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- rdf:value = " PROBIDAD EN EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA
El señor PIZARRO ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre probidad en la función pública, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7616-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 1ª, en 13 de marzo de 2012.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 8ª, en 3 de abril de 2013.
Discusión:
Sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013 (queda pendiente la discusión general).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
En sesión de 22 de mayo del año en curso quedó pendiente la discusión en general de esta iniciativa.
Cabe recordar que la Comisión de Gobierno discutió el proyecto solamente en general, dejando constancia de que contiene disposiciones que revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que se requiere para su aprobación 21 votos favorables.
Se hace presente, asimismo, que en virtud de un acuerdo adoptado por los Comités la iniciativa deberá ser informada en particular por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas.
Quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Senadores señores Cantero, Escalona, señora Allende y señor Chahuán.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Prosigue la discusión general del proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, ante todo, hago presente mi voto favorable a la idea de legislar en esta materia.
Desde mi punto de vista, es muy importante y decisivo para la salud de nuestro sistema político que se puedan fortalecer todos los mecanismos que permitan entregar a la opinión pública la seguridad de que las más altas autoridades del país actúan sujetas al principio de probidad en el ejercicio de sus funciones, así como que se legisla con el propósito de prevenir los conflictos de interés.
No cabe duda de que estamos atravesando por una de las etapas de mayor desconfianza hacia la política. Y los conflictos de interés están, a mi juicio, en el centro de dicha desconfianza.
Este es un fenómeno de carácter general que afecta al conjunto del sistema político. No quisiera que de mis palabras se entendiera que hay algún grupo o sector de opinión que se encuentra fuera de la mirada crítica y desafiante de los ciudadanos y ciudadanas, pues es indudable que en el curso de la última década, a lo menos, se han configurado un conjunto de situaciones que han lesionado severamente la legitimidad y la autoridad con la que nuestro sistema político actúa.
Estamos, en consecuencia, puestos en la necesidad de llevar adelante una acción política eficaz, que requiere esta normativa. En la discusión en particular haremos presente lo que nos parezca necesario, con el propósito de enmendar aquellas disposiciones que nos merezcan reparo. En especial, debiesen incorporarse más propuestas relativas a la resolución de los eventuales conflictos de interés en el ejercicio de la función pública, por autoridades tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
Esto, entre otras medidas, habría de referirse a los plazos a partir de los cuales una persona puede trasladarse desde el sector privado al público. No debiera ocurrir, sobre todo en el ámbito de la gestión de la autoridad económica, que haya quienes pasan desde las instituciones de defensa del sector privado -léase, por ejemplo, bufetes de abogados especialistas en manejos tributarios- al cumplimiento de funciones públicas. Tendría que haber, en este ámbito, una normativa más exigente y rigurosa. Desde mi punto de vista, debiesen contemplarse por lo menos dos años de impedimento para poder ejercer estas funciones.
Porque es un hecho demasiado sorprendente para la opinión pública que alguien que está defendiendo intereses del sector privado de la noche a la mañana pase a estar al otro lado del mesón y se transforme en un funcionario público.
Del mismo modo, cuando una persona cesa sus responsabilidades como funcionario público los plazos para asumir tareas en el sector privado debiesen ser más exigentes y dilatados. Incluso, en este ámbito me permito sugerir -porque esto es iniciativa exclusiva del Presidente de la República , ya que significa gasto público- la posibilidad de que el Estado compense económicamente, aunque fuese en parte, las remuneraciones de funcionarios públicos, con el propósito de que a lo menos un año, o incluso dos, se mantengan sin pasar a desempeñarse como ejecutivos o altos ejecutivos de una empresa que tenga, precisamente, conflictos con el Estado.
Esta es una de las áreas más delicadas. Y, en mi opinión, este texto legal debiese profundizar aún más las medidas que permitan establecer efectivamente una separación, una muralla que evite que se pueda dar con tanta facilidad el traspaso de un lado al otro del mesón y que el regulador sea capturado por el regulado.
Como señala el artículo 1° del proyecto, este tiene como propósito regular "el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención de conflictos de interés".
