poco inclusivo. El sistema de selección universitaria mediante la PSU es lo más clasista que tenemos en Chile y debemos terminarlo de una vez por todas.
Y espero que el Gobierno lo asuma dentro de sus tareas.
Entonces, señora Presidenta, las evidencias que nos avalan para dar este paso son demasiado contundentes.
Voto a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señora Presidenta, lo primero que quiero señalar es que era absolutamente imprescindible hacer esta reforma educacional.
Y por varias razones.
En primer lugar, porque tenemos un serio problema de calidad. Cuando el mundo habla de que la calidad es lo más importante, quiero decirles que Chile se sitúa en el último puesto en la prueba PISA de Matemáticas; nos estancamos en su versión de Lenguaje entre 2006 y el 2012. Nuestros mejores alumnos -repito: ¡nuestros mejores alumnos!- muestran un rendimiento similar al del 10 por ciento de los peores estudiantes de Japón.
Y para clarificar algunas cosas que se han dicho respecto de que las dificultades en calidad solo aquejan a aquellos establecimientos públicos dependientes de los municipios, basta mirar el SIMCE. A mí no me gusta ese parámetro, pero es lo que tenemos hoy.
Cuando en el SIMCE de 4° básico en lectura se compara a un niño de estrato socioeconómico bajo de colegio municipal versus uno de particular subvencionado, el primero saca más puntos que el segundo. Aquí se muestran los resultados: SIMCE 2009: 241 puntos, municipal; 236, particular subvencionado; SIMCE 2005: 236 puntos, municipal; 218, particular subvencionado; SIMCE 2002 -vamos más atrás-: 229, municipal; 216, subvencionado.
O sea, cuando se comparan peras con peras y no peras con manzanas, los resultados son prácticamente iguales, y muchas veces mejores en el ámbito de la educación pública, con toda la precariedad, con todos los inconvenientes que manifiesta.
Por tanto, el problema de la calidad es sistémico: abarca todas las modalidades y niveles en la educación.
Segundo lugar, cosa clave para la calidad: la equidad.
En Chile no hay equidad. Existe un determinismo social. El resultado, el rendimiento, el aprendizaje de un niño al final se halla determinado, no por su esfuerzo individual, no por sus talentos naturales, sino por la herencia social: el origen y la cuna definen su futuro. Y así lo demuestran el SIMCE y la PSU.
Cuando analicemos los resultados de la PSU nos daremos cuenta de lo mismo del año pasado: que cuando se confrontan los ingresos familiares de los jóvenes y sus resultados, se demuestra que en familias con ingresos sobre un millón y medio de pesos solo 3 por ciento saca menos de 450 puntos y en aquellas con ingresos de menos de 300 mil pesos, 45 por ciento obtiene menos de 450 puntos.
Entonces, no hablemos de selección por mérito académico, pues cuando evaluamos rendimiento académico discriminamos, finalmente, por razones socioeconómicas, por capital sociocultural.
Incluso, los liceos emblemáticos no sirven para la movilidad social de los niños de liceos públicos, porque la composición de los emblemáticos reproduce la conformación actual a nivel nacional respecto de escuelas particulares subvencionadas, públicas, particulares pagadas.
De hecho, y más grave aún, en el Instituto Nacional, ejemplo de liceo emblemático, el 80 por ciento de los jóvenes son del quintil más rico.
Por eso mismo -y voy a decirlo después-, la selección por mérito académico es discriminación por razones socioeconómicas.
Otro problema: falta de inclusión.
Resumo: no tenemos equidad, calidad y tampoco inclusión.
La inclusión es necesaria para la calidad y para la cohesión social, para la paz social.
Fíjense ustedes que los índices de inclusión en Chile son de los más bajos. El nivel de segregación medido con índice Duncan demuestra como indeseable tener sobre 0,4. Nosotros, en todos los deciles, mostramos sobre 0,5. Incluso, en los más ricos llegamos a 0,95.
Las escuelas son tremendamente homogéneas.
Aquí, cuando se argumenta que las escuelas particulares subvencionadas son heterogéneas, la verdad, primero hay que señalar que el Índice de Vulnerabilidad Escolar -IVE- demuestra que en los colegios públicos sobre 70 por ciento de los niños son vulnerables; en los colegios particulares subvencionados, bajo 50 por ciento.
En los colegios públicos, 10 por ciento de la matrícula está conformada por niños con necesidades educativas especiales; en los colegios particulares subvencionados, solo 4 por ciento. ¿Por qué? Porque los colegios se han especializado en la selección, en la segregación, en no dar valor agregado al proyecto educativo.
Y fíjense ustedes cuáles son los efectos que se reportan por la segregación y la falta de inclusión respecto de la calidad:
"Disminuye la calidad de resultados académicos de niños más pobres" (Valenzuela, Bellei y otro).
"Debilita la capacidad de la escuela de incorporar a las nuevas generaciones al ejercicio de la ciudadanía".
"Deteriora el proceso educativo en cuanto a la capacidad de aprendizaje y generación de valores como tolerancia y respeto a las minorías".
En verdad, todos esos efectos inciden primordialmente en la calidad de la educación.
Ahora, ¿por qué tenemos problemas de mala calidad, de falta de inclusión, de segregación y de falta de equidad? Básicamente, porque nuestro sistema es una anomalía en el ámbito educativo. Lo inventó un dictador hace cuarenta años. Hizo un experimento en Chile, que hoy algunos defienden porque es difícil cambiar la cultura después de cuarenta años, cuando nos acostumbramos a que lo relevante en la vida sea poseer el dinero suficiente para entregar educación a nuestros hijos.
