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El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, con informes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La urgencia ha sido calificada de "suma".
Los antecedentes sobre el proyecto (8207-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 3ª, en 20 de marzo de 2012.
Informes de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 97ª, en 22 de enero de 2013.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo que se persigue es crear, en el interior del Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la finalidad de asesorar y colaborar en la elaboración de planes y programas y en la toma de decisiones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos.
Asimismo, se establece un Comité Interministerial de Derechos Humanos, integrado por los titulares de seis Secretarías de Estado y presidido por el Ministro de Justicia , cuya misión principal será asesorar al Primer Mandatario en la determinación de los lineamientos de la política intersectorial en materia de derechos humanos.
La primera de las Comisiones citadas acogió la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Pérez San Martín y señores Larraín Fernández, Letelier y Ruiz-Esquide.
Por su parte, la Comisión de Constitución hizo otro tanto con la concurrencia de los Honorables señora Alvear y señores Espina, Larraín Fernández y Patricio Walker.
El texto propuesto se transcribe en el primer informe de este último órgano técnico y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe tener presente que los números 1, letra f); 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 1° tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 22 votos para su aprobación.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Está inscrito el Senador señor Navarro, pero no se encuentra en la Sala.
Puede intervenir la señora Ministra .
La señora PÉREZ ( Ministra de Justicia ).-
Señor Presidente , la iniciativa sometida a la consideración de esta Honorable Corporación viene a satisfacer una necesidad urgente, porque hoy día no existe un espacio de decisión específico destinado a poder promover un tratamiento institucional sistemático en materia de derechos humanos dentro de la Administración del Estado.
En términos orgánicos, el proyecto establece la Subsecretaría de Derechos Humanos y un Comité Interministerial de Derechos Humanos, y, como instrumento impulsor de la política en la materia, contempla un plan nacional de derechos humanos.
Con relación a la Subsecretaría, se propone instaurarla con el objetivo de que pueda promover políticas públicas en este ámbito, particularmente en lo que tiene que ver con la capacitación de funcionarios, el fortalecimiento de programas de formación y, también, la estrecha colaboración con el Comité Interministerial, que va a ser el organismo encargado de establecer el plan nacional mencionado.
Dicho Comité tendrá por finalidad asesorar al Presidente de la República en la elaboración del plan y la determinación de los lineamientos de la política respectiva.
La iniciativa de incorporar la Subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia dice relación con la necesidad de tener una visión desde el punto de la exigibilidad de los derechos. Es decir, se trata de que estos no solo existan en el papel, en las convenciones internacionales o en la ley, sino también de que puedan ser efectivamente ejercidos por sus titulares. Y, por eso, la entidad va a permitir una mejor coordinación al interior del Estado; un impulso, sobre todo, de una política de promoción y fomento de los derechos humanos, y particularmente, como señalo, desde los propios funcionarios públicos, en cuyos planes de capacitación es necesario avanzar.
Hago propicia la ocasión para agradecer a los integrantes de las Comisiones de Constitución y de Derechos Humanos, quienes se dieron el tiempo para recibir a todos los invitados a las distintas sesiones, en las cuales se analizaron con sumo detalle los organismos que se plantean: no solo la Subsecretaría, sino también el Comité Interministerial.
Particularmente, destaco el apoyo que obtuvimos del representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, quien nos ha hecho partícipes de un trabajo conjunto con los demás Ministerios de Justicia iberoamericanos y asimismo ha impulsado iniciativas similares a la que hoy día se presenta.
Muchas gracias.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , quisiera informar el proyecto en nombre de la Comisión de Constitución, que presido, la cual lo estudió detenidamente y lo aprobó por unanimidad, en atención a su enorme valor.
En lo personal, también me tocó participar en su análisis como integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, he podido apreciar dos veces la importancia que reviste la iniciativa del Gobierno.
En su momento, le propuse al entonces Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, que se le diera espacio, porque en el ámbito institucional existe un vacío, sin lugar a dudas, en lo que dice relación con el tratamiento de los derechos humanos.
No escapa a nadie la relevancia de estos últimos, no solo en Chile, sino asimismo en el mundo entero, como un pilar fundamental en el desarrollo de la humanidad y del Estado de Derecho. Y, no obstante, se ha registrado en el último tiempo, institucionalmente, una sensación de desarticulación, de falta de coordinación en los organismos públicos vinculados con el tema. Por lo tanto, aquí y en muchos otros países han surgido distintas iniciativas para generar una respuesta.
En concreto, la proposición del Ejecutivo plantea, para el efecto de liderar sus esfuerzos en el ámbito que nos ocupa, la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia, a la que se sumará un Comité Interministerial de Derechos Humanos.
No se trata de generar en torno a la Subsecretaría o a sus órganos dependientes un servicio público destinado, en el sentido del Derecho Administrativo, a satisfacer ciertas necesidades en forma directa, sino de coordinar la labor que el Ejecutivo tiene que desarrollar en distintas áreas para cumplir estos propósitos.
Chile es signatario de muchos tratados internacionales, de distinta naturaleza, referidos a la tortura, a los niños, a la infancia, a los discapacitados y a una serie de aspectos que dicen relación, precisamente, con los contenidos contemporáneos de los derechos humanos. Sin embargo, en la organización del Gobierno o del Ejecutivo no hay ninguna instancia donde se pueda responder en forma sistemática, coordinada.
Justamente a cubrir dicho vacío se halla destinada, en primer lugar, la institución en examen, la cual, más que un servicio público, como digo, es un ente coordinador de los esfuerzos en la materia que deben efectuar el Gobierno actual y los futuros. Y, al mismo tiempo, se pretende contar con un órgano que pueda ser responsable de organizar las acciones en torno a los compromisos que Chile ha asumido, en el campo internacional, con los derechos humanos.
En tal sentido, el proyecto viene a complementar otras medidas que se han tomado, como la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual tiene que ver más bien con la sociedad civil y representa la actividad de distintos sectores, los que están precisamente fiscalizando y observando el comportamiento en diferentes áreas y, en particular, el de las autoridades. Sin embargo, en su accionar, el organismo no cuenta con un interlocutor equivalente en el Gobierno. Desde luego, con el Presidente de la República se podrá relacionar siempre; pero no hay una entidad a la que pueda prestarle apoyo, asesoría o pedirle una respuesta sobre las inquietudes que pueda ir desarrollando en el ejercicio de sus funciones.
Respecto a las preocupaciones que originalmente surgieron en distintos ámbitos en cuanto a que la iniciativa en estudio pudiera superponerse o traslaparse con las funciones del Instituto, este último, lejos de ello -es algo que se manifestó públicamente en ambas Comisiones-, se encuentra plenamente de acuerdo con la creación de la Subsecretaría, porque llena un vacío en nuestra institucionalidad.
El proyecto que nos ocupa ha de ser comprendido como una respuesta de país frente a una cuestión crecientemente importante, como la de los derechos humanos. Quizás por nuestra experiencia histórica de las violaciones que ellos experimentaron durante el período 1973-1990, la asociación que los chilenos tienden a hacer en la materia tiene que ver con este aspecto puntual. La iniciativa no apunta específicamente a eso. Ha habido muchas otras y seguirá habiéndolas. Y se originará también alguna responsabilidad al respecto. Pero la función del texto es más amplia, porque los derechos humanos no solo están circunscritos a un período histórico o a una situación determinada o a hechos específicos.
Si tuviéramos que pensar qué está ocurriendo en Chile hoy día en el ámbito de que se trata, podríamos decir que donde se violan los derechos humanos es en las cárceles, porque en muchas de ellas se registran situaciones -las han descrito Ministros de la Corte Suprema- de trato cruel, inhumano y degradante. Está bien que sea sancionada -y duramente- una persona que haya cometido un delito, pero ese otro efecto no resulta aceptable por ningún concepto.
¿Quién se está ocupando de velar por que ello no ocurra?
Y lo que se expone acerca de los presos se puede extrapolar a muchas otras áreas, donde tienen lugar hechos parecidos: a veces, en relación con discapacitados, con adultos mayores, con menores, en fin.
