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El señor GODOY (Vicepresidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Familia, constituida en investigadora para recabar información y determinar responsabilidades en las denuncias sobre hechos ilícitos ocurridos en hogares del Servicio Nacional de Menores.
Rinde el informe la diputada María Angélica Cristi.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 87ª de la actual legislatura, en 19 de de noviembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 22.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora CRISTI, doña María Angélica (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Familia, constituida por mandato de la Sala en investigadora, paso a informar sobre los antecedentes recabados y la determinación de responsabilidades por los casos de abusos conocidos en el último tiempo por la opinión pública ocurridos en hogares administrados por el Servicio Nacional de Menores (Sename), como, asimismo, sobre las condiciones en que se encuentran dichos hogares, el nivel de preparación de los profesionales que se desempeñan en ese servicio, las medidas de seguridad adoptadas para prevenir situaciones como las investigadas y sobre los planes futuros con respecto a la situación antes descrita, de manera de modernizar esa importante institución.
Constitución y funcionamiento
La Comisión investigadora se constituyó con los siguientes diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Familia: Ramón Barros, Eugenio Bauer, Carlina Goic, Carlos Abel Jarpa, Issa Kort, Adriana Muñoz, Karla Rubilar, María Antonieta Saa, Marcela Sabat, Jorge Sabag, Marcelo Schilling y Mónica Zalaquett, bajo la Presidencia de quien informa, María Angélica Cristi.
El plazo otorgado para la investigación fue de 40 días -muy breve-, contados desde su constitución, el 7 de agosto, el cual venció el 17 de septiembre, que fue prorrogado por 30 días, hasta el 26 de octubre.
Se realizaron 6 sesiones ordinarias y 6 especiales, en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Asimismo, dentro del plazo se alcanzaron a efectuar visitas inspectivas: una a un hogar de administración directa del Sename, ubicado en Playa Ancha, Valparaíso, y otra a un centro administrado por el organismo colaborador Aldeas S.O.S, en El Retiro, Quilpué.
Personas escuchadas
Del Poder Judicial, la juezas de familia señoras Alejandra Valencia, Mónica Jeldres y Cecilia Ruiz; la doctora en Derecho señora Paulina Gómez Barbosa, y la juezas señoras Gloria Negroni y Karen Hoyuelos.
De la Unicef, su representante para Chile, señor Tom Olsen, quien concurrió acompañado por las señoras Soledad Larraín, consultora del Área de Maltrato Infantil, y Carolina Bascuñán, consultora.
Del Sename, su director nacional, señor Rolando Melo; la jefa del Departamento de Protección de Derechos, señora Angélica Marín, y la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, señora Alicia del Basto.
De los organismos colaboradores del Sename, la señora Delia del Gato, gerente general de la Fundación Mi Casa; la señora Leonor Cubillos, asesora técnica nacional de Línea Infanto- Adolescente del Hogar de Cristo; la señora Elena Maldonado, asistente social de la Corporación Municipal de Derecho Social de Iquique; el señor Matías Marchant, sicólogo del centro de salud mental “Casa del Cerro”; la generala de Carabineros señora Mireya Pérez, gerente general de la Fundación Niño y Patria; la señora Alicia Amunátegui, directora de La Protectora de la Infancia; el señor Eduardo Olivera, director ejecutivo de María Ayuda; el señor Andrés Beroggi, director nacional de Aldeas S.O.S., y la señora Alejandra Riveros, asesora nacional de abogacía de Aldeas S.O.S.
Asimismo, asistió la ministra de Justicia, señora Patricia Pérez, y el secretario regional ministerial de Justicia de la Región de Arica y Parinacota, señor Luis Cerda Pérez.
Origen del Mandato
Como es de público conocimiento, en julio del año en curso el Centro de Información e Investigación Periodística (Ciper), dio a conocer a la opinión pública el contenido del informe denominado “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial en Chile”, desarrollado por una comisión institucional del Poder Judicial y apoyado por la Unicef, en el marco de un convenio de cooperación mixta existente entre ambos organismos, el cual contiene una síntesis de las acciones desplegadas durante su ejecución en 2012.
