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- rdf:value = " ENMIENDA A LEY ORGÁNICA DE TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS EN MATERIA DE PLANTAS
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros, en materia de plantas, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8662-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 57ª, en 30 de octubre de 2012.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
Hacienda: sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
Discusión:
Sesión 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
Habiéndose hecho la relación en la sesión de 12 de junio recién pasado, cabe recordar que la iniciativa es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere 21 votos para su aprobación.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
En discusión general.
Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , el proyecto en examen apunta a modificar la ley N° 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera.
Con ese texto legal, como sabemos, la fiscalización y el cobro de tributos impositivos y aduaneros se separaron definitivamente del ejercicio de la jurisdicción, dándose un paso en verdad fundamental y que todos estábamos pidiendo.
Bajo la antigua regulación, superada mediante la ley a la que he hecho referencia, funcionarios de los mismos servicios fiscalizadores cobraban e imponían las sanciones tributarias contempladas en el ordenamiento. Eran llamados a actuar como jueces para resolver conflictos originados en diferencias entre el contribuyente y el organismo contralor. La mínima racionalidad procesal y los presupuestos del ejercicio de la jurisdicción, que exigen un juez independiente de las partes y del conflicto intersubjetivo, demostraron la inconveniencia de continuar admitiendo que uno de los intervinientes en el proceso pudiera ser al mismo tiempo juez y parte.
Todavía más grave fue la utilización, bajo la vigencia del sistema procesal tributario reemplazado, de la práctica habitual de que funcionarios llamados por ley a ejercer la jurisdicción la delegaran en personal subalterno. La situación, como es de público conocimiento, llevó a la interposición de innumerables acciones judiciales para pedir la nulidad de los procedimientos llevados a cabo por esos aparentes jueces tributarios, quienes realmente carecían de jurisdicción, en virtud de la imposibilidad constitucional de que ella sea delegada.
Por lo anterior, no cabe duda de que las modificaciones introducidas por la ley N° 20.322 han significado un profundo y radical avance para la justicia tributaria y de que su implementación ha sido exitosa.
Con todo, no es un misterio que se ha detectado una sobreestimación del número de causas proyectadas para los tribunales tributarios y aduaneros, por lo que las dotaciones de las plantas de funcionarios son hoy mayores que las necesarias.
La evidencia de tal situación se ha dado gracias a que el cuerpo legal recién citado contempló, acertadamente, una entrada en vigencia progresiva de sus disposiciones. La reforma se fue implementando a lo largo del país en cuatro etapas, separadas por un año, culminando la última de ellas en 2013, con la introducción del nuevo sistema en las Regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Por la experiencia registrada y con los datos del Ministerio de Hacienda, es posible comparar la cifra de ingreso de causas que se proyectó con la que se ha dado en la práctica. Durante la discusión de la que se transformó en ley N° 20.322, se consideró que para 2012 existiría en el sistema una carga de trabajo de 9 mil 22 causas, sin contar la Región Metropolitana. La realidad es que los ingresos alcanzan hoy solo a 546. Ello quiere decir que solo se inició el 6 por ciento de lo que se esperaba, lo que representa un notorio error de cálculo.
Las estimaciones, corregidas en 2012, muestran un descenso en las causas correspondientes a la Región Metropolitana, desde cerca de 10 mil a mil 500, sin incluirse juicios por reavalúos de bienes raíces. De ese modo, el conjunto en todo el sistema no superaría los 2 mil 500 ingresos.
Con los nuevos números, se pasaría a un promedio de 18 causas por funcionario, durante el año 2013, lo que permitiría mantener un margen adecuado en caso de que las nuevas proyecciones sean bajas.
A fin de evitar gastos innecesarios al Estado, el proyecto, en vista de los números aludidos, reduce las plantas de funcionarios de los tribunales tributarios y aduaneros de Arica, Iquique , Copiapó , Santiago , Valparaíso , Rancagua , Talca, Concepción, Valdivia , Puerto Montt y Punta Arenas.
