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El señor LARRAÍN .-
Señora Presidenta , como ha señalado quien me antecedió en el uso de la palabra, desde hace ya algún tiempo Chile se encamina hacia una muy profunda modernización del Estado en el área de la transparencia y la probidad para incorporar una nueva cultura en la manera como nuestras autoridades públicas ejercen sus tareas en todos los ámbitos de la Administración.
Ello se orienta a poner fin a la cultura del secretismo, que formó parte de los hábitos con que se condujo nuestro país -y no solo Chile, sino también las restantes naciones del mundo- durante muchas décadas, lo que tal vez -lo discutíamos a propósito del proyecto anterior- corresponda a otros momentos en la historia de la Humanidad.
Pero el desarrollo de la educación, del conocimiento, de las redes de información, y, además, la necesidad de profundizar cómo se construye la democracia, cómo se ejercitan las tareas públicas, cómo se logran compromisos éticos, cómo se asegura el control ciudadano de la gestión de las autoridades han ido incorporando los conceptos de transparencia y probidad, que ya están incluidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Efectivamente, mediante la última gran reforma constitucional, la del año 2005, se introdujeron aquellos conceptos en el artículo 8° de la Carta Fundamental. Y la ley sobre transparencia y acceso a la información pública, que empezó a regir el año 2009, tras publicarse en agosto de 2008, no solo logró establecer con mayor fuerza las bases en que se asentaban ambos principios, sino que asimismo, en lo principal, creó un Consejo para la Transparencia, ente que puede promover activamente el desarrollo de una y otro.
La situación en nuestro país ha cambiado de modo bastante positivo. Y si bien todavía hay mucho por recorrer, ya iniciamos un camino muy valioso y muy positivo, que no es susceptible de vuelta atrás.
A mi juicio, la labor del Parlamento en esa materia ha sido señera. De hecho, tanto los cambios constitucionales cuanto la ley sobre transparencia y acceso a la información pública emanaron de mociones. De modo que, en tal sentido, el rol que hemos tenido en el Congreso Nacional ha sido muy definitorio.
En esa línea, nos parece que debemos seguir dando pasos. Y, de hecho, diversas iniciativas de ley en trámite caminan en la dirección de profundizar los principios en comento.
El proyecto sobre probidad en la función pública, iniciado en mensaje del Ejecutivo , y el que modifica la Ley de Transparencia, originado en moción de Honorables Diputadas y Diputados -se encuentra en el Senado, y esperamos que pueda despacharse cuanto antes-, son pasos en la dirección descrita.
Sin embargo, hemos advertido un vacío en parte de ese desarrollo. Y es lo que deseamos corregir mediante el proyecto en debate. Lo presentamos hace algún tiempo con el apoyo muy entusiasta de dos Senadores que nos acaban de dejar, los señores Jovino Novoa y Camilo Escalona , y del Honorable señor Andrés Zaldívar . Y la Comisión de Constitución lo aprobó por unanimidad.
Se trata del concepto de rendición de cuenta, que está asociado precisamente al acceso a la información pública.
Las autoridades no solo deben ser transparentes y permitir el acceso cada vez que los ciudadanos así lo requieren, sino que además tienen que ser proactivas en esta actividad. Y una manera de serlo es la rendición de cuenta.
Accountability -así se llama en el mundo anglosajón- es una palabra que, quizás por la falta de hábito en la materia, no tiene traducción directa en castellano. Pero se trata de eso: de rendir cuenta, de hacerse responsable de la gestión desarrollada y de posibilitar que los ciudadanos ejerzan control sobre lo que están realizando sus autoridades.
En Chile ya se encuentra establecido, desde la tradición republicana, que el Presidente de la República rinda cuenta al país cada 21 de mayo. Y es una materia regulada por la Constitución.
El Presidente de la Corte Suprema , a su vez, también desde tiempos antiguos, debe dar a conocer el 1° de marzo de cada año, según lo dispone el Código Orgánico de Tribunales, las inquietudes y observaciones que surgen desde la judicatura y que pueden conducir a enmiendas legales o a políticas públicas destinadas a perfeccionar su funcionamiento; y al mismo tiempo, tiene que dar cuenta de la obra realizada por las Cortes en el período anterior.
La última modificación de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado estableció en el artículo 72 el deber de los órganos de la Administración del Estado de rendir cuenta pública anual.
Y, a su turno, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispuso la obligación de los alcaldes de hacer lo propio.
