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La señora ALLENDE (Presidenta).-
Conforme a lo convenido por los Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores García y Tuma, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, y amplía su plazo de vigencia, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.407-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores García y Tuma):
En primer trámite, sesión 26ª, en 18 de junio de 2014.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 32ª, en 15 de julio de 2014.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es extender la vigencia de la normativa excepcional de regularización contemplada en la ley N° 20.234 estableciendo un nuevo plazo de cinco años, a fin de otorgar a las familias que habitan en loteos irregulares un período más amplio para acceder a los beneficios del procedimiento abreviado.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió este proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Montes, Ossandón, Pérez Varela y Tuma.
Cabe tener presente que las letras a) y b) del número 4) y el artículo 6°, nuevo, que se agrega por el número 5) -ambos numerales, del artículo 2° del proyecto-, tienen carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 8 a 10 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, las familias que han construido sus hogares en loteos irregulares son varios miles en nuestro país.
Muchas de ellas, a través de sus respectivos comités de vivienda, hacen un enorme esfuerzo por regularizar su propiedad y, también, por incorporar adelantos, como el alcantarillado, el alumbrado público, la pavimentación de calles, intentando, así, mejorar sus condiciones de vida. Y el bien raíz que les interesa regularizar desde el punto de vista jurídico es, probablemente, el único que van a tener en su vida y constituirá herencia para sus hijos.
Por eso, considero del caso respaldar la gestión que están realizando esas familias y sus dirigentes, que nos parece muy muy loable.
La ley actual establece un procedimiento que facilita la regularización de esos loteos -el Senador Eugenio Tuma fue autor de la iniciativa pertinente-; y, cuando ya lleva un par de años de vigencia, podemos decir que gran parte del objetivo de regularización se ha venido cumpliendo en diversas comunas del país.
Pero todavía quedan muchas familias que no han podido lograr ese propósito. Porque (también es preciso decirlo) la documentación que hay que reunir -los planos firmados por los arquitectos y otros profesionales, los informes que tienen que acompañar a las direcciones de obras municipales- no se consigue de un momento para otro. Se necesitan esfuerzo y trabajo constante durante muchos meses para poder completar la carpeta respectiva.
Por esa razón, a través de este proyecto de ley, que he firmado junto con el Senador Eugenio Tuma, proponemos básicamente seis grandes materias.
Primero, prorrogar por cinco años la ley actual, de tal manera de dar plazo hasta el año 2020 para que las familias y los dirigentes de los loteos presenten ante la municipalidad correspondiente la solicitud de recepción provisoria, acompañada, por supuesto, de los documentos respectivos.
Segundo, facilitar el proceso de avalúo de las propiedades por parte de las direcciones de obras municipales.
Tercero, facultar para que los programas de subsidios habitacionales y de mejoramiento habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo puedan materializarse en terrenos propios del loteo cuando la familia beneficiaria pueda acreditar su dominio.
Normalmente, aquello se hace a través de la regularización de la pequeña propiedad que lleva adelante el Ministerio de Bienes Nacionales.
Cuarto, facultar el establecimiento de servidumbres de paso y servicios de carácter perpetuo, de tal manera de asegurar el acceso a los loteos.
Muchas veces el loteo está en medio de otras propiedades y no tiene el acceso correspondiente, lo que genera problemas de convivencia con los propietarios de los bienes raíces vecinos.
Quinto, facultar a la dirección de obras municipales para que pueda, al momento de la recepción provisoria, establecer el carácter de bienes nacionales de uso público para las áreas comunes del loteo cuando se acredite el dominio o la voluntad de cesión de ellas.
Eso es muy importante. Porque ¿cómo pueden presentar proyectos de pavimentación si no tienen acreditado que pertenecen al loteo y que están disponibles los espacios para las calles, para los pasajes?; ¿cómo pueden construir una sede comunitaria si no han podido inscribir el terreno a nombre del comité para levantar allí su respectiva sede?
Son problemas prácticos que se presentan todos los días y que, legítimamente, las familias y sus dirigentes desean ir resolviendo.