Enfrentar tales problemas con visión de país, en forma coordinada, es la tarea que está llamada a cumplir la nueva Subsecretaría. Ello ha suscitado un debate muy importante. En general, en la Comisión de Derechos Humanos -ya dará cuenta su Presidente sobre el particular; pero me tocó asistir a ella, como lo mencioné- se planteó una aprobación por parte de prácticamente todas las instituciones que participaron.
Algunas organizaciones relacionadas con los derechos humanos no dieron su apoyo, pero fueron una excepción. En parte, eso tiene que ver con distintas situaciones que motiva el debate acerca de la creación de la Subsecretaría y que, por cierto, deberán ser zanjadas en la discusión particular.
Entre ellas, cabe mencionar las inquietudes respecto del nombre, en cuanto a si acaso deberíamos crear una Subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia o cambiar el nombre de la Secretaría de Estado y llamarla "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", como le parece al Senador que habla, para que la responsabilidad en la materia, aunque la ejecución corresponda a un Subsecretario, recaiga en el titular de una Cartera, a fin de darle la jerarquía que corresponde.
A lo anterior se agrega la necesidad de buscar una coordinación mayor de las políticas de reparación ya existentes. Los programas en el Ministerio del Interior, por ejemplo, deben tener una mayor visibilidad y coordinación, de alguna manera, con lo que la Subsecretaría puede realizar.
Las relaciones con el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos también pueden ser mejoradas si este se incorpora, con derecho a voz, en las sesiones del Comité Interministerial.
Y este último no incluye a miembros que parece de la esencia que formen parte de la institucionalidad que se crea, como en el caso del Ministerio de Educación.
En fin, surgen diversas dudas con relación al debate. Pero deseamos consignar que en la Comisión de Constitución le planteamos al Ejecutivo la conveniencia de que pudiera anticipar criterios sobre ellas y un compromiso de indicaciones particulares, como finalmente ocurrió. Quiero señalar -ello se encuentra en el informe de nuestra Comisión- que hay una respuesta acerca de las modificaciones que el Ejecutivo se comprometió a introducir, y que dicen relación con los planteamientos que antes mencioné sobre tareas, funciones y responsabilidades de la Subsecretaría, integración de la Comisión Interministerial, en fin. No deseo repetir lo indicado en el informe. Si ustedes miran su contenido, verán que las inquietudes y los compromisos que el Gobierno asumió se encuentran recogidos. Ello quedó consignado para que nosotros tuviéramos claro que lo que se había hecho presente en el debate sería incorporado mediante indicaciones, muchas de las cuales son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Por las razones expuestas, la aprobación, ojalá unánime, de esta iniciativa por parte de la Sala del Senado le daría un enorme realce al compromiso con los derechos humanos, que Chile tiene la obligación de desarrollar.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente , me da mucho gusto referirme a este proyecto de ley.
Se trata de una iniciativa que el Presidente de la República , Sebastián Piñera , anunció ante el Congreso Pleno el 21 de mayo de 2012. Además, constituye una materia a la que le puso mucho énfasis durante su campaña presidencial. En su programa hay un acápite especial en materia de promoción y resguardo de los derechos humanos.
La creación de esta Subsecretaría realmente es algo muy importante.
Por eso -por su intermedio, señor Presidente -, quiero reconocer la labor de la Ministra de Justicia , Patricia Pérez, quien nos acompaña hoy, que "jineteó" de alguna forma este proyecto cuando era Subsecretaria de Justicia. Y, actualmente, en su rol de Ministra lo sigue haciendo.
En ese contexto, como miembros de la Comisión de Derechos Humanos, nos tocó realizar muchísimas audiencias y reuniones de trabajo con expertos en el área, nacionales e internacionales, y con distintas agrupaciones. Quisimos escuchar a todas las personas y grupos que tuviesen algo que decir en esta materia.
¡Qué duda cabe de que los derechos humanos en un país como el nuestro, que se encuentra en un desarrollo importante en todo orden, incluyen temáticas que van obviamente desde la violencia política hasta aspectos que hoy forman parte de una agenda más moderna, como el resguardo de los derechos civiles; el resguardo de los derechos de las madres, de los padres, de los niños, de los adultos mayores, de las mujeres, de las minorías sexuales; el resguardo de la identidad de los pueblos originarios; el resguardo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental!
Hoy hablar de la vulneración de derechos humanos implica abordar no solo lo relativo a la violencia política, asunto que no ha dejado de estar presente en la discusión del proyecto en análisis, sino también todas las otras temáticas que dicen relación con la violación de las garantías fundamentales de las personas.
¿Con qué nos enfrentamos hoy día en nuestro país? Con un vacío legal en cuanto a establecer qué órgano del Estado debe promover las políticas públicas de resguardo y promoción de los derechos humanos, y cuál, además, ha de organizar, construir, agendar y coordinar todos los planes que impulse el Gobierno de turno -en este caso, el nuestro- respecto a estos temas. Reitero: hoy tenemos un vacío legal sobre el particular, pues no contamos con una entidad gubernamental, del Estado, que se haga cargo de esta situación.
La Subsecretaría de Derechos Humanos que se crea se encontrará bajo el paraguas del Ministerio de Justicia. El Senador señor Hernán Larraín planteaba recién que dicha Cartera podría incluso cambiar su nombre por el de "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". ¿Por qué no? Creo que ello le da mayor fuerza a la nueva Subsecretaría.
La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos, y también en la de Constitución. Estamos recién en el primer trámite en la Sala. Es muy importante aprobar la idea de legislar.
Obviamente, durante la discusión en particular y los trámites posteriores se podrán hacer las indicaciones necesarias; por ejemplo, para determinar quiénes participarán en el equipo interministerial que verificará todos los planes. En fin, podemos seguir avanzando en un montón de materias durante el debate en el Senado para mejorar sustantivamente un proyecto que ya es bueno, pero que puede ser perfeccionado.
Señor Presidente, he visto la mejor disposición de parte de la Ministra de Justicia y del Gobierno, en general, para sacar adelante esta iniciativa, que es realmente muy revolucionaria. Tal vez hoy no se le toma el peso que tiene. Pero resulta relevante contar con una Subsecretaría de Derechos Humanos en el mundo globalizado actual.
Chile ha firmado una serie de acuerdos internacionales. Sin embargo, hoy día no existe ninguna entidad de Gobierno que fiscalice, verifique, chequee que todos los convenios que hemos suscrito como país en los últimos 23 años realmente se estén cumpliendo. Tenemos una ausencia absoluta de ello, en circunstancias de que hemos aprobado un montón de instrumentos internacionales que buscan cautelar los derechos de las personas.
Con todo, señor Presidente, debemos apoyar este proyecto de todas maneras. Se trata de una iniciativa innovadora, que implica un cambio total.
Me siento absolutamente orgullosa de que sea nuestro Gobierno el que impulse la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Porque los derechos humanos no son patrimonio de ningún sector político. Su protección -así lo he pensado siempre- debe ser patrimonio de los chilenos y las chilenas en todos los ámbitos. Y, en especial, nosotros, como Senadores y Senadoras, debemos procurar que no se vulneren las garantías fundamentales de las personas.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, no abunda recordar, para dimensionar la importancia del proyecto que hoy nos convoca, el enorme impacto social, cultural y político que representa como tal el concepto de "Derechos Humanos" para los chilenos y las chilenas.
Del mismo modo, como defensora del humanismo cristiano debo recordar a Jacques Maritain, uno de los principales redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y promotor del ideario humanista al que adscribo. Por esta razón, por cierto, me siento muy contenta de participar en este debate.
Si fuéramos capaces de identificar la causa recurrente de nuestras diferencias más álgidas, probablemente identificaríamos los derechos humanos como una materia especialmente sensible -ha ocasionado desgarros en la historia de nuestro país-, que brota con particular virulencia entre nosotros en época electoral, situación que no hemos podido conversar y resolver calmadamente como sociedad. Ello, en verdad, no ha sido factible. Tenemos ahí una discusión pendiente.
Sin duda, el tema de los derechos humanos, tal como manifestó la colega que hizo uso de la palabra con antelación, excede las violaciones masivas que nosotros experimentamos en el pasado reciente a nuestras garantías fundamentales. Pero, evidentemente, ellas siguen estando presentes en la actualidad, como un "nunca más" o los testimonios que día a día nos llegan producto de las distintas investigaciones. Así sucede al ver el diario de hoy y leer que se van a exhumar los restos de nuestro Premio Nobel Pablo Neruda : no puede sino darnos un escalofrío pensar en por qué el juez va a realizar tal diligencia.
