RENOVACIÓN DE LEY SOBRE ACCESO A TITULARIDAD DE DOCENTES A CONTRATA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SUBVENCIONADOS
RENOVACIÓN DE LEY SOBRE ACCESO A TITULARIDAD DE DOCENTES A CONTRATA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SUBVENCIONADOS La señora ALLENDE (Presidenta).- Según lo que acabo de señalar, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que renueva la vigencia de la ley N° 19.648, de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata de los establecimientos públicos subvencionados, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "discusión inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (8.784-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 32ª, en 18 de junio de 2013. Informes de Comisión: Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 48ª, en 27 de agosto de 2013. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014. Discusión: Sesión 51ª, en 3 de septiembre de 2013 (se rechaza el informe de la Comisión y, por ende, se declara la admisibilidad del proyecto). La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es prolongar los efectos de la ley N° 19.648, de 1999, de manera de extender la calidad de titular a los profesionales de la educación parvularia, básica y media dependiente de un mismo municipio o corporación de educación municipal que al 31 de julio de 2014 hayan tenido la calidad de contratados y se hayan desempeñado como docentes de aula durante al menos tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de 20 horas cronológicas de trabajo semanal, y precisar que la titularidad de las horas a contrata operará solo respecto de aquellas contratadas en aula. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió este proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó en ambas modalidades con las modificaciones que consigna en su informe, con los votos favorables de los Senadores señores Quintana, Rossi e Ignacio Walker y las abstenciones de los Senadores señora Von Baer y señor Allamand. --(Manifestaciones en tribunas). El texto que se propone aprobar se consigna en la página 27 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición. Además, debo hacer presente que el Ejecutivo ha hecho llegar una indicación -que se verá en su oportunidad- para intercalar, en la letra c) del artículo único, entre la palabra "aula" y el punto final, la frase: "y sus correspondientes horas no lectivas". La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de ofrecer la palabra, voy a pedir a las personas apostadas en tribunas que me ayuden a respetar el Reglamento manteniendo el silencio que hasta ahora han observado. Así que les ruego abstenerse de realizar cualquier manifestación. En discusión general y particular el proyecto. Tiene la palabra el Senador señor Rossi, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El señor ROSSI.- Señora Presidenta, este es un proyecto muy breve -consta de un artículo único-, tiene origen en una moción, se encuentra en segundo trámite constitucional, es muy simple en el papel y a su respecto el Ejecutivo ha presentado una indicación. Es muy importante, porque tiene que ver no solo con una reivindicación laboral, muy legítima, de los profesores y profesoras de Chile -y aprovecho de saludar a los que nos acompañan en las tribunas-, sino también con los procesos pedagógicos. Efectivamente, hoy existe una situación de extrema precariedad en los contratos de trabajo de miles de profesores en todo Chile. Es impresionante. Cuando uno analiza la realidad de ciertas comunas de nuestro país, se encuentra con que en algunos lugares más del 80 por ciento de los profesores se hallan "a contrata"; por tanto, en una condición laboral extraordinariamente vulnerable, con un contrato muy precario, que, además de generarles incertidumbre -lo que, evidentemente, afecta su calidad de vida-, afecta el nivel de vinculación de los docentes con su escuela. Ello es bastante evidente, pues cada fin de año no saben lo que va a pasar con su futuro. Por consiguiente, era absolutamente necesario hacerse cargo de este problema, que forma parte de una agenda de distintos temas que han estado conversándose, relativos a los profesores y a la docencia, en el cual se incluyen no solo el de la titularidad docente, sino también el del agobio laboral, que es un proyecto muy importante para los profesores y que necesariamente debe ocupar un lugar central en la discusión del Plan Nacional Docente, que ojalá cuente con una fase prelegislativa en donde todos los maestros puedan hacer aportes y dar a conocer sus puntos de vista. Lo mismo ocurre con el incentivo al retiro, el daño previsional, la deuda histórica y tantos otros asuntos que son fundamentales para los profesores de nuestro país. En cuanto al proyecto en debate, que beneficia a alrededor de 33 mil de ellos -y acabo de ver la indicación que envió el Ejecutivo, la cual resuelve varios de los problemas que presentaba el texto-, debo señalar que establece que los docentes de aula que hayan estado contratados al 31 de julio del 2014 van a adquirir la titularidad de sus cargos y pasar a la planta si han trabajado durante cuatro años de manera discontinua o tres años de forma continua, en un municipio o corporación municipal, y han desempeñado una labor por 20 horas cronológicas. Y veo que la indicación que acaba de llegar también se hace cargo de sus correspondientes horas no lectivas. Es una buena noticia para los profesores, porque todos sabemos que la labor docente se ejerce dentro y fuera de la sala de clases. Y de hecho ojalá hubiese más horas fuera de ella, para poder no solo resolver el problema del agobio y el estrés laboral de los maestros, sino también para que se desarrollara más trabajo de planificación y otras tareas propias de la función docente. Así que, como digo, señora Presidenta, esta es una muy buena noticia para los profesores de nuestro país. Alrededor de 33 mil van a pasar a la planta, por lo que el porcentaje de aquellos que se encuentran en esta condición -hoy, alrededor de la mitad- sube a casi el 85 por ciento. Para ser bien exacto, el porcentaje de profesores titulares, antes del proyecto, era de 50,1 por ciento; ahora, con la aprobación de esta iniciativa, se llega al 84,5 por ciento. Por lo tanto, señora Presidenta, es una muy buena noticia para 32.263 profesores de todo Chile. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, Senador Rossi. Tengo una lista de 11 oradores, razón por la cual propongo abrir la votación para que se vaya fundamentando el voto. De otra manera se nos va terminar el tiempo del Orden del Día y no vamos a alcanzar a ver todos los asuntos que nos quedan. ¿Habría acuerdo? El señor LARRAÍN.- ¿Me permite? La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, señor Senador. El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, no tengo inconveniente. Pero antes quiero plantearle una pregunta al Ministro; porque, si se iniciara la votación, él no tendría ocasión de hablar. Así es que estoy de acuerdo, pero en la medida que pueda hacer la consulta oportunamente. La señora ALLENDE (Presidenta).- Formule su interrogante si lo considera necesario, Su Señoría. Después, de existir acuerdo, abriré la votación y quien lo desee fundamentará su voto. Lo señalo para efectos de economía procesal, pues están inscritos 12 señores Senadores. Le daré la palabra al Honorable señor Larraín para que el Ministro despeje sus dudas. Si alguien quiere hacer otra consulta, este es el momento. El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Y después votamos? La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es. Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín. El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, mi inquietud es la siguiente. Cuando este proyecto se debatió el año pasado se discutió sobre su constitucionalidad. Y aunque el informe de la Comisión de Constitución fue rechazado, por mayoría de votos se determinó la admisibilidad de la iniciativa. No obstante, el sentido común y la prudencia recomendaron no seguir el trámite porque efectivamente adolecía de vicios de constitucionalidad. Nuestra inquietud no apuntaba al fondo del proyecto. Porque -lo manifesté- estábamos de acuerdo en la necesidad de regularizar la situación de los profesores que estaban a contrata indefinidamente o por muchos años, sin estabilidad laboral, etcétera. Por fortuna, ese error se corrigió con una indicación del Ejecutivo. Y el problema, por lo tanto, se solucionó. Sin embargo, fue resuelto solo en parte, porque debemos enfrentar una dificultad: aunque se trate de los mismos recursos, esta iniciativa irroga gastos adicionales a los municipios. En consecuencia, quiero preguntarle al Ministro acerca de si en el escenario de que los municipios -lo plantean en forma reiterada- hagan presente que este proyecto les significará un costo -por la acumulación de pasivos, por las indemnizaciones, por una serie de exigencias nuevas que contiene- ¿vamos a suplementar con recursos a los municipios que necesiten cumplir tales compromisos? Porque el problema no es solo de sueldo, sino de otros efectos económicos que inciden en esta determinación. Apoyaré esta iniciativa, pero me parecería irresponsable -aquí hay personas que fueron alcaldes y saben de qué estoy hablando- que lo aprobáramos sin más y les dijéramos a los municipios: "Háganse cargo de la diferencia". El problema en esta materia no lo tienen los profesores, sino las municipalidades con el Ministerio de Hacienda. Deseo consultar al señor Ministro si acaso existe tal voluntad. Porque quienes se abstuvieron de votar en la Comisión de Educación lo hicieron precisamente por la inquietud que genera este mayor costo, del cual nadie se hace cargo, que le seguiremos endosando a los municipios, que están endeudados desde hace mucho rato. