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La señora ALVEAR.- Señor Presidente , en la Comisión de Constitución, además de escuchar a muchos expertos, observamos con gran atención la preocupación existente sobre el texto legal de que se trata y su aplicación tras cinco años, y hemos podido detectar con absoluta claridad que, como se ha destacado, hay aspectos que es preciso modificar.
Pero también se tienen que abordar nudos relevantes, desde el punto de vista de la implementación de la ley de responsabilidad penal adolescente, para lo cual no se necesita un cuerpo legal. Sumándome a la petición del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, creo que desde ya debiéramos pedir al Gobierno que las medidas de implementación que no requieren ley ojalá pudiesen adelantarse, junto al pronto envío -esperamos- de una iniciativa.
Otro tanto se podría hacer, a mi juicio, con puntos asociados a la intervención que tampoco exigen una ley.
Dentro de los nudos legales, voy solo a hacer una enumeración muy sucinta y no a reiterar aspectos ya señalados por otros colegas.
El primero es la necesidad de establecer plazos para la revisión de la medida cautelar de internación provisoria. Actualmente, un infractor adolescente puede pasar, en promedio, hasta 74 días sujeto a ella, sin que sea revisada. Esto es mucho peor que lo que les ocurre en muchas ocasiones a adultos y parece un verdadero contrasentido, el cual no ayuda en nada especialmente a los jóvenes infractores que delinquen por primera vez, cuya reinserción social es lo que buscamos.
En segundo lugar tenemos la determinación de un sistema de unificación de penas impuestas en virtud de la responsabilidad penal adolescente. Ya se ha manifestado acá lo que se desvirtúa el mecanismo cuando median una doble sanción o varias libertades asistidas, etcétera.
En tercer lugar se encuentra un sistema de unificación de penas impuestas bajo la ley de responsabilidad penal adolescente y la normativa para adultos. Porque, evidentemente, cuando se comete el primer delito siendo un joven y luego se cumplen 18 años de edad, se plantea una dificultad en muchos casos, como ocurre con la pena privativa y, luego, con la libertad vigilada, lo que desvirtúa nuevamente el mecanismo.
También es necesario fijar un criterio de prelación u orden de las sanciones. Ello se encuentra entregado ahora a la jurisprudencia y no es algo que haya sido resuelto en forma pacífica.
Por otro lado, en cuanto a nudos o problemas de implementación, se requiere -y solo voy a puntualizarlo- la especialización de los intervinientes. Los adolescentes necesitan un apoyo de esa índole en todos los ámbitos. Salvo la Defensoría Penal Pública, que tiene abogados con esa característica, ninguno de los otros intervinientes tiene especialización para poder atender estas causas. Y este es un déficit que registramos.
Es preciso crear nuevos centros de alto estándar a nivel nacional. La cantidad de plazas es insuficiente y contamos con una precaria infraestructura, como aquí se ha ejemplificado incluso con algunos casos. Se tienen que reemplazar actuales recintos por espacios que permitan el desarrollo de actividades socioeducativas.
Estudios de Paz Ciudadana reflejan en forma bastante nítida cuántas son las horas de dedicación, cuáles los espacios destinados a las diferentes actividades, y, francamente, la realidad es risible si se pretende hacer referencia a la rehabilitación de jóvenes infractores.
Se debe reemplazar la sanción en régimen semicerrado. Es la que presenta la mayor reincidencia. Y es importante, cuando se llevan cinco años de implementación y de aplicación de la reforma, tener ello en consideración.
Por otra parte, respecto a las dificultades que se asocian a la intervención, un 70 por ciento de la población reincide al año. Y este es un problema serio. La medida en la que ello más ocurre es en el régimen semicerrado, como señalé con antelación.
Los primeros días, desde el inicio del seguimiento, son los más significativos. Es cuando el joven recién salido necesita un mayor apoyo, porque durante el primer mes reincide más del 18 por ciento de la población estudiada. Entonces, es básico entregarle un respaldo en ese período. El tiempo invertido en su rehabilitación puede perderse si no se le acompaña en los días siguientes. Y eso es fundamental asumirlo.
Igualmente interesa la realidad regional. Cuando se ven las cifras de los estudios sobre reincidencia realizados por Paz Ciudadana en Regiones, por ejemplo, cabe observar que aquella que presenta la tasa anual más alta es la de Antofagasta, seguida de cerca por Atacama. Y es algo muy significativo: más del 84 por ciento y del 81 por ciento, respectivamente.
Las variables regionales también deben ser consideradas al momento de evaluar estos aspectos, los que se relacionan con medidas de carácter administrativo que tendrán que ver con mayor cantidad de personal para el acompañamiento, de apoyo para evitar la reincidencia o de programas de capacitación, o de respaldo familiar, y que es necesario, en este contexto, derivar y poder readecuar.
Por eso, es importante tener en cuenta que una ley puede tomar algo más de tiempo, ya que los cuerpos legales requieren maduración. Sin embargo, podría ser útil desde ahora, sobre la base de los estudios realizados por diferentes instituciones, llevar adelante algunas medidas de implementación práctica. Me alegro, en ese sentido, de que un grupo de trabajo esté ya avanzando en el Ministerio de Justicia, junto con diferentes actores, incluidos parlamentarios de las distintas bancadas, que puedan realmente colaborar en esa dirección.
En definitiva y concluyendo, señor Presidente , se requiere revisar la legislación y reemplazar la sanción del régimen semicerrado por otro que implique un paso intermedio entre la libertad asistida y el régimen cerrado; materializar la construcción de centros de mejor estándar; aumentar los cupos para tratamiento de drogas.
Señor Presidente , me parece inexplicable -lo he dicho en varias ocasiones- que la Fundación en la que participa el Senador Orpis haya tenido que cerrar centros para tratamiento de drogadictos en el norte del país. ¡Cómo explica uno a la ciudadanía tal hecho, considerando que tenemos niveles de drogadicción tan altos y que más del 87 por ciento de los delitos de jóvenes infractores se cometen bajo la influencia de las drogas!
¡Y se cierran centros de rehabilitación!
¡Cómo se explica eso!
Debemos abordar el asunto en forma seria y profunda, y evaluar la situación a fondo.
Es preciso clasificar a la población infractora y crear ofertas para los casos más complejos.
Finalmente,...
El señor ESCALONA ( Presidente ).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Le daré un minuto adicional.
La señora ALVEAR.- Gracias, señor Presidente.
Termino señalando algo que planteo en cada una de las intervenciones donde me es posible hacerlo. Es necesario separar el SENAME en dos instituciones: una encargada de proteger a los niños, las niñas y los adolescentes vulnerables, y otra dedicada a atender a los jóvenes infractores de ley.
Eso le urge al país y es fundamental concretarlo.
En tal sentido, lamento que un proyecto, generado en una moción encabezada por usted, señor Presidente , y a la cual adherimos otros Senadores, no haya prosperado, porque requería el patrocinio del Ejecutivo y este entregó una respuesta negativa.
Se trataba de una iniciativa muy importante.
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