El referido informe fue entregado al Presidente de la Corte Suprema el 11 de enero de 2013 y en él se señalan una serie de nudos críticos que dan cuenta de las fallas y debilidades del sistema residencial de menores que se encuentran por orden judicial bajo la protección del Sename, ya sea en hogares administrados directamente por ese servicio o por terceros colaboradores, cuyos datos fueron obtenidos en las visitas que realizaron diversos funcionarios y comisiones del Poder Judicial a 10 regiones del país, con el propósito de crear información única, a través de la aplicación de una ficha individual que comprendiera tanto la información proveniente de los tribunales de familia como del Sename, por medio del trabajo de las duplas sicosociales, en lo referente a la intervención del niño o niña, y, por otra parte, la aplicación de una ficha residencial que registra antecedentes de infraestructura, gestión y recursos humanos.
En esa etapa participaron activamente el Poder Judicial y el Sename, tanto en las visitas a los propios hogares como en las jornadas de transferencia técnica que se realizaban con posterioridad a las visitas, en los que equipos de trabajo de ambas partes compartían el objetivo del proyecto y se exponía el diagnóstico regional.
Es importante destacar la relevancia que adquieren en esta investigación, para el presente y para el futuro, la ficha residencial y los antecedentes de los menores.
Por otra parte, en el marco del convenio celebrado entre el Poder Judicial y la Unicef, los jueces de familia aplican en las visitas -por su propia iniciativa- un cuestionario de supervisión del sistema residencial de protección, que forma parte del informe final, a niños mayores de 10 años, en forma anónima, donde pueden indicar las observaciones que estimen. En la confección y apertura de los mismos no participa el Sename.
El referido cuestionario, que es lo que devela la publicación de Ciper, da cuenta de una serie de casos de maltratos y abusos que constituyen vulneraciones graves a los derechos fundamentales de los niños bajo protección del Estado, lo que causa alarma pública.
Sin embargo, es preciso señalar que durante el curso de la investigación efectuada por la Comisión de Familia, la metodología empleada en los cuestionario fue criticada por expertos que concurrieron a dar su opinión, tanto integrantes del propio Poder Judicial como por sostenedores y colaboradores que administran hogares bajo la tuición del Sename, porque, entre otros argumentos, se trató de un cuestionario anónimo, aplicado a muy pocos niños en relación al universo total, y porque no contaba con un procedimiento de reacción inmediata frente a un resultado adverso, como podría haber ocurrido.
Al respecto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión coincidieron en que es necesario distinguir entre las denuncias específicas contenidas en el informe periodístico mencionado y la vulneración de derechos de los niños bajo la protección del Estado, que la propia Comisión investigara, cuyo resultado forma parte sustancial de este informe.
En cuanto a las denuncias específicas efectuadas por la prensa, la Comisión de Familia reconoce y valora, en su mérito, el esfuerzo desplegado por las comisiones creadas por el Poder Judicial e integradas por jueces de familia para la aplicación de instrumentos específicos que permitan sistematizar datos objetivos respecto de la situación actual de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la protección de Estado, y, por otra, respecto de los hechos denunciados por Ciper, precisa que no le corresponde pronunciarse sobre si la metodología empleada en el cuestionario aplicado por los jueces de familia y elaborado en conjunto con Unicef fue o no la adecuada, o si el anonimato de la encuesta fue o no representativo respecto de lo contestado, o si el número de niños, niñas y adolescentes consultados fue suficiente o resolutivo, toda vez que no es posible concluir en un sentido u en otro, por tratarse de un proyecto de suyo delicado y cuyo objetivo nunca tuvo el ánimo de denunciar ni de perjudicar a quienes trabajan en el sistema residencial; es decir, funcionarios o colaboradores de la función pública, sino que se hizo con el ánimo de mejorar las deficiencias. De modo que cualquier opinión que se emita, podría llevar a conclusiones irresponsables, porque su análisis y conocimiento específico escapan a su competencia. Y tampoco le corresponde a esta Comisión constituida en investigadora pronunciarse sobre los hechos específicos -que no constituyen la regla general- que se consignan en el informe periodístico efectuado por Ciper como delitos o maltratos, toda vez que de ellos dará cuenta el organismo judicial respectivo, por haberse efectuado las denuncias del caso en el Ministerio Público.