En mi opinión, este aspecto, el conflicto de interés, requiere medidas más drásticas, porque es público y notorio que se produce una situación anómala cuando las barreras son superadas con tanta facilidad y el que era funcionario público se transforma en gerente o director privado, sin los resguardos y el tiempo suficiente de por medio, dando la impresión a la opinión pública de que cuando estaba cumpliendo sus tareas en el Estado ya tenía amarrado el contrato para pasar a ser un alto ejecutivo de un consorcio privado.
Vuelvo a repetir: estas son materias en que la iniciativa parlamentaria no existe, porque se requiere incluso gasto público con el objetivo de acentuar las medidas preventivas, que yo creo que en este proyecto de ley no son suficientemente rigurosas. Porque se trata de evitar la situación que he descrito, la que, en definitiva, es el gran problema que afecta a las economías modernas, no solamente a la chilena, y, a través del sistema económico, al prestigio y la legitimidad del sistema político frente a la ciudadanía.
Hay situaciones que son sumamente delicadas y bochornosas, como la acontecida con la Ley de Pesca, en que existe el riesgo cierto de una investigación judicial que ponga en evidencia una interferencia del sector privado en el ejercicio de la función legislativa.
En consecuencia, yo creo que este es un tema central. Si no son debidamente resueltos los resguardos que eviten el enriquecimiento ilícito de altos personeros del Ejecutivo y de parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, el sistema político democrático estará siendo horadado, debilitado y deteriorado de manera irreparable.
Yo voy a respaldar en general el proyecto del Ejecutivo , aun cuando, en mi concepto, su envío tardó en demasía (quiero ser franco al respecto).
En definitiva, señor Ministro Secretario General de la Presidencia, esta iniciativa tiene el mérito de poner la materia en comento a disposición del Congreso Nacional para su debate.
Empero, no me cabe ninguna duda de que las medidas planteadas todavía no son suficientemente duras y rigurosas.
Para que la política democrática se dignifique, no puede ser instrumento del enriquecimiento ilegal de quienes la ejercen: la legitimidad de la política democrática exige austeridad.
Este proyecto de ley avanza en dicha dirección. Pero se deben profundizar mucho más las disposiciones contenidas en él.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, mediante la iniciativa en debate se procura avanzar más en la idea de, por un lado, actualizar y regular en un texto legal el ejercicio de la función pública por autoridades del Estado desde la perspectiva del principio de la probidad, y por otro, prevenir (como aquí se ha dicho) los conflictos de interés mediante una declaración de intereses y patrimonio.
Recuerdo perfectamente que durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se avanzó en una agenda de probidad propuesta luego de los resultados de una comisión transversal que hizo una serie de sugerencias.
Algunas de las buenas iniciativas planteadas, como la Ley del lobby, o el mejoramiento de la institucionalidad de la Contraloría, o la auditoría general de gobierno, no se han concretado.
Yo espero que exista sobre todo la Ley del lobby, porque es importante regular esta actividad para fijarle un marco legal de funcionamiento.
Hemos perdido algunas de dichas iniciativas. Pero eso no significa que no avancemos en la materia que nos ocupa.
Nuestro país es testigo de que muchas veces existen conflictos de interés. Y, como señaló el Senador Escalona, eso genera desconfianza en la ciudadanía. Aun más, provoca una especie de sospecha generalizada en el sentido de que tales conflictos terminan interviniendo en los procesos legislativos o influyendo en las decisiones que tomamos los parlamentarios.
Si tal es la imagen que se proyecta, resulta bastante deplorable.
Señor Presidente, este proyecto avanza en el fideicomiso ciego.
Me parece fundamental imponer la obligación de que el mandante se desprenda de la propiedad de sus bienes o de su administración y entregue esta a un tercero; y asimismo, la de que determinadas autoridades enajenen ciertos bienes cuando su tenencia genera claramente un conflicto.
El punto radica en que aquello se cumpla; que no sea solo un formulismo, una declaración de intenciones -es decir, que no sea letra muerta-, y que de verdad el tercero administre o el mandante venda. De lo contrario, todo puede sonar a ficción.