En tal sentido, señor Presidente , junto con valorar la iniciativa que ha presentado el Gobierno, quisiera señalar con mucha claridad que esta representa una gran oportunidad no solo para crear una institucionalidad necesaria, sino también para que nuestro Congreso debata con respeto y altura de miras las distintas posiciones que puedan suscitarse en torno a un tema que simboliza para nuestro país una llaga moral capaz de dividir el alma de una nación y de traspasarse de generación en generación.
Por eso, ahora que ha comenzado un nuevo año electoral, que ha tenido como antesala una tensión social que hace mucho tiempo el país no vivía, resulta preciso enfrentar esta materia con la máxima civilidad, diálogo y entendimiento posibles, respetando en dicho esfuerzo las legítimas diferencias que puedan existir y evitando cualquier aprovechamiento político que eche por tierra un debate que debe servir para unir al país y educar a las nuevas generaciones de chilenos y chilenas.
Durante este año, ciertos asuntos elevarán los niveles de nuestra discusión. De allí que, ante un clima social de alta expectación, el desafío que tenemos desde esta Corporación es mucho más amplio que el resultado de la próxima elección democrática. Se trata, finalmente, del estado de nuestras relaciones políticas para enfrentar las altas expectativas de la ciudadanía frente a un nuevo Gobierno, y también de la capacidad de generar y respaldar acuerdos que fortalezcan, revaloricen y profundicen nuestra democracia.
Por ello, considero de tanta relevancia que hayamos acordado discutir en la Comisión de Constitución el proyecto que modifica el régimen binominal.
Por último, señor Presidente , es importante entender que la generación de instituciones públicas no es suficiente por sí misma para dar por clausuradas o por resueltas materias que exigen un apego y compromiso moral irrestricto para su defensa y promoción.
Por el contrario, si a dichos organismos no se les dota de una construcción valórica sustentada en principios sólidamente afianzados como sociedad, terminan fracasando, lo que agudiza aún más las diferencias que puedan existir y evidencia dramáticamente la incapacidad de construir consensos morales básicos, que son los que, en definitiva, forjan la identidad y el carácter de una nación ante situaciones complejas.
En consecuencia, el proyecto me parece necesario, considerando que Chile carece de una orgánica coherente y estructurada en relación con los derechos humanos.
En la discusión particular tendremos la posibilidad de enriquecer la iniciativa y recibir opiniones de las distintas miradas que puedan concurrir a perfeccionar la propuesta.
Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar y aprovecho de felicitar a la señora Ministra , quien ha llevado adelante este proyecto con mucha dedicación y esfuerzo.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente , parto señalando que me parece valorable el esfuerzo por fortalecer la institucionalidad pública, política y gubernamental de los derechos humanos, y con rango de ley. Por ello, desde ya anuncio mi voto favorable a la iniciativa en general.
Los Estados se hallan obligados a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, sin discriminación, de todas las personas sujetas a su jurisdicción. Tal obligación demanda del Estado abstenerse de violar las garantías fundamentales y prohibir las acciones que entorpezcan el goce y el ejercicio de tales derechos. Por lo tanto, deben establecerse todas las medidas que aseguren el cumplimiento efectivo de estos y las políticas públicas necesarias para resguardarlos.
Por eso resulta importante que tal institucionalidad se halle a nivel del Ejecutivo. Esta tendrá que orientar, promover y diseñar las políticas públicas y el plan nacional para la protección de los derechos humanos.
Como aquí se ha dicho, todos entendemos que las garantías fundamentales revisten cierta amplitud. Y últimamente han surgido derechos básicos muy importantes.
Sin embargo, al hablar de la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, no es posible en nuestro país, menos que en ningún otro, ignorar que tuvimos un pasado muy doloroso. Del mismo modo, cabe recordar que, a partir del año 90, se han hecho múltiples esfuerzos, como la instalación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida como "Comisión Rettig", a la que le costó muchísimo obtener cierto grado de aceptación, credibilidad y confianza. Finalmente, con el paso del tiempo, ese trabajo se fue asentando, y nuestro país muy lentamente, poco a poco, comenzó a conocer una verdad que se mantuvo oculta por mucho tiempo.
El paso siguiente al conocimiento de la verdad fue la aplicación de justicia. En esto hubo tremendas obstrucciones. Basta recordar lo hecho por el fiscal Torres. ¡Cuánto esfuerzo le costó al país, en su larga transición, para decir que la justicia comenzaba a abrirse paso! Respecto del Poder Judicial , poco a poco se incorporaron los principios de imprescriptibilidad y no amnistiabilidad de los delitos graves, gravísimos, de lesa humanidad.
Podríamos hacer una larga relación sobre el particular, señor Presidente .
Ha habido distintos programas al respecto y diversas comisiones (contra la tortura, de detenidos políticos desaparecidos, en fin). Existe una institucionalidad dispersa. Entonces, nos haría bien contar con una institucionalidad pública, clara, responsable.
Sin embargo, quiero entender que todas las atribuciones que se entregan a la Subsecretaría de Derechos Humanos son complementarias con las del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este es un ente autónomo, y esa es su virtud. En tal sentido, hay que respetar a ambos organismos y mirarlos como buenos interlocutores de similar rango. En este punto no me gustaría ver una superposición de funciones. La Ministra me hace señas afirmativas. Me alegra que compartamos el planteamiento, porque se trata de algo fundamental.
Cometeríamos un grave error si disminuyéramos las facultades de dicho Instituto. Este, además de ser el encargado de confeccionar el informe anual sobre la situación de los derechos humanos, expresa opiniones muy importantes sobre temas significativos para la población. Es cosa de recordar las acciones de mediación que realizó a propósito de las prolongadas huelgas de hambre de algunos dirigentes mapuches. Sus acciones han sido, a mi juicio, bastaste valiosas para resolver problemas muy acuciantes.
Esta es la primera inquietud que tengo. Sé que estamos en la discusión general del proyecto, pero debo hacerla presente a la Sala y a la señora Ministra . Debemos velar para que no haya superposición de funciones entre ambos organismos.
En segundo lugar, cabe señalar que con esta iniciativa se busca brindar las mayores garantías para el ejercicio de los derechos de las personas que están bajo la protección del Estado, a través de una institucionalidad más efectiva que procure el resguardo y la promoción de los derechos humanos. No queremos más obstáculos administrativos o mecanismos engorrosos para ejercer tales derechos. Todo lo contrario: normas que hagan más eficiente su protección.
Ahora, hay un anhelo que muchos de nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo: el defensor del pueblo. Pero nunca hemos logrado el compromiso suficiente para sacarlo adelante. Se trata de una institución presente en muchos países. De alguna manera, representaría un avance para la defensa de los derechos de las personas que viven en Chile, los cuales no siempre están verdaderamente garantizados. Y yo creo que el referido organismo cumpliría este rol.
Me gustaría que alguna vez discutiéramos con seriedad la posibilidad de establecer el defensor del pueblo. Ojalá ello se concretara.
Por último, cuando en la Comisión de Derechos Humanos se debatió el proyecto, distintas organizaciones aludieron en forma recurrente a la necesidad de crear, ya sea dentro o fuera de la Subsecretaría, una nueva comisión, de carácter permanente, para calificar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
Ese es un asunto insoslayable. Haríamos muy mal si tratáramos de omitir, a propósito de la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, situaciones que evidentemente marcaron la historia de nuestro país y a diversas generaciones.
Además, considero positivo que se incorpore en el Comité Interministerial de Derechos Humanos que se crea al Ministerio de Educación.
Me llama mucho la atención que se haya agregado, y me alegro; pero me parece insólito que no se incluyera desde el inicio, porque si hay una necesidad evidente, de vital importancia, es la presencia del Ministerio de Educación. Espero que en las mallas curriculares que tengamos en el futuro para la formación de nuestros estudiantes, figure lo relativo a los derechos humanos.
