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El señor PIZARRO ( Presidente ).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de reforma de la Carta, iniciado en moción de los Senadores señores Letelier, Gómez y Patricio Walker, en primer trámite constitucional, que establece que el Estado debe eliminar los obstáculos que de hecho impidan el pleno desarrollo de las personas, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8871-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Letelier, Gómez y Walker, don Patricio):
En primer trámite, sesión 9ª, en 9 de abril de 2013.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 53ª, en 4 de septiembre de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo de este proyecto es consagrar en la Carta Fundamental la obligación del Estado de eliminar los obstáculos que limiten de hecho la igualdad y la libertad e impidan el pleno desarrollo de la persona. Para ello deberá promover medidas que garanticen el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió esta iniciativa en general y en particular, por ser de artículo único, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Pérez San Martín y señores Letelier y Orpis. No obstante lo anterior, propone a la Sala aprobarla solo en general.
Cabe recordar que durante la discusión particular el proyecto deberá ser informado también por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Hago presente que esta iniciativa tiene que ser aprobada por dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 42 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, la Carta Fundamental, en sus orígenes en la Comisión Constituyente, se gestó en un período más bien de poco debate público. Pero sí hubo entre los integrantes de dicho órgano discusión sobre los alcances de los numerales 1° y 2° del artículo 19, en particular acerca de los derechos consagrados para las personas.
En el número 1° se parte de un supuesto: el de que el Texto Fundamental asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
Los hechos demuestran que aquello no es efectivo: no todas las personas nacen con iguales derechos, ni menos con la misma integridad física y psíquica.
Por eso, hace ya muchos años se generó un debate en la comunidad mundial, y existen convenciones internacionales para tratar de modificar el criterio que equívocamente se consagra en nuestra Constitución.
Aun más: en los diversos convenios contemporáneos, particularmente en los vinculados a las personas con discapacidad, se ha indicado que el Estado tiene la responsabilidad de reconocer acciones afirmativas para quienes no pueden ejercer en plenitud sus derechos.
Inspirados en tal propósito y en la experiencia comparada de otros países de América Latina, especialmente en la de Ecuador -quiero recordar que el año pasado estuvo en esta Sala el Vicepresidente de dicha nación, don Lenin Moreno -, sobre la base de lo hecho por el mencionado país respecto a las personas con capacidades distintas, un grupo de Senadores impulsamos esta enmienda constitucional.
¿Cuál es el propósito de la reforma planteada, que en el texto original era más amplio y luego, conforme a lo acordado por la Comisión, se acotó?
Nosotros creemos que debe consagrarse en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta que es "una obligación del Estado eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona.".
Esa es una afirmación de principios, que todos compartimos, por cierto.
Pero lo adicional que se ha planteado para el numeral 2° del artículo 19 es que "el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa" -este es el lenguaje contemporáneo, no aquel que hace referencia a "discriminación afirmativa"- "que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, garantizados por esta Constitución y por los tratados internacionales...".
¿Cuál es el objetivo que se persigue, señor Presidente?
Dada la redacción de nuestra Carta, conforme a la cual se piensa que todos somos iguales, hoy no es factible impulsar, sin la reforma constitucional que nos ocupa esta tarde, acciones afirmativas para personas con discapacidad.
Podríamos poner medidas de acción afirmativa para otros grupos de la sociedad. Sin embargo, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos acordamos acotar la reforma al mundo de la discapacidad.
Hoy día no resulta factible impulsar acciones afirmativas a favor de una persona discapacitada para insertarla, por ejemplo -y, en primera instancia, este era para mí el propósito-, en el ámbito del empleo, pues hacerlo envuelve una discriminación inconstitucional.
La Carta supone la igualdad de todos. Por tanto, el Estado no puede -y por ende, las leyes tampoco- impulsar una acción que, ante determinada situación, privilegie a discapacitados por sobre otras personas.
La imposibilidad de promover acciones afirmativas dificulta sobremanera el cumplimiento de los tratados internacionales, e incluso, una ley sobre incorporación plena de los discapacitados al quehacer de nuestra comunidad.
Señor Presidente, el objetivo de esta reforma constitucional es poner a Chile a la altura de sus convenios y compromisos internacionales y, a la luz de la experiencia comparada, generar los instrumentos necesarios para que en nuestro país sea factible impulsar, en otros marcos legales, acciones afirmativas para el pleno desarrollo de todas las personas.
Reitero que la obligación del Estado que explicité se limitó solo al mundo de la discapacidad. Y eso fue lo que generó el consenso.
Por cierto, podrían haberse ampliado los alcances del proyecto en debate para incluir a personas de diferentes etnias, de condiciones de género distintas, en fin. Pero -insisto- se optó en esta etapa únicamente por el mundo de la discapacidad.
El Senado tuvo una experiencia concreta en la materia: hubo un concurso para llenar una vacante, y se quiso privilegiar a una persona no vidente; empero, ello fue imposible, pues otro postulante cuestionó tal acción positiva.
Señor Presidente , Ecuador , que tiene un desarrollo económico bastante menor que el nuestro, es el primer país de América Latina -y probablemente del mundo- donde hay pleno empleo para los discapacitados. Ello, porque se impulsó en la Constitución el deber del Estado de promover acciones afirmativas y, para su contratación tanto en el sector público cuanto en el privado, se fijaron cuotas que, aunque muy bajas, permitieron la integración absoluta del mundo de la discapacidad.
Muchas personas con problemas motrices, o auditivos, o visuales, en fin, están en condiciones de trabajar con total eficacia, pero no pueden hacerlo debido a la discriminación cultural existente en nuestras sociedades.
Ecuador es, sin duda, la nación que más ha avanzado en la materia en nuestro continente.
La reforma que nos ocupa esta tarde, señor Presidente, apunta a hacernos cargo de uno de los vacíos de origen de que adolece la Constitución.
Estoy seguro de que nadie se opone al criterio que mediante el proyecto en debate se plantea para el mundo de la discapacidad, que no significa sino hacer justicia a un porcentaje de chilenas y chilenos que, hallándose habilitados para trabajar e integrarse plenamente, requieren que el Estado impulse medidas de acción afirmativa que les permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos que les asisten.
Señor Presidente , la Constitución consagra derechos que algunas personas no pueden ejercer. Eso llevó a que en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, encabezada por el Senador Orpis, aprobáramos por unanimidad la iniciativa pertinente.
Invito a sumarse a la reforma que planteamos.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , todavía no logro formarme opinión concreta acerca de este proyecto de reforma, que se inserta en el Capítulo III de nuestra Carta Fundamental, el cual habla "De los derechos y deberes constitucionales", y que, específicamente, busca agregar al numeral 2° del artículo 19 un inciso tercero, precepto que, en principio, me merece las siguientes reflexiones.
El referido inciso tercero dice: "Constituye una obligación del Estado eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona. Para ello, el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, garantizados por esta Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".
En primer lugar, llamo la atención en el sentido de que el referido inciso, en su parte inicial, hasta el punto seguido, establece una norma de carácter general, amplia, cuando dice que el Estado debe "eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona".
O sea, eso es todo lo imaginable y lo inimaginable.
Sin embargo, luego viene un punto seguido, tras el cual se expresa: "Para ello, el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". Por lo tanto, se focaliza en "las personas con discapacidad".
La reflexión que yo hago, sin ser abogado, es que por un lado hay un precepto de carácter general, amplio, y por otro, no en un inciso distinto, sino dentro del mismo inciso tercero que se pretende incluir, se focaliza estrictamente en las personas con discapacidad.