Recuerdo la extensa discusión habida en la Cámara de Diputados en torno a la idea de avanzar en la declaración de patrimonio, porque teníamos únicamente declaración de intereses, la cual era totalmente genérica. Algunos Diputados que hoy día son parte del oficialismo se negaron enfáticamente. Y señalaban incluso que se ponía en riesgo a los parlamentarios si se hacían públicas las declaraciones de intereses y de patrimonio.
A decir verdad, nunca comprendí ese argumento, porque vivimos en una sociedad que exige y existe una ciudadanía que cada día requiere mayor transparencia.
Considero que al respecto hubo un avance, señor Presidente . En efecto, hoy día cualquier persona puede entrar a la página web pertinente y ver las declaraciones de intereses y de patrimonio de todos los Senadores y Diputados, que deben actualizarse periódicamente. Por esa vía es factible saber con exactitud lo que cada uno de ellos tiene a lo largo de su vida parlamentaria: qué propiedades posee, en qué sociedades participa, en fin.
En todo caso, no puedo dejar de decir que costó bastante aprobar la modificación correspondiente.
Recuerdo que, tras llegar al Senado, cuando debíamos hacer las declaraciones, pregunté si se ponía o no el valor comercial de los bienes. Pero eso está sujeto al criterio del parlamentario: no es obligatorio ni está reglamentado. Y ello constituye un error, porque da pie para que algunos coloquen tal antecedente y otros no.
Ese es el tipo de situaciones que, a mi entender, generan cierto grado de desconfianza o dan la sensación de que el cumplimiento no es riguroso.
Señor Presidente, este proyecto pone el acento, correctamente, en el monto de las multas, que se eleva de manera considerable en el caso de quienes no cumplan la obligación impuesta.
Y hay aquí un aspecto importante: la obligación pertinente se impone a todas las autoridades de los Poderes del Estado, y también, a quienes actúan como asesores de la Presidencia de la República , pues tienen un tremendo poder decisorio.
Eso no estaba contemplado. Y aplaudo su inclusión, porque constituye un gran avance en lo que buscamos: mayor probidad y más transparencia. Así que estoy muy de acuerdo.
De otra parte, señor Presidente , considero lamentable que no se haga referencia -ojalá se enmiende el punto durante la discusión particular- a algo que mencionó el Senador Escalona y que muchos han llamado "puerta giratoria": la situación de los funcionarios públicos que al término del gobierno pertinente o al finalizar su mandato pasan rápidamente al sector privado y comienzan a operar desde él, en circunstancias de que antes manejaban la institucionalidad reguladora o la fiscalización.
Aquel es un problema no solo de Chile; existe en muchísimos países desarrollados y democráticos. Es necesario, entonces, buscar una solución que permita fijar un período prudencial para el paso desde el sector público al privado. Y, obviamente, se van a registrar situaciones no deseables.
Por último, opino que urge la regulación del lobby o gestión de intereses privados. No se trata de impedir esa actividad, sino de reglarla, de hacerla transparente. Espero, pues, que el proyecto pertinente se apruebe pronto.
En resumen, señor Presidente , estoy convencida de que debemos dar todos los pasos indispensables para lograr mayor probidad en la función pública. Y el texto que se nos propone constituye un avance, pese a las deficiencias que señalé.
Precisamente porque este proyecto significa avanzar en la materia, anuncio mi pronunciamiento afirmativo en esta votación.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se halla inscrito para usar de la palabra el Senador señor Cantero.
El señor WALKER (don Patricio).-
Abra la votación, señor Presidente .
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Me piden abrir la votación.
La ley en proyecto es de rango orgánico constitucional.
El señor COLOMA.-
Conforme, señor Presidente, pero manteniendo los tiempos.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Veo que Su Señoría está muy interesado en intervenir.
¿Hay acuerdo?
El señor LARRAÍN.-
Sí, señor Presidente .
El señor COLOMA.-
Pero con los mismos tiempos.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
No se preocupe, señor Senador. Le daré más tiempo si lo necesita.
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
No la he pedido, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, trataré de referirme en forma muy breve a este proyecto, que vimos en la Comisión de Gobierno.