Sin embargo, la Comisión de Familia insta a toda persona e institución pública o privada a guardar la reserva y aplicar la mayor diligencia, profesionalismo y cuidado en las opiniones verbales o por escrito que puedan trasgredir gravemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente en lo que dice relación con la vulnerabilidad propia de su edad y condición. Cualquier otra actitud significaría exponerlos sin consideración alguna.
La Comisión de Familia, en cuanto a la materia primordial y de fondo investigada, que dice relación con la situación en que se encuentra el sistema residencial de niños y niñas bajo la protección del Estado, luego de escuchar a las personas involucradas, de recibir los informes y documentos reunidos, de examinar las respuestas de los oficios despachado y constituirse en centros tanto de administración directa del Servicio Nacional de Menores como de colaboradores del mismo, identificó numerosos aspectos que afectan negativamente el trabajo con los niños, niñas y adolescentes y que constituyen causalidades mediatas o inmediatas de los hechos irregulares detectados recientemente en algunas residencias del país.
En este ámbito, la Comisión da a conocer las debilidades de mayor impacto respecto de las cuales coincidieron todas las personas escuchadas.
Quiero hacer un reconocimiento a quienes trabajaron en la Comisión, tanto a diputados como a funcionarios, porque su cometido fue muy arduo. Incluso, muchos diputados y diputadas, aunque estaban en plena campaña electoral, siguieron trabajando y destinaron gran parte de su tiempo a su labor, incluyendo las semanas distritales.
Respecto de la normativa, se pueden señalar las siguientes debilidades:
-Ausencia de una ley integral sobre la infancia, que disponga el marco jurídico para sustentar la institucionalidad pública, así como el diseño y aplicación de toda norma política o programa relativo al trabajo con menores.
-Cumplimiento imperfecto de los convenios internacionales que ha suscrito el país en materia de protección de los derechos del niño, en tanto existen ámbitos de protección que no son atendidos con la rigurosidad que las disposiciones comprometidas establecen.
-Una estructura institucional incapaz de atender apropiadamente la problemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en tanto el Servicio respectivo sostiene simultáneamente funciones de protección y de orden judicial.
Por su parte, respecto del procedimiento administrativo y la gestión, se pueden mencionar las siguientes debilidades:
-Falta de coordinación formal entre las entidades que participan del sistema, a saber, el Sename, el sistema de residencias y los juzgados de familia. Este estudio se abocó al sistema de residencia. No olvidemos que el Sename es todo un mundo, por las obligaciones que debe cumplir y las coordinaciones que debe realizar.
El proyecto de Ley de Presupuestos que vimos ayer contempla recursos para el Sename por más de 199 mil millones de pesos.
Hay que destacar, también, a los hogares de rehabilitación para los adolescentes y a más de 1.400 organizaciones o colaboradores que ayudan en la labor del Sename, los que no formaron parte de la investigación de esta Comisión. Por lo tanto, toda esa área queda pendiente.
-Rotación constante de directores y profesionales a cargo de los diferentes centros para menores, tanto por insatisfacción remuneracional como por complejas condiciones de trabajo.
-Riesgo de valoración excesiva de factores tales como infraestructura y condiciones de habitabilidad por sobre la planificación y la calidad de los planes de intervención individual de cada niño.
-Información sesgada y/o poco fidedigna sobre el estado integral de los niños, otorgada por la residencia al tribunal.
-Falta de conocimiento de normas mínimas exigidas a nivel internacional en materia de trabajo con menores.
-Existen residencias que no cumplen con estándares mínimos en cuanto a recursos humanos. El personal de las residencias es insuficiente, tanto en número como en las competencias que presentan.