Lamentablemente, en la actualidad no es así. Y creo que al país le hace mucha falta, al igual que es necesaria una mayor educación cívica. Todos estamos contestes en ello; cada uno de nosotros nos damos cuenta de que en la población hay confusión acerca de las atribuciones y facultades de las instituciones; a veces se confunde el cargo de Diputado con el de Alcalde ; no se sabe lo que significa la tramitación de una ley, y se ignoran otras materias bastante básicas.
Como dije, me gustaría ver en las mallas curriculares los asuntos de derechos humanos, para que fuéramos socializando y dando a entender a nuestros niños, desde muy pequeños, que el Estado siempre debe promoverlos y respetarlos.
Eso es algo sustantivo.
Por lo tanto, desde ya anuncio mi voto positivo al proyecto en general. Imagino que cuando se trate en particular, se podrán recoger algunas de estas observaciones que me he permitido exponer a la Sala. Pero estimo importante, junto con aprobar la idea de legislar, señalar la necesidad de mejorar el articulado, lo que es siempre posible.
Concuerdo en que ya era hora de tener una mejor coordinación y menos dispersión y, además, que se haga por ley, con este rango, para que no nos quedemos solamente -aparte del Instituto Nacional de Derechos Humanos- con ciertos programas.
Y a propósito de estos últimos, no me gustaría ver desaparecer el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La presente legislación no debe ser causal para la desaparición de él, porque en definitiva acompaña a las víctimas, que requieren esa reparación.
Nosotros, así como lentamente avanzamos en Verdad, lentamente hemos avanzado en Justicia. Y, obviamente, también hemos avanzado, en parte, en Reparación, aunque no todo lo necesario ni lo suficiente.
Por eso, creo en la necesidad de una Comisión Permanente de Calificación de Violaciones a los Derechos Humanos, porque claramente ha habido algunas omisiones. Y en lo concerniente a reparación, el país no ha sido muy generoso frente a todo ese dolor y a lo que ello ha significado para muchas víctimas.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Se ha solicitado abrir la votación.
¿Le parece a la Sala?
Así se acuerda.
El señor ESCALONA (Presidente).-
En votación general el proyecto.
(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra al Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , este proyecto, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, sin duda permite un debate que Chile necesita.
Los Estados modernos tienen la obligación legal de resguardar los derechos humanos: cautelarlos, promoverlos y defenderlos. Y esa obligación del Estado chileno, para ser válidamente ejecutada, requiere tres dimensiones, las que el país aún no ha sido capaz de abordar.
La primera de ellas la constituye el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo, que puede informar, hacer seguimiento e incluso actuar frente a hechos que cuestionan esos derechos o las situaciones de abierta violación de ellos.
A mi juicio, en Chile ese Instituto todavía es muy débil, con poco músculo, pero cuenta con autonomía, es importante su existencia y ha ido cumpliendo su labor. Esperamos que, con el tiempo, la cultura nacional permita que dicha institución haga más.
La segunda dimensión es lo que la ex Subsecretaria de la Cartera y ahora Ministra de Justicia nos planteó, porque ella fue la responsable en esa Secretaría de Estado de impulsar la iniciativa que nos ocupa.
Después me voy a abocar a los problemas del proyecto, a sus inconsistencias (en las que me concentraré) y también a sus virtudes.
Y la tercera dimensión es que, aparte de tener un órgano coordinador de políticas públicas al interior del Estado, resulta fundamental que alguien defienda a quienes son víctimas de violaciones a los derechos humanos, como un Defensor del Pueblo o un Ombudsman.
Esas son las tres dimensiones que un Estado debe tener para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales.
La iniciativa en debate aborda una dimensión que encierra una contradicción.
Me parece necesario que el Estado cuente con una instancia de coordinación -como aquí se ha señalado- para generar consistencia en sus políticas públicas; para desarrollar un Plan Nacional de Derechos Humanos, y para que, más allá de la coordinación, se garantice, a través de acciones medibles y con seguimiento, la calidad del funcionamiento del Estado en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y de su contraparte en legislación y políticas públicas nacionales.
La importancia del Comité Interministerial de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Derechos Humanos está fuera de discusión.
Eso es muy relevante.
Sin embargo, el proyecto otorga a la nueva Subsecretaría un rol contradictorio, porque, a diferencia de lo que dijo una colega (aquí presente) -este es un debate sustantivo- sobre qué se entiende por violación de derechos humanos, en el mundo ya hay consenso respecto de la violación de derechos humanos versus un delito.
La violación de tales derechos tiene un agente activo del Estado que atenta contra los derechos de sus ciudadanos, de las personas, y los violenta. Algunos de esos delitos son de lesa humanidad.
Hay quienes piensan distinto. Y a veces aquí los extremos se juntan. Porque, como en el sistema interamericano hay quienes consideran que los medios de comunicación y las corporaciones son potenciales violadores de los derechos humanos y que, por tanto, la defensa de la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere que se revise la definición conceptual -lo que nuestro país no comparte-, de la misma forma, el hecho de que haya violencia política o crimen organizado -absolutamente condenable, por cierto-, no se puede considerar que esas acciones que violentan los derechos de particulares por particulares se encuentren en esta categoría.
Conforme al proyecto, el Estado coordinará las políticas que garanticen el cumplimiento de su obligación de promover y defender los derechos humanos. Pero una de las incongruencias que contiene es que también deberá ayudar a coordinar la defensa que el propio Estado hace cuando es acusado de violar tales derechos.
Esta es una de las complejidades de un Estado moderno. Pero evidentemente, cuando el caso del profesor Almonacid -asesinado por carabineros-, fue llevado a la Corte Interamericana por su familia, porque no hubo justicia en el país, quien defendió al violador de sus derechos humanos fue el Estado de Chile. Y será este tambi��n el que, según la iniciativa en debate, definirá la coordinación de su defensa.
En verdad, tal incongruencia se da en todos los Estados modernos. Y con eso no estoy diciendo que ella se pueda salvar. No es fácil, porque el Estado, en tanto agente potencialmente violador de derechos humanos, tiene que coordinar su defensa en esa forma.
La Subsecretaría de Derechos Humanos servirá de apoyo a las coordinaciones con la Cancillería -que en última instancia lleva a cabo esa defensa- y con el Consejo de Defensa del Estado, órgano que muchas veces ha sido criticado por su actitud en los juicios entablados contra el Estado. Veremos cómo prosigue en el tiempo y si se mantiene esta incongruencia.
Tal incongruencia se enfrentaría en mejor forma si tuviéramos la tercera dimensión que reclamo del Ejecutivo: la creación del Defensor del Pueblo . Porque ¿quién ampara, por ejemplo, al ciudadano de San Francisco de Mostazal detenido y golpeado brutalmente por agentes del Estado y cuyas imágenes fueron subidas a YouTube en enero pasado? Hoy en día el Estado no lo hace. ¿Quién lo protege? Dejo abierta la pregunta.
Señor Presidente, a mi juicio, el proyecto tiene otra incongruencia: no se hace cargo de los Programas de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Los mantiene, pero no los toca, lo cual considero un error.
Por el contrario, en el quehacer de la Subsecretaría que se crea, se deben incorporar los programas de reparación de derechos humanos como parte de la coordinación de las políticas públicas. Dichos programas deberían tener una ventanilla única y permanente para la reparación, y no como ha ocurrido hasta ahora en que se establecen plazos fijos para el ingreso de los antecedentes que les permitan calificar.
En nuestro país, los informes de las Comisiones Valech 1 y 2 aún tienen muchos casos pendientes, sin calificar. Por lo tanto, debería aplicarse un criterio de silencio administrativo cuando ello no ocurre. Y eso tendría que abordarse en este proyecto de ley.
De la misma forma, cabe precisar cuál va a ser el rol del Estado como defensor, en forma transitoria, hasta que haya un Ombudsman, por lo menos en los crímenes más graves.
Señor Presidente , en la defensa jurídica y en el proceso de calificación de delitos, es donde el Estado debe hacerse responsable. Y no me refiero solo a lo que pasó durante la dictadura, sino a lo que ocurre cotidianamente cuando los derechos humanos son violentados por órganos estatales.
