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- rdf:value = " El señor ESPINA.- Señor Presidente , creo que esta sesión tiene una enorme importancia, porque de aquí pueden salir los impulsos necesarios para hacer cambios profundos en la forma como nuestro país ha abordado hasta ahora la responsabilidad penal de los adolescentes.
Quiero consignar que en esta misma Sala -porque fue aquí y no en la Comisión- se debatió si entraba o no en vigencia la ley respectiva. Según me recordaba el Senador señor Hernán Larraín , ella se puso en vigor del orden del mes de junio de 2007. Y los Ministros del Gobierno de la época fueron consultados -entre otros, por el Senador que habla- respecto de si se daban las condiciones materiales, humanas, económicas para poner en marcha la reforma de la ley de responsabilidad penal juvenil. Por mi parte, era Presidente de la Comisión de Constitución cuando se tramitó el proyecto pertinente. Los Secretarios de Estado afirmaron categóricamente que se contaba con los recursos, los medios, la carta Gantt que se requerían para que pudiéramos lograr una marcha perfecta o, a lo menos, razonable de dicho cuerpo legal.
Si se lee la ley, se observan, por cierto, materias que hay que corregir y que son errores graves. Pero lo más serio ha sido la forma como se ha aplicado. Porque en ella no funciona nada de nada. Y quiero decirlo categóricamente, y así lo ha expresado el informe leído por el Honorable señor Hernán Larraín , Presidente de la Comisión .
Por lo tanto, la primera cuestión es una falta de responsabilidad enorme en los Ministros de la época, quienes sostuvieron, con una liviandad increíble, que se disponía de toda la capacidad e infraestructura para echar a andar un texto legal, lo que no era verdad.
Y a quienes duden de lo que señalo les pido recurrir a los informes de Comisión emitidos en ese momento. Cuando muchos de los especialistas manifestaban sus aprensiones acerca de que la normativa se pusiera en marcha en todo el país -la reforma procesal penal solo se inició en dos Regiones: la Novena y la Cuarta-, los miembros de la Comisión expresábamos: "Tenemos serias dudas". Y aquí hay integrantes del órgano técnico. Recordarán que se recibieron respuestas implacables: "Se puede poner en marcha de inmediato". De hecho, es una atribución de la autoridad. Porque en ese momento se podía perfectamente determinar una prórroga.
En consecuencia, estimo bien importante tener presente la historia fidedigna de los hechos, para que no aparezcamos los parlamentarios frente a imputaciones como "¡Qué irresponsables! Pusieron en marcha una ley sin haber evaluado si podía funcionar o no". Se hicieron todas las preguntas. Y si un Gobierno afirma que una normativa sí funciona, ¿entonces uno por qué tiene que dudar de que el Ministro está diciendo la verdad? Y no era verdad.
Sostengo que todo funciona mal en la ley. Y quiero plantearlo, señor Presidente -participé en la redacción-, porque los cuerpos legales son textos que uno estima, en teoría, que pueden funcionar bien. Pero es preciso acompañar recursos económicos. ¡Y por Dios que se le ha mezquinado plata a ella por los Gobiernos anteriores y el actual -quiero expresarlo derechamente-, a pesar de los 13 mil millones de pesos que se afirma que se han gastado! Y no lo dudo, porque me consta que la señora Ministra , cuando era Subsecretaria -lo conversamos muchas veces-, tenía este aspecto entre sus primeras prioridades. Pero la realidad de las cosas es que los recursos que se han aportado son insignificantes frente a la tremenda repercusión social del asunto.
¡No funciona ninguna pena, señor Presidente ! Eso es lo que expone el informe que leyó mi Honorable colega Hernán Larraín .
Los centros de internación cerrados son, en su mayoría, un desastre. Los he visitado. Acompañé a la Senadora señora Lily Pérez -era Presidente de la Comisión- a ver uno en Limache. ¡Por favor! ¡Salitas de clase chicas, donde nadie puede estudiar! ¡Baños oxidados! Nadie va a poder rehabilitarse ni someterse a un proceso de reinserción social en esas condiciones. No sé cuántos habrán mejorado, pero la regla general es que operan muy mal.
Las demás penas no cumplen su finalidad.
La internación en un régimen semicerrado es un fracaso rotundo. Hay un solo recinto en La Araucanía, cerca de Temuco, donde se aplica la medida. ¿Qué hace un niño de Lonquimay a quien condenan a esa sanción? ¿Cómo la cumple y va todas las noches? Es imposible.