-Ausencia de incentivos para reducir la institucionalización. Las residencias funcionan como depósitos de niños y en ellas existen carencias materiales y afectivas.
-El riesgo latente del cierre de residencias por falta de recursos, lo que para los niños en completo abandono implica desconocer su calidad de personas y generar una nueva vulneración de derechos.
-Complejidades asociadas al régimen laboral dificultan la gestión del personal y aumentan el riesgo de judicialización de los conflictos con trabajadores desvinculados por malas prácticas.
Debemos reconocer que los colaboradores plantearon el grado de vulnerabilidad en que llegan los niños a los hogares, que cada vez es más dramático.
Respecto del procedimiento judicial, se advierte:
-Falta de continuidad en los informes de avance de los niños sometidos a programas de reparación por orden judicial, que incluya sugerencias sobre la evolución de las medidas a decretar.
-Riesgo de coexistencia en las residencias de niños que son víctimas de vulneración de derechos con aquellos que son “vulneradores” de derechos.
-En materia de cantidad y calidad de plazas de internación, se observa desconexión entre tribunales de familia y hogares residenciales, pues en ocasiones las órdenes judiciales desconocen las limitaciones de la residencia seleccionada para internar a un menor.
-El sistema de información sobre los menores en régimen residencial presenta debilidades de integridad y actualización. De ahí, la importancia de la ficha única.
-Riesgo de que primen las metas de gestión institucional, en desmedro del interés superior del niño.
-Falta de objetivos y plazos de la intervención judicial, lo que implica el riesgo de invisibilizar al menor e institucionalizarlo permanentemente.
-Bajo cumplimiento de los informes semestrales, cuyas observaciones permiten revisar los planes de intervención y acelerar los egresos.
-La revisión de la residencia la efectúan los jueces de los tribunales donde aquella se encuentra ubicada. No se incluye al juez de la jurisdicción que decreta la medida cautelar de ingreso a una residencia.
Respecto del plan de intervención de los niños y niñas, se presentan:
-Ausencia de profesionales y de personal especializad o de suficientes horas para atenderlos. Insisto, se hace urgente una solución, debido al grado de vulnerabilidad y deterioro en que llegan los niños. Existe una notoria rotación de profesionales, lo que afecta negativamente la continuidad de los programas aplicados a los niños.
Falta de personal especializado e idóneo en el cuidado cotidiano y el tratamiento de las problemáticas propias de los menores. Falta de especialización en las educadoras de trato directo que atienden a los niños, especialmente si se considera que muchos de ellos presentan necesidades especiales y un perfil complejo y dramático.
-Residencias carecen de programas de apoyo especializado. Los menores se deben adecuar a la oferta, que muchas veces no responde a la complejidad de sus necesidades específicas.
-Medicación coercitiva, sin supervisión de un especialista en materia de salud.
Respecto de la fiscalización del Sename:
-Falta de fiscalización de las residencias a cargo del cuidado de menores.
-Escasez de recursos humanos y materiales para ejecutar supervisiones permanentes a las residencias administradas por organismos colaboradores.
Respecto de la salud y del diagnóstico de los niños y niñas:
-Falta un diagnóstico acabado de la situación integral del menor ingresado.
-Ausencia de planes para atender a niños con salud mental comprometida, con trastornos siquiátricos y/o neurológicos.
-Inadecuada gestión con la red de salud (hospitales y consultorios) para la atención expedita de los menores.
Respecto del trabajo de intervención con las familias:
-Falta de programas de trabajo especializado con el núcleo familiar del menor. Dada la baja dotación de profesionales, no se visualiza un trabajo con la familia, lo que redunda en que los niños y niñas se mantengan por mucho tiempo en la residencia.
-Insuficiente búsqueda o indagación en red familiar extensa. Lo anterior implica que nuestro sistema prioriza el régimen residencial por sobre el familiar, situación que contradice la tendencia mundial en esta materia.