Y sexto, atender al hecho de que en la aplicación práctica de la regularización se han presentado problemas, a veces francamente insalvables, con loteos irregulares emplazados en zonas de riesgo, particularmente en áreas inundables, donde la Dirección de Obras Hidráulicas cuenta con estudios y definiciones sobre las obras de mitigación necesarias para asegurar a los pobladores su integridad física y la de sus bienes.
Hoy día se les exige a los comités acompañar entre los documentos un informe acerca de las obras de mitigación.
Normalmente, los estudios respectivos abarcan la cuenca completa de un río: las defensas ribereñas, en 4, 5, 10 kilómetros.
¡Es imposible que eso lo haga un comité de vivienda formado por 50, 100, 150 socios!
Primero, se trata de estudios de alto costo. Y en seguida, por supuesto, las obras de mitigación demandan una tremenda inversión.
Sin embargo, la Dirección de Obras Hidráulicas cuenta con los estudios. Y, además, tiene definidos cuáles debieran ser los proyectos de mitigación.
Parece mucho más sencillo, entonces, que el referido ente diga qué inversiones habría que hacer y cómo el Estado se involucra en las soluciones y en el financiamiento de las grandes obras de defensa ribereñas. Ello, para que los pequeños comités de viviendas logren la regularización de los loteos y no deban pensar en pagar por un estudio que costará 30, 40, 50 millones de pesos, ni tampoco en la ejecución de trabajos de mitigación por 5 mil, 8 mil, 10 mil millones.
Quisimos incorporar esta materia en el proyecto original. Sin embargo, no lo hicimos, pues tenemos clara conciencia de que se trata de un asunto de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Pero, sí, esperamos que durante la tramitación de la iniciativa el Gobierno patrocine una indicación en tal sentido y con ello permita que numerosas familias sean favorecidas con la regularización de los loteos.
Este proyecto contribuye a resolver problemas prácticos que ha presentado la regularización de loteos.
Miles de personas anhelan vivir en mejores condiciones, y para ello quieren tener en orden toda la documentación requerida. Pero mientras la Dirección de Obras Municipales no haga la recepción definitiva no pueden inscribir su propiedad en el Conservador de Bienes Raíces.
Las familias han puesto mucha esperanza en este tipo de iniciativas.
Para muchas personas el sueño de la casa propia se va haciendo realidad a través de programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En este caso se trata de familias que no han recibido subsidio del Estado pero también esperan cristalizar ese sueño tras haber comenzado a construir su casa en un loteo irregular.
Por las razones expuestas, votaré a favor. Y le pido a la Sala que también respalde esta iniciativa.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, para analizar este proyecto -se originó en una moción de los Senadores García y Tuma tendiente a modificar la ley N° 20.234, que establece un procedimiento para sanear y regularizar loteos, y a ampliar su plazo de vigencia- deben tenerse en cuenta los acontecimientos actuales.
El origen de esta iniciativa puede encontrarse en las palabras de la Ministra de Vivienda de la época, señora Patricia Poblete, quien argumentó que los loteos irregulares son "consecuencia de loteos efectuados por propietarios que han dividido de hecho sus terrenos, sin cumplir con las disposiciones legales y han traspasado los sitios a familias de escasos recursos".
Cabe señalar que con la iniciativa pertinente se pretendía hacer una mejora sustancial en la calidad de vida de aproximadamente 150 mil familias que vivían en condiciones precarias -es decir, sin electricidad, sin agua potable, sin alcantarillado y sin pavimentación- en sectores tanto urbanos como rurales.
En primer lugar, debo hacer presente que la ley N° 20.234 indica en su artículo 1° que "Los loteos de inmuebles, urbanos o rurales, que a la fecha de publicación de esta ley no cuenten con la recepción definitiva de las respectivas Direcciones de Obras Municipales (...) podrán, dentro del plazo de tres años contado desde su entrada en vigencia, acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización a que se refiere esta ley...".
El referido precepto habla de loteos que no cuenten con recepción definitiva. De ello podemos inferir que sí cuentan con un trámite anterior: permisos de loteo o subdivisión.