Como bien sostuvo el Senador señor Hernán Larraín , probablemente donde más el Estado chileno actúa hoy en día contra los derechos humanos es en el sistema carcelario, hecho respecto del cual debemos hacernos cargo como legisladores. Hay más de 50 mil personas privadas de libertad, algunas de las cuales se encuentran en condiciones infrahumanas, lo que violenta sus derechos en forma cotidiana.
Señor Presidente , sin lugar a dudas, el proyecto -como dijo la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos , Lorena Fries - es bueno y ayuda a avanzar en la institucionalidad, pero para poder completarlo se requiere de una visión más global.
Para que la iniciativa en análisis se transforme efectivamente en un avance dentro de la institucionalidad global del Estado de Chile -porque los Gobiernos pasan y la institucionalidad es lo que más nos interesa cautelar en esta materia-, necesitamos fortalecer el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos y crear, efectivamente, una instancia de coordinación. Aquí se propone su dependencia del Ministerio de Justicia. Ese es un tema que se puede discutir.
Asimismo, se requiere asegurar la existencia de un defensor de la víctima de violación de sus derechos humanos. No lo tenemos en el país. Y hasta que no se cree esa figura -si bien esta institucionalidad puede ser un avance muy importante de coordinación, aunque debe ser perfeccionada e incorporada al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior-, vamos a tener una inconsistencia.
En ese sentido, confío que con la señora Ministra de Justicia podremos avanzar en ello.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, al igual que otros colegas, voy a aprobar el proyecto en análisis.
Pienso que al comparar carencias versus virtudes en materia de derechos humanos, la balanza se inclina francamente en favor de las segundas. Es decir, se trata de una iniciativa que vale para lo que el país necesita.
Solo quiero hacer algunas observaciones, siendo la primera de ellas de carácter histórico.
Me parece que lo que estamos discutiendo hoy día en forma oficial -como es la creación de una Subsecretaría- constituye un elemento princeps dentro de la Administración Pública para defender los derechos humanos, realzar su vigencia y evitar su agravio. Viene siendo uno de los signos de la civilización occidental que dura ya más de 2 mil o 3 mil años. Es decir, el mundo entero ha visto un cúmulo de observaciones y de agravios a los derechos humanos en las guerras, llevadas a cabo con tal saña, provocados por el sistema institucionalizado de ciertos países, especialmente de los que en determinado momento fueron fruto de dictaduras de cualquier tipo, o bien de sistemas y modelos económicos como el nuestro, que tiene una forma de tratar los derechos humanos de las personas de menos recursos que agobia hasta el exceso la manera en que uno debe representarla en el Senado.
En la actualidad, a cada una de esas respuestas negativas que ha habido en la historia del mundo, surge la sensación progresiva de que los derechos humanos se transforman, poco a poco, en un elemento esencial para la civilización occidental y para nuestro país.
No basta con decir que debemos enfrentar los problemas de salud, de comercio y de economía sin considerar los derechos humanos.
La vigencia de tales derechos la entiendo como el hecho esencial por el cual estamos en el Senado representando al pueblo de Chile. Si algún legado uno debería dejar cuando ya no forme parte de él -porque morimos, cambiamos de trabajo o lo que fuere- en cuanto a qué hicimos en la vida, es haber evitado que los derechos de las personas fueran agraviados y atropellados, como ha sucedido a través de un sinnúmero de sistemas en el mundo.
Dicho lo anterior, deseo plantear, además, que desde hace ya muchos años hemos venido planteando la tesis de crear el Defensor del Niño o el Defensor del Pueblo . Y recojo lo dicho por el Senador que me precedió en el uso de la palabra, en orden a que esta era la oportunidad de incorporarlo. En su momento, lo discutimos con la señora Ministra y también con otros señores Senadores, pero se nos señaló que eso no venía incluido en la idea de la actual iniciativa de ley, aunque para la creación de esos cargos se han presentado una serie de proyectos durante estos años.
Es verdad que ahora estamos aprobando un mecanismo que me parece positivo.
Primero tuvimos que resolver si esta materia merecía o no la presentación de un proyecto especialísimo. Siempre he sostenido que sí, por eso lo voté con entusiasmo. ¿Es el lugar? También lo dije con la misma franqueza. Y desde hace muchos años he señalado -lo reitero hoy- que prefería un Ministerio de los Derechos Humanos. Está en la impronta de nuestra sociedad la necesidad de resguardar tales derechos, de manera que, honestamente, creo que bien merecía una institución a ese nivel.
Planteamos hace un tiempo la idea de crear un Ministerio, dependiente directamente de la Presidencia de la República. Pero también comparto la inquietud de que no podemos seguir llenándonos de Ministerios al crearlos para cada caso en que uno tenga alguna idea preclara.
Por lo tanto, yo me quedo con que el proyecto es bueno y que las materias que aborda están en el lugar adecuado.
Considero que las ideas planteadas ahora sobre el Defensor del Pueblo serán materia o de un nuevo proyecto o de algunas modificaciones o de otra solución que permita avanzar en esa línea.
Ahora bien, mi preocupación es cómo entendemos esta defensa de los derechos humanos. Hay dos maneras de enfrentarla: por una parte, hacer un diagnóstico acerca de cuántas veces, en qué condiciones, en qué circunstancias, cómo, cuándo y dónde se produce el agravio, y, por otra, simplemente al revés: prevenir y hacer una política tal que en las estructuras nacionales, en el régimen socioeconómico, en la forma en que se hace la política, que es el arte de construir el país, se haga prevención, para no tener que actuar frente a casos específicos.
Yo me quedo con la segunda opción. Honestamente, creo que debemos lograr una fórmula que permita la existencia de tal cúmulo de prevenciones que los derechos humanos sean agraviados el menor número de veces.
Hoy en la mañana aprobamos -y lo vamos a ratificar en la Comisión de Salud- un proyecto que tiene esa esencia frente a un tema muy concreto: la salud de la gente, el bienestar de las personas, el cómo vivir y estar mejor. Y esto se obtiene con una política de prevención, que provenga no solo del Estado sino de toda la sociedad, al objeto de que la gente no siga falleciendo de lo que muere en la actualidad, lo cual resulta verdaderamente inaceptable en una sociedad con la evolución que presenta.
También aquí hay que pensar en ello.
En esa perspectiva, permítanme reiterar en los dos minutos que me quedan, una preocupación que he mencionado hasta al cansancio y que, curiosamente, es ratificada en la prensa de los últimos tres días, en particular de ayer y de hoy.
Los derechos humanos sociales son agraviados de por sí cuando la desigualdad entre las personas es excesivamente grande. Nadie pretende afirmar que todos los chilenos deben percibir el mismo ingreso. ¡No es así! Lo digo porque hay algunas filosofías, como la marxista, que llegan a esa conclusión. Eso no es posible porque las capacidades humanas no son idénticas. Lo que se busca -y es lo que hace, a nuestro criterio, defender el humanismo cristiano en esta línea- es que las diferencias no lleguen a ser tan grandes que los derechos humanos de los más pobres terminen siendo rasgados, truncados, agredidos por la sola existencia del modelo capitalista que hoy seguimos.
Hay cifras verdaderamente increíbles, y las confirman hoy la prensa de Derecha, de Gobierno, a la que no se puede calificar de revolucionaria y contraria al orden público. Ellas, señor Presidente y estimados colegas, son tan brutales como lo que indicaré a continuación.
Según esos datos, conforme al ingreso de las empresas más grandes de Chile, los más pobres en la escala social económica debieran trabajar por dos mil o tres mil años para equiparar las ganancias que obtienen los más ricos.
Lo que señalo es parte del proceso que tenemos que llevar a cabo, y por eso voy a aprobar esta iniciativa con absoluto cariño y afecto.
Una última cosa, señor Presidente , solo para hacer un poquito más jocosa mi intervención.
Cuando leíamos las cifras que se daban a conocer sobre las riquezas de los chilenos que se hallan entre las fortunas más grandes del mundo (aparecen en el Informe Forbes), veíamos que hasta hace poco figuraban solo cuatro o cinco empresas o personas naturales con un patrimonio del orden de los 5 mil, 6 mil u 8 mil millones de dólares. La utilidad anual que esto genera marca la diferencia de los dos o tres mil años de trabajo, lo que es insólito, absolutamente increíble. Sin embargo, hoy día -así lo dice tal publicación- ya son catorce las empresas, las personas o las familias que figuran entre las 100 más ricas.