Respecto de la oferta de residencias, se detectó lo siguiente:
-Carencia de oferta programática en cada región para casos complejos y especiales, lo que provoca traslados forzados, desarraigo y distanciamiento con la familia de origen.
-Inexistencia de hogares diferenciados para niños y niñas vulnerados y/o infractores.
-Ausencia de una oferta programática especializada, en particular para infractores de 14 años y niños y niñas con problemas siquiátricos severos.
-Falta de residencias y programas para adolescentes embarazadas con policonsumo, conductas infraccionales y disruptivas, hombres entre 8 y 18 años y adolescentes con problemas de salud mental.
-Falta de residencias especializadas para niños vulnerados en áreas de abuso sexual, consumo grave de drogas para mujeres (niñas y adolescentes de sexo femenino).
Respecto de la infraestructura, encontramos lo siguiente:
-Problemas en la seguridad y vigilancia en algunas residencias.
-Carencias materiales relativas a higiene y bienestar en algunas residencias.
Respecto del personal de centros de administración directa del Sename, hallamos lo siguiente:
-Falta proactividad y creatividad para resolver problemas. Desmotivación de profesionales impacta en el nivel de compromiso.
-Insuficiente cantidad de profesionales y auxiliares.
Respecto de los recursos financieros, observamos lo siguiente:
-Falta de recursos técnicos, profesionales y económicos en residencias, debido al escaso atractivo remuneracional para los postulantes.
-La Unidad de Subvención logra financiar solo una parte del costo de mantenimiento de cada menor. La diferencia debe ser suplida por el órgano colaborador.
-Coexisten en una misma residencia niños con beneficio de subvención Sename y menores sin aporte de esa institución, lo que puede generar discriminación en la atención, pues el Sename solo fiscaliza en la residencia los temas relacionados con los menores beneficiarios de transferencias. Este problema fue planteado por las organizaciones colaboradoras. De hecho, a pesar de que no tengan subvención, reciben a niños que los jueces les envían por su estado de vulneración, por la urgencia de acogerlos.
-Selección de menores con incentivo perverso. El monto total de la transferencia estatal a las residencias depende del número de niños incorporados al programa beneficiado, lo que implica incentivo a que los administradores privilegien el ingreso y la permanencia de los menores por sobre la consideración de soluciones con la familia de origen o extensa.
Respecto de la red de apoyo intersectorial, se pudo constatar lo siguiente:
-Ausencia de coordinación y de convenios especializados entre el Poder Judicial y las redes de apoyo hacia tribunales de familia, tales como las que podrían emanar desde el Senda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Solidaridad, -aún no creado-, el Ministerio Público, entre otros. O sea, falta integralidad de las distintas redes del Estado para atender a los menores en situación irregular.
-Falta de redes para materializar de forma efectiva los diagnósticos y el trabajo de intervención. Se observa poca cooperación de los organismos para trabajar con las residencias.
-Carencia de una coordinación con la red pública para apoyar a las familias de los menores, de modo de satisfacer sus carencias y vulnerabilidades en el área social y concederles acceso expedito a beneficios sociales.
Por otra parte, en su investigación la Comisión de Familia igualmente conoció las fortalezas del sistema; esto es, la existencia de capacidades en condiciones de ser aplicadas para corregir y alcanzar los planes futuros.
Por ejemplo, en cuanto a las fortalezas, existe un acuerdo sobre una nueva institucionalidad, materias en las que se encuentran trabajando el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso Nacional. Este último trabaja en perfeccionar un proyecto de ley de protección integral de la infancia, que responda adecuadamente a los desafíos que enfrenta el tratamiento de los temas de la niñez y de la adolescencia.
Existe unidad en el diagnóstico. En efecto, se destaca como fortaleza, la disposición de un diagnostico general de los problemas existentes en materia de protección de los menores más vulnerables, emanado del Poder Judicial junto con la Unicef. Sin perjuicio de ello, también se reconocen las vulnerabilidades del sector, que en alguna forma ya se están corrigiendo, como pudimos ver en el reciente proyecto de Ley de Presupuestos.
Conclusiones.