Señor Presidente , percibo que, antes de votar la idea de legislar -y esta es mi petición concreta-, debiéramos enviar el proyecto en debate a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Una Carta Fundamental debe guardar gran coherencia y, además, ser muy armónica. Sus disposiciones tienen que relacionarse entre sí, máxime cuando hablamos de derechos y deberes constitucionales.
Contamos con la opinión de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: me parece muy bien. Pero sería muy bueno que la Sala conociera también el parecer de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Más aún, señor Presidente , la Comisión de Derechos Humanos recibió las opiniones de dos profesores expertos en derecho constitucional.
Uno de ellos, el señor Miguel Ángel Fernández , expresó -leo su conclusión en el informe elaborado por la Secretaría-: "Hoy la Constitución admite las acciones afirmativas. Más todavía, las exige, conforme a sus artículos 1° inciso 5º, 5º inciso 2º y 19 Nº 2º, sin que el suscrito visualice la necesidad de incorporar una cláusula como la propuesta en la moción. Máxime si las normas constitucionales vigentes son amplias, flexibles y han sido modeladas acertadamente por la doctrina y la jurisprudencia para admitir, entre otras, esa especie de acciones.".
O sea, el señor Fernández nos ha manifestado que la iniciativa que nos ocupa no es necesaria, por decir relación con algo ya permitido por la Carta Fundamental.
Pero también consignó su parecer la Doctora en Derecho señora Alejandra Zúñiga , quien, luego de hacer un análisis principalmente respecto de la desigualdad que se registra entre hombres y mujeres, y básicamente de cómo distintas Constituciones en el mundo intentan corregirla, concluyó que "Por todo lo anterior, considero que se trata de un buen proyecto que debiera recibir el apoyo del congreso nacional".
En definitiva, un constitucionalista emite un juicio a favor, y el otro, uno en contra.
Le solicito a la Mesa, entonces, recabar el acuerdo de la Sala para que asimismo contemos con la opinión de la Comisión de Constitución antes de tener que pronunciarnos.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Para ello se requiere unanimidad.
El señor LETELIER .- Corresponde votar en general.
El señor PROKURICA .- ¡Quién se va a oponer!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo.
El señor LETELIER .- ¿Me permite, señor Presidente , para plantear una cuestión de Reglamento?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No es necesario.
Saludo, en nombre de la Corporación, a alumnos y profesores de la Escuela República de Italia, de Capitán Pastene, que asisten invitados por el Honorable señor Quintana.
Bienvenidos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , no cabe duda de que esta es una materia que a todos nos interesa, y con mucho agrado tratamos de acoger el texto en análisis; pero resulta evidente que existen opiniones diversas, sobre todo de constitucionalistas, y a mí me parece importante, naturalmente, la idea de que pudiera también conocerla la Comisión de Legislación.
No obstante, la iniciativa fue aprobada en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes del órgano técnico.
Como se ha señalado, se persigue el propósito de consagrar en la Carta la obligación del Estado de eliminar obstáculos de cualquier índole que, al limitar derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo del individuo, para lo cual deberá adoptar medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de personas con capacidades diferentes que se encuentren garantizados por la Constitución y los tratados internacionales.
En el curso del debate en la Comisión de Derechos Humanos se planteó la duda respecto de la posibilidad de que el proyecto fuera interpretado en múltiples ámbitos de la vida social, así como acerca de su utilidad, ya que la Ley Fundamental establece, en su primer artículo, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin perjuicio de ello, es preciso destacar que la legislación internacional va en la línea de hacer aún más explícitas estas garantías.
La tramitación en el órgano técnico permitió reemplazar la referencia original de la moción, "limitando de hecho la igualdad y la libertad", por "limitando los derechos humanos y libertades fundamentales". Del mismo modo, se dejó expresa constancia de que el concepto dice relación con el caso de personas con capacidades diferentes y no, en forma genérica, con todos los derechos y libertades.
Desde luego, estoy en la disposición de aprobar la iniciativa, sin perjuicio de que quisiera también conocer el parecer de la Comisión de Legislación.
Gracias.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Puede intervenir el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , señores Senadores, creo que esta modificación constitucional se tiene que abordar con mucha transparencia.
Deseo ocuparme en el asunto de fondo planteado en la norma. Lo que han pretendido los autores, apoyado por la Comisión de manera unánime, es que en la Carta se inicie un camino para reconocer, a través de acciones afirmativas, la discriminación positiva. Esa es la cuestión en debate.
Al respecto, tal como lo expresó mi colega García , se manifestaron dos opiniones en el seno del órgano técnico.
En efecto, el constitucionalista Miguel Ángel Fernández estima que la Ley Fundamental, en los artículos 1°, inciso quinto; 5º, inciso segundo, y 19, Nº 2º, contempla normas amplias, flexibles y modeladas acertadamente por la doctrina y la jurisprudencia para admitir, entre otras, esta especie de acciones.
A su vez, otra especialista, María Soledad Cisternas , considera pertinente la incorporación. Es decir, la discriminación positiva y las acciones afirmativas que deriven de ella no están garantizadas en el texto constitucional, y, por lo tanto, se pretenden incluir a través de la reforma en estudio.
¿Cuál es el problema, señor Presidente , para que exista mucha transparencia en el asunto? La redacción original era completamente amplia, como se observaba en su primera parte, y ello no suscitaba consenso en el seno de la Comisión, porque, a partir de la definición, se podía incorporar el concepto de cuota, de matrimonio de personas del mismo sexo, de derechos reproductivos. O sea, había un aspecto valórico de por medio. Y, por lo tanto, el punto carecía de piso político.
¿Qué es lo que sí lo tenía, en cambio? Lo relativo a la discapacidad. Por eso, la norma, que originalmente fue en extremo amplia, terminó acotada a dicha materia. Porque ahí no media un factor valórico, sino que evidentemente se requieren acciones positivas del Estado para garantizar la plena incorporación de las personas que se encuentren en ese caso a la sociedad.
Por lo tanto, la Comisión ha decidido aprobar la idea de legislar, a pesar de tratarse de un artículo único, para que el texto vuelva a ella, y acotar únicamente la discriminación positiva y las acciones afirmativas a la discapacidad. Si es necesario precisar alguna norma de carácter más amplio, la discusión particular dará la oportunidad de hacerlo. Pero solo existe consenso político para iniciar el tratamiento de las acciones positivas afirmativas acotado -repito- a la discapacidad.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , no voy a dudar del ánimo de los señores Senadores que han planteado la enmienda constitucional que nos ocupa. Ello, comprendiendo, sobre todo, el trabajo del colega Letelier y de otros, en el cual me incluyo, que hemos estado pendientes en forma permanente -creo que como todos- de cómo poder mejorar las condiciones de vida, o la vida, en sí, de personas con capacidades distintas. Entonces, la reforma exhibe un completo sentido, a mi juicio.
Pero tengo algunas dudas y comentarios por exponer.
Se me viene de inmediato a la memoria el incumplimiento de los Gobiernos, del Estado y de la comunidad, en general, con respecto, por ejemplo, a la normativa sobre accesos. En algún momento -no sé cuántos años atrás- se dictó la ley que hace obligatorias medidas tendientes a que quienes enfrenten dificultad de desplazamiento puedan ingresar con mayor facilidad a edificios públicos, a locales comerciales. Y de eso no se ha cumplido nada. Sigue registrándose en ese caso una discriminación brutal.