Alguien hizo un chiste sobre ello: señalaba que cómo podíamos reclamar por la concentración económica en el país si ahora la habíamos diluido en catorce familias.
¿Eso significa francamente un aumento en la participación de los chilenos en la riqueza? ¡No! La verdad es que la sola institucionalidad, o más bien, la realidad objetiva...
El señor ESCALONA ( Presidente ).- Concluyó su tiempo.
La Mesa le concede un minuto adicional, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Gracias, señor Presidente.
Decía que la realidad objetiva hace que sea necesario prevenir en cuanto al respeto de los derechos humanos de los más pobres, de la gente con menores ingresos en nuestro país.
No obstante, no lo vamos a conseguir con lo que estamos aprobando ahora. Ello ayudará. Pero mientras no hagamos algo distinto: cambiar el régimen económico y social, obviamente los derechos humanos seguirán siendo atropellados.
Voto que sí.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente , deseo sumarme a las felicitaciones expresadas a la Ministra de Justicia , señora Patricia Pérez , por impulsar este proyecto de ley.
Lo cierto es que en Chile todos estamos de acuerdo en que el tratamiento de los derechos humanos no ha sido parte de la institucionalidad unificada ni ha contado con potestades transversales de carácter estatal, debido a que existe una dispersión en el tratamiento institucional de esta materia, la que es abordada a través de simples programas o de organizaciones gubernamentales, pero con fines muy parciales, específicos y puntuales. Ejemplos de ello son la Comisión Coordinadora para dar cumplimiento a las Observaciones del Estado de Chile, que preside el Canciller, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Por tanto, no se ha implementado cabalmente una política unitaria que permita coordinar las distintas iniciativas sectoriales y desarrollarlas en forma coherente, es decir, en cuanto a lo que significan la definición y la aplicación de políticas públicas en este ámbito.
Quiero destacar, señor Presidente , que dentro de los objetivos de la iniciativa de ley en estudio se encuentran la creación de esta Subsecretaría con la finalidad de asesorar y colaborar en la elaboración de planes, programas y toma de decisiones relativos a la promoción y la protección de los derechos humanos, como asimismo, el establecimiento de un Comité Interministerial de Derechos Humanos, que estará integrado por los titulares de seis Secretarías de Estado y será presidido por la Ministra de Justicia . Su misión principal será asesorar al Presidente de la República en la determinación de los lineamientos de la política intersectorial en el ámbito de los derechos humanos, constituyendo una instancia de información, de orientación, de coordinación y de acuerdo para los ministerios y servicios que lo integrarán.
Cabe señalar que, efectivamente, hay naciones en las que existe una Subsecretaría de Derechos Humanos -es el caso de Argentina, de Brasil, de México, de Ecuador-. Ahí tenemos una experiencia muy rica, que de alguna manera debe ser emulada por nuestro país.
En cuanto a los objetivos específicos que se persiguen, se ha hecho mención a muchos aspectos pendientes. Por ejemplo, se ha señalado que hay áreas donde se violan los derechos humanos, como las cárceles. Y la verdad es que en dichos lugares ellos son vulnerados todos los días.
Por otro lado, creo que es muy importante avanzar también en asuntos relacionados con la infancia.
Sobre ese particular varios Senadores presentamos un proyecto para crear una normativa de protección integral a los derechos de los niños y los adolescentes. Lo que se pretende es modificar o derogar la Ley de Menores, de 1967, que consagra un tratamiento muy tutelar, bastante vertical de los adultos respecto de los niños, por cuanto estos son considerados en la medida en que sean pobres y vulnerados en sus derechos, pero no como sujetos de derecho per se.
En tal sentido, queremos, en primer lugar, brindar protección universal -es decir, para todos los niños, las niñas y los adolescentes- de manera integral, o sea, en todos los ámbitos; y, en segundo término, crear una defensoría de los derechos de los menores.
La idea es que haya una instancia autónoma, imparcial, que no dependa del Gobierno de turno y que sea una especie de "Pepe Grillo", un ente que ponga el dedo en la llaga y diga dónde no se respetan aquellos derechos en nuestro país.
Respecto a ese punto tenemos que avanzar mucho, al igual que en la creación de un defensor de los derechos del pueblo.
Deseo señalar, señor Presidente , que el respeto a los derechos humanos no es algo lógico. Cuando ocurrió el golpe de Estado en Chile se pensaba que tales derechos formaban parte del paisaje. Pero se violaron sistemáticamente. Por eso resulta tan importante educar, y que los ramos que contempla el Ministerio de Educación comprendan instrucción, enseñanza, capacitación, información y sensibilización en el respeto a los derechos humanos en nuestro país.
Asimismo, me parece sumamente importante que como sociedad, como planeta, condenemos cada día más a todo tipo de dictaduras. No hay dictaduras buenas, ya sean grandes, chicas, de Derecha o de Izquierda. Todas merecen condena. ¿Por qué? Porque terminan, bajo el amparo del poder del Estado, violando los derechos humanos. Y debemos condenar toda violación a los derechos humanos, cometida en dictadura o en democracia, porque en esta también se violan los derechos fundamentales, como desgraciadamente ocurre en nuestro país, según sostienen informes de la Universidad Diego Portales.
Señor Presidente , el mejor homenaje que podemos tributar a un hombre grande como fue el cardenal Raúl Silva Henríquez -creador de la Vicaría de la Solidaridad y "voz de los sin voz"- es aprobar esta muy relevante iniciativa.
Y, por último, esperamos incorporar en la discusión particular algunas modificaciones y mejoramientos, de modo que tengamos una buena ley en esta materia.
Voto que sí.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero expresar mi absoluto respaldo a este proyecto y felicitar al Gobierno del Presidente Piñera y, por cierto, a los parlamentarios que en forma transversal lo han apoyado.
Debo decir que nuestra Administración es autora de al menos dos iniciativas en materia de protección a los derechos humanos -según se me viene a la memoria-, que son extraordinariamente valiosas.
La primera es la Ley contra la Discriminación. Este cuerpo legal establece en la práctica una muy importante protección a las personas que son discriminadas, lo cual constituye una forma de violar sus derechos básicos.
La segunda es el proyecto en debate, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya función esencial será asesorar y colaborar en la elaboración de los planes y programas y en la toma de decisiones que, en el ámbito de los derechos humanos, debe adoptar el Estado de Chile.
Por supuesto, me sumo con mucho agrado a las felicitaciones dadas a la Ministra Patricia Pérez que, entre paréntesis, cuando era Subsecretaria impulsó fuertemente esta iniciativa en la época en que el titular de la Cartera era Teodoro Ribera.
Creo que el Presidente de nuestra Comisión de Constitución ha expresado con claridad el valor y la relevancia del proyecto, sobre todo en cuanto a que el Estado asuma como política pública la promoción, la defensa, el estudio, el análisis de los casos en que potencialmente o de hecho pudieran existir violaciones a los derechos humanos, y a que tenga una posición a nivel del país y también del mundo.
Sin embargo, hay un punto que deseo abordar en el debate de esta iniciativa y que espero que sea analizado por el Senado durante su votación en particular.
Sucede que mantenemos dos visiones muy distintas -yo por lo menos escuché a un Senador que me antecedió en el uso de la palabra referirse a una- acerca de qué constituye una violación a los derechos humanos.
Coincidimos en que, cuando agentes del Estado abusan de su poder y violan las prerrogativas de las personas mediante la comisión de delitos, como torturas, asesinatos, maltratos a particulares, no cabe la menor duda de que nos hallamos frente a una grave transgresión de los derechos humanos.
Pero también constituyó una violación a los derechos humanos el asesinato, cruel y cobarde, del matrimonio Luchsinger-Mackay. ¿O este no tenía derechos humanos?
No obstante, un Senador que me antecedió en el uso de la palabra afirmó que ese acto era un delito común.
En primer lugar, quiero recordarle a ese colega que todos estos delitos son comunes. Y, así, acciones como el homicidio, la tortura (que significa el delito de lesiones), la mutilación, constituyen delitos comunes que se transforman en violaciones a los derechos fundamentales por el móvil que hay detrás de ellos.