De acuerdo con lo expuesto y el trabajo realizado por la Comisión de Familia, surgen dos áreas de conclusiones: las que se traducen en propuestas de acciones a ejecutar por los organismos que se señalan, y otras, que determinan responsabilidades en los hechos investigados en los términos contenidos en el mandato, a saber:
A.-Proposiciones.
I. Rediseño: planes futuros.
Se requiere de un completo rediseño del sistema nacional de modalidades alternativas, de cuidado alternativo de niños y adolescentes sin cuidado parental, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices vigentes, que contemple a lo menos:
-Incluir la definición de los derechos del niño, de la niña o del adolescente que está en acogimiento, y los de su familia, durante el proceso en que se determina el cuidado y mientras el menor permanezca en un hogar o en una familia de acogida.
-Establecer como principio rector que el niño, niña o adolescente tiene, en primer lugar, el derecho a ser cuidado por su familia de origen o extendida; en segundo lugar, por la adoptiva, y como último recurso la internación.
-Determinar a cuáles modalidades de cuidado alternativo tiene derecho, de acuerdo a sus características y condiciones, de conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
-Intervenir la familia para que el niño o la niña pueda quedarse en ella; que no sea la pobreza o la marginalidad la causa de internación.
-Incluir un sistema interdisciplinario de formación y habilitación de cuidadores profesionales y especializados.
-Establecer un sistema de supervisión externa e independiente, y regular que garantice objetividad y mejoras permanentes del sistema. Las directrices establecen que, independientemente de que el sistema tenga su propio mecanismo de supervisión, como todo organismo, el cuidado alternativo de niños debe integrar un sistema de supervisión externo, a cargo de un organismo de protección de la infancia o de los derechos fundamentales, único, encargado de fiscalizar y de hacer sus propias transformaciones.
II. Nueva institucionalidad de la infancia, que debe comprender lo siguiente:
1. Una ley de protección integral a la infancia.
Esta debe abordar de manera sistémica las problemáticas y definiciones en materia de infancia, y considerar, entre otras materias, las siguientes:
-Prohibición expresa de todas las formas de maltrato, descuido o negligencia en contra de los niños y las niñas.
-Fortalecimiento de la atención temprana en la vulneración de derechos, ya que tiende a constituirse en factor de riesgo frente al desarrollo de conductas transgresoras.
-Fiscalización periódica de los programas diseñados por el Sename para niños y niñas bajo la protección del Estado, sean estos ejecutados directamente o por medio de instituciones colaboradoras.
-Establecimiento de un sistema de coordinación interinstitucional para el seguimiento y la evaluación de la implementación de la ley N° 20.032, respecto de la oficinas de protección de derechos, centros residenciales o programas de promoción y prevención especializados, y familias de acogida.
2. El Fortalecimiento de la supervisión del régimen de protección residencial, la que debe ser general, periódica y de calidad.
La Comisión tomó conocimiento de que en el país coexisten actualmente tres modalidades en materia de residencias para niños y niñas en régimen de protección ordenado por los tribunales de familia, que contemplan 11.120 plazas. Una de ellos corresponde a los hogares administrados directamente por el Servicio Nacional de Menores, denominados Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), que suman diez establecimientos distribuidos en cinco regiones, con 710 niños y niñas entre 0 y 18 años, y donde trabajan un total de 775 funcionarios. Su financiamiento se contempla en el Capítulo Sename de la Ley de Presupuestos, mientras que su administración recae en funcionarios públicos dependientes de la misma institución.
Por otra parte, existe una red de colaboradores privados, denominados OCAS, que han levantado centros de acogida para menores y que reciben a quienes son derivados por disposición judicial. La participación de estas iniciativas privadas a lo largo del país adquiere una relevancia mayor cuando se advierte que en esta condición se encuentran 285 residencias, distribuidas a lo largo de todas las regiones. De ellas, 43 son residencias de primera infancia.
Para su financiamiento, esos hogares postulan periódicamente a subvenciones del Sename, entidad que les transfiere recursos de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 20.032 y su reglamento, valorizados en Unidad de Subvención Sename (USS).