En general, la medida no será inmediata, pues los cargos ya proveídos y ocupados serán eliminados cuando queden vacantes en el futuro.
En los tribunales de Arica, Iquique y Concepción se eliminarán los cargos de auxiliar y resolutor cuando comience a regir la iniciativa, pues dichas funciones nunca se llenaron.
Por otro lado, también se modifica la subrogación legal de jueces y secretarios tributarios y aduaneros.
Adicionalmente, se suprimen algunos cargos en las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, de Concepción y de San Miguel, debido a la eliminación de salas exclusivas para el conocimiento de causas tributarias y aduaneras.
Creemos que es preciso hacer algunas modificaciones al proyecto, señor Presidente , pero pensamos que este sigue la línea correcta en el sentido de disminuir la cantidad de funcionarios, porque se estimó un número de ingresos mucho mayor que el registrado.
Gracias.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , la iniciativa apunta, en primer lugar, a reducir el tamaño de las plantas de los tribunales tributarios y aduaneros, básicamente porque la estimación de las causas que iban a ingresar a los nuevos organismos jurisdiccionales fue muy superior a lo que ocurre en la realidad.
Basta consignar que el promedio de aquellas previstas por funcionario era de 127. Pero en la práctica ha llegado solo a 7.
Por lo tanto, parece del todo razonable reducir las dotaciones y que en los lugares donde los cargos estén siendo servidos la disminución opere una vez que se produzca la respectiva vacancia.
El segundo objetivo del proyecto apunta a corregir errores y mejorar la ley N° 20.322, que fortaleció y perfeccionó la jurisdicción de los tribunales tributarios y aduaneros.
Y el tercer objetivo es establecer el derecho de opción de los contribuyentes para tramitar sus causas ante el nuevo sistema, es decir, en los tribunales tributarios y aduaneros, o bien para permanecer en el antiguo.
Las medidas que propone el Gobierno son del todo razonables. No se ven motivos para mantener plantas mayores que las necesarias a efectos de tramitar con la debida agilidad los juicios que se verifican en la realidad y cuyo número, como dije, es muy muy inferior al estimado inicialmente.
Por todo lo expuesto, voto a favor de la iniciativa.
El señor NOVOA.-
Pido la palabra.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , seré muy breve.
Este proyecto lo analizamos en la Comisión de Hacienda, y la opinión unánime fue que debía ser aprobado. En su paso por la Comisión de Constitución se generaron ciertas observaciones, pero fueron solucionadas mediante indicaciones presentadas por el Ejecutivo .
Por consiguiente, parece razonable aprobarlo en general. Y siempre existe la posibilidad de que algún señor Senador quiera formular indicaciones si considera que ha quedado algo pendiente.
Reitero que en el análisis que hicimos en la Comisión de Hacienda se estimó que las principales objeciones al texto habían sido resueltas.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, este proyecto es raro, porque cuando se trata del aparato del Estado nos abocamos a pedirle al Ministro de Hacienda mayores plantas y menos personal a honorarios y a contrata.
El Estado es un pésimo empleador. En los niveles municipales mantiene profesores a contrata durante 16 años; en otros servicios públicos, como Chiledeportes, la mitad de los trabajadores son a contrata y a honorarios, y en el SERNAM, en el Instituto Nacional de la Juventud y en diversos Ministerios el personal a contrata llega, no al 20 por ciento de la planta como establece la ley, sino al 40 por ciento. Y algunos, por cierto, sin derecho a horario, sin derecho a vacaciones, sin derecho a ningún tipo de beneficio legal.
En la iniciativa en debate se reducen las plantas de los tribunales tributarios y aduaneros. Y, tal como se expresa en el informe de la Comisión de Hacienda, los funcionarios que hicieron la proyección respecto al ingreso de causas son los mismos que ahora determinan que se deben disminuir las plantas.
Además, el informe consigna lo siguiente.