En ese contexto, para haber tenido dichos permisos, las correspondientes direcciones de obras municipales deberían haberles exigido acogerse a las normativas correspondientes, señaladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Es importante recalcar el mencionado aspecto, ya que la nefasta experiencia que se vivió con motivo del incendio que afectó a muchos sectores de Valparaíso se complicó por la existencia de viviendas ubicadas en áreas de riesgo de loteos irregulares que no contaban con las condiciones de seguridad, de accesibilidad y de salubridad mínimas para ellas y sus ocupantes.
Los loteos irregulares pueden representar en momentos de emergencia un gran peligro para las familias.
En tal sentido, es necesario buscar buenas soluciones para personas modestas que con mucho esfuerzo han conseguido sus sitios, pues no podemos exponerlas a potenciales peligros derivados de conductas irresponsables.
Por tales consideraciones, aprobaré la idea de legislar, pero con el compromiso de hacer los ajustes correspondientes en el período de indicaciones.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se pidió abrir la votación.
¿Le parece a la Sala?
Acordado, pero sin reducir los tiempos.
Reitero que hay normas orgánicas constitucionales.
En votaci��n la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Gracias, señor Presidente.
Yo presido la Comisión de Vivienda. Entiendo que, como tal, debía rendir informe al comienzo de la discusión.
¡Aún no me acostumbro, Su Señoría, a que no me otorgue la palabra oportunamente...!
Señor Presidente, considero que lo fundamental ya está dicho.
El objetivo del proyecto que nos ocupa es extender por cinco años la vigencia de la normativa excepcional de regularización contemplada en la ley N° 20.234, a los fines de otorgar a las familias que habitan en loteos irregulares un nuevo período para acceder a los beneficios del procedimiento abreviado que permite optar a la regularización.
Asimismo, se realizan adecuaciones para facilitar la aplicación del mecanismo simplificado.
La ley N° 20.234 estableció un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares -no de propiedades- para otorgar una solución a los ocupantes de los predios, independiente del dominio del bien raíz.
Porque hay dominio del bien raíz que se halla regularizado, pero el loteo dentro del cual se constituye el dominio, no. Y creo que este es el problema nodal que da lugar a toda la situación existente. Esto se encuentra desacoplado, no tiene sentido (al final quiero decir algo sobre el particular).
En el año 2012, la ley N° 20.234 fue modificada por la N° 20.562 al objeto de renovar su vigencia y perfeccionar algunas normas (hoy lo estamos haciendo de nuevo), fundamentalmente en cuanto a los requisitos que debían cumplir los beneficiarios y al rol de los organismos públicos que intervienen en el proceso.
El nuevo período ha demostrado que las enmiendas introducidas facilitaron la aplicación de la ley. No obstante, aún hay aspectos que es menester mejorar y complementar, pues muchos loteos irregulares, pese a la prórroga, no han podido incorporarse al procedimiento excepcional.
El plazo prescrito en la ley N° 20.256 está próximo a vencer. Por ello, ahora se propone ampliarlo, para lo cual se dispone un nuevo término, de cinco años, a contar de la entrada en vigencia de la ley en proyecto.
Esta iniciativa se originó en una moción de los Senadores García y Tuma, quienes tuvieron gran sensibilidad para captar la realidad que subyace en su propuesta.
La idea es ayudar a las familias que viven en loteos irregulares por la vía de otorgarles más tiempo para acceder a los beneficios pertinentes.
También se introducen modificaciones con el propósito de facilitar aún más el procedimiento excepcional. Por ejemplo, a la forma de comprobar la tasación máxima de la viviendas del loteo y a la acreditación de la superficie, materialidad y calidad de la vivienda edificada en él.
Los miembros de la Comisión de Vivienda discutimos este proyecto. Escuchamos particularmente a representantes de la Municipalidad de Temuco, a especialistas, a técnicos, y coincidimos en la conveniencia de aprobar la idea de legislar, lo que hicimos por la unanimidad de los presentes, considerando todas las observaciones formuladas.
De todas maneras, pensamos que en la discusión particular habrá que hacer adecuaciones y correcciones.