Todo el mundo señala cosas generales en el sentido de que es importante promover la probidad, incentivar la transparencia y evitar los conflictos de interés en la función pública. Pero yo agregaría el ámbito privado; porque habitualmente, cuando hay conflictos de tal índole que involucran a personeros públicos, siempre está envuelto algún interés proveniente del mundo particular.
Aquí se han hecho denuncias en el ámbito de la Ley de Pesca. Así que queda bastante claro que no es únicamente una cuestión del sector público. Porque pareciera ser que todo lo concerniente a la probidad, a la transparencia, a la honestidad y a la decencia hemos de buscarlo a nivel del sector público: también debiésemos promoverlo en el sector privado, donde tales elementos a veces están bastante ausentes. Basta ver los últimos fallos de la Corte Suprema con relación a cláusulas abusivas y cobros unilaterales, arbitrarios, ilegales, que en último término afectan a la gente.
Ahora bien, yo destacaría de este proyecto de ley dos cosas bastante trascendentes; no les restaría importancia. Porque, efectivamente, en la discusión particular podemos mejorar el articulado; abordar materias que no están incluidas, como las inhabilidades que podrían afectar a funcionarios públicos, a autoridades públicas, en fin, que desearan ocupar cargos o asumir posiciones en el sector privado, y viceversa, cuando existen relaciones.
En tal sentido, resulta muy sorprendente, por ejemplo, que ex superintendentes de seguridad social estén trabajando hoy día en mutuales.
A decir verdad, las relaciones de ese tipo son sospechosas.
Señor Presidente , el primer tema de este proyecto tiene que ver con la ampliación de la cantidad de personas que deben efectuar declaración de intereses y patrimonio, la que, además, incluirá exigencias mucho más rigurosas que las existentes hoy.
Eso me parece sobremanera importante, porque se va a llegar a una serie de autoridades, de distintos Poderes del Estado, que ahora no tienen aquella obligación; entre ellas, los concejales, los consejeros regionales y los fiscalizadores de cualquier repartición pública, independientemente de su grado. O sea, el servidor público que desempeña funciones fiscalizadoras también tendrá que efectuar, con prescindencia de cualquier consideración, una declaración de intereses y patrimonio.
Reitero que eso es muy relevante. Porque, como aquí se ha expresado, uno de los problemas que nos afectan son los conflictos de interés.
En la Cámara de Diputados hay un proyecto sobre lobby. A mi entender, la ley que se despache servirá bastante para que haya transparencia en esa actividad. No estoy diciendo que ella sea algo malo per se, sino que el lobby tiene que ser transparente: debemos conocer a los lobbystas; tenemos que saber con quiénes conversan, cuáles son los temas que se abordan en las reuniones pertinentes, cuáles son los intereses en juego, en fin.
Por otro lado, considero importante destacar que en ciertos casos se obligará a efectuar la declaración en comento a quienes presten asesorías a determinadas autoridades o a aquellos que sean requeridos por la Contraloría en el marco de una investigación administrativa o de una auditoría.
Hoy, muchos asesores a honorarios que prestan servicios a autoridades no están afectos a la ley vigente. Y en este proyecto se deja claramente establecido que en ciertas circunstancias también deberán efectuar declaración de intereses y patrimonio. Además, como acabo de señalar, se faculta a la Contraloría para exigirla cuando haya en curso una investigación o un sumario.
No me gusta mucho que la regulación del modo como se llevará a cabo aquello quede entregada al reglamento. Creo que estamos llegando al extremo de que todo se lo dejamos a los reglamentos.
Sé que hay países (por ejemplo, Estados Unidos) donde prácticamente todo está en la ley. Puede que sea un exceso, porque las circunstancias cambian y hay que ir efectuando adaptaciones. Pero pienso que nosotros estamos llegando al otro extremo, en que muchas cosas relevantes que debiesen estar absolutamente clarificadas dentro de la ley quedan entregadas a un reglamento, lo cual, sin duda, introduce una cuota de discrecionalidad.
También estimo importante destacar que en la declaración pertinente hay que incluir los intereses gremiales.
