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Tal como dispone el artículo 3° de la Ley de Bases generales de Medio Ambiente, N. 19.300, “Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley”.
La fijación de indemnizaciones en materia de medioambiente, no se encuentra regulada. Algunos postulan baremos, es decir, tasaciones legales previas por cada daño posible, para efectos de dotar de seguridad jurídica tanto a las empresas como a los posibles afectados.
Otros creen que la discrecionalidad judicial es suficiente, y los partidarios del punto medio aseveran que deben fijarse criterios que atiendan a la especificidad del daño de que se trata, o al patrimonio del infractor.
Este último punto es importante, pues en el derecho medioambiental se pretende la existencia del principio jurídico “EL QUE CONTAMINA PAGA”.
Ahora bien, es tal la magnitud de los proyectos que se emprenden, denominados hoy megaproyectos, de índole minera, forestal, hidroeléctrica, geotérmica, hidrobiológica, fotovoltaica, entre otras, y el nivel de inversiones tan profundo, sumado a la Transnacionalización de las industrias extractivas y de producción de energía, que muchas veces eso de que el que contamina paga, se convierte en “EL QUE PAGA, CONTAMINA”.
En este sentido las multas medioambientales juegan su papel, y son cuantiosas, pero distinto es el caso de las indemnizaciones.
Cuando se paga una indemnización por haber contaminado, juegan las normas del Código Civil, tal como dispone la misma Ley ambiental. Su artículo 51 dispone:
“Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley.
No obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente ley.
Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto por esta ley o por leyes especiales, se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil”.
Aquí hay dificultades obvias, pues mientras que la ley ambiental supone desigualdad entre las partes, por un lado un empresario poderoso e informado y por otro, ciudadanos débiles y desinformados, el Código Civil regula relaciones entre iguales.
Por tanto, a nivel de la fijación de las indemnizaciones de perjuicios, hoy campea el principio de una igualdad formal, que desconoce las asimetrías propias de la realidad, las invisibiliza y las desconoce.
Por nuestra parte creemos que la indemnización debe fijarse de cara al principio de EL QUE CONTAMINA, PAGA, y reconociendo las asimetrías económicas y de información que existen en las relaciones entre empresario y ciudadano afectado por la contaminación o daños al medio ambiente.
En este marco, es ineludible que al fijarse las indemnizaciones, el juez atienda al patrimonio del responsable de la contaminación, al suyo propio y al de las personas con las que está relacionado, si es empresa.
POR TANTO, VENGO EN PROPONER EL SIGUIENTE:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agrégase el siguiente nuevo inciso final al artículo 52 a la Ley 19.300, que APRUEBA LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE:
“Al determinar las indemnizaciones, el juez atenderá especialmente al patrimonio del responsable, incluyendo el de personas jurídicas relacionadas, a efectos de dejar a la víctima indemne y absolutamente satisfecha por los daños causados, pudiendo incluso aumentarla prudencialmente por sobre lo solicitado, de manera justificada, y siempre de acuerdo a la extensión del daño”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.
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