"El Honorable Senador Novoa manifestó que la consulta sobre la razón de la diferencia tan amplia entre lo proyectado y lo que realmente está ocurriendo es válida, porque los funcionarios de los Servicios que efectuaron la proyección y que ahora presentan una nueva estimación son básicamente las mismas personas que se preocupan de la parte técnica. Del mismo modo, expresó que le gustaría saber si existe una razón de fondo que explique la referida diferencia.
"El Subsecretario , señor Dittborn , explicó que del análisis efectuado con directivos del Servicio de Impuestos Internos han surgido varias causas que explicarían la diferencia en la proyección, y aunque no existe acuerdo sobre cuál sería la razón fundamental, sí se ha determinado que una de las principales es que el mismo Servicio cambió de conducta, intentando arreglar los problemas a nivel administrativo, antes de llegar a la primera instancia judicial, lo que disminuyó el número de procedimientos judicializados.
"El Honorable Senador señor Lagos citó la opinión del integrante de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados de Chile, señor Cristián Blanche , (¿) quien señaló que la ley establece que los reclamos por un monto superior a $1.500.000 deben ser siempre patrocinados por un abogado, e hizo presente que los contribuyentes de regiones generalmente son asesorados por un contador, por lo que se ha entendido que habría una barrera de entrada para ejercer acciones legales ante estos tribunales, lo que explica en parte el bajo número de ingresos que se denuncia en el proyecto.
"Acotó que esta sería una barrera de entrada que también ayuda a explicar el bajo número de causas ingresadas".
Entonces, señor Presidente , yo no sé si al final el problema de que no ingresen más causas se debe a la exigencia de que sean patrocinadas por un abogado -este es un tema complicado-, pues cuando ellas involucran sumas pequeñas el pago a un abogado sale más caro que el juicio; más caro que la litis; más caro que la disputa.
¿No será necesario revisar el punto y establecer que ciertas causas no requieran abogado? ¿No será conveniente elevar a 5 millones de pesos el monto de los reclamos que ameriten el patrocinio de esos profesionales, y establecer que aquellos inferiores a un millón y medio, dos millones o tres millones los pueda tramitar un contador auditor?
El proyecto plantea empezar a bajar el número de funcionarios de algunos tribunales tributarios y aduaneros porque hay menos causas, sin tener presente que existen barreras de acceso tan claras como la exigencia de abogado en causas superiores a un millón y medio de pesos -¡causas superiores a un millón y medio de pesos¿!-; o sea, si tengo una por un millón 700 mil pesos, requiero abogado; si tengo una por 200 millones, requiero abogado.
Señor Presidente , el informe que tengo a la vista solo se aboca a la forma de corregir las plantas. Pero sobre el itinerario de cómo disminuirlas no hace un análisis exhaustivo.
No creo que este sea un informe serio. En su propio texto reconoce que los motivos del bajo ingreso de causas no están claros.
Reitero: no existe acuerdo sobre cuál es la razón fundamental de ese bajo ingreso. Eso sí, se ha determinado que una de las principales es que el mismo Servicio de Impuestos Internos cambió de conducta.
Y si en el futuro el mismo Servicio cambia otra vez de conducta y decide que no puede haber resolución administrativa, ¿vamos a penar por la falta de funcionarios?
Entonces, señor Presidente , yo requiero mayores niveles de información y de evaluación y no una mera expectativa basada en la opinión de algunos funcionarios no identificados.
El informe es muy pobre respecto al diagnóstico del problema.
Ojalá que la misma agilidad que el Ejecutivo muestra para disminuir esas plantas la tuviera cuando proponemos aumentar las de otras reparticiones; cuando queremos terminar con el burdo engaño, con la farsa de tener a miles y miles de trabajadores a contrata en los servicios públicos¿
Excúseme, señor Presidente , pero me emociono con este tema. Porque el Gobierno es expedito en la tramitación de la iniciativa que nos ocupa, pero no cuando le pedimos aumentar el personal y pasar de honorarios y de contrata a la planta a miles de funcionarios, como ocurre con 600 funcionarios del Hospital Clínico Regional de Concepción, que trabajan a contrata desde hace más de 14 años.
