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El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , creo que a muchos parlamentarios pude habérselos señalado: en general, la administración de estas carteras de fondos tiene un trato de la entidad financiera, pero también de los ejecutivos. Y, a lo menos yo, he enumerado una larga lista de casos en que los fondos han sido administrados discrecionalmente por los ejecutivos y han producido pérdidas, a veces totales.
¿Cuál es la protección que se garantiza a los usuarios, a los ahorrantes, a los inversionistas respecto de una mala administración interna de la entidad financiera? No estoy hablando de los resultados financieros, sino de que hay inversiones no autorizadas por los dueños de los fondos.
Se dan casos dramáticos en la Región del Biobío, denunciados a la Superintendencia de Bancos o a la Superintendencia de Valores y Seguros, pues los fondos fueron puestos a determinada rentabilidad y se produjeron graves pérdidas. La entidad financiera ha señalado que el caso se está investigando, pero imputa la responsabilidad en el agente o ejecutivo a cargo de atender al cliente en cuestión.
Me preocupa que, en definitiva, si se va a discutir un proyecto que busca generar mejores condiciones para los usuarios, tanto pequeños como medianos -los grandes siempre se cuidan solos y están suficientemente protegidos por los abogados y por seguros-, tengan la certeza de que la administración de sus fondos va a estar protegida de personajes inescrupulosos que, sin autorización, intenten generar inversiones que pudieran terminar dañándolos.
Digo claramente que se les falsifica la firma. Se hacen las inversiones, hay pérdidas y el ejecutivo dice: "Bueno, aquí este señor me autorizó". Y los juicios para verificación de firma son muy largos. Por tanto, la autorización para proceder a las inversiones -estamos hablando de la relación directa entre el cliente y el ejecutivo- debe tener una normativa que impida este tipo de abusos.
Porque el banco dice: "Usted firmó; no es responsabilidad mía. Si ha habido falsificación de firma, es responsabilidad del ejecutivo y usted tiene que actuar en contra de él".
Lamentablemente, esto ha ocurrido en entidades financieras y también en bancos. Y la respuesta ha sido la misma. La Superintendencia se queda con los documentos oficiales, que consignan la firma, comillas, del cliente, pero ella fue adulterada para realizar inversiones sin la autorización de este último, que solo se percata cuando hay pérdidas.
Porque, parece que el negocio consiste en falsificar la firma y hacer la operación. Si esta es exitosa, por cierto que el registro de utilidades nunca lo conoce el cliente original, pues no autorizó la operación con su rúbrica. Solo se impone de la situación en caso de fracaso o pérdida.
Por tanto, vamos a concurrir a la aprobación general de este proyecto, que tiene los objetivos ya señalados. En el debate en particular, esperamos escuchar a las entidades fiscalizadoras y algunos testimonios de personas que han usado este mecanismo y que fueron defraudadas por él, así como tener presente el monto y grado en que estas modificaciones efectivamente protegen lo que se pretende.
Yo anuncio mi voto a favor, con las observaciones que he señalado. Es un proyecto de difícil tratamiento. Entiendo que esta es una discusión general que permite coincidir en la necesidad de esta protección.
Por tratarse de una iniciativa de disposiciones complejas que involucran a entidades financieras que en Chile no están en su mejor momento y que muchas veces han tomado decisiones en contra del interés de sus usuarios y clientes, aspiro a establecer las mejores condiciones.
Solo advierto de la relación que he señalado, y espero poder solicitar a la Comisión respectiva que escuche a los clientes defraudados por sus ejecutivos que participaron del sistema y que fueron severa y gravemente dañados en su patrimonio.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
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