Se trata, por lo tanto, de una cuestión que se ha ido incorporando en nuestros hábitos institucionales. Sin embargo, no ha logrado el objetivo pleno de la información, pues varias de las cuentas en comento son más bien relatos autocomplacientes de la gestión que realiza la autoridad, o muchas veces, simples datos estadísticos cuantitativos que no permiten reflejar la calidad de lo que se está llevando a cabo.
De otra parte, como Sus Señorías saben, el Poder Legislativo no tiene obligación de rendir cuenta. Por lo tanto, la democracia que se ejerce en nuestro país es formal y cada cuatro u ocho años se expresa en el control que los ciudadanos ejercen para ratificar o no a las autoridades que van a la reelección. Pero los parlamentarios no tenemos obligación de dar a conocer lo que estamos realizando.
El propósito de la moción que presentamos es precisamente llenar ese vacío, para obligar a transparentar la labor que efectúan el Senado y la Cámara de Diputados y cada uno de los parlamentarios que integran el Congreso Nacional.
Por un lado, se plantea que el 4 de julio de cada año -fecha de fundación del Congreso Nacional, que además tiene la ventaja de ser posterior a aquella en que entrega su cuenta el Presidente de la República ; por lo tanto, inicia cierta secuencia- debe rendirse (imagino que en sesión solemne del Parlamento) una cuenta pública, cuantitativa y cualitativa, que describa el trabajo efectuado por ambas Corporaciones, tanto en sus aspectos positivos cuanto en los negativos, y que permita esclarecer los aciertos y los errores: lo que se realizó, por qué se hizo de determinada manera, qué gestión se desarrolló y qué beneficios pueden apreciarse de la labor concreta que se lleva a cabo en el ámbito legislativo.
De otra parte, se busca que cada parlamentario, a continuación de la cuenta institucional, y deseablemente en el mismo mes de julio, rinda cuenta en el respectivo distrito o circunscripción, según corresponda, de su gestión legislativa y de la efectuada en el ámbito local y dé a conocer los antecedentes económicos (ingresos y gastos, en líneas generales), para permitirles a los ciudadanos conocer lo que se ha hecho y formarse un juicio de mérito sobre los resultados alcanzados.
Creemos que una iniciativa de tal naturaleza posibilitaría transparentar efectivamente la labor del Poder Legislativo ; permitiría facilitar el control que los ciudadanos deben tener sobre la gestión de Diputados y Senadores y, en particular, del Congreso Nacional; y haría factible enfatizar la responsabilidad que nos cabe a los parlamentarios frente al país, a nuestros electores y a la ciudadanía en general, de manera que se fuera conociendo más concretamente el trabajo que se lleva a cabo.
El proyecto, además, resulta muy propicio en el minuto en que vivimos. La clase política o el Poder Legislativo son mirados en forma muy crítica; son rechazados. Se cree que mucho de lo que hacemos tiene que ver más con intereses personales o políticos, o de poder, que con un efectivo servicio a la comunidad o al país. Por lo tanto, existe una opinión muy negativa.
Considero, por lo que conozco de la labor parlamentaria en forma transversal, que su imagen en la ciudadanía y el juicio que a esta le merece no corresponden a la realidad de lo que se realiza, infinitamente superior. Ella no es perfecta y a menudo dista de serlo, pero la regla o la línea general sobrepasa mucho ese parecer de que somos objeto.
En consecuencia, por numerosas razones, una norma de esta naturaleza que pudiera incorporarse en nuestro Estado de Derecho democrático sería absolutamente esencial para lograr los objetivos que se buscan a través de la transparencia y del acceso a la información pública.
Pienso, además, que damos un ejemplo, como parlamentarios, al promover la iniciativa y materializarla, con lo cual manifestamos nuestra voluntad de avanzar en sintonizar con la realidad ciudadana, en ponernos cada vez más a disposición de los ciudadanos.
Los cambios que proponemos van en línea con lo que estamos desarrollando desde la Comisión Bicameral pro Transparencia -de ella ya tendremos oportunidad de hablar en otra sesión- para transmitir que el Congreso chileno quiere ser de los más avanzados al respecto en el mundo, con la mayor transparencia y disposición para dar cuenta de su gestión y recibir el juicio ciudadano.
Por todas las razones expresadas, auspiciamos el apoyo en general a la iniciativa por parte de esta Corporación.
He dicho.
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