Con relación al proyecto, resulta inconveniente legislar con esta premura. Distinto sería si nos dijeran: "Hay una auditoría realizada por la Contraloría" o "Un estudio, encargado por el propio Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, determina que esto no va a ser reversible". ¡Pero no! Solo hay una estimación efectuada por los mismos funcionarios que hicieron la proyección de ingreso de causas. Y no hay acuerdo sobre las razones fundamentales de su bajo número.
Eso no me parece serio tratándose de un tema tan importante, señor Presidente .
Antes de tomar una decisión de voto, espero poder escuchar a los miembros de la Comisión y al señor Ministro.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
No hay más oradores inscritos.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN ( Ministro de Hacienda ).-
Gracias.
Señor Presidente , con relación al punto que se acaba de exponer, la verdad es que uno tendría que pensar más allá de qué motivó las desviaciones.
Como explicó el Senador Prokurica, las desviaciones no se produjeron entre una proyección y otra, sino entre la proyección realizada antes de que la legislación sobre tribunales tributarios y aduaneros entrara en vigencia y lo que se ha dado en la práctica.
Por lo tanto, no es una opinión contra opinión. Es una proyección que se quedó larga, y si hubiese sido por poco, no estaríamos discutiendo este proyecto. Pero el problema es que se registra una desviación de veinte a uno entre la proyección de causas y el número efectivo de ellas que han ingresado a estos tribunales.
Por ejemplo, cuando se analizan las cifras del total de causas proyectadas se observa que para el año 2012 se estimaba que habría 9 mil 22, en circunstancias de que el número real que ingresó fue de 546. O sea, la diferencia es de casi 18 veces. Asimismo, en Arica se esperaban 100 causas por funcionario; y hay solo cinco.
Entonces, aquí nos encontramos ante una situación de hecho. Se hizo una proyección; los tribunales tributarios y aduaneros han estado operando por tres años ya; existe experiencia y, lamentablemente, las estimaciones en que se basó la iniciativa original cuando se aprobó fueron incorrectas.
Nuestro afán en este caso no es cortar plantas, sino simplemente advertir que ellas están no ligeramente sobredimensionadas, sino muy sobredimensionadas, con diferencias que fluctúan entre 15 y 25 veces más respecto de las proyecciones iniciales.
Eso es lo que motiva, aparte de algunas correcciones puntuales a las cuales no me voy a referir, la presentación de este proyecto.
Ese es el asunto de fondo: se ha registrado una diferencia entre lo que se proyectó, que por una razón u otra está muy lejos de la realidad, y lo ocurrido en la práctica.
En consecuencia, nos encontramos frente a una sobredimensión de plantas, y la iniciativa en comento pretende corregirla.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
A usted, señor Ministro .
Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación.
Acordado.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente , me parece que el tema de las plantas es lo menos importante de esta iniciativa porque, sin lugar a dudas, su reducción es mínima.
En el caso de la Sexta, la Cuarta y la Quinta Regiones, las dotaciones quedan exactamente igual. En la Metropolitana todavía no se han implementado estos tribunales.
Sin embargo, la iniciativa tiene otros objetivos muy relevantes que motivan su aprobación.
Primero, remplazar las salas de Cortes de Apelaciones de dedicación exclusiva para el conocimiento de las causas tributarias por salas de conocimiento preferente.
Segundo, corregir algunos errores contenidos en la ley que creó los tribunales tributarios y aduaneros.
Y, por último, establecer el derecho de opción de cambio de jurisdicción para aquellos litigantes de procesos que actualmente estén siendo conocidos por la antigua judicatura tributaria o aduanera.
El mensaje indica que, si bien la puesta en práctica de la reforma que creó los tribunales fue exitosa, y sin perjuicio de que aún queda por implementar la última etapa de la reforma, se ha detectado una sobrestimación del número de causas proyectadas.
