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- rdf:value = " El señor TUMA.-
Señor Presidente, la ley en proyecto será la tercera relacionada con los loteos irregulares.
Deseo expresarle al Honorable señor García, quien me ha instado a acompañarlo en la iniciativa, que estamos motivados por la observación permanente del comportamiento de la legislación y de cómo numerosos loteos se han ido regularizando, pero muchos otros no, por distintas razones.
La aplicación de la normativa nos ha resultado educadora en cuanto a cómo corregir el ordenamiento o facilitar el acceso a los instrumentos que este pone a disposición de familias muy modestas, que no han elegido vivir en campamentos, sin agua, ni alcantarillado, ni electricidad, ni veredas, ni pavimento, expuestas a las inclemencias del clima o a una catástrofe. La instalación en campamentos y loteos obedece a la desesperación de ofrecer un espacio mínimo al grupo autónomo propio y de terminar con el drama de habitar hacinados o de allegados en las familias de origen.
Por tanto, tenemos una lección que aprender en el sentido de que el Estado, en primer lugar, no está entregando suficientes instrumentos para satisfacer la demanda de vivienda. Los recursos o los instrumentos siempre son escasos, y esa es la razón de la urgencia de ir atendiendo regularizaciones vinculadas con las familias, con el diario vivir, con la calidad de vida.
Desde ese punto de vista, hemos presentado con el señor Senador un proyecto en orden a aumentar el plazo de vigencia de la ley que hoy día permite regularizar los loteos.
Y se simplifica la tramitación para los efectos de la tasación, ya que, muchas veces, la autorización demora porque la primera no se hace. Bastaría, entonces, con cambiar el sujeto del trabajo en el territorio por una declaración jurada respecto del tipo de vivienda. Se otorga también un plazo para el pronunciamiento del Director de Obras Municipales, de modo que si no lo verifica en 30 días se entendería la aceptación.
La zona de riesgo es una materia en la que debemos trabajar. Varios colegas han manifestado inquietud por llevarse a cabo regularizaciones que pueden incentivar a vivir en situaciones peligrosas. Hay que revisar eso. No por el hecho de que las familias se encuentren en condiciones de irregularidad no vamos a preocuparnos de ellas. Al contrario.
Uno de los obstáculos que han enfrentado los loteos irregulares es el de no hallarse en terrenos susceptibles de una autorización para construir por tratarse de una zona de riesgo. Son áreas que nadie quiere, habita u ocupa, motivo precisamente por el cual van a instalarse campamentos. Es lo que ocurre en numerosos casos.
Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Modificar esos sectores a través de planes de mitigación y la posibilidad de autorizar los loteos previo el estudio respectivo y cuando cuenten con la aprobación para la ejecución de las obras pertinentes.
Vamos a convertir las zonas de riesgo en lugares en que se pueda vivir; en terrenos que permitan resolver sus dificultades a familias que nunca, por la irregularidad, han recibido un subsidio habitacional, como tampoco para el mejoramiento de una vivienda. El proyecto viene a regularizar la situación a fin de que puedan acceder a ambos, al igual que al subsidio térmico.
Por eso, juzgo que la revisión de la legislación, así como la toma de medidas y la creación de los instrumentos necesarios para que ellas puedan acogerse al beneficio, constituye un avance.
Como lo decía el Honorable señor García, vamos a solicitarle al Ejecutivo, por ejemplo, que patrocine una indicación tendiente a priorizar a esas familias o a los loteos cuando postulen a un subsidio habitacional, o térmico, o de ampliación.
A mi juicio, el incendio en Valparaíso o los terremotos nos han dado la lección de que los sectores de viviendas precarias son los más afectados, los que más sufren y los que menos ayuda pueden recibir del Estado en el momento de la emergencia, y resultan erradicados a una mediagua quién sabe dónde. De lo que se trata es que los loteos irregulares reciban las obras de urbanización, de mejoramiento, de mitigación, frente a la inseguridad o a catástrofes determinadas.
El Senador señor Montes hacía referencia a un asunto importante, relacionado con los espacios comunes. Muchos de los loteos han normalizado el sitio a través del decreto ley N° 2.695, de 1979, dictado para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz. Se ha hecho un uso generalizado de este instrumento para sanear terrenos dentro del radio urbano. Pero el procedimiento no considera qué pasa con el acceso, con los espacios comunes o con las áreas verdes. No se contempla un pronunciamiento al respecto. En virtud del sistema, la municipalidad solo da un número de ubicación en una calle que no tiene ni nombre y que tampoco les permite a los que viven en los loteos determinar con certeza de quién es el espacio público.
Es decir, este último no existe. El que loteó fue un privado. Por tanto, ninguna empresa de servicios básicos -electrificación, agua potable, gas, en fin- se atreve a hacer inversiones ahí, ya que no tiene seguridad alguna de quién es el propietario. Ello no sucedería y sería más simple si se tratara de un espacio público o la Dirección de Obras Municipales declarara que reviste el carácter de bien nacional de uso público.
Me parece que la iniciativa en debate está recogiendo un sentir muy grande de miles de familias que aún no han regularizado, y muchas de ellas, o casi todas, no han podido recibir ninguna ayuda estatal. Si decimos: "Vamos a crear un Estado que ayudará y focalizará los subsidios en los más vulnerables", aquí tenemos un sector que presenta tal característica y que no ha recibido ninguno en materia de vivienda.
Por último, como el proyecto requiere gran intervención; como es preciso escuchar bastante más a los directores de Obras Municipales; a los dirigentes, ante las dificultades que han experimentado para acogerse a la ley vigente; al Ejecutivo, a fin de saber si habrá predisposición para el patrocinio de una iniciativa que permita invertir de verdad fondos destinados a la urbanización, me parece que conviene fijar un plazo no menor de treinta días para la presentación de indicaciones. Sugiero el 8 de septiembre para tal efecto, fecha en la cual podrían registrarse muchas que apuntaran a lograr el objetivo que se persigue.
Votaré que sí.
"
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