Yo quiero insistir en una, la que se viene discutiendo por años acá: por qué la regularización de la propiedad está desacoplada con relación a la del loteo.
Ello requiere una modificación del decreto respectivo del Ministerio de Bienes Nacionales en el sentido de que cuando se regularice la propiedad raíz debe hacerse lo propio con el loteo. Porque se da el absurdo de que Bienes Nacionales regulariza las propiedades, pero no las calles, ni los sistemas de iluminación, ni los accesos.
Entonces, a ese respecto se precisa enmendar el decreto pertinente.
Por eso, considero importante que el Ejecutivo estudie el punto y en el trámite del segundo informe presente una indicación para que a futuro no se sigan formando loteos irregulares y el esfuerzo de regularizar propiedad raíz vaya acompañado del de regularizar loteos.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores García y Tuma, resulta de particular importancia en los casos de loteos irregulares que aún no han podido acogerse a los beneficios de la ley Nº 20.256, que se promulgó el año 2012.
Estoy totalmente de acuerdo con la idea de legislar en esta materia, aunque, tal como se expresó durante su discusión en la Comisión de Vivienda, estimo que deben adoptarse los resguardos pertinentes para evitar abusos por parte de los beneficiarios.
No es misterio para quienes representamos a regiones en esta Corporación la existencia de numerosos loteos irregulares en las diversas comunas de nuestras circunscripciones, los que deben regularizarse con un marco legal adecuado para que las familias que residen en ellos tengan viviendas dignas, con servicios básicos, y puedan integrarse a la comunidad en cuyo seno desarrollan su diario vivir.
Para ese propósito, la moción contempla el otorgamiento de diversas facultades a las direcciones de obras municipales pertinentes con el objeto de concretar la regularización que se persigue.
Como no me cabe duda de que todos los miembros de la Corporación estamos contestes en la necesidad urgente de legislar respecto a los loteos irregulares existentes en las diversas comunas de nuestro país, doy mi voto favorable a esta iniciativa, en el entendido de que durante la discusión particular se le introducirán enmiendas destinadas a perfeccionar su articulado.
Señor Presidente, debo connotar que esta materia ha sido de particular preocupación para el Senador que habla, pues tenemos una situación bastante compleja en Viña del Mar y Valparaíso.
En la Quinta Región se concentra un tercio de los campamentos de Chile. Pero, además, la situación se ha ido consolidando en sectores de Viña del Mar, como Miraflores Alto, Achupallas, Santa Julia, Reñaca Alto, Glorias Navales, donde es necesario proceder con mayor celeridad a la regularización de los loteos irregulares que hoy se hallan justamente en ese trámite, a lo que han apuntado iniciativas de la Administración anterior y de la actual.
Muchos de esos loteos cuentan con pavimentación, en fin, y existen las condiciones requeridas para que los vecinos obtengan sus títulos de dominio.
Creo que el aumento del plazo pertinente dice relación no solo con la sensibilidad que han manifestado los Senadores Tuma y García, sino también con nuestra especial preocupación por el problema que se aborda.
Voto a favor.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Saludo al 2º Medio del Liceo Mirella Catalán Urzúa, de Paredones.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, en primer término, quiero destacar la moción que presentaron los Senadores Eugenio Tuma y José García.
Lamentablemente, cada cuatro o cinco años debemos tomar iniciativa para crear la famosa "ley de regularización".
Pienso que nos encontramos ante una buena moción. Sin embargo, ella refleja la precariedad que tenemos en nuestro país en lo que concierne al sistema de desarrollo urbano y al cumplimiento de las normas urbanísticas al momento de la constitución de loteos o de la realización de construcciones.
La ley en proyecto -tal como decía el Senador Montes-, más que destinada a regularizar propiedades o viviendas, persigue como objetivo normalizar loteos, es decir, espacios comunes o bienes nacionales de uso público donde se han realizado construcciones y en que no existe ningún tipo de regularización.