¡Y por Dios que es importante lo anterior, señor Presidente! Porque hay que considerar que se trató de una iniciativa largamente discutida en el Congreso Nacional, que buscaba que el Servicio de Impuestos Internos dejara de ser juez y parte.
Por lo tanto, el hecho de que hoy día existan los tribunales tributarios va en el camino correcto para que los usuarios tengan la posibilidad de apelar cuando se dictan resoluciones frente a las cuales ellos no estén de acuerdo.
De otro lado, el Subsecretario de Hacienda , Julio Dittborn , explicó que el error de las proyecciones podría basarse, entre otras razones, en que el mismo Servicio de Impuestos Internos cambió de conducta después de la promulgación de la ley que creó los tribunales tributarios, con la intención de arreglar los problemas en el nivel administrativo, antes de llegar a la primera instancia judicial, lo que disminuyó el número de procedimientos judicializados.
Eso me parece muy significativo.
En consecuencia, la reducción del tamaño de las plantas -es prácticamente mínima- no es tan relevante en comparación con otros ajustes que introduce la iniciativa de ley.
Por consiguiente, mediante las indicaciones que se van a formular en la discusión particular, hay posibilidades de sacar un proyecto que vaya en el camino que corresponde, en cuanto a ser lo más exitoso posible para que los usuarios de Impuestos Internos que no se encuentren conformes con determinada resolución puedan apelar ante estos tribunales, que son independientes, con el objeto de cambiar un fallo original o de enmendar situaciones de injusticia.
Por las razones expuestas, señor Presidente, me parece imprescindible aprobar la idea de legislar del proyecto, y en el transcurso de su tramitación presentaremos las indicaciones correspondientes.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , es efectivo que estamos ante una iniciativa rara, como bien la definió un colega que me antecedió en el uso de la palabra. Pero que sea rara no significa que sea mala, a mi juicio...
El señor LAGOS.-
¡No, pues!
El señor COLOMA.-
... Por el contrario, marca una forma de hacer las cosas que me parece correcta para un Parlamento y para una sociedad.
Obviamente, los cálculos son proyecciones. Y concuerdo con lo que han dicho algunos Senadores en el sentido de que si hay un error manifiesto tendrá que investigarse y resolverse de mejor forma, porque se trata de los mismos informes que se utilizan para analizar si se amerita aumentar plantas en otras reparticiones. Sin embargo, creo que hay seriedad cuando en un momento determinado alguien dice: "Aquí hubo un exceso y, por tanto, para el bien de los recursos del Estado, corresponde hacer un descuento y un ahorro". Eso legitima la posición de quien señala: "Tengo que aumentar el personal en otra parte".
Ese es el trasfondo del proyecto: aplicar en forma seria las políticas públicas. Y si lo que indican los datos es verdad -durante la discusión particular podrá chequearse, lugar a lugar, si hubo una planificación o una proyección muy diferente-, lo peor que le puede pasar a un Estado es mantener una situación inequitativa o errónea, desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, y no hacer lo que para algunos constituiría un error gravísimo: rebajar el número de funcionarios en determinada planta. Al contrario. Si ocurre lo que se ha afirmado -cuestión que siempre habremos de demostrar-, aquello hablará en forma adecuada de que uno de nuestros principales deberes es cuidar las finanzas públicas.
Esto no es llegar y abrazarse. No es positivo proponer incrementar los gastos y aumentar las plantas, ni tampoco, per se, negativo. En algunos casos, puede ser importante, en otros necesario. Pero el mérito de un Gobierno o de un Parlamento no se encuentra en agrandar el tamaño del Estado. De repente, cuando se registran errores, resulta sumamente significativo tener la autocrítica suficiente para reducirlo, lo cual da legitimidad moral cuando uno quiere realizar lo inverso.
Por eso, señor Presidente, el que no tenga recuerdo de un proyecto como el que nos ocupa -puedo estar equivocado-, no necesariamente indica que sea negativo. Puede ser relevante en la medida que se proyecten con mayor eficiencia los gastos públicos, que son recursos de todos los chilenos y que debemos hacer cundir lo mejor posible.