La supervisión técnica del Servicio Nacional de Menores es insuficiente. No cumple su cometido por falta de capacidad respecto de todos los niños en sistema residencial. La supervisión del Servicio Nacional de Menores debe realizarse no solo en los organismos por los cuales se paga una subvención, pues existe otro porcentaje en que no se ejerce una supervisión respecto de niños que están en una situación de invisibilización y desplazados de su medio familiar y comunitario.
3. Defensor del Niño.
La Comisión de Familia concluye, asimismo, en la urgente necesidad de crear la institución del Defensor del Niño, cuyo objetivo sea la defensa de sus derechos, como igualmente el fomento de la conciencia y difusión de los derechos humanos de los niños, sin distinción de su actual condición; la investigación y el establecimiento de programas educacionales que fomenten su respeto; el análisis de la legislación existente y la canalización de los proyectos de ley; que sea una institución que asuma la representación de los niños y las niñas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus derechos humanos; que tenga un carácter de institución autónoma, que pueda representar los intereses de los niños cuando sus derechos se encuentren en peligro, adhiriendo, en particular, a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
En tal sentido, deberá hacerse cargo de la tramitación de las denuncias recibidas en relación con sus derechos y fiscalizar a los servicios que atienden directamente a niños, niñas y adolescentes.
4. Nueva ley de adopción: derogación de la Ley de Menores.
Con fecha 8 de octubre del año en curso, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile, que actualmente se encuentra radicado en la Comisión de Familia.
Cabe hacer presente que la iniciativa presidencial responde, en gran medida, al trabajo que ha venido realizando durante el transcurso del año la Comisión de Familia, la que, tras la colocación en tabla de todas las mociones parlamentarias sobre el particular, y la posterior audiencia pública, en una jornada especial dedicada al efecto, procedió a aprobar, por unanimidad, la idea de legislar, para luego hacerle presente al Ejecutivo una serie de observaciones y concordar el envío del referido proyecto de ley.
5.- Ley de Presupuestos: aumento sustancial de recursos.
-Presupuesto consistente con las prioridades.
Los antecedentes recabados por la Comisión evidencian que numerosas debilidades y carencias del sistema residencial orientado a la protección y rehabilitación de menores, encuentran una raíz causal común en la insuficiencia de los recursos financieros disponibles.
Por otra parte, la Comisión de Familia advierte que, sin embargo, el Estado no puede trasladar su responsabilidad al esfuerzo individual que el privado puede realizar. Si el Estado de Chile desea verdaderamente cumplir con su rol de defensor de los derechos de la infancia y de promotor de una reparación exitosa para quienes ven vulneradas sus prerrogativas, resulta ineludible materializar esa voluntad, en un presupuesto público consecuente. Para ello es necesario elevar gradualmente el monto de la subvención, e introdir en el proyecto actualmente en trámite legislativo un presupuesto consonante con la nueva política pública.
B.- Responsabilidades
Vulneración de niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado.
La Comisión de Familia, luego de nutrirse de la abundante información reunida y de formarse su propia convicción, surgida del debate y de las visitas inspectivas, cuyos antecedentes constan en este informe, puede señalar con claridad que el sistema residencial que debiera acoger a niños, niñas y adolescentes institucionalizados por orden de un tribunal y bajo la protección de Servicio Nacional de Menores, adolece de graves deficiencias que atentan y ponen en riesgo la integridad física y síquica de los mismos, y compromete y vulnera sus derechos más fundamentales, siendo el principal, por una parte, el de restituirles su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en familia y en la comunidad, y, cuando no sea factible, encontrarles una familia protectora en el menor plazo y no prolongar su situación de abandono con largas muchas veces permanencias en las residencias, sin existir un plazo acotado ni revisión de las medidas judiciales de protección, ni el objetivo claro de su intervención; es decir, en un lugar donde habitualmente sufren el desarraigo de su medio natural.