Me parece importante que se cree un mecanismo de regularización integral, porque no es admisible que a estas alturas del desarrollo legislativo y luego de las facultades entregadas tanto a los municipios cuanto al Ministerio de Vivienda tengamos una dualidad contraproducente: la de que por un lado se encuentran regularizadas las propiedades, mientras por otro los bienes donde ellas se emplazan no lo están.
Esa situación es completamente contradictoria y habla de la falta de coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el de Bienes Nacionales como titular de aquellos.
En consecuencia, probablemente en el futuro debiéramos legislar a los efectos de establecer la obligación de la entidad reguladora de crear mecanismos de regularización integral tanto para los bienes nacionales como para los particulares. Por ejemplo, que la autoridad municipal no pueda recepcionar obras si el terreno y los bienes del loteo no se encuentran debidamente regularizados.
Yo aprobaré la idea de legislar, señor Presidente.
No obstante, estimo que hay dos puntos relevantes que deberemos analizar durante la discusión particular.
En primer término, este proyecto, junto con permitir la regularización, simplifica el trámite y disminuye a una declaración jurada simple la naturaleza jurídica del documento que debe presentar el solicitante ante la autoridad correspondiente.
Solo quiero advertir que parece necesario que el precepto atinente a la declaración jurada simple vaya acompañado de una norma que establezca una sanción para eventuales defraudaciones. Porque puede ocurrir que la simplificación del trámite, pensada de buena fe por los mocionantes y usada probablemente de buena fe por gran parte de los beneficiarios, sea mal utilizada por algunas personas para engañar a la autoridad a fin de regularizar loteos que no les pertenecen.
Por eso, considero que una declaración jurada simple puede ser insuficiente.
En segundo término, la moción circunscribe el concepto "áreas de riesgo" al loteo, sin considerar la propiedad.
Sobre el particular, señor Presidente, debemos ser cuidadosos.
Entiendo que el propósito de la moción es regularizar loteos irregulares. Pero lo que no puede ocurrir es que la ley valide los loteos en zonas de riesgo, ya que ello puede resultar contraproducente para la construcción que se está realizando, dada la falta de aptitud del terreno para tal efecto, lo que pone en riesgo a los habitantes del sector.
Debemos destacar la moción de los Senadores Tuma y García, pues se orienta bien al hacerse cargo de una realidad que muchas veces afecta no solo al desarrollo urbano de ciertas comunas, sino también a la regularización de terrenos y loteos, la que genera un mejoramiento del patrimonio de los ciudadanos, particularmente de los más modestos, quienes no pueden contratar abogados para seguir el procedimiento normal de regularización.
Por eso, aprobaré en general el proyecto. Pero creo que deberemos formular indicaciones durante la discusión particular.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento necesario para que el Senador señor Zaldívar me remplace en la testera, pues deseo fundamentar mi voto.
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, la ley en proyecto será la tercera relacionada con los loteos irregulares.
Deseo expresarle al Honorable señor García, quien me ha instado a acompañarlo en la iniciativa, que estamos motivados por la observación permanente del comportamiento de la legislación y de cómo numerosos loteos se han ido regularizando, pero muchos otros no, por distintas razones.
La aplicación de la normativa nos ha resultado educadora en cuanto a cómo corregir el ordenamiento o facilitar el acceso a los instrumentos que este pone a disposición de familias muy modestas, que no han elegido vivir en campamentos, sin agua, ni alcantarillado, ni electricidad, ni veredas, ni pavimento, expuestas a las inclemencias del clima o a una catástrofe. La instalación en campamentos y loteos obedece a la desesperación de ofrecer un espacio mínimo al grupo autónomo propio y de terminar con el drama de habitar hacinados o de allegados en las familias de origen.
Por tanto, tenemos una lección que aprender en el sentido de que el Estado, en primer lugar, no está entregando suficientes instrumentos para satisfacer la demanda de vivienda. Los recursos o los instrumentos siempre son escasos, y esa es la razón de la urgencia de ir atendiendo regularizaciones vinculadas con las familias, con el diario vivir, con la calidad de vida.
Desde ese punto de vista, hemos presentado con el señor Senador un proyecto en orden a aumentar el plazo de vigencia de la ley que hoy día permite regularizar los loteos.