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, esta discusión ya se generó en la Comisión. Desde nuestro punto de vista El señor LARRAÍN.- ¡Pero no en la Sala! El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Tiene razón. Como decía, desde nuestro punto de vista, esta normativa no irroga mayor gasto por cuanto no se produce un cambio de salario, sino del estatus del contrato de trabajo: de "a contrata" a "titular". Existiría una eventualidad en el caso de que se acumulara un derecho a indemnización, que solo ocurre en el flujo y forma parte de las provisiones que hace normalmente un municipio por su planta. Por tanto, estamos suponiendo posibles dificultades financieras que puedan sufrir los municipios frente a un proyecto que no irroga mayor gasto. La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a abrir la votación para que Sus Señorías funden el voto. De lo contrario, sobrepasaremos la hora de término de la sesión. El señor BIANCHI.- ¿Votaremos en general y en particular? La señora ALLENDE (Presidenta).- Primero en general y después en particular. Aunque podríamos incluir la indicación del Ejecutivo y realizar una sola votación. ¿Habría acuerdo? Acordado. En votación general y particular, a la vez. --(Durante la votación). La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, sobre la constitucionalidad de la iniciativa, me parece muy bien la explicación del Senador Larraín. Además, como se ha dicho, la indicación del Ejecutivo le ha dado, en el fondo, patrocinio, de acuerdo con la norma constitucional. En cuanto al asunto de la generación de gastos, estos no pueden determinarse porque el traspaso a profesor titular no debería irrogarlos. El problema se producirá si acaso en algún momento se debe pagar indemnización. Cualquier cosa que diga el Ministro hoy sobre el particular no tiene ningún sentido. Porque debería tramitarse una disposición legal o considerarse alguna manera de suplementar los recursos municipales si eso llegara a ocurrir. Creo que, en bien de lo que persigue, se debe aprobar el proyecto y luego ver si el problema se produce o no. Voto que sí. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros. El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, este proyecto constituye un gesto de justicia en materia laboral con una importante cantidad de profesores que, a pesar de llevar tres o más años dedicados a la labor de educar en las salas de clases de las escuelas públicas a lo largo de todo el país, se encuentran en una situación contractual de desmedro respecto de sus colegas adscritos a la planta docente en los municipios o corporaciones municipales de educación en las que cumplen sus funciones. En cifras generales, en la actualidad solo la mitad de los profesores de la educación pública a nivel nacional gozan de la titularidad de sus cargos. De la otra mitad, la gran mayoría cumplen labores a contrata y un porcentaje menor a honorarios. El sistema de contrata, en los hechos, se encuentra extendido y aceptado por prácticamente todos los municipios del país. Solo en la Región de Los Lagos, de los 6 mil 650 profesores que se desempeñan en la educación pública, más del 50 por ciento lo hace a contrata, a pesar de que el Estatuto Docente solo autoriza a los municipios o corporaciones municipales a cubrir como máximo un 20 por ciento de la dotación bajo esta modalidad. La sobreutilización de la contrata para cubrir las necesidades de recursos humanos es un problema que, lamentablemente, afecta no solo al ámbito de la educación, sino también a buena parte de la Administración Pública. Si bien se trata de una fórmula que otorga mayor flexibilidad a la administración educacional, posee varios inconvenientes evidentes: entre otros, la inestabilidad laboral -por tratarse de contratos anuales-, la imposibilidad de desarrollar una carrera funcionaria y la limitación del crecimiento profesional de los docentes. En todo caso, me parece injusto culpar de esta realidad solo a los sostenedores municipales, quienes, desde el traspaso de la educación pública a los municipios, han destinado cuantiosos recursos de sus presupuestos para complementar los ingresos por subvención educacional, que no alcanzan a financiar el sistema. En los últimos treinta años el aporte municipal a la educación ha ido en aumento, en consonancia con el incremento de las exigencias a las que están sometidos los municipios, las cuales no siempre son financiadas por el Estado a nivel central. Un solo ejemplo sirve para ilustrar lo anterior: cada vez que se acuerdan planes de egreso de los profesores, estos se financian con créditos que se descuentan de las subvenciones. Los sostenedores municipales han debido asumir esos mayores costos, en una competencia desigual con el sector particular subvencionado, que no se rige por las normas del Estatuto Docente. La práctica de la contrata es, entonces, una expresión más de la crisis de la educación pública, que en este caso han debido soportar los docentes, con perjuicio de sus condiciones laborales. Con la renovación de la vigencia de la ley N° 19.648, de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados, se hace justicia con el gremio de los profesores y se avanza en el reconocimiento a su importante labor, que profundizará, con toda seguridad, el proyecto de carrera docente que próximamente enviará a trámite el Gobierno. En consecuencia, esta medida adquirirá pleno sentido cuando esté inserta en el contexto de la reforma educacional, por lo cual debería comenzar a emparejarse la cancha entre la educación pública y la particular subvencionada. Con esta iniciativa, los profesores que cumplan los requisitos establecidos podrán acceder a la titularidad de sus cargos; mejorarán su estabilidad y condiciones laborales, y podrán aspirar a una verdadera carrera docente. Así, en mi región cambiarán su condición jurídica 2 mil 993 docentes, alcanzando la titularidad al 84 por ciento del total de la dotación. Voto a favor de este proyecto, convencido de que este tipo de iniciativas son indispensables para enfrentar con seriedad y compromiso los importantes desafíos existentes para el mejoramiento de la equidad y la calidad de la educación en Chile. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi. El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, hoy día asistimos a uno de los grandes triunfos y logros de las maestras y los maestros de nuestro país. Su situación era de absoluta injusticia, y los sobrepasaba con creces. Veíamos cómo profesoras o profesores, por largos años -10, 15, 20 o más años-, vivían en una completa inestabilidad laboral, sin poder acceder a créditos, ni a postular a una vivienda, ni a tener la certeza, a fin de año, de si continuaban o no trabajando. Aquí también se daba algo lógico: el abuso de quienes administraban los colegios, situación que, por supuesto, cambia absolutamente con esta iniciativa en comento. Lo hemos dicho siempre: el Estado de Chile es el peor empleador, ¡es el peor empleador! Y, al respecto, las corporaciones, los municipios no hacen nada distinto. Por eso, concurrir con nuestros votos favorables es entregar justicia a miles de profesoras y profesores que por largos años vienen buscando que se les haga justicia y así alcanzar la tan deseada estabilidad laboral. Asimismo, deseo hacer presente una preocupación, que seguramente será parte del debate de mañana cuando discutamos durante todo el día la reforma educacional, pero quiero dejar establecido el punto ahora. Tengo el temor que, así como en la década del 80 se originó la deuda con los profesores -a estas alturas ya prehistórica, pues hace rato dejó de ser histórica-, ahora se cree una segunda. Mi preocupación pasa porque es probable que cambie el empleador de los profesores, cuando se traspasen de la Corporación al Estado. ¡Ahí habrá un cambio! Pero no se ha dicho absolutamente nada sobre cuál será la situación laboral de los docentes: si se les respetarán sus años de servicio; si el nuevo empleador mantendrá su continuidad laboral en el contrato o si se les va a finiquitar y, de esa forma, se les generará un perjuicio económico por los años ya trabajados; o si al momento del traspaso de una corporación al Estado recibirán remuneraciones iguales, distintas o mejores. Eso es del todo preocupante. Quiero valerme de la presencia de los Ministros de Estado en la Sala para dejar planteado este tema. Porque dentro de la reforma educacional que debatiremos mañana, yo por lo menos no he visto absolutamente nada referido a la condición en que podrían llegar a quedar las profesoras y los profesores de nuestro país en la eventualidad de que