Otro aspecto fundamental se relaciona con la determinación de las circunstancias en que se habrá de delegar a terceros la administración de bienes que supongan conflicto de interés en el ejercicio del cargo. Se trata de una especie de fideicomiso ciego. Y se establece -es lo más novedoso de todo el proyecto- que en ciertas situaciones se deberá enajenar todo o parte de los bienes involucrados.
Me parece un avance bastante sustantivo el hecho de que bajo ciertas circunstancias se constituya un mandato de administración discrecional, en una cartera de valores, y que en casos excepcionales incluso se enajenen determinados activos, especialmente cuando haya conflictos de interés.
Siento que la figura del mandato para la administración de los bienes, esta especie de fideicomiso ciego, es muy relevante.
Además...
Señor Presidente, parece que al Senador Coloma no le gusta esto, que yo considero muy importante.
Parece que sí le gusta. Está de acuerdo con su Gobierno.
¡Muy bien!
Porque yo diría, Ministro Larroulet, que este es un buen proyecto, diferente de otros en que el Ejecutivo aparece poco informado. Por ejemplo, la reforma al Congreso que se anunció, como bonus track, 48 horas después del 21 de mayo: la mayoría de las cosas que mediante ella sugiere el Presidente de la República ya las abordamos como Parlamento. Y esto lo saben también nuestros amigos del frente.
¡Hay que informar más al Presidente en algunas cosas¿!
En todo caso, el planteamiento que se formula respecto a la posibilidad de enajenar bienes y al fideicomiso ciego me parece muy relevante en el ámbito de los municipios, pues, por ejemplo, muchos alcaldes suscriben con empresas en las que ellos mismos tienen participación contratos de aseo y ornato en torno a los que se mueven ingentes recursos.
Así que voy a votar favorablemente la idea de legislar, en el entendido de que durante la discusión particular podremos presentar indicaciones para perfeccionar el proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, esta iniciativa, naturalmente, tiene su origen en mensaje, y fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Gobierno, en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados.
Su propósito es regular y actualizar en un solo texto legal el ejercicio de la función pública por autoridades del Estado, desde la perspectiva del principio de probidad, y prevenir conflictos de interés mediante una declaración de intereses y patrimonio.
Sin duda, nadie puede estar en contra de que se perfeccione la normativa ya existente en materia de probidad. Por tanto, la aprobación de la idea de legislar sobre esta materia no debería presentar mayores dificultades.
Hay que considerar que este proyecto es, en los hechos, la continuación del trabajo realizado para concordar la reforma constitucional de 2005, con el que se reconoció en nuestra institucionalidad el principio de probidad. Y en la definición legal se dice que la probidad consiste en "observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y legal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.".
Desde ese año a la fecha hemos acumulado experiencia suficiente para establecer sobre la materia un nuevo cuerpo legal, que recoja el fruto de tal conocimiento.
Por cierto, se pueden agregar muchas cosas. En la Comisión se planteó la situación de quienes abandonan un cargo público e inmediatamente pasan a integrar empresas privadas sometidas poco antes a su fiscalización. Todo eso se puede incorporar en la discusión particular, asumiendo siempre, como primer objetivo, el despacho del proyecto, idealmente, dentro del primer semestre de este año.
Sobre la materia específica que indiqué, coincido plenamente con la opinión del Senador Escalona, que en la Comisión se analizó latamente.
Sin embargo, quiero llamar la atención en el sentido de que, a aquel respecto, países más avanzados que el nuestro ya vienen un poco de vuelta. Porque la información que se pide es para conocimiento de todos. Pero si cae en manos de malandrines, pueden ver, por ejemplo, que Pedro declaró 3 millones de dólares depositados en tal banco; plagiar a uno de sus parientes; pedirle por él 2 millones, expresando: "No me diga que no los tiene, pues sabemos que en tal institución usted posee más que esa cantidad", y amedrentarlo mandándole una mano del secuestrado.
Entonces, ¿cómo se protege a esa persona si la información es pública y todos pueden acceder a ella?
Creo que hay que buscar un mecanismo de resguardo, como el que se está aplicando en Estados Unidos. O sea, habiéndose entregado toda la información, pueden actuar otros organismos públicos nuestros, de gran confiabilidad.