La reforma constitucional en debate establece que el Estado debe eliminar los obstáculos que, de hecho, impidan el pleno desarrollo de aquellos cuyas capacidades son distintas. La pregunta que uno se hace es qué pasa, por poner un ejemplo, con miles de personas que reciben pensiones por discapacidad de 70 mil u 80 mil pesos. A mi juicio, uno de los factores que permiten el desarrollo de un ser humano es precisamente la posibilidad de contar con lo mínimo para la sobrevivencia. Entonces, la idea del proyecto me choca inmediatamente con la imposibilidad de disponer de ello.
Si bien en la modificación en examen sigo la sugerencia del Honorable señor García , ya que me parece de toda lógica que ojalá el proyecto pase a la Comisión de Constitución para que se analicen sus alcances, no tengo ningún problema en votarla en general. Me parece que es una idea que apunta a lo que todos queremos.
Mas quiero señalar, con insistencia y fuerza, que llegó la hora de que el Estado cumpla, en esta materia, todo lo que ha comprometido, todo lo que ha venido exponiendo durante los últimos años, en la medida en que miles y miles de personas se encuentran, no solo en una condición precaria, sino también casi ante un impedimento absoluto para sostenerse, para lograr una calidad de vida básica.
Y ahora se podrá avanzar a pasos mucho más agigantados.
Existe una cuota, por ejemplo, para que los afectados de discapacidad o con capacidad distinta puedan integrarse a organismos públicos, etcétera. Hay muchos proyectos en esta línea, pero nada se materializa. Por ahí aparecen unas cuantas personas que han podido hacerlo en municipios o servicios, o en el mundo privado, que es curiosamente donde más se les ha abierto la posibilidad de incorporarse al mundo laboral. Aquí nos encontramos completamente al debe.
Quiero poner el mayor énfasis, sin embargo, en la urgencia de corregir la brutalidad en la forma como hoy día se pensiona alguien con discapacidad. Ello no tiene lugar de acuerdo con la gradualidad de la situación. Alguien totalmente postrado, completamente dependiente y que puede generar gastos altísimos recibe exactamente lo mismo que quien padece una discapacidad en la mano, en la pierna, etcétera. Entonces, pienso que falta una política de Estado orientada a buscar una proporcionalidad en la materia y a generar pensiones que dignifiquen mucho más a ese ser humano que hoy día, si no es por el auxilio de un familiar o la generosidad de alguien que contribuye a su sustento, no podría mantenerse.
Insisto en que no tengo ningún problema en votar en general el proyecto. Si se desea enviarlo a la Comisión de Constitución, ello también me parece acertado. Pero me gustaría que empezáramos a hablar con mucha más fuerza acerca de cómo mejorar las condiciones reales de vida de personas con discapacidad o con capacidades distintas.
Gracias.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , antes de entrar en el asunto de fondo deseo consignar que comparto lo planteado por el señor Senador que me ha antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de que la discapacidad, con mayúscula, ha de ser abordada a través de políticas de Estado más consistentes en el tiempo. No es que no se hayan hecho esfuerzos, pero quienes ejercemos labores parlamentarias nos damos cuenta de que la situación real de la gente en esa situación es muy dramática y exige efectivamente considerar la diferencia de gradualidad que se mencionó.
Pero deseo referirme al aspecto de fondo involucrado en la moción. Porque, al tratarse de una reforma constitucional, además, se requieren estados de reflexión y observación especialmente exigentes. Es obvio que cualquier cambio de este tipo arrastra toda una modificación en la estructura que se plantea, desde un punto de vista legal y normativo.
¿Qué nos dice el proyecto? Dos cosas.
La primera idea principal es que "Constituye una obligación del Estado eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona".
Se trata de una declaración. Nadie puede sostener que una formulación semejante, en sí misma, es errada. Pero claramente la generalidad de la frase "eliminar los obstáculos de cualquier índole que (...) impidan el desarrollo de la persona", en función de libertades fundamentales, por ejemplo, a mi juicio significa instalar un eje de constante variabilidad legislativa en el Estado de Derecho. Porque lo que ocurre aquí -y va más allá de la intención de los autores- es que se confiere una facultad de interpretación permanente y cambiante en el tiempo respecto de lo que es una "libertad fundamental" o un "obstáculo de cualquier índole". Y lo que para alguno puede ser el día de mañana un obstáculo que afecta una libertad, para otro puede no serlo.
Entonces, considero que se presenta una génesis de inseguridad normativa, en circunstancias de que lo contrario debería ser una de las bases de cualquier disposición constitucional, más allá de aquella que nos ocupa.
Se podrá valorar el sentido último del significado de esta primera idea, pero admitamos que darle al Estado tal generalidad en su obligación permite cualquier cosa, porque no vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros mismos en cuanto a qué es el desarrollo de la persona. ¿Ello se vincula a la salud? ¿Al trabajo? ¿A las oportunidades? ¿A la familia? ¿Cuál es el contexto y la arquitectura en que se funda?
Y si discrepamos sobre el particular, con mucho mayor razón lo haremos respecto a qué es una libertad fundamental. Porque estas pueden ser completamente contrapuestas entre sí. Lo que para algunos es un requisito, para otros puede representar un obstáculo.
En consecuencia, estimo que el punto merece una reflexión mucho más profunda.
Y lo mismo dice relación con el segundo elemento, en orden a que "el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa" -este es el concepto- "que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad".
La pregunta que uno tiene que plantearse es si ello se puede hacer o no hoy en Chile. Imagino que ese es el sentido de la discusión.
Hace un momento se hizo referencia a la intervención del señor Miguel Ángel Fernández , experto en Derecho Constitucional. Tiendo a coincidir con este en que, por la forma de definir la actual Constitución nociones vitales como la de igualdad ante la ley, se trata de algo perfectamente permitido. Y, más aún, constantemente se están contemplando, a través de leyes, acciones afirmativas respecto de distintos sectores.
Esa es mi visión, por lo menos. Se podrá discutir.
La igualdad ante la ley prohíbe todo tipo de discriminaciones arbitrarias. ¿Y cuándo se incurre en una de ellas? Cuando son injustas, carentes de razón, motivadas, prejuiciadas, excesivas, desproporcionadas o cuando obedecen al capricho y al favoritismo.
Pero también quedan vedadas las igualaciones irracionales.
Tal es el sentido de la igualdad.
Entonces, el derecho a la igualdad no se reduce a ampliar enunciados generales -como dice aquel autor-, salvo solo factores sociológicos. El concepto es mucho más profundo: tiene que ver con el respeto sustantivo a la igualdad, es decir, a la igualdad que admite diferencias.
En efecto, la igualdad sustantiva es la que acepta diferencias, pero siempre que se encuentren fundadas en consideraciones razonadas y proporcionadas a los fines perseguidos; o sea, cuando tengan una motivación.
A eso apunta el principio de la igualdad. Este no significa que diez dividido por cinco sea igual a dos. ¡No! Se trata de una igualdad sustantiva, jurídica, que busca precisamente que se tomen en cuenta distintas situaciones. No es un enunciado general, sino que dice relación con -repito- una igualdad que admite diferencias.
Por tanto, el principio de la igualdad exige evaluar caso a caso las circunstancias, las normas, los estatutos, porque la igualdad entre ellos debe ser, a veces, tratada en forma desigual.
Lo anterior se vincula con el tema abordado por un parlamentario que me antecedió en el uso de la palabra.