La educación como un bien de consumo y no como un derecho social.
Fíjense que el gasto privado en educación en Chile es 2,7 por ciento del PIB, mientras que el gasto total en educación alcanza a 7,1 por ciento. En los países de la OCDE, con los cuales nos encanta compararnos, es 1,4 por ciento. Nosotros gastamos el doble: gasto de bolsillo. Por tanto, al final del día, los padres y los hijos reciben no la educación que necesitan, sino la que les alcanza con los recursos económicos de bolsillo.
Por otro lado, en cuanto a la oferta pública, los países que lo hacen bien ofrecen 90, 100 por ciento en esta área. Chile ni siquiera alcanza a 40 por ciento.
Otra anomalía: poca oferta pública; gran gasto privado, de los padres.
Por eso, debemos terminar con los problemas que generan estas situaciones respecto a la calidad, la equidad y la inclusión.
Primero, la selección. Claramente, lo que hay que señalar es que hoy, a pesar de que está prohibido de prekínder a 6° básico, se selecciona en la mitad de las escuelas. Según un estudio del profesor Carrasco, de 532 directores entrevistados, uno de cada dos reconoce hacer selección a través de pruebas de ingreso, de una sesión de juegos, de entrevista a los padres. Y se hace justamente buscando abaratar los costos que significa la educación de un niño. Porque un menor con necesidades educativas especiales requiere más recursos, demanda más apoyo.
El lema de nuestro sistema educativo debiese ser "que nadie se quede atrás". En la actualidad, muchos se quedan atrás, pues cuando se selecciona uno para arriba, se selecciona uno para abajo. Y así seguimos segregando.
Las pruebas de selección se han transformado en el principal mecanismo para descremar, para construir verdaderos guetos en la educación pública. Porque los chilenos y las chilenas no se están mezclando, pues no hay integración en el aula. No se expresa la rica diversidad de la sociedad en el aula.
¿Y qué ha hecho el copago? Al respecto, cito lo que en forma reiterada y de manera prácticamente unánime señalaron los expertos que entrevistamos en la Comisión: "El financiamiento compartido agrava la alta segregación social de la educación chilena, limita las posibilidades de elección de las familias". ¡Limita las posibilidades de elección de las familias!
¡Hoy no eligen los padres! ¡Hoy eligen las escuelas!
Faltan a la verdad quienes sostienen que este proyecto afecta la libertad de enseñanza y la libertad de los padres a elegir el colegio.
Cuando se pone una barrera de ingreso a los niños por un criterio de selección o discriminación, o por una consideración socioeconómica a través del financiamiento compartido y el copago, ¿qué se hace? Se atenta contra el derecho de los padres a escoger donde matricular a sus hijos.
Esta declaración sobre el financiamiento compartido la firman Alejandra Mizala, Andrea Repetto, Cristián Cox; incluso algunos que han sido más críticos, como José Joaquín Brunner, Mario Waissbluth, Ernesto Treviño. Ningún experto manifiesta que dicha modalidad de financiamiento ha colaborado a mejorar la calidad de la educación en Chile.
De hecho, los colegios que funcionan con copago ni siquiera cumplen la Ley SEP, que dispone que en estos debe haber un 15 por ciento de alumnos vulnerables. A mayor copago, menos cumplimiento. ¿Por qué? Porque se produce más segregación y más se afecta la calidad.
En cuanto al lucro, el modelo chileno es único en el mundo: con recursos públicos se puede obtener utilidades.
¿Qué opera? Un sistema de mercado donde los establecimientos compiten por la subvención y las mediciones estandarizadas son usadas como herramientas de mercado para discriminar, para seleccionar. Por lo mismo, es imposible saber si una escuela es de buena calidad o si los resultados del aprendizaje de sus niños simplemente obedecen a la preselección que se hizo al ingreso.
Los colegios con fines de lucro realizan, en promedio, menor inversión en aspectos relevantes para la calidad, como la experiencia y el tipo de contrato de los profesores, como la Jornada Escolar Completa, como los talleres extraprogramáticos. Así ha quedado demostrado en estudios de Elacqua, Martínez y Santos, e incluso, en otro de Treviño, más reciente.
Además, se ha constatado que los colegios con fines de lucro gastan el doble en el ítem "inmueble" que aquellos sin fines de lucro. ¡Y no ha habido por esa razón una revolución en materia de calidad!
Como apuntó un colega que me antecedió en el uso de la palabra, ese tipo de establecimientos en Suecia va en retirada. Y en Estados Unidos, la cuna del capitalismo, se dieron cuenta de que en educación no funciona el mercado. Porque la educación no es un supermercado, no es una panadería, como dijo alguien.
Y el lucro no tiene que ver con las remuneraciones. Lucrar implica quedarse con los excedentes, los cuales, como bien sostuvo el Senador Ignacio Walker, debiesen ser reinvertidos en construir más salas de clases, en mejorar infraestructura deportiva, en implementar laboratorios de inglés o talleres artísticos.
Termino señalando, señora Presidenta, que la educación -y así la concebimos; de ahí la importancia de este proyecto- es un derecho social, que implica que cada niño y cada niña tengan la educación que necesitan, ¡nada más y nada menos!
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Hemos llegado a la hora de término. En la sesión de la tarde continuaremos el debate en el orden de la lista de inscritos.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/9366-04