¿Por qué le temen tanto a Impuestos Internos? ¿No podría este Servicio ejercer el control de la información, comparando la situación inicial con la situación final? ¿O la Contraloría General de la República? ¿O la propia institución madre de la que dependa el funcionario?
Hay que darle otra vuelta al asunto, señor Presidente . Ya se conversó un poco en la Comisión de Gobierno. Estamos por la transparencia absoluta, pero hay malandrines que pueden hacer mal uso de la información. ¿Y qué protección tiene la persona obligada a efectuar de manera clara y transparente la declaración en comento?
Por eso, estando por completo de acuerdo con este proyecto de ley, espero que en la Comisión se busque un grado de resguardo para evitar que mañana las autoridades sean víctimas de plagio como ha ocurrido en muchos países del mundo que en esta materia ya vienen de vuelta.
Naturalmente, apruebo la idea de legislar.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
A continuación, tiene la palabra, por muchos minutos, el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
¡No tantos: solo los necesarios! Pero no cinco minutos, sino diez.
Señor Presidente, no cabe duda de que, al leer el título del proyecto de ley, relativo a normas en favor de la probidad, naturalmente se tiende a una disposición positiva, porque nadie puede estar en contra de ese propósito. Pero la visión del Senador que habla no es tan optimista como la que se ha planteado aquí, en el Congreso, y tengo algunos reparos respecto de la filosofía que hay detrás de la iniciativa.
Aprovecho de recomendar un libro muy notable de Daniel Kahneman, único no economista que ha obtenido el premio Nobel de Economía, quien, a propósito del juicio y de la toma de decisiones, explica la dicotomía que particularmente se da en el cerebro de quienes tienen que resolver, entre ellos los políticos. Intervienen dos mecanismos: el sistema 1 -así se define-, que es el intuitivo, rápido, con respuesta para todo y en el cual el individuo se deja llevar mucho por lo que eso pueda suponer; y el sistema 2, mucho más lento, perezoso, en el que se da una segunda vuelta y se miden con mayor profundidad cuáles son, dentro de la sociedad, los efectos de las decisiones propuestas por el anterior. Y planteo esta reflexión literaria porque creo que algo de eso ocurre precisamente en el proyecto de ley.
Esta es una iniciativa que busca prestigiar la política. Y, básicamente, genera o instala, en un conjunto de prohibiciones o exigencias a los servidores públicos, la clave con la cual poder fortalecer la probidad y, con eso, la respetabilidad de la acción pública.
Es algo similar a lo que se intentó o se hizo, con éxito relativo -por la forma de resolver, no por el contenido-, en el caso de la ley de transparencia. Dicho cuerpo legal era necesario, existiendo un espacio de opacidad que había que cubrir en una sociedad moderna; pero se llegó a un extremo en el que no sé si hoy día necesariamente el propósito perseguido está ayudando a que el país funcione o más bien está generando problemas para tal efecto.
Antes de intervenir en la Sala me di la molestia de hacer averiguaciones con algunos Secretarios de Estado. Se me dijo, por ejemplo, que solo en los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y de Agricultura se registran 15 mil peticiones de información al año. La única labor de más de 200 funcionarios públicos es responder oficios de requerimiento de antecedentes.
Alguien podrá oponerme que se trata de algo muy relevante. ¡Claro! Al preguntar en el Ministerio de Vivienda qué fue lo último, me impuse de que un ciudadano pidió que le mandaran todas las normas legales en virtud de las cuales se le prohibía trotar desnudo en el Parque Metropolitano, perteneciente a la Cartera. Otro individuo pidió copia de los últimos 400 oficios enviados por la Ministra de Obras Públicas.
Entonces, al final, el concepto de transparencia, que es deseable, se transforma -al ser instalado como solución, pero sin un criterio para ser aplicado-, en una traba para el funcionamiento de las Secretarías de Estado que deberían resolver problemas o da lugar a una burocracia.
Mi temor, señor Presidente, es que algo equivalente pueda ocurrir con el articulado en estudio.
Observo en la iniciativa dos líneas gruesas, no solo una.
Comparto una de ellas, que es la precisión de cómo se debe generar la declaración de intereses y patrimonio. En ese sentido, creo que nos hallamos ante un buen proyecto, porque claramente es muy superior a la complejidad en que terminó el anterior. Basta leer las declaraciones que muchos entregan para darse cuenta de que no se entiende nada.