Las acciones positivas permiten cumplir los deberes impuestos por el Estado en el artículo 1° de la Carta, al asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, y en el artículo 5°, al promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
O sea, desde mi perspectiva por lo menos, señor Presidente , la actual normativa constitucional es más precisa que lo propuesto en la iniciativa con referencia a la libertad o al desarrollo de la persona y permite la aplicación de acciones positivas en favor de determinado sector, como ya se ha hecho en materia de discapacidad. Es perfectamente legítimo discutir si lo realizado es suficiente o no. Yo tiendo a pensar que no lo es.
A este respecto, aprovecho de contar que formo parte de una fundación que tiene por objetivo precisamente disminuir en mi Región los espacios de desigualdad frente a la discapacidad. Ahí se llevan a cabo muchas acciones positivas; en algunas oportunidades con ayuda del Estado, y en otras sin ella.
¡Y ese problema viene de hace cuatro, ocho, veinte o treinta años!
De ahí que yo no haría un cambio copernicano, en cuanto a la forma de ver los derechos de las personas a partir de la problemática de cómo podemos favorecer a cierto sector. Porque, desde mi perspectiva a lo menos, la situación de uno u otro sector en condiciones de desigualdad es perfectamente mejorable mediante la actual Constitución.
En consecuencia, estamos en presencia de un tema muy de fondo, más allá de lo que uno busque finalmente.
Por consiguiente, me parece muy razonable lo planteado por el Senador García al inicio de su intervención. Porque, desde mi punto de vista, es de la esencia que un asunto de esta naturaleza sea analizado por la Comisión de Constitución, pues es justamente ahí donde tratamos -somos un cuerpo colegiado- de ir dando cierto ordenamiento a las distintas visiones existentes de la sociedad, a fin de alcanzar una unidad susceptible de ser interpretada de una sola forma, y no que cada cual, a partir del carácter general de una normativa, pueda entender cosas diferentes, como a mí me sugiere lo planteado en esta ocasión.
Por eso, señor Presidente , me sumo a la petición formulada. Y entiendo que, reglamentariamente, es posible votar si el proyecto va o no a la Comisión de Constitución.
En consecuencia, le pido que, antes de pronunciarnos sobre la idea de legislar, se vote el traspaso de esta iniciativa a dicho órgano técnico. Porque estimo esencial que una Comisión como la de Constitución nos entregue un informe preciso sobre esta materia, pues, de otra manera, buscando un bien -no dudo que sea la finalidad-, se puede terminar administrando una gran dosis de incertidumbre al Derecho.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Le aclaro, señor Senador , que el Honorable señor Letelier ha solicitado que, una vez aprobada la iniciativa en general, sea remitida a la de Constitución.
El señor COLOMA.- Que se vote ahora.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Entiendo, Su Señoría. Lo que usted ha pedido es que se vote antes la idea de que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución.
Está en su derecho, y así procederemos.
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El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Quiero saludar a los alumnos y profesores del Colegio Interamericano, de Rancagua, quienes nos acompañan hoy día en las tribunas.
¡Bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , las intervenciones de algunos Senadores que me antecedieron ahorran parte de mi intervención, porque esta va un poco en la misma línea de reflexión.
A mi juicio, este proyecto reviste bastante trascendencia y viene a terminar con una interpretación que no debería ser posible.
En lo referente a la discriminación positiva, estoy más con aquellos constitucionalistas que creen que ella es factible dentro del Texto Constitucional actual.
Pero se ha producido esta discusión, y para avanzar debemos corregir el punto.
Por eso, lo lógico sería que esta iniciativa fuera a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no porque desconfíe de la de Derechos Humanos, sino porque considero que la Comisión de Constitución es la instancia legislativa especializada en materias de orden constitucional, y sus decisiones pueden perfectamente complementarse con los estudios y las propuestas de la Comisión de Derechos Humanos.
Por tanto, estoy de acuerdo en que se apruebe el proyecto en general y en que después sea enviado a la Comisión de Constitución, para que efectúe las precisiones que correspondan a fin de que el principio de la discriminación positiva tenga pleno efecto dentro de las normas constitucionales chilenas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , el curso de la discusión desarrollada en esta Sala va reafirmando lo útil que fue el trabajo previo realizado en la Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de poder incorporar una norma constitucional que establezca la acción afirmativa del Estado hacia las personas que presentan diferentes tipos de discapacidad (o capacidades distintas, como señalan los especialistas en el uso del lenguaje).
Ello, en mi opinión, es una contribución importante al Texto Constitucional, que se justifica ampliamente. Además, en este mismo Senado hemos conocido situaciones que indican con claridad que es aconsejable adoptar esta decisión.
En efecto, sostuvimos un diálogo respecto de la incorporación al trabajo de la Cámara Alta de una persona que utilizara el lenguaje de señas. Al final ello no ocurrió. No se tomaron las decisiones correspondientes. Sin embargo, era evidente y claro que esa decisión se justificaba ampliamente. De hecho, el Consejo Nacional de Televisión ha ido avanzando en esa dirección.
Hay un conjunto de circunstancias que indican que el resguardo del Estado hacia estas personas es débil e insuficiente, especialmente en lo relativo a la protección de sus derechos laborales.
Todos sabemos que los economistas han realizado múltiples estudios sobre la directa relación existente entre ocupación o empleo y pobreza. Y las personas que padecen algún tipo de discapacidad son las que más severamente sufren dificultades para encontrar un trabajo permanente, estable, bien remunerado, que se lleve adelante en condiciones dignas.
Por lo tanto, el hecho de situar en el Texto Constitucional la reforma que se nos propone posibilitaría que la ley fuera mucho más efectiva de lo que ha sido hasta ahora.
Yo comparto lo señalado por algunos colegas en orden a que no es cierto que el Estado no haya hecho nada. Pero su acción ha sido débil y no se ha traducido de manera efectiva en una cultura que permanentemente esté creando en los servicios públicos y en las empresas privadas las condiciones suficientes para responder a las numerosas necesidades de quienes presentan capacidades diferentes.
En tal sentido, la humanidad ha progresado bastante en los últimos años. Se observa, por ejemplo, el caso de las olimpiadas en que participan personas con distintos tipos de discapacidad. Son situaciones que hablan de un esfuerzo humano formidable para hacer frente a los diversos problemas que las aquejan, de forma que puedan ser aceptadas en la convivencia civilizada en condiciones dignas, de normalidad, de equidad, y que no sean objeto simplemente de compasión, que es uno de los riesgos más severos y difíciles que deben enfrentar quienes se encuentran en ese estado.
En consecuencia, en el ámbito deportivo se ha logrado avanzar de manera formidable. Y hay ejemplos que incluso se han trasladado al ámbito de la literatura, a través de algunas novelas impresionantes desde el punto de vista de la situación que transmiten y de los logros alcanzados por el ser humano en cortos años.
Por lo tanto, lo normal sería que nuestro Estado se modernizara, se actualizara, se renovara, y que ello permitiera llegar a un acuerdo para incorporar este texto a la Constitución, independientemente de que en el trabajo en particular se modifique su redacción.
Es efectivo que las primeras tres líneas del inciso tercero, nuevo, son de alcance general y hacen ambigua y discutible la frase en cuestión. Pero respecto a la incorporación del texto que señala: "Para ello, el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, garantizados por esta Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes", creo que no hay ninguna duda de su corrección, de su necesidad y de la contribución que ello significará para nuestra Carta Fundamental.
En consecuencia, me sumo a quienes respaldan la iniciativa y valoro el esfuerzo de los Senadores que la presentaron.
He dicho.
