El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, después de escuchar el debate, lo expuesto por la señora Ministra del ramo y siguiendo un poco la tramitación de los proyectos relativos a educación, entre ellos el que ahora nos ocupa, que crea un nuevo sistema de acreditación, estimo que se ha traído a la Sala una idea de legislar. Lo señalo, porque se nos ha informado que se presentará una indicación sustitutiva, mediante la cual se efectuarán las correcciones reclamadas incluso durante la discusión de la iniciativa en la propia Comisión. Y, por lo que veo, la señora Ministra ha dado una respuesta positiva a tales reclamos. En atención a ello, y sin que esto signifique modificar lo ya resuelto, debo decir que me hubiese gustado que se procediera en forma distinta: que la Comisión de Educación requiriera la autorización de la Sala para analizar este proyecto, de tanta trascendencia, en general y en particular en el primer informe y que luego nos trajera un texto bastante consensuado y completo en su estructura, a fin de que aquí nos pronunciáramos sobre él. Pero la verdad de las cosas es que esta tarde se nos propone el trámite normal: votar la idea de legislar. ¿Y cuál es la idea de legislar? ¿Queremos que en Chile existan un sistema y una institucionalidad que establezcan una acreditación obligatoria para efectos de mejorar la calidad de la enseñanza en los establecimientos que imparten educación superior? Sí. ¡Estamos todos de acuerdo! Los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, y especialmente los miembros de la Comisión que participaron en la discusión de este asunto, han manifestado que a pesar de las diversas observaciones formuladas, que espero sean recogidas en la indicación anunciada por el Ejecutivo, hacen fe de que con ella y otras indicaciones que presenten algunos señores Senadores, más aquello que se considere de lo dicho por el mundo especializado en la materia, en definitiva podremos contar con un buen proyecto. Recuerdo el debate que tuvimos en el Senado cuando en el Gobierno del Presidente Lagos se propuso crear un sistema de acreditación. Si uno preguntara (no quiero salirme del tema) "es bueno lo que ha pasado en la educación superior desde los años 90 hasta la fecha", y alguien respondiera que en 1990 tenían acceso a la educación superior 200 mil alumnos y que hoy día esa cifra supera un millón, yo concluiría que lo logrado es positivo. ¿Se hizo bien eso? A lo mejor no. ¿Por qué? Precisamente, porque no se concretó antes el sistema de acreditación que tratamos de establecer en el Gobierno del Presidente Lagos. Y lo que se propone en la normativa en análisis no se materializó cuando correspondía. Se creó más bien un mecanismo tendiente a aprobar licencias para el funcionamiento de establecimientos de educación superior. Pero no para su acreditación. Entonces, cómo procedía aquel que pretendía instalar una institución de educación superior, ya sea universitaria, profesional o técnica -esta última, sobre todo, aún adolece de muchos problemas-: sencillamente, armaba una entidad, le asignaba un nombre, se iba al Ministerio de Educación, presentaba el prospecto respectivo y, después de un período de dos años de operación, obtenía una licencia. Y con el solo hecho de conseguir la licencia empezaba a capturar alumnado. Hubo instituciones que lo hicieron seriamente. No así otras, cuyo objetivo no era solo educar, sino también lucrar. Y resultó. ¿Por qué se envía ahora este proyecto de ley? Cuando en el Gobierno del Presidente Lagos se debatió aquí lo concerniente a la acreditación, los Senadores oficialistas -no teníamos mayoría en esta Corporación- éramos partidarios de que ella fuera obligatoria. Sin embargo, los colegas en ese momento de la Oposición no estuvieron de acuerdo y solo pudimos establecer una acreditación voluntaria. ¡Al menos eso logramos! Luego de la crisis producida, hace algún tiempo, en la Universidad del Mar -y no solo en esta, sino también en otras casas de estudios superiores, las cuales, según sabemos, entraron en conflicto después de que se destapó un escándalo en relación con el Consejo Nacional de Acreditación. Se retomó la buena forma de pensar sobre el tema, produciéndose unanimidad -así lo he escuchado- para establecer un sistema obligatorio de acreditación y determinar con claridad lo relativo a la licencia o a la acreditación, pero, principalmente, para que los establecimientos de educación superior, cuando hagan su oferta sobre la formación que entregarán, tramiten de manera obligatoria la acreditación respectiva. Se podrá discutir lo de los años de acreditación. En efecto, hoy día ella puede durar 6, 7 u 8 años (7 me parece que son), y