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- rdf:value = " El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, ante todo, hago presente mi voto favorable a la idea de legislar en esta materia.
Desde mi punto de vista, es muy importante y decisivo para la salud de nuestro sistema político que se puedan fortalecer todos los mecanismos que permitan entregar a la opinión pública la seguridad de que las más altas autoridades del país actúan sujetas al principio de probidad en el ejercicio de sus funciones, así como que se legisla con el propósito de prevenir los conflictos de interés.
No cabe duda de que estamos atravesando por una de las etapas de mayor desconfianza hacia la política. Y los conflictos de interés están, a mi juicio, en el centro de dicha desconfianza.
Este es un fenómeno de carácter general que afecta al conjunto del sistema político. No quisiera que de mis palabras se entendiera que hay algún grupo o sector de opinión que se encuentra fuera de la mirada crítica y desafiante de los ciudadanos y ciudadanas, pues es indudable que en el curso de la última década, a lo menos, se han configurado un conjunto de situaciones que han lesionado severamente la legitimidad y la autoridad con la que nuestro sistema político actúa.
Estamos, en consecuencia, puestos en la necesidad de llevar adelante una acción política eficaz, que requiere esta normativa. En la discusión en particular haremos presente lo que nos parezca necesario, con el propósito de enmendar aquellas disposiciones que nos merezcan reparo. En especial, debiesen incorporarse más propuestas relativas a la resolución de los eventuales conflictos de interés en el ejercicio de la función pública, por autoridades tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
Esto, entre otras medidas, habría de referirse a los plazos a partir de los cuales una persona puede trasladarse desde el sector privado al público. No debiera ocurrir, sobre todo en el ámbito de la gestión de la autoridad económica, que haya quienes pasan desde las instituciones de defensa del sector privado -léase, por ejemplo, bufetes de abogados especialistas en manejos tributarios- al cumplimiento de funciones públicas. Tendría que haber, en este ámbito, una normativa más exigente y rigurosa. Desde mi punto de vista, debiesen contemplarse por lo menos dos años de impedimento para poder ejercer estas funciones.
Porque es un hecho demasiado sorprendente para la opinión pública que alguien que está defendiendo intereses del sector privado de la noche a la mañana pase a estar al otro lado del mesón y se transforme en un funcionario público.
Del mismo modo, cuando una persona cesa sus responsabilidades como funcionario público los plazos para asumir tareas en el sector privado debiesen ser más exigentes y dilatados. Incluso, en este ámbito me permito sugerir -porque esto es iniciativa exclusiva del Presidente de la República , ya que significa gasto público- la posibilidad de que el Estado compense económicamente, aunque fuese en parte, las remuneraciones de funcionarios públicos, con el propósito de que a lo menos un año, o incluso dos, se mantengan sin pasar a desempeñarse como ejecutivos o altos ejecutivos de una empresa que tenga, precisamente, conflictos con el Estado.
Esta es una de las áreas más delicadas. Y, en mi opinión, este texto legal debiese profundizar aún más las medidas que permitan establecer efectivamente una separación, una muralla que evite que se pueda dar con tanta facilidad el traspaso de un lado al otro del mesón y que el regulador sea capturado por el regulado.
Como señala el artículo 1° del proyecto, este tiene como propósito regular "el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención de conflictos de interés".
En mi opinión, este aspecto, el conflicto de interés, requiere medidas más drásticas, porque es público y notorio que se produce una situación anómala cuando las barreras son superadas con tanta facilidad y el que era funcionario público se transforma en gerente o director privado, sin los resguardos y el tiempo suficiente de por medio, dando la impresión a la opinión pública de que cuando estaba cumpliendo sus tareas en el Estado ya tenía amarrado el contrato para pasar a ser un alto ejecutivo de un consorcio privado.
Vuelvo a repetir: estas son materias en que la iniciativa parlamentaria no existe, porque se requiere incluso gasto público con el objetivo de acentuar las medidas preventivas, que yo creo que en este proyecto de ley no son suficientemente rigurosas. Porque se trata de evitar la situación que he descrito, la que, en definitiva, es el gran problema que afecta a las economías modernas, no solamente a la chilena, y, a través del sistema económico, al prestigio y la legitimidad del sistema político frente a la ciudadanía.
Hay situaciones que son sumamente delicadas y bochornosas, como la acontecida con la Ley de Pesca, en que existe el riesgo cierto de una investigación judicial que ponga en evidencia una interferencia del sector privado en el ejercicio de la función legislativa.
En consecuencia, yo creo que este es un tema central. Si no son debidamente resueltos los resguardos que eviten el enriquecimiento ilícito de altos personeros del Ejecutivo y de parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, el sistema político democrático estará siendo horadado, debilitado y deteriorado de manera irreparable.
Yo voy a respaldar en general el proyecto del Ejecutivo , aun cuando, en mi concepto, su envío tardó en demasía (quiero ser franco al respecto).
En definitiva, señor Ministro Secretario General de la Presidencia, esta iniciativa tiene el mérito de poner la materia en comento a disposición del Congreso Nacional para su debate.
Empero, no me cabe ninguna duda de que las medidas planteadas todavía no son suficientemente duras y rigurosas.
Para que la política democrática se dignifique, no puede ser instrumento del enriquecimiento ilegal de quienes la ejercen: la legitimidad de la política democrática exige austeridad.
Este proyecto de ley avanza en dicha dirección. Pero se deben profundizar mucho más las disposiciones contenidas en él.
He dicho.
"
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