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El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Saludamos a los alumnos del octavo año básico de la Escuela Víctor Sánchez, de la comuna de Tierra Amarilla, que se encuentran presentes en las tribunas.
¡Bienvenidos sean los profesores, los apoderados y los estudiantes!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, me sumo al saludo de la Mesa a quienes nos acompañan en las tribunas.
Me encanta que nos visiten.
De otra parte, estoy muy de acuerdo con que necesitamos reafirmar la posibilidad de hacer, conscientemente, discriminaciones positivas cuando cumplen un objetivo esencial, por ejemplo, en este caso, asegurar el ejercicio de todos los derechos y el respeto a la dignidad del mundo de la discapacidad, con el cual lamentablemente estamos al debe desde hace muchos años.
Existen algunas excepciones de otra connotación, como la llamada "Teletón", que asegura la atención de niños y jóvenes entre cero y dieciocho años. Sin embargo, hay un tremendo vacío que da cuenta de la forma en que el Estado ha abordado -y continuará haciéndolo en el futuro- el tema de la discapacidad.
Creo importante y necesario realizar esta reforma constitucional para asegurar algo que aparentemente y de modo genérico garantiza la Constitución, pero que en realidad no hace.
Y está bien aprobar la iniciativa en general, porque durante su discusión en particular podremos ver algunos detalles.
En segundo lugar, no puedo dejar de mencionar que resulta lamentable que la ley N° 20.422 no se cumpla a cabalidad. ¿Hemos mejorado? Sí. ¿Los edificios nuevos tienen acceso universal, hay mayor preocupación en ese aspecto? Sí. Pero también recibimos numerosas denuncias.
Cuando estuve en la Cámara de Diputados integré de manera permanente, durante todos los años que funcionó, la Comisión Especial para Discapacitados. Y había personas que denunciaban que por el hecho de tener un perro guía se les negaba el acceso a diversos medios de transporte colectivo, pese a que estos se hallan obligados a permitirlo por ley. Se daba además el caso de restoranes que les cerraban las puertas aduciendo que no admitían perros, sin considerar la excepción que significa un animal guía.
Como país, en términos de cultura, en términos cívicos, en términos de políticas públicas, todavía registramos un tremendo déficit.
Y quiero referirme particularmente al tema laboral.
Si hay un instrumento, una herramienta que permite que la persona discapacitada se pueda integrar, salir adelante con sus desafíos y sentirse digna, con todos sus derechos, este es el trabajo.
Señor Presidente , creo que lo mencioné alguna vez en la Sala. Hace numerosos años que pertenezco a la Fundación ONCE, financiada por la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), que impulsa un movimiento de solidaridad con las personas ciegas de estos países, la cual a su vez recibe recursos de una institución de ese tipo en España. Y la verdad es que resulta notable el trabajo que se ha venido haciendo en América Latina desde bastante tiempo atrás. Solamente voy a dar un ejemplo.
Desde hace ya muchos años, uno de sus proyectos, quizás el más relevante tanto por la significación cuanto por sus consecuencias, ha sido el capacitar a personas ciegas o con discapacidad visual en distintas áreas para que luego se puedan integrar al plano laboral.
El resultado concreto de la aplicación de ese programa en Chile -el proyecto se ha implementado en una decena de naciones en Latinoamérica- es que 700 personas han ingresado al mundo del trabajo, con contratos regulares -como debe ser, por supuesto-, con previsión, etcétera.
Ello ha sido posible gracias a la capacitación previa que se les brinda y a la ayuda del Banco Mundial (y luego de otro tipo de financiamiento), junto con el importante apoyo que le ha otorgado la fundación de ciegos de España a que me referí.
Quise señalar lo anterior pues da cuenta de un resultado concreto. Sin embargo, fue difícil lograrlo. La contraparte chilena no siempre respondió de la mejor manera. Recuerdo que hace dos años tuve que hablar con algunas autoridades, porque el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) debía aportar 12 millones de pesos. Y costó mucho que lo hiciera, lo cual, en verdad, era absurdo, considerando que nosotros les decíamos: "Proyecten lo que significa que 700 personas hayan logrado entrar al mundo del trabajo gracias a esta inserción laboral".
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con la moción presentada y felicito a sus autores.
La ley en proyecto me parece necesaria. La experiencia nos demuestra que solo con políticas muy activas y proactivas, cuando se hace una discriminación positiva, se logran reforzar y desplegar políticas afirmativas para compensar a las personas que nacen con alguna discapacidad o que debido a algún accidente, o lo que fuere que les sucediera en la vida, se encuentran afectadas por un grado de incapacidad que les impide ejercer en plenitud sus derechos.
Por eso es tremendamente importante que nos comprometamos más como país.
Me alegra que uno de los temas planteados por la candidata Bachelet -espero que gane la elección del próximo domingo- apunte a la creación de una Subsecretaría de la Discapacidad. Creo que debemos elevar el rango del SENADIS, coordinar mejor las políticas, hacer mayor fiscalización para que se cumpla la ley N° 20.422 y generar más recursos, además de implementar políticas focalizadas por la vía de la capacitación para asimilar a las personas al mundo laboral.
Considero que esta es la mejor respuesta: insertar a las personas en el mundo laboral, a través de la capacitación, para que ejerzan a plenitud sus derechos, con respeto a su dignidad como personas.
Nosotros firmamos un convenio internacional sobre el particular, y pienso que tenemos bastante más que aprender.
No puedo dejar de mencionar, señor Presidente, algo que se ha dicho poco, pero que nos enorgullece.
La abogada María Soledad Cisternas , magíster en Ciencias Políticas, profesora de Derecho , hoy día es la Presidenta del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Fue elegida entre varias candidaturas y constituye un tremendo honor para Chile que dicho Comité sea presidido por María Soledad Cisternas . Aprovecho esta oportunidad para felicitarla por su trayectoria y su trabajo. Esta es una demostración creciente de cómo una persona ciega es capaz de superar su adversidad, al punto de llegar a asumir este importantísimo cargo en Naciones Unidas, que reúne a todos los países que trabajan en el tema de la discapacidad.
Me dice el Senador Letelier que ella contribuyó a elaborar la iniciativa que nos ocupa.
Es una persona de vastísima trayectoria, con una gran formación jurídica, especializada en estas materias, y que debido a su propia vivencia ha debido enfrentar muchas adversidades y discriminaciones.
Me alegra enterarme hoy de que ella fuera una de las promotoras de este proyecto, porque claramente tiene una tremenda trayectoria, una gran formación y una enorme solidez, aparte de ser un ejemplo de superación ante su propia discapacidad.
He dicho.
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El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Me parece que el Senador Bianchi quiere hacer una solicitud.
El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente .
El proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización del país ya se votó y pasó a la Comisión de Hacienda. Hablé con el Presidente de ella sobre el plazo para indicaciones para verlo de nuevo en la Comisión de Gobierno, para después volver a la de Hacienda.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Como la urgencia fue calificada de "discusión inmediata", el plazo tendría que ser brevísimo, señor Senador.
El señor BIANCHI.- Efectivamente. Ocurre que este es uno de los tantos proyectos con ese tipo de urgencia, razón por la cual tenemos que verlo. Por eso hice la petición.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Pero no lo vamos a resolver en este minuto. Consultaré con la Secretaría...
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente ,...
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Señor Senador, no se va a abrir debate sobre el tema. Estamos en otro asunto.
El señor LARRAÍN.- No es debate.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Conforme, pero, dada la urgencia, no es admisible tramitar el proyecto a la mencionada Comisión; y, además, el plazo para indicaciones debe ser muy corto. Pero déjenme ver el problema con la Secretaría.