En consecuencia, voto a favor de la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente , en su oportunidad califiqué públicamente a esta iniciativa como producto de una decisión precipitada, dado que el Gobierno la presentaba bajo el supuesto de haber "detectado una sobrestimación del número de causas proyectada para los Tribunales Tributarios y Aduaneros", lo que a su juicio llevaba a concluir que las dotaciones son mayores a las estrictamente necesarias y proyectadas.
En el fondo, este proyecto significaba, simplemente, echar pie atrás en el proceso de modernización de nuestra justicia tributaria y aduanera, al pretender reducir el número de jueces sin que hubiese finalizado siquiera el proceso de instalación de esta ambiciosa y necesaria política pública que, entre otras cosas, procura terminar definitivamente con la lógica de un Estado que es juez y parte en materias tan sensibles como las que analiza la justicia tributaria y aduanera.
En concreto, la iniciativa proponía una drástica reingeniería en la planta de funcionarios de los tribunales tributarios y aduaneros, reduciendo en 37 cargos la dotación de la entidad, pues pasaba de tener 117 profesionales a estar integrada por 80, considerando en el recorte tanto a las salas ya instaladas como a aquellas por instalar, entre las cuales se hallan los cuatro tribunales de la Región Metropolitana, además de los de las Regiones de Valparaíso y de O'Higgins, que también se encuentran pendientes para esta última etapa.
Afortunadamente, en la Comisión de Hacienda del Senado, el Gobierno enmendó esta primitiva decisión, razón por la cual se aprobó por unanimidad un proyecto diferente al originalmente presentado.
Con todo -aun cuando voy a aprobar esta iniciativa en general-, no puedo dejar pasar inadvertida la opinión que sobre ella tiene la Asociación de Magistrados de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, la que comparto, como también la necesaria independencia que deben tener estos tribunales respecto al Gobierno de turno.
En efecto, parece una materia inconclusa el que sea la propia Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, dependientes de la Subsecretaría de Hacienda, la que autorice las contrataciones de personal de tales instancias. Dicha Subsecretaría es la que debe hacerlo.
La Asociación de Magistrados ha señalado que entregar a la administración la dotación del personal necesario en tiempos de mayor cantidad de causas implica un serio riesgo para la independencia de los tribunales, afirmación que comparto. Y esto, a mi juicio, es delicado, porque se requiere que estos órganos, cualesquiera sean, actúen siempre con la debida independencia frente al Gobierno de turno.
En esta lógica, cada vez que un tribunal necesite completar la dotación de personal, tendrá que solicitar y luchar por su contratación ante la Unidad Administradora, quedando sometido en último caso a la voluntad de ella. Sin lugar a dudas que, por tal vía, se puede afectar la gestión de estos tribunales, y es posible que se premie o se castigue a los jueces más condescendientes con los intereses del Gobierno de turno.
Y eso, señor Presidente, es grave.
Por tanto, dado que en la Comisión de Hacienda del Senado se superaron importantes dificultades, como ya lo señalé, apruebo en general este proyecto en el entendido de que en la discusión particular podremos garantizar algo que es fundamental en nuestro país: la independencia de estos tribunales, corrigiendo las atribuciones que tiene el Ejecutivo respecto de ellos, en un área tan sensible como la contratación de sus funcionarios.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente , este es un proyecto no sé si raro, pues no es común que después de una estimación relacionada con la demanda que va a tener un servicio, al final del día, con los elementos sobre la mesa, surjan discrepancias como las de ahora.
Se calculaban alrededor de 125 causas por funcionario y, en los hechos, son siete. O sea, claramente hay una desproporción entre lo que se proyectó y lo que ocurre. A mi juicio, lo que hace el Ejecutivo es correcto en el sentido de decir que esta situación debe ajustarse.