Pero la idea de legislar contiene otro elemento, que es la obligación de delegar a terceros la administración de bienes. Mantengo ahí una visión contraria, porque, desde mi perspectiva, los ciudadanos que nos dedicamos al servicio público no somos discapacitados, desde un punto de vista legal.
Cuando estudié Derecho, se contemplaban personas plenamente capaces y las incapaces. Aquí se ha inventado una tercera fórmula, en cuanto a una incapacidad del que ejerce una función pública para administrar sus bienes. Eso no es sobre la base de una determinada cantidad de ellos: es por ocupar un cargo.
Como se podrá ver en mi declaración de intereses, tendré que otorgar un mandato, al igual que en muchos casos, para administrar una acción del Club Hípico. No voy a autorizar a que la vendan, porque es de las cosas que me gustan. Y poseo acciones del capitalismo popular desde hace muchos años. Me veré en la necesidad de contratar a alguien para estos efectos.
Es un buen negocio, dicho sea de paso, para el mundo privado, porque existirá la obligación de que alguna entidad administre un patrimonio. Y ello dice relación con todos los presentes. A mí no me importa, desde una perspectiva de obtener alguna ventaja. Pero, filosóficamente, no sé si eso va a generar incentivos para que más personas entren al servicio público. No sé si se apunta en el sentido correcto de concluir que una actividad es noble, que existen autocontrol y disciplina, que hay gente seria, o bien, que somos tan, pero tan incapaces, o peligrosos, o ineptos, que tenemos que entrar en una excepción respecto de la administración de un bien.
A estas alturas de la vida, uno dice con más libertad lo que piensa. Probablemente resultará extraño, pero creo que esta no es la fórmula global de enfrentar la validación de la política. ¿Dónde está el eje de la desnaturalización de la actividad o del desprestigio, más allá del aspecto social, evolutivo? Obviamente, en un mundo menos dramático, con más consensos máximos, es más difícil una adhesión política tan incondicional como la de décadas anteriores. Y este es un fenómeno mundial. Pero parte de la legítima diferencia dice relación con noticias como la publicada recién hoy día en el sentido de que el Senado demoró cuatro años en despachar el proyecto sobre la televisión digital; o con la calidad de las leyes, que no pasan, muchas veces, por todas las exigencias de rigor y después tienen que ser modificadas; o con un despacho a la carrera en función de situaciones emocionales que se dan permanentemente y que suelen ser malas consejeras para legislar pensando en el Chile grande, en el del futuro, y no en el de la próxima semana.
Por lo tanto, coincidiendo con la primera parte de lo que aquí se busca, no comparto la filosofía de que la forma de enfrentar la vinculación con conflictos de intereses es declarar la incapacidad jurídica o mental de determinadas personas para administrar sus bienes.
Si fuera en función de montos, del tipo de legislación, ahí están las inhabilidades para determinadas votaciones. Pero mandatos obligatorios de un montón de funcionarios públicos -lo digo en el Congreso, porque lo estaba leyendo- y el encapsulamiento que se registra no constituyen, desde mi perspectiva, el tipo de respuesta que me nace.
Soy partidario de la libertad, de la dignidad. Soy un firme convencido de que el servicio público es un deber muy noble, que es preciso conducir siempre, obviamente; pero no es algo de lo que me tenga que sentir avergonzado por ser parte de un Congreso, en términos tales de ser necesario un sistema de administración completamente impropio de alguien libre, honrado, que no actúa en el giro del delito.
Quería por lo menos exponer mi punto de vista en la materia, señor Presidente , porque, en el caso de la transparencia, siento que me faltó más fortaleza para destacar, en su momento, los excesos que a veces origina una buena idea mal implementada. En la perspectiva del Gobierno, veo el tiempo y la dedicación que Ministros y funcionarios destinan a responder cuestiones que no tienen nada que ver con el sentido último de la transparencia. No quiero que ocurra ahora algo parecido. No me parece que sea la línea correcta.