El señor BIANCHI.- ¡Por supuesto...!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , como hay "discusión inmediata", las indicaciones se pueden presentar en la Sala. Por lo tanto, no es necesario el plazo. Eso quería agregar. De manera que la cuestión está salvada.
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El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el señor Hernán Larraín para referirse a la materia en debate.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , al entrar al análisis de la reforma constitucional que nos convoca, que busca establecer un reconocimiento especial a las personas con discapacidades o con capacidades diferentes, en primer lugar, debo decir que comparto las premisas del proyecto. Por una parte, se hace un llamado a "eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona". Como dijo uno de sus autores, el Senador señor Letelier , esta es una de esas ideas que, por supuesto, no podemos sino compartir.
La otra conceptualización presente en la norma es la conveniencia de que el Estado adopte "medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad".
Esta también es una noción compartida; y probablemente alguien podría decir que está subentendida de alguna forma en la Constitución. Yo no le veo inconveniente alguno. Por el contrario, consideraría positivo incorporar algún concepto de esta naturaleza en la Carta Política.
Sin embargo, creo que la construcción que se nos presenta para modificar el artículo 19, número 2°, de la Constitución, el cual consagra el derecho a la igualdad ante la ley, no está bien concebida y desconoce, a mi juicio, la manera de funcionar del Texto Fundamental.
No está bien concebida, en primer término, porque contiene una idea contradictoria en sí misma, en su formulación. Ello, porque establece en su primera oración la obligación del Estado de eliminar los obstáculos que impidan el desarrollo de la persona humana, para a continuación señalar una excepción precisa: para ello -es decir, para que el Estado elimine esos obstáculos- debe adoptar medidas que les permitan el pleno ejercicio de sus derechos a las personas con discapacidad. No hay una relación de carácter lógico en la forma como está planteada la excepción o la particularización que se hace.
¿Por qué solamente para las personas con discapacidad? ¿Por qué no para otras minorías que también puedan sentirse afectadas?
En consecuencia, al proponerlo en la forma citada, en realidad se estaría logrando un objetivo distinto: hacer que la excepción termine siendo discriminatoria, porque la Carta Fundamental estaría preocupándose solo de los discapacitados y no de otros grupos minoritarios -como las comunidades indígenas, las personas más vulnerables socialmente o los ancianos abandonados- con miras a tener el pleno respeto y apoyo del Estado para adoptar las medidas que permitan el desarrollo de la persona.
La norma propuesta, al estar mal construida, termina siendo contradictoria, porque al final lo que logra es generar discriminación respecto de aquellos grupos que no se encuentran incorporados en esa limitación.
Por otro lado, el texto no está bien concebido, al hallarse basado en que las acciones afirmativas no son compatibles con la Constitución. Eso es completamente falso; no es así. Desde luego, el artículo 19, número 2°, señala, en su último inciso: "Ni ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.". Por supuesto, se refiere a aquellas diferencias arbitrarias, injustas, que no tengan ninguna justificación racional, las que no pueden ser impuestas. Pero, a contrario sensu, sí pueden serlo todas las que no constituyen diferencias arbitrarias. Y, por lo tanto, sobre ellas se pueden desarrollar acciones positivas. Nuestra legislación conoce cientos de casos en donde se ha hecho discriminación positiva o acciones afirmativas en pro de algún grupo humano, de alguna región, de algún tipo de actividad productiva. ¡Cientos de acciones positivas!
A mí me sorprende que ese sea el fundamento.
En lo específico, la propia Constitución contiene ciertas normas que permiten desprender que hay una obligación muy concreta en lo que plantea el texto propuesto. Así, el artículo 1°, inciso final, establece: "Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación". Y específicamente termina diciendo: "¿ y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.".
Es evidente que muchas personas que sufren discapacidades o que tienen capacidades diferentes no disponen siempre de igualdad de oportunidades. Así que solo sobre la base de esa disposición el Estado tiene el deber de actuar para garantizar la igualdad de oportunidades a aquellos grupos humanos que, por razones distintas, estén limitados en ese objetivo.
Por si lo anterior fuese poco, el artículo 5°, inciso segundo, dice: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana". Y agrega: "Es deber de los órganos del Estado" -otra vez se les establece la obligación de desarrollar acciones afirmativas- "respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".
En varias oportunidades, me he reunido con Soledad Cisternas, mujer muy notable que merece todo nuestro respaldo y reconocimiento. Y quiero decir que ella ha llevado adelante su trabajo internacional con muy poca ayuda del Estado. Lo hace con su fuerza, y fue nominada Presidenta del Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU más por un reconocimiento a ella que a nuestro país, para ser justos, lo cual demuestra que merece todo nuestro respeto y valoración.
Quiero recordar que el Honorable señor Novoa , como Presidente del Senado , le entregó una medalla de distinción de la Corporación, precisamente por su dedicación a estas materias en Chile.
Dicho eso, creo que los tratados internacionales nos obligan a actuar en forma positiva. De manera que alguien podría decir: "Bueno, entonces, esta norma no se justifica". En cierto sentido eso es así. Porque podría argumentarse que está subentendida. Pero, por el contrario, creo que el tema de la discapacidad o de las personas con capacidades diferentes justifica un reconocimiento constitucional. Y debiéramos asumirlo en forma muy especial, por ser un problema muchísimo más extendido de lo que nadie piensa: afecta a una cantidad enorme de personas que deben estar, en muchas circunstancias y actividades, a lo largo de todo el territorio, luchando por su condición y situación.
Por tanto, ese reconocimiento lo podemos hacer y regular. Pero no creo que el lugar ni la forma de hacerlo sean los que plantea el proyecto. No me parece que sea una cuestión de igualdad ante la ley. Esta norma debería estar en el capítulo De los Derechos y Deberes Constitucionales, o sea, en las garantías mismas, pero en una numeración probablemente distinta y no en la ubicación propuesta. Y creo que debería ser regulada, también, en una aproximación diferente.
Por estas consideraciones, agradeciendo y felicitando a los autores por haber puesto el dedo en la llaga en un tema en que Chile se encuentra en deuda con el mundo de las personas con capacidades diferentes, y permitirnos ver la necesidad de que lo destaquemos y lo hagamos nuestro a nivel constitucional, considero razonable buscar una forma distinta de incluirlo en la Carta Fundamental.
Si la Comisión de Constitución puede colaborar en ese propósito, yo, feliz compartiría la idea de que se envíe a ella -así se ha planteado- a fin de cooperar en el despacho de la iniciativa, pero dándole una forma adecuada y compatible con el tenor y el espíritu de la Constitución.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente , en general, mi reflexión discurre en el mismo sentido planteado por diversos señores Senadores. Me parece que, en el fondo, tiene toda la fuerza y la coherencia que se hallan en el marco de nuestros principios constitucionales y en la inspiración que ha orientado el quehacer parlamentario.
Tengo serias dudas, sí, respecto de la redacción.
Me llaman la atención estos enfoques positivos y negativos en el texto propuesto. Y generan en mí cierta dificultad, porque podrían tener consecuencias que, por lo menos, resultan preocupantes.
La primera parte de este inciso tercero que se agrega al artículo 19, numeral 2°, de la Carta es meramente declarativa: "Constituye una obligación del Estado eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona.".
Como dije, resulta declarativa y posee carácter general, es decir, de aplicación ilimitada.