Felizmente, se cambió el proyecto original, pues lo que este hacía era recortar las plantas o el número de funcionarios en los tribunales ya existentes y en los que se crearían en el país. Con ello se revirtió el problema porque la reducción será respecto de aquellas instancias que, en la práctica, han demostrado tener una menor demanda. Los cuatro tribunales de la Región Metropolitana, el de la Región de Valparaíso y el de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins no se verían afectados.
En todo caso, quiero decir que, en lo concerniente a las causas, no deja de ser interesante lo que manifestó el propio Subsecretario Dittborn , quien señaló que, como consecuencia de que habría un ente independiente que va a velar por la forma en que el servicio judicial tome sus resoluciones, hoy día se procede con mayor prudencia y, tal vez, de manera más diligente, disminuyéndose las causas. O sea, si vamos a tener un juez imparcial que no se hará parte en el asunto, entonces, cae de maduro y es de Perogrullo que así debería ser el servicio judicial. No es que ahora lo hagan bien, sino que tal vez actúan de manera más acuciosa, para evitar la judicialización.
Además -en esto se anticipó el Senador Navarro-, durante la discusión de este proyecto en la Comisión de Hacienda, efectivamente hicimos presente lo señalado por el señor Christian Blanche , integrante de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados de Chile, quien manifestó que aquellas causas de un millón 500 mil pesos hacia arriba requieren ser patrocinadas por un abogado para gatillar las resoluciones de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Para hacer la historia corta, lo que está sucediendo es que por esos montos se prefiere, a ratos, no contratar a tales profesionales.
En consecuencia, como no pretendo que no sean abogados quienes accionen ante los tribunales, en mi opinión, lo que debe hacerse entonces es subir el umbral para permitir que causas de hasta 4 o 5 millones de pesos puedan ser patrocinadas o apoyadas por un contador, y no recurrir a un letrado.
En lo demás, pienso que sería un despropósito tener plantas de personal en casos que claramente no se justifican.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , aquí hay un informe de la Corte Suprema en el que se consignan varias dudas sobre este proyecto, en cuanto a que se producirá una readecuación sin tener claramente vigentes las regiones donde efectivamente habrá causas tributarias. Dice también el Máximo Tribunal que se deja solo la alternativa de sala especializada para la Corte de Santiago, y se supone que ello también podría hacerse en otras cortes.
Por tanto, espero que tengamos la posibilidad de formular indicaciones sobre el particular.
Me resulta curioso que, si los tribunales cuentan con personal suficiente, se proponga rebajarlo. Tenemos casos en los cuales se observan situaciones complejas desde el punto de vista de su dotación. Es cierto que se pueden disminuir recursos, pero quizás debiéramos intentar, al menos, asumir el compromiso de usarlos en solucionar los problemas de otros tribunales donde falta personal y la situación es bastante difícil.
No sé si lo propuesto va a traer alguna consecuencia para la macroeconomía chilena y en lo que respecta al informe de los países acerca de las promesas electorales en Chile. Y sería interesante ver si hay la voluntad de analizar también otros tribunales que están en muy malas condiciones en materia de personal.
Acercándonos aún más al problema, debo decir que el Servicio de Impuestos Internos -cuyos funcionarios están encargados de analizar las declaraciones tributarias y de ver la forma de recuperar recursos- dispone de poco personal, el cual está distribuido de manera tal que le cuesta cumplir esa labor. Lo mismo pasa en Aduanas.
Entonces, al margen de que puede ser algo razonable el rebajar costos, yo no dejaría que los recursos se fueran a fondo perdido, sino que ojalá se utilicen en potenciar a aquellos organismos con escaso personal y pocas capacidades para realizar su tarea.
Como queda la etapa de la presentación de indicaciones, es posible que se resuelvan algunas de las apreciaciones que ha hecho la Corte Suprema.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y 2 abstenciones) y se deja constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Girardi, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron los señores Navarro y Pizarro.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , solicito agregar mi voto.
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de Su Señoría.
A continuación, corresponde fijar plazo para presentar indicaciones. La Mesa sugiere el 22 de julio, a las 12.
¿Habría inconveniente?
--Así se acuerda.
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