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- rdf:value = " El señor WALKER (don Ignacio).-
Señora Presidenta, más de 30 mil profesores y profesoras que hoy están a contrata en la educación pública, tan pronto sea aprobada esta iniciativa de ley, pasarán a formar parte de la planta.
Por cierto, no solo en términos personales y como Senador por la Región de Valparaíso cordillera -he sostenido muchas conversaciones con los docentes de mi circunscripción-, sino también como Presidente del Partido Demócrata Cristiano, me es muy grato sumarme a la aprobación de este proyecto.
Seamos claros: lo que mantiene en pie hoy a la educación pública chilena, que representa solo el 37 por ciento de la matrícula total escolar, principalmente es la acción de los 90 mil profesores que laboran en el sistema municipal. Por supuesto, también hay que considerar a los asistentes de la educación, a las manipuladoras de alimentos, etcétera.
Ahora bien, de esos 90 mil docentes -y hay que agregar los aportes de los 350 municipios, porque sin ellos sería imposible sostener financieramente la acción de la educación pública-, más del 40 por ciento está a contrata.
Tal situación, por un lado, obviamente establece una condición de precariedad e inestabilidad, con todas las consecuencias que ello acarrea para los profesores y sus familias. Y, por otro, rompe con la regla del 80/20, que impide que más del 20 por ciento del personal sea a contrata.
En consecuencia, se está haciendo justicia con los profesores y las profesoras que se encuentran en dicha situación, en particular al disponer que los beneficiarios serán los contratados como "docentes de aula y sus correspondientes horas no lectivas", como ha precisado el Ejecutivo mediante indicación.
Ahora, para entender esta modificación es preciso recoger el debate que se dio en la Comisión de Educación. Al respecto, quiero ser muy honesto: se plantearon tres dudas, todas legítimas, tanto en la Cámara de Diputados en su momento -lo mismo se manifestó el año 99- como en el Senado.
Primero, se habló de un problema de constitucionalidad.
Tiene razón el Senador Hernán Larraín en cuanto a que hubo una discusión respecto de la admisibilidad de la moción original. Esto se zanjó en el Senado gracias a una indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo. Por tanto, desaparece, por este último motivo, cualquier duda acerca de la constitucionalidad de la iniciativa.
Segundo, se generó todo un debate sobre cómo se ingresa a una planta docente.
Todos sabemos que en la legislación chilena eso se logra a través de concurso público. Luego de ganarlo, se llega a ser profesor o profesora. Pero aquí estamos estableciendo una vía excepcional: mediante una ley. Así se hizo en 1999 (ley N° 19.648) y así se pretende fijar ahora. Sin embargo, cabe consignar que la norma general, no solo en el caso de los docentes, sino en el de cualquier empleo público, es el concurso.
Y tercero -también planteé este punto en la Comisión de Educación-, se manifestó la preocupación por el gasto que esta propuesta originará a futuro.
Los alcaldes, quienes hacen sus mejores esfuerzos, tienen razón en preguntarle al Ejecutivo quién financiará las eventuales indemnizaciones, por ejemplo, respecto de eventuales desvinculaciones. Digámoslo claramente: es cierto que esto va a ser de cargo de los municipios. Y todos sabemos que estos han sido recargados excesivamente desde el punto de vista financiero.
Dejando constancia de esas tres dudas legítimas, las que se analizaron en la Comisión, manifiesto que estamos muy contentos de aprobar el proyecto que nos ocupa.
He dicho.
"
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