También existe grave vulneración porque no se cumple con el derecho primordial de los niños, niñas y adolescentes, de ser oídos y respetados en el debido proceso que lleva a la determinación y otorgamiento de su cuidado alternativo, de acuerdo con su condición y circunstancias. Si bien la Comisión de Familia reconoce los esfuerzos hechos por los actores involucrados -públicos y privados- en revertir las medidas, sin embargo, aun teniendo el diagnóstico, el sistema ha sido deficiente e incapaz de ofrecer la oferta adecuada, tanto respecto de un territorio determinado, para no desarraigar a los menores, como por la prácticamente nula red de apoyo intersectorial, especialmente en materia de salud, educación y ayuda en beneficios sociales, y de intervención para la familia de origen.
-Sobre los profesionales que se desempeñan en los hogares.
El personal de residencias es insuficiente, temporal y mal remunerado.
La Comisión de Familia reconoce el esfuerzo por generar instancias, pero esta materia también está muy cruzada por la subvención que recibe cada residencia. En este sentido, debe destacarse la labor de los directores, de las duplas sicosociales -en su mayoría, asistentes sociales y sicólogos recién egresados- y del personal de trato directo, que realizan un esfuerzo artesanal y de acuerdo a sus posibilidades en la intervención de los niños, hecho que resulta del todo censurable si se piensa que se trata de niñas, niños y adolescentes a resguardo del Estado.
La Comisión concluye que el personal debe ser reconocido y mejor remunerado frente a la dificultosa tarea que el Estado le asigna, cual es resguardar a los niños más vulnerables del país.
La Comisión también concluye la importancia de mejorar las medidas de seguridad, y da responsabilidad al Estado de Chile, lo que implica una responsabilidad pública compartida de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Asimismo, la Comisión determinó que el Poder Judicial ha fallado, tanto en sus bases de datos, que se evidencian incompletas, lo que dificulta las decisiones, como en el seguimiento de las medidas cautelares que los tribunales decretan respecto de la institucionalización de los menores. Asimismo, como en la prolijidad referida a la fijación de los plazos de internación y a la revisión de las medidas de protección. En resumen, en lo relativo a realizar los máximos esfuerzos por devolverles a esos niños sus vidas familiares e integración plena a la comunidad, teniendo siempre en vista el derecho a ser escuchado y a vivir en familia; en suma, el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.
Por lo anterior, en forma inédita, la Comisión de Familia, por la unanimidad de sus integrantes, exhorta al Estado de Chile a observar las disposiciones que contempla la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolecente, a la que ha adherido y que ha ratificado, y, en especial, a los ministerios de Hacienda y de Justicia, en lo que corresponda, para que adopten las medidas de corrección inmediatas y necesarias a fin de subsanar las deficiencias observadas durante el arduo trabajo que realizó esta Comisión Investigadora. Y, por otra parte, disponer a la brevedad de los recursos económicos y humanos necesarios para una adecuada implementación de la ley N° 20.032, que establece un sistema de atención a la niñez y a la adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención, así como avanzar rápidamente en el rediseño institucional del Sename, y, principalmente, en la nueva institucionalidad de protección de la infancia, tan necesaria en el país.
Señor Presidente, finalmente deseo agradecer a todos los diputados miembros de la Comisión, quienes participaron y pusieron todo su entusiasmo, como asimismo a la secretaría de la comisión, que hizo un arduo trabajo.
Este informe final es resumido. El original, de más de doscientas cincuenta páginas, está a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, diputada María Angélica Cristi.
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día. En consecuencia, la discusión de este informe queda pendiente para la próxima sesión. Hasta ahora se han inscrito para intervenir el diputado Issa Kort, la diputada Carolina Goic, el diputado Jorge Sabag, la diputada María Antonieta Saa y el diputado René Alinco.
Quienes deseen intervenir con respecto a este informe pueden inscribirse posteriormente.
Tiene la palabra el diputado Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, desde ya le solicito que me inscriba, pero se entiende que está abierta la inscripción para la sesión respectiva, porque la discusión aún no se ha iniciado.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Así es.
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