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La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, mediante la iniciativa en debate se procura avanzar más en la idea de, por un lado, actualizar y regular en un texto legal el ejercicio de la función pública por autoridades del Estado desde la perspectiva del principio de la probidad, y por otro, prevenir (como aquí se ha dicho) los conflictos de interés mediante una declaración de intereses y patrimonio.
Recuerdo perfectamente que durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se avanzó en una agenda de probidad propuesta luego de los resultados de una comisión transversal que hizo una serie de sugerencias.
Algunas de las buenas iniciativas planteadas, como la Ley del lobby, o el mejoramiento de la institucionalidad de la Contraloría, o la auditoría general de gobierno, no se han concretado.
Yo espero que exista sobre todo la Ley del lobby, porque es importante regular esta actividad para fijarle un marco legal de funcionamiento.
Hemos perdido algunas de dichas iniciativas. Pero eso no significa que no avancemos en la materia que nos ocupa.
Nuestro país es testigo de que muchas veces existen conflictos de interés. Y, como señaló el Senador Escalona, eso genera desconfianza en la ciudadanía. Aun más, provoca una especie de sospecha generalizada en el sentido de que tales conflictos terminan interviniendo en los procesos legislativos o influyendo en las decisiones que tomamos los parlamentarios.
Si tal es la imagen que se proyecta, resulta bastante deplorable.
Señor Presidente, este proyecto avanza en el fideicomiso ciego.
Me parece fundamental imponer la obligación de que el mandante se desprenda de la propiedad de sus bienes o de su administración y entregue esta a un tercero; y asimismo, la de que determinadas autoridades enajenen ciertos bienes cuando su tenencia genera claramente un conflicto.
El punto radica en que aquello se cumpla; que no sea solo un formulismo, una declaración de intenciones -es decir, que no sea letra muerta-, y que de verdad el tercero administre o el mandante venda. De lo contrario, todo puede sonar a ficción.
Recuerdo la extensa discusión habida en la Cámara de Diputados en torno a la idea de avanzar en la declaración de patrimonio, porque teníamos únicamente declaración de intereses, la cual era totalmente genérica. Algunos Diputados que hoy día son parte del oficialismo se negaron enfáticamente. Y señalaban incluso que se ponía en riesgo a los parlamentarios si se hacían públicas las declaraciones de intereses y de patrimonio.
A decir verdad, nunca comprendí ese argumento, porque vivimos en una sociedad que exige y existe una ciudadanía que cada día requiere mayor transparencia.
Considero que al respecto hubo un avance, señor Presidente . En efecto, hoy día cualquier persona puede entrar a la página web pertinente y ver las declaraciones de intereses y de patrimonio de todos los Senadores y Diputados, que deben actualizarse periódicamente. Por esa vía es factible saber con exactitud lo que cada uno de ellos tiene a lo largo de su vida parlamentaria: qué propiedades posee, en qué sociedades participa, en fin.
En todo caso, no puedo dejar de decir que costó bastante aprobar la modificación correspondiente.
Recuerdo que, tras llegar al Senado, cuando debíamos hacer las declaraciones, pregunté si se ponía o no el valor comercial de los bienes. Pero eso está sujeto al criterio del parlamentario: no es obligatorio ni está reglamentado. Y ello constituye un error, porque da pie para que algunos coloquen tal antecedente y otros no.
Ese es el tipo de situaciones que, a mi entender, generan cierto grado de desconfianza o dan la sensación de que el cumplimiento no es riguroso.
Señor Presidente, este proyecto pone el acento, correctamente, en el monto de las multas, que se eleva de manera considerable en el caso de quienes no cumplan la obligación impuesta.
Y hay aquí un aspecto importante: la obligación pertinente se impone a todas las autoridades de los Poderes del Estado, y también, a quienes actúan como asesores de la Presidencia de la República , pues tienen un tremendo poder decisorio.
Eso no estaba contemplado. Y aplaudo su inclusión, porque constituye un gran avance en lo que buscamos: mayor probidad y más transparencia. Así que estoy muy de acuerdo.
De otra parte, señor Presidente , considero lamentable que no se haga referencia -ojalá se enmiende el punto durante la discusión particular- a algo que mencionó el Senador Escalona y que muchos han llamado "puerta giratoria": la situación de los funcionarios públicos que al término del gobierno pertinente o al finalizar su mandato pasan rápidamente al sector privado y comienzan a operar desde él, en circunstancias de que antes manejaban la institucionalidad reguladora o la fiscalización.
Aquel es un problema no solo de Chile; existe en muchísimos países desarrollados y democráticos. Es necesario, entonces, buscar una solución que permita fijar un período prudencial para el paso desde el sector público al privado. Y, obviamente, se van a registrar situaciones no deseables.
Por último, opino que urge la regulación del lobby o gestión de intereses privados. No se trata de impedir esa actividad, sino de reglarla, de hacerla transparente. Espero, pues, que el proyecto pertinente se apruebe pronto.
En resumen, señor Presidente , estoy convencida de que debemos dar todos los pasos indispensables para lograr mayor probidad en la función pública. Y el texto que se nos propone constituye un avance, pese a las deficiencias que señalé.
Precisamente porque este proyecto significa avanzar en la materia, anuncio mi pronunciamiento afirmativo en esta votación.
He dicho.
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