Luego viene la segunda parte, tras un punto seguido: "Para ello, el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad,".
Tal texto se refiere a lo particular. O sea, el trozo declarativo es de carácter general. Reconoce falencias, pues, aunque manifiesta que están vigentes esos derechos humanos y libertades fundamentales, en definitiva, se refiere a los obstáculos que impiden al ciudadano gozarlos en plenitud.
Entonces, en mi opinión, debería haber mayor coherencia semántica en la redacción, ya que esta puede llevar a errores y a efectos contradictorios.
A mi juicio, hay un problema de semántica, de lógica, en el sentido de que primero se habla en general -los derechos humanos y las libertades fundamentales, que tienen aplicación en toda la dimensión del quehacer humano, de la persona, de todas las personas e individuos que conforman la humanidad- y después, en un efecto muy disruptivo, solo se dirige a un aspecto específico: "las personas con discapacidad".
¿Los derechos políticos, laborales, educativos y religiosos no tienen ese "roce" incluido en los obstáculos a los que se hace referencia? Yo creo que sí.
Por eso, la redacción debe tener un enfoque distinto, mucho más amplio.
En cuanto a las diferencias arbitrarias y las discriminaciones -me parece el punto más relevante de la discusión que aflora aquí-, soy partidario de entender que las discriminaciones buscan efectos positivos. Son discriminaciones positivas que pretenden eliminar diferencias precisamente arbitrarias, antojadizas.
A veces una discriminación positiva pone en plano de igualdad a las personas. Permite que puedan enfrentar en condiciones mucho más justas cualquier evento que se produzca.
De manera que me preocupa esa dicotomía, esa falta de lógica o de coherencia y ese enfoque semántico. Me suena a algo así como: "Son derechos declarativos; sabemos que hay obstáculos, y le hacemos un llamado al Estado para que, en el caso de los discapacitados, se dedique a superarlos".
Estimo que ese enfoque es errado. No se trata solo de obstáculos para los discapacitados, sino para la persona humana y para toda la gente que se halla a nuestro alrededor.
Esa precisión debe hacerse.
A pesar de encontrarse vigentes esos derechos humanos y esas libertades fundamentales, parece paradójica la necesidad de agregar este inciso, porque se expresa: "Sí, pero, aun cuando se cuenta con una ley vigente, no hay acceso". Sobre el particular, es tarea del Parlamento y del Senado en especial hacer que la normativa legal se cumpla.
Estimo que por la vía de efectuar modificaciones a la Constitución más bien se lleva a cabo un remedo en tal sentido, ya que se debe cambiar la cultura, el compromiso, la sensibilidad, la vocación y el deseo de actuar de la ciudadanía y de la institucionalidad nacional en lo referente al espíritu de la ley.
Eso me genera algún ruido. El mejor ejemplo -bastante recurrente en la sesión de hoy- lo constituye la Teletón.
Todos sabemos el problema de las personas para ejercer sus derechos y para contar con libertades fundamentales. Sin embargo, el Estado chileno no se hace cargo de esa realidad y sigue dejando la responsabilidad, hipócritamente, al -llamémoslo así- espíritu altruista de algunos, porque otros que más bien son ególatras buscan figurar en ese espacio. Pero asumamos que un alma altruista está presente para hacer cumplir lo que esta iniciativa pretende.
Me parece que la Teletón representa un buen ejemplo de la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque al final todos sabemos que el financiamiento requerido para esa obra debería provenir del Tesoro Público y no del esfuerzo de personas de buena voluntad que han tenido una inspiración francamente magistral -es el caso de la mencionada cruzada solidaria-, que dan respuestas maravillosas, que cambian vidas y tocan corazones en Chile, pero por una vía del todo distinta a la correspondiente al ámbito de la obligación del Parlamento, que forma parte fundamental de la institucionalidad y por donde pasa la tramitación de la Ley de Presupuestos.
¿Cuántas veces nos hemos preguntado sobre la real voluntad de destinar recursos en el Presupuesto a la Teletón, respecto de la cual se ha hecho tanta gárgara en el día de hoy?
Estimo que no solo se trata de llevar a cabo reformas en tal sentido, sino también de efectuar un llamado al cambio cultural. A mi entender, el problema fundamental de Chile es que resulta necesario analizar sus efectos conductuales.
Vuelvo al caso de la Teletón, aunque podríamos nombrar muchos otros: no se vislumbra coherencia entre una necesidad que es conciencia de todos y de nuestro actuar. Se requiere un cambio cultural y que se trabaje en la línea de generar igualdades.
Un ejemplo que me llama la atención es la necesidad del sistema educativo de generar igualdades. Hemos hecho tantos discursos en esa línea, pero los resultados son verdaderamente desastrosos a nivel nacional.
En lo tocante al sistema de educación pública, ¿está dentro de esos derechos humanos, de esas libertades fundamentales?
Por eso digo que, a mi parecer, debiera haber una separación entre los derechos y las libertades fundamentales, en general, y lo relacionado con las acciones por efectuar, en particular, sobre los discapacitados.
Se podría enfatizar en esa línea, aun cuando todos esos principios ya se hallan en la Constitución; pero ocurre que todavía no hemos tenido la capacidad de generar conciencia y producir el cambio cultural que Chile necesita.
Con todo, anuncio mi voto a favor de la idea de legislar. Y soy partidario de que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Varios señores Senadores han solicitado abrir la votación.
Entiendo que el ánimo mayoritario es enviarlo a esa Comisión.
En cuanto a los Senadores señores Letelier, Patricio Walker y quien habla, no tenemos problemas en enviarlo a la Comisión de Constitución, sin perjuicio de continuar ofreciendo la palabra ahora.
Entonces, si no hubiera objeción, se acordaría remitir el proyecto al mencionado órgano técnico.
El señor PROKURICA.- Conforme.
El señor LETELIER.- ¡Punto de reglamento, señor Presidente!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Puede intervenir, señor Senador.
El señor LETELIER.- Deseo precisar el acuerdo.
No tengo inconveniente en que la iniciativa sea vista por la Comisión de Constitución, pero -y que no me malentienda su Presidente- pido que ello se haga en un plazo que permita discutirla de nuevo en la Sala la primera quincena de enero. Sin querer amarrarme a una fecha específica, la idea es que podamos aprobarla en general en esta legislatura.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- El Presidente de esa Comisión es uno de los autores del proyecto, así que, de seguro, pondrá el esfuerzo necesario en ello.
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , no hay ningún problema en analizar el proyecto dentro de esta legislatura. Ese es mi interés personal y el compromiso de la Comisión.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , en el día de hoy el Senado rindió homenaje a uno de los líderes mundiales más notables y destacados de la época contemporánea en la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales: a Nelson Mandela .
Ello coincide, felizmente, con el debate que estamos efectuando a raíz de una reforma constitucional -aprovecho de felicitar a sus autores, los Senadores Gómez , Letelier y Patricio Walker - cuyo propósito es establecer en nuestra norma legislativa más importante (la Carta Fundamental) una definición taxativa, categórica, de cómo el Estado debe eliminar todos los obstáculos que impidan el pleno desarrollo de las personas.
Nelson Mandela involucró y movilizó en cierto momento a la sociedad sudafricana para lograr garantizar los derechos de las personas. Lo notable fue que luchó por los derechos integrales. Y, sin lugar a duda, el espíritu de los autores de la iniciativa que nos ocupa es garantizar en la Constitución, como deber del Estado, el desarrollo pleno de todas las personas, que nacen iguales en dignidad y con los mismos derechos. En el fondo, se puede materializar en Chile lo que Mandela hizo en Sudáfrica para evitar un conjunto muy grande de discriminaciones, de la que son objeto en alguna medida muchísimas personas que integran sectores minoritarios en nuestra sociedad.