exista una desmunicipalización de la educación y esta pase a un empleador distinto, en este caso, el Estado. Y nada se ha discutido respecto a la estabilidad laboral de los profesores. Me pronunciaré entusiastamente a favor del proyecto de ley, felicitando a cada uno de los profesores y las profesoras de nuestro país por este logro que les entrega estabilidad laboral. Voto que sí. --(Aplausos en tribunas). La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, en primer lugar, felicito al Regional del Colegio de Profesores, pues fue justamente ahí donde se nos convocó, al Diputado González y al que habla, para efectos de trabajar el tema de la titularidad de los profesores. Por eso, iniciamos esa labor con dos proyectos de ley: uno presentado en el Senado y otro en la Cámara de Diputados. Agradezco que los señores Senadores hayan cambiado de opinión. Porque la iniciativa legal presentada en esta Sala fue declarada inadmisible por la mayoría de ustedes. Y hoy afortunadamente hay un criterio distinto, y doy gracias de que procedamos a dignificar a los profesores de Chile. Pues bien, la Cámara de Diputados logró finalmente declarar su admisibilidad, tras lo cual el proyecto llegó a este Hemiciclo. Entonces, se produjo un problema en la Comisión de Constitución, porque lo declaró inadmisible, situación que se revirtió con la posterior votación favorable en la Sala. Digo esto pues hay que hacer un poco de historia respecto a este proyecto de ley en que tanto ha costado avanzar. Y, finalmente, se logró aprobar su admisibilidad en virtud de una votación en esta Sala. El proyecto pasó, pero hubo un arduo debate en la Comisión de Constitución sobre si irrogaba o no irrogaba gastos. Nosotros afirmamos que no, porque se mantenían los mismos beneficios para los profesores. Hasta que por fin se consiguió que la iniciativa fuese a la Comisión de Educación. Luego, hubo dificultades para ponerlo en tabla, pues los alcaldes ejercieron, muchas veces, un veto, a efectos de evitar que los profesores a honorarios pasaran a las plantas, debido a que -según ellos- les irrogaban un mayor gasto. ¡Pero no era así! Aquellos se resistían al cambio, fundamentalmente, porque no querían rigidizar sus plantas. ¡Hay que decir las cosas por su nombre! Cabe señalar que lo que planteamos en relación con el objetivo de la iniciativa no es nuevo, sino que busca rescatar lo que hubo en otra similar, presentada por el entonces Diputado Prokurica, el año 1999, la cual permitió pasar a las plantas a un grupo importante de docentes: 15 mil profesores. Por tanto -también digo las cosas por su nombre-, lamento que el proyecto que presentamos con los Senadores Prokurica y Bianchi fuera declarado inadmisible por esta Sala, y deseo destacar algunos temas cuya interpretación puede ser motivo de debate, para que queden en la historia fidedigna de la ley. En primer término, lamento la limitación de los plazos que se fijan en virtud de este proyecto de ley. ¿Y por qué lo digo? Porque, por la precariedad de su labor, los profesores deben trasladarse de un DAEM a una corporación o a otra. Y acá hay docentes que trabajan en la Educación Pública que no podrán hacer uso del beneficio que se establece, debido a que cambió el empleador, pero tenían la calidad de profesores del sector público. El segundo dice relación con que, cuando hay profesores trabajando en un DAEM o en una corporación, efectivamente se les asignan otras labores. Se habría resuelto y no sería motivo de interpretación -espero que no lo sea- si se hiciera referencia a las horas de contrato, como ocurrió en la ley anterior. Efectivamente, hoy se pueden producir algunas dificultades. Agradecemos al Ejecutivo, pues el Senador Allamand y la Senadora Von Baer -a quienes doy las gracias- le habían pedido que reestudiara la situación con el propósito de incorporar a un mayor número de profesores. Y el día de hoy aquel presentó una indicación considerando las correspondientes horas no lectivas. Sin embargo, esto todavía será materia de interpretación. Me habría gustado que la referencia hubiese sido a las horas de contrato, como sucedió en la legislación anterior, a fin de evitar que esto fuera a la Contraloría o las Direcciones del Trabajo a solicitud de los empleadores, porque los municipios se van a resistir a pagar ciertos beneficios a los profesores. Sin lugar a dudas, esta iniciativa dignifica el trabajo del profesorado. Por supuesto que la vamos a apoyar y esperamos que sea aprobada por la unanimidad de los señores Senadores. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier. El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, a mi juicio, nadie podría discutir que es un mínimo de justicia laboral ir avanzando en el término del trabajo precario en Chile, que afecta a los distintos sectores de los mercados laborales, incluyendo al profesorado. Esto, por lo demás, se transformó en una práctica no solo del sector privado, sino también del Estado para abaratar la fuerza de trabajo calificada y no calificada. Por lo tanto, obviamente, esta iniciativa legal es un avance. No obstante, se han dado ciertas cifras que ameritan que se hagan algunas consultas -habría querido preguntarle al Ministro, pero como aquí se dispuso otra cosa, no puedo hacerlo-, que tienen que ver con lo siguiente. Se habla que, de aprobarse esta indicación, se permitiría que el 84,5 por ciento de los docentes de las corporaciones municipales adquirieran la calidad de contratados. Sin embargo, en el mismo proyecto se establecen una serie de condiciones para ello. Por ejemplo, que tuviesen al menos tres años continuos o cuatro discontinuos de desempeño docente, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal. No sé si tales requisitos reducen el mencionado porcentaje o lo mantienen. Inicialmente, el proyecto hacía referencia a los "profesores de aula" solamente. Entiendo que, con la indicación que acaba de llegar, ese concepto se amplía también a las "correspondientes horas no lectivas". Además, la calidad de titulares se concede por única vez. Sería interesante saber si contaremos por fin con una normativa que establezca una situación permanente para los profesores cuando se incorporen a la educación municipal o a aquella que derive de su reforma, que está pendiente. ¿Resolveremos el problema en forma definitiva o nuevamente se hará una ley que entregue un beneficio "por única vez"? Si sucediera esto último, estaríamos dando un paliativo, en lugar de una solución de fondo, negando el trato que los profesores merecen en nuestro país. Estos requieren condiciones estables permanentes, pues ejercen una función social de primera significación. Esas son mis dudas. Pero, de todas maneras, apoyaré la iniciativa. --(Aplausos en tribunas). La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, en octubre de 1996, junto a los Diputados Homero Gutiérrez, Carlos Montes -hoy Senador-, Jaime Rocha, María Antonieta Saa, Jorge Ulloa, Felipe Valenzuela y José Antonio Viera-Gallo, presentamos un proyecto similar a este, que se tradujo en la ley Nº 19.648, la cual permitió la incorporación a la planta docente de más de 15 mil profesores a contrata. Hicimos ya este ejercicio legislativo, que es un acto de justicia hacia los maestros. En todo caso, la tramitación de aquella iniciativa no estuvo exenta de dificultades. Incluso, como recordó el Senador Chahuán, el Presidente de la República de la época ejerció su derecho a veto para impedir que se aplicara este beneficio a miles de docentes que a lo largo de nuestro país se encontraban -digámoslo claramente- en una situación de precariedad laboral. Ello es inaceptable y demuestra la veracidad de la afirmación, manifestada una y otra vez por el Senador Bianchi, de que el Estado es el peor empleador. En los últimos meses, el Gobierno ha desplegado una campaña comunicacional y legislativa tendiente a modificar "parte" de nuestro actual sistema educativo. Sin embargo, en todo ese tiempo, en ningún momento se ha escuchado o visto que se implemente una idea para mejorar el estado del principal motor de la educación chilena: el profesor. Parecen no tener claro que sin cambios en la sala de clases no habrá cambios en la calidad de la educación. Muchas veces me he reunido con los docentes de mi Región -en las tribunas está Francisco Martínez, Presidente regional-, colegiados o no, y todos ellos me manifiestan un solo y gran descontento: el Gobierno y parte del Parlamento están impulsando una reforma hecha entre cuatro paredes, sin consultar y sin escuchar a los que después deben implementarla. El proyecto en análisis aporta un granito de arena en reconocimiento a la abnegada labor que cada uno de los miles de profesores realiza a lo largo y ancho de nuestro país. El objetivo de esta iniciativa debiera ser el mismo que se tuvo en vista en 1996 -así me lo han planteado reiteradamente los dirigentes del Colegio de Profesores-: beneficiar a todos los docentes a contrata, sin las condiciones que se están estableciendo aquí. Quiero decirlo derechamente: con la indicación propuesta se aumenta el número de maestros favorecidos. Son alrededor de 33 mil. Los profesores, como seres humanos -lo mencionó un Senador-, no requieren solo estabilidad laboral, tan necesaria