INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA A LA CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PÚBLICOS. Oficio. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El Comité del Partido por la Democracia hará uso de los cinco minutos adicionales a que tiene derecho toda bancada una vez cada tres semanas. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, a pesar de los grandes avances que ha tenido, el sistema previsional chileno, tanto en cobertura como en calidad, subsisten muchos vacíos y falencias. Hoy me referiré al grave problema que afecta a los empleados públicos jubilados que se encuentran afiliados a la ex Caja de Ahorro de Empleados Públicos. La Caja existe desde el siglo XIX y su regulación institucional no se ha adecuado de manera razonable a los tiempos que corren. Sus estatutos están completamente desfasados en el tiempo y fuera de toda normativa establecida por la legislación para temas previsionales, lo que hace muy deficiente su control y fiscalización por las entidades competentes. Al momento de crearse esta institución, no existía una regulación legal específica para la administración de fondos por terceros. Por lo tanto, la normativa legal y reglamentaria aplicable a esta entidad se mantiene conforme a la legislación común, sin tener que cumplir los demás requisitos propios del sector previsional. Durante 2010, la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en esta Caja de Ahorro. En su informe N° 293/09, de 9 de marzo de 2010, determinó que existía una serie de falencias y actuaciones reñidas con el ordenamiento jurídico, entre las que se cuentan pagos irregulares y no justificados de honorarios y dietas; pagos de gratificaciones que excede-rían los límites legales; inclusión, dentro de los gastos, de conceptos que se alejan de los fines propios de la institución y de otros que no se encontrarían debidamente acreditados. Esto sólo por señalar algunas. Resulta llamativo que el organismo contralor haya determinado que la Caja de Ahorros repartió utilidades a su personal a modo de gratificaciones, con lo que incrementó las remuneraciones individuales de ciertos trabajadores en proporciones desmedidas, lo cual, por falta de regulación especial o sectorial, está al borde de lo legal, ya que la Caja de Ahorros está considerada por la legislación como una entidad sin fines de lucro. Lo cierto es que una situación como la detectada nos permite ver que la forma en que se administra esa entidad se aleja completamente del fin que debe tener, cual es la protección de los intereses económicos de sus afiliados. Al mismo tiempo, la Subsecretaría de Justicia, por ordinario N° 6674, de septiembre de 2010, determinó la existencia de una serie de irregularidades e impartió instrucciones para corregirlas. Entre las irregularidades estaba la contratación ilegal de familiares de directivos y otros empleados, quienes recibieron millonarios sueldos, todo a costa de los ingresos de las personas que cotizan regularmente en esta entidad, que son los funcionarios que perciben menores ingresos en la administración del Estado. Por medio de la resolución N° 6674, se impartieron a la Caja de Ahorro una serie de instrucciones para solucionar los graves problemas legales detectados. Entre estas medidas estaba formar una cooperativa de ahorro y crédito; reformar los estatutos para adecuarlos a la legislación vigente e inhabilitar indefinidamente al administrador y al consejo de la Caja. Hasta el día de hoy estas instrucciones no han sido cumplidas por la Caja de Ahorro de Empleados Públicos, que sigue funcionando tal como lo ha hecho siempre, haciendo oídos sordos de las resoluciones administrativas que decretaron su ilegalidad. Esa situación, que afecta a 50 mil trabajadores, aproximadamente, debe obligar a los organismos de la administración a fiscalizar con prontitud todas las actuaciones de la Caja de Ahorro de Empleados Públicos y, si se requiere, aplicar las sanciones ejemplificadoras que resulten pertinentes, porque no se puede jugar ni mucho menos lucrar, de manera desvergonzada, con las pensiones de los trabajadores. Se trata de una institución sin fines de lucro, que se alejó de sus fines, por la deficiente administración que realizaron sus directivos. El Estado debe tomar las medidas que le impidan seguir funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Es nuestro deber establecer un marco regulatorio, cuyo pilar sistémico fundamental sea la protección económica de los pensionados. Es inaceptable que, detectadas las irregularidades, después de un año no podamos dar respuesta institucional a los más de 50 mil pensionados, que ven cómo sus pensiones son mal utilizadas. Por eso, pido que se oficie al ministro de Justicia, señor Felipe Bulnes, para que informe sobre el estado de cumplimiento de las instrucciones que se dieron a la ex Caja de Ahorro de Empleados Públicos, a través del ordinario N° 6674, de la Subsecretaría de Justicia, y de las medidas que adoptará esa Cartera, en caso de que tales irregularidades e ilegalidades persistan. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García y Nicolás Monckeberg. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.