Es decir, no todas las conductas de un agente del Estado se traducen en violaciones a los derechos humanos, sino solo las que tienen por objeto amedrentar, atemorizar, inhibir, maltratar a un sector de la sociedad o a una persona determinada con el propósito final de atemorizar a los demás.
Y aquí radica un punto muy importante, porque este tema -veo que la Sala aún no ha adoptado un pronunciamiento al respecto- ya fue resuelto por la Comisión Rettig. En efecto, esa entidad, que analizó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Gobierno militar, manifestó clara y categóricamente que constituían violaciones a los derechos humanos tanto los actos cometidos por agentes del Estado (la DINA, la CNI) en contra de civiles con el objeto de exterminarlos o torturarlos como las acciones de civiles que pertenecían a grupos extremistas y asesinaban a policías.
En consecuencia, el informe de la Comisión Rettig, votado y aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, concluyó unánimemente que ambas conductas eran violaciones a los derechos humanos.
Incluso, la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos dispone en su artículo 2º:
"El Instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional".
En ninguna parte de dicho cuerpo legal se señala que no constituirían violación a los derechos humanos los actos brutales cometidos contra el matrimonio Luchsinger-Mackay, o similar tipo de acciones perpetrado en contra de comuneros mapuches. Ambos hechos revisten igual magnitud.
¿Constituye o no una violación a los derechos humanos lo ocurrido el fin de semana pasado cuando un grupo de modestos brigadistas forestales recibieron disparos a mansalva al descender de un helicóptero para apagar un incendio? A uno de ellos le volaron un ojo y corre el riesgo de perder el otro. ¿En esa acción existió el móvil de robar o de cometer un delito común, un asalto? ¡No! El propósito, como declararon los propios brigadistas, provenientes de familias humildes de La Araucanía, fue advertirles que no volvieran a entrar a ese terreno, aun cuando fuera -¡aun cuando fuera!- para sofocar un incendio.
Entonces, señor Presidente, este tema lo debemos resolver.
No se puede sostener que existe una violación a los derechos humanos exclusivamente cuando la víctima es un civil que cae en manos de un agente del Estado -la hay, es condenable y merece total censura-, pero guardar silencio o negar dicha violación cuando un particular es atacado por un grupo de civiles con el propósito de intimidar, provocar temor y cometer los peores delitos que existen en nuestra sociedad, ¡eso también constituye una violación a los derechos humanos! Afirmar lo contrario es mantener un doble estándar, como aquellos que condenan las violaciones a los derechos humanos cometidas en diversos países del mundo -por ejemplo, en Chile, que son gravísimas e imperdonables, porque nunca se pudieron justificar-, pero que se hacen los lesos cuando se trata de reprobar el atropello a tales prerrogativas en Corea del Norte, e incluso mandan cartas de felicitación a sus gobernantes.
¿Y respecto a Cuba? "No, si en Cuba se vive el imperio del respeto a los derechos humanos". ¡De Cuba ni una palabra! ¡También se hacen los lesos!
Y cuando en esta Sala se votó un proyecto de acuerdo con el objeto de condenar la prohibición de salir de ese país impuesta a una mujer cuyo nombre no recuerdo...
El señor WALKER (don Patricio) .-
Rosa María Payá .
El señor ESPINA.-
Así es, señor Senador. Muchas gracias.
Decía que cuando se votó la condena a la decisión de no dejar salir de Cuba a Rosa María Payá algunos colegas de las bancadas de enfrente desaparecieron. ¡Ahí no hay violación a los derechos humanos...!
¡No, señor Presidente!
Por eso, debiéramos aprovechar esta iniciativa para asumir una posición y para que el país supiera lo que pensamos.
En mi concepto, si el día de mañana un agente del Estado tortura, asesina, lesiona a un particular en un acto ilegítimo y al margen de la ley, ello conforma una violación a los derechos humanos. Y si un grupo de personas atenta contra un particular o un policía para quemarlos o asesinarlos, con el propósito de amedrentar, atemorizar, inhibir, ello también es una violación a los derechos humanos.
Y no me digan que eso se refiere a los delitos comunes. Porque una cosa distinta es cuando una persona entra a robar a una casa. Ese es un delito condenable, pero el móvil, el objetivo no constituye la intimidación, el amedrentamiento, el propósito de inhibir a alguien de realizar acciones futuras.
Por lo tanto, es un debate que debemos tener.
Por eso, señor Presidente , yo apoyo esta iniciativa legal y espero que en el segundo informe la Comisión que la ve tenga oportunidad de aclarar estos puntos. Porque yo quiero saber qué derechos humanos va a defender o a promover el Estado de Chile. ¿No va a promover la defensa de los derechos humanos de la familia Luchsinger? A mi juicio, sería una aberración si guardáramos silencio sobre eso, como también lo sería si no se cautelaran los derechos humanos, para ponerlo en toda su dimensión, de los mapuches que viven en La Araucanía.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , estamos ante un proyecto del Ejecutivo que el Primer Mandatario se comprometió a enviar en el Mensaje del 21 de mayo del año pasado. Y la Ministra Patricia Pérez ha puesto todo su empeño en sacarlo adelante; prueba de ello es que ya lo estamos conociendo en esta Sala.
Su propósito es crear la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, a fin de asesorar y colaborar en la elaboración de planes, programas y toma de decisiones relativos a la promoción y protección de los derechos humanos.
Asimismo, se crea un Comité Interministerial de Derechos Humanos, integrado por los titulares de seis Carteras y presidido por la Ministra de Justicia, cuya función principal será asesorar al Presidente de la República en la determinación de los lineamientos de la política intersectorial en este ámbito.
Sin duda, el tema de los derechos humanos es, con toda razón, un asunto especialmente sensible en nuestro país, pero resultaría absurdo no compartir las funciones que tendría que asumir esta Subsecretaría, como proponer políticas públicas para la promoción de los derechos humanos; elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos; apoyar al Ministro de Justicia en el análisis crítico de la legislación interna con miras a sugerir las reformas necesarias para adecuarla a los tratados internacionales vigentes.
A ello se agrega recibir y procesar las quejas y denuncias en contra del Estado de Chile ante organismos internacionales y coordinar su defensa con otros organismos públicos; coordinar con la Cancillería la ejecución de medidas, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originadas en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos; y proponer el programa de formación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos para el sector público, entre otros asuntos.
Con esa somera descripción de las funciones bastaría para justificar la existencia de esta Subsecretaría. La relevancia del tema en la vida de la sociedad chilena en las últimas décadas es un argumento también muy poderoso.
En cuanto al contenido mismo del proyecto, y al igual que en el caso del Ministerio del Deporte, todos los asuntos relativos a la planta deberían definirse por medio de una ley y no mediante un reglamento o uno o más decretos supremos. La responsabilidad por el correcto funcionamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene que ser compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo.
De la misma manera, sería conveniente que esta Subsecretaría contara con un consejo asesor o alguna instancia que garantizara la asistencia del más amplio abanico de posiciones de la sociedad. En teoría, todos compartimos la misma concepción de lo que deben ser los derechos humanos, pero en la práctica existen diferencias y sería bueno que sus decisiones fueran respaldadas por un amplio espectro de opiniones.
En el debate hemos escuchado a varios colegas lamentar que los derechos humanos se interpretan de una manera cuando son de un sector y de otra cuando son de uno distinto. ¡Los derechos humanos son universales y para todos los chilenos!
Yo espero que a través de esta Subsecretaría realmente podamos ser unos paladines en el mundo en cuanto al respeto y la defensa de los derechos humanos.
Naturalmente, voto a favor del proyecto y espero aportar cuando se discuta artículo por artículo.
Gracias, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
En este momento ha llegado a la Mesa un certificado de la Comisión de Hacienda, en el que comunica que ha despachado el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el pago de un beneficio en favor de los trabajadores portuarios eventuales que indica.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se incorporará a la tabla inmediatamente después de la iniciativa que nos ocupa.
Así se acuerda.
(Aplausos en tribunas).
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , aprovecho de saludar a los funcionarios y trabajadores portuarios que están en las tribunas, en espera del proyecto de ley que debatiremos a continuación. Confiamos en que la Sala lo aprobará, al igual como lo hizo la Comisión de Hacienda recientemente.