para aportar al proceso educativo. También precisan otras cosas. En la actualidad, ni siquiera pueden contraer ciertos compromisos: habitualmente son segregados del sistema bancario por no ser considerados sujetos de crédito -acceder a préstamos financieros les permitiría adquirir una vivienda u otros bienes-; no tienen derecho a indemnización; no se les asegura regularidad en el pago de las cotizaciones, etcétera. Ahora quiero abordar algunas inquietudes presentadas por el Senador Chahuán. En primer lugar, señora Presidenta, hago presente que el proyecto que nos ocupa tiene letra chica, por cuanto se propone que el beneficio se entregue a los dependientes de un mismo empleador, en circunstancias de que todos sabemos que, debido a las bajas remuneraciones, muchos profesores trabajan en dos o tres corporaciones municipales. Entonces, si estos no cumplen con el número mínimo de años exigido o con los otros requisitos, no podrán recibir el beneficio, aunque se hallen dentro del sistema público. En segundo término -se ha hecho una sugerencia al respecto-, la iniciativa habla de horas aula, y no de horas de contrato, como se planteó en 1996. Obviamente, hay que corregir este asunto. Como seguramente habrá Comisión Mixta, ahí se podrá hacer la enmienda pertinente. Estamos dando un paso importante en una materia respecto de la cual siempre hay discursos, pero pocas veces se concreta un cambio. ¡No es posible que en la Administración Pública el 80 por ciento esté a contrata! Y no lo digo por un tema solo de justicia, sino también de legalidad. ¡Si es la ley la que establece que eso no puede ocurrir! Sin embargo, por los montos involucrados, en todos los Gobiernos, no solo en el actual -sería injusto plantearlo así-, se ha mirado para el lado a fin de no ver la realidad del profesor, que es, sin duda, el eje fundamental de cualquier reforma en este ámbito. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, siempre me quedo con la sensación de que estos problemas pudimos haberlos resuelto mucho antes de que se produjera un paro del sector. Estamos contestes en que lo propuesto no implica mayor costo fiscal, no altera el plano administrativo y no encierra un vicio de constitucionalidad. En realidad, lo ilegal era mantener más del 20 por ciento de la planta a contrata. Es decir, la ilegalidad proviene del propio Estado. El inciso final del artículo 25 del Estatuto Docente señala: "Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.". Pero esa definición no se ha considerado. Los profesores llamados "a contrata" hasta ahora desempeñan las mismas funciones, e incluso más, que los de planta. Por tanto, la ilegalidad de incumplir el referido artículo -reitero- está dada por los sostenedores públicos. Lo mismo sucede con relación al artículo 26, que dispone: "El número de horas correspondientes a docentes en calidad de contratados en una misma Municipalidad o Corporación Educacional, no podrá exceder del 20% del total de horas de la dotación de las mismas". ¡Nueva ilegalidad! En el fondo, hemos asistido a una permanente violación flagrante de la ley. Eso es lo ilegal, no la presentación de un proyecto que busca pasar a la planta a los profesores a contrata. Uno permanentemente se pregunta por qué tardamos tanto en legislar sobre el particular. ¿Era necesario un paro, un sacrificio de parte de los afectados para recién impulsar esta iniciativa? Aprovecho la presencia del Ministro de Educación para manifestarle que esta propuesta legislativa dejará en el a varios docentes. Por ejemplo, existen profesores en Coronel con 17 años de servicio, contratados por el municipio por 19 horas: ¡no podrán optar al beneficio! Y habrá muchos otros casos. Los docentes con 15 horas en una municipalidad y 15 horas en otra tampoco cumplen el requisito de las 20 horas. En fin, se darán distintas situaciones a las que la ley en proyecto no se podrá ajustar. borderline Ante ello, ¿qué tenemos que hacer? Votar a favor de proyecto en estudio, porque igual se avanza sustancialmente: más de 32 mil profesores a contrata pasarán de manera automática a ser titulares de planta. Y lo que quede pendiente lo veremos en marzo. En ese momento analizaremos el fortalecimiento de la educación pública, que cambiará al empleador. ¡Ojo!, esa será una oportunidad histórica. Ni los docentes ni el Estado de Chile podrían soportar un cambio de empleador sin que se resuelvan las deudas de arrastre. Pasar a una nueva modalidad institucional con una mochila sobre los profesores sería un error histórico. Y tengo la convicción de que ellos no lo van a permitir. Entonces, la pregunta es si hacemos esa reforma en contra de los actores involucrados o de la mano de ellos. Ese es el gran debate que se nos viene en marzo. Reitero la inquietud: lo que quede por hacer en materia educacional, ¿lo abordaremos en conjunto con los docentes, el Colegio de Profesores y los demás sectores que se han manifestado -porque, en definitiva, todos son profesores-, o en contra de ellos? Ello supone mayor diálogo -incluso prelegislativo- al interior del Parlamento. Siento que hoy estamos dando un paso muy importante. Pero aún quedan muchos problemas por resolver. Como lo he mencionado en otras ocasiones, el 4 por ciento de los profesores le tiene fobia al aula. Están enfermos. Registran más de 180 días de licencia al año. ¡No pueden trabajar! ¿Y por qué no se van del sistema? ¡Porque no les es posible! ¡Recibirían pensiones miserables si jubilan! ¡Se mantienen en el sistema porque no pueden dejarlo! En ese sentido, la próxima discusión será sobre la jubilación. ¿Cómo hacemos para que quienes continúan trabajando tengan a futuro una pensión digna, decente, que les permita sobrevivir y vivir de mejor forma? Votaré a favor de este proyecto, para que todos los docentes pasen a la titularidad. La pelea que se dio a propósito de la llamada "agenda corta" -más allá de cualquier otro nombre con que se le denomine- nos entregó una gran lección: si podemos avanzar, hay que hacerlo y no esperar a que nos lo pidan. No es necesario que los profesores y otros movimientos sociales salgan a la calle para exigir al Estado, al Gobierno de la Presidenta Bachelet, mi Gobierno, las cosas que dijimos que íbamos a realizar. Las debiéramos abordar sin presión social, ojalá con participación de los ciudadanos. Voto a favor, señora Presidenta. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP! He dicho. --(Aplausos en tribunas). La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. El señor TUMA.- Señora Presidenta, el contexto en que se está dando este debate guarda relación con un compromiso que la Presidenta Bachelet adquirió con el país: la reforma de la educación. Para fortalecer la calidad de la enseñanza, primero debemos mejorar las condiciones laborales de quienes imparten clases, del magisterio. El reconocimiento de la precarización de que ha sido objeto la labor docente desde hace 30 años, debido a su mercantilización, es precisamente lo que motiva esta profunda reforma. Terminar con la educación como bien de mercado implica fijar normas para que el magisterio no sea tratado como un producto del mercado. Valorar su condición de maestros dedicados a la enseñanza significa preocuparse por su estabilidad laboral. Los profesores a contrata todos los años se mantienen en ascuas hasta el 25 o 31 de diciembre. No saben hasta entonces si van a recibir al Viejo Pascuero o un sobre azul. A mi juicio, a partir de esta modificación, muchos profesores -a pesar de que quedarán pendientes algunos en situación de precariedad- sentirán una mayor tranquilidad. Ello se transmitirá a los alumnos, quienes sabrán que el profesor seguirá en marzo; a los padres y apoderados, que interactuarán con un profesor de continuidad, y al país, que contará con docentes bastante mejor tratados. Todavía no empezamos a discutir la reforma de la educación. Este proyecto puede ser el inicio; tal vez una primera señal de cuán profunda debe ser. Constituye solo un gesto hacia los profesores. Aún no hemos comenzado el debate a fondo acerca de las condiciones laborales en que estos tienen que desempeñarse y aportar a la educación de los niños y las niñas en Chile. Se plantea beneficiar solo a los docentes con contrato de al menos 20 horas semanales. Pero ¡qué tiene si son menos horas! ¿Acaso eso justifica la precarización del trabajo y la inseguridad laboral? Sin perjuicio de ello, esta iniciativa constituye un avance importante. También tenemos que revisar lo relativo a la previsión. El país debe abordar una reforma previsional. ¡No es posible que los profesores y, en general, los trabajadores de Chile sigan tolerando un sistema de pensiones que los condena a la pobreza al momento de jubilarse! Sería bueno tomar decisiones ahora que contamos con la mayoría de los votos, durante este Gobierno de la Presidenta Bachelet. En todo caso, me gustaría avanzar también con el apoyo de todos los parlamentarios, con el objeto de crear una situación más justa para los trabajadores en materias laborales, de equidad y de previsión. Señora Presidenta, anuncio que votaré gustoso a favor de este proyecto, aunque sé que los municipios van a decir: "Esto implica un costo". Sí, claro. Pero eso es parte de la reforma. Ya pronto analizaremos cómo resolver el endeudamiento municipal. Va a venir también la iniciativa sobre desmunicipalización de la educación, y entonces se destinarán los recursos respectivos. Que ello no sea una excusa para no respaldar este proyecto, que otorga un beneficio muy merecido a buena parte de los profesores de Chile. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker. El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, más de 30 mil profesores y profesoras que hoy están a contrata en la educación pública, tan pronto sea aprobada esta iniciativa de ley, pasarán a formar parte de la planta. Por cierto, no solo en términos personales y como Senador por la Región de Valparaíso cordillera -he sostenido muchas conversaciones con los docentes de mi circunscripción-, sino también como Presidente del Partido Demócrata Cristiano, me es muy grato sumarme a la aprobación de este proyecto. Seamos claros: lo que mantiene en pie hoy a la educación pública chilena, que representa solo el 37 por ciento de la matrícula total escolar, principalmente es la acción de los 90 mil profesores que laboran en el sistema municipal. Por supuesto, también hay que considerar a los asistentes de la educación, a las manipuladoras de alimentos, etcétera. Ahora bien, de esos 90 mil docentes -y hay que agregar los aportes de los 350 municipios, porque sin ellos sería imposible sostener financieramente la acción de la educación pública-, más del 40 por ciento está a contrata. Tal situación, por un lado, obviamente establece una condición de precariedad e inestabilidad, con todas las consecuencias que ello acarrea para los profesores y sus familias. Y, por otro, rompe con la regla del 80/20, que impide que más del 20 por ciento del personal sea a contrata. En consecuencia, se está haciendo justicia con los profesores y las profesoras que se encuentran en dicha situación, en particular al disponer que los beneficiarios serán los contratados como "docentes de aula y sus correspondientes horas no lectivas", como ha precisado el Ejecutivo mediante indicación. Ahora, para entender esta modificación es preciso recoger el debate que se dio en la Comisión de Educación. Al respecto, quiero ser muy honesto: se plantearon tres dudas, todas legítimas, tanto en la Cámara de Diputados en su momento -lo mismo se manifestó el año 99- como en el Senado. Primero, se habló de un problema de constitucionalidad. Tiene razón el Senador Hernán Larraín en cuanto a que hubo una discusión respecto de la admisibilidad de la moción original. Esto se zanjó en el Senado gracias a una indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo. Por tanto, desaparece, por este último motivo, cualquier duda acerca de la constitucionalidad de la iniciativa. Segundo, se generó todo un debate sobre cómo se ingresa a una planta docente. Todos sabemos que en la legislación chilena eso se logra a través de concurso público. Luego de ganarlo, se llega a ser profesor o profesora. Pero aquí estamos estableciendo una vía excepcional: mediante una ley. Así se hizo en 1999 (ley N° 19.648) y así se pretende fijar ahora. Sin embargo, cabe consignar que la norma general, no solo en el caso de los docentes, sino en el de cualquier empleo público, es el concurso. Y tercero -también planteé este punto en la Comisión de Educación-, se manifestó la preocupación por el gasto que esta propuesta originará a futuro. Los alcaldes, quienes hacen sus mejores esfuerzos, tienen razón en preguntarle al Ejecutivo quién financiará las eventuales indemnizaciones, por ejemplo, respecto de eventuales desvinculaciones. Digámoslo claramente: es cierto que esto va a ser de cargo de los municipios. Y todos sabemos que estos han sido recargados excesivamente desde el punto de vista financiero. Dejando constancia de esas tres dudas legítimas, las que se analizaron en la Comisión, manifiesto que estamos muy contentos de aprobar el proyecto que nos ocupa. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina. El señor ESPINA.- Señora Presidenta, cada vez que el Gobierno de turno presenta una iniciativa para entregar beneficios a los profesores uno termina aprobándola como el mal menor. Cuando asumió la actual Administración, yo me imaginé que el primer proyecto que se presentaría iba a ser para mejorar las condiciones de los profesores. Aquí, francamente, no estoy pensando que un Gobierno lo hace más bien que otro. Cuando se habla de mejorar el modelo educativo y la calidad de la educación lo razonable es comenzar por los docentes. Es muy simple. Podemos tener lindos laboratorios, extraordinarios complejos deportivos, infraestructura de funcionamiento del colegio de primera calidad. Pero -como me dice mi propia señora, quien es profesora- todo eso vale bastante poco si no nos preocupamos de quienes enseñan a nuestros niños. Entonces, imaginé que lo relativo a los profesores constituiría la prioridad de este Gobierno, y que estaríamos discutiendo durante todo este año, sobre todo si se había aprobado una reforma tributaria, cómo mejorar las condiciones laborales, la capacitación, la preparación de los docentes a lo menos en cuatro aspectos. Primero, los incentivos para que se estudie más pedagogía. Ya se efectuó un avance importante durante la Administración anterior. Pero falta mucho por hacer. Segundo, las remuneraciones. Resulta absolutamente injustificado que en nuestro país haya docentes que no tengan una remuneración a la altura de sus responsabilidades. Tercero, la posibilidad de capacitación. Ello tampoco existe en la forma como debería ser. Cuarto, la factibilidad de que los docentes preparen adecuadamente sus clases. Yo me reuní con Jaime Quilaqueo y Luis Almendra, quienes pertenecen a la Región de La Araucanía. Y una de las cuestiones que me señalaron dice relación con la cantidad de tiempo que pierden en burocracia, horas que no pueden destinar para preparar adecuadamente sus clases. Por lo tanto, mi primera reflexión apunta a que mientras no abordemos lo tocante a los profesores en forma integral, global, completa y ello lo hagamos siempre mediante parcialidades, las soluciones en educación serán de parche. Yo recuerdo que años atrás me tocó conformar una Comisión Mixta que debía resolver sobre el aumento de una asignación a los profesores. Y todas las asignaciones que se establecían no incluían el aspecto previsional. Hoy en mi Región hay profesores que jubilan -y me lo mostraron- con 120 a 130 mil pesos, quienes al término de su carrera, después de treinta años de trabajo, ganaban 750 mil a 800 mil pesos. Entonces, el profesor se encuentra ante una disyuntiva obvia: "Cómo me voy a mi casa con 130 mil pesos en circunstancias de que llevo 30 o 40 años trabajando". Por lo tanto, ese docente no querrá jubilar. Señora Presidenta, yo siento que todos estos proyectos de ley son siempre medidas de parche. Tomamos las cosas a medias; no lo hacemos en forma integral. Y lo razonable es abordar el problema de los profesores de modo global. En cuanto a los docentes a contrata, tampoco ha existido aquí la capacidad ni la voluntad política para resolver esta materia íntegramente. Lo sensato es que existan profesores de planta, y que se modifique la forma como funciona dicha planta. ¿Cuál es el problema de un docente a contrata? No tanto que lo echen al término del año por ser mal profesor, sino porque no le simpatiza a la autoridad de turno, más allá de si es bueno o malo en su función. No creo que los buenos profesores se opongan a que, sometidos a un buen sistema de calificación, quienes no hagan bien su trabajo y sean responsables del cumplimiento negligente de su labor corran el riesgo de la exoneración. El problema estriba en cuáles son los criterios que se utilizan para medir aquello. Por ejemplo, ¿cómo se evalúa a un profesor cuando tiene a un niño con déficit atencional y le dedica muchas horas? Señor Presidente, he querido realizar estas reflexiones, porque a mi juicio el proyecto que nos ocupa avanza en materias como las que mencioné. Mas lo considero insuficiente en muchos aspectos. Podemos legislar sobre los colegios particulares subvencionados o todo lo que queramos. Pero mientras no se tome el toro por las astas y se legisle a fondo con respecto al profesorado en nuestro país, será poco lo que avanzaremos en calidad de la educación. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, cualquier persona que por alguna razón (por equivocación, en fin) hoy se haya quedado pegada al canal de televisión del Senado habrá visto la discusión del proyecto que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, el cual probablemente será aprobado. La iniciativa que debiera tratarse a continuación dice relación con el permiso de funcionamiento de establecimientos que ofrecen educación parvularia. Y el proyecto que ahora nos ocupa tiene como propósito claramente regularizar la situación de decenas de miles de profesores en todo Chile, quienes se hallan en condiciones muy precarias. Todo ello tiene que ver con la educación pública. Algunos sectores políticos durante todos estos meses en que ha durado la tramitación de una iniciativa, de ocho o nueve que se presentaron, majaderamente han venido insistiendo en que aquí no está la educación pública. Bueno, eso es educación pública. Estamos hablando de profesores que se hallan en el sistema público, quienes -como bien señaló el Senador Tuma- se incorporarán posteriormente a la nueva institucionalidad que se creará a nivel local, territorial, muy cerca de la gente, y no municipal. Esa es la reforma educacional. Quien no quiere verlo y se queda pegado en la discusión del lucro; quienes son contrarios al proyecto que pone fin al lucro y a los sistemas de discriminación -hay que decirlo también- han hostigado permanentemente a todos los profesores del sistema público en Chile. Durante estos meses ha habido un acoso constante a los docentes que se desempeñan en el sistema municipal, y no solo por la paralización. La iniciativa en debate, originada en moción del Diputado Rodrigo González, entre otros parlamentarios -por cierto, la valoramos-, recibió el patrocinio del Ejecutivo. Con ello -tal cual señalaron varios señores Senadores- se despejan cuestiones no menores. Porque se pensaba que sería muy fácil aprobarla acá el año pasado, con un Gobierno en contra; con los Ministros de Hacienda y de Educación en contra; con la Asociación Chilena de Municipalidades, a la que -como saben Sus Señorías- no le gusta su texto. La verdad es que no era posible aprobarla. Se iba a estrellar en el Tribunal Constitucional. Eso no lo podíamos permitir para los profesores. Por lo tanto, valoro el que hoy, después de muchos años, se esté aprobando este proyecto. Porque ello no ocurría desde los Gobiernos de los Presidentes Frei y Lagos (este último lo implementó), en que el Congreso Nacional dio vida a una ley para corregir, por una vez, la situación de un número muy importante de docentes con los que traspasaba el límite legal del 20 por ciento de personal a contrata. Entonces, claramente, eso les da seguridad a los profesores. Hay, sí -como se ha dicho aquí-, algunos docentes que probablemente quedarán fuera de este beneficio (profesores SEP y PIE, y de otro tipo de programas). Eso habrá que verlo más adelante. Aquí no estamos diciendo que no respecto de esos casos. Deben revisarse en el marco de una legislación posterior, que llegará con la nueva institución pública. Entiendo que el Gobierno también acogió el planteamiento del Colegio de Profesores -aprovecho de saludar a su directorio, encabezado por el Presidente Nacional-, en el sentido de realizar esa discusión en marzo y no en el verano como se hizo durante el Gobierno anterior, en que se llevó a cabo un debate muy importante. Considero relevante mirar a la cara a los profesores cuando uno va a legislar sobre materias que les pueden afectar o beneficiar. Señora Presidenta, a mi juicio este proyecto ciertamente constituye un avance. Es más de lo que se hallaba originalmente contenido en la propuesta de los Diputados. La indicación que presentó el Gobierno (el Ministro, la Subsecretaria de Educación) es un elemento positivo. Por eso el diálogo que hemos efectuado -en nuestro caso, en La Araucanía- con los presidentes regionales. Me parece bueno incorporarlos, y en general, al Colegio de Profesores, en los establecimientos, en las salas de clases. Porque ahí es donde uno puede recibir de manera muy directa aspectos que forman parte, entre otras cosas, de la agenda corta, como el agobio laboral (qué vamos a entender por ello; es parte de la discusión que vendrá); lo relativo a la remuneración mínima; lo tocante a las pensiones (hoy ya no se sostienen jubilaciones tan bajas como las que tenemos), y, por supuesto, materias de más largo plazo que se consignan en la nueva carrera docente. Así que -reitero- nos parece muy importante este paso. Por eso, el Partido Por la Democracia, que presido, votará entusiastamente a favor de este proyecto. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic. La señora GOIC.- Señora Presidenta, quiero justificar mi votación a favor de esta iniciativa y reiterar algo que hablamos en reunión de 28 de mayo del año en curso los Senadores por Magallanes con la Presidenta regional del Colegio de Profesores, señora Flor Oyarzo. En dicha ocasión nos pidió el compromiso para tratar de agilizar la tramitación de este proyecto, el cual -tal como se ha planteado durante esta discusión-, pone al día, regulariza la situación de precariedad de los profesores. Ello, sin duda, afecta su desempeño -se han entregado aquí los argumentos-; y también se incumple lo que la ley establece. Asimismo, deseo destacar el logro también de los dirigentes del Colegio de Profesores, en particular de la Región que represento, que nos permitirá pasar del actual 48,9 por ciento de docentes contratados en calidad de titulares a 82 por ciento. Lo anterior significa que 457 hombres y mujeres cambiarán su realidad. Así damos paso a una discusión más de fondo, que no se halla contenida en la ley en proyecto y que dice relación con el principal compromiso de la Nueva Mayoría para estos cuatro años: la reforma educacional. De igual manera, deseo transmitir tranquilidad con respecto a las dudas que había en materia de horas no lectivas. Aquí quiero agradecer la indicación enviada por el Ejecutivo. Lo conversamos directamente con el Ministro. A mi juicio, ella zanja varias de las inquietudes expuestas en su momento no solo por los profesores, sino también por los Diputados. Eso nos permite avanzar con calma en la aprobación de esta iniciativa. Lo último que resta plantear se refiere a la necesidad de que en todas las materias de fondo señaladas acá se contemplen instancias de diálogo -tal como se hizo con la creación de mesas desde el Ministerio-, sobre todo para lo que tiene que ver con la carrera docente y los próximos proyectos que discutiremos. Cómo se refuerza aquello en la etapa prelegislativa, contemplando fundamentalmente la realidad regional, de las distintas comunas, para que la discusión que llevemos a cabo responda no solo a las expectativas, sino también a los requerimientos en una materia tan relevante como esta. Espero, pues, que termine pronto la tramitación completa de esta iniciativa. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, el Estatuto Docente, normativa por la cual se rigen las relaciones laborales entre los profesores y las municipalidades, señala en su artículo 25 que: "Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares". Como si eso fuera poco, el artículo 26 del referido cuerpo legal expresa que: "El número de horas correspondientes a docentes en calidad de contratados en una misma Municipalidad o Corporación Educacional, no podrá exceder del 20% del total de horas de la dotación de las mismas", etcétera. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que el propio Estado no cumpla las normas, las leyes. Porque, claramente, un profesor que lleva más de tres años trabajando para un municipio o una corporación municipal no realiza una labor de carácter transitoria, sino que está cumpliendo tareas permanentes. Si los municipios se hallan impedidos en cuanto al número de horas correspondientes a docentes en calidad de contratados, que no podrá ir más allá del 20 por ciento del total de horas de la dotación, ¿por qué se les permiten cifras que sobrepasan con creces ese límite? La verdad es que resulta incomprensible. Porque cuando se trata del sector privado, somos tremendamente exigentes. Y rápidamente se recurre a los organismos creados para garantizar el cumplimiento de la ley. Pero no ocurre lo mismo con el Estado. Por eso, señora Presidenta, yo me alegro de este proyecto, pues hace plena justicia respecto de los profesores. Adhiero a quienes han señalado que no se puede concebir un mejoramiento de la calidad de la educación sin contar con la estabilidad de los docentes, sin la participación entusiasta de ellos. Creo que una iniciativa de esta naturaleza va en la dirección correcta. Voto a favor. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, solo quiero reiterar que desde hace mucho tiempo hemos manifestado la necesidad de resolver lo relativo a las contratas, no solo en el ámbito de la educación municipal. Es un problema que se repite en muchas agencias del Estado, en muchos ministerios. Si el Ejecutivo ha dado el paso para avalar esta propuesta, como se lo solicitamos, pensamos que resulta importante que se estudie lo mismo para otras dependencias de la administración pública. Por distintas razones, aquí ha habido mal uso del trabajo bajo el régimen de contrata, que ha venido afectando la estabilidad laboral de muchas personas. En el caso de los municipios, la cuestión de fondo radica en que el artículo 121 de la Constitución establece la forma de resolver las plantas de los municipios. Pero se requiere la dictación de una ley orgánica, la cual, desde la reforma de 1997, no ha sido dictada. Eso es lo que tiene a los municipios estrangulados. Porque no pueden desarrollar sus plantas con libertad; en principio no es factible dictar leyes. Y, por lo tanto, recurren al camino, al expediente de incorporar personas a contrata o a honorarios, que es una situación de mucha mayor fragilidad todavía. Eso es lo que debe resolverse. Y pienso que ello es responsabilidad del Gobierno. Insisto en la necesidad de hacerlo. En tal sentido -tal cual lo señalé, y así fue recogido-, la Comisión de Educación, al escuchar la