Y se simplifica la tramitación para los efectos de la tasación, ya que, muchas veces, la autorización demora porque la primera no se hace. Bastaría, entonces, con cambiar el sujeto del trabajo en el territorio por una declaración jurada respecto del tipo de vivienda. Se otorga también un plazo para el pronunciamiento del Director de Obras Municipales, de modo que si no lo verifica en 30 días se entendería la aceptación.
La zona de riesgo es una materia en la que debemos trabajar. Varios colegas han manifestado inquietud por llevarse a cabo regularizaciones que pueden incentivar a vivir en situaciones peligrosas. Hay que revisar eso. No por el hecho de que las familias se encuentren en condiciones de irregularidad no vamos a preocuparnos de ellas. Al contrario.
Uno de los obstáculos que han enfrentado los loteos irregulares es el de no hallarse en terrenos susceptibles de una autorización para construir por tratarse de una zona de riesgo. Son áreas que nadie quiere, habita u ocupa, motivo precisamente por el cual van a instalarse campamentos. Es lo que ocurre en numerosos casos.
Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Modificar esos sectores a través de planes de mitigación y la posibilidad de autorizar los loteos previo el estudio respectivo y cuando cuenten con la aprobación para la ejecución de las obras pertinentes.
Vamos a convertir las zonas de riesgo en lugares en que se pueda vivir; en terrenos que permitan resolver sus dificultades a familias que nunca, por la irregularidad, han recibido un subsidio habitacional, como tampoco para el mejoramiento de una vivienda. El proyecto viene a regularizar la situación a fin de que puedan acceder a ambos, al igual que al subsidio térmico.
Por eso, juzgo que la revisión de la legislación, así como la toma de medidas y la creación de los instrumentos necesarios para que ellas puedan acogerse al beneficio, constituye un avance.
Como lo decía el Honorable señor García, vamos a solicitarle al Ejecutivo, por ejemplo, que patrocine una indicación tendiente a priorizar a esas familias o a los loteos cuando postulen a un subsidio habitacional, o térmico, o de ampliación.
A mi juicio, el incendio en Valparaíso o los terremotos nos han dado la lección de que los sectores de viviendas precarias son los más afectados, los que más sufren y los que menos ayuda pueden recibir del Estado en el momento de la emergencia, y resultan erradicados a una mediagua quién sabe dónde. De lo que se trata es que los loteos irregulares reciban las obras de urbanización, de mejoramiento, de mitigación, frente a la inseguridad o a catástrofes determinadas.
El Senador señor Montes hacía referencia a un asunto importante, relacionado con los espacios comunes. Muchos de los loteos han normalizado el sitio a través del decreto ley N° 2.695, de 1979, dictado para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz. Se ha hecho un uso generalizado de este instrumento para sanear terrenos dentro del radio urbano. Pero el procedimiento no considera qué pasa con el acceso, con los espacios comunes o con las áreas verdes. No se contempla un pronunciamiento al respecto. En virtud del sistema, la municipalidad solo da un número de ubicación en una calle que no tiene ni nombre y que tampoco les permite a los que viven en los loteos determinar con certeza de quién es el espacio público.
Es decir, este último no existe. El que loteó fue un privado. Por tanto, ninguna empresa de servicios básicos -electrificación, agua potable, gas, en fin- se atreve a hacer inversiones ahí, ya que no tiene seguridad alguna de quién es el propietario. Ello no sucedería y sería más simple si se tratara de un espacio público o la Dirección de Obras Municipales declarara que reviste el carácter de bien nacional de uso público.
Me parece que la iniciativa en debate está recogiendo un sentir muy grande de miles de familias que aún no han regularizado, y muchas de ellas, o casi todas, no han podido recibir ninguna ayuda estatal. Si decimos: "Vamos a crear un Estado que ayudará y focalizará los subsidios en los más vulnerables", aquí tenemos un sector que presenta tal característica y que no ha recibido ninguno en materia de vivienda.