normalmente las universidades de mayor prestigio lo hacen en 6, y en algunas, en 1 o 2. Encuentro debatible el asunto. Pero tenemos que analizarlo bien a fondo para hacer lo correcto, si se considera lo que se nos propone: un solo plazo de seis años -tres años de manera provisional- o buscar otro sistema. No me gusta el existente en la actualidad, donde se dan uno o dos años de acreditación, sin saberse si después esto seguirá e ignorarse la calidad de la enseñanza que se entrega. En consecuencia, esta es una materia que debe verificarse, de manera que funcione bien el sistema. Todas las fórmulas planteadas en el proyecto deben analizarse junto con las otras dos iniciativas presentadas sobre el particular: la de la Superintendencia de Educación Superior -el organismo regulador-, respecto de la cual tendrá que estudiarse qué facultades tendrá, de qué manera va a impedir los conflictos de interés y exigir la acreditación, etcétera; y la del financiamiento de la educación estudiantil. En definitiva, son tres proyectos, que conforman una trilogía, la cual tenemos que trabajar en conjunto para que no haya contradicciones en lo que deseamos lograr. Sin embargo, considero un avance el haber iniciado el debate en la Sala. Pero quiero que, en el próximo tiempo, la Comisión de Educación pueda abocarse a dicha trilogía en su integridad, a fin de que, desde el Parlamento, podamos introducir el cambio que el sistema educacional chileno requiere. De otro lado, quiero agregar algo -no sé si el Senador señor Cantero lo tocó, pero igual se debe plantear con fuerza- relativo al descuido -no sé si catalogarlo de esa forma- o al menor alcance o importancia que se da a la educación técnica en el país. Al leer el proyecto, inmediatamente pienso en las universidades. No veo que en él se integre a la educación técnico-profesional. En ese sentido, el sistema educacional chileno presenta una falla, pues se ha producido una pirámide invertida. Hoy día países que proporcionalmente son de mejor desarrollo educacional, cuentan con 3 universitarios versus 7 técnico-profesionales. En Chile es al revés: hay 7 planteles universitarios contra 3 técnico-profesionales, lo que representa un error. Entonces, me gustaría pedir que en el proyecto se visualizara con mayor fuerza la forma de propiciar, propender, garantizar y mejorar la calidad de la educación técnica, y dar acceso a ella para satisfacer las necesidades de nuestro país. Por lo tanto, creo que en ese punto igualmente deberíamos poner atención. Me parece que este proyecto se presentó cuando el caso de la Universidad del Mar había provocado el estallido del problema. Pero no era solo de ella. El escándalo además afectó a muchas otras casas de estudios superiores que, al parecer, no habían procedido en forma muy limpia para lograr sus acreditaciones. No quiero entrar a condenar a nadie. Pero, en realidad, la Universidad del Mar generó un efecto muy negativo. No obstante, quiero llamar la atención sobre algo en que he insistido -lo hice también cuando estaba el Ministro Beyer- desde que se produjo el problema en dicho establecimiento de educación superior en enero de este año. Aquí hubo unanimidad para decir al entonces Ministro de Educación que, en la misma medida en que no seamos exigentes en la acreditación, en la calidad y en la existencia de una Superintendencia, llegaría el momento en que se producirían casos similares al de la Universidad del Mar, sin que se responda por la calidad y se infrinja la normativa pertinente, todo lo cual implicaría tomar decisiones como las que hubo que adoptar con esa entidad, cuestión que provocó problemas a más de 14 mil alumnos. Ahora, hemos avanzado en algunas soluciones, pero el daño ya está hecho. Se trata de un caso que no puede ser considerado como una excepción. Yo echo de menos el proyecto que presenté con la idea de que hubiera un sistema de administración delegada y uno de intervención, a objeto de que el Estado, a través del Ministerio de Educación, pueda asumir el control inmediatamente después de crearse situaciones de crisis, para no provocar un daño como el que se generó en la Universidad del Mar. Entonces, tiene que haber una normativa sobre administración delegada y de intervención para que, cuando estos institutos o universidades fallen, garanticen a sus alumnos -porque ellos y sus familias no pueden pagar el precio del error que hayan cometido tales instituciones-, que van a poder continuar y terminar sus estudios y no provocarles un perjuicio que no tiene retorno. Por eso, voy a votar a favor de la idea de legislar, aun cuando hubiera preferido el envío de un proyecto más acabado, con toda la información necesaria para tomar una decisión.