opinión de distintos constitucionalistas, llegó a la conclusión de que esta iniciativa era inconstitucional. En forma unánime le pedimos al Ejecutivo que avalara una normativa de carácter sustitutiva que permitiera resolver este problema. Finalmente lo hizo el actual Gobierno, de lo cual me alegro. Por tal motivo, apoyaré este proyecto, pues me parece que es lo que en justicia corresponde. Solo pienso que ha de agregarse a otros trabajadores que se hallan en la misma situación. De otro lado, debo manifestar mis dudas con respecto a los gastos adicionales que representa esta iniciativa. El Ministro de Educación señaló que son flujos y que, por lo tanto, no afectan. En esta materia yo por lo menos quiero dejar constancia de que si hay mayores gastos no debemos endosárselos a los municipios. Esta es responsabilidad del Estado. No podemos pensar que ello se resuelve simplemente aumentando las tareas municipales. Claro, se van a ganar los mismos sueldos; se mantendrán los ingresos de los profesores, aunque no sean los mejores. Y eso no irroga mayor gasto. Pero hay una serie de otras responsabilidades que asumen los municipios al pasar esta cantidad de personas a la planta municipal. Eso es lo que queremos evitar. Porque -reitero- resulta muy fácil resolver los problemas pasándole la cuenta a otro. En justicia los profesores merecen este mejoramiento. Y el problema que menciono no es de su responsabilidad. Por eso apoyamos la norma. Pero dejamos constancia de que aquí hay recursos involucrados, y que si los municipios lo reclaman, el Gobierno deberá hacerse cargo de ello. Anticipo desde ya nuestra decisión de apoyar la iniciativa de otorgarles mayores recursos a los municipios para financiar esta medida, la cual, en mi concepto, requerirá un fondo adicional. Teniendo en consideración todo lo expuesto, manifiesto mi voto favorable a la ley en proyecto. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira. El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, con todo respeto quiero hablar esta noche. Porque en las zonas rurales, en las regiones la iniciativa que nos ocupa es muy importante para los profesores, sobre todo para aquellos que lo han pasado muy mal en Cochamó, en Hualaihué, en Palena, en Futaleufú, en Chaitén, dentro de las treinta comunas que componen la Región que yo represento, la de Los Lagos. Yo diría que este es un proyecto justo. Pero las cosas siempre hay que aclararlas. La Nueva Mayoría, o Concertación, gobernó por veinte años. Nosotros hoy no somos la Nueva Mayoría, sino la "Nueva Minoría"; y en tal virtud, podemos aportar mucho. Ahora, este no es un proyecto del Gobierno: nació de una moción de Diputados (también hubo una de Senadores). Lo que hizo el Ejecutivo, y muy bien, fue presentar indicaciones sustitutivas que permitieron votarlo esta tarde. Ahora, esta iniciativa es justa. Por ejemplo, en la Región que represento hay 5 mil 900 a 6 mil profesores, y, en la práctica, la solución va a consistir en que de 49,8 por ciento de maestros con titularidad se subirá a 84 por ciento. Señora Presidenta, más allá de lo que se hable acerca de la reforma tributaria, de la ley del lucro y de todo lo concerniente a la educación, debo puntualizar que este proyecto es relevante sobre todo porque da tranquilidad -esto no lo conseguían las otras iniciativas-, especialmente a profesores de sectores rurales, quienes van a tener un grado significativo de estabilidad. Porque la inestabilidad es un elemento que ha perseguido durante todos estos años a numerosos maestros. En la Cámara de Diputados yo veía que sobre la materia se presentaban proyectos de acuerdo que -me disculpo por lo que voy a decir- muy poco valían, pues envolvían sentimientos, mas no soluciones. Y con ello se dejaba tranquilos a los maestros. Tal sucedía, por ejemplo, con la deuda histórica, respecto de la cual en privado se decía que ningún gobierno iba a poder pagarla, debido a la falta de recursos. ¡Este es un proyecto real! Sí, hay que entender a los municipios. Ellos no son contrarios a la iniciativa en debate, pero están preocupados por cómo la financiarán. Hoy, afortunadamente, nos congrega un punto importante en la educación chilena: este proyecto les va a llevar tranquilidad a todos los profesores, sobre todo a los de mi Región, quienes me hacían presente su inquietud. Por eso, voto que sí. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer. La señora VON BAER.- Señora Presidenta, este es un proyecto justo para los profesores, respecto de los cuales en muchos casos existe una situación tremendamente precaria desde el punto de vista laboral. Y, sin duda, ese no es el mejor ambiente para que los maestros puedan aportar a la buena educación de los niños en los colegios dependientes del Estado. ¡Es realmente lamentable que, en tal sentido, el Estado sea tan mal empleador! Al comparar aquella situación con la del sector particular, donde no hay estatuto docente, uno ve que en este último los profesores tienen una mejor situación que la de contrata en el ámbito público, en la cual a fin de año surge la inquietud por la renovación de los contratos y los derechos laborales no están bien cuidados. Cuando discutimos este proyecto de ley en la Comisión de Educación, yo me abstuve básicamente por dos razones. En primer lugar, tengo una preocupación con respecto a los municipios. Porque este proyecto de ley, si bien fue apoyado por una indicación sustitutiva del Ejecutivo -y por eso estamos en condiciones de votarlo-, no viene acompañado de recursos. Y, obviamente, el paso de los profesores al Estatuto Docente tendrá un costo para las municipalidades, al menos en el momento de poner término a los contratos de los profesores. Por lo tanto, es preocupante que estemos legislando para sacarnos una buena foto, pues en ella se pone de manifiesto que apoyamos a los profesores, pero estamos dejando pasar la falta de provisión de dineros adicionales para los municipios. Eso constituye una preocupación. Porque el mandato está en la ley, y se ha de cumplir. No debiéramos hallarnos en la situación de tener que tramitar un proyecto de ley en el Congreso Nacional para permitir que la mitad o más de los profesores tengan un contrato como corresponde. Entonces, la pregunta es por qué no se cumple dicho mandato, ¡por qué debemos hacer una ley para que la ley se cumpla...! ¡Es una cosa muy rara! De ahí que, responsablemente, yo deba poner la preocupación sobre la mesa. Por desgracia, en la Comisión de Educación no pudimos escuchar a los representantes de los municipios, por un problema de agenda. Espero que el punto se trate en la Cámara. Y, en segundo lugar, me abstuve en aquel órgano técnico porque los propios profesores presentes hicieron el punto de que no quedaba claro si quienes cumplían con todos los demás requisitos pero no realizaban su labor en aula estaban incluidos dentro del beneficio. Yo pedí en ese minuto que se aclarara la situación entre el debate de la Comisión y el de la Sala. Y hoy el Ejecutivo formuló una indicación que recoge tal inquietud. En efecto, plantea que se trata no solo de los docentes que se encuentran en aula, sino también de los incluidos en las horas no lectivas. Yo espero que de aquella manera se salve la preocupación expuesta por profesores que, por ejemplo, desarrollan sus labores en proyectos de integración, en proyectos de apoyo a niños con necesidades educativas especiales, sean transitorias o permanentes. Ojalá que con esa indicación del Ejecutivo estén todos incluidos, sobre la base de los tres años. Se lo pregunté en privado al Ministro de Educación, quien dijo que sí. En tal sentido, señora Presidenta, creo que este proyecto hace justicia. Pienso, sí, que podríamos haber empezado con una iniciativa¿ La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señora Senadora, pero terminó su tiempo. Su Señoría dispone de 30 segundos adicionales para concluir. La señora VON BAER.- ¿de tales características mucho antes. Pero bienvenido sea el texto que recibimos. Y ojalá que los municipios no tengan problemas con los fondos. Voto que sí. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra en seguida la Senadora señora Van Rysselberghe. La señora VAN RYSSELBERGHE.