Ahora bien, estamos en un debate que tiene que ver con el perfeccionamiento de la institucionalidad del Estado para tratar un tema de extraordinaria importancia que dice relación con los derechos humanos.
Sin duda, esto constituye un avance, porque permite la coordinación de políticas públicas en materia de derechos humanos y fortalece la institucionalidad de estos, permitiendo el cumplimiento de los acuerdos internacionales que Chile tiene sobre el particular.
Me correspondió viajar al Perú por razones de vinculación parlamentaria y tuve la ocasión de entrevistarme con la Ministra de Justicia . Y, al visitar el edificio en que se desempeña, fui sorprendido gratamente cuando miro el letrero que dice: "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". Y, de verdad, ahí me di cuenta de que no estábamos tan adelantados. Nosotros nos creemos los jaguares de Sudamérica y consideramos que estamos muy por delante del resto. Pero, en este aspecto al menos, sentí vergüenza porque Chile estaba atrasado. ¡Y nosotros que siempre nos decimos defensores de los derechos humanos!
Por eso, quiero saludar esta iniciativa del Gobierno y a la Ministra Pérez por acompañarnos en este debate. Como he dicho, para nosotros, este es un avance, un paso importante.
Los derechos humanos se han extendido, por una parte, como un límite o control al poder político y, por otra, como el resultado de procesos liberacionales o emancipatorios, con la consecuente inclusión política, social y cultural de las distintas comunidades.
Es un deber de todo Estado democrático la defensa de estos derechos, a través de obligaciones de garantía y de respeto sin discriminación y, para el logro de estos objetivos, resulta indispensable la definición de una política pública a seguir, de su contenido y de los órganos llamados a ejecutarla y supervisarla.
Hasta ahora, en el caso de Chile las iniciativas que hemos tenido relativas a derechos humanos han sido dispersas e inorgánicas.
Creo que este constituye un paso importante para definir el camino que nuestro país debe seguir en establecer mecanismos, instituciones, programas para atender un tema tan sentido como son los derechos de las personas, los derechos humanos.
En los contenidos del proyecto se definen diez funciones. Yo solo me voy a referir a una de ellas, para hacer un comentario: la Subsecretaría de Derechos Humanos será la encargada de recibir y procesar las quejas y denuncias presentadas en contra del Estado de Chile ante organismos internacionales con competencia en derechos humanos y coordinar su defensa con otros entes públicos, en los litigios o procedimientos derivados de ellos, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, señor Presidente , nada se dice de cuáles son las funciones de esta Subsecretaría cuando hay definiciones de tribunales y organismos internos; nada se dice de qué ocurre cuando hay demandas al interior del país, de cómo se hace cargo de ellas esta Subsecretaría, o qué hace para reparar y coordinar la defensa ante otro organismo en litigios o procedimientos derivados de estos, materia en la que sí interviene respecto de las demandas internacionales, mas no a favor de los connacionales.
A mi juicio, deberíamos avanzar seriamente en ver cómo nos hacemos cargo de las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el Estado de Chile a través de sus agentes. Los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra así lo han señalado. El Ministerio tiene una tarea importante, pero no solo con relación a las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, sino que también debe extenderse a aquellos delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, como las violaciones en que ha incurrido el Estado en contra de los pueblos originarios.
En el texto elaborado por la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato se relata crudamente el modo en que los indígenas, particularmente los mapuches en La Araucanía, eran marcados a fuego cuando se rebelaban porque les estaban quitando sus tierras. Hay un caso que tuvo lugar en Rofúe, en Osorno, que lo describe claramente. Y ahí están los testimonios de los tribunales y los medios de prensa que dan cuenta de una familia completa, integrada por 20 personas (niños, hombres, mujeres y ancianos), que fue quemada en el interior de una ruca con el objeto de quedarse con sus tierras. Así lo confesaron quienes cometieron esta barbaridad. Y este hecho no aminora el cómo el Estado y la sociedad deben sorprenderse por los crímenes que hemos conocido en el último tiempo.
El Senador Espina mencionó las situaciones relativas a los brigadistas y a la familia Luchsinger, que tienen que ver, en términos generales, con los derechos humanos de todas las personas.
Entonces, mi preocupación, señor Presidente , es dar a conocer en este debate el hecho de que el Estado también tiene vinculación con los derechos humanos que fueron violentados en el pasado. Y no hablo del pasado reciente, sino de hace 130 años (de 1881 hacia delante) con los pueblos originarios.
Asimismo, hay que observar cómo el Estado se hace partícipe en las violaciones de los derechos humanos del presente, cuando tolera que trabajadores que entregan toda una vida laboral a la sociedad y a la nación reciban una pensión de hambre.
El actual sistema previsional también constituye una violación a los derechos humanos y, por ende, en mi opinión, esta Subsecretaría, así como se hace cargo de las reclamaciones internacionales y del cumplimiento de convenios internacionales para velar por los derechos humanos, también debería intervenir en cuanto a la forma en que ha de proceder el Estado para reparar e impedir que se sigan violentando los derechos humanos de las personas, de los trabajadores, en este caso, mediante el sistema previsional.
Tenemos que procurar que esta Subsecretaría pueda promover, junto con el Ministerio de Educación, los sistemas de capacitación, de prevención, de educación de todos, en especial de las Fuerzas Armadas.
Me pregunto yo quién fomenta el respeto de los derechos humanos cuando se educa a quienes se forman en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, o a las personas que se instruyen en las instituciones del Estado.
Respecto del conocimiento de las violaciones a los derechos humanos esta Subsecretaría debería promover la verdad. No sabemos la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura militar, porque no la enseñan en los colegios. Tampoco se ilustra sobre la veracidad del despojo y violación de los derechos humanos de que fueron objeto los pueblos originarios.
Por eso, reconociendo que el proyecto representa un avance, planteo la necesidad de continuar adelante con otras iniciativas que permitan a esta Subsecretaría promover aún más los derechos humanos a través del conocimiento de la verdad histórica, porque cuando nos enseñan la historia de Chile nos dan a conocer la verdad desde el punto de vista de los vencedores y no de los vencidos, lo cual le ha hecho mucho daño a la sociedad. Los Senadores de La Araucanía saben el problema serio que tenemos en la Región, precisamente por el desconocimiento de la historia. Por ello, la Subsecretaría deberá desempeñar una función muy importante: la promoción del conocimiento de la verdad y la coordinación con la institución de defensa de los derechos humanos, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha de estar muy bien coordinado en las acciones destinadas a cumplir su fin.
Por eso, este proyecto constituye un avance y un desafío para hacer posible que los derechos humanos de los chilenos no sean violados en el extranjero ni en nuestro país y puedan ser promovidos y respetados.
Voto a favor.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Terminada la votación.
Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).-
La Mesa propone fijar como plazo para presentar indicaciones el lunes 18 de marzo, a las 12.
Así se acuerda.
El señor ESCALONA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PÉREZ ( Ministra de Justicia ).-
Señor Presidente , por su intermedio, simplemente quiero agradecer a cada uno de los Senadores y Senadoras que emitieron su voto favorable a esta iniciativa que, sin lugar a dudas, constituye un avance muy importante en materia de institucionalidad de los derechos humanos en nuestro país.
No podemos, como Gobierno, sino concordar con la idea de universalidad de los derechos humanos y también con la necesidad fundamental -así lo han expresado los distintos señores Senadores- de que esto sea parte de nuestra cultura, de nuestra capacitación. Y para eso es importante partir por el Estado. Es preciso que desde el Estado exista conciencia de que no basta que los derechos se encuentren en las convenciones, en los tratados y en las leyes, sino que se apliquen en la realidad, en la práctica, día a día. Eso supone una cultura de promoción y protección de los derechos humanos fuerte, potente, que queremos impulsar como Gobierno.
Muchas gracias.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , sugiero que en la discusión particular el proyecto sea visto por las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución, unidas, porque en la fase anterior lo analizaron en forma separada.
Ello me parece más eficiente desde el punto de vista del trabajo legislativo.
El señor ESCALONA ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la proposición del Senador Larraín.
Acordado.
Por acuerdo de la Sala, corresponde tratar la iniciativa que otorga un beneficio a los trabajadores portuarios eventuales.
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