Por último, como el proyecto requiere gran intervención; como es preciso escuchar bastante más a los directores de Obras Municipales; a los dirigentes, ante las dificultades que han experimentado para acogerse a la ley vigente; al Ejecutivo, a fin de saber si habrá predisposición para el patrocinio de una iniciativa que permita invertir de verdad fondos destinados a la urbanización, me parece que conviene fijar un plazo no menor de treinta días para la presentación de indicaciones. Sugiero el 8 de septiembre para tal efecto, fecha en la cual podrían registrarse muchas que apuntaran a lograr el objetivo que se persigue.
Votaré que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Quisiera aprovechar la ocasión para saludar, primero que nada, al Alcalde de Calama, señor Esteban Velásquez, como también a los dirigentes del Movimiento Ciudadano de Calama. Agradecemos su presencia.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Hago otro tanto respecto de la delegación del Liceo Luis Edmundo Correa Rojas, de Curepto.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ.-
Seré muy breve, señor Presidente.
Concuerdo con los análisis efectuados por diversos colegas y, en particular, por los autores de la iniciativa, Senadores señores Tuma y García, sobre los problemas a los cuales nos estamos enfrentando, relacionados con la cantidad de loteos irregulares, de familias vulnerables. La situación de irregularidad les impide a estas acceder a beneficios de carácter estatal, a programas de subsidios, a la inversión pública.
Pero la pregunta que debemos responder, ya que a mi juicio se abre solo una ventana en este aspecto -voté a favor en la Comisión-, es por qué la legislación ha tenido que ser modificada en forma permanente; por qué no rindió frutos en el momento de dictarse o al hacerse la primera renovación. Esta es la segunda que efectuamos.
La contestación es que se trata solo de una parte del problema. No hay duda de que aquí se requiere una acción del Estado. En particular, son los Ministerios de Vivienda y de Bienes Nacionales, junto con los municipios, los que tienen que abordarlo de manera integral. Mientras eso no suceda, tendremos que seguir renovando esta especie de esperanza de contar con un instrumento legal que nos ayude a resolver, cada cierto tiempo, la situación de irregularidad en que se encuentran algunos de los loteos existentes en nuestras provincias y regiones.
En consecuencia, además de aprobar la ley en proyecto, el Senado debe abocarse -así se lo hemos planteado al Presidente de la Comisión de Vivienda, Honorable señor Montes- a una acción con el Ejecutivo para que se inicie un plan integral en el que al menos las Secretarías de Estado mencionadas puedan coordinarse a fin de llevar adelante un programa efectivo de regularización.
El Ministerio de Bienes Nacionales tiene un programa y regulariza propiedades, pero no el entorno. Entonces, nos vemos ante el hecho, en numerosas ocasiones, de que existen propietarios, personas con título de dominio, pero sin ninguna posibilidad de que el Estado o los municipios inviertan en calles, en parques y jardines, en infraestructura.
Ello no se resuelve solo por la vía de que algunas normas se relajen para enfrentar el problema, sino que se precisa una acción pública decidida, sostenida y coordinada para poder solucionar las dificultades de cientos de familias que viven en situación irregular, respecto de las cuales al Estado y a los municipios no les es factible llevar adelante programas de beneficio social que sí reciben otras.
Voto a favor de la iniciativa, señora Presidenta, en el entendido de que representa la apertura de una ventana, no de una puerta, para superar cuestiones de fondo en algunos sectores de nuestras comunas, provincias, regiones, donde se encuentran las personas de mayor vulnerabilidad, porque la falta de un título de dominio les impide acceder a un conjunto de programas sociales que irían en su beneficio.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
El último inscrito para intervenir es el Honorable señor Letelier, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 29 señores Senadores se pronuncian a favor, y fijándose el 8 de septiembre próximo como plazo para la presentación de indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Entonces, continuaremos con el punto siguiente.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Con relación al siguiente asunto del Orden del Día, que es el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, hago presente a la Sala que el señor Ministro de Educación me manifestó su deseo de estar presente en la discusión.
Como se encuentra en la Cámara de Diputados, podríamos suspender la sesión para avisarle y esperarlo.
El señor ROSSI.-
Sigamos con la tabla, señora Presidenta.
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