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Considerando:
1.- La virtual indefensión de los ciudadanos que sufren las consecuencias de los actos de terrorismo y carecen de medios propios o de la protección de las leyes laborales para recuperarse de las consecuencias de los mismos, como quedó demostrado con el caso de la señora Marta Hernández, trabajadora de una empresa de aseo del Subcentro de la Estación Escuela Militar del Metro de Santiago, quien sufrió la pérdida de uno de sus dedos y expuso ante la prensa su falta de recursos para enfrentar su rehabilitación.
2.- La natural preocupación ciudadana por la ocurrencia de diversos hechos de violencia, catalogados por la propia autoridad y sancionados por los tribunales de Justicia como actos de terrorismo, especialmente por su impacto en personas que no tienen relación alguna con los propósitos de quienes colocan bombas o lanzan artefactos incendiarios en espacios públicos.
3.- La necesidad que el Estado cumpla con su deber constitucional de proteger la vida, la salud y los bienes de las personas, y que esta doctrina no se limite solamente a la prevención y el castigo de quienes los pongan en riesgo sino que también comprenda la cobertura de los costos ocasionados por la acción del terrorismo en sus víctimas.
4.- Que la realidad indica que, incluso en los casos en que los responsables son detenidos, procesados y condenados, no responden por los daños causados en la propiedad de las personas ni asumen los costos derivados de la atención médica y la rehabilitación por las lesiones provocadas.
5.- Que por ocurrir los atentados en lugares públicos, en muchas ocasiones se ven afectadas personas que no están cubiertas por seguros o el pago de la cobertura respectiva es tramitada de manera excesiva, sin atención a la urgencia por reparar los daños materiales o propender a la recuperación física y psicológica de las personas.
6.- Del mismo modo, incluso en las ocasiones en las que las personas que sufren las consecuencias de los actos de terrorismo, ninguna institución se hace cargo de compensarlos por los perjuicios desde el punto de vista del sufrimiento y la angustia que han experimentado, sin tener ninguna relación con los hechos ni por la interrupción de sus actividades laborales, que en algunas oportunidades puede significarles incluso la pérdida de sus empleos.
En consideración a los antecedentes expuestos,
EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA:
1.- Solicitar a la Presidenta de la República que instruya a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Trabajo y Previsión Social para que elaboren un proyecto de ley que consagre el deber constitucional del Estado de brindar atención efectiva y oportuna a las víctimas de actos de terrorismo.
2.- Sugerir del mismo modo que el Ministerio de Salud, en conjunto con la Superintendencia de Valores y Seguros, proponga al Congreso Nacional una normativa para financiar el costo de la asistencia médica y eventualmente la asignación de pensiones de gracia o de invalidez, sea esta parcial o total, con un incremento sobre el monto vigente como compensación por la falta de garantías en las condiciones de seguridad establecidas en la Constitución.
3.- Solicitar al Ministerio de Hacienda para que establezca un Fondo especial para que el Estado responda por los daños de todo orden causados por atentados terroristas y la recuperación de la infraestructura privada y pública afectada por actos de terrorismo ocurridos en los espacios públicos.
4.- Proponer al Ministerio del Interior que elabore un instructivo para que las Intendencias Regionales puedan ir en pronta ayuda de las personas que sufren la pérdida de sus bienes y deban enfrentar elevados gastos médicos para la recuperación y rehabilitación de su salud.
5.- Instruir a los Ministerios de Salud y de Trabajo y Previsión Social para que se haga una revisión exhaustiva de la legislación vigente en relación a las responsabilidades de las instituciones de salud y previsionales, sean públicas o privadas, respecto de las personas que son víctimas de actos de violencia.
(Fdo.): Manuel Antonio Matta Aragay, Senador.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Pedro Araya Guerrero, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.
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