- Quiero plantear un par de cosas sobre la materia, señora Presidenta. En primer lugar ¿cuento con experiencia como sostenedora de colegios a través de la Municipalidad de Concepción-, la diferencia en el aprendizaje de los niños tiene mucho que ver con lo que sucede dentro del aula. Y dentro del aula tienen relevancia el interés y el amor de los profesores al trabajo bien hecho, a la pedagogía, a la enseñanza. Por lo tanto, es muy importante disponer de maestros bien remunerados, con estabilidad financiera, para que puedan desarrollar de buena manera su labor. Ahora, hay una pregunta que cae de cajón: si la ley permite solo 20 por ciento de personal a contrata, ¿por qué los municipios no llaman a concurso? A lo mejor Sus Señorías no conocen la respuesta. Pero yo puedo darla. Lo que sucede es que muchas veces los profesores a contrata, a pesar de que hacen una estupenda labor dentro del aula, de que ponen su conocimiento y su alma para enseñarles a los alumnos, no pueden ganar los concursos cuando compiten con otros de más años o con mejor currículum, pero no necesariamente con mayores posibilidades de enseñar en la sala de clases. De modo que muchas veces -y a mí me pasó- se llama a concurso y los buenos maestros de contrata no necesariamente quedan en los cargos como quiere el sostenedor. Así, en reiteradas oportunidades los municipios optan por aceptar tal situación pese a no ser lo que corresponde en estricto rigor. Por lo tanto, me parece buena cosa regularizar tal situación, ayudar a los municipios para que les den titularidad y seguridad a los docentes. Por otro lado, hay que respaldar con recursos a las municipalidades donde existen profesores que, no obstante haber cumplido la edad requerida, no pueden jubilar. Tal como se ha dicho acá, debemos entregarles más dineros a las corporaciones edilicias para permitirles ayudar a la educación municipal mientras se mantenga en ellas. Hoy los municipios no están ayudando a la educación pública. Necesitamos que el trabajo que se realiza en los colegios municipales se respalde con fondos públicos que posibiliten aumentar la labor que se está llevando a cabo. Este proyecto me alegra profundamente. Conozco a muchos profesores que han laborado a contrata durante hartos años sin poder regularizar su situación. Por esta vía podrán hacerlo. En todo caso, hay que sanear la situación existente, pues no se puede hacer esto cada cierto tiempo. La permanencia de un profesor en un cargo de contrata debiera considerarse fuertemente en los llamados a concurso. Hay que volver a revisar la forma como se procede a la titularidad de los cargos. Porque la situación que se da con los profesores a contrata (y lo conversábamos con los colegios y con maestros de la zona que represento) es bastante perversa, producto justamente de la manera en que se generan los concursos. Así que, de verdad, esta iniciativa me alegra sobremanera. Espero que con ella se dé tranquilidad a los miles de profesores que están en la situación descrita pese a que dejan su alma y su vida tratando no solo de enseñar sino también de formar a numerosos niños. Es lo que en justicia corresponde. Y espero que se entreguen mayores recursos a los municipios para que hagan cada vez mejor la labor que tienen encomendada. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, quiero partir valorando el tremendo esfuerzo que realizan todos los profesores de nuestro país. Creo entonces, señor Ministro, que por ellos debiéramos haber partido nuestra reforma educacional. En tal sentido, esta iniciativa viene justamente a poner en su lugar la dignidad del profesorado, la seguridad que necesitan los docentes para vivir como personas que se entregan por entero a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Los maestros necesitan estabilidad. Quienes ejercitan su vocación todos los días en zonas urbanas y en zonas rurales requieren estabilidad mínima en su empleo. Eso no ha ocurrido. Y los Senadores que me antecedieron fueron bastante claros para referirse a la inestabilidad histórica que ha tenido el profesorado. Es posible que esta iniciativa no les signifique más recursos, pero los maestros podrán decir con tranquilidad "Yo continúo mi trabajo en la Corporación o en el DAEM". Eso es fundamental, pues evita que los profesores a contrata tengan cada fin de año incertidumbre sobre la renovación de sus contratos, lo que no es bueno para personas que dedican su vida a formar a nuestras generaciones, ni tampoco para sus familias. Por eso, en primer lugar, valoro el trabajo del profesorado. Y creo que esta es una manera mínima de colaborar con él y apoyarlo frente a una reivindicación histórica que el Estado no ha satisfecho. En nuestro país, cualquier empresa privada ha tenido muchos más derechos que el profesorado. Por eso, debemos nivelar a las personas más importantes de nuestra sociedad: los maestros. De otro lado, señora Presidenta, debo hacer presente que los profesores sin titularidad son -y lo manifestó otro Senador- sujetos de crédito complejos, a los que se les cobra más por los préstamos. Entonces, deben acudir a las casas comerciales, donde las tasas de los créditos se los comen. ¿Y qué queda al final de mes? Pagar intereses y seguir con la incertidumbre de si el año siguiente van a tener trabajo. Yo quiero valorar esta iniciativa. Actualmente, en la Sexta Región, según la información que nos entregó el Ministerio de Educación, tenemos 2 mil 597 docentes de aula a contrata y vamos a aumentar en 1.976. En definitiva, señor Ministro, con este proyecto llegaremos prácticamente a 87 por ciento de profesores con titularidad. Ahora, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin referirme a lo que planteamos y conversamos con el señor Ministro durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos en el sentido de que los profesores y los niños rurales necesitan un apoyo distinto y de que, por problemas económicos de los municipios, estamos perdiendo la posibilidad de mantener muchos colegios en ese sector. Al respecto, pienso que debiera existir -y estoy convencido de que el señor Ministro va a trabajarlo en la reforma educacional- una subvención adicional para el sector rural, de modo que sea pujante y no se desplace hacia el sector urbano, pues ello a la larga significa separar a la gente de su familia y del mundo en que ha vivido históricamente. Por eso, señora Presidenta y estimado Ministro, me parece que este proyecto es de mínima justicia para el profesorado de nuestro país. Y estoy convencido de que vamos a aprobarlo unánimemente, pues los maestros de Chile lo merecen. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. El señor LAGOS.- Señora Presidenta, no iba a intervenir, pues voté a favor de este proyecto cuando lo vimos acá, en esta Sala, hace algún tiempo. Mi único comentario es que hago míos muchos de los aspectos planteados acá respecto a la justicia de lo que estamos haciendo; a la deuda pendiente; a que los municipios no cumplen la ley, como dijo el Senador José García; a que resulta inconcebible que el Estado haga la vista gorda ante el hecho notorio de que no se cumple el estatuto docente en cuanto al máximo de 20 por ciento de cargos de contrata. Todo eso lo hago mío. Sin embargo, voy a referirme a un punto específico, para que quede en acta y para que cuando discutamos los muy complejos proyectos que vienen, que serán largamente debatidos, no lo olvidemos. Algunas Senadoras y algunos Senadores (entre estos el colega García-Huidobro) han dicho estar por la estabilidad, para evitar la incertidumbre de fin de año, cuando el personal a contrata no sabe si tendrá continuidad por la vía de la renovación de los contratos. Yo comparto cien por ciento dicho planteamiento. Pero también he escuchado otros argumentos, que no se dicen en esta Sala, sino fuera de ella, en privado, en el sentido de que la estabilidad no es buena amiga de la productividad o de la eficiencia del sistema de educación pública. --(Manifestaciones en tribunas). Entonces, como no comparto eso, quiero relevarlo acá. Y a todos aquellos que han hablado de la importancia de la estabilidad les pido que nos acordemos de eso al discutir el estatuto docente, cuando lo revisemos. Ello, para asegurarnos de que vamos a velar por la estabilidad y no nos desviaremos. Tal es el punto que quería hacer. Eso, ciertamente, en una sociedad con discusiones importantes: evaluación y capacitación docente; currículum de las universidades; duración de las carreras. Yo soy de los que creen que no es necesaria la posibilidad de cercenar la estabilidad laboral para obtener mejores beneficios. El sector público de planta funciona relativamente bien; y son funcionarios que tienen ciertos beneficios. Pero esto no es único y prioritario de Chile: ocurre en otros países del mundo. Yo no veo por qué, existiendo un sistema de evaluación razonable, exigente, periódico, no puede haber estabilidad laboral y, además, buenas remuneraciones, con espacio adecuado para que los profesores preparen sus materias, hagan las clases, se capaciten. Todo eso implica una decisión mayor. Y la vamos a ver, ciertamente, a partir del año 2015. Me alegro de que señores Senadores hayan hecho referencia a la importancia de la estabilidad. Si mencionamos hoy este elemento para justificar el traspaso de contrata a la planta, convendrá recordarlo cuando discutamos sobre el régimen de largo plazo que requerirán los profesores y no echarlo en saco roto dando vuelta el argumento. - --(Aplausos en tribunas). El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. --Por 37 votos a favor, se aprueba en general el proyecto, como también la indicación del Ejecutivo, quedando el primero asimismo aprobado en particular. Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. --(Aplausos en tribunas). La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludamos y agradecemos la presencia de quienes nos han acompañado en las tribunas. --(Aplausos en tribunas). La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Felicitaciones! Se ha obtenido una altísima votación, de prácticamente la totalidad de los señores Senadores. --(Aplausos en tribunas). La señora ALLENDE (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de enviarse los oficios llegados a la Secretaría.