Recuerdo que la libertad asistida especial la redactamos con el propósito de que si se otorgaba existiera un delegado que se preocupase de que el diagnóstico se hiciera a tiempo, de que posteriormente se accediera a todos los programas de reinserción social, de la rehabilitación en el consumo de drogas o de alcohol -son la gran causa de que haya mucho joven delincuente-, del apoyo psicológico. Pero no nos engañemos: ¡ello funciona muy mal!
Y quiero darles a Sus Señorías un ejemplo de lo anterior, porque creo que es lo mejor. El 2 de marzo se dio a conocer la noticia de que la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la PDI "detuvo a dos sujetos integrantes de una banda especializada en robo a farmacias, supermercados y multitiendas" y de que uno de ellos era un muchacho de 17 años, de iniciales A. J. A., apodado `El Guatón', quien lideraba el grupo. Se consignó que registraba muchas detenciones.
Después de averiguar, quiero resumirles la historia de este joven. ¡Ha recibido 56 condenas! ¡Condenas, no detenciones! ¿Por qué delitos? Por 47 hurtos, 13 robos violentos, 2 reducciones de especies, 2 portes de arma blanca y una por lesiones de violencia intrafamiliar. ¡Trece robos violentos! Y ahí está. ¡Va a terminar matando a alguien -Dios no lo quiera- y saldrá en todos los titulares de prensa! ¡Si partió robando en un supermercado, y hoy día es un ladrón que asalta a mano armada y golpea a gente!
Por eso, la evaluación de la seguridad ciudadana es la peor del Gobierno. ¡Si reúne un 17 por ciento! ¡En esta materia se halla tan mal evaluado como los de la Concertación! Quiero expresar, con toda franqueza, que la debilidad al respecto es altísima.
Se desarrollan grandes programas en seguridad ciudadana. No tengo dudas de que el Sistema Táctico de Análisis Delictual va a obtener un gran éxito, al igual que Alerta Hogar y todo lo que significa la construcción de más de 500 plazas para copar espacios públicos. Son tremendos proyectos. Y puedo aseverar que va a disminuir la delincuencia. Pero es necesario abordar a fondo la delincuencia juvenil, como es el caso del joven a que he hecho referencia, en términos de que sea objeto de un buen tratamiento desde temprana edad. Y si continúa su carrera delictual, entonces tendrá que ir a un centro de internación, pero decente, en donde se le saque de un medioambiente delictual y se le permita reinsertarse socialmente.
Entonces, comparto lo que aquí se ha subrayado en el sentido de que se trata de una cuestión dramática, profunda...
El señor ESCALONA ( Presidente ).- Su Señoría ya ha ocupado la mitad del tiempo de Renovación Nacional.
El señor ESPINA.- Necesito un minuto más, señor Presidente .
El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme, señor Senador.
El señor ESPINA.- Como miembro de la Comisión.
Lo que quiero plantear es una cuestión básica: jamás vamos a luchar en forma eficiente contra el delito si no abordamos el asunto.
Y es preciso resolver temas de fondo pendientes.
Hay quienes sostienen que la internación en régimen cerrado es un desastre. No lo creo así. En muchos casos, al muchacho se le salva la vida al internarlo.
Estuve en Inglaterra con el Senador señor Muñoz Aburto , invitado por ese Gobierno para profundizar en materias de seguridad ciudadana, y conocí un centro de internación cerrado. Los niños internos daban las gracias -era un recinto espectacular-, porque los habían apartado del medioambiente donde vivían. Un joven condenado a cinco años por homicidio e involucrado en tráfico de drogas que había cumplido su pena -una cantidad enorme de ONG trabajaban en torno a ellos para reinsertarlos- me dijo: "A mí me salvó el que me hubieran sacado de mi medioambiente los primeros años, porque, si no, no habría salido jamás de la vida delictual".
El señor ESCALONA (Presidente).- Dispone de otro minuto, señor Senador.
El señor ESPINA.- ¿Quién más está inscrito en Renovación Nacional?
El señor ESCALONA (Presidente).- La Honorable señora Pérez.
El señor ESPINA.- Termino de inmediato, señor Presidente.
Dejo, como testimonio, el caso que mencioné, con todos sus antecedentes: 56 condenas. ¿Y qué ha hecho el Estado? Nada. Otras sanciones que se han dispuesto para la persona son 5 amonestaciones, 23 prestaciones en beneficio de la comunidad, 23 multas, 2 libertades asistidas, etcétera.
Entonces, señor Presidente , solo creo que la iniciativa que está impulsando la señora Ministra , en términos de sacar adelante rápidamente una reforma, es urgentísima. Y quiero pedirle que la agilicemos al máximo, porque este es un problema respecto del cual no podemos seguir haciendo como que es algo menor, sin repercusión.
He dicho.
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