Valoro lo de la declaración de intereses y patrimonio. Pero no estimo adecuado que el proyecto haya buscado velar por la probidad siguiendo la vía de generar un manto de duda permanente sobre la honradez o valía de quienes se dedican al servicio público.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Puede intervenir el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, para complementar lo que dijo el Senador señor Coloma, deseo agregar que hay aspectos que aquí no se han abordado.
Me pregunto si un director del Banco Central va a tener que enajenar sus acciones. Me interesaría que el señor Ministro pudiera informar al respecto.
Me pregunto si donde realmente se manejan recursos, como en las empresas del Estado, ya sean centralizadas o descentralizadas, sus directores o altos ejecutivos enfrentarán la misma obligación.
Ello no se encuentra contemplado en el proyecto.
Es algo que hemos planteado durante muchos años. Por ejemplo, gerentes de división o corporativos de CODELCO han sido dueños de empresas contratistas. Algunas personas que han administrado miles y miles de millones de pesos se han autoasignado contratos.
Repito que el articulado no considera esa situación.
En general, da la impresión de que la cuestión solo involucra a Senadores, Diputados y Ministros. Pero los que manejan recursos se encuentran en otra parte, por lo general. Y el tráfico de influencias está por allá. Esas otras personas, sin embargo, no tienen que enajenar sus bienes.
A mi juicio, la intencionalidad de la iniciativa es correcta: se debe declarar lo que corresponde. Pero si ello se desea hacer bien, tiene que ser completo. Quisiera que el Ejecutivo recogiera estas inquietudes, que son históricas. Me gustaría que, vía indicaciones, se complementara lo de si será preciso enajenar o no en la situación expuesta, o bien, se mantendrá el mismo sistema.
No puedo votar porque estoy pareado con mi Honorable colega Rincón, mas considero importante, en todo caso, la discusión que se dé en particular respecto de estas materias.
He dicho.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor, 4 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, García, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Coloma, Frei (don Eduardo), Kuschel y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor García-Huidobro.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Se deja constancia de la intención de voto positivo del Honorable señor Lagos.
Senador señor Bianchi, ¿qué plazo sugiere para la presentación de indicaciones?
El señor BIANCHI.-
Hasta el término de la semana regional, señor Presidente.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Se fijará para tal efecto, entonces, el lunes 1° de julio, a las 12, en la Secretaría de la Comisión.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo valorar la aprobación en general del proyecto y expresarles a los señores Senadores que han intervenido que el Ejecutivo espera acoger en la discusión particular las sugerencias y perfeccionamientos expuestos en el debate efectuado durante las dos sesiones en que se ha tratado la materia, el cual ha sido muy rico e interesante.
Pero, además, quisiera consignar que la iniciativa forma parte de un conjunto. No basta por sí misma. En efecto, tenemos también en el Senado, en la Comisión de Gobierno, un proyecto que esperamos que prontamente llegue a la Sala, el cual perfecciona la ley de transparencia, a la luz de la experiencia de cuatro años, y recoge muchos de los planteamientos expuestos ahora. Y ya fue aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara, después de un largo período de labor, la normativa que regula el lobby. En suma, estamos trabajando en distintos frentes. He mencionado solo algunos proyectos muy relevantes.
Creo que el país está avanzando. De hecho, hoy día se dio a conocer una encuesta que muestra, desde la perspectiva tanto de la percepción de transparencia y de corrupción como de hechos, un progreso muy importante desde hace bastante tiempo. Así que creo que estamos bien encaminados.
Como Gobierno, vamos a acoger -repito- las sugerencias formuladas, y esperamos trabajar en conjunto con la Comisión en el debate en particular, de manera de llegar a acuerdo para despachar el texto.
Muchas gracias.
El señor LAGOS.-
Pido la palabra.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
¿Para una cuestión de Reglamento?
El señor LAGOS.-
Quiero hacerle una consulta al señor Ministro .
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).-
Ya terminó el debate de la iniciativa, que vuelve a Comisión. Todavía tenemos plazo para discutirla.
El señor LAGOS.-
Solo deseaba preguntar cuándo se enviará el proyecto sobre el voto de los chilenos en el exterior.
Lo estamos esperando.
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