Sin embargo, leyendo el texto de la moción y considerando el debate que se originó en la Comisión de Derechos Humanos, me doy cuenta de que el proyecto derivó en una conclusión distinta: que, a la luz de la exposición de los invitados y de la convicción existente en el país, los más vulnerables de los vulnerables son -¡qué duda cabe!- los discapacitados y, dentro de ellos, los que se encuentran postrados. Hoy estos últimos reciben una ayuda simbólica de parte del Estado que ni siquiera permite pensar en que se les está dando el tratamiento adecuado para dejarlos en condiciones de igualdad con las personas que carecen de limitaciones.
Al final, el proyecto busca obligar al Estado a crear condiciones de oportunidades para el desarrollo de los discapacitados.
Pero, en mi opinión, en nuestra sociedad son discriminados no solo los discapacitados, sino también otros sectores. Estoy pensando en los pueblos originarios, respecto de los cuales se efectúa una discriminación positiva por haber estado en los territorios de Chile desde antes de la formación del Estado y para compensar el daño que este les infligió en determinado momento.
Seguramente, la intención de los autores de la moción que dio origen a esta iniciativa era buscar una redacción que obligara al Estado a crear las circunstancias para que todos los seres humanos pudieran gozar del desarrollo en igualdad de condiciones. No obstante, el texto final propuesto se refiere nada más que a las personas con capacidades diferentes.
Yo soy muy partidario de que el Estado se la juegue por dar señales. Y no solo eso. Este asunto debería generar, además de un debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, una discusión, año a año, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en torno a las medidas que se requieren para que los discapacitados tengan, en la práctica, las mismas oportunidades que el resto. Se necesitan acciones, y estas, recursos para ser llevadas a cabo. No por incorporarlas en la Constitución estará garantizada su implementación. Una cosa es lo que disponga la Carta Fundamental y otra, lo que ocurra en la realidad. Aquí se requiere gatillar un cambio cultural.
El texto planteado por los autores de la propuesta ha culminado en una redacción que no guarda relación con la idea original del proyecto, y por esa razón, este debería pasar a la Comisión de Constitución, a objeto de que la norma obligue al Estado a crear condiciones de igualdad de oportunidades no solo para los discapacitados, con los cuales estamos en deuda -¡y en mucha deuda!-, sino también para una serie de personas que se sienten y son discriminadas por el actuar del Estado y del conjunto de la sociedad. Como digo, se necesita impulsar un cambio cultural; pero este supone la implementación de políticas públicas que lo hagan realidad.
En definitiva, señor Presidente , felicito a los autores de la moción y a los Senadores que han sugerido no votar hoy la iniciativa y, en lugar de ello, enviarla a la Comisión de Constitución para su perfeccionamiento, a fin de que se garantice una verdadera igualdad de oportunidades en una sociedad que precisa evolucionar a través de estas normativas, pero también de cambios culturales.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Después de una larga espera, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Gracias, señor Presidente.
Ahora no podré saludar a los alumnos de la Escuela Víctor Sánchez Cabañas, de Tierra Amarilla, pues ya no están en las tribunas.
En verdad, uno no puede sino coincidir con el diagnóstico que se deriva de este proyecto de ley, refrendado por las intervenciones de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra.
El Estado de Chile es, quizás, uno de los peores en el trato con los discapacitados. Y justamente la iniciativa en análisis tiene por objeto consagrar en la Carta Fundamental la obligación del Estado de eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y las libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona.
Señor Presidente , en la Cámara de Diputados me tocó participar, junto a otros parlamentarios, en la creación de una comisión especial de la discapacidad, que logró sacar adelante una norma que modificó integralmente la legislación existente en la materia en aquella época y que daba cuenta de la realidad que viven los discapacitados en Chile.
Lo curioso es que, precisamente, es el Estado el que más discrimina a ese grupo de personas.
Por eso un proyecto de ley que presenté tiempo atrás sobre el particular chocó contra una muralla frontal. Es que hoy en día, según la normativa vigente, para poder ingresar a la Administración Pública se requiere tener salud compatible con el cargo. Ahí hay un dique que los discapacitados no pueden pasar. Quienes hemos estado en la Administración Pública sabemos que ese es un problema serio que a los discapacitados les cuesta mucho sortear.
Es curioso, señor Presidente , pero el sector privado -restoranes, hoteles- y una pequeña parte del sector público -las Fuerzas Armadas, Carabineros- sí han incorporado a los discapacitados. Algunos de ellos trabajan, por ejemplo, como telefonistas en Carabineros o en el área administrativa de las Fuerzas Armadas. Y en supermercados y restoranes también laboran discapacitados.
Sin embargo, el Estado no los contrata.
¿Por qué digo esto? Porque ellos mismos no quieren ser carga de sus familias. Y la mejor forma de integrarlos en la sociedad es, justamente, dándoles una oportunidad de trabajo.
Mi idea era que, en los llamados a concurso para llenar vacantes en la Administración Pública, se reservara un 2 por ciento de esos cupos para los discapacitados, quienes competirían entre ellos para obtenerlos. Así, se les habría asegurado un espacio en los servicios del Estado.
Lamentablemente, dicha iniciativa no se ha podido concretar. He conversado con los distintos encargados en la materia, antes con el FONADIS y ahora con los otros organismos que se preocupan de la discapacidad, y ese paso no se ha dado. Creo que debemos intentar darlo.
Si bien el proyecto de reforma constitucional que nos ocupa recoge, de alguna manera, el sentir de la opinión pública nacional, a mi juicio -y coincidiendo con la solicitud de varios señores Senadores-, habría que perfeccionarlo: si la norma va a quedar en la Carta Fundamental, debe orientarse más bien a la discapacidad y a la labor que le cabe al Estado al respecto.
Si comparamos la realidad de los discapacitados de Chile con la que se observa en los demás países de la OCDE, con los que nos gusta tanto compararnos en materia económica, francamente nos debería dar vergüenza. Al parecer, la disposición constitucional en análisis está inspirada en las normas que rigen en España y otros países europeos. En esas naciones, un discapacitado que recurre a un servicio público por ayuda encuentra rampas de acceso y oficinas que le permiten utilizar todos los beneficios que entrega el Estado. Ahí, realmente, no existen limitaciones ni barreras para esas personas.
Por eso, este proyecto es positivo, aunque no comparto la forma como enfrenta el problema.
Siento que debiéramos avanzar en el estudio de esta iniciativa. Para ello, es necesario enviarla a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de mejorar ciertos aspectos que han sido planteados aquí por los señores Senadores.
Señor Presidente, me parece que en Chile no hay una cultura de respeto hacia el mundo de los discapacitados. Basta ver los estacionamientos destinados a ellos ocupados por otras personas; basta ver cómo en los nuevos edificios -no me refiero a los antiguos ni al Metro, donde esto ya no fue considerado-, incluso los construidos por el Estado, muchas veces no se toman en cuenta elementos mínimos para atender las necesidades de personas con capacidades distintas.
Por eso estimo que lo planteado forma parte de una cultura que no ha podido asumir la realidad de la discapacidad.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No hay más inscritos.
Conforme al acuerdo unánime de la Sala, el proyecto será enviado a la Comisión de Constitución.
--El proyecto pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para un nuevo informe.
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